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DOXA

EDITORIAL

La perspectiva del gobierno

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La renovación política en Chiapas en este año 2022 que inicia, no solo es deseable sino urgente. Sobre todo, porque Rutilio Escandón, con su marcada indiferencia, decidió dejar de gobernar la entidad

Mientras el gobernador Rutilio Escandón presume de un Chiapas seguro. El malestar social en los municipios se desborda con el cierre de carreteras. La realidad imaginaria del gobernador contrasta con la realidad social. En Chiapas creció la ingobernabilidad y la seguridad, pero eso es irrelevante.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2291

EXIGENCIA

PRESUPUESTO

Organización armada retiene a 40 personas en Altamirano, Chiapas

Miembros de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASI) mantienen retenidas desde el 29 diciembre a unas 40 personas tras irrumpir en el ejido San Andrés Puerto Rico, del municipio de Altamirano

Universidades de Chiapas gastarán más de dos mil 500 mdp en 2022

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REPORTE

Al menos 50 casas de empeño irregulares operan en Chiapas

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“Es grave que se pretenda usar el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes

HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés PAG. 15

son vistos como adversarios”: Córdova

ANÁLISIS A FONDO: GRANDES RETOS DE 2022 Francisco Gómez Maza

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SOBRE LA SERENIDAD Ricardo Raphael

DENUNCIA

Hugo Gómez usurpa funciones en Oxchuc y rompe acuerdos: presidente concejal

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LA ARBITRARIEDAD COMO FORMA Y ESTILO DE GOBERNAR Elisur Arteaga Nava

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EL EJEMPLO Y LA SABIDURÍA DE ALFREDO LÓPEZ AUSTIN Federico Navarrete

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SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CDMX Jorge Bravo PAG. 4

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La perspectiva del gobierno

a renovación política en Chiapas en este año 2022 que inicia, no solo es deseable sino urgente. Sobre todo, porque Rutilio Escandón, con su marcada indiferencia, decidió dejar de gobernar la entidad y algo peor aún, dejar la seguridad en manos de la delincuencia organizada, como se puede observar con claridad en la negociación que se realizó con el grupo de “motonetos” en San Cristóbal de Las Casas, con quienes se hizo el intercambio de funcionarios retenidos a cambio de liberar a presuntos delincuentes pertenecientes a este grupo, que ya impuso su ley en esa ciudad colonial. En Chiapas no hay gobierno, y para males de la población, tampoco hay un combate a la delincuencia. La administración de Rutilio Escandón decidió mantenerse al margen de la solución de conflictos graves como la retención de 21 personas por el grupo de autodefensas en Pantelhó. Decidió que los conflictos en Frontera Comalapa se resuelvan

entre los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza. Decidió no molestar a los grupos paramilitares de Chenalhó, que un día y el otro también realizan disparos y agresiones a pobladores de Aldama. Decidió acatar la ilegal resolución de la Suprema Corte de Justicia que acordó el despojo de territorio a favor de Oaxaca. Y decidió despreocuparse de los conflictos que hay en los municipios de Altamirano y Oxchuc, provocados por la desatención gubernamental y la falta de oficio político. Las preocupaciones del gobernador son banales. Le preocupa estrenar una guayabera distinta cada día. Le preocupa tener bien hidratado su rostro para mostrarse seguro y vender la idea de que todo está bien. Le preocupa mantenerse en el ánimo del presidente López Obrador. Le preocupa construir el futuro cargo político. Por eso mantiene la misma práctica política que su antecesor Manuel Velasco, que se molestaba cuando le daban malas

noticias de su gobierno y entonces sus colaboradores cercanos le ocultaban toda la problemática, sin importar que Chiapas se desmoronara socialmente. Los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en la entidad se encuentran en su momento más crítico, debido a que ninguno de los funcionarios públicos busca restablecer los hilos de la negociación y el acuerdo y el sistema de impartición y procuración de justicia dejó de funcionar. Lo más delicado de esto último, es que la fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad pública se encuentran infiltrada y responden más a los intereses de la delincuencia organizada que a las demandas de la población. Chiapas tiene 15 años de gobierno desafortunados en donde el ejercicio de gobierno pasó a ser intrascendente. Esta indiferencia a los asuntos públicos no va a cambiar en este año 2022, lo que hace prever mayores problemas de ingobernabilidad y de inseguridad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Organización armada retiene a 40 personas en Altamirano, Chiapas Europa Press Madrid (EUROPA PRESS)

iembros de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASI) mantienen retenidas desde el 29 diciembre a unas 40 personas tras irrumpir armados en el ejido San Andrés Puerto Rico, del municipio de Altamirano, en Chiapas. El concejal síndico del ayuntamiento, Gabriel Montoya Oseguera, explicó que las personas retenidas fueron llevados a la comunidad de Candelaria. La ASI está vinculada al antiguo presidente municipal, Roberto Pinto Kanter y su esposa, Gabriela Roque Tipacamú. Montoya Oseguera relató a La Jornada que el pasado miércoles la comunidad de Puerto Rico iba a celebrar una asamblea en el auditorio del ejido “cuando llegaron gente de la ASI, así se identificaron ellos mismos, en camionetas fuertemente armados, se metieron a los hogares, agrediendo a las familias, dejando varios heridos, tres de ellos de gravedad”. Uno de los heridos fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas. En respuesta a la intervención de la ASI, individuos encapuchados armados se colocaron en las entradas de la cabecera municipal para resguardar la población y el consejo municipal, que preside María García López desde octubre pasado. La situación en la zona se agravó la mañana del viernes 31 de diciembre, cuando fueron emboscados y retenidas otras 12 personas, “por lo que

Óscar Gómez San Cristóbal de Las Casas.

El consultor migratorio, Fernando Castro Molina, dio a conocer que los menores involucrados en el accidente del tráiler en Chiapa de Corzo, fueron repatriados a Guatemala de forma inadecuada, ya que al ser víctimas de un delito y por su situación de vulnerabilidad debieron ser trasladados vía aérea y no terrestre. “Es inhumano el trato y falta de consideración haber sido transportados vía terrestre, pues son inmigrantes menores de edad víctimas de delito en territorio mexicano. Las edades de los menores están comprendidas entre los 15 y 17 años, siendo originarios 2 de Chimaltenango, 5 de Quiché, 1 de Jutiapa, 1 de Quetzaltenango y 1 de Ciudad de Guatemala”. Castro Molina consideró que es una irresponsabilidad haberlos tras-

estamos calculando que hay cerca de 40 personas privadas de su libertad”. Montoya llamó a la ASI para abrir un canal de diálogo. “Les pido que esa no es la manera como se puede arreglar la situación de un municipio, de una zona, yo creo que por eso está la palabra para poder atendernos de mejor manera”, apuntó. El concejal síndico comentó que “la administración pasada dejó estructuras violentas que todavía están

vivas en la localidad”. “Ellos quieren recobrar nuevamente el control y el movimiento ha dicho que no puede ser. Altamirano debe vivir en paz, debe vivir tranquilo”, remarcó. El pasado 29 de septiembre, cientos de personas de la cabecera municipal de los ejidos y comunidades de Altamirano se levantaron en un movimiento en contra de Pinto Kanter y su esposa, quienes gobernaron nueve años el municipio.

Los pobladores cerraron los tres accesos a la cabecera municipal para exigir la conformación de un concejo municipal, un día después retuvieron a Pinto Kanter y a 10 personas en los días subsecuentes, cuatro de las cuales fueron liberadas el 19 de octubre y el alcalde un mes después cuando el Congreso dio posesión a cinco integrantes de un concejo municipal encabezados por María García López.

Repatrian a menores migrantes sobrevivientes de accidente en trailer ladado vía terrestre, ya que por su vulnerabilidad y convalecencia por el accidente que sufrieron, debieron ser trasladados vía aérea, por el Instituto Nacional de Migración Mexicano, o en todo caso la Fuerza Aérea de Guatemala. “Las autoridades consulares guatemaltecas, debieron exigir a las autoridades mexicanas, el traslado adecuado, siendo lamentable y deplorable la falta de atención a los connacionales accidentados y sobre todo, por ser los menores, el sector más vulnerable de la migración”. Finalmente, dijo que da a conocer el procedimiento adecuado del traslado de menores, ya que no debe repetirse dicho trato inadecuado.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hugo Gómez usurpa funciones en Oxchuc y rompe acuerdos: presidente concejal Óscar Gómez San Cristóbal de Las Casas.

oberto Sántiz Gómez, presidente Concejal del municipio de Oxchuc designado el pasado 30 de diciembre de 2021 por el Congreso de Chiapas, se dijo extrañado de la actitud de Hugo Gómez, quien el pasado 1 de enero de este 2022 realizó un acto simulando una toma de protesta, ya que estaría usurpando funciones, y no cumpliendo con los acuerdos que se realizaron ante instancias gubernamentales. “El mecanismo que están haciendo ellos puede repercutir al pueblo porque le están echando mentira a los comités y agentes, y no se debe mentir al pueblo, tenemos que tener lealtad, decir una verdad, tiene su propuesta conmigo, que va trabajar conjuntamente el proceso, vamos a tardar trabajando, hay dos grupos fundamentales que vamos a hacer la unidad, Oxchuc necesita la unidad”, dijo. En conferencia de prensa, confirmó que el pasado 30 de diciembre, día en que le fue dado su nombramiento, le fue quemada su casa que tiene en la cabecera municipal, por lo que junto con su familia se encuentran fuera de ese municipio “en un lugar seguro y resguardados”. Explicó que las elecciones del pasado 15 de diciembre del 2021, se realizó una elección a mano alzada, sin em-

En conferencia de prensa, confirmó que el pasado 30 de diciembre, día en que le fue dado su nombramiento, le fue quemada su casa que tiene en la cabecera municipal, por lo que junto con su familia se encuentran fuera de ese municipio “en un lugar seguro y resguardados”

bargo no se concluyó, y por esa razón no existe ningún ganador y el IEPC a través Órgano Electoral Comunitario “el veredicto en la cual toman la decisión inconclusa, aunque habrá trámites en la sala de Xalapa, en el Tribunal Federal, pero hoy no hay vuelta de hoja, somos amigos, somos oxchuqueros, y por eso hago el llamado a la concertación del dialogo”. Pidió a Hugo Gómez, quien se ha ostentado como ganador y presidente electo, se siente a dialogar lo antes posible, para el trabajo en común y la paz en el municipio, y se dijo molesto por los señalamientos que hace la Diputa-

da Cecilia Sánchez, quien dejó en claro cuando fue diputada por el Distrito de Oxchuc no hizo nada, y ahora que está por otro lugar intenta intervenir. “Los Grupos armados los tienen en el municipio, hay un grupo que circulan en redes que son de Sentimientos de la Nación, y de grupos de mucho tiempo antes de los conflictos, las armas no son la vía, la prioridad es el diálogo, no las armas, debe ser un arma de inteligencia”, abundó. Sántiz Gómez exhibió su nombramiento como presidente Concejal firmado por la presidenta del Congreso de Chiapas, y dejó entre ver que no

habrán nuevas elecciones y él será el representante en los próximos tres años, y que en tanto se logra estabilizar el municipio, tendrá una oficina alterna en San Cristóbal, pues es él quien ejercerá los recursos a favor de su pueblo los próximos tres años. “En lo personal tenemos que ir al pueblo, hoy me estoy resguardando porque hay intimidaciones y amenazas, tenemos que bajar al pueblo, no es entregarnos y decir la verdad, que hay un presidente concejal, no estoy usurpando cargo como el amigo Hugo. Para atender al pueblo vamos a poner una oficina alterna, pero vamos a regresar al ayuntamiento, si no lo permite el que dice ser presidente, vamos a caminar en los parajes y comunidades, no se necesita una oficina y estar girando la silla”, indicó. Finalmente reiteró su extrañez por el actuar de Hugo Gómez, ya que se supone que 4 cargos del Concejo, estarán representados por 2 seguidores Hugo y 2 de Enrique Gómez López, “el equipo es de los dos bandos, esa fue la integración, no veo porqué se autonombran, cuando sale que tiene gente de él”.

Universidades de Chiapas gastarán más de dos mil 500 mdp en 2022 Lennyn Flores Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado)

Al menos 50 casas de empeño irregulares operan en Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Javier Ruiz Morales, presidente de la Asociación Chiapaneca de Casas de Empeño (Achice) señaló que, en Chiapas operan al menos 50 casas de empeño de manera irregular. Expuso que, actualmente estos establecimientos están plenamente identificados y han sido señalados ante las tres instancias que rigen las casas de empeño. Las más comunes son aquellas que operan con la leyenda “se compra oro”, en color rojo y amarillo. Agregó que, tan sólo en la capital chiapaneca se han contabilizado 27 de esas casas de empeño que operan de manera irregular.

Expresó que: “Nosotros hemos realizado las denuncias ante la PROFECO, ante la Fiscalía, pero hasta el momento no han tomado cartas en el asunto, un tema que no entendemos cuando las autoridades son rigurosas para la operatividad de las casas de empeño legalmente establecidas”, comentó. Consideró que la respuesta dada por las autoridades sobre esta tema es realmente absurda, “nos dicen: ‘Como no está dado de alta pues no existe, no podemos hacer nada”. Lamentó que en la entidad, de acuerdo con el registro de la Achice, al menos el 30 por ciento de las casas de empeño legalmente establecidas han tenido que cerrar sus puertas por una seria de situaciones que les afectan.

El pasado 31 de diciembre de 2021, los integrantes de la 68 legislatura aprobaron el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual contiene el dinero que ejercerán los organismos autónomos, las dependencias, órganos ejecutores, entidades y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el monto total es de 104 mil 576 millones 27 mil 896 pesos, de esa cantidad un recurso está pautado para las instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), institución que redujo hasta un 90 % su deuda según la actual administración, tendrá un recurso de mil 692 millones 409 mil 625 pesos con 12 centavos. La matrícula en este nivel educativo llega a 27 mil 265 estudiantes. Se trata del recurso más amplio que se le otorgará a la máxima casa de estudios, en comparación con lo que recibirán otras instituciones de educación superior. Lo aprobado por los legisladores y diputadas locales, mues-

tran que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), espacio en el que se ofertan 41 licenciaturas, contará con 481 millones 850 mil 817 pesos con 66 centavos. La Unicach, desde que llegó la actual rectoría, venía arrastrando una deuda superior a los mil millones de pesos y en meses anteriores se detalló que se buscarían los mecanismos necesarios para reducir el pendiente económico que se viene arrastrando desde hace varios años. El abono que se ha hecho ronda en los 200 millones de pesos en temas de seguridad social y vivienda. Más abajo aparecen otras instituciones de educación superior, como la Universidad Tecnológica de la Selva, la Politécnica y la Intercultural, las cuales tendrán un recurso por el orden de los 114 millones 131 mil 220, 71 millones 742 mil 136 y 79 millones 661 mil 138 pesos de forma respectiva. En lo que respecta al Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, así como la Universidad Politécnica de Tapachula, tendrán como parte del presupuesto 2022 un promedio de 62 millones 540 mil 290.74 y 20 millones 899 mil 946 pesos, respectivamente.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Juez creó “teorías” para vincular a proceso a Del Río Virgen, denuncian sus hijos Rodrigo Vera Ciudad de México (proceso.com.mx)

a detención y la vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la junta de coordinación política del Senado, no tiene ningún sustento jurídico y responde solamente a una “venganza política”, afirman los tres hijos del inculpado, en una carta que dieron a conocer hoy domingo. José Manuel, Óscar y María del Río, los hijos del inculpado, señalan que “lo desaseado de todo el proceso solo demuestra que la acusación obedece a una venganza política y que por tanto su detención y ahora su vinculación a proceso son acciones arbitrarias que carecen de motivación y fundamentación”. Incluso, señalaron que el juez de control Francisco Reyes Contreras, que vinculó a proceso a su padre, reconoció y resolvió durante la audiencia que en la carpeta de investigación no existen pruebas contra Del Río Virgen. “Luego de reconocerlo, el juez de control planteó ‘teorías’ para inculpar a nuestro padre alrededor de siete supuestos. Hacemos énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la audiencia mencionó ni uno solo de esos supuestos en su petición de orden de aprehensión ni en la imputación”, dice la carta. De esta manera, rechazan categóricamente la acusación contra su

En una carta, los hijos de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el Senado, denunciaron que el juez de control lo vinculó a proceso tras crear “teorías” que nunca plantearon los fiscales a cargo del caso

padre, en el sentido de que es el autor intelectual del homicidio de Remigio Tovar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz. En su misiva, los hijos del detenido afirman que el juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras, cometió “una enorme injusticia” al vincularlo a proceso como autor intelectual de dicho asesinato. Y argumentan que Del Río Vir-

gen “es acusado solo a partir de conjeturas”, ya que “no hay hechos ni testimonios de personas que lo vinculen con el asesinato”. Inclusive –señalan—el mismo juez Reyes Contreras “reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del homicidio”.

Agregan: “Esta resolución carece de hechos y consiste únicamente en creencias

y posibles teorías sobre la participación del inculpado. En síntesis, nada concreto ni nada que señale a nuestro padre como responsable de la acción que se le imputa”. Inclusive, señalan que en la audiencia mediante la cual se le vinculó a proceso, realizada el pasado 27 de diciembre, se “violentó la presunción de inocencia” y además fue una sesión “alargada y tortuosa” que duró más de 27 horas. Y precisamente por ser tan prolongada, la audiencia vulneró incluso los plazos constitucionales que marca la Constitución, señalan los hijos del inculpado. También hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ya atrajo el caso, para que se pronuncie de inmediato sobre esta violación a los derechos procesales de Del Río Virgen.

Y concluyen: “José Manuel del Río Virgen es inocente. Es una persona íntegra, que ha dedicado su vida al servicio público y a la academia, un profesional respetable y honesto. Merece, como cualquier persona, que se le respeten sus derechos y se le garantice un proceso justo”.

General de División asume la Secretaría de Seguridad de Baja California Jesusa Cervantes Mexicali, BC (proceso.com.mx)

Ante la violencia que se vive en el estado, el gobierno federal envió a un militar para hacerse cargo de la seguridad y este lunes el general de División, Gilberto Landeros Briseño, asumió el cargo. En la toma de protesta del nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que, con el militar a la cabeza, regresará la paz a las calles de la entidad. Con el nuevo esquema de seguridad, basado en la prevención y estrategias de inteligencia, dijo, se alcanzarán resultados positivos.

El general tendrá a su cargo la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que tendrá presencia en los siete municipios de la entidad. El general Gilberto Landeros cuenta con Licenciatura en Administración Militar, Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa; además de cursos internacionales en Inteligencia Militar y de Capacitación en la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos. En Baja California hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, este último enfrenta una división entre allegados de Ismael

“El Mayo” Zambada y los hijos de

Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conavim niega declarar alerta nacional por feminicidio y violencia contra las mujeres Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

a Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó la petición de declarar una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional porque este mecanismo de emergencia sólo se aplica en un territorio determinado y porque las peticionarias no presentaron casos concretos de violencia feminicida. A pesar de que, en México, al día se asesina a 10 mujeres, el 21 de diciembre la Conavim informó la no admisibilidad de la solicitud. Entre otras razones, porque la Alerta de Violencia de Género “no es diseñada para suplir la política integral del Estado”, razonamiento que a decir de la presidenta de la organización Mujeres en Cadena por una Vida Digna, Xóchitl Arzola Vargas, es irreverente.

Alarma ante alza del feminicidio La propuesta de declarar una alerta nacional fue idea de las feministas que integran Nosotras Tenemos Otros Datos, una red creada en junio de 2020 para contrarrestar la desinformación generada por los “datos” del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre violencia contra las mujeres y para evidenciar la importancia de contar con políticas públicas y presupuesto para garantizar los derechos de las mexicanas. En esta red, donde participan organizaciones como Mujeres en Cadena por una vida Digna y la Red Nacional de Alertistas —integrada por solicitantes de alertas en los estados— consideraron que si se toman los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre tres delitos: feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, en México se asesina a casi 20 mujeres al día. Con este dato y argumentando que hasta ahora 25 estados del país cuentan con una Alerta de Violencia de Género y seis más se encuentran en proceso de declaratoria, el pasado 25 de noviembre los colectivos feministas entregaron una carta con la petición al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), encabezado por Nadine Gasman Zylbermann. En entrevista, Xóchitl Arzola Vargas, expuso que el 24 de noviembre la red de mujeres también hizo la petición formal, siguiendo el proceso que establece la ley, y presentaron un documento ante la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación e instancia encargada de revisar estas solicitudes. El 1 de diciembre la Conavim pidió a Mujeres en Cadena, organización legalmente constituida y encargada de la comunicación entre las organizaciones y la dependencia, cumplir con dos requisitos para seguir con el proceso.

Este 2021 mujeres y feministas que integran la red Nosotras Tenemos Otros alertaron que la violencia contra las mujeres y el feminicidio se expanden de forma alarmante en todo el país, por esa razón, en noviembre solicitaron al Gobierno federal declarar una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional. Sin embargo, la petición fue rechazada 20 días después

Uno era presentar el acta certificada de la conformación de la asociación civil peticionaria y el otro era entregar un informe puntual sobre la situación de las 32 entidades del país. “Estábamos solicitando la alerta en el territorio nacional. Entregamos un documento muy amplio que se realizó durante todos estos meses. Incluso hicimos un comparativo con las cifras del año pasado, en donde se señalaba toda la información de violencia contra las mujeres, cuáles habían sido los cambios. Toda esta información siempre hemos tratado de basarla con las cifras oficiales”, destacó la defensora.

Sin claridad en los datos El informe sobre violencia contra las mujeres, publicado en noviembre de 2021 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a noviembre de este año, 3 mil 427 mujeres fueron asesinadas, de ellas 2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso y 887 de feminicidio. Solo con estos datos se sabe que en promedio al día son asesinadas 10 mujeres. Si a a las cifras se agregan los 2 mil 967 homicidios culposos registrados por el Secretariado Ejecutivo en este periodo de 2021, como lo hicieron las organizaciones civiles, la cifra se dispara hasta casi 20 mujeres asesinadas al día, dato que no es reconocido por el Estado mexicano. Sin embargo, lo cierto es que si en 2017 había siete asesinatos de mujeres al día, la cifra se incrementó en tres años, porque en 2020 la cifra fue de 10 casos cada 24 horas, lo que a decir de las organizaciones civiles habla de la falta de atención a este problema de violencia. Además, de acuerdo con Arzola Vargas, la sentencia emitida en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio de 2010 en el Estado de México, obliga a

que todas las muertes violentas de las mujeres sean investigadas con perspectiva de género, algo que no ocurre en el país. Aun así el 7 de diciembre las organizaciones entregaron la información requerida y ese mismo día se presentaron en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para exponer su solicitud ante los medios de comunicación. Allí fueron flanqueadas por legisladoras federales como Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano; Margarita Zavala Gómez del Campo, del PAN; y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, quienes se sumaron a la demanda. En esa reunión, Arzola Vargas, junto con la abogada feminista Patricia Olamendi Torres y una de las integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Marina Reyna Aguilar, expuso que una alerta nacional haría que los gobiernos estatales y municipales implementaran acciones para garantizar una vida libre de violencia para las ciudadanas, porque hasta ahora no hay coordinación.

Sin casos concretos, no hay alerta En la siguiente comunicación con la Conavim, relató Xóchitl Arzola Vargas, el organismo les pregunto si, además del comparativo de cifras, tenían casos concretos. “La pregunta fue muy extraña porque ese no es un requisito para la solicitud. Entonces mi respuesta fue que los casos concretos estaban señalados”. Desde el punto de vista de la defensora, se supone que las denuncias registradas oficialmente se están investigando. Finalmente, el 21 de diciembre Mujeres en Cadena recibió el acuerdo de la Conavim, firmado por la comisionada Fabiola Alanís Sámano, por medio del cual se informó de la no admisibilidad de la solicitud. En seis puntos, la institución, explicó las razones para rechazar el análisis de una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional, entre ellas, que la alerta “no es diseñada para suplir la

política integral del Estado. El documento, entregado a la organización que representa a la red Nosotras Tenemos Otros Datos, indica que la alerta es “para focalizar acciones a partir de la identificación de hechos de violencia que se dan en contextos y condiciones que caracterizan a cada una de las entidades federativas y sus municipios”. “Básicamente se hace referencia a que la alerta es para un territorio determinado. Esa es una de las notificaciones que manifiestan y es como la más irreverente porque, si bien la ley sí se refiere a que la Alerta de Género es para un territorio determinado, nunca hace referencia a la magnitud del territorio determinado”, expuso Arzola Vargas. En la solicitud de la sociedad civil, agregó, no se pidió desechar las alertas vigentes o en proceso de análisis sino instaurar una política pública de mayor calado, transversal, nacional en donde se atacara el fenómeno de los asesinatos de mujeres. Durante casi tres años, hasta antes del 30 de diciembre, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 20212024, no existía un plan pata atender la violencia feminicida en el país.

“Que se hagan responsables” En la respuesta de la Conavim, la institución dijo coincidir en la necesidad de estudiar y analizar la situación de violencia contra las mujeres que existe en las entidades federativas, a pesar de ello no habría una alerta nacional. Ante las fechas complicadas, debido a que la respuesta se presentó en diciembre, cuando las instituciones están en periodo vacacional, las organizaciones aun analizan si interponer un amparo o tomar otras acciones para generar una coordinación nacional para atender el femincidio y la impunidad en estos crímenes. “En necesario que las autoridades se pongan a hacer su chamba porque insistimos en que es necesario que se hagan responsables de lo que ocurre en sus territorios y sobre todo es necesario una coordinación de los tres niveles de gobierno”, expuso Xóchitl Arzola Vargas. A la pregunta de qué hace falta, la respuesta de la sociedad civil es clara: faltan protocolos, presupuesto, programas. “La seguridad de las mujeres no es una prioridad, no ha sido una prioridad”, expuso la feminista.

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Flavia Morales Xalapa, Ver. (Proceso)

osé Manuel del Río Virgen, político veracruzano y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pasó la Nochebuena tras las rejas en la cárcel de Pacho Viejo, en Xalapa, y recibirá el Año Nuevo de la misma manera. El juez de Control Francisco Reyes Contreras lo vinculó a proceso por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ocurrido el 4 de junio último, y le dictó un año de prisión preventiva. Del Río Virgen apareció apenas el 9 de diciembre pasado en la carpeta de investigación del homicidio, explica Jorge Reyes Peralta, quien encabeza su defensa. Antes de esa fecha sólo había dos implicados: Omar Ramírez, jefe de campaña y candidato suplente, y Gustavo N, ambos detenidos en junio último. De acuerdo con el abogado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, sustenta la vinculación contra Del Río en una prueba circunstancial: José Manuel fue quien designó al candidato Remigio Tovar, y luego a Omar Ramírez como su suplente. José Manuel, dos veces alcalde en Veracruz y exdiputado por Movimiento Ciudadano, es operador político de Ricardo Monreal, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, así como aspirante a la Presidencia de la República para 2024. La amistad entre ambos se remonta varios años atrás… En 2012 trabajaron juntos cuando Monreal era el coordinador de la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano y coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. José Manuel era secretario técnico del grupo legislativo. La detención de José Manuel del Río generó una crisis política en Veracruz, que escaló a los más altos niveles de la esfera nacional, con una oleada de críticas al gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, por abuso de poder y señalamientos de que la detención es un golpe bajo a Monreal, quien –según encuestas del diario El Universal– tiene 17 % de las preferencias electorales. Para el propio Monreal, la captura de su colaborador está alejada del principio de legalidad y está construida artificialmente. “El caso sucede en un momento trágico para Veracruz, cuando la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes”, reclamó. Los señalamientos tuvieron eco en otros senadores: Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, solicitó la desaparición de poderes en Veracruz; y paralelamente se creó una comisión que él preside, para investigar y documentar los abusos de poder en la gubernatura de García Jiménez, entre ellos, las violaciones al debido proceso en el caso Del Río.

Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Caso Del Río Monreal vs. Cuitláhuac, el tablero de la guerra

Derechos humanos La confrontación por la presidencia de Morena entre ambos políticos que representan dos alas del partido –Monreal, con Alejandro Rojas Díaz Durán, y García, con Mario Delgado– tiene su origen en el polémico delito de “ultrajes a la autoridad”, que el gobierno de Cuitláhuac ordenó reformar en marzo de 2021. El 20 de noviembre último, el senador Ricardo Monreal apareció en sus redes sociales lanzando una crítica contra el gobernador de Veracruz, respecto de que en su mandato se cometen abusos de poder bajo el delito de ultrajes a la autoridad. El senador se refería al caso de seis jóvenes xalapeños detenidos el 11 de septiembre pasado en una plaza comercial y acusados por ese ilícito por presuntamente atacar con un arma blanca a policías. La situación, advirtió, era fabricada. Monreal puso el dedo en la llaga porque el delito reconfigurado por el Congreso local, el 11 de marzo último, ya era debate en el estado. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los diputados de oposición interpusieron una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y una multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público. Con la reforma el castigo se elevó de dos a siete años y obliga a prisión preventiva. Diez de los colegios y barras de abogados más representativos de Veracruz enviaron al gobernador un exhorto para derogar la reforma y se revise la actuación de las corporaciones policiacas. Uno de los casos más mediáticos fue el del perredista Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno, quien fue detenido en 13 de marzo reciente, acusado de violencia intrafamiliar, pero fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por ultrajes a la autoridad. Franco fue encarcelado en Tuxpan, lo que le impidió tomar su cargo como diputado plurinominal federal por la alianza PAN-PRI-PRD en las pasadas elecciones. Otro político capturado es Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y representante de

Fuerza por México; su captura ocurrió el 23 de marzo en Coatzacoalcos. Se le vinculó a proceso por delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad. Las denuncias contra el gobierno de Veracruz llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y el 7 de diciembre último Monreal realizó un viaje exprés a Xalapa, para visitar a los jóvenes recluidos en Pacho Viejo, elevando el tono de la confrontación. Desde la puerta de Pacho Viejo, el senador advirtió: “No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”. El 15 de diciembre pasado un juez le dio la razón a Monreal y concedió un amparo para la liberación, por falta de pruebas, de los jóvenes; y fijó una fianza de 100 mil pesos.

Escaramuza El senador zacatecano envió el 19 de diciembre último una petición formal al Congreso local para que el tipo penal sea derogado en Veracruz, al considerar que viola los derechos humanos. Pero su petición ni siquiera entró en la correspondencia en las sesiones del Congreso estatal, controlado por la mayoría de Morena. La tarde-noche del 18 de diciembre pasado, en un acto navideño, el gobernador Cuitláhuac García respondió duramente a las críticas de Monreal y reiteró que su gobierno estaba del lado de las víctimas. “Habrá quien prefiriera defender a delincuentes en lugar de atender cuestiones que le competen en el Senado”. El legislador replicó otra vez desde las puertas de la cárcel de Pacho Viejo: “¡No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes! Defiendo el Estado de derecho, los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas.” Y agregó: “Cuando una persona concentra poderes se acerca a la tiranía. No, señor gobernador, no coincido con su expresión. Soy un hombre recto, no formo parte de su corte de aplaudidores. Le hago una sugerencia respetuosa, que quienes lo rodean y asesoren no actúen sin freno”. Sobre el 22 de diciembre pasado,

cuando policías ministeriales detuvieron a José Manuel del Río mientras viajaba con su familia, procedente de Tuxtepec, Oaxaca, su amigo y abogado Jorge Reyes Peralta explicó que “los ministeriales lo venían siguiendo, esperaron que cruzara Veracruz y lo detuvieron”. La fiscalía veracruzana detalló que sobre el funcionario del Senado pesaba una orden de aprehensión como autor intelectual por homicidio doloso calificado, bajo el proceso penal 404/2021. La captura cimbró la escena política nacional y veracruzana. El Senado y la clase política se volcaron en apoyo a Del Río Virgen y llovieron críticas al gobernador y al Poder Judicial y la fiscalía estatales. De legislador a imputado Apenas el 3 de diciembre el canal del Senado hizo un programa especial para reconocer la trayectoria de José Manuel del Río, donde se le calificó como “un legislador del México contemporáneo” y que su trabajo en favor de los ciudadanos representaba una gran satisfacción. Ahí también se hizo alusión a su cercanía con el senador Monreal. Dos semanas después fue detenido y hasta el momento las pruebas que aporta la fiscalía estatal son “endebles, por testigos de oídas, nada claro”, ha señalado su defensa legal, conformada por ocho abogados, entre ellos Patricia Santana Iglesias, José Isabel Luna Chávez, Leonel Vargas de Ángel y Ricardo Soto Santana. Una fuente judicial dijo que uno de los testigos contra José Manuel del Río Virgen es el mismo Juan Manuel Uribe Toral, quien asumió el cargo como alcalde suplente, luego de que Omar Ramírez fue encarcelado. Juan Manuel Uribe Toral, uno de los primeros 30 alcaldes que recientemente anunciaron su incorporación a Morena, es uno de los testigos clave de la Fiscalía de Veracruz, donde sus declaraciones se centran en decir: “Se me hizo raro que yo no fuera el candidato elegido y fuera Omar”. Contrario a lo que afirma la fiscalía estatal, Sergio Gil Rullán, líder estatal de Morena y encargado del proceso electoral en Veracruz, asegura que Del Río Virgen no tuvo una decisión directa en la designación del candidato sustituto. En entrevista, reveló que horas después del asesinato (el 4 de junio último) la planilla principal de Remigio Tovar: su suplente, Juan Manuel Uribe Toral; el jefe de la campaña, Omar Ramírez, así como el equipo político de Movimiento Ciudadano se reunieron en Cazones para decidir quién sería el candidato suplente. En esa reunión se presentaron dos nombres: Juan Manuel Uribe y Omar Ramírez. “Ellos pidieron en un documento firmado que fuera la Comisión Nacional de Elecciones quien decidiera la candidatura, porque ellos no se ponían de acuerdo”.

Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

PRI, al filo de la desaparición José Gil Olmos Ciudad de México (Proceso)

nte el pronunciado declive electoral y la acelerada disminución de su militancia, el PRI enfrentará en las dos elecciones de gobernador (Hidalgo y Oaxaca) la opción de corregir el rumbo o quedar reducido a una lucha por sobrevivir como partido político nacional. Los priistas Dulce María Sauri y José Encarnación Alfaro, en sendas entrevistas, cuestionan a la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, José Murat y Rubén Moreira por el uso de su instituto “como franquicia” y su falta de compromiso con los militantes. En tres años ha perdido casi 5 millones de afiliados y en las dos últimas elecciones 10 gubernaturas. El PRI atraviesa no sólo una crisis electoral, también de liderazgo, identidad, militancia y de legalidad por la última asamblea nacional, lo que pone en riesgo su supervivencia, advierten José Encarnación Alfaro Cázares, miembro del Frente Nacional por la Refundación del PRI, y la expresidenta del partido Dulce María Sauri Riancho. Los dos priistas tratan de no ser catastróficos en su evaluación, pero no pueden evitar los hechos. De acuerdo con una revisión de los padrones de militantes de los partidos políticos publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los comicios federales de 2018 y 2021, 4.9 millones de militantes abandonaron las filas del PRI, lo que equivale a una salida de 78% de sus afiliados. En cuanto a gobiernos de los estados, en la elección de 2018 perdió Jalisco y Yucatán; y en 2021 se le fueron Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. Ahora sólo le quedan Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila. Sin embargo, de acuerdo con las mediciones de varias empresas encuestadora, existe un alto riesgo de que en los comicios de 2022 pierdan Oaxaca e Hidalgo y para 2023 sólo Coahuila y el Estado de México serían bastiones del priismo.

A partir de esos datos oficiales, al PRI le quedan sólo 1.2 millones de afiliados para las elecciones de los próximos dos años, en las que se juega su permanencia, sostiene en entrevista la exdiputada y expresidenta nacional del PRI Dulce María Sauri Riancho. Considera que si en 2022 pierde en Hidalgo y Oaxaca, estados que siempre ha gobernado, en 2023 la elección del Estado de México será vital para el PRI, ya que en caso de ser también derrotado llegará a la elección presidencial de 2024 luchando por mantener su registro como partido político nacional. A conclusiones similares llega José Encarnación Alfaro, exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien encabeza ahora el Movimiento Líder. Esa agrupación junto con Plataforma PRI –formada por Fernando Lerdo de Tejada y Alianza Generacional, representada por José Ramón Martell– integraron a partir del 1 de diciembre el Frente Nacional por la Refundación del PRI, el cual se opone a la actual dirigencia del partido en manos de los diputados Alejandro Moreno y Rubén Moreira. El exdiputado federal sonorense observa que su partido continúa en declive en las recientes elecciones, descenso que puede acelerarse en las próximas dos contiendas por gubernaturas. Recuerda que en 2022 viene el proceso electoral para gobernador en seis estados –Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas– con la fórmula de las coaliciones, que Alejandro Moreno pretende utilizar para permanecer en la dirigencia y quedarse con la candi-

datura presidencial para 2024. Pero al mismo tiempo, señala, esa fórmula facilitará el conteo de los votos aportados por el PRI y evidenciará su deterioro. “La intención de Alejandro Moreno es de largo plazo: si gana una elección, usarla como pretexto de que entrega buenos resultados; y como su dirigencia termina en agosto de 2023, los estatutos señalan que en caso de que el proceso electoral federal inicie y aún no se hubiese convocado a la renovación de la dirigencia nacional, entonces se concede una prórroga a la dirigencia en funciones. A eso le está apostando.” No obstante, Alfaro Cázares advierte que los resultados de las elecciones en los próximos dos años no están seguros para que Alejandro Moreno tenga un pase directo a la candidatura presidencial. Por el contrario, dice, se prevé un escenario de derrota, en cuyo caso la militancia va a demandar que Moreno salga de la dirigencia. Añade que el Frente Nacional por la Refundación del PRI propone una renovación completa del partido para hacer frente a Morena en las próximas elecciones, pero que en la pasada Asamblea Nacional la dirigencia de Alejandro Moreno lo impidió de manera ilegal cuando se estableció que no podían modificarse los documentos básicos y la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. “Si el partido no se refunda, si no cambian su estructura, su forma, sus estrategias y capacidad de vinculación con la sociedad, y su discurso; si no esclarece de manera puntual su alineamiento ideológico, el futuro del partido será de un deterioro gradual

y permanente, hasta llegar a convertirse en una franquicia al servicio de los grupos dirigentes, como lo está siendo ahora, como una franquicia al servicio de José Murat, Alejandro Moreno y Rubén Moreira”, señala Alfaro Cázares. Ejemplo de este manejo, indica, es que en las candidaturas de representación proporcional para las pasadas elecciones se nombró a incondicionales, familiares y secretarios particulares del grupo de dirigentes mencionados y, como nunca en la historia del PRI, 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional fueron postulados como diputados por esta vía, que no requiere de hacer campaña. Hacia un partido satélite Tras criticar que la actual dirigencia del PRI maneja ese partido como “una franquicia”, Alfaro Cázares advierte que lo conduce como una franquicia en quiebra, porque está perdiendo valor y rumbo. Aclara que tras la XXIII Asamblea Nacional, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que el partido es socialdemócrata, pero eso se dijo desde 2008, en la XX Asamblea Nacional, cuando presidía el partido Beatriz Paredes. Observa que PRD y Morena también se han declarado socialdemócratas, por lo que “el mensaje que se les deja a los priistas es que la cuarta etapa del PRI es Morena”. Considera que tampoco es cierto que en su partido le estén dando una patada al neoliberalismo heredado, como dijo Moreira. “Es una equivocación –enfatiza– porque el PRI nunca se ha asumido como partido del neoliberalismo económico. Lo único que hizo Moreira fue satisfacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado al PRI de un pasado neoliberal.” Por estas razones, Alfaro Cázares observa un futuro incierto para el PRI: “Puede convertirse en un partido satélite, como el Partido Verde, que lo mismo ha sido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena, orbitando alrededor del poder. Eso nos puede pasar: triste destino para un partido histórico”.

Ciudad de México (apro)

Esto cuesta el trámite del pasaporte para 2022

El precio de los derechos para la expedición del pasaporte con vigencia de 3 años subió de mil 345 a mil 470 pesos. El costo fue avalado por el Senado de la República al aprobarse el Paquete Fiscal 2022, donde en la Ley General de Derechos, se detallaba el nuevo precio. Pasaporte con vigencia de 1 año (menores de 3 años) 755 pesos Pasaporte con vigencia de 3 años: mil 470 pesos Pasaporte con vigencia de 6 años:

2 mil pesos Pasaporte con vigencia de 10 años: 3 mil 505 pesos Durante el mes de enero serán habilitadas 47 oficinas de pasaportes. Las personas interesadas pueden realizar una cita mediante la página de la SR https://citas.sre.gob.mx/ o al número 800 8010 773. Además las personas mayores de 60 años, con alguna discapacidad comprobable o trabajadores agrícolas en Canadá, tendrán 50% de descuento en el trámite.

De la Redacción

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Es grave que se pretenda usar el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes son vistos como adversarios”: Córdova De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)

l presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó que con la denuncia interpuesta por la Cámara de Diputados de la cual se desistió en días pasados- contra seis consejeros electorales por posponer la consulta de revocación de mandato “se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar” a quienes “son vistos como adversarios”. “Se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el hecho de que piensan distinto”, dijo Córdova en su mensaje que publica los domingo en sus redes sociales, y agregó: “es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios”. Córdova Vianello deseó que pronto se enmiende el error y se desestimen las denuncias penales en contra de las consejeras y consejeros del INE por aplazar la revocación de mandato, pues, aseguró, las denuncias son “sobre presuntos delitos claramente inexistentes”, que solo tiene propósitos políticos. Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Lorenzo Córdova mencionó que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR), y dijo que dicha denuncia hecha por Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados “recuerda las peores prácticas de regímenes autoritarios”. “Es un acto que recuerda las peores

Ma. Teresa Montaño Atlacomulco, Edomex (proceso.com.mx)

Ciudadanos inconformes con el ataque a la escultura del presidente Andrés Manuel López Obrador la madrugada del 1 de enero colocaron mensajes condenando el hecho y advirtieron a los responsables que el pedestal vacío se convertirá a la postre en un “monumento a la corrupción”. De hecho, los restos de la estatua, al igual como ocurrió cuando fue derribada, desaparecieron durante las primeras horas de este domingo y hasta el momento se desconoce su paradero, confirmaron vecinos. Ahí mismo, pero en la parte trasera del pedestal, permanece un busto dorado de Emilio Zapata, que según narraron habitantes de la zona, fue trasladado al sitio para complementar una especie de “altar cívico” sobre un angosto pabellón en medio de la ave-

prácticas de los regímenes autoritarios (pues) perseguir a servidores públicos, por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”, dijo Córdova. Agregó que lo que lo ocurrido es muy grave pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático” ya que, aseguró, “se quiso usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”. “Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, dijo el consejero presidente del INE. En la grabación en la que envió felicitaciones por año nuevo, el presidente del INE aseguró que siguen los trabajos del instituto para organizar la revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para organizarla con las características que exige la ley. “En acatamiento a un acuerdo de

la Comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los mil 503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir”, mencionó Córdova. También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos pero sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto. Refrendó que el INE se encuentra en disposición para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con las características que estipula la constitución, por lo que a veces se han tomado decisiones “polémicas y controvertidas que se han considerado necesarias”, pero esto, asegura, no debería ser motivo de censura ni persecución penal o política. “La presión de académicos, incluso el mismo presidente, obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar, sin embargo las denuncias

penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la FGR, ojalá pronto se enmiende el error sobre esos delitos claramente inexistente”, dijo el presidente del INE. La Cámara de Diputados denunció en días pasados a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad tras la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato. El pasado 29 de diciembre, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, desistió de la denuncia penal interpuesta contra los consejeros del INE tras la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato. “La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”, informó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter. Ese mismo día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se retiraría la denuncia en contra de los seis consejeros del INE. La denuncia fue entregada el pasado 23 de diciembre por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR. Con información de EL UNIVERSAL y Latinus

Seguidores de AMLO protestan por el derribo de su estatua en Atlacomulco nida principal del poblado, arreglado a propósito con el busto de Zapata y la estatua de AMLO que apenas duró unos días. Este sitio se localiza a escasos 50 metros de la entrada principal de la Terminal de Autobuses de Atlacomulco, frente a una cámara de seguridad que, según se informó en el Ayuntamiento este domingo, no captó el derribo ni de la desaparición de los restos de la estatua. Policías que resguardan el palacio municipal, ubicado a unas seis cuadras de la estatua de AMLO, dijeron informaron este domingo que la estatua “ya se tiró, solo falta retirarla”, sin embargo, al trasladarnos al sitio se puede constatar que ya no quedó ni rastro.

Comerciantes ubicados en las inmediaciones del sitio, justo a la entrada de la Terminal de Autobuses, indicaron que de repente, al igual que como la estatua fue derribada, desapareció este mismo domingo. En el pedestal, pero por la parte trasera, el busto dorado de Emilio Zapata logró salvarse del ataque. De acuerdo con vecinos del lugar, fue traído desde un “corral” ubicado enfrente, cerca de la central de autobuses, donde permaneció mucho tiempo, a fin de complementar el sitio que pretendía ser una especie de “conjunto cívico” para ser visitado por turistas y vecinos. También en el lugar permanece la placa plateada que daba cuenta de la estatua realizada por artesanos de

Michoacán y acompañada ahora de escritos que condenan el ataque. En uno se puede leer: “Podrán tirar la estatua de Atlacomulco en la oscuridad de la madrugada, pero jamás tirarán los cimientos constitucionales de la cuarta transformación. Tampoco podrán tirar el respaldo hacia el presidente AMLO, ni la reforma eléctrica y electoral que están por aprobar”.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CDMX Jorge Bravo

pesar del enorme e inmejorable potencial informativo, cultural y político que representa tener un sistema de medios públicos de la capital del país, el nuevo Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México queda a deber en su diseño institucional, en el nombramiento de su titular, de la Defensoría de Audiencias, en su presupuesto y en su visión. El gobierno de la CDMX publicó el 21 de diciembre en la Gaceta Oficial el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Cultura capitalina, actualmente a cargo de Vannesa Bohórquez López. Sustituye en su denominación al Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, dirigido por Alonso Millán Zepeda. Se trata del actual canal Capital 21, cuya concesión data de febrero de 2010 (cuando se denominó Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal), refrendada en 2017. Se transmite por el canal 21.1 y comparte infraestructura en multiprogramación con la señal 21.2 para el canal del Congreso de la Ciudad de México, lo cual le resta calidad en la transmisión televisiva a ambas señales. También se transmite en los sistemas de TV de paga Totalplay e Izzi TV. El objeto del SMP capitalino es “proveer los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México” para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Al estar sectorizado a la Secretaría de Cultura de la CDMX le imprime una importante función social y cultural, pero le resta independencia respecto del gobierno en turno y, sobre todo, contraviene lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. La Carta Magna capitalina estipula que el “sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado”. Es preferible que un medio público no esté sectorizado, como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) o el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) federales o, mejor aún, que sea autónomo como el medio público internacional insignia que todos refieren pero nadie aplica, la BBC de Reino Unido. El decreto de creación dice que el SMP -hoy Capital 21- tendrá independencia editorial, que su Dirección General la preservará “en todo momento” y que su Consejo Ciudadano formulará propuestas para “asegurar” su independencia y una política editorial imparcial y objetiva en su gestión, pero sabemos por experiencia que la simple mención en la ley no es suficiente. La persona titular de la Dirección General del SMP (Alonso Millán) será nombrada y removida libremente por el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, actualmente Claudia Sheinbaum, lo cual también diluye su independencia. Es preferible que el nombramiento de la persona responsable de dirigir el Servicio de Medios Públicos de la capital del país sea ratificado por el Congreso de la Ciudad de México o, mejor aún, sea convocado por el propio Poder

Legislativo local, para que su legitimidad emane directamente de la pluralidad y diversidad política, social y cultural de la CDMX, para que se constituya en una auténtica “plataforma para la libre expresión” y no sea una cadena de transmisión de las acciones del gobierno chilango en turno. Y es que la Constitución capitalina señala que “los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México”. Pero para efectos prácticos, la Dirección General del SMP tendrá dos jefes inmediatos, la Jefa de Gobierno que lo nombra y remueve libremente y la Secretaria de Cultura, a quien está sectorizado. En suma, el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México nace oficialista. Por ejemplo, Capital 21 transmite de lunes a viernes de 11 a 12 horas la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, como parte de su programación habitual. El oficialismo debería estar superado en una época en la cual las audiencias de la televisión abierta están en declive y predomina la libertad de los usuarios para elegir el consumo de contenidos audiovisuales a través de múltiples dispositivos y plataformas digitales en línea. El Presupuesto de Egresos 2022 de la CDMX destina al SMP recursos por 118 millones 318 mil 654 pesos, una cifra 7.47% superior al presupuesto de 2021 (109.4 mdp), pero lejana del mejor monto de 2017 (138.5 mdp). Para comparar, el presupuesto para 2022 del Canal 22 de la Secretaría de Cultura federal será de 135.5 mdp, el del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional de 572.6 mdp, el del Sistema Público

de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) de 1,248.9 mdp y el de TV UNAM de 2021 fue de 173.7 mdp. Es decir, se trata de un monto insuficiente tratándose del Servicio de Medios Públicos de la capital del país, cuya oferta informativa y cultural es claramente un diferenciador y oportunidad. Otro defecto del decreto tiene que ver con la persona responsable de la Defensoría de Audiencias, la cual es designada por el Órgano de Gobierno a propuesta de la Dirección General. Hay que procurar que en el Estatuto Orgánico del SMP de la CDMX el nombramiento de la Defensoría de Audiencias sea resultado de una amplia convocatoria y no de una designación directa. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión precisa que “la actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia”. No esperamos menos. El Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México tiene el enorme potencial político de servir a una población de más de 22 millones de habitantes con información metropolitana, ningún otro sistema de medios públicos estatal tiene ese alcance. Por si fuera poco, está instalado en el epicentro del país donde radican los poderes federales, con la mayor oferta cultural del país, la infraestructura más desarrollada y la población más conectada, por lo que debería ser más visionaria y estratégica su transmisión en radio, televisión, Internet y plataformas tecnológicas digitales. Incluso, podría superar la oferta y calidad de los medios públicos federales. La pregunta es: ¿quieren hacerlo o será un medio público más?

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL EJEMPLO Y LA SABIDURÍA DE ALFREDO LÓPEZ AUSTIN Federico Navarrete

odas las alumnas y todos los alumnos de Alfredo López Austin tenemos el mismo recuerdo: un hombre sabio y generoso que siempre nos trató de tú y con respeto, que siempre se esforzó en recordar nuestros nombres, que siempre atendió nuestras preguntas. Como decía uno de ellos, Alfredo nos hacía sentir como sus colegas. Nunca podré olvidar las clases que tomé con él en la Facultad de Filosofía y Letras a mediados de la década de los ochenta.- El salón inmenso; la voz siempre modulada y seductora, como recuerda Ana Garduño; la atención que le prestábamos y las explicaciones, informaciones y riquísimas interpretaciones que él nos prodigaba. Fue gracias a sus cátedras que me he dedicado a la historia de los pueblos indígenas, fue su conocimiento y su claridad, su manera siempre inquisitiva y fascinante de describir esa realidad inagotable de pueblos y culturas que me abrieron este camino. Alfredo nos hacía volar la imaginación con la arqueología, nos emocionaba con la lingüística, nos enseñaba las grandes preguntas de la historia del arte, la antropología y la historia misma. Su conocimiento era enciclopédico pero más sorprendente era su capacidad de dar sentido a toda la información, de imaginar sociedades vivas y contradictorias, personas vivientes e inteligentes, culturas vitales y cambiantes. En 1986 López Austin acababa de publicar Cuerpo humano e ideología, un tratado inmenso en el que catalogaba los nombres de cada una de las partes del cuerpo en náhuatl y proponía un modelo intelectual para entender la relación entre el microcosmos corporal y la concepción del mundo, entre sociedad e ideología, entre las múltiples almas mesoamericanas y las identidades humanas y colectivas. Estaba en camino de construir el modelo de la cosmovisión mesoamericana que

habría de formular de manera plena en 1991 en Los mitos del Tlacuache, un ambicioso proyecto académico de construir una visión en conjunto de las culturas indígenas, una interpretación holística que integraba las evidencias arqueológicas, la información contenida en las fuentes históricas y las observaciones etnográficas, un nuevo paradigma científico para entender la relación entre sociedad y cultura en Mesoamérica. Por eso todas y todos sabíamos que Alfredo nos daba mucho más que una clase. También estábamos consciente del privilegio que era tener un maestro así en una licenciatura en una universidad pública. Nos emocionaba que un científico de punta compartiera con sus estudiantes sus hipótesis, sus ocurrencias, sus dudas. Todo esto sin hacer distingos por clase, género, aspecto o cualquier otro factor, sin pretender separar a unos de otros con criterios de “mérito” o “talento”. Éste era en la práctica, en el ejemplo, el espíritu de rigor y generosidad intelectual que define lo mejor de la universidad y la academia, y nuestra UNAM en particular. Su querida esposa Marta Luján, nuestra querida maestra Marta, siempre lo acompañaba y se encargaba con él de atender, enseñar, y también encaminar y cuidar a sus estudiantes. Juntos, nos proporcionaban un espacio académico seguro e igualitario, donde sabíamos que merecíamos ser escuchados y respetados. Tristemente, esa no era la norma en la UNAM de la década de los ochenta, ni lo es el día de hoy. Porque Alfredo y Marta no sólo nos prodigaban conocimientos y atención, sino también afecto. Las “prácticas”, excursiones de cuatro o cinco días a sitios arqueológico más o menos remotos (Palenque, El Tajín, etcétera) eran aventuras democráticas en las que comíamos, caminábamos, aprendíamos, cantábamos, conversábamos y al final bailábamos juntas y juntos, siempre con Marta y Alfredo. Eran también un espacio de li-

bertad personal y sexual excepcional en el México de entonces. Como historiador, pero sobre todo como persona, tuve la inmensa fortuna de conocer más de cerca la generosidad de Alfredo. Cuando elegí un tema mesoamericano para mi tesis y le pedí que fuera mi asesor, varies de mis compañeres me expresaron su envidia. Y tenían razón: trabajar de cerca con él en mis tesis de licenciatura y luego de doctorado fue una experiencia excepcional. En primer lugar, por todo lo que me enseñó y las sugerencias tan valiosas que me hizo, desde luego, pero sobre todo porque me trató como un colega desde el primer instante y me enseñó a investigar y reflexionar académicamente como un verdadero maestro que transmite un oficio. Alfredo me decía que no quería tener discípulos, y por ello aceptó siempre mis cuestionamientos, respondió siempre a mis inquietudes y se mostró dispuesto a aprender de mí, a que aprendiéramos juntos. En nuestras conversaciones, siempre debatimos, acordamos y disputamos con absoluto respeto. Muchas veces comprobaba, con orgullo, que él leía los autores que yo le sugería y que se dejaba seducir por sus ideas. Juntos exploramos discusiones teóricas y metodológicas que fueron clave para la construcción de su modelo sobre la cosmovisión: el estructuralismo, el formalismo ruso, la teoría de los géneros de Todorov y Bajtin, las discusiones teóricas sobre mitología. En 1994 publicó Tamoanchan y Tlalocan, donde afinaba su propuesta y le daba una gran fuerza de explicación del arte, los mitos, la cultura. Alfredo López Austin siempre se definió y se comportó como un científico. Un hombre consagrado al conocimiento racional y autocrítico, un materialista histórico riguroso y creativo con un compromiso profundo para transformar la realidad. Era irreverente con la autoridad e indiferente con los premios y las distinciones de oropel. Nunca le gustaron las

academias ni las jerarquías. Trataba con igual respeto a sus estudiantes que a las vacas sagradas. Desde su postura clara, desde su franqueza siempre respetuosa, no temía cuestionar frontalmente al poder, defender lo que consideraba la verdad. En 1987, cuando las y los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario hicimos una huelga y marchamos al Zócalo de la Ciudad de México, rompiendo dos décadas de prohibición autoritaria marcada con la sangre de nuestras compañeras y compañeros de 1968, muchos sentíamos menos miedo porque sabíamos que Alfredo estaba con nosotras y nosotros y que nos defendería sin miedo ni contemplaciones. En 1995 Alfredo me pidió que lo sustituyera por un año en su curso de Mesoamérica en el Colegio de Historia. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida y también una de las responsabilidades que más nervios me han provocado. No pretendí imitarlo, impartí un curso muy diferente al suyo, lo que él aceptó con toda naturalidad, con su habitual respeto. Lo único que me exigió fue que hiciera la “práctica” semestral a Oaxaca. Me explicó que para muchas y muchos estudiantes esta sería la única manera de poder visitar estos sitios arqueológicos. Con su habitual buen humor, Marta me recordó también que era un espacio de libertad y convivencia fundamental para ellas y ellos: “Los novios te lo agradecerán”. Lo hice y fue entonces que calibré la inmensa humanidad de ambos. Hacerse cargo por unos días de varias docenas de adultos jóvenes, autónomos, contestatarios, reventados y diversos, que se aprovechaban de libertades fuera de lo común mientras viajaban por este país violento y sorprendente, requiere compromiso y sabiduría, empatía y atención, respeto y autoridad, pero sobre todo, mucho cariño. En eso podremos convenir todas las alumnas y alumnos de Alfredo: su mayor enseñanza era ésa, su humanidad, su integridad, su sencillez.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LA ARBITRARIEDAD COMO FORMA Y ESTILO DE GOBERNAR Elisur Arteaga Nava

MLO, que al rendir su protesta como presidente de la República protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes, ha faltado a su palabra. No es una novedad. Lo ha hecho una y otra vez desde el primer día de su mandato. Al parecer lo seguirá haciendo hasta que abandone el cargo. Es su estilo; ese será el detalle por el que será recordado. AMLO viola la Constitución y las leyes a la más mínima provocación: porque sí y porque no. Por ignorancia, por exceso de conocimiento o porque le da la gana, como es el caso que ahora me ocupa: el decreto publicado el 22 de noviembre pasado. Lo que digo ahora no es extemporáneo. Ya lo había adelantado en una colaboración que el portal de Proceso publicó el 24 de noviembre. Ahora me limito a engrosar mi dicho y a aportar elementos de juicio adicionales que complementan mi argumentación original. La Constitución Política es susceptible de ser reglamentada. Hacerlo implica llevar al detalle y hacer operantes las instituciones previstas en ella. Están facultados para hacerlo el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades. En aplicación del artículo 124 constitucional, debe entenderse que, por regla general, las facultadas para hacerlo son éstas, las legislaturas locales. El Congreso de la Unión lo puede hacer en los casos en que la Constitución lo faculte expresamente a hacerlo, aluda a una ley federal o se trate de una institución nacional. La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I de la Constitución, confiere al presidente de la República está referida a un rubro específico: las leyes que expida el

Congreso de la Unión. No puede hacer extensible esa facultad a rubros diferentes; entre otros, no puede reglamentar la propia Constitución. El presidente de la República, al ejercer su facultad reglamentaria, tiene limitantes: sus reglamentos sólo se justifican si existe una ley; ellos no pueden contradecir la ley que llevan al detalle, excederla, o prolongar su vigencia más allá de aquella. El supuesto “Acuerdo” viola esos principios. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado (artículo 16 constitucional). Fundar significa invocar una norma que faculte o autorice a la autoridad a emitirlo y a hacerlo en los términos y forma en que se hace. Nadie, incluyendo al presidente de la República, funda su actuación cuando, en un acto de autoridad, simplemente alude a preceptos constitucionales que no justifican su actuación; y, mucho menos, cuando lo hace en preceptos que aluden a leyes y no a un acto administrativo, como lo es el decreto del 22 de noviembre pasado. Respecto de las leyes que emite el Congreso de la Unión, el presidente de la República tiene una facultad acotada: cumplirlas (artículos 87 y 89, fracción I). Carece de facultades para dejarlas sin efecto, para privarlas de los elementos que son inherentes a ellas: imperio, generalidad y abstracción. No puede instruir a sus inferiores a no cumplir las leyes. Viola la Carta Magna cuando lo hace. Por su parte, los funcionarios y empleados de las dependencias federales no pueden dejar de cumplir las leyes. Incurren en responsabilidad cuando no lo hacen. Llegado el caso, no justifica un incumplimiento el alegar haber realizado un acto contrario a la ley en obediencia de órdenes de su superior jerárquico.

Cuando el presidente de la República, por sí, declara de interés público y seguridad nacional diferentes supuestos: Usurpa una función que es de naturaleza legislativa y que, por serlo, corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión (art. 21); Priva a los jueces federales de las funciones de juzgar, conceder suspensiones y, en general, de las facultades jurisdiccionales que derivan a su favor de la Constitución (arts. 103 a 107); Aumenta, por virtud de un acto administrativo, el número de supuestos en que los jueces de amparo deben negar una suspensión (art. 129 de la Ley de amparo). El atentado se torna más grave si se toma en consideración que quien lo hace es una autoridad administrativa que, en los más de los casos, en los juicios de garantías es señalada como autoridad responsable; es decir, alguien que es parte en un juicio de amparo, por sí, altera las bases que el legislador ha fijado para que los jueces otorguen o nieguen una suspensión; Deja sin efectos las leyes que señalan los supuestos, requisitos y procedimientos que deben cubrir las autoridades y particulares para la realización de una obra o de un proyecto. Cuando el legislador señala requisitos, términos y modalidades para la ejecución de obras, proyectos o empresas, lo hace por cuanto considera que ellos requieren, en bien de la sociedad, de la ecología o de la preservación de ciertos valores, la realización de diferentes acciones preliminares o previas; y En el supuesto anterior, cuando el presidente de la República, que es una autoridad ejecutiva y no legislativa y mucho menos constituyente, dispensa la observancia de esos

requisitos, lo que hace es usurpar una facultad que la Constitución le niega y que, en cambio, ha confiado al Poder Legislativo. En virtud de lo anterior, es evidente que existen sobradas razones para ocurrir a la controversia constitucional o al amparo para obtener una definición de los tribunales de la Nación. Respecto de lo declarado por la presidente del Senado, en el sentido de que no existe interés jurídico para que ese cuerpo colegiado recurra un acto del presidente de la República para cuestionar, por inconstitucional, el decreto publicado el 22 de noviembre pasado, ignora el principio de que cuando existe la sospecha de que un acto de autoridad es violatorio de la Constitución, es obligación de todo servidor público o particular recurrir ante las autoridades competentes para obtener una definición, mucho más lo es, como en el caso concreto, que existe una invasión a las facultades que corresponden al Legislativo. No es pecar de exceso el que una autoridad recurra ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener una definición, cuando la opinión pública y los especialistas señalan que tal o cual acto está viciado. Insisto, en lo relativo a la observancia de la Constitución y respeto a lo que ella dispone, nunca una autoridad pecará de exceso. Eso es lo que va con el estado de derecho. Fue absurdo, y hasta risible, que una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se entiende es experta en derecho y, en especial, en derecho constitucional, haya declarado que respecto de recurrir o no a la controversia constitucional de parte de la Cámara de Senadores, consultaría a sus asesores. ¡Eso no lo puede decir ella!

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

SOBRE LA SERENIDAD Ricardo Raphael

ste que está por concluir no ha sido un año sereno. Desafiaron lo cotidiano en este 2021 el caos que trajo la pandemia, las dificultades económicas, el miedo a la violencia y la radicalización de la política. Tanto las emociones íntimas como las públicas se pronunciaron a favor de la agitación. Fuera quedó cualquier posibilidad de abrazar reflexivamente las grandes utopías que nos reúnen. Quizá sea ingenuo pedir serenidad en estos tiempos –sobre todo a quienes gobiernan– y, sin embargo, la ausencia de esta virtud humana hace difícil imaginar, hacia delante, épocas menos adversas. Predomina el malestar y por tanto también la ira, la que proviene de la indignación y aquella que justifica el ánimo pendenciero. La ira recorre el planeta montada en una larga serie de argumentos que quieren dejar atrás, entre otros males, a la discriminación y la violencia, el patriarcado y los privilegios, la concentración de la riqueza y el clasismo, la corrupción y el mal gobierno. La ira es un sentimiento que nombra, ofrece conciencia y moviliza; por eso es capaz de detonar revoluciones. La política contemporánea le debe mucho a la ira: los indignados, el feminismo de cuarta ola, el movimiento Black Lives Matter, Podemos en España, Gabriel Boric en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Pedro Castillo en Perú, Cinco Estrellas en Italia, la República en Marcha de Emmanuel Macron en Francia y el paro nacional en Colombia son todas expresiones que han galvanizado una extensa base social –la mayoría de las veces capaz de expresarse en las urnas– gracias a una idea más o menos radical de justicia. Tal como advierte en su libro La ira

y el perdón la filósofa estadunidense Martha Nussbaum, “hacer que las personas se den cuenta del carácter injusto del trato de la sociedad es el primer paso para el progreso social”. Sin embargo, diría también Nussbaum, que la ira no es una emoción que deba prolongarse en el tiempo, porque así es como da paso a la venganza que, en vez de transformar, sala la tierra donde deberían germinar los cambios. En efecto, la iracundia vengativa perpetúa el caos porque es desproporcionada; lejos de equilibrar la balanza termina quebrándola, no conoce la contención, es obsesiva y también irracional. Cuando la justicia revolucionaria no deviene en justicia política –es decir, en leyes e instituciones basadas en argumentos–, la ira es la llave que abre la puerta a la política del resentimiento. Decía el filósofo inglés del siglo XVII Joseph Butler, que cuando el resentimiento se hace masivo –cuando se convierte en el principal cemento que reúne al conjunto– debemos esperar lo peor. El resentimiento es una de las expresiones más pueriles del narcicismo. Quien bebe de sus aguas predica una supuesta superioridad moral: la política del rencor no quiere restituir justicia ni igualar ni enfrentar las asimetrías o promover la honestidad, sino elevar a quien la ejerce para humillar, descartar y menospreciar al semejante. Este es el razonamiento principal de Nussbaum: la justicia revolucionaria sin justicia política (leyes e instituciones) deriva en una acción resentida de masa dispuesta para amplificar la arbitrariedad. El Terror de la Revolución Francesa, la Inquisición de la Iglesia católica, el genocidio nazi o la Revolución Cultural en China son algunos, entre

muchos ejemplos históricos, del destino al que conduce la política que apela al resentimiento. Hay un elemento principal que impide a la ira convertirse en venganza y a la revolución en política rencorosa. Se trata de la noción de futuro. Mientras la venganza y el encono son emociones ancladas en el pasado, la transformación y la justicia miran hacia el porvenir. En efecto, no hay resentimiento que contagie sin antes apelar a lo que sucedió ayer. El rencor se alimenta de lo que fue, se sostiene de las injusticias cometidas por las generaciones previas. El resentido no puede vivir el presente ni reflexionar sobre lo que viene: el pasado lo ocupa todo, lo aliena y le arrebata identidad. La noción de futuro, en cambio, obliga a reconciliar como única vía para trascender las razones de la ira. Para ser viable, la conciliación no puede negar los argumentos que provocaron el malestar, pero requiere ir más allá. Pide echar mano de la política de la aproximación que se encuentra justo en la orilla opuesta del resentimiento. No se trata de perdonar, mucho menos de olvidar los agravios, sino de acomodar con virtud a quienes coexisten dentro de la misma comunidad, bajo reglas e instituciones reformadas con el propósito deliberado de conjurar los motivos originales de la ira. Ese acomodo reconciliatorio únicamente puede lograrse a partir de la serenidad. Es decir, dejando atrás las furias para que su lugar lo ocupen la justicia reflexiva, el diálogo, el respeto y la negociación. No creo que en 2022 habrá lugar para la serenidad, tampoco para la reconciliación, pero en estas fechas de celebración nos merecemos imaginar lo deseable, aunque sea por un instante.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ANÁLISIS A FONDO: GRANDES RETOS DE 2022 Francisco Gómez Maza

• Controlar la inflación, el meollo del problema • La carestía de pauperiza mayormente a los pobres

os retos de 2022 para la economía nacional son controlar la creciente subida de la inflación, lograr tasas de interés realistas, ni inflacionarias ni producto de la inflación, mantener el mercado cambiario en los límites de la oferta y la demanda, para no encarecer las importaciones y si privilegiar las exportaciones de bienes y servicios. El objetivo final sería lograr un crecimiento sustentable del Producto Interno Bruto real, lo que significaría un crecimiento económico sano que diera para todos, capital y fuerza de trabajo. Las recientes presiones inflacionarias, además de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos por parte del banco de la Reserva Federal (Fed), serán los dos grandes retos que tendrá el Banco de México (Banxico), de acuerdo con reflexiones, en semanas pasadas, del hasta ahora gobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Las expectativas que los expertos económicos han mantenido en torno a la inflación general y subyacente, para los cierres de 2021 y 2022, habían venido aumentando, si bien la mediana de los pronósticos de inflación subyacente, para el cierre de 2022, se mantuvo constante. En el Tercer Trimestre de 2021 (3T-2021), la inflación anual de todas las regiones presentó ni-

veles elevados, pues continuó resintiendo los efectos directos e indirectos asociados con la pandemia. Posteriormente, se incrementó aún más, en noviembre, para situarse en el norte, el centro norte y el sur en los mayores niveles en década. En todas las regiones, la inflación subyacente mostró una tendencia creciente en el 3T y a principios del 4T-2021. Ello fue reflejo de presiones de costos, cuellos de botella en las cadenas de suministro, una reasignación del gasto de los hogares hacia las mercancías, así como de una gradual reapertura de servicios. En el 3T-2021, la actividad económica en las regiones se vio afectada por el recrudecimiento de la pandemia en todas ellas, las continuas disrupciones en las cadenas globales de suministro, que perjudicaron particularmente a la industria automotriz en el norte y las regiones centrales, así como la reducción en los servicios de apoyo a negocios, que se prevé haya influido especialmente a la evolución de la región centro. Hacia delante, se anticipaba que la recuperación económica regional continuaría. El avance en el proceso de vacunación seguiría siendo clave para fomentar la recuperación de la actividad, especialmente en las regiones que se especializan en el comercio y los servicios. Ello, sobre todo ante el riesgo de

la nueva variante o de otras que pudieran surgir. El impulso proveniente del mercado externo era muy probable que siguiera apoyando el crecimiento de las regiones con una mayor vocación exportadora, particularmente el norte y las regiones centrales, si bien la escasez y el encarecimiento de los insumos podría continuar siendo un reto. La construcción de grandes proyectos de infraestructura pública en el centro y el sur continuaría generando una derrama económica importante en esas regiones. Sin embargo, se requería fomentar las condiciones adecuadas para la recuperación de la inversión privada, como el fortalecimiento del estado de derecho y mejores condiciones de seguridad pública. Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2021 y 2022 disminuyeron. Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense, para los cierres de 2021 y 2022, se revisaron al alza. Así pues, las expectativas no eran, desde entonces, muy favorables para la economía, menos para la fuerza de trabajo, porque, por ejemplo, la inflación depaupera mayormente a los pobres, a los trabajadores. Al capital, hay que ser honestos, la inflación le hace lo que el viento a Juárez.

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Chiapas, peor que Veracruz: urge emitir la desaparición de poderes • Rutilio Escandón no puede ante el descontrol y violencia generalizada * La inestabilidad política del estado fallido rebasan también al secretario de Gobernación Adán Augusto López *¨La entidad enfrenta similares acontecimientos de 1994 y 1997

l pasado 22 de diciembre se conmemoraron 24 años de la matanza de Acteal en el municipio de Chenalhó, Chiapas. “Gobernaba” entonces el usurpador Julio César Ruiz Ferro con la complicidad del gran simulador (Rafael Loret de Mola dixit) Ernesto Zedillo Ponce de León y la comparsa del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor. Para hacer gobernador a un personaje tan mediano e ignorante se recurrió a un artero fraude de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Después de la renuncia del gobernador electo Eduardo Robledo Rincón, procedía nombrar un gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias. Sin embargo, a Ruiz Ferro se le hizo dos veces gobernador interino y una “sustituto constitucional”, con el propósito de completar el periodo de seis años, hasta el 7 de diciembre de 2000. No hubo tal. La masacre de Acteal provocó su vergonzosa defenestración, pero arropado por el manto de la impunidad presidencial, en vez de ser procesado y encarcelado, se le perdonó su grave omisión de no saber gobernar. La dimisión alcanzó también al secretario de la gobernanza del país, Chuayffet Chemor, quien de aspirante presidencial pasó a ser un cadáver político, en expreso reconocimiento de su incapacidad como depositario de la seguridad nacional. Apenas cuatro años antes, el 1 de enero de 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) provocó la caída de otro secretario de Gobernación y otro gobernador del Estado de Chiapas: Patrocinio González Garrido y Elmar Harald Setzer Marseille. Ahí también falló la seguridad nacional. Patrocinio González había sido gobernador de Chiapas entre 1988 y 1992, y ni por enterado se dio de que desde hace varios años hubo preparativos de movimientos subversivos que derivarían en un alzamiento como el de Año Nuevo de 1994. La abulia para gobernar de Elmar Setzer fue otro factor que propició un alzamiento no detectado, pero

pensado y preparado con varios años de antelación. Como siempre, Chiapas pagó la falta de capacidad de los gobernadores para gobernar. Elmar Setzer tenía como único mérito haber sido presidente municipal de Yajalón en 1968 y la fortuna de conocer al entonces diputado federal, por ese distrito, Patrocinio González. Así, en tan sólo cuatro años, desde Chiapas se provocó la caída de los dos secretarios más poderosos del gabinete presidencial: Patrocinio González, de quien Carlos Salinas de Gortari calificó “como lo que no funcionó”, y Emilio Chuayffet. Curiosamente, los dos también ex gobernadores: Uno de Chiapas y otro del Estado de México. Hoy de nuevo Chiapas se encuentra en el delicado drama de la falta de gobernación y de la seguridad nacional, similares a los acontecimientos de 1994 y 1997. Rutilio Escandón ha perdido el control absoluto de una parte fundamental del territorio de la entidad, desde el lugar en donde se gestó la caída de Ruiz Ferro y de Patrocinio González, y la inseguridad en las principales ciudades del estado. Chenalhó (Acteal 1997), Pantelhó, Chalchiuitán, Larrainzar, Oxchuc, Chamula, Simojovel y gran parte de la zona indígena acusan síntomas muy graves de descomposición política y social. Ante la ausencia de Estado (que no de gobierno), ese vacío de poder lo han llenado grupos de autodefensa como “El Machete y los Ciriles”, quienes se han organizado para desterrar (sic) a la delincuencia organizada que se ha apropiado de la vida política y social de las comunidades indígenas. La grave inestabilidad en el estado de Chiapas ha sido aceptada por

el propio Rutilio Escandón, cuando en el periódico oficial se esgrime como causa de la cancelación de elecciones en seis municipios, la falta de condiciones políticas y sociales para llevar a cabo la votación. El último acontecimiento violento se dio en el municipio de Oxchuc con un muerto y varios heridos, cuando la población trató de nombrar a sus autoridades mediante el procedimiento de usos y costumbres. Ahí tampoco el gobierno del estado tuvo capacidad para dialogar con anticipación y evitar los enfrentamientos entre los dos grupos antagónicos. Con ello Rutilio Escandón acepta que preside un gobierno con todas las características de un Estado fallido: falta de control político y una enorme corrupción judicial, pérdida de control territorial, pobreza extrema y ausencia del uso de la fuerza pública para la tranquilidad y la seguridad ciudadanas. Ese descontrol y violencia generalizada (Hojas Libres del 19 de diciembre de 2021) son motivo suficiente para que el Senado de la República emita la declaratoria de desaparición de poderes en Chiapas. Ello en observancia de la Ley Reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno escandonista encuadra perfectamente en las hipótesis de estado fallido y en dos de la declaratoria de desaparición de poderes: “El quebrantamiento de los principios del régimen federal y cuando los titulares de los poderes locales estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones o con motivo de situaciones y conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la

vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”. Con respecto a la primera hipótesis, Rutilio Escandón quebrantó los principios del pacto federal contenidos en los artículos 40 y 41 de la Carta Magna, al nombrar Consejos Municipales por tres años cuando que debió de haber sido sólo por tres meses, y el Congreso del Estado expedir la convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias bajo el ineludible principio de: “La renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se hará mediante elecciones auténticas, libres y periódicas”. Y con respecto al segundo supuesto, Chiapas se encuentra en permanente situación de ingobernabilidad y de violencia. El gobierno del estado ha sido rebasado por la delincuencia organizada y los grupos de autodefensa, con la consiguiente pérdida de control territorial y la imposibilidad de ejercer el poder legítimo de la violencia. El EZLN ha vaticinado que Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil. No es cosa menor un pronunciamiento de esa naturaleza, cuando que el zapatismo en 1994 declaró la guerra al Presidente de la República y al Ejército Mexicano, con el propósito separatista de una parte del territorio nacional, cuando se le reconociera como fuerza beligerante por organismos internacionales. Un nuevo levantamiento y mayor violencia generalizada en un Estado fallido podría provocar la tercera caída de un secretario de Gobernación y del gobernador del estado de Chiapas. La tragedia en esta ocasión sería mayor. Se convertiría en un drama familiar de enorme trascendencia política entre los cuñados Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón Cadenas. Es evidente que las dos experiencias anteriores evitarán llegar a tales extremos. López Hernández es uno de los presidenciables y los intereses políticos del secretario de Gobernación estarán por encima de cualquier consideración de índole personal y familiar. Deberá de prevalecer siempre la razón de estado. Se percibe entonces la caducidad anticipada del gobierno de Rutilio Escandón. Ampliaremos…

CMAN

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Lunes 3 de Enero de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2291 ECONOMÍA

Esto cuesta el trámite del pasaporte para 2022

INFORME

Repatrian a menores migrantes sobrevivientes de accidente en trailer

PAG. 8

DECLARACIÓN

PRI, al filo de la desaparición PAG. 3

ACUSACIÓN

PAG. 8

REPORTE

Caso Del Río Monreal vs. Cuitláhuac, el tablero de la guerra

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Juez creó “teorías” para vincular a proceso a Del Río Virgen, denuncian sus hijos La detención y la vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la junta de coordinación política del Senado, no tiene ningún sustento jurídico y responde solamente a una “venganza política”, afirman los tres hijos del inculpado, en una carta que dieron a conocer hoy domingo.

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PAG. 5

Seguidores de AMLO protestan por el derribo de su estatua en Atlacomulco