CONTRAPODER EDICIÓN 2243

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La ausencia de legitimidad

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Las experiencias en Chiapas de gobiernos autoritario han sido recurrentes. Estos reducen los espacios de libertad efectiva, que posibilitaron el enriquecimiento indiscriminado de funcionarios públicos y que pervirtieron el funcionamiento de las instituciones

En la disputa por las posiciones de poder Chiapas es un problema.

Los conflictos crecientes son un riesgo mayor para el secretario de gobernación.

Y más por la relación familiar que existe entre el gobernador y el secretario.

Situación que enciende la versión de un nuevo interinato en la entidad.

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EN CHIAPAS

Jueves 14 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2243

DEMANDA

REPORTE

Haitiano denuncia que agentes del INM provocaron un aborto a su esposa tras ser golpeados

En conferencia de prensa, Edelince Morange narró que el 11 de septiembre salió de Tapachula hacia esta ciudad, pero se dirigió por Frontera Comalapa, donde agentes del INM bajaron a todos los haitianos de un camión.

Reportero de Breitbart NewsCartel murió “por ahogamiento” en Chiapas: Fiscalía

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ACUSACIÓN

Pasajero procedente de Estados Unidos denuncia Robo descarado en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo

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HOY ESCRIBEN

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CNDH reporta 11 víctimas de tortura y 4 de tratos crueles, inhumanos y degradantes en Nochixtlán

Ruperto Portela Alvarado

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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NUEVA DESIGNACIÓN EN SCJN ¿ES POSIBLE LA PARIDAD DE GÉNERO?

ACCIONES

Levanta plantón el FNLS de plaza central en San Cristóbal

ÍNDICE...

Ana Lorena Delgadillo Pérez y Cristina Santoyo PAG. 13

EL ESPECTRO EN EL CAJÓN Jorge Bravo

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LOS PEORES EFECTOS DE LA MIGRACIÓN SON PARA LA NIÑEZ, MUJERES Y FAMILIAS MIGRANTES Carmen R Ponce Meléndez PAG. 5

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Jueves 14 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL La ausencia de legitimidad

L

as experiencias en Chiapas de gobiernos autoritario han sido recurrentes. Estos reducen los espacios de libertad efectiva, que posibilitaron el enriquecimiento indiscriminado de funcionarios públicos y que pervirtieron el funcionamiento de las instituciones; desnaturalizando el papel del poder judicial, de los diputados y de los partidos políticos, quienes dejaron de representar el interés general de la población, situación que pone en crisis al sistema de impartición de justicia, a la representación política y a las posibilidades de una mejora de la vida pública En el actual gobierno, el autoritarismo continúa presente y con ello las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

La última muestra de ese autoritarismo fue la forma inadecuada e inconstitucional en la que la Comisión Permanente del Congreso Local aprobó la integración de seis concejos municipales sin tener atribuciones legales para hacerlo y violando con ello el

principio de legalidad. El de de la participación política y el derecho que le asiste a las personas de votar y ser votado En concreto, lo que ha hecho el Congreso Local, de no regularizar la ilegalidad de la anterior Legislatura, fue sustraerse de su responsabilidad y de su obligación de legislar en el marco de la Constitución. Y en consecuencia está generando un profundo malestar, que impide a estos concejos su correcta integración, en virtud de que fueron nombrados, pero no se les tomó la protesta de ley, que la debe realizar el Congreso Local, y que tampoco desempeñan la función, ya que sobre la base de los hechos fueron destituidos antes de tomar posesión.

De igual manera, el autoritarismo gubernamental se hace presente en el control de los medios, que difunden con intención malsana, los boletines oficiales que faltan a la verdad y que encubren las malas decisiones del gobierno, en donde Chiapas, por los estándares de conflictividad, representa la viva imagen del caos. Sin embargo, las protestas en contra

de la designación de los Concejos Municipales son muestras evidentes del rechazo, que hay en un sector importante de la sociedad, al desempeño de los diputados.

Ese poder, por la forma en que está integrado resulta hoy día inútil y si esta legislatura no subvierte su dinámica de sumisión, es posible que los grupos manifestantes conviertan al Congreso Local en el termómetro político, donde la población proteste por la toma de malas decisiones El mensaje político que está implícito en la aprobación de votaciones unánimes en el Congreso resulta equivocado, porque en lugar de mostrar la existencia de un consenso hacia el gobernante, lo que se demuestra con esas formas, es la ausencia de discusión y reflexión, que tienen como significado la presencia de un gobierno en la dictadura en lugar de una democracia. Esto tiene como consecuencia que la resistencia a esas formas autoritarias se manifiesta en las calles, en virtud de que las instancias institucionales se encuentran lamentable y equivocadamente clausuradas.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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EN CHIAPAS

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

U

n migrante haitiano denunció hoy que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) provocaron un aborto a su esposa, luego de que los golpearon en un retén en Frontera Comalapa.

En conferencia de prensa, Edelince Morange narró que el 11 de septiembre salió de Tapachula hacia esta ciudad, pero se dirigió por Frontera Comalapa, donde agentes del INM bajaron a todos los haitianos de un camión.

A algunos los dejaron regresar para abordar la unidad, pero cuando él y su esposa intentaron hacerlo, les impidieron el paso y fueron golpeados porque se opusieron a ser detenidos.

En el forcejeo, Edelince Morange fue golpeado con una llave que llevaba el agente y le tiraron un diente, mientras que su esposa fue derribada al suelo y la lastimaron tanto que terminó en un hospital de Comitán, donde perdió el producto de su gestación de seis meses.

Además indicó que, tras la agresión, su hija sufre secuelas psicológicas que no le han sido atendidas y tiene pesadillas.

De acuerdo con Morange, en un primer momento pretendieron no hacer público lo que les pasó, pero a casi un mes de los hechos y con pruebas de lo ocurrido se decidieron a romper el silencio.

Señaló que no todos los agentes del INM actúan con violencia, pero en particular los que estaban en un retén con agentes de la Guardia Nacional, en Frontera Comalapa, sí fueron violentos con él y su esposa.

“Yo no sé por qué ese trato a los haitianos, si venimos pacíficamente”, lamentó.

Sostuvo que ellos no vinieron a pelear a México y que, como todos los ciudadanos en este país, deben acatar las leyes mexicanas. Emigrar no es un delito en

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Nueve días después de ocurridos los hechos, la Fiscalía General de estado (FGE) dio a conocer la muerte “por ahogamiento” de Gerardo Antonio Moreno Aranda, reportero del medio Breitbart News-Cartel.

Originario de Monterrey, Nuevo León, pero nacionalizado estadunidense desde 2012, el ciudadano mexicano-americano fue hallado muerto el pasado 4 de octubre en un balneario del centro turístico de Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas.

La FGE precisó que a través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa abrió una carpeta de investigación por la muerte de una persona de nacionalidad estadunidense identificada como Gerardo Antonio Moreno Aranda.

De acuerdo con las investigaciones, la mañana del 4 de octubre se recibió el reporte de denuncia del cuerpo de salvavidas de Puerto Arista, indicando el fallecimiento de una persona del sexo masculino en la orilla de la playa, específicamente a la altura del Hotel Careyes, en el poblado de Puerto Arista, quien recibió

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Haitiano denuncia que agentes del INM provocaron un aborto a su esposa tras ser golpeados por parte de su personal.

este país, migrar es un derecho, abundó.

Detalló que vienen de un país con inseguridad y violencia, con pobreza extrema, que ha sido asolado por terremotos, por el magnicidio de su presidente y devastado por huracanes.

Y llegaron a México no con armas de juego o cuchillos, sino armados de valor para trabajar y sacar adelante a sus familias.

Morange señaló que sus hermanos haitianos lo eligieron como líder de la comunidad en esta frontera sur, pero no para pelear violando las leyes mexicanas, sino para pelear pacíficamente que se les respete el derecho a migrar y buscar una mejor calidad de vida.

A esposa de Edelince Morange, líder de la comunidad de migrantes haitianos, agentes del @INAMI_mx le provocaron un aborto de 6 meses de gestación, tras la agresión en retén de #FronteraComalapa, #Chiapas. Aunque los hechos ocurrieron hace un mes hoy decidió romper el silencio. pic.twit-

ter.com/yPr1pxxk3P — Isaín Mandujano (@isain) October 14, 2021 INM suspende a agente Tras la denuncia pública de Edelince Morange, esta noche el INM dijo que reprueba todo acto que vulnere los derechos humanos y la dignidad de las personas en condición de tránsito por territorio nacional.

Y dio a conocer que “suspendió de manera inmediata al Agente Federal de Migración (AFM) que aparece en un video difundido a través de medios de comunicación en el que agrede a una mujer migrante”.

Y, derivado de ello, se dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) del INM, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los efectos que correspondan.

En un comunicado oficial subrayó que basa sus acciones en apego al marco legal y con estricto respeto a los derechos humanos, y no tolerará actos indebidos

Marcha de Tapachula a CDMX Irineo Mujica, del organismo Pueblos Sin Fronteras y Pueblos Unidos Migrantes (PUM), dijo que en Tapachula y México se vive una verdadera crisis humanitaria, “y en esta crisis vemos que realmente las personas más afectadas de todos los flujos migratorios son los haitianos”.

“Hemos visto el horror y realmente la forma y la brutalidad y la tortura que sufren las personas migrantes en el sur, y es algo que no representa a ningún gobierno y ninguna persona de buena fe.

Porque lo que se está haciendo en el sur, son centros de concentración”.

Mujica adelantó que el próximo sábado 23 partirá una marcha-caravana desde Tapachula rumbo a la Ciudad de México, para pedir a las instituciones públicas como el Senado de la República, a los organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a las agencias de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que volteen a la frontera sur mexicana e intervengan a favor de los migrantes haitianos.

Explicó que buscan romper las cadenas para liberarse de esa “ciudad cárcel” que es Tapachula, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene como en un campo de concentración a los migrantes haitianos.

Reportero de Breitbart News-Cartel murió “por ahogamiento” en Chiapas: Fiscalía los primeros auxilios de Protección Civil Municipal, pero ya nada pudo hacerse.

Ante estos hechos, la FGE sostuvo que elementos periciales y de la Policía Especializada se constituyeron en el lugar reportado, donde localizaron y verificaron el deceso de Moreno Aranda, el cual presentaba signos de ahogamiento, por lo que se practicaron las diligencias correspondientes y se aplicaron los protocolos en materia de homicidio.

De acuerdo con la necropsia de ley – abundó--, se reportó que “el deceso de la persona mencionada obedeció a asfixia por ahogamiento por sumersión, como lo estableció el Servicio Médico Forense”.

El cadáver de la víctima fue entregado a sus familiares para su traslado a Estados Unidos, que se realizará en coordinación con autoridades del vecino país.

“La Fiscalía de Distrito Istmo Costa continúa con la comunicación con la Oficina de Servicios a Ciudadanos Estadunidenses, con la finalidad de seguir con la debida integración de la carpeta de

investigación y verificar la hipótesis planteada correspondiente a que la muerte se debió a un hecho culposo, y una vez que se cuente con todos y cada uno de los datos para determinar la situación Jurídica de la indagatoria”, puntualizó la FGE. Según el medio Breitbart News-Cartel, para el que laboraba, Gerry Aranda, como era conocido, se encontraba en Chiapas investigando el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Aranda también estaba investigando la narcopolítica detrás de la crisis migratoria haitiana en la frontera MéxicoEstados Unidos, incluida la participación de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales en el control del tráfico de personas en todo el país”, apunto su medio.

Además, agregó que Aranda obtuvo la ciudadanía estadunidense luego de mudarse de México a Texas en 2012.

Durante su tiempo como periodista en México, Aranda sufrió de amenazas

por parte de organizaciones criminales por sus reportajes. En un evento en particular, una figura central del cártel de Los Zetas, Héctor Raúl Luna Luna, “El Tory”, lo amenazó por revelar su nombre en un artículo.

Aranda inició su trabajo con el proyecto Cartel Chronicles de Breitbart en 2016, con un alias, debido a preocupaciones de seguridad. El proyecto permite que periodistas mexicanos y otras personas escriban bajo seudónimos para que puedan informar la verdad, reduciendo el riesgo de violencia por parte de los cárteles y líderes políticos corruptos que serían el tema de las historias.

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Aprueba IEPC Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, bajo criterios de racionalidad y austeridad

E

n sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual correspondiente a 116 millones 641 mil 142.84 pesos destinados al desarrollo y cumplimiento de las actividades sustantivas de este organismo; mientras que 7 millones 996 mil 873.33 pesos son para actividades de la Contraloría General, y 226 millones 434 mil 139.81 pesos se contemplan para el financiamiento público de los partidos políticos, observando en todo momento criterios de austeridad, disciplina financiera y racionalidad del gasto de este Instituto.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas comentó que este proyecto contiene una propuesta presupuestaria racional, en la que se plasman las necesidades de esta autoridad con mucha responsabilidad. Dijo que la sociedad chiapaneca puede estar segura del esfuerzo de austeridad realizado, sin afectar el cumplimiento constitucional del Organismo Electoral Local: “Estamos seguros que en el Congreso del Estado y las distintas fracciones parlamentarias harán un análisis acucioso de este anteproyecto, y hago votos para que sea considerado tal cual se propone, en la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio 2022, y con ello se respalde la consolidación de este instituto electoral y la atención a sus tareas sustantivas”.

Por su parte, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, externó

que, durante los últimos 5 años, este organismo se ha desempeñado con un compromiso racional y transparente sobre la gestión de los recursos públicos que le son otorgados. Dijo que este proyecto ofrece puntual claridad sobre las actividades en las que se utilizará lo solicitado. “El IEPC seguirá impulsando la perspectiva de género en todas sus actividades internas y con la ciudadanía; daremos seguimiento para que las mujeres electas ejerzan su cargo con plenitud y seguiremos fortaleciendo el talento humano a través de la capacitación y la profesionalización del personal”.

La consejera Blanca Estela Parra Chávez afirmó que el proyecto de presupuesto cumple con lo dispuesto por el Código de la Hacienda Pública del estado. Dijo que el 63% equivale al financiamiento público a partidos políticos y el 37% al sostenimiento para las actividades del IEPC. Asimismo, destacó el intenso trabajo de planeación, de las Comisiones del Consejo General integradas también por las representaciones partidistas. “Este proyecto

refleja la planeación como elemento fundamental para analizar todas las capacidades, fortalezas, y las áreas de oportunidad que se tienen para aprovechar a partir del siguiente año”.

La consejera María Magdalena Vila Domínguez enfatizó el hecho de que con mucha anticipación se esté presentando este proyecto que prevé austeridad, y que en aras de privilegiar la racionalidad no se trastocan las facultades de las Comisiones ni ponen en riesgo la operatividad de las diversas áreas. “Se trata de un proyecto de presupuesto austero, consensado y revisado en diferentes reuniones de trabajo por Comisiones y la Junta General Ejecutiva, que garantiza el buen funcionamiento de este organismo electoral”.

En su oportunidad, el consejero Edmundo Henríquez Arellano señaló que, este presupuesto da las pautas para que este Instituto pueda realizar su trabajo, como lo es la capacitación electoral y el fomento de la cultura cívica, así como el acercamiento del IEPC con las y los ciudadanos, además

de fomentar la votación electrónica.

Afirmó que no será sencillo realizar elecciones en urnas electrónicas, por lo que se requiere de una intensa labor de difusión, presentación en sociedad y con ejercicios vinculantes, que permitan que la ciudadanía tenga confianza en este instrumento; el presupuesto apunta también a esto.

La consejera Sofía Martínez De Castro León, enfatizó que el proyecto presupuestal 2022 del IEPC atiende la transparencia y la racionalidad, y garantiza la vinculación con la ciudadanía en cada uno de los rubros considerados en materia de Educación Cívica y Capacitación. Agregó que las labores y funciones del Instituto requieren la participación ciudadana, por lo que se fortalecerá la promoción y capacitación en los mecanismos de participación contemplados en el Código electoral local, y una presencia más cercana del IEPC con la ciudadanía.

Durante su participación, el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, asentó que la propuesta presupuestal cuenta con las características de ser racional y funcional. “Reconozco al personal involucrado en la realización de este proyecto por la claridad del mismo y la oportunidad de su presentación para la consideración de la Hacienda estatal”.

De esta manera, el IEPC ratificó su compromiso con un ejercicio racional de los recursos públicos, solidarizándose con el contexto económico en la entidad, sin incrementos salariales más que los establecidos en la ley, sin incremento de plazas de estructura, sin incrementos fuera del índice inflacionario y sin gastos superfluos.

Confirma IEPC la pérdida de registro de 2 partidos políticos locales y la pérdida de acreditación de 3 partidos políticos nacionales El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria, el dictamen de pérdida de registro de los partidos políticos locales Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, en razón de no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección del 6 de junio, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. En el mismo sentido, aprobó el dictamen de pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México por la misma razón.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas expresó su postura so-

bre la democracia representativa y el sistema de partidos políticos, señaló que, en temas electorales es importante la existencia de una oferta política plural. “Sin embargo, debe respetarse lo establecido en la normatividad electoral y en las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales”.

“La pérdida de registro y acreditación de partidos políticos no debe coartar el ánimo de participación.

Desde el IEPC, se ha promovido el derecho de la ciudadanía de participar, de organizarse y formar agrupaciones políticas, es importante que el electorado chiapaneco pueda contar con opciones diversas”, enfatizó Chacón Rojas.

El consejero Guillermo Arturo Rojo

Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que, para la declaración de cancelación de registro y acreditación de Partidos Políticos Locales y Nacionales ante este Instituto, se tomaron como base los resultados finales de la elección de diputaciones locales por ambos principios, así como de las elecciones de miembros de Ayuntamiento.

“Derivado de los resultados electorales y de las resoluciones emitidas por los tribunales, los partidos políticos locales Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, así como los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México, no obtuvieron al menos 3% de la votación

válida emitida”.

Cabe señalar que, la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica de los partidos políticos en cuestión. Pero quienes hayan fungido como dirigentes y en candidaturas, deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos de liquidación.

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Levanta plantón el FNLS de plaza central en San Cristóbal Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

E

l Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) determinó levantar el plantón que mantenían en la Plaza de la Paz de esta ciudad y con ello dieron por concluidas las actividades de su Jornada Nacional de Lucha por la Justicia, Verdad y Libertad, aunque advirtieron que continuarán pidiendo la liberación de presos políticos y luchando por la tierra.

En conferencia de prensa, también dieron a conocer que el día 11 de octubre quedó en libertad Armando Hernández Sánchez quien estaba detenido injustamente en el CERSS número 14, “su libertad fue producto de la lucha interrumpida que el FNLS, organizaciones populares, organismos independiente de derechos humanos y personas solidarias hemos desarrollado por la libertad de los presos políticos”.

“El plantón abonó a demostrar que la prisión por motivos políticos es una

“El plantón abonó a demostrar que la prisión por motivos políticos es una verdad inocultable, Armando es el ejemplo, también es una expresión de que a los presos de consciencia se les libera con la combinación entre la lucha jurídica, política y de derechos humanos”

verdad inocultable, Armando es el ejemplo, también es una expresión de que a los presos de consciencia se les libera con la combinación entre la lucha jurídica, política y de derechos humanos”.

Asimismo, aclararon que no le-

vantaron el plantón por la liberación de su compañero, sino que lo hacen porque sienten que han cumplido con el objetivo de visibilizar la resistencia indígena y popular que se conmemora el 12 de octubre.

“El plantón indígena, campesino y

popular fue instalado el 4 de octubre, de esa fecha hasta el día de hoy realizamos diversas actividades de difusión y protesta como son volanteos informativos en colonias populares, mercados públicos, plazas; marchas; pega de carteles; foros, conferencias políticas y presentaciones de libros; cada actividad tiene el objetivo de desenmascarar la política del gobierno actual, quien en el discurso dice respetar los derechos humanos pero que en los hechos reprime y encarcela a luchadores sociales”.

Finalmente, dijeron que mantendrán la invitación que han hecho al pueblo para seguir impulsando la organización popular e independiente, “porque sólo de esta manera garantizamos avanzar hacia el camino de la justicia, a liberar a nuestros presos políticos y detener la represión”.

Pasajero procedente de Estados Unidos denuncia Robo descarado en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis.

11 aspirantes a normalistas comienzan huelga de hambre Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Este miércoles desde las 8 de la mañana 11 aspirantes a ingresar da la Escuela Normal de Educadoras Berta Von Glumer y Leyva iniciaron una huelga de hambre para exigir los espacios en esta institución.

En entrevista Alexa Fernanda dio a conocer que solicitan la ampliación de 11 matrículas que desde hace tres meses vienen solicitando y hasta el momento la Secretaría de Educación no da solución a su demanda.

Recodaron que, el pasado lunes habían tomado la misma decisión, sin embargo, las autoridades edu-

cativas habían programado una reunión a la que asistirían este martes, pero todo se suspendió, fueron engañadas otra vez.

Las jóvenes recordaron que, en todos los años siempre se abre un grupo para aquellas aspirantes que por una u otra razón no pasaron el examen, pero esta ocasión las autoridades se han negado a atender estas demandas.

“Nosotras lo que queremos es estudiar, tenemos vocación para ser maestras, nos ofrecen otras carreras, pero nosotras no las queremos cursar, queremos ser educadoras y estaremos en huelga hasta que atiendan nuestras demandas”, expresó.

Un ciudadano procedente de Estados unidos denunció un presunto robo de su equipaje que sufrió en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo de Chiapas, en la que nadie respondió por lo sucedido.

Acá el relato de la víctima: El día lunes 11 de octubre a las 5:30 pm arribé al Aeropuerto Ángel Albino corzo proveniente de Indiana, USA. En una conexión dentro del país vecino hubo un retraso que provocó que mis maletas llegaran en el siguiente vuelo que era el de las 8:30. En Chiapas vivo en Villacorzo, considerablemente retirado por lo que opté regresar por las maletas al siguiente día.

Continuó diciendo que: El día martes 12 de octubre a las 8 de la mañana me dirigí al aeropuerto a recoger mis maletas con la compañía de Aeroméxico, recibí mis maletas sin ningún daño visible de violaran mis candados pues mis tres maletas venían bien aseguradas. Al llegar a mi domicilio y abrir mis maletas me di cuenta que la cantidad descarada de cosas que me hacían falta; artículos nuevos y ya de uso. Por mencionar los siguientes: nuevos: Par de botas de hombre, un par de tenis para mujer, un par de tenis de niño, una

bolsa de dama, 3 pares de sandalias, un cinturón de dama, par huaraches de caballero, aretes para niña (oro 14k), reloj Casio de caballero.

Usado: artículos de higiene, perfumes, bisutería, navaja Suiza, zapatos de mujer.

“Quizás mis pertenencias no me las devuelvan, pero quisiera alertar a los consumidores de que revisen sus cosas y no las pierdan de vista. Es una barbaridad la cantidad de cosas que me robaron, y es seguro que no las recupere, pero quisiera que la gente lo supiera pues no es justo que las cosas que uno compra con tanto esfuerzo para traer a sus familiares, terminen en manos de personas tan sin vergüenzas como los empleados de equipaje Aeroméxico Tuxtla Gutiérrez, pues fue en el aeropuerto donde pasaron toda la noche mis maletas y están tan bien aplicados en sus mañas que abrieron los candados sin dañarlos. Hago un llamado a la gerencia de Aeroméxico para que investigue la clase de rateros que tienen de empleados”.

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Rodrigo Hernandez Oaxaca, Oax. (apro)

C

on bloqueos en las vías férreas y carreteras del Istmo de Tehuantepec, así como la expulsión de un grupo de trabajadores que realizan obras en el modernización del ferrocarril transistmico, la Red de Resistencia Civil mostró su músculo para exigir información del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

Organizaciones como Ucizoni, Copir, Maíz y Sol Rojo realizaron una serie de acciones en defensa de la tierra y el territorio; para denunciar la criminalización de la lucha social y exigir información del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Los afectados, agregaron, han “solicitado mesas de trabajo con funcionarios federales y estatales, mismas que no se han realizado, ya que se ha priorizado a autoridades municipales y sindicatos, algunos de estos se han dedicado a especular en la compra-venta de predios o el acarreo de materiales”.

La Red de Resistencia Civil mencionó que “se ha convertido en un referente unitario contra la imposiciones de los megaproyectos, como de las transnacionales mineras, eólicas y gaseras, en esta región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca”.

Y se han sumado a la declaración por la vida del EZLN, exigen la presentación con vida de los desaparecidos, como Ernesto Serna Garcia, libertad para los presos políticos y combatir al capitalismo burocrático, mal endémico colonizante de todos los pueblos indígenas de América latina y el mundo.

El bloqueo férreo se realizó en Es-

Verónica Espinosa Guanajuato, Gto. (apro)

Estudiantes y docentes del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Irapuato solicitaron públicamente al órgano interno de control de la institución que resuelva al menos cuatro denuncias por acoso y hostigamiento sexual contra el genetista Jean Philippe Vienne Calzada, mismas que fueron interpuestas desde enero del año pasado.

La atención a estas denuncias debe sujetarse al Protocolo de prevención, atención y sanción del acoso sexual para la administración pública federal, puesto que se trata de personal adscrito a ese nivel de gobierno, señalaron en una conferencia de prensa ofrecida en Guanajuato este miércoles.

Vienne Calzada es actualmente investigador en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Diversidad (Langebio), del que es uno de sus fundadores, y a pesar de las cuatro denuncias formales -- el órgano de control ya concluyó una, con presunta responsabilidad, y mantiene las otras tres en investigación-- continúa impartiendo clases, sin que la insti-

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Con bloqueos a vías férreas demandan información del Corredor Interoceánico en Oaxaca Organizaciones como Ucizoni, Copir, Maíz y Sol Rojo realizaron una serie de acciones en defensa de la tierra y el territorio; para denunciar la criminalización de la lucha social y exigir información del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

tación Mogoñe, San Juan Guichicovi, Matías Romero Avendaño, Colonia Oaxaqueña, Salina Cruz y la Colonia Jardines de la Revolución, mientras que el bloqueo carretero se realizo en Santo Domingo Zanatepec y Tehuantepec.

Mientras que los ejidatarios de Nuevo Progreso, Otilio Montaño y Palomares expulsaron a un grupo de trabajadores que habían ingresado a sus terrenos a realizar trabajos de modernización del ferrocarril transístmico.

Durante el día colonos y campesinos de Matías Romero, el Barrio de la

soledad y Santa María Petapa se sumaron al bloqueo de las vías ubicado en Rincón Viejo Petapa.

E integrantes de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo establecieron un bloqueo de vías a la altura del crucero de la refinería “Antonio Dovalí Jaime, del Puerto de Salina Cruz y se mantiene el bloqueo carretero que realizan integrantes de la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia a la altura del puente Novillero en San Pedro Tapanatepec que impiden el paso al estado de Chiapas.

En un pronunciamiento, organizaciones indígenas, sindicales y de

derechos humanos condenaron el hostigamiento que vienen sufriendo comuneros, ejidatarios, avecindados, autoridades comunitarias.

En el marco de la lucha en defensa de la tierra y el territorio ante la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Resistencia Civil del Istmo, como Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia (COPIR), también se pronunciaron contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad.

Denunciaron que “el gobierno federal, autoridades municipales y particulares han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, simulando consultas, ocultando información, invadiendo y despojando tierras”.

Además, agregaron, “han venido provocando divisionismo y confrontación en las comunidades y se ha venido hostigando, amenazando y encarcelando a quienes exigen el respeto a sus derechos.

Estudiantes y docentes del Cinvestav en Irapuato acusan de acoso sexual a investigador de Langebio tución haya tomado medidas para separarlo de esta actividad.

Langebio no ha tomado medidas que garantizarían la no repetición en contra de alumnado que se encontraría en riesgo “como el eslabón más vulnerable de la cadena de poder en la institución”, señaló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, asociación civil que acompaña a algunas de las denunciantes en este proceso.

Estos casos fueron inicialmente difundidos a través de la revista Science, en un reportaje publicado el 5 de octubre, en el que algunas de las víctimas expusieron cómo el investigador principal del Langebio “intentó besarlas, las tocó sin su conocimiento, las presionó para que entablaran una relación sentimental, les hizo proposiciones, les envió obsequios y poemas”, y cuando lo rechazaron tomó represalias profesionales, en incidentes ocurridos entre 2013 y 2019, publicó el medio especializado en ciencias.

Angélica Cibrián Jaramillo, bióloga evolutiva en el Langebio, narró algunas

de las situaciones de acoso por parte de Jean Philippe Vielle, a quien ella y otras víctimas describieron como un hombre que se mostraba amable y encantador, pero intentó besarla y le hizo frecuentes insinuaciones de índole sexual.

Ante el rechazo de Cibrián, señaló, la respuesta de parte del científico fue obstaculizar solicitudes de ella para actividades del laboratorio.

En la investigación de Emiliano Rodríguez Mega, el científico acusado negó las conductas que le imputan y calificó los señalamientos en su contra de “espurios y artificiales”.

Las denunciantes han referido que dieron testimonio y entregaron pruebas (entre ellas algunas cartas), pero no contaron con un acompañamiento interno de la institución, ni personal especializado que las auxiliara en el proceso, además de la lentitud con la que el Órgano interno de control del Cinvestav está llevando los casos.

De hecho, inicialmente tres de las víctimas decidieron formalizar sus denuncias contra el genetista ante el

Comité de Ética del Cinvestav sede Irapuato. Sin embargo, esta instancia se declaró incompetente ante la dimensión de lo señalado, y las canalizó al Órgano interno de control.

En la primera denuncia se emitió ya un informe de presunta responsabilidad y se estaría en etapa de resolver si hay sanciones para el investigador y en qué consistirán, pero esto no ha ocurrido, señalaron en la conferencia de prensa.

Estuvieron presentes algunos alumnos del centro de investigación, quienes reconocieron a las denunciantes que alzaron la voz, pues eso los motivó a no quedarse callados ante situaciones de acoso al interior de la institución.

“Gracias a las doctoras que no nos han dejado”, señalaron.

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Me preocupa que mucha infraestructura la esté haciendo el Ejército: titular de SCT Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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l titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, reiteró que le preocupa que muchas obras del gobierno las realice el Ejército, aunque reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está haciendo un buen trabajo en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), en Santa Lucía.

Cuestionado al respecto durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Arganis Díaz Leal volvió a mencionar lo que ya había dicho en marzo pasado, cuando consideró que los grandes proyectos de infraestructura deberían hacerlos los ingenieros civiles.

“Pues yo como ingeniero civil, aunque sí me preocupa que mucha infraestructura la está haciendo el Ejército, la verdad es que están haciendo muy buen trabajo los ingenieros militares, y pues necesitamos sumar todas las capacidades de todo el gobierno para sacar el proyecto de infraestructura del país y estamos trabajando coordinadamente”, apuntó.

Además, explicó que la SCT por conducto de la Agencia Federal de Aviación Civil lleva a cabo un seguimiento puntual de cada una de las obras de instalaciones electromecánicas, así como de aeronáutica del AIFA. Por ejemplo, dijo, hay 10 inspectores de la Dirección General de Ae-

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma del sector eléctrico, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, violaría los tratados internacionales que ha firmado México, incluyendo el T-MEC. En un documento titulado Una reforma que lastima a México: Consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín señaló: “La reforma obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación indirecta. También expondría a México a controversias internacionales Estado – Estado”.

Agregó que la reforma que liberalizó el sector eléctrico en 2013 está incluida en el T-MEC. De hecho, el Artículo 32.11 obliga a las autoridades de México a otorgar a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá en el

Cuestionado al respecto durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Arganis Díaz Leal volvió a mencionar lo que ya había dicho en marzo pasado, cuando consideró que los grandes proyectos de infraestructura deberían hacerlos los ingenieros civiles

ropuertos que están “viviendo” en un campamento de la obra desde marzo de 2020, para poder realizar precertificaciones de cada obra, instalación concluida o en proceso, y procedimientos de terminación.

“El AIFA, según el reporte que nos presenta, porque tenemos reuniones periódicas con la Defensa, es de 75.6 % al 11 de octubre. Y yo estimo, por lo que he visto, que sí estará terminado y certificado en los 660 días que tienen programados para su terminación”.

Arganiz Díaz Leal señaló que la torre de control de Santa Lucía estará en operación el 1 de enero de 2022, y corresponderá al personal de la SCT manejarla.

“O sea, es responsabilidad de no-

sotros. No obstante, el aeropuerto ya se entregó a una empresa que la va a operar, del Ejército, pero nosotros somos responsables, y nosotros somos y tomamos la responsabilidad y vamos a estar trabajando ahí en la torre de control con nuestros expertos para que funcione satisfactoriamente”, abundó.

Sobre la degradación de la calificación del país en seguridad área por incumplir estándares internacionales, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el funcionario federal dijo que se hizo una reestructura de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), porque no cumplió con sus objetivos.

Recordó que la AFAC tiene un plan de acción, con asistencia de la FAA,

que incluye visitas periódicas de la autoridad aeronáutica estadounidense.

Detalló que la primera fue en agosto, del 9 al 13: la segunda del 13 al 17 de septiembre, y otra más el 20 de septiembre, cuando participaron Rolando Larisse, gerente divisional de la Oficina del Estándar de Seguridad, y Nicolás Reyes, director para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de la FAA. “Nosotros planteamos el objetivo de recuperar (la calificación) y estamos haciendo todo el esfuerzo en presupuesto, en personal, en atención prioritaria, en supervisión, para poder recuperar lo más pronto posible esta categoría”.

La FAA, sostuvo el funcionario, ofreció un equipo de expertos de manera permanente para ayudar a México de cara a la siguiente auditoría.

Y, según el secretario, la siguiente visita de la FAA es en octubre y luego otra más en noviembre, para cuando se tendrían solventadas las observaciones.

“La verdad es que nosotros estamos trabajando para que sea lo más pronto posible, pero, bueno, depende de los términos y los tiempos de esta organización que nos va fijando plazos y funciones”, comentó.

Reforma eléctrica violaría tratados internacionales, incluyendo el T-MEC: CCE sector un trato igual al previsto para los inversionistas bajo cualquier otro tratado firmado por México con derechos más amplios, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente negó alguna violación a los tratados internacionales que tiene firmados México.

“La reforma eléctrica no contraviene el tratado; al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz”, dijo.

Por ejemplo, acotó, la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre Comercio, “¿si los costos de energía eléctrica están por los cielos cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica, cómo se industrializa el país”.

De acuerdo con el documento de la cúpula empresarial, México también incumpliría los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs).

“En el caso del T-MEC, la decisión del panel es obligatoria y podría traer represalias comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes” añadió el CCE. Además de violar los acuerdos internacionales, el sector empresarial enumeró cuatro “implicaciones graves” de aprobarse la reforma.

En primer lugar, incrementaría el costo de la electricidad ya que privilegiaría generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es hasta 252% más cara que la del sector privado. Obligaría a las empresas a comprar energía a CFE a precios mucho más altos, generando presiones inflacionarias.

Por otra parte, generaría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional.

El costo de producción total subiría en al menos 62 mil 100 mil millones de pesos anuales, que implica 621 mil millones en una década. En conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos.

Por último, cancelaría la transición energética.

“México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático, yendo en contra de lo que el 85% de la población exige: que se usen más energías limpias. En lugar de lograr sus metas, México incrementaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46%”, explicó el reporte.

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Juez admite analizar demanda del Centro Prodh contra militarización del país Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro).

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l Poder Judicial de la Federación admitió analizar una demanda en contra de la militarización del país, en particular de la Ciudad de México, presentado hace un año por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y que había sido rechazado en dos ocasiones.

La demanda de amparo indirecto señala como responsables de violaciones graves de derechos humanos al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), a los comandantes de la Guardia Nacional y de la Primera Región Militar, al coordinador Regional de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La organización considera como agravio la publicación de un oficio fechado el 8 de octubre de 2020, firmado por el secretario Luis Crescencio Sandoval, donde se señala que las coordinaciones operativas de la Guardia Nacional deben rendir informes de novedades a los comandantes de las regiones militares de la Sedena.

El amparo había sido negado en dos ocasiones por la jueza de Distrito, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió, también en dos ocasiones, a favor del Centro Prodh, al considerar necesario que las autoridades expliquen el acuerdo, que militariza el país.

En su cuenta de Twitter, la organización consideró preocupante que se militarice de manera particular la Ciudad de México, que “ha sido siempre una ciudad de libertades”, además de que “no hay ningún diagnóstico que avale la militarización de la capital”, donde el Centro Prodh tiene su sede.

De acuerdo con el amparo indirecto,

Ezequiel Flores Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en señalar que el litio es un mineral codiciado por corporaciones y grupos hegemónicos, por eso en su reforma eléctrica se plantea que siga en manos de la nación.

Anunció que seguirá informado sobre el contenido de su reforma que está en el Congreso de la Unión, con el propósito de que la sociedad esté informada y exhortó a los legisladores federales a convocar a foros de debate para contrastar las posturas que existen sobre el tema.

“Tengo información de que es un mineral codiciado, más que otros del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías, y tenemos que proteger este mineral. Este mineral es de la nación y no permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes

la jueza Décimo Tercera del Distrito en Materia Administrativa, Ana Luisa Priego Enríquez, emplazó al gobierno federal a que en 15 días hábiles rinda un informe justificado y sus representantes acudan a una audiencia constitucional fijada para el 18 de noviembre, para explicar los motivos por los que el secretario de la Defensa tomó esa determinación.

Según la demanda de amparo, a la que este medio tuvo acceso, se reclama a Sandoval “las acciones y omisiones por las que ha asumido el control operativo de la Guardia Nacional, incluyendo la presunta orden de fecha 6 de octubre de 2020, mediante la cual se instruyó, careciendo de fundamento legal, a las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, entre éstas la diversa autoridad responsable, Coordinación de la Ciudad de México, informe de sus novedades por conducto de los comandantes de la Región Militar de la Sedena, asumiendo así en los hechos el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, pese a que constitucionalmente este cuerpo es definido como ‘civil’”.

Al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se le reprocha “no preservar el carácter civil de la Guardia Nacional, incluyendo la aceptación del control operativo

que hoy detenta la Sedena sobre dicha corporación”, manifestada en el oficio, mismo reclamo que se hace a las demás autoridades.

En el documento, el Centro Prodh acredita su legitimidad en el juicio de amparo al comprobar que es una organización “que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos” desde hace más de 31 años, y “este amparo versa sobre la militarización de la seguridad pública y posibles afectaciones a derecho humanos que esto genera”.

La organización explica que su preocupación es específica “por el control operativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional, incluyendo las unidades de éstas que operan en la Ciudad de México, donde tiene su domicilio y lugar de trabajo la quejosa”.

Para la capital del país, abunda, “no se ha presentado un solo diagnóstico que confirme que se requiere de una fuerza de seguridad federal controlada por el Ejército, ciudad que además ha sido a lo largo de su historia una urbe de ejercicio de libertades que no ha requerido que un cuerpo federal de naturaleza castrense se haga cargo de la seguridad pública en su territorio durante la historia reciente”.

El Centro Prodh considera que el ordenamiento pone en tela de juicio el carácter civil de la corporación, pe-

se a que ese es el carácter que ordena la Constitución, situación que “es de interés público y es una cuestión que puede dirimirse vía interpretación constitucional”.

De igual manera, recuerda que “la presencia de elementos del Ejército en tareas de seguridad o justicia y la preocupación por su relación en la comisión de violaciones a derechos humanos ha sido una constante en las recomendaciones formuladas a México”, y que se remontan desde 1998, tras la primera recomendación al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en 2008, luego de la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louis Arbour, así como expresiones de preocupación por la militarización por parte de otros relatores de ONU desde al menos una década.

La organización resalta que de las 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitidas contra México, seis están relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En su escrito, el Centro Prodh explica que la orden emitida mediante un oficio afecta su “esfera jurídica”, mientras que “obstaculiza la consecución de nuestro objeto social de defender derechos humanos y nos impide el libre y pleno ejercicio de nuestro derecho a defender intereses jurídicamente relevantes, pues efectivamente la militarización de la seguridad conlleva tales afectaciones”.

Asimismo, considera que en el acuerdo fechado el 6 de octubre del año pasado, “las autoridades violan la garantía orgánica contenida en el artículo 21 constitucional, que señala que la Guardia Nacional será una institución civil”, de acuerdo con la reforma llevada a cabo para la creación del organismo de seguridad pública.

El litio “un mineral codiciado por corporaciones”, AMLO pide defenderlo con reforma eléctrica hegemónicos, es lo que contiene la iniciativa de la reforma eléctrica y se va a ir explicando”, señaló durante la conferencia matutina.

Enseguida, aseguró que si la sociedad hubiera tenido información previo a la aprobación de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y avalada por el Congreso de la Unión en ese entonces, seguramente la habrían rechazado.

“Y más si se hubiese consultado, recuerden que reunimos firmas para que se le preguntaran al pueblo y negaron la consulta el Poder Judicial porque todo estaba arreglado entre el Poder Legislativo y Ejecutivo”, señaló AMLO. “La gente no supo que iban a entregar grandes extensiones del territorio

nacional para que empresas privadas sacaran el petróleo, se aprobó así, no les dio tiempo de entregar todo el territorio, solo 100 contratos”, indicó.

El presidente López Obrador mencionó que la reforma energética de Peña Nieto, entregó áreas donde tenían información que había yacimientos petroleros por el contubernio que existía con especialistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Sabían donde había petróleo y fueron a lo seguro, ganaron las famosas rondas, nada más que es tanta la especulación, que recibieron las concesiones y contratos pero no invirtieron en sacar petróleo, han vendido en el mercado financiero las concesiones que ahora están en fondos de inversión”,

aseguró el mandatario.

Recordó que en su momento, los impulsores de la reforma peñista dijeron que iban a extraer millones de barriles pero solo producen 20 mil barriles de petróleo.

“Eso es el resultado de los contratos pero las utilidades que han obtenido en el mercado financiero por la especulación es de miles de millones de dólares”, aseveró.

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CNDH reporta 11 víctimas de tortura y 4 de tratos crueles, inhumanos y degradantes en Nochixtlán Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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más de cinco años del violento operativo en el que participaron agentes de la Policía Federal (PF) y el Ejército contra población civil de Nochixtlán, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió de la existencia de 11 víctimas de tortura y cuatro de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que no habían sido considerados en la recomendación original emitida por esos hechos.

De acuerdo con el documento “Diagnóstico sobre los sucesos de Asunción Nochixtlán 2016: Recomendación 7VG/2017. Un camino para la reparación integral” --dado a conocer este día por el organismo--, del acercamiento con víctimas y organizaciones sociales que acudieron en los primeros momentos de los hechos a la comunidad afectada se pudo identificar que, en el panteón de Nochixtlán, donde hubo “golpes, vejaciones y agresiones psicológicas” contra las personas detenidas, ocho fueron víctimas de tortura cometida por personal de la Policía Federal.

Igualmente refiere que en otro punto de los actos de represión en San Pablo Huitzo, siete personas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, registrándose en tres de ellas evidencias de tortura, actos también atribuidos a agentes de la PF. La CNDH resaltó que en la recomendación original esas víctimas no estaban clasificadas como sobrevi-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Alrededor de las siete y media de la mañana se registraron enfrentamientos entre trabajadores de ICA Fluor en la refinería de Dos Bocas y elementos antimotines de la policía estatal.

En redes sociales circularon imágenes de trabajadores heridos durante el segundo día de su protesta por incumplimiento de pagos y extorsiones de las que son objeto.

Hasta ahora se reportaron al menos dos obreros heridos en el enfrentamiento entre manifestantes de ICA Fluor y elementos del grupo de antimotines de la Policía Estatal y marinos que resguardan la puerta número 2 localizada en Villa Puerto Ceiba de la refinería Dos Bocas.

En imágenes que circulan en redes sociales los trabajadores reportan detonaciones de arma de fuego y gases

vientes de tortura, aunque sí por otros abusos menos graves.

Es más, en la recomendación original no se reportó la existencia de alguna persona torturada. La recomendación 7VG/2017 considera como agraviadas a siete personas fallecidas, 174 lesionadas, 171 afectadas por gas lacrimógenos, 108 con daños psicológicos, 43 con afectaciones patrimoniales, 106 policías lesionados y seis dependencias públicas con daños patrimoniales.

El diagnóstico incluye un análisis del número de recomendaciones emitidas por la CNDH de 2006 a 2018, en las que se documentaron casos de tortura. De acuerdo con el estudio, durante ese periodo la CNDH emitió 177 recomendaciones por tortura, de las cuales en 92 las autoridades señaladas formaban parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha dejado 295 víctimas; 52 emitidas contra agentes que pertenecían a corporaciones policiacas, municipales, estatales y federal, hechos que provocaron 211 víctimas, y 33 recomendaciones di-

rigidas a la Secretaría de Marina por quejas relacionadas con 122 víctimas de tortura.

El organismo cuestiona que, a cinco años de los hechos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “no ha elaborado un plan de atención Integral que atienda las causas particulares más urgentes que se relacionan al hecho victimizante del 19 de junio de 2016”; tampoco existe un plan para que las personas afectadas recuperen su proyecto de vida o fuente de ingresos económicos.

Identificó que “muchas de las personas que no se encontraban presentes el día del enfrentamiento se hicieron pasar por víctimas, con el objetivo de recibir apoyos en materia de alojamiento y vivienda”, por lo que recomendó a la CEAV realizar “un estudio minucioso de aquellos casos en los que se haya falseado información o por prácticas de corrupción relacionadas con la entrega indebida de apoyos económicos”.

Asimismo, urgió a la CEAV a atender a las víctimas en materia de edu-

cación, atención médica y psicológica, así como en asesoría jurídica, temas en los que “no han existido las condiciones ni la política pública adecuada”, como tampoco el personal de la CEAV para atender estos derechos.

La CNDH describió reuniones llevadas a cabo con organizaciones de la sociedad civil: Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), que representa a 44 víctimas; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHPI), y el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), que representa a 130 víctimas En el documento exhorta a la CEAV “a la deuda que mantiene con todas las personas en situación de víctimas de los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Tlaxiaco, Oaxaca, y sus familias”.

Al sostener que “aún se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación a las personas en situación de víctimas”, el organismo también exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar “todas las diligencias necesarias” para acabar con la impunidad en el caso, con la finalidad de reparar integralmente el daño y dar garantías de no repetición, compartiendo el plan e investigación con las víctimas.

A las instituciones involucradas, la CNDH les pidió proporcionar la información necesaria para acceder a la reparación integral, y llamó a cumplir la recomendación.

Reportan enfrentamiento y heridos entre trabajadores de ICA Fluor y antimotines en Dos Bocas lacrimógenos. En alguno de los videos se observa a un trabajador herido de una pierna atendido por otros de sus compañeros vestidos de overol anaranjado.

También, se observa cómo los elementos antimotines de la Policía Estatal arrojaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

Los trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas protestaron desde ayer por la prolongación de horas de trabajo que no son pagadas; además, denunciaron amenazas de despidos si no pagan moches a Ricardo Hernández Daza, a quien ICA le entregó el liderazgo sindical en la obra.

Ante la movilización de miles de

trabajadores, elementos de la Marina y de la Policía Estatal ingresaron desde ayer a resguardar la zona donde actualmente se construyen la planta combinada y la planta de coquización

retardada.

Unos 5 mil empleados abandonaron la obra ayer a las 9:00 horas, no sin antes lanzar gritos y aventar piedras a la maquinaria.

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Reforma electoral debe contemplar reglas para garantizar paridad y atender violencia política del Poder Judicial de la Federación y como resultado fueron electas Maru Campos en Chihuahua; Evelyn Salgado en Guerrero; Indira Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; Layda Sansores en Campeche; y Marina del Pilar Ávila en Baja California.

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

U

na próxima reforma electoral debe contemplar reglas para garantizar la paridad en gubernaturas, la igualdad numérica en la conformación del Congreso federal y hacer efectiva de la Declaración 3 de 3 contra la violencia de género, entre otros temas, afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.

Al participar en la mesa “Rumbo a la reforma política electoral 2021-2024” que se realizó como parte de la “3ra Conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil”, la consejera electoral dijo que también hay que seguir repasando los mecanismos para combatir la violencia política en razón de género.

“Como se dice: los partidos apoyan siempre, digamos, hacia afuera y hasta en los medios de comunicación, pero adentro cuesta mucho trabajo que apoyen y que se rompan estas inercias”, criticó. Es por esto que aseguró que los partidos políticos deben contar con mecanismos y procedimientos para atender la violencia política al interior.

Violencia política La consejera expuso que durante el proceso electoral de 2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, mientras que en el pasado proceso electoral de 2021 aumentó a 347. En este tema, el 13 de abril de 2020 se publicó la reforma en materia de violencia política; sin embargo, dijo que este es el mejor momento para ver qué hay que mejorar.

Para atender esta violencia, Humphrey Jordán agregó que se necesita la colaboración interinstitucional a fin de que todos los organismos involucra-

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

Con el lema “es tiempo de mujeres”, la magistrada Celia Marín Sasaki anunció en conferencia de prensa su registro como candidata a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

La integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal capitalino aseguró que es hora de romper el techo de cristal porque han pasado casi 38 años desde que una mujer ocupó este cargo, la abogada Clementina Gil Guillén, en 1983, es decir, más de tres décadas “sin la visión de una mujer”.

La actual juzgadora aseguró que la presidencia del tribunal es una posición masculinizada, por eso dijo que es necesario un cambio que permita que las mujeres lleguen al cargo más alto en esta instancia. Cabe decir que desde 2017 la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 35 que en los nombramientos del Poder Judicial se

Igualdad numérica

dos garanticen que las mujeres puedan participar como candidatas y ejercer sus cargos libres de violencia y de violentadores.

3 de 3 contra la Violencia En las elecciones de este año el INE promovió la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, un formato por medio del cual las y los aspirantes declararon, bajo protesta de decir verdad, que no tenían condena o sanción firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, ni por ser deudores alimentarios morosos.

Sin embargo, parte de que este procedimiento no haya funcionado del todo bien, dijo, fue la falta de información homogénea para revisar la veracidad de las declaraciones y la necesidad de replantear el principio de presunción de inocencia, que, si bien es un derecho, se debe ponderar frente al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Con este mecanismo sólo se podían cancelar las candidaturas de aspirantes que tuvieran una cadena firme por violencia de género, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil alertaron que en la mayoría de los casos los agresores no son denunciados o si tienen un expediente abierto pasan años antes de llegar a una resolución.

La consejera destacó que diputadas

de todos los partidos políticos, junto con organizaciones de la sociedad civil, llevaron esta propuesta de “3 de 3” al Consejo General del INE, gracias a lo cual se propusieron lineamientos para obligar a los partidos a vigilar el perfil de sus candidatos y candidatas.

Paridad en gubernaturas Para la experta, es importante reconocer que las diputadas que fueron electas en 2018 promovieran una reforma constitucional para hacer realidad la paridad en todos los Poderes del Estado y otra para regular la violencia política de género. Sin embargo, un tema pendiente es regular cómo se debe garantizar este principio en las gubernaturas.

“No todos y no todas entendemos igual que eso (la reforma sobre paridad en todo) incide en la integración paritaria de los órganos de todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos internos”, dijo. Además, agregó que la consecuencia directa de que haya más mujeres en estos órganos es la aprobación de leyes a favor de las mujeres.

En las elecciones de este 2021 el INE emitió lineamientos para garantizar la paridad en gubernaturas. Este acuerdo fue producto de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral

La consejera Carla Humphrey reconoció que este año es la primera vez que se instala una Legislatura en la Cámara de Diputados con 250 mujeres y 250 hombres. “Tampoco fue un tema sencillo y fue un tema que se litigó y que fue un debate muy importante en el seno de Consejo General y creo que tendríamos que regular estas reglas de ajuste dentro de nuestro marco normativo”.

Destacó que es necesario regular la paridad cualitativa al interior de los órganos del Congreso de la Unión y tomar en cuenta que además de que lleguen 250 mujeres, hay que ver qué comisiones presiden, cómo influyen en la distribución del presupuesto y qué leyes aprueban.

Otros temas que puso sobre la mesa fue la creación de una Defensoría Pública Electoral para mujeres, para acompañar las denuncias o quejas que presenten las ciudadanas en asuntos relacionados con sus derechos político-electorales; así como la creación de un registro de deudores alimentarios a nivel nacional para revisar si hay candidatos que se encuentren en estos supuestos, cuya propuesta ya se aprobó en la Cámara de Diputados y sigue pendiente en el Senado.

Estos temas pueden contribuir a los avances logrados hasta ahora, por ejemplo: la obligación de los partidos políticos de dar a las candidaturas de las mujeres el 40 por ciento de su financiamiento público y 40 por ciento de su tiempo en radio y televisión.

Inicia contienda para presidir el TSJCDMX, se registra magistrada como candidata observará la paridad de género.

Marín Sasaki dijo que se postula por dos razones: primero, porque las mujeres viven discriminación si eligen una profesión que “no es la apta” y son cuestionadas cuando deciden contender por un cargo público y esto debe cambiar; y segundo, y porque desde este cargo buscará hacer justicia para las mujeres.

Señaló que entre sus prioridades estará la justicia para las víctimas de feminicidio, para las mujeres desaparecidas y para las víctimas de violencia obstétrica, patrimonial, digital, sexual, económica, psicológica, acoso y hostigamiento sexual. “Que se haga efectiva la garantía de no repetición, que no se repita la injusticia y la opacidad”, dijo.

Cuestionada de a quién busca convencer de la idoneidad de su candidatura, si quienes tienen facultad de vo-

tar son sólo las y los magistrados que integran el pleno del Tribunal, dijo que la ciudadanía también debe estar enterada y conocer quién ocupará este encargo que tiene que ver con el acceso a la justicia como un Derecho Humano.

Detalló que en caso de ser favorecida en la próxima votación que se realizará el 27 de octubre, trabajará por un tribunal imparcial y sin corrupción para que los casos sean resueltos con apego a la legalidad, la justicia y los Derechos Humanos y con la metodología de la perspectiva de género la cual se encuentra detallada en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, elaborado en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actualizado en 2021, y aseguró que todas las personas juzgadoras deben conocer y aplicar estos principios.

Otro candidato que este martes registró su candidatura para el periodo 2022-2055 fue el actual presidente del órgano judicial, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Aunque la votación se hará el 27 de octubre, por acuerdo del Tribunal, el día 25, en sesión privada, las y los aspirantes expondrán su plan de trabajo y las acciones que proponen para mejorar la administración e impartición de justicia. En esta elección votan 79 magistradas y magistrados y la elección se gana con 41 votos.

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LOS PEORES EFECTOS DE LA MIGRACIÓN SON PARA LA NIÑEZ, MUJERES Y FAMILIAS MIGRANTES

“

El mundo no será ni deberá ser el mismo después de la pandemia y que, en consecuencia, es el momento de discutir los fundamentos de un nuevo régimen de acumulación, de un sistema de bienestar y protección social distinto, de un nuevo acuerdo ambiental global y de una gobernanza mundial, regional y subregional compatible con los desafíos que enfrentamos como especie y como planeta.”

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A

la grave problemática de la migración que enfrentan familias completas -en especial niñez y mujeres- con atropello de los Derechos Humanos esenciales y penurias, se suman los “negocios de trata en las niñas”, y la represión que se ha materializado en forma sistemática con escenas como las vistas recientemente, con las familias de migrantes Haitianas.

En los últimos años, la movilidad humana (migración y desplazamiento forzado) desde los países del norte de Centroamérica ha mostrado su rostro más dramático y complejo al haber aumentado el número de migrantes en tránsito, retornados, menores de edad no acompañados, y solicitantes de asilo, así como la cantidad de familias completas y caravanas con alta visibilidad que transitan por dichos países y México.

Ante esta realidad que ha puesto la movilidad humana en el lugar de más alta prioridad en las agendas políticas y de desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas busca coordinar y generar acciones que contribuyan a abordar el ciclo migratorio de manera integral (origen, tránsito, destino y retorno), con una perspectiva no sólo humanitaria, sino también económica, social, ambiental, y centrada en la seguridad humana y los Derechos Humanos”.

“La compleja realidad de la movilidad humana en esta subregión obedece a razones económicas, situaciones de violencia, búsqueda de reunificación familiar y presiones derivadas del calentamiento global.

Además, incluye migraciones regulares e irregulares, desplazamientos internos y el movimiento de menores no acompañados, personas refugiadas y personas solicitantes de asilo.

No es un fenómeno coyuntural, sino una condición estructural.

Como señalan todos los indicadores, estos determinantes estructura-

Carmen R Ponce Meléndez

les se han agravado y profundizado como consecuencia de la pandemia, en niveles que hubiera sido difícil prever hace tan sólo unos meses. No resulta entonces excesivo señalar que a la complejidad descrita del fenómeno de la movilidad se agrega un proceso social que tiene los rasgos de una crisis humanitaria.”

Cepal presenta una propuesta del Plan de Desarrollo Integral; son respuestas innovadoras basadas en la renovación y el fortalecimiento de la relación entre los países del norte de Centroamérica y los estados del sur-sureste de México.

Es un relanzamiento y expanden la escala de la integración regional, construyendo sobre lo ya construido. De hecho aquí el presidente inició este tipo propuestas económicas que dieran arraigo a la población, no sólo de Centroamerica sino la de México, soluciones a una problemática que no es temporal, agudizada por la pandemia y su correlato de crisis. Obvio, con efectos de mediano y largo plazo.

La efectiva concreción de los proyectos de alcance regional, nacional y local del Plan de Desarrollo Integral, será consecuencia del accionar de los gobiernos nacionales y locales, las instituciones de integración regional, los representantes del sector privado y de la sociedad civil, los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y los donantes de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esta agenda”.

“Se propone un camino hacia un estilo de desarrollo económicamente eficiente, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, que responda a demandas apremiantes generadas por situaciones de largo y corto plazo.

De este modo, se impulsa el desarrollo económico en los países de origen para elevar el bienestar de las poblaciones desde un enfoque de seguridad humana y Derechos Humanos. La propuesta identifica respuestas innovadoras con base en la renovación y el fortalecimiento de la relación entre los países del norte de Centroamérica y México, relanzando y ampliando la integración.

Con esta mirada, entre otras cosas, el Plan de Desarrollo Integral: • Incorpora el enfoque de Derechos Humanos y de seguridad humana (empleo, ingresos, educación, protección social, seguridad pública y medios de vida).

• Pone los Derechos Humanos de las personas en el centro.

• Fortalece los esfuerzos y las prioridades nacionales.

• Propone políticas de fomento para áreas rezagadas.

• Valora, protege y capitaliza la riqueza natural y la diversidad cultural de la subregión en beneficio de su población.

• Explora sinergias e impulsa la integración regional.

• Integra la movilidad humana en una visión de desarrollo sostenible.

Incorpora una mirada completa del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno).

• Reexamina aspectos relacionados con la gobernanza, el fortalecimiento de las instituciones y la generación de espacios seguros en las ciudades y lugares de origen y los espacios de tránsito de las personas migrantes para su análisis y abordaje.

La pandemia de COVID-19 ha desnudado nuestras fragilidades y constituye un hecho de alcance mundial que ha revelado la insostenibilidad de un estilo de desarrollo sustentado en la profundización de las desigualdades, la extensión de la precariedad de la reproducción social, la destrucción ambiental y el debilitamiento del multilateralismo y la cooperación internacional.

“En el corto plazo nos estamos jugando el largo plazo. La manera de recuperarse importa tanto como la recuperación misma”. Esta afirmación vale y mucho, es esencial para las definiciones de políticas públicas del gobierno nacional y la atención que pone a su política para las mujeres. En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad.

La pandemia ha puesto en evidencia las condiciones de precariedad en que se desenvuelve la vida de decenas de millones de personas en la subregión en materia laboral

y de ingresos, de acceso efectivo a derechos fundamentales (la salud en primer lugar), de dotación de agua potable y de disponibilidad de vivienda adecuada, condiciones básicas para cumplir las recomendaciones sanitarias.

Como puede constatarse, los factores económicos, sociales y ambientales que están en la base de la acentuación de los procesos de migración, refugio y desplazamiento interno, no sólo persisten, sino que se han agudizado. Informaciones recientes sobre el deterioro de las condiciones de vida, por ejemplo, en el Corredor Seco Centroamericano y otras regiones, permiten hablar no sólo de la intensificación de la movilidad humana, sino también, como ya lo señalamos, de la gestación de una crisis humanitaria.

La posición geográfica de México, su extensa frontera con el país objetivo de todas las y los migrantes, y su estrecha relación económica con Estados Unidos y Canadá signada por un tratado, hacen inevitable y forzoso el fijar claramente una postura humanitaria ante la migración, protectora y más independiente de los intereses del país vecino del norte. Esto es, ha sido y será un tema para las mujeres que se precien de ser feministas.

PD: Nobel de Economía para especialistas por su análisis del mercado laboral. Los resultados de sus investigaciones mostraron que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo. Signos positivos de los nuevos tiempos.

Por fin se reconoce que la gran mayoría de las políticas públicas que tanto han dañado a la clase trabajadora no tienen ningún sustento científico, son ideología que nutre a los dueños del capital y su proceso de acumulación, supercherias como eso de que aumentar el salario provoca inflación o disminuye el empleo. ¡Bravo!.

El Premio Nobel de Economía de este año ha sido compartido entre el canadiense David Card, el estadounidense Joshua Angrist y el neerlandés Guido Imbens.

Con experimentos naturales, Card analizó los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral. “Sus estudios de principios de los años 1990 pusieron en entredicho las ideas recibidas, lo que condujo a nuevos análisis y nuevas perspectivas”, según el jurado.

Gracias a sus estudios, “nos hemos dado cuenta de que los recursos en los colegios son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que pensábamos”.

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EL ESPECTRO EN EL CAJÓN Jorge Bravo

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racaso. Esa es la palabra que define el resultado de la más reciente licitación (IFT-10) de espectro radioeléctrico en México que dejó desiertos 38 de 41 bloques del preciado recurso que podría contribuir a cerrar la brecha digital en el país, pero su costo es altísimo.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso a licitación 41 porciones de espectro, pero sólo obtuvo ofertas por tres bloques. Durante el concurso sólo participaron AT&T y Telcel, porque Telefónica-Movistar anunció desde 2019 un plan de devolución de espectro que concluirá en 2022, por el alto costo que establece la Ley Federal de Derechos.

AT&T concursó por dos bloques en la banda de 800 MHz para ampliar su cobertura en distintos municipios de la región norte del país, además de la Ciudad de México y el Estado de México. Por estas dos porciones pagará mil 080.8 millones de pesos.

Telcel sólo concursó por un bloque en la banda de 2.5 GHz, idónea para alta capacidad y velocidad de transmisión de datos en ciudades densamente pobladas. Por estas frecuencias pagará 270 millones de pesos. El bloque adquirido por Telcel tiene obligaciones de cobertura en, al menos, 30 de 52 localidades entre mil y 5 mil habitantes que no cuentan con servicio móvil.

Dichas obligaciones incluyen cobertura en tres de las seis zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes ubicadas en la cobertura del bloque, así como cobertura en al menos dos de los cuatro tramos carreteros

señalados en la licitación.

En total, las ofertas de AT&T y Telcel ascendieron a mil 350.8 millones de pesos, los cuales deben ser pagados previo al otorgamiento del título de concesión.

Pero ese sólo es el precio por haber ganado las frecuencias.

El IFT calculó que a ese desembolso inicial se sumarán 6 mil 733.2 millones de pesos por concepto de pago de derechos por uso del espectro a pagar en los siguientes 20 años que dura la concesión. El total son 8 mil 084 millones de pesos.

El costo total del espectro está compuesto por pagos iniciales y por adelantado más cargos anuales mientras dura la vigencia de la concesión. Además, algunas licencias, como en la banda de 2.5 GHz, imponen obligaciones de cobertura.

Las frecuencias que no recibieron ofertas permanecerán guardadas en un cajón sin ser explotadas y sin ofrecer sus beneficios a los usuarios. Equivalen a esos frascos de vitaminas que no se consumen, pero que están ocupando un lugar sin detonar sus beneficios.

El espectro caro tiene varias consecuencias negativas que ya han sido documentadas. Una de ellas es que reduce la inversión, porque siempre que un operador adquiere frecuencias, invierte para el despliegue o la calidad de la red. La devolución de espectro por parte de Telefónica hará que este operador apague su red y deje de invertir en infraestructura.

A cambio, obtendrá reducción de gastos y de deuda. Es racional, porque el costo total del espectro en 2019 para Telefónica representó 15% de sus ingresos.

El 31 de diciembre de 2019 Te-

lefónica devolvió 40 MHz de la banda de 2.5 GHz (asumiendo el costo de haberlo obtenido un año antes, no haberlo explotado, pero librándose de las obligaciones de cobertura que contenía esa banda), así como algunos bloques en la banda de 1,900 MHz en distintas regiones. Al término de 2020 devolvió las concesiones de las bandas de 850 y 1,900 MHz en tres regiones del norte del país. Aún queda pendiente la devolución del remanente de espectro en las bandas de 850 y 1,900 MHz que ocurrirá el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022.

El espectro radioeléctrico es fundamental para el desarrollo de servicios de banda ancha móvil. Gracias a este recurso los usuarios pueden hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto, pero también acceder a Internet, a información, plataformas y aplicaciones que les permiten ejercer sus derechos fundamentales.

Erróneamente, se ha pensado que el espectro radioeléctrico es para los operadores móviles. En realidad, el espectro es para que los usuarios reciban servicios de telecomunicaciones y digitales, se comuniquen entre sí y ejerzan su derecho a la información, acceso a la cultura, educación, salud, trabajo, servicios financieros, trámites de gobierno, entre muchos otros beneficios.

El espectro es un recurso de la nación, pero es para beneficio de las personas.

Las frecuencias onerosas repercuten en despliegues más lentos de redes, en menor calidad y en velocidades más lentas de carga y descarga de Internet.

Un estudio elaborado por la aso-

ciación GSMA, “El impacto de los precios de espectro en los consumidores”, concluyó que “en los países en desarrollo, los precios del espectro eran, por término medio, casi tres veces más caros que en los países desarrollados. Los elevados costes del espectro ralentizaron el despliegue tanto de las redes 3G y 4G y provocaron reducciones a largo plazo en la calidad general de la red”.

En los países estudiados con los precios más altos del espectro, la red 4G de los operadores hubiera cubierto 7.5% más población si hubieran adquirido espectro a un menor precio. Al término de 2020, México tenía 80 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes.

El propio IFT ha argumentado que lejos de representar un beneficio social la recaudación de ingresos por este recurso, el costo del espectro tiene “impactos negativos para la conectividad y el bienestar de la población”.

El elevado costo del espectro ya ha verificado todas las hipótesis: los operadores prefieren devolver el espectro, no hay incentivos para participar en las licitaciones, se ponen en riesgo las inversiones y la cobertura, en tanto que la propia Secretaría de Hacienda deja de recibir ingresos por la explotación del recurso, tanto en pago de derechos como por impuestos.

El espectro disponible para conectar, para cerrar la brecha digital y generar beneficios tangibles para la población, se queda ocioso en el cajón de los funcionarios de Hacienda y los legisladores, quienes no quieren que México esté plenamente conectado y digitalizado.

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NUEVA DESIGNACIÓN EN SCJN ¿ES POSIBLE LA PARIDAD DE GÉNERO? Ana Lorena Delgadillo Pérez y Cristina Santoyo

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n diciembre de 2021 termina el periodo del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) José Fernando Franco González Salas y deberá nombrarse a una persona para ocupar el cargo. El procedimiento constitucional establece que el presidente designa una terna, que examinará el Senado para hacer el nombramiento.

Más allá de las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil sobre nombramientos (por ejemplo, el Informe Final Panel de Expertos de la Fundación para la Justicia y otros), cabe preguntarse si quienes decidirán el próximo nombramiento en la SCJN tendrán la voluntad de dar pasos para lograr la representatividad de las mujeres en las esferas más altas de toma de decisión del poder judicial.

Ver a más mujeres en altos cargos, como presidentas de algún país o dirigentes de organismos multilaterales, puede dar la imagen equivocada de que la discusión sobre paridad de género está superada, pero esta percepción se desvanece al enfrentarse con la realidad. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2018, en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de América Latina sólo había, en promedio, 30% de ministras.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (INEGI, 2021), los órganos jurisdiccionales, órganos y unidades administrativas del Poder Judicial de la Federación se integran casi de manera paritaria (50.4% hombres; 49.6% mujeres). Sin embargo, esta paridad prácticamente desaparece en los órganos de toma de decisión: en el Consejo de la Judicatura Federal sólo dos de los siete integrantes del Pleno son mujeres, igual que en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; en el Pleno de la SCJN, sólo hay tres mujeres entre sus 11 integrantes.

Los poderes judiciales de la región claramente tienen varias deudas con la atención al enfoque de género, que van desde el tema de las designaciones, hasta el ataque personal a las mujeres que logran llegar y “se atreven” a ir en contra de los mandatos patriarcales y en ocasiones impositivos o ilegales de sus superiores.

En este contexto, la Fundación para la Justicia, en conjunto con otras organizaciones alia-

das, convocamos a un foro para discutir los ataques a la independencia judicial con una mirada de género. Participaron cuatro juezas y magistradas de la región cuyos casos son emblemáticos, porque algunos han dado origen a importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y porque muestran las implicaciones que tiene para las mujeres intentar llegar a los niveles más altos en los espacios de toma de decisiones.

En este foro compartieron sus experiencias Karen Atala Riffo, jueza que demandó al Estado chileno ante la Corte IDH por discriminación. Tirza Flores Lanza, magistrada de la Corte de apelaciones de San Pedro Sula, destituida durante el golpe de Estado en Honduras por defender la democracia. Érika Rodríguez, jueza a quien de forma inconstitucional se le arrebató su nombramiento como magistrada en Oaxaca y ha impugnado valientemente el proceso por violar el principio de paridad de género y la Constitución local. Érika Aifán Ávila, jueza de mayor riesgo en Guatemala, que ha destacado por los casos de alto impacto que atiende y por los ataques que ha recibido por hacer su trabajo.

Las historias de estas mujeres están marcadas por un factor común: la discriminación estructural que han enfrentado en sus carreras. Las cuatro coincidieron en que las mujeres ocupan gran número de cargos en los escalafones más bajos del poder judicial y esta proporción se invierte en los niveles más altos de decisión: ahí los hombres son mayoría. Así, es un reto enor-

me escalar a las posiciones más altas de sistemas imbuidos en prácticas patriarcales y discriminatorias.

Irónicamente, los países de los que son originarias estas juristas también tienen en común legislaciones que establecen la igualdad de condiciones para que hombres y mujeres accedan a puestos públicos, en cumplimiento de instrumentos internacionales que recomiendan formular y aplicar estrategias para el adelanto de la mujer en los sistemas de justicia y las instituciones en niveles directivos.

En el caso de México, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados señaló en su informe de 2011 que el contexto cuasi-patriarcal y la prevalencia de determinadas convenciones sociales son un obstáculo que inhibe la carrera judicial de las mujeres, especialmente en los cargos más altos de la magistratura. Diez años después, según el Poder Judicial de la Federación, al 1 de marzo de 2021, en México, 80% de los Magistrados de Circuito en funciones son hombres y 74% de los Jueces de Distrito en funciones también son hombres.

Estas convenciones sociales que inhiben la carrera judicial de las mujeres son eso que llamamos “techos de cristal”, otro eufemismo para nombrar al machismo y las reglas patriarcales que tratan de dejar fuera de los espacios de decisión las necesidades de la mitad de la población, que sin la representación adecuada no pueden atenderse mediante decisiones y políticas más incluyentes.

Los techos de cristal no son tales: no son barreras transparen-

tes, casi imperceptibles, con las que alguien puede tropezar sin darse cuenta. Las limitaciones y violencias que las mujeres enfrentan para llegar a los niveles más altos en cualquier ámbito de la vida pública son evidentes, no tienen la sutileza del cristal, porque están ahí, a la vista de todo el mundo, pero quienes más claras las tienen son las mujeres, que saben los desafíos y las violencias a las que se enfrentan si intentan cruzarlas.

Atender los diversos tipos de violencia de género que ocurren en el poder judicial requiere, fundamentalmente, mecanismos accesibles, sencillos, eficientes y confiables, con personal capacitado para entender estas situaciones y que estos mecanismos estén disponible para que juezas y magistradas de los poderes judiciales locales puedan recurrir a ellos cuando consideren que no hay garantías de independencia o seguridad para denunciar sus casos.

Para alcanzar la paridad de género en la SJCN la respuesta no son ternas mixtas ?para simular paridad? y que al final, los elegidos sean hombres. Consideramos importante que la próxima terna que se proponga esté formada exclusivamente por mujeres. Además, para que estas decisiones no sean discrecionales, es necesario que una norma establezca la designación de mujeres en los cargos de los poderes judiciales (federal y locales) hasta que se alcance la paridad; es decir, los espacios vacantes los podrán ocupar únicamente mujeres. No necesitamos mecanismos neutros, sino acciones afirmativas claras.

Para alcanzar la paridad de género en la SCJN, el Presidente de la República y el Senado tienen la oportunidad de dar un giro en esta materia. En nuestro país hay brillantes abogadas, juristas, servidoras públicas que pueden ocupar estos cargos y esperamos que la próxima designación de la SCJN muestre que vamos en el camino correcto hacia la paridad de género en el poder judicial.

El Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados de la Organización de las Naciones Unidas está próximo a presentar un informe sobre género en el poder judicial, lo cual refleja la importancia del tema. Sus recomendaciones serán también una guía para terminar con las violencias y discriminación en el poder judicial.

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na nueva bomba está a punto de estallar al interior de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) que involucra de manera directa al aún rector Carlos Natarén Nandayapa y al controversial caso de la estudiante de medicina Mariana Sánchez, asesinada a principios de año, en medio de la omisión, indiferencia y negligencia de las autoridades de salud y la propia institución universitaria.

Y es que, lo que parecía un asunto cerrado de manera parcial está por ventilar otra cadena de abusos cometidos a consecuencia del mismo. Las represalias emanadas desde rectoría en contra de quienes, desde el interior de la universidad, apoyaron al movimiento feminista que exigía justicia por Mariana siguen en pleno proceso silencioso.

Lo que las autoridades han querido ocultar de manera sigilosa es que tras concluir el semestre pasado iniciaron un proceso de “persecución simulada” contra los docentes y administrativos que se atrevieron a firmar documentos en favor de las estudiantes huelguistas. Muchos académicos, mayoritariamente mujeres, fueron hostigadas por allegados a rectoría para detener el respaldo público a las estudiantes.

Las amenazas respecto a la implementación de supuestas investigaciones administrativas corrieron

D

esde que surgió la pandemia del #COVID19 19 en Chiapas, la preocupación principal fue proteger a la población.

De inmediato, el gobierno localde acuerdo con las recomendaciones de los especialistas en salud pública - ordenó la construcción de clínicas especializadas para atender a la gente contagiada.

Al aparecer las vacunas de emergencia contra el sars¬_cov_2 o propiamente el virus, el gobierno de México se puso a trabajar para adquirirlas, al mismo tiempo el gobierno local se dedicó a gestionar que Chiapas fuera de los primeros beneficiados, ya que por su regazo era lo justo para que la población no fuera de las más castigadas.

El llamado de las autoridades sanitarias a adoptar las sugerencias de los especialistas en salud pública, gran parte de la población reaccionó positivamente.

De ahí, pues, que desde un principio Chiapas se lubicó como una de las entidades del país con menos contagios.

Al llegar las vacunas para la gente de más de 60 a la entidad, la gente acudió masivamente a recibir el fármaco.

La campaña de vacunación en la entidad ha sido modificada conforme avanza.

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EN LA MIRA Héctor Estrada

Nueva ‘bomba’ tras caso Mariana amenaza a rectoría de la Unach

como advertencia entre pasillos, por lo que muchas docentes decidieron replegarse y guardar silencio. Sin embargo, la “venganza fácil” terminó con consumarse en el eslabón más débil. Así, a finales del mes de julio varios de los docentes de contrato que firmaron el pliego petitorio en apoyo a la exigencia de justicia para Mariana fueron notificados de sus despidos.

A ellas y ellos simplemente les avisaron que ya no serían contra-

tados para el siguiente semestre, bajo el argumento de que no había más horas disponibles para ellos.

Con otros tantos ni siquiera hubo la cortesía de informales de la no recontratación. En varios de los casos fueron académicos que tenían siete o más años prestando sus servicios de docencia para la universidad. Su delito fue haber firmado el documento de respaldo a las alumnas.

Aunque durante los últimos dos meses hubo silencio respecto al ca-

EL DIVÁN Sergio Stahl

Pandemia #COVID19: Cruzada por la salud en Chiapas

El acudir casa por casa y negocio por negocio ha facilitado a mucha gente ser inoculada.

La labor de cientos de brigadistas del Sector Salud y demás servidores públicos es decisiva para proteger a la gente en la cruzada contra el peligroso y hasta mortal

virus.

En las últimas horas, la respuesta a la cruzada por la vacunación en Chiapas es sorprendente.

El paradigma está cambiando para bien de todos.

Y aunque algunos niegan los resultados, los datos duros están

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so, el asunto apunta a estallar nuevamente al interior de la Autónoma de Chiapas; sobre todo en facultades como Humanidades donde ya se han documentado las evidencias de semejantes irregularidades ejecutadas por los directores, pero orquestadas desde rectoría, según evidencias de documentos y testigos dispuestos a romper el silencio.

Y el escándalo no sería para menos. Una denuncia pública de los acontecimientos en próximos días, con nombres y apellidos, revelaría la simulación y “falso arrepentimiento” que se orquestó desde la Colina Universitaria; pero sobre todo la persecución que se ejecutó en silencio contra el personal académico, la mayoría mujeres, que apoyó la lucha estudiantil contra las omisiones y negligencias institucionales que abonaron a la muerte de Mariana Sánchez.

Es así como lo que parecía un caso cerrado, y bastante bochornoso, para Carlos Natarén podría reavivarse en cuestión de días. Lo sucedido con Mariana durante la primera mitad del presente año no sólo dejó expuestas las deficiencias universitarias en materia de seguridad para sus estudiantes de servicio social o la evidente impunidad en los casos de violencia de género cometido contra alumnas, sino también la intolerancia violenta y silenciosa que se ejerce contra ellas y quienes las apoyan abiertamente… así las cosas.

ahí: Chiapas se mantiene en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color verde.

En fin.

BALCÓN. Ayer, la Federación Mexicana de la Charrería hizo un merecido reconocimiento a Eduardo Ramírez Aguilar, por su impulso y aportación para que prevalezca este deporte nacional mexicano.

La Federación Mexicana de la Charrería, presidida por José Antonio Salcedo, reconoció al senador por Chiapas por su aportación para que ese deporte prevalezca en el país.

Desde el rancho el Pitayo, en el estado de Querétaro, donde se dieron cita varias Asociaciones de Charros de diferentes estados, se llevó a cabo esta entrega del reconocimiento a Eduardo Ramírez Aguilar, por impulsar este deporte en un contexto de generar turismo, inversiones, promover la identidad mexicana y el deporte nacional por excelencia.

Miembros de la Federación reconocieron que Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que ha realizado un gran trabajo para mantener la cercanía y el diálogo abierto con diversos sectores de la sociedad.

“Vamos a seguir promoviendo la preservación de nuestras tradiciones y el impulso al deporte más mexicano”, dijo Eduardo Ramírez Aguilar...Eso es todo.

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ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

• ROSARIO ROBLES, JUSTICIA SELECTIVA. • Más de dos años en la cárcel, injustificada…

• Emilio Lozoya, el delincuente protegido…

• Alejandro Gertz Manero, el brazo ejecutor…

• López Obrador, el sembrador de odios…

LA REALIDAD QUE SE ESCONDE…

E

l ansia de llegar al poder y tantos años de lucha para lograrlo, provocaron que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se le arraigara un sentimiento de frustración, odios, rencores y venganzas al ver que ser Presidente de México no es lo que esperaba: aplausos, pleitesías y entrega total. El tabasqueño no se preparó para ejercer el poder, sino para criticarlo.

Ahora no sabe qué hacer.

El síndrome de la destrucción, negación de la realidad y cambiar el curso de la historia, conlleva a que el “Prejimiente” someta a los mexicanos a su entera voluntad, pero también que una buena parte de la población pensante y de ciudadanos votantes, no estén de acuerdo con lo que dice, hace y resuelve desde la política económica, social y financiera que perjudica las arcas públicas federales y el bienestar de los mexicanos.

Pero en el caso particular de la “justicia selectiva” que LÓPEZ OBRADOR ha usado como brazo ejecutor a través de la Fiscalía General de la República y su titular testaferro ALEJANDRO GERTZ MANERO, se puede poner como ejemplo el caso de MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, a quien, más que aplicarle la ley, le están dedicando un cúmulo de odios y venganzas por no haberse sometido y alineado a las intenciones malsanas del progenitor de la “cuarta transformación”.

Hay que considerar que la “Chayo” ROBLES era amiga íntima de LÓPEZ OBRADOR y aliada a su proyecto allá por el inicio del siglo (2004) cuando desde la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) le recababa dinero para su campaña a la Presidencia de la República en su primera incursión (2006) con la complicidad del “Amante Imperfecto”, CARLOS AHUMADA KURTZ; el místico “Señor de las Ligas”, RENÉ JUVENAL BEJARANO MARTÍNEZ y el mismísimo CARLOS ÍMAZ GISPERT, ex esposo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUN PARDO.

Claro, ROSARIO ROBLES BERLANGA “no es una blanca palomita”, tiene sus pecados, pero en estas condiciones en que se le está aplicando la ley, es un acto de venganza por el hecho de haberse unido al gabinete de “los enemigos”, el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el PRI, como Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y después titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de donde se le acusa de participar en la llamada “Estafa Maestra” por más de 5 mil millones de pesos.

A dos años y casi dos meses, ROSARIO ROBLES cumple su reclusión al ser detenida el 13 de agosto de 2019 sin derecho a llevar su juicio en “prisión domiciliaria” por disposición y voluntad de un “juez de consigna”, JESÚS DELGADILLO PADIERNA, sobrino de DOLORES PADIERNA LUNA, enemiga acérrima de “La Chayo”. Un ejemplo más de la venganza de LÓPEZ OBRADOR. Ahora, a más de dos años de prisión, MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal; ex dirigente nacional del PRD, diputada y muchos otros cargos políticos y administrativos, un Tribunal Federal confirmó la concesión de un amparo a favor de la ex titular de SEDESOL y SEDATU, el cual anula la prisión

preventiva que se le había dictado desde hace más de dos años, y se le ordena al juez del caso considerar la imposición de una medida cautelar distinta, como la prisión domiciliaria.

Es decir, el recurso abre la puerta para que la exfuncionaria federal recobre su libertad dentro de este proceso en el que no se ha demostrado si es culpable o inocente, pues aún no se llega a la fase del juicio. No obstante, la FGR aún tiene en contra de la exfuncionaria una orden de aprehensión que no ha ejecutado por delincuencia organizada, según información publicada en medios nacionales.

Tomada la información de este portal de elevado prestigio y confianza, dice que fuentes judiciales confirmaron a Animal Político que, por decisión unánime de tres votos a cero, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado ratificaron el amparo que ya le había concedido a la exfuncionaria el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, AUGUSTO OCTAVIO MEJÍA OJEDA y que se trata de una decisión definitiva, que no le permite ni a la Fiscalía General de la República ni a la Auditoría Superior de la Federación promover otros recursos.

Los magistrados federales, al igual que el juez de amparo, consideraron que los derechos cons-

titucionales de ROSARIO ROBLES BERLANGA fueron violados reiteradamente al habérsele impuesto una medida cautelar de prisión preventiva que hasta la fecha no ha sido bien justificada.

Por supuesto, quiero agregar que esta no es una defensa mediática de la ex titular de la SEDATU Y SEDESOL, sino un ejemplo de cómo se maneja la justicia de manera selectiva, por venganza, odios y rencores de un “Prejimiente” que ve enemigos en todos aquellos que no están de acuerdo con sus aberraciones políticas-administrativas y se rehúsan a sus perversos designios.

Y para confirmar el dicho de “machetazos o caricias” en el ámbito de aplicación de la justicia, el reverso de la moneda es el exagerado esmero de amabilidad con que se trata al indiciado “delincuente confeso”, EMILIO LOZOYA AUSTIN, quien está acusado de recibir sobornos por más de 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña ODEBRECHT, que supuestamente sirvieron para pagar votos a favor de la “Reforma Energética” de ENRIQUE PEÑA NIETO en 2013, que no ha podido comprobar.

El colmo de las desvergüenzas y cinismo de LÓPEZ OBRADOR y su cancerbero ALEJANDRO GERTZ MANERO, las puso en claro la periodista LOURDES MENDOZA con las fotos de EMILIO LOZOYA AUSTIN departiendo en un lujoso restaurante de Las Lomas de la Ciudad de México, cuando se supone está arraigado, pero que la Fiscalía General de la República le permite todas las libertades de un estado cómplice y corrupto.

Ahora, en este caso de LOZOYA, hay demasiado “sospechosismo” de quien verdaderamente se quedó con el dinero y cómo lo estaría repartiendo en estos momentos con los picudos de la “cuarta transformación”, inclusive el “Prejimiente” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien es proclive a proteger delincuentes, la ambición del dinero y el poder omnímodo. Se las dejo para su análisis y mejor opinión…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

DIARIO

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 14 de Octubre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2243 MANIFESTACIÓN

Con bloqueos a vías férreas demandan información del Corredor Interoceánico en Oaxaca

PROTESTA

11 aspirantes a normalistas comienzan huelga de hambre

PAG. 6

AMPARO

Juez admite analizar demanda del Centro Prodh contra militarización del país PAG. 5

SESIÓN

Aprueba IEPC Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, bajo criterios de racionalidad y austeridad PAG. 8

CONFLICTO

Reportan enfrentamiento y heridos entre trabajadores de ICA Fluor y antimotines en Dos Bocas

PAG. 9

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual correspondiente a 116 millones 641 mil 142.84 pesos destinados al desarrollo y cumplimiento de las actividades sustantivas de este organismo

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Confirma IEPC la pérdida de registro de 2 partidos políticos locales y la pérdida de acreditación de 3 partidos políticos nacionales