CONTRAPODER EDICIÓN 2219

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El desastre que se viene

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Chiapas tiene problemas sociales con una larga trayectoria histórica de desatención y rezago, que se vienen acentuando en este gobierno. Entre ellos se encuentran los problemas agrarios, de salud, educación, vivienda, justicia, pobreza extrema, desempleo, violencia comunitaria, etc., etc.

Cuatro años hace del terrible terremoto que afectó a Chiapas y Oaxaca.

Fueron miles los que perdieron su vivienda y aún continúan sin apoyos.

La reconstrucción no fue tal, y se convirtió en negocio de unos cuantos.

A punto tal que las constructoras beneficiadas se dieron de alta después del sismo.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Miércoles 8 de Septiembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2219

COMUNICADO

LLAMADO

ONU-DH y CNDH reprueban hostigamiento contra activistas y periodistas en Chiapas La ONUDH y CNDH reprobaron las “amenazas y actos de hostigamiento” contra activistas y periodistas a manos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas

Autoridades deben garantizar condiciones de escuelas seguras para retorno a clases

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PROGRAMA

Imparte IEPC taller sobre participación ciudadana a personal de SEDESPI

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Redim y ONC: 4 millones de menores de 18 años, en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos

HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

ANÁLISIS A FONDO: RESERVAS PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

LLAMADO

Organismos piden atender solicitud de asilo y dar atención médica a migrantes en frontera sur

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Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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INVASIÓN RELIGIOSA EN EL CUADRANTE RADIOFÓNICO Bernardo Barranco V. PAG. 5

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CONTRAPODER PODER

Miércoles 8 de Septiembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL El desastre que se viene

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hiapas tiene problemas sociales con una larga trayectoria histórica de desatención y rezago, que se vienen acentuando en este gobierno. Entre ellos se encuentran los problemas agrarios, de salud, educación, vivienda, justicia, pobreza extrema, desempleo, violencia comunitaria, etc., etc. A esos hay que agregarle los problemas actuales: crisis fiscal, endeudamiento público, restricción del gasto, ineficacia administrativa, corrupción, deficiencia de servicios, desconocimiento, improvisación de funcionarios, ocurrencias, impunidad, insatisfacción ciudadana y la protesta de la población migrante estacionada en los municipios fronterizos, que mantiene la esperanza de construir mejores condiciones de vida en los Estados Unidos Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que los estamos viviendo a diario. La cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit en la capaci-

dad de respuesta, debido a su falta de operación política y a su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas y no atiende con eficacia las demandas campesinas, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos federales.

Los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades.

Este escenario en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la represión y a la violencia institucionalizada.

En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que aún no se ha dado cuenta de las dimensiones de los problemas que

tiene en jaque a la entidad.

Para mejorar la cara de esta situación, el gobierno requiere mejorar su operación política; hacer los cambios de gabinete con gente de mayor experiencia y capacidad y realizar inversiones inmediatas tanto en el campo como en las ciudades. El gobierno de Rutilio Escandón ya no puede seguir postergando un ejercicio eficaz del presupuesto público, ni debe continuar beneficiándose con las compras y con la asignación de obras a empresas de Puebla y Tabasco, y menos debe mantener los recursos públicos en el sistema de especulación financiera.

El desastre político y económico en la entidad, aderezado con el problema de los migrantes que está a punto de desbordarse, representa una amenaza para la seguridad nacional del país, situación que no pasa desapercibida para los organismos internacionales de derechos humanos, que tienen puesta su atención en Chiapas y que exigen la eliminación de la violencia de los grupos policiales en contra de los migrantes, a quienes se les impide la libertad de tránsito.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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ONU-DH y CNDH reprueban hostigamiento contra activistas y periodistas en Chiapas Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

L

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reprobaron las “amenazas y actos de hostigamiento” contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas, a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y “funcionarios públicos”.

En un comunicado conjunto, los organismos exigieron al Estado mexicano “garantizar condiciones adecuadas y seguras” para que tanto defensores como periodistas realicen su trabajo de “monitoreo, documentación y comunicación”.

La ONU-DH y la CNDH condenaron los “actos de amedrentamiento y obstaculización de la labor que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizan” en la frontera sur del país --en el contexto del flujo migratorio--, de donde han recibido información de que funcionarios públicos han amenazado y hostigado a esos gremios.

“Ambos organismos llaman al INM, a la Guardia nacional y al resto de autoridades involucradas a garantizar que los compromisos del Estado mexicano, expresado públicamen-

Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Al menos 17 inmuebles, entre ellos varios templos, fueron afectados hace cuatro años por el terremoto de 8.2 grados que causó estragos en varias partes de la República Mexicana.

Según los datos de las dependencias de Gobierno en materia de protección civil, dos días después se habían registrado 482 réplicas y quince días después, 4 mil 326 réplicas, siendo la más grande de ellas de 6.1 grados.

Catedral, Santa Lucia, San Antonio, Santo Domingo, Caridad, San Nicolás, La Merced, espacios que también son turísticos por su arquitectura, además del edificio del Museo de San Cristóbal (Musac) que fuera por muchos años el edificio de la presidencia municipal continúan cerrados y se aprecia a simple vista que es poco lo que falta por concluir, pero aun siguen delimitados con láminas y estructuras.

En entrevistas pasadas, la subsecretaría de Obras Públicas de Chiapas, Claudia Baca Esquinca, informó que el

La ONU-DH y CNDH reprobaron las “amenazas y actos de hostigamiento” contra activistas y periodistas a manos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas

te, de respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sean efectivamente implementados por su personal participante en los operativos migratorios”.

Tras llamar a las autoridades desplegadas en la frontera sur del país a “apegarse a la legalidad y los derechos humanos”, recordaron que los activistas y las organizaciones de la sociedad civil actúan para “garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a su paso por México”, acompañándolas y documentando el flujo migratorio en Chiapas, así

como las violaciones a derechos humanos contra esas personas en condición de movilidad, aunado a que “han asumido parte de la respuesta humanitaria a la situación que desde hace tiempo se vive en la zona, realizando esta labor de manera imparcial e independiente”.

En cuanto a los periodistas y medios de comunicación, reconocieron que su labor “ha sido fundamental para identificar posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades en las tareas de control migratorio, que incluso afectarían a distintos grupos en

situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas y niños y niñas, entre otros”.

La ONU-DH y la CNDH llamaron a las instancias que operan en la región a permitir que las personas defensoras de derechos humanos “puedan actuar libremente y sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones indebidas”, generando un “entorno seguro y propicio” para la realización de sus actividades.

Es “necesario adoptar las medidas oportunas para proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de las personas en movimiento y de quienes defienden los derechos de esas personas”, apuntaron.

Y demandaron a las autoridades “garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito, todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.

Los templos de SCLC cumplen cuatro años de estar cerrados por el sismo recurso para esos 7 templos era de 66 millones 144 mil 208.60 pesos, que se logró ejecutar gracias a las gestiones de Ángel Carlos Torres Culebro, titular de esta dependencia encargada de las obras a través del Fonden, después de los daños que sufrieron algunos templos después del sismo del 2017.

En un escrito reciente, la sección de conservación del Centro INAH Chiapas, informó que se encuentra supervisando actualmente los trabajos de conservación de bienes muebles, y muebles asociados a inmuebles en seis templos del estado que recibieron recursos del extinto Fondo Nacional de Desastres o FONDEN. Este trabajo se efectúa bajo el convenio de colaboración con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Se realizan trabajos de conservación de retablos, esculturas y pintura

mural de los siglos XVII y XVIII pertenecientes a los siguientes templos: Templo de Santo Domingo, de la Caridad, templo de San Francisco, Catedral de San Cristóbal, Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez y templo de Santo Domingo en Chiapa de Corzo.

La supervisión técnica de dichos trabajos está a cargo de las restauradoras de la Sección de Conservación

del Centro INAH Chiapas a cargo de la Rest.Haydeé Orea, Coordinadora de la Sección de Conservación, con el apoyo de las Restauradoras Rosa García Sauri y Nayely Pacheco, adscritas al Centro INAH Chiapas, a las que se suma el apoyo de la Restauradora Kimberly Morales supervisora por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

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Imparte IEPC taller sobre participación ciudadana a personal de SEDESPI

P

ara enfatizar la importancia de la participación ciudadana en temas y asuntos de interés colectivo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, impartió el taller sobre “Plebiscito”, a integrantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado (SEDESPI), con la intención de que conozcan ese mecanismo como una forma de participación democrática.

En el acto llevado a cabo en el Auditorio de la SEDESPI en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, y con la aplicación de todas las medidas que los protocolos sanitarios exigen, estuvieron presentes, por parte del IEPC, la Consejera Sofía Martínez De Castro León, Presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana; el Consejero Edmundo Henríquez Arellano, Presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y la Directora ejecutiva de Participación Ciudadana, María de los Ángeles Sánchez López, en tanto que por la SEDESPI, la Mtra.

Yeimi Cruz Bolaños Secretaria Particular del Secretario de la SEDESPI y el Lic. Benito Ruiz Díaz Director de Concentración, Capacitación y Servicios Jurídicos.

Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

“Estamos en un punto que a una semana de que reiniciamos las clases, algunas escuelas decidieron irse a la vía presencial, desafortunadamente esta variante Delta está ocasionando contagios entre los profesores, padres de familia y los niños, que está originado que las escuelas que habían regresado a presencial están cerrando para mantener la cuarentena y evitar se dé, de manera exponencial el contagio entre los alumnos y familiares”.

Lo anterior lo dijo el profesor Javier Francisco Vidal Díaz, del Comité Ejecutivo seccional de la Sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE y CNTE) cuestionado sobre el anunció de algunas escuelas en esta ciudad, derivado de contagios que se han dado, a lo que puntualizó han manifestado si volver a clases presenciales “con las condiciones dadas de seguridad tanto para los alumnos, los

Tenemos mucho que aprender sobre las formas en que participan las comunidades indígenas en los asuntos de interés colectivo: Consejera electoral Sofía Martínez De Castro.

En su intervención, Martínez de Castro destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las múltiples formas de participación, porque, dijo, “nuestra democracia no se agota en la jornada electoral, el mejor ejemplo de ello está en las comunidades indígenas, en la participación de la población en las decisiones públicas, una práctica histórica de la que tenemos mucho que aprender y mejorar”.

La consejera electoral explicó que,

en Chiapas, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana contempla cinco mecanismos de participación ciudadana, uno de ellos es el plebiscito, los otros son la consulta popular, el referéndum, la audiencia pública y la iniciativa popular, cada uno con sus particularidades, pero todos permiten fortalecer la cultura participativa de manera permanente y favorecen la transparencia y la rendición de cuentas de parte de las instituciones.

El consejero Edmundo Henríquez Arellano señaló la importancia del ejercicio de la democracia directa por parte de las comunidades indígenas, dijo también que ésta debe de fortalecer la democracia representativa, y deben de fortalecerse una con la otra, no verse de manera separada.

Los representantes de la SEDESPI, dieron la bienvenida y agradecieron a nombre del secretario, la presencia de la consejera y el consejero, quienes han dado siempre mucha importancia a las actividades que se han realizado como parte del convenio de colaboración firmado entre el IEPC y esa Secretaría.

El taller tuvo dentro de sus objetivos dar a conocer la importancia de la participación ciudadana, misma que en su inicio fue abordada histórica y normativamente, posteriormente se centró en las características, requisitos de procedencia, aplicación y porcentajes necesarios para que el resultado sea vinculatorio. Tuvo una duración de dos horas y una participación de quince personas funcionarias de dicha Secretaría.

Autoridades deben garantizar condiciones de escuelas seguras para retorno a clases padres de familia y profesores, esa es nuestra exigencia”.

Dejó en claro que ellos le apuestan al inicio de clases siempre y cuando haya sanitización constante o un presupuesto para realizarlos, además de la dotación de agua, ya que hay muchas instituciones que no lo tienen, y al suministro escaso no generan las condiciones para las clases presenciales.

Dejó en claro que tal como lo habían manifestado, iniciaron clases en todas las instituciones de diferentes niveles y modalidades educativas, trabajando por cuadernillos o de manera virtual donde existen las condiciones.

“Las escuelas que decidieron regresar presencial, están ante el riesgo del brotes de la enfermedad, de contagios exponenciales, son los propios directores a través de los comités de

seguridad e higiene escolar que están determinando el regreso a otra modalidad ya sea virtual, cuadernillos, pero nos seguimos manifestando que se den las condiciones al regreso de manera presencial”, abundó.

Destacó que el contagio es expo-

nencial y que la clínica del ISSSTE al que la gran mayoría de docentes es afiliado “esta saturado” lo mismo que otros espacios de atención con áreas COVID, además de una gran lista de espera que complica la salud de los trabajadores de la educación.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

A

nte la crisis migratoria en México, organizaciones civiles urgieron al Estado mexicano a atender las necesidades de salud y las solicitudes de asilo de miles de personas que cruzan la frontera sur, en su viaje hacia el norte del país.

Médicos Sin Fronteras y Asylum Access México, alertaron sobre las necesidades de salud y de protección internacional en las fronteras del país, en comunicados diferentes.

Con un despliegue de médicos, psicólogos y trabajadores sociales en Tapachula, Chiapas, para atender la emergencia humanitaria, Médicos Sin Fronteras denunció que “la situación de decenas de miles de personas migrantes de América Central y del sur de México es de una vulnerabilidad extrema debido a las continuas deportaciones desde los Estados Unidos, y al fracaso de las políticas de asilo”, La organización resaltó que tanto en el norte como en el sur de México, las personas migrantes sufren condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales, de ahí que MSF decidió mandar un equipo de profesionistas a Tapachula, “donde según las autoridades se aglomeran unos 40 mil migrantes, 500 de los cuales partieron el sábado 4 de septiembre de madrugada en una caravana hacia el norte del país para protestar por su situación de abandono, sin servicios, alojamiento o trabajo”.

Apuntó que en Tapachula su personal atendió por “heridas en los pies a varias personas y ha tratado a pacientes por deshidratación, dolores de cabeza, musculares y atendiendo un caso de hipoglucemia”.

El coordinador del proyecto de migrantes de MSF en México, Christoph Jankhöler sostuvo que en el ámbito psicológico les preocupa “los cuadros de ansiedad, depresión y desesperanza que presenta la población ante la falta de respuesta de las autoridades”.

De la revisión de la población migrante en Tapachula, los integrantes de MSF concluyeron que hay personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Haití o Cuba, siendo una parte significativa mujeres y niños, quienes “están en el limbo desde hacer meses a la espera de la resolución de su estatus migratorio: muchas cruzaron recientemente la frontera con Guatemala, mientras que otras fueron deportadas por Estados Unidos a la frontera norte de México y después trasladadas al sur del país por las autoridades mexicanas”.

MSF expuso que en el norte del país, en Reynosa, Tamaulipas, se encuentran unas dos mil personas originaras primordialmente del norte de Centroamérica, viviendo en carpas de campaña, “expuestas a un calor inclemente, sin acceso adecuado a los servicios básicos y en grave riesgo de inseguridad”, asentadas a unos 200 metros del puente internacional que une a esta ciudad con Hidalgo, Texas.

La organización internacional describió que en la Plaza de la República

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Organismos piden atender solicitud de asilo y dar atención médica a migrantes en frontera sur

Médicos Sin Fronteras y Asylum Access México, alertaron sobre las necesidades de salud y de protección internacional, pues sufren condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales

de la ciudad fronteriza mexicana “hay apenas 18 sanitarios públicos disponibles, o sea uno por cada 110 personas aproximadamente, y quien quiera bañarse o lavar ropa debe pagar 10 pesos mexicanos (medio dólar) para usar las duchas y los fregaderos por máximo 10 minutos”.

Agregó que en esa zona, “el agua potable (que a veces escasea), la ropa, los alimentos, las colchonetas, las carpas, las medicinas y consultas médicas han sido provistas por la sociedad civil”.

La responsable de asuntos humanitarios de MSF en Reynosa, Anayeli Flores, explicó que en la frontera norte, los migrantes que huyen de la violencia en sus países de origen, han encontrado como única opción solicitar asilo y esperar la autorización.

“Ni el gobierno mexicano ni estadunidense brindan apoyo, pese a que sus políticas restrictivas son las que mantienen a estas personas en condiciones de vulnerabilidad, violando el derecho internacional a solicitar refugio”, apuntó la defensora.

Entre marzo y agosto, MSF brindó 902 consultas médicas, por afectaciones de carácter respiratorio, digestivo y cutáneo, “relacionadas con el grave hacinamiento y falta de higiene”, en tanto que apoyó orientación dada por trabajadoras sociales y la entrega de agua potable.

La organización contó que muchos de los pacientes también presentaron “dolores musculares y heridas en los pies por cuenta de las largas caminatas que han experimentado antes de se expulsados de Estados Unidos, y han desarrollado afectaciones emocionales como ansiedad y estrés, incluso trastornos psicológicos, debido a la combinación de violencia sufrida en sus lugares de origen o durante el camino con las precarias condiciones de hábitat y la incertidumbre sobre el futuro o la separación familiar”.

MSF advirtió que en la frontera norte de México hay mujeres no acompañadas, mujeres embarazadas, niñas y niños, adultos mayores población

LGBTIQ, indígenas y no hispanohablantes, que han sido expulsados de Estados Unidos al amparo del Título 42, que “constituye una flagrante violación al derecho internacional y que usa la pandemia de la covid-19 como pretexto para bloquear rápidamente a las personas que buscan protección en ese país”, y mandarlas a México, con la complacencia de las autoridades mexicanas.

“La situación de las personas migrantes en México es insostenible -dijo Gemma Domínguez, coordinadora general de MSF en México-. Las políticas migratorias que criminalizan la migración, la falta de respuesta humanitaria adecuada, la violencia reiterada y la persecución contra las personas migrantes son inaceptables y ponen en peligro las vidas de miles de hombres mujeres y niños”.

Asylum Access mostró su preocupación por la deportación de personas con necesidad de protección internacional, a quienes no se les ha permitido solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayda a Refugiados (COMAR), pese a cumplir con los lineamientos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La semana pasada personal a su cargo fue testigo que “personas centroamericanas fueron deportadas en vuelos procedentes de Estados Unidos, así como de otros estados del norte y centro de México, al aeropuerto de Villahermosa, y después trasladados en autobuses suministrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) al punto fronterizo de El Ceibo”, refirió el organismo.

Asylum Access México reveló que dos personas de origen hondureño, que salieron de su país de origen “para permanecer con vida”, a quienes dio acompañamiento jurídico, solicitaron asilo a las autoridades mexicanas por razones humanitarias en el punto de internación de El Ceibo.

Pese a la fundamentación jurídica, en la Constitución y en la Ley sobre Refugiados y la Ley de Migración, “las

autoridades migratorias mexicanas de El Ceibo se rehusaron a recibir los documentos argumentando que éstos se entregan a las autoridades de migración en Villahermosa, por lo que detuvieron a las personas para llevarlas a la estación migratoria de dicha ciudad”.

Aunque los migrantes reiteraron en varias ocasiones que la destinataria de los documentos era COMAR, las autoridades del INM les impidieron realizar el trámite contra lo que indica la legislación que establece que el INM debe avisar por escrito a la COMAR cuando una persona “exprese su deseo de iniciar el procedimiento de la condición de refugiado”.

Las personas a las que representa Asylum Access fueron deportadas a Guatemala, sin que en el INM se les proporcionara documentación que diera cuenta de la solicitud de refugio que hicieron a México, firmando documentos “que no tuvieron la oportunidad de leer”, tras sugerirles que realizaran la solicitud de refugio en Tenosique.

Alejandro Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México consideró preocupante que en el país “se continúe violando sistemáticamente el principio de no devolución”, y que el INM se ha convertido en una entidad que “no respeta ni garantiza la protección de las personas”, a pesar de los tratados y convenciones a derechos humanos a los que se ha adherido el país.

Al señalar que la obstaculización a los solicitantes de refugio se ha generalizado, contra el derecho de las personas a solicitar asilo, la defensora alertó que estos hechos se “suman a los actos ilegales y violentos registrados en las últimas semanas contra personas migrantes y con necesidad de protección internacional en la frontera sur”.

Asylum Access México envió un “extrañamiento al INM por la violación de la legislación mexicana”, exhortando a los directivos del organismo a “cumplir con sus responsabilidades y garantizar que las personas con necesidades de protección internacional no sean rechazadas en frontera y puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México”.

La organización llamó a la COMAR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para intervenir conforme a las facultades que la Ley establece en la materia y garantizar que las personas sujetas de preocupación internacional no sean deportadas y puestas en riesgo por autoridades mexicanas”.

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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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or lo menos 17 mujeres embarazadas o en periodo de puerperio, con diagnóstico positivo a coronavirus y tres recién nacidos que contrajeron el SARS-CoV-2, han muerto durante la pandemia en la entidad, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Por tal razón, exhortaron a reforzar los cuidados en embarazadas y recién nacidos, para evitar complicaciones por covid-19, ya que estos grupos son considerados vulnerables ante la enfermedad viral.

Mencionaron que las embarazadas, corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19, y esta situación se agudiza en aquellas que presentan alguna comorbilidad asociada como diabetes, hipertensión y obesidad principalmente.

Y dentro de los grupos que no están exentos de desarrollar un cuadro severo de esta patología respiratoria también se encuentran, las y los recién nacidos, ya que la infección por covid-19 puede causar daño potencial debido a que tienen inmunidad inmadura.

En Oaxaca se tiene contabilizado a un total de 34 menores de tres meses que han contraído esta enfermedad, de los cuales, tres resultaron ser víctimas mortales, de acuerdo con los datos de la evolución de la pandemia.

Así también suman 513 mujeres gestantes y 92 en periodo de puerperio con diagnóstico positivo a este coronavirus, de las cuales, cinco perdieron la vida durante el embarazo y 12 después del parto.

Luciano Campos Saltillo, Coah. (apro)

Las mujeres que se encuentran en la cárcel por practicarse abortos deben ser liberadas debido al efecto retroactivo que tiene la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la sanción prevista en el Código Penal de Coahuila para quien interrumpa su embarazo, ordenó el gobierno de la entidad.

En un comunicado difundido hoy, la administración de Miguel Riquelme precisó que la sentencia aprobada este martes, que deja sin efecto el artículo 196 de la legislación penal coahuilense, tuvo su origen en 2017, cuando la entonces Procuraduría General de la República presentó ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad por algunos artículos relacionados con el aborto, incorporados a la legislación local.

En el Código vigente se establece en el Capítulo Séptimo --relacionado con el aborto--, en su artículo 195: “(Aborto para efectos penales) Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cual-

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Servicios de Salud en Oaxaca confirman muerte de 17 mujeres embarazadas por covid-19 Mencionaron que las embarazadas, corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19, y esta situación se agudiza en aquellas que presentan alguna comorbilidad asociada como diabetes, hipertensión y obesidad principalmente

Los SSO aseveran que una mujer embarazada positiva a covid-19 puede ser asintomática, o presentar la patología en etapa leve o desarrollar una condición más grave, como cualquier otra persona, sin embargo, hay cambios en la fisiología materna,

principalmente en el tercer trimestre que generan mayor vulnerabilidad frente a infecciones virales, además de que puede contagiar al recién nacido.

Por lo cual, recomendaron que ante síntomas como: malestar físico,

dolor de cabeza, muscular, abdominal, torácico o al comer, así como presencia de tos, fiebre, ataque al estado general, congestión nasal, escalofrío, dificultad para respirar, irritabilidad, vómito, diarrea, respiración rápida, conjuntivitis o coloración azulada de la piel, acudir al médico de manera inmediata.

De igual forma, pidieron estar atentos a las señales de alarma que pudieran presentar las y los recién nacidos como: temperatura corporal baja o elevada, dificultad respiratoria, taquicardia, ritmo cardíaco lento, presión arterial baja, pérdida del apetito, vómito, inflamación abdominal, diarrea, cansancio o irritabilidad.

Recordaron que es fundamental que en los hogares donde vivan embarazadas o neonatos, se apliquen siempre en el espacio público las estrategias de prevención.

En caso de que un integrante de la familia presente sintomatología relacionada a la enfermedad respiratoria, se refuercen las medidas sanitarias en todo momento para evitar el contagio.

Gobierno de Coahuila ordena liberar a mujeres que fueron encarceladas por abortar quier momento del embarazo.”

Y en el Artículo 196: “(Aborto autoprocurado o consentido) Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.

De acuerdo con el comunicado, todas las entidades de la República deberán acatar el criterio emitido hoy por la Corte, que establece que ninguna mujer debe ser criminalizada por la interrupción voluntaria de su embarazo, y deben ser liberadas quienes están en la cárcel a causa de una sentencia por esta razón.

“El gobierno del estado de Coahuila acatará esta resolución, que sienta un precedente para todo el país, pues al existir 10 votos en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Dicha resolución tendrá efectos retroactivos, y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto, deberá ser puesta en libertad inme-

diatamente.

“Asimismo, el Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”.

En una decisión histórica, este martes la SCJN declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, dado que viola el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al acceso a la salud.

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Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

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a Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que la población más vulnerable del país es la que paga “los platos rotos” de la crisis por covid-19, y propuso ocho ejes para considerar en el Paquete Económico 2022.

“Señores diputados, este es el caldo de cultivo de la realidad nacional que nos toca sobrevivir. Debemos señalar puntualmente que los programas sociales de apoyo por la pandemia y políticas públicas instrumentadas por los distintos niveles de gobierno para paliar los efectos negativos de esta emergencia sanitaria resultaron insuficientes, no tuvieron impacto y no lograron su cometido”, destacó en un comunicado el organismo encabezado por Cuauhtémoc Rivera.

De acuerdo con el empresario, la población más vulnerable es la que más padece por esta crisis sanitaria: por ejemplo, 30% del canal de abasto tradicional de máxima proximidad, conformado por un millón 200 mil puntos de venta, tuvo que bajar sus cortinas por quiebra; 300 mil pequeños comercios cerraron sus puertas por la pandemia, y en el marco de la reactivación titilante sólo han vuelto a abrir 150 mil negocios con otros giros y con un menor margen de utilidad.

Y sostuvo que el pequeño comercio garantiza el abasto a más de 52% de la población, da manutención a cinco millones de personas y en muchos casos opera aun como una

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

El Dictamen Técnico Final de la empresa noruega DNV sobre el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, reiteró como causa principal inmediata “la falta de pernos” metálicos, que desencadenó una serie de fallas y grietas en las vigas que no soportaron el peso del tren con pasajeros y provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionadas.

“Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes por autoridades de la empresa y del gobierno capitalino.

Se trata del detalle de las conclusiones preliminares que las autoridades presentaron el pasado 16 de junio, acto al que sí asistió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a diferencia de este martes, cuando fue notable su ausencia.

En voz del secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, el dictamen

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La población más vulnerable es la que paga “los platos rotos” de la crisis por covid-19: Anpec La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que la población más vulnerable es la que paga “los platos rotos” de la crisis por covid-19, y propuso ocho ejes para considerar en el Paquete Económico 2022

banca social de apoyo al ofrecer la oportunidad a sus clientes de consumir y pagar después.

La Anpec recordó que la inflación no subyacente del país, desde antes de la pandemia de covid-19, ha ido al alza, promediando un 11%, porcen-

taje muy distante del programado.

Los precios de los productos de la canasta básica se han encarecido en promedio 15% respecto al año anterior: en febrero crecieron 5.5%; en marzo, 10.73%; abril, 19.30%; mayo, 15.97%; junio, 12.45%, y julio

10.67%.

Ante tal situación, el organismo pidió incluir las siguientes propuestas: no crear, aumentar ni actualizar impuestos; un Fondo Nacional crediticio revolvente; incluir tarifas diferenciadas en el pago de servicios e impuestos; garantizar el libre comercio con prevención; no más prohibiciones ni restricciones comerciales; contar con un programa que garantice la seguridad carretera y posibilite un suministro y abasto sin contratiempos.

También sugirió aumentar el poder adquisitivo de los consumidores para que les alcance para más de ocho kilos de tortillas, e incluir un programa de vacunación para los pequeños comerciantes por ser una actividad esencial de máxima proximidad, además de dar apoyos a las mujeres emprendedoras del pequeño comercio (guarderías, becas, servicio médico para ellas y sus críos, bolsa de trabajo, tarifas preferenciales para el transporte).

Pandeo de vigas por falta de pernos causó colapso de L12: dictamen técnico de DNV final agrega que “la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero que experimentaron condiciones de carga para los que no estaban diseñados”.

Ello, añadió, “creo condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aun más la capacidad de la estructura para soportar la carga”.

“Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad de los pernos incluyen soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados”, de acuerdo con el documento de 180 páginas.

Además, al colapso contribuyeron “deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares del diseño aplicables”.

El documento aclara que el sismo de septiembre de 2017 no influyó para el colapso de la trabe, pues se

detectó que ya se encontraba en malas condiciones desde enero de ese año, aunque esa condición no era detectables en una inspección visual.

También “se detectaron deficiencias en comparación con el criterio de diseño en todas las porciones de las estructuras de concreto que se probaron”.

Las autoridades recordaron que aún falta presentar públicamente el resultado del Análisis Causa-Raíz del incidente, aunque no dieron fe-

cha para ello.

Por último, el secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que ya iniciaron los trabajos de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12, a partir de trabajos de topografía en el tramo elevado y de calas en el subsuelo.

Además, dijo que en los próximos días se firmarán los convenios con las empresas constructoras que se encargarán de los trabajos sin cargos económicos para el gobierno de la CDMX.

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Diputados aprueban en lo particular la Ley de Revocación de Mandato De la redacción Ciudad de México (apro)

L

a Ley de Revocación de Mandato que propuso e impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados con 290 votos a favor de todos los grupos parlamentarios.

Se trata de la primera ley que aprueba el Congreso de la Unión en esta Legislatura, que inició hace apenas una semana, y ahora pasará al Ejecutivo para sus efectos institucionales.

La Ley Federal de Revocación de Mandato dará lugar a la consulta que se realizará en marzo de 2022, en la cual se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo.

Esta ley fue aprobada por la tarde con 290 sufragios a favor, 195 en contra y cero abstenciones. Por la mañana ya había sido aprobada en lo general, con 491 votos, uno en contra y una abstención.

La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado de la República el pasado jueves, propone que la pregunta de la revocación de mandato sea la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Las opciones de respuesta aparecerán impresas en las boletas que eventualmente serán entregadas a

De la redacción Ciudad de México (apro)

Al igual que en el sismo del 7 de septiembre de 2017, durante el terremoto de magnitud 6.9 de este martes por la noche pudieron observarse destellos sobre la Ciudad de México.

Un video grabado desde una zona alta de Tlalnepantla, en el Estado de México, mostró una serie de luces sobre la ciudad durante al menos dos minutos, antes y durante el temblor.

Usuarios de redes sociales también publicaron grabaciones del fenómeno registrado este martes.

De acuerdo con investigadores de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, esos destellos son generados por los deslizamientos del suelo, cerca de las fallas geológicas, que generan una carga eléctrica en la atmósfera.

La Asociación Sismológica de Estados Unidos los describe como “luces de terremoto”, y ha documentado su avistamiento desde los años

La Ley Federal de Revocación de Mandato dará lugar a la consulta que se realizará en marzo de 2022, en la cual se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo

los ciudadanos y estarán en dos recuadros que tendrán que ser tachados según la decisión de cada elector: Opción 1: “Que se le revoque” Opción 2: “Que siga en la Presidencia” La Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada ya en lo general y en lo particular establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

En la sesión hubo críticas y cuestionamientos de la oposición a las intenciones de López Obrador con este ejercicio ciudadano. Pero también de los pasitos a sus propios compañeros

del senado.

El diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, criticó que “nuestros compañeros senadores resolvieron ‘a medias´ el tema de la pregunta, es una pregunta mañosa, porque a la gente sólo se le debe preguntar si quiere revocación de mandato sí o no, punto”.

Insistió en que la forma en que los senadores cambiaron y avalaron la pregunta “sigue siendo más una consulta para su ratificación y no para la revocación del mandato del Presidente de la República”.

Por parte del PRI, el diputado mexiquense Carlos Iriarte Mercado

manifestó: “Votaremos a favor de la minuta que ha representado un avance en la manera de hacer política de este Congreso y en atención de los intereses de todos los mexicanos, pero también estamos listos para preparar las adecuaciones necesarias”.

Añadió que “la revocación de mandato, en los términos de la minuta, atiende a la pluralidad política, pero también legitima nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos”.

De Morena, el diputado Jaime Pérez Bernabé, explicó que esta nueva ley otorga “certeza jurídica y política a la ciudadana a través de la revocación del mandato, mediante un sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; es decir, el pueblo pone, el pueblo quita”.

Ante las críticas de la oposición, sostuvo que “nuestro presidente no tiene miedo a la revocación, estamos muy seguros que la gran mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país habrán de refrendar en las urnas la confianza que le otorgaron a Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio de 2018, y eso se va a repetir el próximo 5 de marzo de 2022”.

Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre, en su Tercer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador se mostró confiado en ganar una eventual revocación de mandato.

Las “luces de terremoto” se dejan ver en la CDMX durante el sismo 1600, según una nota de la cadena británica BBC. En el texto se recuerda que un estudio de laboratorio de la Universidad de Rutgers permitió determinar que las rupturas del suelo, por pequeñas que fueran, generan suficiente voltaje como para producir rayos en el cielo.

Para comprobarlo, los investigadores llenaron tanques con diferentes tipos de granos, desde harina hasta finas bolitas de vidrio, y las agitaron de manera intermitente para crear grietas, dice la BBC. El roce de los materiales generó cientos de voltios de electricidad.

Las conclusiones del estudio fueron presentadas a la Sociedad Estadunidense de Física en 2014 por el ingeniero biomédico Troy Shinbrot.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

L

a Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertaron que 4 millones de personas menores de 18 años están en condiciones de vulnerabilidad y ser presas de bandas delincuenciales del país.

En el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”, dado a conocer este martes, las organizaciones civiles destacan que, de la población infantil en riesgo, 794 mil “está particularmente amenazada por no asistir a la escuela y trabaja simultáneamente”, en tanto que entre 145 mil y 250 mil estarían en riesgo real de ser integrados en las filas de alguna agrupación delictiva.

“La deuda del Estado mexicano hacia los miles de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos crece día con día sin que exista un genuino interés por llevar a hechos las promesas”, resalta el informe.

Y reconoce que por deficiencias institucionales no es posible tener datos oficiales sobre el número exacto de menores integrados a las bandas criminales, pero es posible dar una aproximación a partir de los contextos de riesgo en los que se desenvuelven personas de entre cinco y 17 años.

“Las niñas, niños y adolescentes son víctimas de una multiplicidad de violencias que operan en detrimento de sus derechos”, alertan las organizaciones al explicar que los casos expuestos en su informe “son igualmente consecuencia de opresiones provocadas por el actuar de grupos armados y las omisiones del Estado”.

De la revisión de documentos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que mientras 41.9% de la población en México está en situación de pobreza, entre menores de edad el porcentaje es de 49.6%; además, 2 millones de perso-

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo, y consideró que el fallo es “reflejo de una histórica lucha del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito”.

Ahora los juzgadores locales y federales “tienen la obligación de aplicar los argumentos expuestos por la Corte en esta decisión para resolver los casos que conozcan”, apuntó.

Y sostuvo que, al resolver la acción

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Redim y ONC: 4 millones de menores de 18 años, en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos

nas de entre cinco y 17 años no asisten a la escuela y 3.3 millones están en condición de trabajo infantil, entre otros datos relevantes.

En el documento se analizan datos estadísticos --como la inasistencia a la escuela, la ocupación laboral, y con estado civil distinto a soltero-- para identificar a la población infantil vulnerable, que alcanza los 3 millones 977 mil 414 personas; los que no asisten a la escuela y están ocupados --794 mil personas-- son aquellos en condición de amenaza de integración a la delincuencia, mientras que, tomando en cuenta esta población, se identifica en riesgo real a entre 145 mil y 250 mil menores, considerando las dos variables de ocupación o en situación conyugal.

Las organizaciones resaltan que la cifra de las personas en riesgo real podría ser mayor por el impacto de la pandemia de covid-19 en el empobrecimiento de la población.

El informe, que incluye experiencias de reclutamiento de menores en otros países de América Latina, advierte que en buena parte se ha optado por la militarización “para la regulación de la vida civil”, evidenciando que “optar por respuestas

bélicas a los temas de seguridad con profundas raíces sociales, como el reclutamiento infantil y rechazar la vía de la paz, es elegir la muerte y la degradación de la infancia”.

Del análisis del fenómeno, las organizaciones reconocen que “la marginalidad opera a favor de la incorporación de niños y niñas a grupos delictivos, ya sea por necesidad de supervivencia o como medio para alcanzar un nivel de vida decente”.

Sin embargo, ese condicionante “implica la victimización de un sector en situación de vulnerabilidad que ha sido abandonado por las instituciones estatales y que encuentra en la ilegalidad una opción atractiva para alcanzar aquello que es casi imposible obtener por medios lícitos”.

Puntualizan que el involucramiento “forma parte de las fallas del Estado, que actúan favorablemente a los intereses de grupos delictivos”, como lo es la “inexistencia de mecanismos que permitan la detección preventiva de casos” de participación de menores en las filas de esos grupos, o bien la falta de seguimiento a los detectados.

A ello se suma que para los grupos delictivos el reclutamiento de me-

nores es funcional porque “cumplen condenas en procesos de internamiento breves y cuyo seguimiento y garantía de una adecuada reinserción social es inexistente”.

En el documento, Redim y ONC destacan que la utilización de menores en el mundo de la criminalidad “es un problema de justicia social”, recurrente en países latinoamericanos ante “las omisiones de los Estados para garantizar los derechos sociales y económicos”.

De igual manera, reconocen que, si bien últimamente han surgido iniciativas del Estado para atender esa situación, “no existen políticas sociales que garanticen los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”.

Para las organizaciones “no hay una bala de plata que solucione este problema de tajo”, lo que no implica dejar de buscar superarlo.

“Atender este fenómeno supone, en primer lugar, admitir la complejidad del mismo al momento de legislar, y comprender los matices sutiles de las prácticas de los grupos delictivos para definir políticas criminales que le resten el atractivo”.

Al destacar que mantener el status quo “será sumamente costoso, ya que perpetúa décadas de injusticia y abandono”, recomiendan dar impulso a “iniciativas de justicia social y de política criminal innovadoras” y que no se repliquen modelos fracasados seguidos en otros países, sino que es fundamental realizar trabajo de campo.

Es fundamental “entender el rol que juegan los incentivos económicos, el contexto familiar y social, la demografía, las geografías, los modelos de negocios de los grupos delictivos y su relación con los actores estatales”, rematan.

GIRE celebra que la SCJN declarara inconstitucional la penalización del aborto de inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal de Coahuila, el pleno de la SCJN se manifestó “a favor de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

Para el GIRE, lo establecido por el lineamiento impugnado atenta “contra los derechos reproductivos, vulnera la dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar, afecta su autonomía y crea un mecanismo de violencia de género que

refuerza roles estereotipados”.

Con esta sentencia, recalcó, juzgadores locales y federales “tienen la obligación de aplicar los argumentos expuestos por la Corte en esta decisión para resolver los casos de los que conozcan, y tanto legisladores como legisladores de las entidades donde aún se restringe el ejercicio de la autonomía reproductiva cuentan con criterios avalados por el máximo tribunal para despenalizar el aborto consentido”.

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Suprema Corte declara inconstitucional castigar con prisión a mujeres que deciden abortar Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

P

or unanimidad, diez de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente tenga un aborto y anunciaron que ningún juez o jueza podrá castigar a una mujer por tomar esta decisión.

Así lo determinó el pleno en una sesión histórica que se desarrolló este 6 y 7 de septiembre para analizar la acción de inconstitucional 148/2017, promovida hace casi cuatro años por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en contra de la legislación penal sobre aborto en el estado de Coahuila. La entonces PGR consideró que el tipo penal violaba la libertad reproductiva de las mujeres y este martes la Suprema Corte le dio la razón.

“Nunca más una mujer y una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierro la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”, expuso el ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto de sentencia.

A esta celebración se sumó el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien agregó que hoy es un día histórico para los derechos de las mexicanas “y de las personas gestantes”. “Con este criterio, unánime del tribunal constitucional, no sólo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país”.

Si bien esta resolución declara inválida una porción del Código Penal de Coahuila, el ministro expuso que a partir de ahora no se podrá violar este criterio ni procesar penalmente a las mujeres que aborten en los supuestos analizados en este caso. “Se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”, dijo.

En esta segunda sesión se pronunciaron dos magistrados: Ana Margarita Ríos Farjat y José Fernando Franco González Salas, quienes se sumaron a los ministros Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, José Luis González Alcantára Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña Hernandez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes el lunes se pronunciaron a favor de invalidar el tipo openal de aborto en Coahuila.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo que la Constitución Política no prohíbe el aborto ni dice que “la

“Nunca más una mujer y una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierro la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”, expuso el ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto de sentencia.

vida se protege desde la concepción”.

Además, aseguró que los Estados que firmaron la Convención Americana no se han puesto de acuerdo en cuando inicia la vida, pero el Sistema Interamericano ha reconocido que la vida se protege al proteger a la mujer embarazada, por eso apoyó declarar inconstitucional el tipo penal de aborto en Coahuila.

Al argumentar su voto, la ministra también hizo un recuento de los razonamientos que reducen la interrupción del embarazo a ideas morales, por ejemplo, decir que el aborto se realiza por ignorancia o por maldad de las mujeres, quienes (por se malas o ignorantes) deben ser sancionadas con prisión. En la sociedad, criticó, persiste la idea de que las buenas mujeres culminan la gestación y las malas e irresponsables abortan.

Ante ello fue tajante al decir: “nadie se embaraza para después abortar” y aclaró que los abortos clandestinos son una realidad. Las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo, expuso, lo harán con o sin la anuencia del Estado, por tanto consideró que no se trata de negarles servicios de salud y dejarlas sin alternativas. Hoy, además de vivir estigma y el abandono del Estado, las mujeres enfrentan una sanción penal o son condenadas a vivir una maternidad por castigo.

El ministro José Fernando Franco González Salas se unió a la mayoría y argumentó que los Derechos Humanos reconocen los derechos de “las mujeres y de las personas gestantes”, entre ellos, su derecho a decidir, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva y sexual. Por tanto, en su opinión, se reconoce su derecho constitucional a interrumpir su embarazo.

Para el ministro no se debe criminalizar a la mujer por abortar, y destacó que existen al menos cuatro supuestos que protegen el derecho a decidir sobre la maternidad: si se realiza dentro de un periodo razonable (12 semanas de gestación, por ejemplo), cuando el feto es inviable, cuando la salud de persona gestante está en riesgo o cuando el embarazo no es voluntad de la mujer.

En esta sesión no estuvo presente el ministro Jorge Mario Pardo, por tanto no se escucharon sus argumentos, pero quien insistió en invalidar todo el capítulo sobre aborto en el Código Penal de Coahuila fue el ministro Arturo Zaldívar, quien reiteró: “Una conducta no puede ser el ejercicio de un derecho humano y, al mismo tiempo, ser un delito”. Sin embargo su propuesta no fue apoyada.

Como en la mayoría de las entidades de México, en Coahuila el aborto es un delito que se castiga con cárcel.

Hasta ahora sólo en cuatro estados se permite la interrupción del embarazo sin sanción penal hasta las 12 semanas de gestación: en Ciudad de México, que reformó su Código Penal local en 2007; en Oaxaca, que modificó su legislación en 2019 y recientemente Hidalgo y Veracruz, en 2021.

El Código Penal de Coahuila contiene un capítulo dedicado al delito de aborto. En su artículo 195 establece que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” y el artículo 196 indica que se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente se practique un aborto o a la persona que la ayude a abortar, en este caso se le conoce como “aborto consentido o autoprocurado”.

Por una votación de siete a favor y tres en contra, el artículo 195 sigue

vigente, mientras que el artículo 196 se declaró inconstitucional.

En la legislación de esta entidad aumentan las penas si el aborto no es consentido o si es forzado. En este caso se impone de tres a ocho años de prisión y multa, pero si el procedimiento se realiza con violencia el castigo puede ser de hasta 13 años de cárcel. Además, esta práctica no se castiga si el embarazo es producto de una violación sexual, si se realiza para salvar la salud de la mujer, si el feto tiene alteraciones genéticas y si es culpa de la mujer.

Ante esta normativa, el ministro Zaldívar destacó que es incongruente declarar inconstitucional un artículo y no invalidar todo el capítulo sobre aborto. Su propuesta no obtuvo apoyo del pleno porque para sus homólogos, como la ministra Rios Farjat, debe existir el tipo penal de aborto, en su modalidad de forzado porque no se puede equiparar una interrupción forzada a una deseada.

En las exposiciones de este lunes las y los ministros coincidieron en que esta legislación castiga a las mujeres. El ministro Arturo Zaldívar aseguró que el tipo penal castiga, sobre todo, a las niñas y mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas de este país. “Es un delito que, en los hechos, castiga a la pobreza”, dijo.

La ministra Piña Hernandez fue más allá: “Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer”. Para ilustrar su punto, la ministra dijo que si el embarazo es producto de una violación, el aborto no se castiga porque la mujer puede decidir. En aquellos casos, ellas tienen carácter de víctima; sin embargo, son castigadas si otorgan su consentimiento para no continuar la gestación.

En el debate de este lunes otra de las ministras puso el acento en que nadie se embaraza para tener un aborto fue la ministra Esquivel Mossa, quien afirmó que “ninguna mujer desea y quiere abortar”, deatlló que son diversas circunstancias, físicas, económicas, sociales, familiares, las que la obligan a alaguien a tomar esa difícil decisión.

A modo de cierre, los ministros Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar declararon que este martes es un día histórico porque a partir de esta resolución no se podrá procesar penalmente a ninguna mujer que aborte, en los puestos analizados en esta acción de inconstitucional.

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INVASIÓN RELIGIOSA EN EL CUADRANTE RADIOFÓNICO Bernardo Barranco V.

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l 31 de julio pasado inició sus transmisiones La Guadalupana ESNE Radio a través de la emisora XEL-AM 1260 de la Ciudad de México, que pertenece al grupo ACIR. En el pasado la emisora se llamó La Pantera, con programación de rock, y hasta hace poco, La Comadre 1260, con música rancheranorteña-grupera. La operación comercial de la frecuencia se dio entre la organización religiosa norteamericana El Sembrador de Nueva Evangelización (ESNE) y Grupo ACIR, que hasta el 30 de julio era la concesionaria legal de la frecuencia. No queda claro si la operación fue de compra-venta o renta del espacio.

ESNE Radio tiene su sede en Los Ángeles, California. Es una red de estaciones de radio y televisión, de corte católico, en español. Actualmente opera en Chicago, Denver, Houston y Salt Lake City.

En muy poco tiempo ya hay cuatro estaciones de corte religioso en el Valle de México. Y se rumora una quinta estación, pues la Iglesia Universal del Reino de Dios (o Pare de Sufrir) ha sostenido pláticas con diversos concesionarios para rentar frecuencias.

El fenómeno no sólo concierne a la Ciudad de México, sino a todo el país. En los últimos lustros se han constituido cientos de estaciones radiales de corte religioso en todo el territorio. ¿Se quebrantan la ley y el carácter laico del Estado?

Al ser una concesión del espectro de frecuencias propiedad de la nación, sí afecta el artículo 130 constitucional, que marca una clara separación entre las iglesias y el Estado. Además, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de manera enfática lo prohíbe. Así lo dice el artículo 16 vigente: “Las

asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”.

Tanto Gobernación como el Instituto Federal de Telecomunicaciones han sido laxos. Este último ha otorgado polémicas concesiones radiales a grupos religiosos disfrazados de asociaciones civiles.

El fenómeno no es nuevo, desde hace varios sexenios se opera un disimulo institucional. Basta ver la tele nocturna para encontrar emisiones religiosas con condimentos fanatizantes. Ahora, con AMLO, el tema se agudizó. Bajo el argumento de una necesaria moralización de la sociedad ante el proceso de descomposición del tejido social, AMLO buscó el apoyo y compromiso de las iglesias para afrontar esta decadencia moral. Incluso en marzo de 2019 se comprometió a otorgar concesiones de radio y TV a las iglesias evangélicas (Rodrigo Vera, Concesiones de radio y TV: lo que no logró la Iglesia católica lo consiguieron los evangelistas, Proceso 2213, 31 de marzo de 2019).

La Iglesia católica maneja desde hace mucho tiempo estaciones religiosas a través de asociaciones civiles que aparecen como entidades no religiosas. En el portal de María Visión, un canal católico que opera desde el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México, se lee: “A tres meses de haber salido al aire el 11 febrero de 1994, día de Nuestra Señora de Lourdes, nos convertimos en una señal satelital transmitiendo a través del satélite Morelos II con un potencial en señal abierta de 4.5 millones de telehogares en el ámbito nacional y 1.5 millones a nivel internacional”.

Varias congregaciones religiosas poseen emisoras radiofónicas vía sus universidades o centros culturales. Bajo la figura secular universitaria operan con un mosaico amplio de emisiones; tales son los casos de Radio Ibero 90.9 FM ( jesuitas), Radio UP 1250 AM (Opus Dei), Radio Anáhuac 1670 AM (Legionarios de Cristo). La Fundación Cultural para la Sociedad Mexicana es una asociación civil que detenta más de 10 concesiones radiofónicas para uso social. Dicha fundación es un instrumento propio de la Arquidiócesis de Guadalajara y opera con el nombre de Radio María. Según un reportaje de Eje Central, éstas operan desde 2012 en Puerto Vallarta, Jalisco, pero tienen 10 más en Culiacán, Sinaloa (XHFCS); Ensenada, BC (XHARB); San Miguel de Allende, Guanajuato (XESMA); Zamora, Michoacán (XHJAC); Cuernavaca, Morelos (XHFCSM); Puebla, Puebla (XHPBP); San Luis Potosí, San Luis Potosí (XHCSM); Guasave, Sinaloa (XHAVE); Ciudad Obregón, Sonora (XHCOB) y Mérida, Yucatán (XEFCSM). Todas ellas fueron otorgadas entre 2012 y 2018.

Ahora miremos los medios de las iglesias evangélicas. Tanto en el sureste como en el noreste del país hay decenas de radios evangélicas que operan de manera irregular llamadas “piratas”. En sólo un año han pasado de 67 radiodifusoras a 160 distribuidas en todo el país.

La mayoría de ellas funcionan con donativos en efectivo y en especie: equipos transmisores que provienen de evangélicos de Estados Unidos. Dichos donativos se han focalizado en las áreas rurales en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, así como en otras regiones eminentemente indígenas.

¿El Estado laico cede de facto o habría que flexibilizar normas?

Hay que salir de las simulaciones.

Aquellas iglesias que cuentan con mayores recursos, sean financieros o relacionales, tienen acceso a espacios de comunicación electrónicos. ¿Y los digitales? Esto desafía al Estado laico que debe procurar la equidad y evitar que una religión esté por encima de otra, a pesar de ser mayoritaria.

Muchos discursos religiosos son conservadores y excluyentes. ¿Qué impacto tendrían en las minorías?

Diversas minorías, religiosas y no religiosas, se verían discriminadas. ¿Dónde quedarán las demandas de las mujeres y de las minorías de la diversidad sexual? ¿Los grupos de homosexuales tendrían también acceso a medios propios?

Evitar los contenidos fanáticos, de intolerancia y de exclusión es otro reto. Porque contraviene la educación laica, sustentada en bases científicas y sin dogmas. ¿Cómo regular que las convicciones religiosas pretendan imponer sus criterios a la sociedad? Es de lamentar que sólo algunos grupos religiosos pretenden adquirir concesión de radio y televisión, lo que sería un error. Existen unas 10 mil asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación y no habría 10 mil espacios en medios de comunicación para cada una con el propósito de garantizar un trato equitativo.

Finalmente, sería deplorable convertir en púlpitos a las televisoras, radiodifusoras o medios impresos. Que los proselitismos no propicien la guerra de religiones que ya le costó mucho dolor a México en su historia y porque marchita la democracia. Los medios religiosos son respetables en una democracia madura, pero conlleva riesgos. El tema no sencillo.

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EN LA MIRA Héctor Estrada

¿Qué sucede con Solalinde y su silencio conveniente?

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espués de varios meses ausente de los reflectores públicos pese a la crisis migratoria que hoy afecta a la frontera sur de México, este martes el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, reapareció nuevamente ante los medios de comunicación, pero no para denunciar la denigrante situación que hoy enfrentan miles de migrantes en la región, sino para respaldar nuevamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Apenas este lunes, en medio de la crisis desbordada en Tapachula, las constantes caravanas ahora emanadas desde esa misma ciudad y los abusos policiacos cometidos contra migrantes en Huixtla, un par de preguntas se volvieron constantes entre la opinión pública ¿dónde estaba el padre Solalinde y por qué había tanto silencio de su parte?

El muy activo defensor de los derechos humanos de los migrantes durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto prácticamente desapareció de la escena pública desde el 2019 tras el fracaso de sus primeras recomendaciones de medidas migratorias y la confrontación que estas provocaron con el entonces gobierno de Donald Trump.

A Solalinde se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó el gobierno mexicano sin control en diciembre de 2018, y la política de brazos abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia de todos los funcionarios involucrados, no tuvo que rendir cuentas a nadie, ni estar someti-

do al escrutinio público, pero su influencia sobre López Obrador metió al presidente y al país en una situación incómoda, y de amenaza permanente desde Washington, señaló ese año el periodista Raymundo Riva Palacio.

La agenda de Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador. Se le metió a Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde dictó. El entonces presidente electo lo incorporó al equipo de transición, donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado, por si fuera necesario, por su primo lejano, Alejandro Encinas, que después fue nombrado subsecretario de Gobernación. Pero las cosas no salieron nada bien.

Desde entonces Solalinde se esfumó. Hasta este martes cuando, mediante una entrevista buscada por la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, el sacerdote aseguró que Estados Unidos está “detrás” de las caravanas migrantes para desacreditar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay que ver la otra parte, los activistas mandan a la gente más vulnerable a provocar. Ellos (los activistas) quieren un impacto mediático para demostrar que el gobierno de AMLO es malo y que es represor y que está en contra de los migrantes”, sentenció.

Sin embargo, no es la primera vez que sale en defensa abierta del actual gobierno federal. El año pasado, en una entrevista a “El Faro”, plataforma de periodismo en Centroamérica, desde su retiro público voluntario, Solalinde fijo

su postura ante las nuevas políticas migratorias de México. “Mi papel es ayudar a los migrantes, no involucrarme en ello, y mucho menos causar un problema internacional entre mi gobierno, un gobierno legítimo, y Donald Trump”, dijo tajantemente.

Y es que, su discurso sobre el fenómeno migratorio y el derecho al libre tránsito cambió drásticamente en cuestión de meses, conforme los operativos de retención a las caravanas migratorias del gobierno federal se endurecían. “he seguido apoyando y acompañando a los migrantes, pero, obviamente, no puedo apoyarlos en su derecho a ir al norte, porque tienen derecho a ir al norte, pero no puedo apoyarlos en este momento” respondió a la pregunta del reportero Carlos Martínez. Sí, esas fueron las declaraciones del mismo sacerdote que en 2012 abandonó el país debido a las amenazas muerte por la defensa de los derechos de los migrantes para tener un trato digno en México.

Así se explica en gran medida su silencio conveniente. Por que ahora no ha importado la crisis humanitaria que se vive en Tapachula, no ha sido suficiente la ineficiencia intencional del Instituto Nacional de Migración para retardar exageradamente los trámites de asilo y mucho menos el claro abuso de autoridad en las redadas aplicadas contra familias migrantes durante su paso por los municipios de Chiapas. Solalinde ahora “no puede apoyarlos” en los derechos que antes exigió para ellos, por una razón simple, porque esta vez sus convicciones políticas, resultan más fuertes que congruencia humanística… así las cosas.

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EL DIVÁN Sergio Stahl

Prevención para reducir riesgos y peligros

A

nte la temporada de huracanes y otros fenómenos climatológicos en Chiapas es indispensable - e incluso obligatorio- tomar medidas preventivas en cada casa, para reducir riesgos y peligros.

Nadie puede evadir esa responsabilidad.

Ni esperar que otros vengan a hacer lo que a cada uno corresponde.

Los riesgos por la temporada de lluvias- asociada al fenómeno de “La Niña”- debe servirnos para realizar algunos simulacros para estar preparados en caso de una eventualidad.

Esa es una de las mejores alternativas de reducir los peligros y los costos que trae la serie de fenómenos asociados con el cambio climático.

Hay que evitar los cauces de los afluentes, así sea el arroyo más pequeño, porque una creciente puede convertirse en una fuerza enorme, capaz de lesionar a las personas y hasta hasta quitarles la vida.

Durante los meses de septiembre y octubre se resienten los estragos más dañinos de la naturaleza, como por ejemplo: las inundaciones por intensas lluvias.

El llamado del gobierno local a la ciudadanía a evitar los riesgos y peligros en esta temporada de lluvias debe tener una respuesta puntual.

Preservar la integridad personal y de la familia es fundamental.

Prevenir los efectos desastrosos que traen los fenómeno naturales ( las lluvias, los huracanes, las

ondas y depresiones tropicales ) debe ser parte de la rutina de vida de cada uno de los chiapanecos.

Cada año, los desastres naturales causan miles de muertes en el mundo, fundamentalmente en zonas pobres.

En Chiapas, cada año en época de lluvias ocurren desastres naturales.

Gobierno y sociedad deben de unir esfuerzos para fortalecer la cultura de la protección civil en Chiapas.

Estar preparados para encarar los retos de la naturaleza en la entidad es cuestión de responsabilidad social y de sobrevivencia.

Evitar riesgos es mejor que lamentarse.

En fin.

BALCÓN. Ayer, el senador Eduardo Ramírez Aguilar planteó que el Plan de vacunación contra el #COVID19 debe extenderse a menores de edad . En entrevista con reporteros de la fuente del Senado de la República, el senador por Chiapas consideró importante y necesario incluir a los menores de edad y niños en el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal para que obtengan la vacuna contra el #COVID19, , a fin de disminuir el riesgo de enfermarse de manera grave. Ante los fallos favorables que han concedido jueces federales, luego de los amparos interpuestos por padres de familia para que sus hijos obtengan la vacuna contra el virus, las autoridades sanitarias deben analizar el esquema de vacunación, de tal manera que este sector sea tomado en cuenta, apuntó el legislador federal. “Luego del regreso a clases, muchos padres de

familia han recurrido al juicio de amparo como una alternativa para obtener de manera legal, la vacuna contra el #COVID19, para proteger la vida de sus hijos; si bien es cierto que la vacuna no evita el contagio, si evita enfermarse de manera grave”, señaló Eduardo Ramírez Aguilar y agregó que a través de estos fallos se reconoce y protege el derecho a la salud de los niños, así como de los adolescentes, establecido en nuestra Constitución. El senador chiapaneco destacó que incluso al inicio del presente ciclo escolar con clases presenciales, se han presentado casos de contagio, por lo que se hace más necesaria la protección para este sector de la población...

Eso es todo EL DARDO. En la nómina confidencial de la UNICACH cobraban “ incentivos económico” muchos funcionarios y trabajadores sindicalizados, así como también una gran cantidad de aviadores.

Los pagos en la nómina confidencial iban desde 500 pesos mensuales hasta 50 mil pesos. Al año, el gasto por la nómina confidencial sumaba una cifra de varios millones de pesos. Un gasto insostenible que era un lastre financiero para la el funcionamiento de la UNICACH . Suprimir la nómina confidencial fue una de las primeras medidas que tomó Juan José Solorzano Marcial al asumir la Rectoría de la UNICACH en febrero de 2021, en el marco del proceso de saneamiento financiero de la Universad del Estado que el Rector Solorzano Marcial está llevando a cabo en el primer año de su gestión .

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ANÁLISIS A FONDO: RESERVAS PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Francisco Gómez Maza

• Sólo la Comisión de Cambios puede decidir qué uso darles • Base monetaria, para controlar la temperatura de la economía

U

n lector consuetudinario de este espacio, me ha preguntado qué son las reservas internacionales del Banco de México y para qué sirven, y qué es y qué rol juega la llamada base monetaria en la economía nacional.

Explicables interrogantes.

El Banco de México da a conocer semana tras semana un comunicado de prensa con la información del comportamiento de su Estado de Cuenta. El boletín de la institución, que todos los reporteros que cubren las actividades del banco central reciben puntualmente, informa del comportamiento de las reservas internacionales en monedas extranjeras y del de la llamada base monetaria.

Obvio que este texto no va para los sabios en ciencia económica, sino para quienes, no siendo economistas, tienen la necesidad de conocer, el ansia de enriquecer su sabiduría.

Consuetudinariamente, el boletín mencionado llega a las redacciones de los medios los martes. Y este martes 7 de septiembre, el Banxico dio a conocer que, en los saldos preliminares del estado de cuenta, correspondientes al viernes 3 de septiembre de 2021, destacó un significativo aumento en las reservas internacionales y en la llamada base monetaria.

En la semana que terminó el 3 de septiembre, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: Un aumento en la reserva internacional por 168 millones de dólares con lo cual, su saldo al cierre de la semana ascendió a 205,559 millones de dólares.

Por otro lado, la base monetaria aumentó 12,091 millones de pesos, alcanzando un saldo de 2,183,170 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 14.2%.

La cifra alcanzada por la base monetaria al 3 de septiembre de 2021 significó un incremento de 271,363 millones de pesos, respecto a la misma fecha del año anterior.

El nivel y el comportamiento de la base monetaria continúa reflejando, en parte, las medidas sanitarias implementadas en el país, que habrían afectado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago.

Hasta aquí, todo muy bien, muy comprensible. Números, cantidades que no mienten.

Pero… ¿Qué son las reservas internacionales?

De acuerdo con los sabios y académicos de la ciencia económica, los diccionarios de economía, los expertos, las reservas internacionales (en este caso, del Banco de México, son activos financieros (dinero a favor), que la institución invierte en los mercados financieros del exterior. Su característica principal es la liquidez; o sea, la facilidad de uso para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera del país.

Sin embargo, el propósito, el objetivo principal del mantenimiento de las reservas es contribuir a la estabilidad de precios de la economía, cuando se presenta una disminución de los flujos comerciales (caen las exportaciones, por ejemplo), o de capital de la balanza de pagos, por desequilibrios macroeconómicos y/o financieros (internos o externos), tales como crisis causadas por una reducción considerable en la actividad económica, o en el comercio internacional, quiebras bancarias, escasa liquidez en los mercados financieros, encarecimiento del crédito entre otros.

En general, sólo los activos que son propiedad del banco central pueden considerarse como reserva internacional. En México, las reservas internacionales se in-

tegran por activos financieros denominados en las divisas de mayor importancia en los mercados internacionales, tales como dólares de EU, euros o yenes, entre otras.

En este capítulo es muy importante dejar en claro – el presidente López Obrador declaró recientemente que las reservas, enriquecidas con los DEG (Derechos Especiales de Giro), otorgados por el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros, para apuntalar la estabilidad de las economías, serían usadas para pagar deuda pública del gobierno federal.

Sin embargo, solamente la Comisión de Cambios es la única facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales. La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y está integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro Subsecretario de dicha dependencia, el Gobernador del Banco de México y dos miembros de la Junta de Gobierno del propio Banco Central.

Pero nos está quedando fuera la base monetaria. Qué es la base monetaria. El Diccionario Jurídico de la RAE define base monetaria como la “suma del dinero circulante en manos del público y de las reservas mantenidas por los bancos comerciales en el banco central”.

Dicho de una manera más sencilla, la base monetaria es la cantidad total de dinero físico (billetes y monedas) que existe en manos del público y en las instituciones bancarias. La base monetaria la encontramos en poder de los ciudadanos, que tienen en sus bolsillos monedas y billetes, y de los bancos que deben mantener una reserva de dinero físico en su poder o en depósitos en el Banco Central.

El estado nacional a través de su política monetaria, usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica.

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l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó este martes el Conversatorio virtual “Urna Electrónica: una perspectiva desde las elecciones locales”, en el que se tocaron temas relacionados con la implementación de este dispositivo en procesos electorales y la experiencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, una de las entidades más adelantadas en el uso de esta herramienta tecnológica.

Al respecto, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, no descarta que, de haber elecciones extraordinarias en algunos municipios de Chiapas, el IEPC podría explorar las condiciones para implementar la urna electrónica en algunos casos y en función de la viabilidad técnica y operativa que en su momento pudiera determinar el INE. Por lo pronto y para el efecto se han tenido reuniones preliminares de trabajo para analizar la viabilidad de utilizar en un número mínimo de casillas.

Que se requiere, que en primera instancia, lo que en breve determine el Congreso Local sobre la realización o no de elecciones extraordinarias en municipios donde no se pudo llevar a cabo la elección o donde los resultados electorales fueron anulados.

Oswaldo Chacón señala que es un tema complejo en términos operativos y culturales, n o obstante, de haber elecciones extraordinarias se abriría un escenario de oportunidad, para lo cual el IEPC se está preparando.

Aunque la decisión final de su utilización o no corresponde al INE, pero la experiencia de su implementación parcial en estados como Hidalgo, Coahuila o Jalisco generan optimismo.

Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC Jalisco, expuso que la experiencia que con la utilización de la urna electrónica, ha sido un proceso evolutivo con un proyecto de alcance nacional, el cual ha sido adoptado por varias entidades.

Su manejo, explicó comenzó con la realización de mecanismos de participación no vinculantes, así como con la renovación de dirigencias de partidos políticos.

Es una garantía el uso de la urna electrónica y prueba de ello es que en el reciente proceso electoral se utilizó, instalando 966 dispositivos, y aunque hubo impugnaciones, no se produjo la nulidad de ninguna casilla, pues las autoridades jurisdiccionales confirmaron los resultados.

El uso de esta tecnología, no solo genera confianza, sino que atrae a la participación y que contribuye a dejar la fatiga electoral por los cómputos, para que una vez finalizadas las jornadas electorales y con la inmediatez que la urna electrónica ofrece, se pueda tener la tranqui-

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Elecciones extraordinarias y urna electrónica • Vuelta la “burra al trigo” • El odio manifiesto del gobierno por los niños

lidad y seguridad de un resultado electoral que inhibe conductas postelectorales.

En opinión del Fiscal de Delitos Electorales de Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez, indicó que, desde la procuración de justicia, la urna electrónica es vista como un blindaje a los procesos electorales, que además dota de certeza, reduce el desgaste humano de resguardo de boletas, así como los tiempos de escrutinio y cómputo en la casilla.

La implementación de la urna electrónica constituye un gran avance para el desarrollo de una jornada de votación y no permite la posibilidad de que ocurran delitos que sí podrían darse en condiciones convencionales. Sin duda, se trata de una herramienta de mejora.

Habrá que esperar a fin del presente mes para que el Congreso local determine si se realizan elecciones en al menos 9 municipios o se instales -en algunos consejos municipales y para el uso de la urna electrónica, pues corresponderá al Consejo General del IEPC analizar la posibilidad de utilizar dicho mecanismo que los hará ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

Los burros de Morena contra consejeros del INE

La expresión “vuelta la burra al trigo” se utiliza para expresar hartazgo y fastidio frente a algo que se repite numerosas veces, como por ejemplo una opinión, argumento o error, sin que el interlocutor enmiende un ápice su discurso; incluso repitiéndolo cuando se ha dado por zanjado el asunto.

Tal es el caso de Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, al plantear que el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova presente su renuncia, luego de que desacreditó a la Cámara de Diputados como un órgano evaluador.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Mier Velazco indicó que a Lorenzo Córdova se le olvidó que en la Cámara de Dipu-

tados fue donde lo eligieron como consejero del INE. Lorenzo Córdova aseguró que la Cámara de Diputados es un órgano desacreditado para evaluar el desempeño de los consejeros electorales. Esto luego del planteamiento de Morena de analizar el trabajo del INE. Tiene razón Lorenzo Córdova, los diputados menos los de Morena tienen calidad moral para exigir la renuncia del presidente de dicho órgano electoral, pues están más desacreditados éstos para pedirle su dimisión.

Sabemos que los diputados de Morena obedecen ciegamente a López Obrador quien es el más interesado en destituir a todos los consejeros del instituto, pues a diario en sus mañaneras hace todo lo posible por descreditarlos, no obstante que éstos fueron los que calificaron la elección del 2018, en donde el tabasqueño se levantó con el triunfo.

Lo que pasa que López quiere desaparecer al instituto e integrar otro con puros incondicionales, lacayos y arrastrados que estén a su servicio para que de esta forma extender su mandato.

Morena, López, Mario Delgado, el mismo Ricardo Monreal confabulan a favor del rey macuspano, sin embargo, difícilmente se saldrán con la suya, toda vez que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no tienen los votos suficientes para desaparecer al INE, por lo que tendrán que seguir haciendo berrinches, porque la mayoría de los mexicanos apoyan la continuidad de los consejeros electorales.

Prefieren donar vacunas a oros países que vacunar a los menores

Una estupidez más de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al manifestar que las familias que están interponiendo amparos para que menores de edad sean vacunados contra la Covid-19, aunque estos sean menores con comorbi-

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lidades, en realidad le están quitando la oportunidad a otras personas de ser vacunadas contra la enfermedad.

El “Doctor Muerte”, considera que por la edad no hay razón para saltarse, aunque asegura que es legítimo que cada familia, que cada persona quiera ser la primera en ser vacunada… pero aclaro que no hay que perder de vista que por cada dosis que, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia a un niño y niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, por eso la salud publica piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad.

Solo hay que recodar que para el ego de López-Gatell, que a casi 20 meses de estar bajo el reflector nacional, que lo llevó de ser un funcionario degradado en 2009 por su mal manejo de la crisis del AH1N1, a una figura mediática y atractiva por su articulación sobre temas complejos, que lo llevó a ser considerado incluso como un potencial aspirante a la candidatura presidencial, llegaron a su fin. Lo que sube rápido, baja rápido.

Asimismo decir que pasado el proceso electoral del 6 de junio pasado, el tema de la pandemia de Covid-19 dejó de ser un tema prioritario en la agenda del Rey Macuspano, y desapareció de la discusión en las reuniones de gabinete en Palacio Nacional.

Y la actitud de ambos es por demás manifiesta, las vacunas y la población pasaron a segundo término, solo la utilizan para intereses meramente políticos.

Por ello, el “Doctor Muerte” olvidó mencionar que México donó vacunas a Honduras; quitando también oportunidades a los mexicanos de ser vacunados, incluidos a los menores de edad.

En total, de acuerdo a información del Gobierno federal, se donaron miles de dosis de la vacuna contra la Covid-19 También Gato-Gatell omitió mencionar que actualmente hay 16 millones 546 mil 584 vacunas que territorio mexicano que no se han aplicado y que supuestamente se encuentran perdidas.

Del Montón

El ministro Luis María Aguilar Morales aclaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está aprobando el aborto, sino que no se criminalice a la mujer y personas con capacidad de gestar por abortar voluntariamente. “Que quede muy claro, esto no quiere decir que estemos reconociendo un supuesto derecho al aborto, no, estamos insistiendo y señalando el derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida, si quieren ser madres o no quieren serlo que ellas lo decidan”, aclaró. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 8 de Septiembre de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2219

INFORME

PRONUNCIAMIENTO

GIRE celebra que la SCJN declarara inconstitucional la penalización del aborto

Los templos de SCLC cumplen cuatro años de estar cerrados por el sismo

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VOTACIÓN

Diputados aprueban en lo particular la Ley de Revocación de Mandato

PAG. 3

REPORTE

PAG. 8

ESTUDIO

Las “luces de terremoto” se dejan ver en la CDMX durante el sismo

Servicios de Salud en Oaxaca confirman muerte de 17 mujeres embarazadas por covid-19 Por lo menos 17 mujeres embarazadas o en periodo de puerperio, con diagnóstico positivo a coronavirus y tres recién nacidos que contrajeron el SARSCoV-2, han muerto durante la pandemia en la entidad, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

PAG. 6

PAG. 8

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La población más vulnerable es la que paga “los platos rotos” de la crisis por covid-19: Anpec