CONTRAPODER EDICIÓN 2162

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Continúa la disputa electoral de Rutilio Escandón con Manuel Velasco

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El resultado de las elecciones se trasladó al tribunal electoral.

Más de la mitad de los municipios fueron impugnados, muchos de ellos sin causales sólidas. Sin embargo, el interés se centra en algunos municipios

Después de las elecciones se preveían cambios en el gobierno.

Pero todo sigue igual, con las mismas deficiencias.

Y los mismos problemas que no se atienden adecuadamente.

La violencia continúa con sus muertos que no importan oficialmente.

DIARIO

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EN CHIAPAS

Lunes 21 de Junio de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2162

ACCIONES

PROBLEMÁTICA

Delegación marítima del EZLN llega a Europa, iniciará Gira Por la Vida

Los zapatistas serán recibidos por diversas organizaciones integrados en la Asemblea Galega Xira pola Vida y diversos activistas de diversas partes de España y Europa que se reúnen para el recibimiento

Liberan a retenidos de Chanal

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SENTENCIA

Abogado barzonista gana amparo contra sentencia de 90 años de prisión a una mujer

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HOY ESCRIBEN PAG. 3

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Vigo: delegaciones de Alemania, Grecia, Francia esperan la Arribada Zapatista

Mauro Gonzalez-Luna

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DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS ES DEFENDER LA DEMOCRACIA Rosa Pavanelli y Magdalena Sepúlveda

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QUE SE VOTE LA LUZ Pablo Gómez

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DENUNCIA

Impugnan elecciones en Pantepec, ganador cuenta con sentencia por homicidio

CLASE MEDIA, EN HOMENAJE A LÓPEZ VELARDE

EL FIN DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Elisur Arteaga Nava

PAG. 12

VIOLENCIA Y “NORMALIDAD” DEMOCRÁTICA: ¿SEGURIDAD AUSENTE O CÓMPLICE? Erubiel Tirado

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TERROR IMPUNE. ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO? Lucía Melgar Palacios PAG. 4

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Lunes 21 de Junio de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL Continúa la disputa electoral de Rutilio Escandón con Manuel Velasco

E

l resultado de las elecciones se trasladó al tribunal electoral. Más de la mitad de los municipios fueron impugnados, muchos de ellos sin causales sólidas.

Sin embargo, el interés se centra en algunos municipios, que por intereses extra-electorales se puede llegar a la consideración de la anulación de las elecciones. Estos municipios pueden ser Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla, La Concordia y Frontera Comalapa.

Las elecciones en Tuxtla, San Cristóbal y La Concordia dio como ganador a candidatos que no cuentan con la simpatía del gobernador y las irregularidades podrían llegar al 20% de las casillas; lo que puede ocasionar la anulación de las elecciones. De esta manera el Congreso Local designaría un Concejo Municipal y ante el vacío en la ley, se abre la posibilidad que ese Concejo pueda permanecer los tres años de gobierno, lo que le daría a Rutilio Escandón un triunfo electoral sin haber jugado.

En San Cristóbal el triunfo lo obtuvo el verde, con un personaje que es incondicional de Manuel Velasco y que el exgobernador lo va a apoyar hasta las últimas consecuencias, situación que estaría ocasionando un choque entre el gobernador y Velasco Coello, por el control de la ciudad, en donde el exgobernador quiere tener protegido sus propiedades. Al respecto, no se debe de olvidar que Manuel Velasco cultivó relaciones extraordinarias con los magistrado de la Sala de Xalapa, lo que le permitió obtener resultados favorables a pesar de las claras luces de ilegalidad, como sucedió en el caso de Fernando Castellanos, quien sin haber solicitado licencia en los tiempos establecidos, el tribunal le validó la candidatura a gobernador.

En Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales obtuvo la candidatura a pesar de los señalamientos de rechazo de Rutilio Escandón. Esa situación es lo que genera que el caso se complique y se prevé se anulen los resultados, debido a que este

órgano no ejerce su atribución con la libertad que se requiere y está dispuesto a congraciarse con el gobernador.

En La Concordia el gobernador había comprometido la plaza con el presidente del Congreso Local, quien llevaba a su pareja como candidata de Morena. Sin embargo, esa plaza fue ganada por el PES, con un candidato con el ADN de Velasco Coello, que ya estableció un cacicazgo con sus hijos en ese municipio. La alianza con el PES resultó estratégica para Manuel Velasco, que está apostando sus canicas en el 2024 a favor de Sasil de León y se tenía que buscar el registro en la entidad de esa franquicia a cargo de los hermanos de León Villard; por eso en los cálculos de Velasco Coello la candidatura del “Amigo Migue” se acordó que fuera con el PES. Aquí nuevamente se espera un choque entre el gobernador y el ex-gobernador, con la nota aclaratoria que pone a Manuel Velasco con mejores vínculos en la Sala de Xalapa.

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Delegación marítima del EZLN llega a Europa, iniciará Gira Por la Vida Alejandro Gutiérrez Madrid (proceso.com.mx)

E

l buque La Montaña, utilizado para la travesía oceánica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fondeó esta tarde de domingo en el puerto gallego del Concello de Baiona, a unos 40 kilómetros de la ciudad portuaria de Vigo, tocando así el territorio continental para el inicio de la Gira Por la Vida, que el EZLN iniciará en Europa.

En La Montaña cruzó el Atlántico el llamado Escuadrón 421, integrado por cuatro mujeres (Lupita, Ximena, Carolina y Yuli), dos hombres (Bernal y Darío) y una persona no binaria (Marijose).

Los zapatistas serán recibidos por diversas organizaciones integrados en la Asemblea Galega Xira pola Vida y diversos activistas de diversas partes de España y Europa que se reúnen para el recibimiento.

El Subcomandante Galeano –nombre que desde 2014 utiliza el mítico Subcomandante Marcos— escribió ayer sábado que, una vez que arribe la comitiva del Escuadrón 421 y el buque fondee, desplegarán la manta “¡Despertad!”.

Sin embargo, por responsabilidad la comitiva que compone el Escuadrón 421 y la tripulación que encabeza el Capitán Ludwig permanecerán en la embarcación hasta obtener el resultado de las pruebas PCR para covid 19 que se practiquen las autoridades sanitarias gallegas, tal como sucedió en Cienfuegos (Cuba) y en Horta (Las Azores).

“Digo, si ya esperamos más de 500 años para devolver la bofetada, bien podemos esperar uno o dos días a que se organice lo que realmente importa,

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El Sistema municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, informó que se encuentra todo listo para la participación en el Mega Simulacro 2021, que se realizará este lunes 21 de junio, a las 11:00 horas, en toda la república mexicana.

Elizabeth Hernández Borges, secretaría de Protección Civil Municipal, refirió que este primer mega simulacro iniciará con la activación del sistema multialerta sísmica, que tiene como propósito fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

En este ejercicio se espera la participación masiva de instituciones

Los zapatistas serán recibidos por diversas organizaciones integrados en la Asemblea Galega Xira pola Vida y diversos activistas de diversas partes de España y Europa que se reúnen para el recibimiento

es decir, un baile”, señaló jocoso.

“Esto sería una muestra de responsabilidad del Escuadrón 421 hacia quienes nos reciben, es decir, garantizarles que no les contaminaremos de otro virus que no sea el de la resistencia y la rebeldía”, señaló Galeano.

“Ríndanse caras pálidas…”

La propuesta de los zapatistas expresada en esa comunicación de Galeano señala que la tripulación –salvo resultado clínico adverso—estaría bajando en uno o dos días, aproximadamente, lunes o martes, previsiblemente.

En el mismo tono, les insinuó a las organizaciones que les acogen “toquen una cumbia… con gaitas”, el instrumento tradicional gallego.

Lo mismo que se pueda organizar la convocatoria a medios de comunicación para que puedan “planear también la cobertura o censura del sacrilegio que se propone consumar el Escuadrón Marítimo 421”.

Propone que el desembarco sea a través de una lancha, y Marijose, rebautizará esos suelos y cielos de forma

simbólica diciéndoles “`¡Ríndanse caras pálidas heteropatriarcales!´… ok, no, pero sí dirá las palabras que le han encomendado decir a nuestro nombre”.

Los colectivos que participan han estado concentrados todo el fin de semana en el consistorio para anunciar la buena nueva: “500 años después se repite el viaje, pero al revés”.

Los zapatistas partieron de México en mayo pasado y tiene como objetivo hacer un recorrido por diversas ciudades de Europa, donde tendrán encuentros con otros movimientos y redes de organizaciones sociales, teniendo como centro su rechazo a la represión que sufren, al capitalismo, el racismo y la destrucción de la madre tierra por los grandes proyectos empresariales.

En el comunicado de octubre pasado, desde las montañas del sureste mexicano, el Subcomandante Insurgente Moisés señalaba, “saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho

menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”.

El EZLN ha sido particularmente crítico con el Tren Maya, uno de los proyectos principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también con la polémica carta del mandatario mexicano en la que planteaba que España muestra un perdón por los actos de agravio durante la Conquista.

Por ello, en dicho comunicado, el Subcomandante Moisés señala, “iremos a decirle al pueblo español dos cosas sencillas: uno, que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: que no tiene por qué pedir que nos perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso”.

La Montaña arribó el pasado 12 de junio a las islas Azores, que son unas islas portuguesas muy lejanas de la masa continental, ese fue su primer contacto con Europa, por tanto al espacio Schengen.

Pero este domingo los primeros representantes del EZLN hicieron su arriba al territorio continental.

En las comunicaciones del EZLN relacionadas con la travesía, se señalaba que el capitán Ludwig calculaba avistar las costas de la península Ibérica entre el 19 y 20 de junio, aunque podrían ser antes porque La Montaña va reconciliada con el viento, parece apresurada en abrazar a sus hermanas portuguesas y gallegas, escribió Galeano, el nombre que desde 2014 utiliza el antes conocido como Subcomandante Marcos.

Megasimulacro nacional este lunes 21 de junio públicas y privadas, que previamente fueron registradas en la plataforma digital del gobierno federal.

Por lo que el Gobierno de México, a través de las dependencias anteriormente descritas, convocan a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas a participar de manera responsable y activa.

Como en cada convocatoria, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez participará con todas sus dependencias en este simulacro nacional, el cual se ha registrado debidamente en la plataforma digital, www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021

Coordinación Nacional de Protección Civil El simulacro iniciará con la activación del sistema multialerta 360 que

cuenta con alarmas externas e internas en algunos edificios con el que cuenta la ciudad, con lo que la ciudadanía deberá iniciar el desalojo de edificios,

instituciones, comercios y hogares, para que las brigadas de atención de emergencia de algunas colonias y barrios de la capital entren en acción.

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Lunes 21 de Junio de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

E

n Pantepec el Partido Chiapas Unido impugnó el otorgamiento de La Constancia de Mayoría y su validez a favor de quien resultara ganador ya que cuenta con una sentencia previa por homicidio. Se trata de Enrique Hernández Vázquez y su planilla para ocupar cargos de Miembros del Ayuntamiento por la alianza Va Por Pantepec conformada por los partidos PAN-PRIPRD, así lo dio a conocer el abogado y representante legal del Partido Chiapas Unido Eliseo Vázquez Cruz.

Agregó que, simplemente es inelegible la persona para ocupar el cargo porque la ley se lo prohíbe, ya que no cuenta con los requisitos de elegibilidad.

“Por los antecedentes violenta los artículos 1°, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando el Hecho de que en la causa penal 692/2016, radicada en el Juzgado de Enjuiciamiento, Región Uno, con Sede en Cintalapa, Chiapas, se encuentran los siguientes puntos: 1.- Mediante oficio número TSJ/ JCyTE/AG/811/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, el C. Licenciado Guillermo Arturo Lam Natarén, Administrador General, de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, remite al Licenciado Roberto Ramos Cuellar, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Orginal del auto de apertura a juicio de fecha 24 de noviembre de 2017, para presidir la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL de la causa penal número 692/2016.

Con esa misma fecha 24 de noviembre de 2017 se emitió auto de apertura a juicio oral, radicando dicha causa penal el 13 de diciembre de 2017, en la que se tiene por recibido el auto de apertura a juicio, dictado en audiencia pública y oral de etapa intermedia relativa a la causa penal 692/2016, en contra del acusado ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ, como probable culpable autor del hecho que la ley señala como delito de homicidio previsto y sancionado por el artículo 160, en relación a los numerales 10, 14 párrafo primero, fracción I, 15 párrafos primero y segundo, y 19 párrafos primero y segundo fracción VIII, todos del Código Penal del Estado de Chiapas, en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de LETICIA DE LA CRUZ

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

La dirigencia estatal de “El Barzón” en Chiapas reconoció al abogado humanista y altruista Porfirio Gutiérrez Fiallo, luego de haber ganado un amparo y lograr revocar una sentencia de 90 años en contra de una mujer por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.

El abogado en cuestión, es también nuestro representante legal de la organización social, y logró la liberación

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Impugnan elecciones en Pantepec, ganador cuenta con sentencia por homicidio VILLARREAL, hechos ocurridos en la Ribera el Triunfo del municipio de Pantepec, Chiapas. En el mismo auto se señaló fecha para la celebración de la AUDIENCIA DE DEBATE A JUICIO ORAL, para el día 2 de abril de 2018.

2.- En fecha 19 de abril de 2018, se dicta SENTENCIA DEFINITIVA en la causa penal número 692/2016, misma que obra a fojas de la 30 a la 42 de las copias certificadas que se anexan como prueba al presente Juicio de inconformidad, mediante el cual se dicta SENTENCIA CONDENATORIA en los siguientes términos: PRIMERO.- En consecuencia, de conformidad con el artículo 402, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite SENTENCIA de CONDENA en contra de ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ, en la comisión del delito de homicidio previsto y sancionado por el artículo 160, en relación a los diversos 10, 14 párrafo primero, fracción I, 15 párrafos primero y tercero, y 19 párrafos primero y tercero fracción VIII, todos del Código Penal del Estado de Chiapas, en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de LETICIA DE LA CRUZ VILLAREAL, hechos ocurridos en la Ribera el Triunfo del municipio de Pantepec, Chiapas.

SEGUNDO.- En consecuencia con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 160, del Código Penal del Estado, con relación al último párrafo del artículo 19 del Código Sustantivo de la materia, lo procedente es imponer la pena de 6 años de prisión.

TERCERO.- Se ordena levantar la medida cautelar impuesta al sentenciado ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ, impuesta a partir del 19 de febrero de 2017, una vez que cause estado la presente sentencia, para efectos de que compurgue la pena de prisión impuesta.

CUARTO.- En término de lo dispuesto en los artículos 20 apartado C,

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al pago de la reparación del daño con relación a la comisión del delito de HOMICIDIO, se condena al sentenciado ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ, a la cantidad de $369,582.04 (Trescientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 04/100 Moneda Nacional), de conformidad con el artículo 38, párrafo segundo, con relación a los artículos 500, fracción I, correspondiente al pago de dos meses de salario mínimo por concepto de gastos funerarios y 502, que establece como indemnización el pago de la cantidad de 5,000cinco mil días de salario, esto en razón de $73.04 moneda nacional.

Cantidad que deberá ser a favor de quien justifique los derechos que tiene de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

QUINTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 96 y 110, del Código Penal Vigente en el Estado, NO ES PROCEDENTE CONCEDER algún sustitutivo no beneficio de libertad al sentenciado.

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 38 fracción III, de la Constitución Federal, con relación al 52 y 53, del Código Penal del Estado, se SUSPENDE ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ, el ejercicio de sus derechos políticos, por un plazo igual a la pena de prisión impuesta. Así también se suspenden sus derechos civiles referentes a la tutela, curatela,

apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico, o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.

Es por ello que, después de sentenciado con 6 años de prisión como lo marca la Ley Enrique Hernández Vázquez no es elegible para ocupar algún Cargo de representación Popular y aquí citamos el inciso g) numeral 4 del Artículo 10 del Código de Elecciones “No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la elección”, explicado en otras palabras no podrán ser elegibles las personas con 5 años anteriores de enfrentar y ser sentenciados en un proceso penal en su contra.

De lo anterior se deja claro que Hernández Vázquez, fue condenado a seis años de prisión, que inicio el 19 de abril de 2018, por lo que esa condena se prolonga hasta el 18 de abril de 2023, estando en estos momentos compurgando la pena impuesta.

Con argumentos legales sostenidos y soportados debidamente ante las autoridades en materia y competencia El Partido Chiapas Unido exige respeto a la Democracia y a las Leyes en Pantepec.

Cabe anotar que la diferencia de votos son únicamente 65 entre la Alianza Va x Pantepec y el Partido Chiapas Unido y que el tiempo de la Impugnación cumple con todos los requisitos de Ley en tiempo y forma, agregando responsablemente los contenidos de la persecución con Armas de Fuego de personas ajenas al Municipio de Pantepec a los simpatizantes de Chiapas Unido en tiempos de campaña electoral para intimidarlos y someterlos a su voluntad, evidenciando además el robo de Casillas en la Misma cabecera Municipal por personas ligadas a la alianza PANPRI-PRD en donde de manera clara y contundente aventajara el Partido Chiapas Unido con su candidato Osmar William Velasco.

Abogado barzonista gana amparo contra sentencia de 90 años de prisión a una mujer de Carmen Julia Mendoza Pérez, recluida en el penal de El Amate, desde el año 2018, quien fue aprehendida y condenada a 90 años de prisión por un delito que no cometió, ahora ya se encuentra retomando su vida junto a sus menores hijos y familiares.

Por tal motivo, “El Barzón” hizo un reconocimiento a las autoridades

federales encargadas de impartir justicia en Chiapas.

Destacando además que, la defensoría social es el eje primordial de nuestra asociación y se ha demostrado con hechos desde hace más de veinte años en nuestro Estado, recalcó la dirigencia estatal de esta organización social.

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Vigo: delegaciones de Alemania, Grecia, Francia esperan la Arribada Zapatista De la Redacción La Otra Vigo, Galicia. (Pozol Colectivo)

D

esde hace varios meses la Asamblea Gallega de la Xira por la Vida a la que han convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, se ha estado preparando en coordinación con otros colectivos sociales de Galicia, junto con otras delegaciones europeas de Italia, Alemania, Grecia, Suiza, Portugal, Euskalerria, Cataluña,Andalucía, Francia, Bélgica y México para darle la bienvenida al Escuadrón 421.

Esto se dio a conocer en la Rueda de prensa del pasado viernes 18 a las afueras del Ayuntamiento de Vigo, donde además se dar algunos detalles de la organización y arribada de la Delegación Zapatista, también se mencionaron las denuncia sobre el hostigamiento que hacen grupos paramilitares en comunidades autónomas, De igual manera se evidenciaron la recientes formas de discriminación a la Segunda Delegación Zapatistas, a quienes por requisitos falsos y absurdos, se les ha negado su pasaporte mexicano para poder viajar a tierras europeas. Por lo que también se señaló al mal gobierno del actual presidente López Obrador.

Aún cuando las fechas y la hora de la arribada Zapatista a la Ría de Vigo son inciertas, la Asamblea Galega y la Asamblea de Galicia, se

Esto se dio a conocer en la Rueda de prensa del pasado viernes 18 a las afueras del Ayuntamiento de Vigo, donde además se dar algunos detalles de la organización y arribada de la Delegación Zapatista, también se mencionaron las denuncia sobre el hostigamiento que hacen grupos paramilitares en comunidades autónomas

siguen preparando y organizando con los diferentes colectivos de la Unión Europea, México y Oriente Próximo que han venido a apoyar en la Bienvenida a la primera delegación del EZLN en tierras de este

continente.

«Con conciertos al aire libre, recitales, obras de teatro y canciones son otras de los tantas actividades que se vienen llevando a cabo para difundir la Arribada Zapatista

en Vigo, y así ir creando un ambiente de espera y alegre rebeldía para recibir a esta Delegación de 7 compas zapatistas: cuatro compañeras, unoa compañeroa y dos compañeros.

Ciudadano)

Liberan a retenidos de Chanal

Cándido y Pablo Gómez Méndez fueron liberados luego de permanecer retenidos durante varias horas en la comunidad La Mendoza municipio de Chanal, donde tuvieron que intervenir delegados de gobierno, autoridades municipales y de la Fiscalía Indígena.

Ellos fueron retenidos por la problemática de tierras que mantiene con sus mismos familiares y gracias a los trabajos de diálogo del ayuntamiento de Chanal y Delegación de Gobierno, no pagaron la cantidad de 100 mil pesos que le solicitaban.

Cándido y Pablo fueron retenidos ya que ellos han hecho denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, porque no quieren ceder la parte de tierras que les corresponde porque existe deforestación de las personas que se han

apoderado desde hace 7 años.

Y es que son más de 4 ocasiones que han llamado a diálogo y ante la omisión de Pedro Gómez López y Alfredo López Méndez, optaron por hacerlo por la vía legal, que fue lo que les molestó, y por eso ahora piden la intervención de las autoridades.

Para que no quede impune el delito de privación a la libertad, pidieron castigo a los autores intelectuales de los hechos, principalmente para Pedro Gómez López, quien encabezó los hechos.

«Fuimos golpeados, intimidados entre muchas cosas, me dijeron que si pasaban 72 horas me iban hacer cosas peores» dijo Cándido Gómez Méndez quien se encargará de aportar todas las pruebas necesarias para que la fiscalía haga justicia

Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte

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Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General investigan asesinato de 14 personas en Reynosa De la redacción Reynosa, Tamaulipas, 20 de Junio (proceso. com.mx).

E

l gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó hoy que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del estado investigan conjuntamente los crímenes de 14 personas en Reynosa.

“En relación con los condenables hechos registrados en Reynosa, los cuales cobraron la vida de ciudadanos inocentes, giré instrucciones para esclarecer a la brevedad lo ocurrido y se proceda contra los responsables”, aseguró Cabeza de Vaca.

El mandatario destacó que se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas inocentes que murieron como consecuencia de estas acciones del crimen organizado en Reynosa. Mi gobierno les dará el apoyo necesario en estos momentos difíciles”.

El gobernador hizo un llamado al gobierno federal para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad en el combate a quienes amenazan la seguridad, la salud y la estabilidad de todas las comunidades.

Las organizaciones criminales

Los crímenes se atribuyen a un grupo del crimen organizado que se disputa la “plaza” contra otro bando de la misma banda autodenominada Cártel del Golfo

deben recibir por parte del gobierno federal una señal clara, explícita y contundente de que no habrá espacios para la impunidad, ni tolerancia ante sus reprobables conductas delictivas, concluyó Cabeza

de Vaca.

El medio día de ayer viernes, un grupo de pistoleros que se desplazaba en diversos vehículos asesinó a 14 personas en diversas colonias de Reynosa, sin que se conozca el

motivo hasta la fecha.

Los crímenes se atribuyen a un grupo del crimen organizado que se disputa la “plaza de Reynosa” contra otro bando de la misma banda autodenominada Cártel del Golfo.

Apagón en Playa del Carmen fue por vandalismo: CFE Rosa Santana Solidaridad, Q. Roo., 20 de junio (proceso. com.mx)

Actos vandálicos perpetrados en horas de la madrugada contra la red subterránea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejaron sin el servicio de energía a once mil usuarios de la región.

De acuerdo con información de la CFE, el ataque, que no se especificó en qué consistió, se cometió a las 2:50 horas de la madrugada de este domingo 20 de junio cerca de la subestación Mayakoba, en este municipio, cuya cabecera es Playa del Carmen.

Para reparar los daños y reestablecer el servicio al sector afectado, la CFE movilizó a más de una docena de trabajadores con sus respectivos

supervisores, así como equipo y herramientas necesarios.

Las colonias afectadas son: Fraccionamientos la Guadalupana, Cristo Rey, Avenida Universidades, Playa Magna, Fraccionamiento la Toscana, Real del sol, Avenida 28 de julio, División del Carmen, Santa Fe y Villamar.

Una hora más tarde de la interrupción, se restableció el servicio al 92% de los clientes.

No obstante, fue hasta la tarde cuando se solucionó el problema a 873 usuarios ubicados en los fraccionamientos Guadalupana, Rea del Sol, Santa Fe y Avenida 28 de julio.

“Derivado de la complejidad de los trabajos que se están realizando debido a los daños causados a la infraestructura, se continua con el reemplazo conductor y diversos tra-

bajos, desde la misma madrugada, para dejar todos los servicios recupe-

rados al 100% por la tarde”, explicó la empresa.

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Viven mujeres violencia política en procesos electorales y en el ejercicio del cargo: Mariana Niembro Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

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urante el proceso electoral de este 2021 las organizaciones “Borde Político” y “Fábrica de Bots” documentaron 40 reportes de violencia política, principalmente contra candidatas a diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales.

De estos reportes, 26 concluyeron ante autoridades electorales, es decir, 65 por ciento. Así lo dijo en entrevista Mariana Niembro Martínez, directora de “Borde Político”.

Sin embargo, advirtió que las mujeres también viven violencia política después de las elecciones, cuando ocupan los cargos que ganaron.

Estas organizaciones crearon la chatbot “Ela Alerta”, una herramienta de mensajería para que las candidatas denunciaran violencia política en razón de género. Por medio de este chat las interesadas respondieron una serie de preguntas para generar una denuncia que posteriormente presentaron ante una institución.

El primer corte de información que hizo público este 16 de abril en conferencia de prensa al rendir cuentas sobre el resultado del proyecto financiado con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, indica que hubo 40 reportes, pero después de la jornada electoral del 6 de junio siguen llegando casos.

La analista detalló que es probable que estos testimonios de violencia no se reportaron antes porque las candidatas tuvieron miedo a denunciar, por desconfianza de no saber qué pasaría con su denuncia o porque ellas y sus equipos de campaña estaban concentrados en buscar el voto.

Uno de los casos registrados después de la jornada electoral es de una candidata en Oaxaca que ganó la elección y es hostigada para no ocupar el puesto que ganó en las urnas.

La directora de “Borde Político” destacó que no hay que olvidar que la violencia política en razón de género también se manifiesta una vez que las mujeres han tomado posesión de los cargos para los cuales fueron electas, por lo que es necesario seguir denunciando la violencia y dar seguimiento a los casos.

“Esta violencia no acaba en el proceso electoral y en las campañas, como sabemos, sino que se extiende al reconocimiento de las elecciones.

Tenemos varios casos reportados, incluso que no quieren denunciar, que están siendo amenazadas para no ocupar sus cargos”.

Violencia empaña elecciones

De estos reportes, 26 concluyeron ante autoridades electorales, es decir, 65 por ciento. Así lo dijo en entrevista Mariana Niembro Martínez, directora de “Borde Político”. Sin embargo, advirtió que las mujeres también viven violencia política después de las elecciones, cuando ocupan los cargos que ganaron

En esta elección, donde hubo una amplia participación de las mujeres, con 71 mil 465 candidatas compitiendo por algún cargo de elección a nivel local o federal, la violencia política estuvo presente. Niembro dijo que fue un periodo electoral empañado por la violencia, en particular en contra de las mujeres, la cual incluyó feminicidio, ataques en redes sociales, secuestros, amenazas, discursos discriminatorios, y afectación de material de campaña, entre otras.

Los casos registrados a través de la chatbot se concentraron en Sonora, donde hubo 11 reportes y en Guerrero, donde hubo seis casos. También se generaron reportes en Baja California y Chiapas, y un reporte en cada uno de los siguientes estados: Chiapas, Nuevo León, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México.

Esto ocurrió en una elección histórica para la participación política de las mujeres. A pesar de esto, después de la jornada electoral, por primera vez en la historia de México, la ciudadanía eligió a seis mujeres como gobernadoras y se prevé que la Cámara de Diputados se integre por 246 mujeres, 49.2 por ciento de legisladoras.

Las situaciones de violencia en general no terminaron en denuncias. Mariana Niembro mencionó en conferencia de prensa que existe un problema de cifra negra, pero hay que investigar si las candidatas ven amenazado su contexto en caso de denunciar o si la dinámica de las campañas electorales les impidió presentar el reporte.

De las denuncias registradas por

la chatbot, cinco fueron denuncias penales ante el Ministerio Público, pero sólo en tres casos se concluyó la denuncia, lo que implica 60 por ciento de los reportes. Las denuncias penales se presentaron en el ámbito local, lo que indica que en estos espacios las mujeres pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad.

Las manifestaciones de la violencia política en razón de género que más se reportaron fueron las amenazas, la limitación económica, calumnias e información falsa proporcionada a las candidatas. Destaca que las candidatas autodenominadas feministas, fueron atacadas por apoyar temas como la despenalización del aborto. Además, en todos los reportes se señaló a hombres como agresores.

Violencia dentro de los partidos La analista aseguró que esta elección fue un parteaguas por dos temas: la obligación de cumplir con la paridad de género en candidaturas a todos los cargos de elección y la implementación de las reformas para sancionar la violencia política de género. Sin embargo, dijo, aún falta madurar estos procesos.

Un espacio donde hay que incidir, enfatizó Niembro, es al interior de los partidos políticos porque en estas elecciones, donde las legisladoras tuvieron la oportunidad de postularse para ser reelectas, los líderes de los partidos se opusieron a que ellas volvieran a ocupar estos espacios.

“Lo que vimos en este proceso es que dejaron fuera a muchas de las

mujeres que aprobaron esas grandes reformas en esta Legislatura de la Paridad y en sus partidos políticos no les permitieron la reelección. Eso también hay que decirlo”, dijo.

Por ejemplo, en estos comicios no compitieron por la reelección las legisladoras que presidieron la Cámara de Diputados: Dulce María Sauri, del PRI y Laura Rojas, del PAN, ambas impulsoras del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, una especie de bancada que se creó para promover reformas a favor de los derechos de las mujeres durante estos tres años.

Falta democratizar los partidos y lograr que se comprometan a no ejercer violencia política y tener los canales de atención que la ley les exige. Además un reto será analizar el mecanismo de reelección porque hoy los políticos deciden a quién le permiten competir para ocupar un cargo por segunda ocasión, agregó.

La investigadora dijo que también hay que revisar si la falta de denuncia se debió a que no se conocen las conductas que implican violencia política y sus sanciones, aunque es notable que, en los reportes recibidos mediante la chatbot, las candidatas identificaron perfectamente el tipo de violencia al que eran sometidas.

En cuanto a los efectos jurídicos en la vía electoral o penal que podrían tener las denuncias, agregó, hay que analizar si la falta de denuncia está relacionada con trámites difíciles para su presentación ante las autoridades, poca confianza en que habrá un efecto derivado de estas denuncias, o si las candidatas consideran que la presentación de los reportes y las denuncias son inútiles.

En este sentido, Mariana Niembro aseguró que se debe difundir la importancia de la denuncia; las consecuencias de ejercer violencia política; fomentar la confianza en autoridades electorales, ministeriales y judiciales. Es decir, de los pocos casos que se denuncian, mandar el mensaje de que estos no quedarán en la impunidad.

Entre los pendientes de este proyecto de observación electoral, señaló, hay que revisar si la herramienta fue de fácil uso, si la cobertura de redes permitió el uso de la chatbot, si el diseño fue amigable y permitió completar los diálogos e identificar los tipos de agresiones por violencia política que se presentaron.

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L-12: Los costos de la “racionalización” Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (Proceso)

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esde que se concibió la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) las empresas participantes en la obra, así como el gobierno de Marcelo Ebrard, buscaron “racionalizar” recursos, y aunque las constructoras y los exfuncionarios capitalinos lo niegan, eso pudo influir en una construcción con múltiples defectos estructurales, como los que dieron a conocer en su peritaje la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) y en su informe de Inspección Física del resto de la línea el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Ya el Informe de la Comisión Especial de Investigación de la Línea 12 del Metro de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presidida por Jorge Gaviño Ambriz, tras la suspensión temporal de las estaciones del viaducto elevado en marzo de 2014 por fallas en las vías, apuntaba que se escatimaron recursos.

De entrada la empresa Consultoría Metropolitana de Ingeniería SA de CV (Cominsa), citada en dicho informe, realizó un estudio comparativo con ventajas y desventajas entre un cajón subterráneo y un viaducto elevado para construir las 22 estaciones del proyecto original, que finalmente se redujeron a 20.

Las ventajas del cajón subterráneo radicaban en que tendría un comportamiento geotécnico y estructural adecuado durante la vida útil de la línea; gran capacidad de estructura para soportar deformaciones generadas por los asentamientos diferenciales; alta capacidad para soportar sismos de gran magnitud; mínimo mantenimiento a las instalaciones fijas; impacto urbano nulo; además de que, concluida la obra civil, se restituiría en su totalidad el tránsito vehicular.

Los contras consistieron en que la construcción de la obra civil requería cerrar la vialidad e incrementar el desvío y adecuación de las instalaciones municipales, además de que los costos de la obra civil se elevarían.

Sobre la construcción del viaducto elevado –del cual se desplomó un tramo entre Olivos-Tezonco– las desventajas eran más que los beneficios, según Cominsa. Fundada en 1986, la firma se dedica a la consultoría, asesoría, elaboración de proyectos, diseño y construcción, tanto en el sector público como en el privado, esencialmente en el área de transporte masivo de pasajeros, como Metro, Tren Ligero, Tren Suburbano y ferrocarriles.

Entre las ventajas para los constructores estuvo la disminución de las desviaciones y adecuaciones de instalaciones municipales; el tiempo de ejecución de la obra civil era menor; mientras que los costos se reducían de manera importante.

A cambio de eso, el sistema estructural de la parte elevada sería susceptible de deformaciones ante los asen-

tamientos diferenciales, reduciendo los factores de seguridad. Además, las características y variaciones del suelo detectadas en el trazo de la Línea 12 incidirían en asentamientos diferenciales, afectando el comportamiento de la estructura y, como consecuencia, la operación. Todo lo anterior con impacto en la seguridad de las instalaciones.

Otras desventajas identificadas fueron que el mantenimiento de la estructura y el sistema de vías resultaría “costoso y complejo”; se reduciría la velocidad de operación debido a las deformaciones de la estructura; además de la susceptibilidad a presentar daños por movimientos sísmicos mayores, como el ocurrido en septiembre de 2017.

Finalmente Cominsa observó que en el viaducto elevado se generan daños al material rodante debido a los golpes constantes de las vías por los desniveles; además de dejar un impacto urbano negativo.

Pese a las advertencias, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) decidieron construir nueve de las 20 estaciones sobre el viaducto elevado.

La empresa de la familia Quintana decidió utilizar elementos de concreto prefabricado; mientras que la compañía del hombre más rico del país, Carlos Slim, utilizó estructura metálica de la interestación Lomas Estrella-Calle 11 a la interestación Zapotitlán-Tlaltenco.

Por su parte, Colinas de Buen, conglomerado de empresas dedicadas a la ingeniería civil y estructuras, fundada en 1955 por Óscar de Buen López, realizó el proyecto ejecutivo del tramo elevado de la Línea 12 desde Tláhuac hasta Calle 11.

Según la compañía, se proyectaron ocho estaciones y siete intertramos, iniciando desde el oriente con la estación terminal Tláhuac, seguida hacia el poniente con la estación Tlaltenco, ambas diseñadas en solución superficial.

Las estaciones Zapotitlán, Nopalera, Los Olivos, San Lorenzo Tezonco, Periférico Norte y Calle 11 fueron concebidas en solución elevada.

“Los intertramos constituidos con una serie de columnas de concreto que soportan dos vigas metálicas paralelas constituyen una solución sumamente sencilla, ligera y eficiente. Las estaciones elevadas son igualmente ligeras a base de estructura metálica.”, señaló Colinas de Buen en una edición especial de la revista especializada Vector Infraestructura sobre la construcción de la Línea 12.

Colinas de Buen, que se encargó del

diseño de las estructuras del Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y el Auditorio Nacional, destaca que “fue necesaria una labor importante de mecánica de suelos para diseñar en cada caso la cimentación adecuada y, sobre todo, conseguir un comportamiento uniforme en la superestructura, la que soporta los sistemas de vías, donde respetar las tolerancias resulta muy importante”.

Todo apunta que la falla fue de quien ejecutó la obra, según el peritaje inicial de DNV, el cual dejó ver deficiencias del proceso constructivo en detalles como la soldadura de los pernos Nelson (que unen la trabe con la tableta de concreto); porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe; falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente; diferentes tipos de concreto en la tableta; soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas; y falta de supervisión y control dimensional en soldaduras de filete en el tramo colapsado.

La compañía noruega adelantó que realizará cálculos para determinar las discrepancias entre diseño y construcción. También supervisará las pruebas y los análisis destructivos de las muestras extraídas de concreto y acero, para confirmar el cumplimiento de la especificación de los materiales utilizados en la construcción.

Discrepancias y “racionalización” Otra prueba contundente de que la obra estuvo mal ejecutada es el informe sobre la inspección física de la Línea 12, hecha por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), excepto del lugar donde sucedió la tragedia del pasado 3 de mayo.

Con un simple registro ocular, el CMIC halló afectaciones grado B en 32% del viaducto elevado, lo cual no implica en sí mismo que los tramos sean de alto riesgo y que deban salir de operación, sino que indican situaciones de vulnerabilidad, daños o deficiencias que deben analizarse con mayor detalle.

Se trata, por ejemplo, de soldaduras al centro del claro (práctica de construcción cuestionable); separación insuficiente de vigas entre ellas y respecto a los cabezales; fisuras en columnas; fisuras en trabes y cabezales; elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial (neoprenos); diafragmas colocados deficientemente o inexistentes; así como inconsistencias por atiesadores horizontales en trabes más cortos que en otras zonas.

En una entrevista con el periódico

Milenio, el también exdirector del STC Jorge Gaviño apunta a la responsabilidad a Grupo Carso y de las empresas supervisoras: “Evidentemente, fue la constructora (Carso), que habría que revisar primero el plano de diseño, el plano original y ver, compararlo con lo que hicieron.

Aquí definitivamente, cuando se dice que hay una discrepancia entre lo que es el diseño y lo que es la obra, hay una situación muy grave de las constructoras, pero también de las supervisoras.”

Según el Informe de la Comisión Especial de Investigación de la L12 de la ALDF presentado en abril de 2015, la “racionalización” o decremento en el presupuesto de la obra provocó que la ingeniería básica original –la cual define los lineamientos generales e ideas torales del proyecto para la ejecución de los planos constructivos– quedara inoperante.

Dicha situación también provocó modificaciones al sistema constructivo de cajón subterráneo, por el sistema elevado, desde la estación Zapotitlán hasta la estación Culhuacán; cancelación de estaciones; falta de consideración de aspectos técnicos y rentabilidad social que se había considerado en estudios previos a la licitación, sobre todo el presentado por la empresa Cominsa, en el que señala los riesgos de utilizar el viaducto elevado.

El informe también profundiza sobre la “racionalización” de los recursos y la irregularidad en la adjudicación del contrato al consorcio constructor, integrado por ICA, Alstom y Carso.

Explica que el monto presentado por dicho consorcio difiere en el importe indicado en el fallo de la adjudicación, derivado de una llamada “racionalización” a la propuesta presentada por dicho consorcio, por la cantidad de mil 700 millones de pesos.

Lo anterior se puede corroborar de la simple lectura de las actas de las sesiones llevadas a cabo por el Subcomité Técnico que se encargó de la verificación y análisis de las propuestas. Fue en la séptima sesión ordinaria del 30 de mayo de 2008 cuando el presidente de dicho subcomité, Servando Delgado Gamboa, se refirió a la “racionalización”, evidenciando que la concesión económica proyectada por el entonces Gobierno del Distrito Federal para la Línea 12 fue más baja que lo ofertado por las empresas participantes.

Aún así, se continuó con el proceso licitatorio sin contar con suficiencia presupuestal.

En la octava Sesión Ordinaria del 2 de junio de 2008 se ratificó el acuerdo establecido en la séptima sesión para “adjudicar el contrato a la empresa que presente la oferta más baja, pero considerando la racionalidad de la disponibilidad presupuestal del GDF”.

Y en la sesión Cuarta Extraordinaria del Comité Central de Obras del Distrito Federal, con fecha del 12 de junio de 2008, se seleccionó la propuesta presentada por ICA, Alstom y CICSA, que de acuerdo con el acta fue por 19 mil 538 millones 500 mil pesos.

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CDHZL pide intervención de la ONU para cumplir Ley de Amnistía De la redacción Ciudad de México (apro)

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l Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención inmediata y urgente de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en México o de lo contrario será letra muerta.

“La aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta puesto que hemos visto criterios judiciales aplicando de manera no sólo incorrecta este instrumento jurídico, sino poco garante y distante de su espíritu legislativo”, expuso Zeferino Ladrillero a través de una misiva que fue entregada a la máxima tribuna internacional.

El centro de derechos humanos con sede en el Estado de México llamó a que la Ley de Amnistía sea aplicada de manera particular en esa entidad, donde gobierna el priista Alfredo del Mazo Maza.

“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía, al no ser un proceso asequible”, afirmó el colectivo que defiende las garantías individuales en el país.

El abogado José Antonio Lara Duque del centro Zeferino Ladrillero afirmó que el Poder Judicial mexiquense, a cargo de Ricardo So-

De la redacción Ciudad de México (apro)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) limitan el acceso de las empresas privadas y benefician exclusivamente a las empresas productivas del estado, como Pemex y CFE. Luego que las modificaciones a las reglas en materia de comercio exterior fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de junio, la Coparmex alertó en un comunicado de prensa que estas violan los principios constitucionales que protegen la libre concurrencia y la libre empresa, al afectar el acceso de los privados a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos.

“La medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar

“La aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta puesto que hemos visto criterios judiciales aplicando de manera no sólo incorrecta este instrumento jurídico, sino poco garante y distante de su espíritu legislativo”, expuso Zeferino Ladrillero a través de una misiva que fue entregada a la máxima tribuna internacional

di Cuellar, está en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad.

Esto, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconoció violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales.

“Es urgente la intervención de la

ONU, y la de su alta comisión en la materia, para hacer un llamado al Estado mexicano y hacer valer los alcances de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos del que México está suscrito”, manifestó el defensor de derechos humanos.

“La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle

Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar seguir atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”, añadió Lara Duque.

Coparmex: Cambios en reglas de comercio exterior limitan cooperación de la IP en lugares distintos a los recintos fiscales”, acusó el organismo que preside José Medina Mora.

También, apuntó que esta disposición viola el principio constitucional de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético, pero que lo más grave es que generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado.

“Consideramos que, con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país”, añadió.

Además, a la Coparmex le llama la atención la inclusión de restricciones a la exportación de minerales, que no está relacionada con la actividad y objeto de las empresas productivas del Estado, lo que, según el comunicado, afectaría “la competitividad e incrementan los costos de un sector que exporta el excedente del mercado

nacional”.

“Esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación. Por ello, reiteramos la importancia de contar con reglas claras y equitativas que respeten el marco jurídico”, consideró la Coparmex.

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TERROR IMPUNE. ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO? Lucía Melgar Palacios

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ntre las atrocidades que no deberían suceder en un país de leyes y menos aún quedar impunes, el abuso sexual infantil es una de las más dolorosas. No sólo por el argumento, válido, de que se daña a inocentes sino sobre todo porque una sociedad y un Estado que no son capaces de proteger y respetar a niños y niñas, no respetarán tampoco los Derechos Humanos de hombres y mujeres.

Una de las obligaciones internacionales del Estado mexicano es la protección de la infancia, no en un sentido asistencialista sino en el pleno sentido de respetar sus derechos (a la vida, la integridad, la intimidad, entre otros) y de garantizar su desarrollo físico y mental con acceso a la educación, la salud, y una vida libre de violencia, por sólo nombrar algunas de las condiciones necesarias para el bienestar del ser humano y de la infancia en particular.

Para nuestra vergüenza, lejos de cumplir con el respeto a estos derechos, el Estado mexicano no sólo no ha garantizado una vida libre de violencia a niños y niñas sino que ha tolerado o ignorado múltiples casos de abuso sexual infantil en escuelas, privadas y públicas; es decir, ha permitido que sus instalaciones sean usadas para delinquir y dañar.

Peor, aun sabiendo lo que sucedía, sus agentes del poder judicial han dejado múltiples crímenes sin castigo.

La responsabilidad del Estado mexicano, y de los sucesivos gobiernos desde al menos el año 2000, que no han tomado medidas para prevenir la explotación sexual de la infancia, ni para frenar la pornografía

infantil o el turismo sexual, ni, menos, el incesto y el abuso en las familias, se ha hecho de nuevo evidente, y con toda claridad, gracias al trabajo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) que hace dos semanas publicó el informe “Es un secreto” en que documenta el abuso sexual infantil organizado en 37 escuelas de 7 estados mediante casos documentados durante más de una década.

Con un tono mesurado y un cuidadoso manejo de la información, delicada por tratarse de menores de edad y de violencia extrema, este reporte refiere abusos sexuales, maltrato y violencia física y psicológica que podrían compararse con tortura, y evidencia cómo la impunidad de estos delitos no se debe tanto a la falta de denuncia (que también sucede) como a la incapacidad, ineptitud y falta de preparación de los encargados de “procurar justicia” y, desde luego, a la falta de supervisión y prevención de la SEP que ha permitido que personas que deberían educar, formar y cuidar a niños y niñas hayan en cambio construido redes de explotación sexual infantil en instalaciones públicas (y privadas) con la participación de directoras, supervisores, docentes, entre otros.

El sentido ético con que la ODI maneja la información acerca de estos abusos no impide darse cuenta de la gravedad del daño infligido a las víctimas: cuando hablan de trauma profundo y complejo, se trata de secuelas físicas y psíquicas semejantes a las que provocan la tortura o la guerra en adultos, desde pesadillas hasta ataques de pánico, violencia y agresiones incluso de tipo sexual, y diversos trastornos físicos.

Esto en niños y niñas de entre 3 y 7 años. Golpeados y amenazados.

Obligados a agredir a otros. Filmados y fotografiados. Sedados y sacados de la escuela. O abusados en patios, baños y ¡hasta en la propia dirección!. No sólo abusados, aterrorizados. Dañados quizá de por vida en un país donde no hay suficientes especialistas en violencia sexual infantil ni en trauma complejo.

En un país donde se normalizan las balaceras y se criminaliza a otros niños que “juegan al narco”.

Si usted se pregunta dónde estaba la SEP, hasta ahora no recibirá respuesta. Si se pregunta dónde estaban las procuradurías o la PGR sepa, como nos informa la ODI, que estas instancias llevan más de veinte años arrastrando los mismos vicios: falta de coordinación entre MP y policía de investigación, carencia de plan de investigación, mal manejo de evidencias y de la información (de modo que la escuela se puede enterar que la están investigando y destruir pruebas) y falta de procedimientos y personal especializado para recoger testimonio de infantes.

Además, el sistema ya ha rechazado denuncias interpuestas en nombre de los niños y niñas y no ha considerado necesario investigar de oficio, aun cuando éstas sean prácticas criminales. La gravedad de estas omisiones y complicidades en los casos documentados por la ODI se hace aún más obvia cuando se recuerdan otros casos de abusos masivos que han quedado impunes como el del asilo de “Mamá Rosa” en Michoacán o el de La Ciudad de los Niños en Guanajuato, u otros, menos conocidos, en la Ciudad de México.

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VIOLENCIA Y “NORMALIDAD” DEMOCRÁTICA: ¿SEGURIDAD AUSENTE O CÓMPLICE?

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a cita con las urnas del pasado 6 de junio, si bien para el asediado y hostigado sistema electoral mexicano arroja un saldo no sólo positivo, sino saludable en términos de eficiencia para la mayoría de sus instituciones (además del ahorcamiento presupuestal), tiene un signo ominoso y de grave preocupación: la coexistencia con la violencia del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia común. Otro elemento adicional en el escenario es la violencia delincuencial que vota o intimida, distorsionando la participación política y que, cuando menos desde las pasadas elecciones intermedias (2015), ha adquirido carta de naturalización en nuestro contexto de “convivencia” democrática.

Felicidad presidencial y “Pax Narca”

Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador – quien enrareció y entorpeció ilegalmente la contienda electoral del país con todos los recursos del poder a su alcance– sobre su satisfacción general con los resultados electorales no son una anécdota de sus conferencias mañaneras, sino una verdadera confesión que debe tener consecuencias jurídicas en un estado de derecho: reconocer desde la alta investidura de gobierno un “buen” comportamiento delincuencial (con base en simplificaciones numéricas de homicidios) confirma un pacto no escrito con organizaciones criminales en el que las fuerzas de seguridad, militares y civiles, son copartícipes o cómplices al renunciar a sus obligaciones constitucionales.

La novedad de este esquema, a diferencia de la Pax Narca del pasado, es que no era posible deducir un pacto general, sino acuerdos regionales y/o estatales entre diversos actores (federales, estatales y municipales) y de distinta naturaleza (civil y/o militar), según fuese el grado de influencia en las acciones o misiones de contención o represión definida en la estrategia de seguridad, tanto en el nivel nacional como en las jurisdicciones locales. Esta dispersión y diversidad de autoridades y alcances operativos hacía difícil establecer en forma directa el contorno exacto de los arreglos de la narcopolítica mexicana. Sólo se deducían a partir de datos relativos sobre los “ataques” o acciones punitivas que se enfocaban hacia ciertas organizaciones o grupos. Las hipótesis en este sentido no se explicaban por completo con base en datos insuficientes de detenciones de figuras intermedias o de algunos capos de cárteles, y tampoco por las omisiones de los supuestos criminales favorecidos por el poder.

Erubiel Tirado

Seguridad escenográfica

Seguridad e “Inteligencia”, la caja negra de la 4T

Uno de los graves retrocesos en los cambios institucionales en la seguridad nacional del país fue la degradación administrativo-política del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional), en hacerlo apéndice militar-policial ( junto con la naciente Guardia Nacional) como CNI (Centro Nacional de Inteligencia), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Anteriormente, con la irrupción e influencia creciente de la narcopolítica (reconocida oficialmente en la segunda mitad de la década anterior), el Cisen reforzó una práctica de involucramiento de carácter preventivo en los procesos electorales tanto en el ámbito federal como en las elecciones locales. Fungía como articulador de estrategias de grupos de coordinación (federal y estatales, según fuese el caso) interinstitucional tanto con organismos civiles y militares de seguridad, administración de justicia y electorales (incluyendo los jurisdiccionales), con el objetivo de establecer actividades conjuntas y específicas para asegurar la celebración de comicios (la denominación cuyo origen data desde finales de los años noventa apuntaba hacia la coordinación federal propiamente dicha y el nombre de cada entidad –p.ej., “grupo Oaxaca”– y que desde 2012 simplemente fueron conocidos como grupos de “coordinación local en materia de seguridad”). Con el gobierno de la 4T se deforma y modifica el enfoque y tratamiento de esta estrategia desde la creación del CNI (que no mereció reformulación normativa y sigue regulándose con un marco legal que no le corresponde en términos estratégicos y de seguridad nacional). Si bien antes de 2018 el esquema se manejaba en los límites regulatorios de las instituciones y organismos involucrados, pero con un manejo tal que permitiese que las definiciones y decisiones técnicoadministrativas no se burocratizaran, en el presente proceso se convirtió en una caja negra donde los militares (Sedena-Marina y Guardia Nacional) actuaron con secrecía y

sin tomar en cuenta las dinámicas y visiones de las instituciones civiles involucradas. Se ha optado por un esquema compartimentalizado en el que sólo las estructuras de seguridad militar (Sedena-CNI, fiscalías y policías locales prácticamente no figuran) establecen demandas de información a instituciones civiles mediante un interlocutor designado.

Las autoridades políticas de orden interno a nivel federal y local se han reducido a simples intermediarios o mandaderos de los militares.

El desempeño institucional de la nueva realidad de seguridad se expresó en la violencia política durante el proceso electoral: casi un millar de agresiones contra actores políticos, dos terceras parte de las víctimas en los estados eran opositores a los gobiernos locales (ver Sexto Informe de Violencia Política en México, Etellekt, 5 de junio 2021). Esto es producto de una compleja decisión centralizada a partir de una visión presidencial simplificadora que oscila entre la manifiesta (y confesa) incapacidad de garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral –en especial los candidatos, pero se debe considerar tanto aspirantes y equipos de apoyo o de campaña– (Raymundo Riva Palacio, “Imposible evitar crímenes”, Estrictamente Personal, El Financiero, 18 de mayo) y la indolencia deliberada de las estructuras de seguridad que, a menos que haya un interés especial para actuar previniendo o conteniendo, adoptan una postura de dejar hacer y dejar pasar ante actos violentos y agresiones. Esto último fue evidente en aquellos casos donde eran visibles las pugnas internas de partidos (como Morena) ante la imposición de candidaturas. El avance del partido en el poder en gobiernos y congresos estatales quizá explique la satisfacción presidencial que debe analizarse a la luz de la interfase de la violencia y las actividades de los grupos criminales. El estudio casuístico que se impone debe considerar esta violencia junto con la que deriva de la delincuencia ordinaria y aquélla de rivalidades políticas (que pueden estar coludidas con el crimen organizado).

En la víspera de la jornada electoral el gobierno anunciaba el despliegue operativo de 100 mil elementos de la Guardia Nacional en el país y que, con el resto de fuerzas de seguridad militar y civiles en los estados, se garantizaría el orden de los comicios. Los incidentes violentos de la jornada, si bien descritos en forma aislada y en términos cuantitativos se tienden a minimizar refiriendo como elemento de contraste la inusual participación electoral, están lejos de poder arrojar un saldo blanco.

Un país estable y democrático pleno simplemente no tiene incidentes violentos.

No es el caso mexicano y debe llamarse la atención ante las omisiones o el desdén hacia esta realidad: se está considerando “normal” un contexto de violencia (cualquiera que sea su origen) como parte de nuestro entramado institucional en los comicios cuando, en realidad, la sintomatología apunta a una vulnerabilidad democrática propiamente dicha con efectos deslegitimadores en el mediano y largo plazos. Peor aún, de confirmarse la hipótesis de un arreglo implícito de gobernanza criminal (de la que ahora ya se habla en algunos círculos académicos), los hilos que soportan la estabilidad gubernamental son más que frágiles y pueden envolver al país en una conflictividad incontrolable azuzada por las diatribas e intolerancias presidenciales. El contexto violento del proceso electoral que está por concluir es, en realidad, un llamado de atención para reformular los términos de la gobernabilidad democrática del país con miras a las elecciones de 2024. No se sabe a ciencia cierta si “los que pertenecen a la delincuencia organizada” (que al parecer es la única que le importa al presidente) se seguirán “portando bien… en lo general”. Y la pregunta lógica es si el comportamiento es respecto de su gobierno y su persona.

Colofón

El teniente García, de la Guardia Nacional, bufó en contra del civil que estaba a su lado en la mesa por el cuestionamiento al funcionario (también civil) por incumplir el límite de un funcionario por institución participante en la coordinación para el seguimiento de incidentes de la jornada. Un subalterno lo acompañaba. Su “solución” fue el cambio de uniforme con las mismas insignias de la GN (el dúo iba con uniforme de campaña) y la palabra “proximidad”.

Los soldados de la GN no asumen la función policial de seguridad pública y les ofende identificarse con la figura de “policía”. El subalterno nunca se fue. Desprecian el orden civil y a los civiles.

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EL FIN DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Elisur Arteaga Nava

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n el proceso electoral de 6 de junio pasado, AMLO y su 4T ganaron y perdieron. No siempre se gana. Así es el juego de la política. Lo sabemos todos y mucho más aquellos que hacen de ella su forma de vivir o de enriquecerse.

Los comentaristas han hecho referencia, principalmente, a los cambios políticos que derivaron de las elecciones. No han profundizado en un tema: las repercusiones que la nueva integración de la Cámara de Diputados tendrá para la actual administración pública federal en el ramo hacendario. En esta colaboración se hace referencia a ese tema.

En el ramo hacendario AMLO y su 4T sufrieron una derrota importante. No es exagerado decir que hasta aquí llegaron. No supieron administrar su victoria de 2018.

Sus 30 millones de votos no les dieron para más.

La derrota a la que aludo no tiene que ver con el número de cargos públicos o posiciones que perdió o ganó Morena. Está referida a algo más trascendente: no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que implica que Morena no tendrá, sin aliados, el control del rubro más importante de un gobierno: el ejercicio del gasto público.

La derrota repercute en otras materias estratégicas: ser cámara de origen en lo relativo a impuestos y endeudamiento (artículo 72, inciso h, constitucional); la aprobación del presupuesto anual de gastos (artículo 74, fracción IV); la posibilidad de alterar la integración de los entes que intervienen en la organización y calificación de las elecciones INE (artículo 41); el control y vigilancia del gasto público, la organización y funciona-

miento de la Auditoría Superior de la Federación (artículo 79); lo relativo a la declaración de procedencia (artículo 111) y, algo teórico, pero que ahora pudiera ser trascendente: recibir acusaciones, darles curso y nombrar una comisión que acuse a servidores públicos ante el Jurado de Sentencia (artículo 110).

Hay otras materias.

La separación de Arturo Herrera del cargo de secretario de Hacienda, con vistas a proponerlo como presidente del Banco de México, y la propuesta de Rogelio Ramírez de la O para sustituirlo, debe entenderse como una medida extrema.

Al secretario de Hacienda debe ratificarlo la Cámara de Diputados (74, frac. III); en el contexto político actual es más factible que la ratificación la hagan los actuales diputados a convocatoria de la Comisión Permanente, a que lo haga la próxima Legislatura. En su momento, la ratificación del titular del Banco de México puede ser una cuestión de mero trámite en el Senado o en la Comisión Permanente.

La nueva integración de la Cámara de Diputados apunta a un mayor y mejor control del gasto público. La Cuarta Transformación, en el fondo, implicó algo sencillo: gasto de los recursos públicos sin planeación, orden y control, al margen de lo autorizado en el presupuesto y con adjudicación directa de las principales obras. Esto pudiera haber llegado a su fin.

Todo apunta a que Morena en la Cámara de Diputados perderá el control de las comisiones que tienen que ver con el ramo de hacienda. La composición de ellas quedará a criterio y al voto de sus adversarios.

Mientras no llegue el 31 de agosto del presente año, dada la integración de la Comisión Permanente

actualmente en funciones, salvo que exista complicidad o negligencia, es imposible lograr un acuerdo por virtud del cual se convoque al Congreso de la Unión para conocer de una reforma constitucional en relación con rubros que interesan a la 4T; ésta no cuenta con las dos terceras partes para convocar a un periodo extraordinario de sesiones (artículo 74, fracción IV). La oposición, conociendo las mañas de los “morenos”, sabe que no puede permitir que en una eventual convocatoria aparezca la fórmula “conocer de estos y los demás asuntos que se consideren pertinentes”.

La 4T consiguió y retuvo el voto ciudadano a base de repartir recursos públicos entre las clases bajas. Si la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior ejercen las funciones de supervisión y de fincar responsabilidad a quienes no acaten el presupuesto anual, eso se acabó. Ya no habrá manga ancha en el manejo de los fondos públicos.

Si la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya no se terminan de aquí al 31 de diciembre, se van a quedar como proyectos inconclusos. Será suficiente con que la Cámara de Diputados no apruebe los recursos necesarios, para que esos proyectos se detengan.

Los “morenistas” no podrá sacar adelante declaraciones de procedencia contra servidores públicos que les sean incómodos o antipáticos.

La 4T manejó muy mal sus relaciones púbicas con ciertos sectores de la sociedad y con los otros poderes, tanto federales como locales. Su estrategia fue el enfrentamiento. No tuvo la colaboración que tuvieron otros presidentes de la República con los miembros de los otros poderes y con la sociedad.

Hasta aquí llegó la fuerza de la

victoria que AMLO consiguió en 2018. A estas alturas de su vida tendrá que aprender a ser humilde. No le caería mal un curso, aunque sea en línea, de relaciones públicas. Se acabó eso de “que se apruebe esta iniciativa sin quitarle una coma”. AMLO y Salgado Macedonio no podrán cumplir sus amenazas de desaparecer a los miembros del INE y del Tribunal Electoral. Qué pena.

La dirigencia del PRI, antes de entrar en negociaciones con Morena, debe recordar: la intransigencia, aún en lo razonable, de los partidarios de AMLO, cuando ellos estaban en el poder. También debe recordar que en estos momentos el PRI por sí mismo no vale mayor cosa, que su valor estuvo y está en formar parte de una coalición.

Los del Verde son mercancía que está a disposición del mejor postor. De alguna forma ya lo reconoció su senador Manuel Velasco Coello. Dado el número de diputaciones que su partido ganó, está pronto a subir el precio por el que se entregarán. Olvida algo: que muchos de sus miembros tienen cola que les pisen y que el fiscal general de la República se ha especializado en pisar la extremidad colgante de quienes se insubordinan. Viene a mi mente algo de lo que se habló hace tiempo: el posible uso indebido de recursos federales en su paso por el gobierno de Chiapas (https:// www.proceso.com.mx/nacional/ estados/2018/11/26/maestrosburocratas-exigen-juicio-politico-para-manuel-velasco-pordesvio-de-recursos-216169.html).

Alguien pudiera recordar el “suicidio” de una mujer, en circunstancias no aclaradas, en la Riviera Maya (https://aristeguinoticias. com/1902/mexico/escandalosdel-nino-verde/). No digo más.

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QUE SE VOTE LA LUZ Pablo Gómez

E

n estos días, España vive una crisis tarifaria de electricidad. Son casi las tarifas más elevadas que se hayan tenido. Eso ocurre también en otros países europeos. Pues bien, como se sabe, en el país ibérico la tarifa varía según la hora del día (hay tres periodos) y se fija diariamente. Los usuarios nunca saben por cuánto llegará el recibo, pero no por las variaciones en su propio consumo, sino por las tarifas bailarinas que azotan a la sociedad española. Además, la derecha estableció fuertes cargas impositivas y la izquierda ya no sabe cómo salir de ese enredo.

El sistema mexicano no es como aquel porque hay una empresa del Estado que tiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad, lo cual protege a los consumidores, pero también existen, como en España, tarifas mayoristas bailadoras.

Al mismo tiempo que transmite y distribuye electricidad, nuestra empresa pública es la mayor productora, incluyendo energía llamada limpia. Hasta aquí, todo bien.

Los problemas empiezan con el trato preferente que el Estado brinda a los productores privados. Como se sabe, las reformas neoliberales de energía se hicieron como un robo a la nación, pero no sólo en materia de hidrocarburos, sino también en electricidad.

En síntesis, el Estado entrega subsidios virtuales a productores privados mediante reglas expedidas por los neoliberales cuando ellos gobernaban.

Para abandonar esa política de subsidios, el Congreso aprobó, por iniciativa del Ejecutivo, modificaciones de ley. Hay, sin embargo, un par de jueces que las han derogado, en los hechos y por lo pronto, mediante la figura de suspensión definitiva dentro de juicios de amparo, lo cual, por cierto, también debería llevar a más claras reformas legales.

En realidad, al aplicar ciertos

principios sobre la competencia económica establecidos en la Constitución, los jueces han podido hasta ahora violar la misma Carta Magna en su artículo 27, el cual no sólo determina que corresponde a la nación el servicio público de transmisión y distribución, sino el control del sistema eléctrico nacional y que serán las leyes las que fijen los términos en los que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, mismas leyes que, además, determinarán la forma en que los particulares puedan participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se está hablando, por tanto, de facultades constitucionales del Congreso.

Las recientes reformas legales en materia eléctrica se hicieron para eliminar los subsidios que se habían introducido por los neoliberales en la ley. Luego entonces, han de tener la misma validez que alguna vez tuvieron aquellos preceptos aprobados por el PRIAN. La cuestión es que los jueces militan contra la 4T y son quienes dicen el derecho, con o sin razón.

Por ello, Andrés Manuel López Obrador está planteando una modificación constitucional para saldar el problema, de tal manera que no pueda erigirse la competencia económica en obstáculo a para que el Congreso, a través de la ley, ejerza a plenitud las capacidades legislativas que le confiere actualmente el artículo 27 de la misma Carta Magna.

Sin embargo, no se observa una actitud de apertura mental en las oposiciones y menos después de las elecciones en las que fracasó su pacto de sangre. Ellos defienden los intereses de las empresas privadas de electricidad y están de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra (es difícil entender la posición de esta cámara industrial), con el objeto de mantener los subsidios virtuales del Estado.

El mecanismo para aprobar la nueva reforma de la industria eléc-

trica, garantizar la estabilidad de tarifas e impulsar el crecimiento de todo el sector, sería convocar a una consulta popular en términos del artículo 35-VIII de la Constitución.

La institución de la consulta popular está hecha para resolver una divergencia en un asunto de alta trascendencia e interés nacionales.

Usar este método sería lo más conveniente ante la resistencia a dejar atrás mecanismos incubados en el seno del Estado corrupto que azotó al país y de la política neoliberal que arruinó al Estado y empobreció a los trabajadores.

La consulta popular puede realizarse una vez por año y es factible hacer varias en un mismo día, con tal de que sean de temas diferentes.

Las limitaciones de la consulta sólo son los temas relacionados con restricción de derechos humanos; la República representativa, democrática, laica y popular; federalismo; materia electoral; ingresos y gastos; revocación de mandato, que es otro procedimiento; sistema financiero; ingresos, gastos y presupuesto; obras de infraestructura en ejecución; seguridad nacional; y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Así que cabe perfectamente el tema de la industria eléctrica y las bases para hacer respetar el “control del sistema eléctrico” de parte de la nación, con todo lo que esto implica, según dice ya el texto de la Constitución.

Si fuera necesario modificar la Carta Magna sobre la competencia económica, entonces ese sería el tema de la consulta, de tal manera que se dejara absolutamente claro que es posible que el Estado se niegue a subsidiar a los productores privados de energía eléctrica.

Al respecto, es preciso subrayar que las regulaciones asimétricas de competencia, que se imponen a ciertos conglomerados empresariales con motivo de su posición dominante de mercado, se refieren a situaciones en las cuales los otros

participantes, es decir, competidores, tienen un ámbito de acción ilimitado, pueden vender o prestar servicios a quien sea. En la industria eléctrica, existe por disposición constitucional un solo ente que se encarga de la transmisión y la distribución, de tal manera que, aplicarle a éste reglas asimétricas, necesariamente lleva a obligarlo a comprar a otro o a realizar el producto de otro, siempre en detrimento de la empresa pública pero sólo por ser pública.

La “libre concurrencia” no ha operado en el mercado eléctrico mayorista porque hicieron las normas para que la electricidad de ciertos productores se vendiera primero y, también, para que el Estado estuviera obligado a comprarle su producción a otros bajo leoninas condiciones previamente impuestas en contratos.

Desde los años cuarenta del siglo pasado, la nodriza del sector paraestatal tuvo modalidades, una de las cuales fue comprar a ciertas empresas los insumos y vender a otras a precios subsidiados, pero ahora tenemos casi todas las variantes en un solo instrumento, más la obligación de asumir toda la producción de los supuestos competidores. Ahora, se apoya a empresas privadas otorgando una especie de seguro de beneficio empresarial, al grado de que ciertos productores de energía ganan en México una tasa inalcanzable en cualquier otra parte del mundo.

Por otro lado, es falso que el tratado comercial de América del Norte impida el establecimiento de regulaciones en materia de energía, pues la Constitución, en esta materia, quedó expresamente a salvo, es decir, lo que dice hoy y lo que llegue a decir en el futuro.

Lo mejor sería convocar a una consulta popular para 2022, luego de la primera que vamos a tener el primer domingo de agosto del presente año sobre el tema de acciones contra los expresidentes.

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DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS ES DEFENDER LA DEMOCRACIA Rosa Pavanelli y Magdalena Sepúlveda

R

econozcámoslo: el impacto de la pandemia es dramáticamente distinto dependiendo dónde se viva y cuánto dinero se tenga. En Europa, Estados Unidos, China y un puñado de países ricos, los restaurantes y bares están a rebosar, los gimnasios vuelven a abrir y la gente empieza a socializar sin miedo. Para los países que han acaparado la mayoría de las vacunas contra el Covid-19, existe la esperanza de que se haya volteado la página de la pandemia de una vez por todas. En otros lugares, desde países como la India hasta continentes enteros como África y América Latina, el virus -y sus variantes- siguen haciendo estragos, con su rastro de muertes, hospitalizaciones, desempleo y pobreza.

Estas dos realidades tan opuestas tienen un denominador en común: el llamado constante a la austeridad.

Ya sea en Londres, Madrid, Ciudad de México o Ciudad del Cabo, se escuchan la misma obstinación: una vez que la crisis disminuya, habrá que revertir las medidas que se tomaron para apoyar (a veces a duras penas) a los más afectados. Esto implica retomar el camino de recortes drásticos en los hospitales, en prestaciones de protección social y la congelación de los salarios de los trabajadores del sector público. También implica la comercialización de los servicios de agua, salud y educación, incluyendo la mercantilización de los cuidados y la explotación laboral de las mujeres.

Parece que esta pandemia no nos ha enseñado nada. ¿Hemos olvidado ya las dramáticas imágenes de Lombardía? El corazón de las finanzas y de la moda italiana se jactaba de tener el sistema sanitario más eficiente del país, porque era el más privatizado. Era incluso un argumento publicitario: “Esté sano, venga a Lombardía”, decía un folleto. Sin embargo, en marzo de 2020, una de las regiones más ricas del mundo, estaba desbordada, con una tasa de mortalidad del 5,7%, más del doble de la media nacional (2,4%). La región vecina del Véneto, que, al contrario, había mantenido un sistema sanitario público, ha salido

mucho mejor parada. ¿Olvidamos también que en Estados Unidos el virus mató proporcionalmente a más personas de bajos ingresos? Quienes no tenían seguro médico, no pudieron llegar a tiempo a un hospital para ser atendidos. Y qué decir de lo que ocurrió en los empobrecidos suburbios de Santiago de Chile, otro parangón de privatizaciones, donde el 90% de las víctimas de la pandemia murieron en sus casas, sin haber podido permitirse ver a un médico. ¿Hemos olvidado a los 115.000 trabajadores sanitarios y asistenciales y a muchos otros que murieron de COVID 19 mientras prestaban servicio a sus comunidades?

Esto no es aceptable. Al igual que no es aceptable ver que muchos gobiernos, como el de Filadelfia, Estados Unidos, que se plantean ahora privatizar los servicios públicos de agua. Como si la pandemia no hubiera demostrado la necesidad de un acceso universal al agua, con comunidades enteras a las que se les niega la posibilidad de lavarse las manos para protegerse del virus. ¿Y qué hay de la educación? La creciente dependencia de las escuelas privadas en todo el mundo, fomentada por el Banco Mundial y el FMI, es una de las razones por las que cientos de millones de niños están sin escolarizar desde que comenzó la pandemia.

La consolidación fiscal en forma de recorte de los presupuestos de los servicios públicos y la cesión del control al sector privado no es inevitable. Para compensar las sumas desembolsadas durante la crisis y financiar la recuperación, los gobiernos deben buscar el dinero donde se encuentra: en las cuentas de los más ricos y de las multinacionales. Las grandes empresas tecnológicas, que vieron disparar sus beneficios durante la pandemia, deben pagar su parte justa de impuestos. Esto no es una sugerencia radical: es lo que ha anunciado recientemente la administración Biden.

Impulsados por Washington, los países del G7 acaban de reconocer la magnitud de la evasión fiscal declarándose a favor de un impuesto global mínimo sobre los

beneficios de las multinacionales de al menos el 15%. Este es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente para generar ingresos significativos tanto para los países del Norte como del Sur. Es fundamental que los gobiernos se movilicen para gravar a sus multinacionales en niveles mucho más ambiciosos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que opta por un tipo del 21%.

Esto no sucederá sin la presión pública.

Mientras celebramos el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el 23 de junio, debemos seguir movilizándonos para exigir más recursos para los trabajadores públicos. Es el momento de reconocer su contribución a nuestras sociedades, prestando servicios que el mercado es incapaz de ofrecer. Son servicios sustentados e impulsados por el interés público y gestionados democráticamente. Estos servicios nos permiten vivir con dignidad, y a los cuales accedemos no en función de nuestra capacidad de pago, sino porque es su derecho. Es a través de estos mecanismos de solidaridad que podemos construir sociedades más resilientes y justas, que sean capaces de responder en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.

Se trata también de una cuestión política. Cuanto más perdemos el control de nuestros servicios esenciales, desfinanciados y privatizados como están, mientras los más ricos organizan un sistema paralelo de sanidad y educación, más pierden las clases medias y trabajadoras la confianza en el Estado. Tienen la sensación de estar pagando mucho para recibir cada vez menos, mientras que los ingresos de los más ricos, que no tributan mucho, se mantienen.

Este desmoronamiento del tejido social, del que los servicios públicos son el corazón palpitante, explica en gran medida el auge de los movimientos y partidos populistas y autoritarios. Cuando se elige un sistema que privilegia las escuelas o las clínicas privadas, en lugar de garantizar servicios públicos de calidad para todos, se corre el riesgo de alimentar el resurgimiento de la extrema derecha. Defender los servicios públicos es defender la democracia.

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CLASE MEDIA, EN HOMENAJE A LÓPEZ VELARDE Mauro Gonzalez-Luna

S

on los poetas, alma, inspiración y motor de transfiguraciones colectivas, de las clases medias, y éstas de las democracias vibrantes. Sin poetas, no hay revoluciones: Miguel Hernández, Martí, Mistral, Yeats, Tagore, López Velarde y tantos más.

Sin clases medias no hay democracia que valga. Este 19 de junio de 2021 marca el centenario de la muerte del poeta nacional, Ramón López Velarde, de Jerez, Zacatecas. Él le cantó a la Suave Patria para que no muriera su ánima y su estilo. Sea éste un modesto homenaje a tan gran poeta, muerto a los 33 años, la edad perfecta; y a la vez, un anhelo de retorno a la Suave Patria.

López Velarde, abogado, maderista, católico ferviente, y por vocación, poeta, el poeta nacional de ayer y de siempre. Su numen tempranero, Fuensanta, la Beatriz mexicana. Fuertemente influenciado por el genio de Lugones que un día dijo: “al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería”.

Ramón: fuiste par de Baudelaire y Péguy, dos altos nombres de la escritura, y te hablo de tú porque eres nuestro poeta. Estoy hablando de cumbres del arte, de la cultura, que salvan a la política, devolviéndole su sentido de servicio, de humanismo integral, pues como dijo Dante: estamos hechos para el coraje y el conocimiento.

Desde antiguo se enfrentan dos filosofías en la arena política: la del poder, fundada en la división generadora de violencia y enfrentamiento entre ricos y pobres, y la de la educación formadora de personalidad, basada en la nobleza de ánimo que fecunda verdaderas transformaciones y procrea clases medias creativas.

La filosofía del poder apunta y promueve la guerra de clases, el

egoísmo político de facción que produce dislocamientos sociales.

Frente a ella, la filosofía del saber ser y hacer. Ésta postula una manera de ser del cuerpo político que fomenta la generosidad y la amistad cívica, porque entiende que el Estado saludable es una “asociación en una vida común dirigida a un bien general”.

Las clases medias son las guardianas que impiden que las clases altas sufran confiscaciones injustas y que las clases pobres sufran de insultos y opresiones, como dice Platón en la República. Las clases medias son la “cura aristotélica” para los males que anidan en toda oligarquía y en toda demagogia. Ésta derivando en unipersonal poder tiránico y militarizado para perpetuarse.

Las clases medias aseguran el equilibrio social y el pluralismo en la repartición de derechos y cargas cuando predominan en una sociedad. Lo aseguran porque sirven de árbitros naturales de los pugilatos entre ricos y pobres, según la sabiduría antigua de Tucídides y Aristóteles, y según la moderna de los grandes teóricos sociales defensores de la democracia; son árbitros naturales pues “juzgan entre extremos, como la virtud, y están en contacto con ambos”.

Son audaces al no resignarse a la mediocridad; son críticas al estar mucho más dispuestas a escuchar a la razón que las ricas que tiran al capricho, y que las pobres que tienden a someterse al dominador y sus dádivas; son culturalmente informadas porque aspiran legítimamente a lo mejor, leen, escuchan y sopesan opiniones a la luz de la realidad, no de espejismos en el desierto de las crisis decisivas. Más dispuestas a los deseos inteligentes y generosos, incluso al sacrificio.

Los regímenes desafectos a la democracia, adversarios del conocimiento, del espíritu de fineza pascaliano, se fundan en la sumisión o

pasividad de las clases humildes y en la pusilanimidad convenenciera de las altas; por ello, deseñan a las clases medias que pensando y trabajando arduamente, se enfrentan al poder cuando vulnera el bien común.

Pero esa sumisión resignada de las clases pobres no está sujeta a determinismos políticos, a predisposiciones dogmáticas, ya que con frecuencia dichas clases son capaces de sacudirse con liderazgos honestos “la manipulación demagógica y el autoritarismo carismático, el caudillismo”, según decir del pensador político de Harvard, Mangabeira Unger.

Las clases medias, si predominan, dirigiendo y poniendo delante ideas teñidas de valor, marcan rumbo y destino de una nación. Y ellas en ocasiones, hermanadas con las humildes y con integrantes de las altas dispuestos a la solidaridad para que impere la equidad económica, son capaces, como señala mi maestro Unger, de transformar “las incertidumbres del mundo en armas de enjundia política y conocimiento”.

Son capaces de trocar los palenques políticos donde se despluman y hieren unos y otros, en ámbitos de tolerancia, respeto, camaradería, donde las pasiones se someten a la inteligencia, al bien comunitario, a la cultura, al derecho cuyo núcleo y fin es la justicia, pues no existe ésta sin su medio, el derecho.

La “pura justicia” al margen del derecho, de las leyes, es meramente la voluntad del más fuerte como queda demostrado en el diálogo del Gorgias donde el más sabio de los hombres, Sócrates, a través de su dialéctica, exhibe la falsedad de los sofistas embaucadores, de los Calicles y de su embotada retórica.

La Ciudad de México y muchos rumbos de la república se han convertido en puntas de lanza de una clase media protagonista de un porvenir mejor para todos, donde la

vida y la Constitución valgan, y el luto por las 600 mil muertes por covid calculadas por la Universidad de Washington, por las víctimas de la L12 del Metro y por las de la violencia organizada y por muchas otras, quede acuñado en la memoria nacional, y el país vuelva a vivir “entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero”. Reír ahora en medio de tanta muerte y tragedia con solamente 12 % de la población totalmente vacunada (Oxford University), es vil, inhumano.

Clase media protagonista de un México unido por venir, “inaccesible al deshonor”, “impecable y diamantino”, que destierre los intereses facciosos disfrazados con lentejuelas verbales aptas para la bobería, y aspire a la realización fraterna del bien de la comunidad, al retorno al hogar como cifra de toda ética, a la Suave Patria del poeta que nos dio de su felicidad la llave: “Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste: la piragua prisionera, al azoro de tus crías, ......”.

“Patria, te doy de tu dicha la clave: sé siempre igual, fiel a tu espejo diario; cincuenta veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, Patria suave”.

Dedico este artículo con admiración, a la memoria del poeta jerezano; con afecto, a mi hija Federica María, joven y hermosa filósofapoetisa; y con respeto, a la diputada Adriana Dávila Fernández, tlaxcalteca, legisladora guerrera, deseando que un día que apremia, haga reencontrar a su partido con sus orígenes fundantes, inspirados en la Doctrina Social Católica y sus principios de solidaridad y subsidiariedad que concilian justicia y libertad, y así, se restaure la cercanía con el pueblo, la frescura del alba y la “alianza insobornable entre los valores trascendentes y el pueblo todo”. J. Mauro González-Luna M.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 21 de Junio de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2161 CRIMEN

Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General investigan asesinato de 14 personas en Reynosa

EJERCICIO

Megasimulacro nacional este lunes 21 de junio

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INFORME

L-12: Los costos de la “racionalización”

PAG. 3

SOLICITUD

CDHZL pide intervención de la ONU para cumplir Ley de Amnistía PAG. 8

REPORTE

Apagón en Playa del Carmen fue por vandalismo: CFE

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El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención inmediata y urgente de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en México o de lo contrario será letra muerta.

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Coparmex: Cambios en reglas de comercio exterior limitan cooperación de la IP