CONTRAPODER EDICIÓN 2130

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La violencia en Chiapas

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De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes que de ella emanen

Rutilio Escandón proyecta una imagen pulcra y de cuidado personal.

Regularmente de guayaberas elegantes y el rostro bien hidratado.

Lástima que esta imagen no sea la misma que proyecta como gobernador.

En donde con su indiferencia, Chiapas representa la viva imagen del caos.

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EN CHIAPAS

Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2130

CONFLICTO

DENUNCIA

Rescatan y entregan a familiares los cuerpos de dos comuneros asesinados en Venustiano Carranza Los cuerpos de dos integrantes de la Organización Campesina Emiliano ZapataCasa del Pueblo, acribillados ayer en el paraje Tierra Blanca, municipio de Venustiano Carranza, fueron rescatados

Agrede CIOAC Histórica a reportero en Tuxtla Gutiérrez

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SESIÓN

Presenta IEPC Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectivas de género?

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CNDH dirige recomendación al IMSS por negar atención médica a una mujer durante el parto

HOY ESCRIBEN ANÁLISIS A FONDO: LA ACIDEZ DESNUDADA POR VALADEZ Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

EN LA MIRA

VIOLENCIA

Disputa agraria en Venustiano Carranza, Chiapas, deja un muerto y un herido

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Héctor Estrada

DEMOCRACIA EROSIONADA

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Ana Lorena Delgadillo y Andrés Besserer Rayas PAG. 13

EL METRO, UNA BOMBA DE TIEMPO CON CABAL SALUD Ernesto Villanueva

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RESISTENCIA DIGITAL Jorge Bravo PAG. 5

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CONTRAPODER PODER

Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL La violencia en Chiapas

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e acuerdo con el artículo 1º de la Constitución las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes que de ella emanen, y cuando se actúa de modo que las violaciones queden impunes, se incumple el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos de las personas. Esto viene sucediendo en varios puntos del estado y alcanza el punto extremo de gravedad en los municipios de Carranza y Aldama.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diferentes resoluciones que la justicia, para ser tal, debe lograr el efecto útil que se espera con su accionar y, en los casos que se traten de graves violaciones da los derechos humanos, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y en su caso sanción de los responsables”

Lo preocupante de la situación en los enfrentamientos armados como los que se están viviendo en los municipios de Aldama y Venustiano Carranza, y que desafortunadamente se presentan en otros municipios en Chiapas, muestran que la ley no se aplica y que por lo tanto no se realizan las investigaciones correspondientes ni hay sanciones para los responsables de los ataques armados que ocasionan pérdidas de vidas humanas y personas heridas, situación que viene reproduciendo patrones de impunidad en la entidad, que demuestra que la justicia en Chiapas no tiene el efecto útil que se requiere.

En este sentido, resulta deplorable y vergonzoso que crímenes provocados por los enfrentamientos armados no se investiguen ni se sancionen y peor aún, cuando se observa en vídeos que esta violencia se desarrolla ante la presencia de la Guardia Nacional y de ministerios públicos, que piden per-

miso a los grupos agresores para ejercer acciones de mediación y no de aplicación de la ley, muestra la fragilidad o inexistencia del Estado, pues esta violencia termina siendo consentida y tolerada por la autoridad.

Lo alarmante de los enfrentamientos armados en Aldama y Carranza es que la autoridad siempre tuvo pleno conocimiento de la existencia de grupos paramilitares y no tomó las medidas preventivas para desarmar estos grupos o para evitar los ataques y la generalización de la violencia. De allí que las autoridades sean responsables de estos crímenes al incurrir en el delito de comisión por omisión.

La autoridad estatal está rebasada ante el actuar de los grupos paramilitares. Así sucede en Tila, Chilón, Ocosingo, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, El Bosque y en Chenalhó, en el que la violencia está presente en estas comunidades con el consentimiento y complicidad del Estado.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Rescatan y entregan a familiares los cuerpos de dos comuneros asesinados en Venustiano Carranza Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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os cuerpos de Efraín Espinosa Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, acribillados ayer en el paraje Tierra Blanca, municipio de Venustiano Carranza, fueron rescatados este miércoles.

Tras un despliegue policiaco en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General del estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, llegaron hasta el tramo donde comuneros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos emboscaron a Espinosa Pérez y Vázquez Aguilar, cuyos cadáveres fueron recibidos por sus esposas e hijos.

Para acceder a esa zona y pedir que fueran liberados cuatro de sus compañeros capturados por la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, los comuneros de la Casa del Pueblo entregaron a Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez, a quienes retuvieron desde el pasado 25 de abril, cuando empezaron los choques entre ambos grupos.

La OCEZ Casa del Pueblo pidió la intervención de la Organización de Naciones Unidas y del Comité de la

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Este miércoles, la suplente de la primera regiduría en el municipio de Copainalá denunció lo que podría ser un caso de violencia política en razón de género.

Yaribeth Santos Sánchez, acudió a la capital chiapaneca, para denunciar ante los medios de comunicación que se trata de Mauricio Cuello Clemente quien ocupa el cargo de primer regidor en este municipio, pero además ocupa una plaza de maestro, lo que cae en la ilegalidad.

Ante ello, expuso que acudió con el alcalde Adeldamar Santos Juárez para plantear este tema y pedir ejercer este cargo en el Ayuntamiento, ante lo que recibió burlas.

La irregularidad está en que el funcionario sigue activo en el Ayuntamiento y ha regresado a cubrir su plaza, por lo que también desatiende sus labores como primer regidor

Los cuerpos de dos integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, acribillados ayer en el paraje Tierra Blanca, municipio de Venustiano Carranza, fueron rescatados

Cruz Roja Internacional, “para que en la medida de su mandato intervengan ante el gobierno de Chiapas, quien ha sido señalado de tomar una actitud de respaldo al grupo paramilitar de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y su actuación fue negligente y omisa para atender la conflictividad social en ese municipio y para garantizar la vida, seguridad e integridad de los pobladores”.

Asimismo, acusó a la Alianza San Bartolomé de Los llanos de ser un grupo paramilitar, con sede principal en la comunidad Paraíso de Grijalva, desde donde opera con armas de uso exclusivo del Ejército, “apoyados por otros grupos de sicarios, el grupo de-

nominado autodefensa de cañeros, financiado por el cacique de la región Jesús Alejo Orantes Ruiz”.

Explicó que las dos víctimas mortales, junto con otros campesinos, “avanzaban en los trabajos de brecheo, cuando un helicóptero sobrevolaba en vuelo rasante el área donde se llevaba a cabo el trabajo; después de retirarse el helicóptero, los compañeros terminaron sus jornadas y buscaron un lugar para descansar y tomar sus alimentos en el punto denominado Tierra Blanca, donde fueron sorprendidos y atacados cobardemente por estos asesinos en los dos puntos opuestos (norte y sur)”. Ángel Ramírez Martínez, comi-

sariado de los Bienes Comunales de la OCEZ, explicó que el conflicto se originó debido a la problemática territorial existente desde 1970.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a los pueblos y comunidades de Chiapas para privilegiar el diálogo, el acercamiento y uso de la razón para resolver cualquier problemática o diferencia, así como evitar las confrontaciones, la violencia, los rencores y enconos entre hermanas y hermanos.

El mandatario informó que las autoridades competentes realizan las investigaciones para que el lamentable acontecimiento no quede impune, y aseguró que las instancias federales, estatales y municipales trabajan en unidad con el objetivo de resolver conforme a Derecho y de forma pacífica este añejo conflicto.

De igual manera, subrayó que los enfrentamientos y bloqueos de carreteras no abonan a la reconciliación y al establecimiento de una relación de respeto, por el contrario, hacen más profunda la molestia, pues además de afectar a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, se retrasa el progreso, desarrollo y bienestar de las familias, tanto de Venustiano Carranza como de los municipios de la región.

Denuncian violencia política en Ayuntamiento de Copainalá de este municipio.

Al abordarlo tomó sus interrogantes en mal sentido, que no está cobrando como docente y solo es actualización, pero prácticamente le dijo si lo estaba amenazando que hiciera lo quiera.

Informó que: “Al acudir a la escuela primaria donde da clases el regidor, conversé con el director quien mostró el oficio que avala, que desde el 01 de enero de 2021 los docentes regresaron a dar clases, incluyendo al regidor; esto lo confirmé también con el supervisor de zona”.

Por ello procedió con su demanda ante la Fiscalía de Delitos Electorales, porque textualmente le han

dicho que no quieren que ocupe el lugar de regidora, que por derecho le corresponde, al pedir licencia al cargo el primer regidor propietario, lo que se podría considerar como vio-

lencia política en razón de género.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades para atender este caso, y evitar se cometa otro acto más de violencia política.

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Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Presenta IEPC Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectivas de género?

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l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo ante representantes de medios informativos, la presentación del “Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectiva de género?”, el cual se realizó con la participación de Adriana Solorzano, Directora de Producción y Planeación de Radio Educación; el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, y la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.

Este documento brinda información a representantes de medios de comunicación en nuestro estado, sobre sus obligaciones y propone recomendaciones para realizar coberturas electorales con perspectiva de género, libre de estereotipos, visibilizando a las mujeres en la política en igualdad de condiciones que los hombres, utilizando lenguaje incluyente, promoviendo el trato igualitario en las notas e identificando las conductas que configuran la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG).

Adriana Solórzano resaltó la importancia que tienen espacios como este foro, pues son de utilidad para impulsar la igualdad sustantiva de género. Comentó que las y los comunicadores necesitan sensibilizarse sobre lo normalizado que está la violencia de género a través de la reproducción de estereotipos que “cosifican” a las mujeres y recomendó que cuando se tenga

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Con piedras lanzadas con resortera, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) de Las Margaritas, #Chiapas, agredieron al compañero reportero Alfredo V. Pacheco, además de que le robaron parte de su equipo de trabajo, pese a identificarse con gafete de prensa y solicitar previamente una entrevista con ellos.

Es MENTIRA lo que Abdulio Hernández Hernández, líder de la llamada CIOAC Histórica de dicho municipio, dijo a un medio de comunicación al señalar que se presentaron de manera “pacífica” a las puertas de la Fiscalía General del Estado ( #FGE ) ubicada en #TuxtlaGutiérrez, pues además de lanzarle piedras al compañero, momentos antes lo rodearon, jalonearon y le robaron parte de su equipo de trabajo.

Del equipo de trabajo sustraído,

Este documento pretende brindar información a representantes de medios de comunicación en nuestro estado, sobre sus obligaciones y propone recomendaciones para realizar coberturas electorales con perspectiva de género.

duda sobre si se está haciendo o no la nota con perspectiva de género, se aplique la “regla de inversión”, es decir, dejar la misma redacción sólo cambiando a la mujer por un hombre, para identificar si tiene el mismo efecto. En este contexto, este manual se convierte en ser una guía para que los medios de comunicación reflexionen sobre la forma en que interpretan la realidad. Añadió que existe un contexto desafiante para hablar de democracia, pues esta no existe si no hay igualdad de derechos.

También mencionó que los temas destacables del manual, entre otros, son: los derechos políticos de las mujeres y las acciones afirmativas que ha impulsado el IEPC para garantizar su ejercicio libre de violencia; las obligaciones de los partidos políticos en materia de derechos electorales, y los

tipos de violencia, violencia en razón de género, los sujetos responsables y las formas de detectarla.

La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez dijo que los medios tienen un papel primordial en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que pueden generar en la audiencia, conciencia crítica y coberturas con perspectiva de género para erradicarla.

Explicó que el manual contiene, entre otros temas, recomendaciones y obligaciones sobre: la comunicación con perspectiva de género, la promoción de la participación política de las mujeres y la visibilización de la VPMG. Asimismo, señaló que en la reciente reforma en materia de VPMG se estableció que los medios de comunicación pueden ser sujetos infractores de esta tipología de violencia y en tal senti-

do, el IEPC realiza un monitoreo de medios semanal, desde el inicio de las precampañas, para identificar cómo se está realizando la cobertura electoral.

Recordó que, para el presente proceso electoral, el IEPC ha garantizado la participación de más de 6 mil mujeres como candidatas a cargos como integrantes de Ayuntamientos y Diputaciones locales. “De aquí surge la inquietud de informar a los medios de comunicación para evitar que se genere violencia en razón de género en las coberturas noticiosas que se hagan”.

Sánchez Domínguez habló sobre las medidas para la igualdad sustantiva que para este proceso electoral ha impulsado el IEPC, entre ellas, la implementación del micrositio para capacitar a las mujeres candidatas; se trata de un sitio web autogestivo llamado “Mujeres al Poder: Libres de Violencia”, que ya se encuentra disponible en la dirección electrónica http://candidatas. iepc-chiapas.org.mx/login.

En su mensaje, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, expresó que este Instituto está abriendo brecha con el cambio de reglas, para garantizar el propósito de la existencia de una vida pública sin violencia política en contra de las mujeres. “Los medios de comunicación tendrán con este manual, muchos datos y aprendizaje relacionado a las nuevas disposiciones en esta materia”.

Agrede CIOAC Histórica a reportero en Tuxtla Gutiérrez únicamente le devolvieron el celular y le dijeron que no insistiera en la devolución del resto. “Mejor ya vete”, le dijo Abdulio Hernández.

Con agresiones a la prensa ¿quieren los miembros de la CIOAC que los reporteros cubran sus manifestaciones?

No es la primera vez que reporteros son víctimas de actos violentos por parte de este tipo de organizaciones que se escudan en “usos y costumbres”.

La violencia y las agresiones son claramente definidas e identificadas aquí y en China, y quienes la ejecutan se les llama delincuentes, y eso es lo que son; ya que no hacen otra cosa más que dañar a terceros al bloquear calles y carreteras, como lo hicieron hoy sobre

el Libramiento Norte de esta ciudad.

El trabajo del reportero es informar a la población todo lo que acontezca en la ciudad y en el estado, como parte de los derechos que tenemos todos: la libertad de expresión y el de ser informados.

Como reportera y directora de un medio de comunicación (Karla García), EXIJO a las organizaciones sociales y civiles de cualquier índole y lucha que defiendan RESPETO AL TRABAJO PERIODÍSTICO de todos los compañeros que ejercen este oficio.

Asimismo, a las autoridades competentes de defender a los periodistas, tomar este y otros casos de agresiones a reporteros, incluso asesinatos, y procurar justicia de los mismos.

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Disputa agraria en Venustiano Carranza, Chiapas, deja un muerto y un herido Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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ampesinos de la OCEZCasa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, que mantienen una disputa agraria por la posesión de miles de hectáreas de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, se acusaron de actos de provocación y disparos que dejó al menos una persona muerta y otra herida.

Tanto la OCEZ-Casa del Pueblo con sede en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, como la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, con sede la colonia Paraíso Grijalva de ese mismo municipio, se hicieron señalamientos mutuos en el que el primero acusó de “paramilitares” a los segundos y de tener el apoyo del gobierno estatal y federal, en tanto que los segundos acusaron a los primeros de “secuestrar” a dos personas más para mantenerlos como rehenes.

Los de la OCEZ-Casa del Pueblo denunciaron que mientras un grupo de sus miembros realizaban trabajos de brecheo para delimitar sus tierras, “fueron encapsulados por la banda paramilitar Alianza San Bartolomé en el punto denominado Tierra Blanca entre nuevo poblado San Bartolomé de los Llanos y el Paraíso del Grijalva disparándoles con arma de fuego a los compañeros que iban trabajando en ese tramo”.

Denunciaron la estrategia “por los grupos paramilitares de la Alianza San Bartolomé y el gobierno del estado que con ayuda de helicópteros de la Seguridad Pública fueron encaminados hacia ese punto favoreciendo la avanzada de sus paramilitares en sus dos frentes de los lados Sur y Norte, disparándoles a nuestros compañeros con ráfagas de arma de alto calibre desconocemos por el momento la cantidad de muertos y heridos de esta emboscada.

Ante estos hechos responsabilizaron “a los paramilitares de la Alianza San Bartolomé y los tres niveles de Gobierno”.

Sin embargo, los de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos señalaron que los agredidos fueron ellos por parte de la OCEZ-Casa del Pueblo, quienes además de tener plagiados a Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez, el lunes interceptaron al menor Pablo Sergio Gómez Espinosa y su madre Carmela Espinosa Hidalgo, tras ser señalados de ser miembros de la comunidad Paraíso

Los de la OCEZ-Casa del Pueblo denunciaron que mientras un grupo de sus miembros realizaban trabajos de brecheo para delimitar sus tierras, “fueron encapsulados por la banda paramilitar Alianza San Bartolomé en el punto denominado Tierra Blanca entre nuevo poblado San Bartolomé de los Llanos y el Paraíso del Grijalva disparándoles con arma de fuego a los compañeros que iban trabajando en ese tramo” mé) en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México.

El saldo del enfrentamiento

Grijalva, aunque tienen años que ya no radican en ese lugar sino en la capital del estado.

La Alianza acusó que es la OCEZCasa del Pueblo la que tiene el apoyo del gobierno en sus tres niveles para arremeter contra ellos, y que prueba de ello es la baja que tuvieron este lunes, con la muerte a tiros de Adolfo López Vázquez.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, dijo que se realizarán las indagaciones a través de las autoridades competentes, mismas que actuarán con apego a derecho y que la justicia se aplicará sin distingo para quienes estén involucrados en esos hechos de violencia.

“Distintas instancias y órdenes de gobierno, a convocatoria de la Secretaría General del Gobierno, en múltiples ocasiones han exhortado a la Alianza San Bartolomé de los Llanos y a los Bienes Comunales Casa del Pueblo, a reconsiderar su actitud para dirimir por la vía legal y pacífica, este añejo conflicto interno de carácter agrario”, dijo esa oficina gubernamental.

Aclaró la titular de la SGG, Cecilia Flores, que en ningún momento los operadores políticos que dan seguimiento al caso, han actuado de manera parcial o han privilegiado a un solo grupo; desde que iniciaron

las tensiones en ese municipio se ha buscado la voluntad de ambos para establecer el diálogo.

Explicó que la SG siempre ha mostrado apertura a todos los canales de diálogo en este conflicto y reitera su llamado para que ambos grupos privilegien los acuerdos a fin de alcanzar la paz social en esa zona de una vez por todas.

Destacó que cada una de las acciones implementadas recientemente en atención a esta situación por parte de las instancias coordinadas, ha tenido el único propósito de clarificar la situación que prevalece en la región y de salvaguardar la integridad física tanto de estos grupos como de la población en general.

Ante este contexto, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (Diócesis de San Cristóbal) y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), lamentaron profundamente la situación crítica que vive el municipio de Venustiano Carranza derivado de la creciente violencia.

La tarde del lunes se inició un enfrentamiento entre la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo (Casa del Pueblo) y la Organización Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsiles San Bartolomé de Los Llanos (Alianza San Bartolo-

Tras el choque, se registró un muerto, Adolfo López Vázquez y un herido de nombre José Manuel Solano Martínez por parte de la Alianza San Bartolomé y al menos cuatro heridos de la Casa del Pueblo.

“En la documentación realizada con ambos grupos nos hacen constar que por lo menos desde el año 2019, han estado dialogando con el gobierno de Chiapas, sin que las acciones de los funcionarios abonarán a la solución y distensión de este problema, que el gobierno de Rutilio Escandón dejó crecer”, dijo Pedro Faro del Frayba.

Expuso que la Diócesis de San Cristóbal y el Frayba han intervenido para alertar esta situación e insistimos que la única forma de solucionar los problemas es a través del diálogo con la disponibilidad de las partes y con la voluntad del gobierno de actuar en su responsabilidad para atender el problema de fondo, que es principalmente agrario.

Añadió que esta situación se ha originado debido a la problemática territorial existente desde 1970 y que en gran parte el Estado mexicano tiene responsabilidad en la administración de dicho conflicto.

El Frayba y la Diócesis hicieron un llamado a la Casa del Pueblo y a la Alianza San Bartolomé para que favorezcan un proceso de diálogo con actores que ellos crean convenientes para tal efecto y dejar a un lado la violencia que está ocasionando hechos de difícil reparación.

Y a los tres niveles de gobierno pidieron que intervengan de manera inmediata y urgente en la solución agraria, base del conflicto, además de propiciar condiciones de diálogo para generar acuerdos entre las partes, así como realizar las acciones para que cesen las agresiones armadas en la zona ya que existe un alto riesgo a la vida e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres habitantes del municipio de Venustiano Carranza.

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Inconstitucional, sancionar el trabajo sexual en Mérida: Tribunal Colegiado Rosa Santana Mérida, Yuc. (apro)

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l Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la inconstitucionalidad del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este municipio, en el que se sanciona el trabajo sexual.

Dicha norma constituye un acto discriminatorio que vulnera el derecho al trabajo, apuntó.

Activistas de las asociaciones defensoras de los derechos humanos Indignación y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), que acompañaron el juicio de amparo de las 16 trabajadoras sexuales amparadas, explicaron que la sentencia del Tribunal Colegiado con sede en esta ciudad corresponde al recurso de revisión 216/2020 que promovió el ayuntamiento.

Informaron que el recurso de impugnación resultó adverso a las autoridades municipales porque los magistrados confirmaron por unanimidad la sentencia de amparo que el 29 de octubre de 2020 dictó el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, en torno al juicio 727/2020.

En esa sentencia, el Juzgado reconoció que el artículo 15, fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la Ciudad de Mérida que sanciona el trabajo sexual en la vía pública, expedido por el ayuntamiento, contraviene los artículos 1 y 5 de la Constitución federal, que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente.

La demanda de amparo fue tramitada por 16 trabajadoras sexuales del centro de Mérida, debido a los recurrentes operativos en su contra por la policía municipal, que derivaron en violaciones a sus derechos humanos.

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Desde el Congreso local exhortaron a la Fiscalía General de Oaxaca intensifique la búsqueda y localización de periodista Francisco Ramírez Padilla, quien desapareció desde el pasado 30 de abril y desde esa fecha se desconoce su paradero.

El llamado legislativo se suma a pronunciamientos como el realizado por la Organización Artículo 19, el cual solicita a la Comisión Nacional de Búsqueda aplicar el Protocolo Homologado para la búsqueda de personas, y garantizar la localización con vida de Francisco Ramírez.

Destacaron que el pasado 30 de abril, el periodista del diario Tiempo, Francisco Ramírez, desapareció alrededor de las 10 de la noche cerca

Informaron que el recurso de impugnación resultó adverso a las autoridades municipales porque los magistrados confirmaron por unanimidad la sentencia de amparo que el 29 de octubre de 2020 dictó el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, en torno al juicio 727/2020

Entre las arbitrariedades que los policías cometieron contra las quejosas se enlistan detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.

Tales operativos se sustentaron en el artículo 15 fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Mérida, que sanciona el trabajo sexual en las calles.

Los activistas explicaron que, en su momento, al otorgar el amparo a las trabajadoras sexuales, el Juzgado Tercero de Distrito consideró que la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento generaba discriminación en contra de las personas que se dedican al trabajo sexual en las calles de Mérida.

Y señalaron que lo anterior viola el derecho a la igualdad del trabajo protegido por el artículo 5 constitucional, por lo que el reglamento municipal resulta inconstitucional.

Debido a ello, el Juzgado ordenó al ayuntamiento, al presidente munici-

pal, al secretario de Gobierno municipal y al director de la policía de Mérida no aplicar la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento municipal a las trabajadoras sexuales, con lo cual éstas podrán realizar su labor sin ningún tipo de restricción.

No obstante, las autoridades municipales presentaron recursos de revisión para impugnar la sentencia.

Tales recursos fueron radicados en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, cuyos magistrados, al resolver las impugnaciones, confirmaron los criterios argumentados por el Juzgado de Distrito y reiteraron la inconstitucional del reglamento municipal.

En su argumentación, los magistrados expusieron que la fracción VI del artículo 15 del Reglamento municipal “es una norma estigmatizadora, porque proyecta un mensaje discriminatorio contra cierta categoría de sujetos, en la especie, las personas que se dedican de manera voluntaria a prestar servicios sexuales que la norma impugnada califica como ‘ataque a

la dignidad de las personas’”.

Añadieron que al contener la prohibición o limitación como lo refieren las autoridades recurrentes, para ejercer o promover el trabajo sexual en la vía pública, el artículo en cuestión del reglamento municipal transgrede en perjuicio de las quejosas su derecho fundamental de libertad de trabajo consagrado en la Constitución federal.

La resolución, además de obligar a las autoridades municipales a desaplicar y excluir de la norma la fracción VI del artículo 15 del Reglamento en beneficio de las trabajadoras que presentaron el amparo, abre el camino para que otras trabajadoras y trabajadores sexuales puedan impugnarlo para garantizar su derecho al trabajo.

Pero “sobre todo visibiliza la ausencia de políticas públicas por parte del municipio para abordar el tema del trabajo sexual desde una perspectiva de derechos humanos, y donde en el centro del debate se ponga la dignidad de quienes, por diversos motivos, generalmente de índole económico, se tienen que dedicar a esta labor”.

“En esa lógica, resalta la ausencia de propuestas que sobre el tema del trabajo sexual ha existido por parte de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Mérida”, acusaron.

Finalmente advirtieron que esa omisión “resulta preocupante y, a la luz de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, pareciera evidenciar el nulo interés de las y los aspirantes por trabajar para y con los grupos sociales en mayor situación de discriminación y exclusión en la ciudad de Mérida”.

Piden desde el Congreso de Oaxaca intensificar búsqueda de periodista desaparecido de su domicilio, en el municipio de San Jacinto Amilpas, en la zona metropolitana de Oaxaca.

En su sesión de este miércoles, en el Congreso del Estado de Oaxaca fue presentada una propuesta para exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) donde solicitó que emprenda las acciones necesarias para localizar con vida al comunicador. También, para que se coordine, de manera efectiva, con las instancias y dependencias correspondientes para dicho fin.

Por su parte, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), informó que

del 2015 al 12 de abril del presente año, se ha iniciado un total de 273 investigaciones derivadas de quejas y

cuadernos de antecedentes, relacionados con violaciones a los derechos de periodistas.

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Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Unidad de Fiscalización del INE propone retirar registro a candidata de Morena al gobierno de SLP De la redacción Ciudad de México (apro)

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a Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso el retiro del registro de la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez al determinar que no entregó en tiempo su informe de gastos de precampaña.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió de esta propuesta en un mensaje en Twitter.

“Mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de @MonicaRangelSLP. Hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas. #DefendamosLaEsperanza”.

Hoy la Unidad de Fiscalización del INE informó del resolutivo que viene trabajando desde hace dos meses y que este jueves estará a consideración del Consejo General del instituto.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica Liliana Rangel Martínez, con la cancelación del registro como candidata al cargo de Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos”, indica el resolutivo de la Unidad de Fiscalización Las causas son las mismas que se aplicaron a Raúl Morón y Félix Salga-

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

Aunque aún no se firma el contrato con el gobierno de la Ciudad de México ni se sabe el costo que tendrá el servicio de peritaje, personal de la empresa DNV, certificadora independiente con sede en Høvik, Noruega, ya labora desde ayer en la zona donde colapsó una trabe metálica y dos vagones de la Línea 12 del Metro, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, explicó que dicha empresa ha estado en operaciones desde 1864, tiene más de 150 años de experiencia y 15 mil trabajadores con presencia en más de 100 países, y reconocido prestigio internacional. “Es una empresa experta en administración de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz

“Mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de @MonicaRangelSLP. Hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas. #DefendamosLaEsperanza”

do Macedonio hace unas semanas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que validó la sanción que habría impuesto el INE de retirarles el registro como candidatos por no entregar a tiempo los reportes de gastos de precampaña.

El caso de San Luis Potosí era el

único caso pendiente en el INE desde febrero, pues las precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Rangel, tenían omisiones y ninguna reconocía haber realizado los actos de precampaña.

El acuerdo que se someterá a Consejo General ordena la pérdida de registro para las cuatro implicadas que en el caso de Mónica Rangel sería dejar sin efecto su candidatura. Además se da un plazo de 48 horas para que Morena registre a una sustituta y pueda continuar en campaña.

La noruega DNV ya inició peritaje sobre colapso en Línea 12; el contrato será firmado hoy de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas”.

Mencionó que entre sus proyectos de trabajo está la investigación forense por la explosión de la Plataforma Petrolera de Deepwater Horizon, de la empresa British Petroleum, en el Golfo de México en 2010.

Sheinbaum añadió que el contrato será firmado este miércoles, luego de que termine la elaboración de “los alcances y términos” del mismo y que, posiblemente mañana ya se pueda hablar de lo que costará al gobierno capitalino ese peritaje internacional.

“Es fundamental que haya una empresa de estas características que haga esta revisión, además del trabajo que haga la Fiscalía General de Justicia (de la Ciudad de México)”, agregó.

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La Semarnat niega autorización para proyecto minero a la empresa Hematite, de capital canadiense Pedro Zamora Colima, Col. (apro)

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a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto minero “Rufus 5”, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V., de capital canadiense, en el municipio de Manzanillo, a un costado de la comunidad indígena de Canoas.

De acuerdo con el estudio presentado ante la dependencia federal, la empresa tenía planes de extraer más de dos millones de metros cúbicos de mineral de hierro durante un periodo de 16 años, pero desde el principio se puso de manifiesto la oposición de la comunidad de Canoas, con el argumento de que la actividad minera en esa zona podría contaminar las afluentes del Río El Cacao, que abastece de agua a seis poblados de la región.

Después de casi un año de evaluación, la Semarnat emitió su resolutivo, en el que determinó que el proyecto no es congruente con las políticas y criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Colima y el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial local del Territorio de Manzanillo.

Así también, señaló la dependencia, “en cuanto a la afectación de los cuerpos de agua y sus zonas federales, no se consideraron las recomendaciones y conclusiones del estudio hidráulico”.

Las especies de flora registradas en el sitio del proyecto, manifestó, son confusas en su identificación y para su reincorporación al ecosistema no se analizaron los requerimientos de reproducción.

En tanto, para el caso de la fauna

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

El gobierno mexicano celebró este miércoles la decisión del gobierno estadunidense de Joe Biden de apoyar la liberación temporal de las patentes de vacunas contra el covid-19, para enfrentar la pandemia de manera más rápida a nivel global.

Como titular de la presidencia por-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Cancillería mexicana celebró el anuncio de la representante de Estados Unidos para el Comercio, Katherine Kai,

Así también, señaló la dependencia, “en cuanto a la afectación de los cuerpos de agua y sus zonas federales, no se consideraron las recomendaciones y conclusiones del estudio hidráulico”

la Semarnat hizo notar que si bien se incrementaron los muestreos no se analizó el criterio de excepcionalidad para la biodiversidad con estos nuevos datos, además de que la propuesta de restauración del área de explotación plantea especies que no están presentes de manera natural en el área y que, para su establecimiento, requiere de condiciones ambientales que difícilmente podrán darse en las etapas iniciales de restauración.

En lo relativo a la ruta de acceso a la mina Rufus 5, expuso el resolutivo, “no hay certeza en la servidumbre de paso y la superficie que pudiera requerirse para el acceso a la mina; en consecuencia, se carece de información que garantice que la ejecución del proyecto se llevará a cabo protegiendo el ambiente y preservando y restaurando el ecosistema”.

Otros proyectos detenidos Previamente, en los años 2013 y 2014 los habitantes de Canoas ya habían logrado detener otros dos proyectos extractivos de hierro en los terrenos aledaños a su comunidad, en los lotes denominados Eva y Tinajas.

Y a partir de agosto de 2020, tras enterarse que se encontraba en marcha la evaluación del proyecto Rufus 5 realizaron movilizaciones, encabezados por Raymundo Campos, presidente del Ejido; Salud Valencia, secretaria, y Manuel Rodríguez, tesorero, así como la comisaria municipal, Lourdes Ochoa, con el apoyo de organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Frente en Defensa del Maíz Colima y el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y Coordinadora Socialista Revolucio-

naria (CSR), entre otras.

Desde un principio, el proyecto dividió posturas en el Consejo Estatal Forestal, donde se emitió una opinión técnica favorable con los votos a favor de los representantes de dependencias del gobierno estatal y de la Universidad de Colima, pero en contra de la mayoría de las dependencias federales.

No obstante, al ser consultado por la Semarnat, el Ayuntamiento de Manzanillo emitió una opinión técnica desfavorable por considerar que la minería es “un uso incompatible” para ese territorio, conforme a lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de ese municipio.

La autoridad municipal agregó: “De acuerdo a una revisión de los perfiles de pendiente, la zona a explotar forma parte de la zona cerril que alimenta al río de Canoas, el cual ya ha presentado afectaciones de lodos y aportes sedimentarios por un proyecto minero que pretendió realizarse en predio adjunto al que se presenta actualmente”.

Entrevistada en su momento por el corresponsal, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, dijo que además de vigilar el cumplimiento de las leyes y ordenamientos en materia ambiental, su administración apoyaba la decisión de la comunidad de Canoas, que no estaba de acuerdo con la explotación de una mina en su territorio.

“Esta comunidad tiene agua muy limpia, de la más pura que hay en el municipio, y con la minería van a contaminarla”, advirtió la alcaldesa.

México celebra que EU busque liberación de patentes de vacunas contra el covid-19 sobre su intención de cabildear en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para levantar las patentes.

“Participaremos de manera activa en negociaciones basadas en textos en la OMC para que ello suceda”, planteó Kai, quien añadió que “estas negociaciones tomarán tiempo, dado que la institución se rige por consenso y que los temas involucrados son complejos”.

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CNDH dirige recomendación al IMSS por negar atención médica a una mujer durante el parto Melisa Carrillo Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por negar atención médica a una mujer durante el parto.

El organismo detalló que el 21 de abril de 2019 la mujer dio a luz en la puerta del Hospital General número 7 en Guanajuato, mientras su esposo pedía asistencia médica, por lo que al momento del alumbramiento la bebé se golpeó la cabeza contra el piso.

De acuerdo con los testimonios recabados por la CNDH, el padre recogió a su hija del suelo y golpeó la puerta del hospital, hasta que el personal del hospital finalmente les ofreció ayuda.

Al analizar el caso, el organismo identificó que el IMSS violó el derecho a una vida libre de violencia de la niña, debido a la violencia obstétrica que sufrió, así como su derecho a la protección de la salud, ya que nació en condiciones insalubres y sin asistencia médica.

Además, señaló que cuando el Instituto inició una investigación sobre el caso, omitió la falta de apoyo durante el parto y sólo tomó en cuenta los expedientes clínicos de las afectadas.

La CNDH pidió al director del

Ezequiel Flores Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las remesas que enviaron a México los migrantes que laboran en Estados Unidos en marzo de 2021 volvieron a registrar un nuevo récord al ubicarse en 4 mil 152 millones de dólares, cifra que representa un aumento del tres por ciento en comparación con el mismo mes de 2020.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo anunció también que la proyección del gobierno federal para abril pasado será de 4 mil 069 millones de dólares, es decir, un aumento del 40 por ciento al compararlo con los 2 mil 910 millones de dólares de abril de 2020.

“Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable. Esto nos ha ayudado

El organismo detalló que el 21 de abril de 2019 la mujer dio a luz en la puerta del Hospital General número 7 en Guanajuato, mientras su esposo pedía asistencia médica, por lo que al momento del alumbramiento la bebé se golpeó la cabeza contra el piso

IMSS reparar el daño a las víctimas con una compensación justa y suficiente, brindarles atención psicológica y colaborar en la queja que presentará en contra del personal médico responsable.

También lo instruyó a capacitar al personal médico del hospital sobre el derecho a la protección de la salud y a una vida libre de violencia; impartir cursos al personal de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delega-

ción Estatal sobre los derechos de las mujeres, violencia de género y las obligaciones del Estado en la materia, así como crear un programa permanente para prevenir y atender casos similares.

AMLO presume nuevo récord en remesas en marzo y recuperación de empleos a enfrentar los estragos de la pandemia en lo económico”, expresó el mandatario.

Además, López Obrador informó que, de marzo a abril de este año, se han recuperado 44 mil 774 empleos después del desplome de acceso al trabajo tras la pandemia de coronavirus desde el año pasado que alcanzó un millón 395 mil 404 empleos perdidos.

A la fecha, informó que se han recuperado 352 mil 351 empleos en el mismo periodo y afirmó que el crecimiento económico anual se sigue proyectando en un cinco por ciento, indicó.

“Si hay empleo, hay bienestar y si hay bienestar hay paz”, remató el presidente.

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Feministas de Quintana Roo emprenden acciones legales contra Congreso local por no respetar DH de las mujeres Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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uego de que el Congreso de Quintana Roo rechazara despenalizar el aborto en la entidad, el Poder Judicial de la Federaciones analiza actualmente cuatro amparos presentados por las colectivas feministas para determinar si la decisión legislativa violó los Derechos Humanos de las mujeres.

El pasado 2 de marzo, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo rechazó con 12 votos en contra y 8 a favor, el dictamen para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La sesión durante la cual se tomo esta decisión legislativa tuvo de antesala la toma del Congreso por parte de los colectivos que integran la Red Feminista Quintanarroense, ausencias y otros actos de sabotaje por parte de varios diputados, criminalización y represalias contra las feministas, así como campañas de difamación promovidas por grupos autonominados “Provida”.

Ante la negativa de discutir el dictamen para la despenalización del aborto, las colectivas Feministas y mujeres organizadas de la sociedad civil de Quintata Roo interpusieron desde el pasado 4 de marzo cuatro amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito de Chetumal.

En estos amparos, las feministas

aseguraron que el desechamiento del dictamen por parte del Congreso local configuró varias violaciones a los DH de las mujeres, por lo que piden al Poder Judicial que obligue a las y los diputados a armonizar la legislación local (Constitución, Código Penal y Ley de Salud, todos del Estado) al principio pro persona, principio de interpretación conforme, control constitucional y convencional.

Los amparos fueron radicados y admitidos en los Juzgados primero y segundo de Distrito, bajo los números 187/2021, 188/2021, 189/2021 y 206/2021, por lo que se ordenó al Congreso local desde el pasado 26 y 29 de marzo rendir por escrito o por medios magnéticos, y en un plazo de 15 días, un informe justificado, es decir, en el que las y los diputados respondan a la demanda de amparo que interpusieron las feministas.

Tras recibir el informe, el Poder Judicial deberá determinar si otorgará o no el amparo a las feministas.

En caso de hacerlo, podrá ordenar al Congreso de QR hacer las adecuaciones legislativas solicitadas, como sucedió en Veracruz en 2020.

Te podría interesar: Preocupa a OSC resolución de SCJN sobre aborto en Veracruz Una vez que esto suceda, las y los diputados podrían presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer el caso por su relevancia y, eventualmente, discutir el tema. De esta forma, estará una vez más en manos del Máximo Tribunal de Justicia en este país el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres quintanarroenses.

Actualmente, los juicios por los

amparos que presentaron las feministas desde marzo pasado aún están en el proceso de entrega de informes justificados, lo que sigue es una audiencia constitucional y, posteriormente, se espera que los jueces dicten su resolución sobre si otorgan o no el amparo a las feministas.

De acuerdo con la integrante de la Red Feminista Quintanorarrense, la abogada Yunitzilim Rodríguez Pedraza, con esta acción legal las feministas esperan hacer valer la garantía, protección y respeto a los DH, ya que es “inaudito que las y los legisladores pasen por encima del principio pro persona y crean que pueden anteponer su ideología, moral y poco alcance de información en materia de DH y género al momento de votar; que crean que los DH se sometan a consulta, que son negociables y que las mujeres van a seguir calladas”.

“La intención es lograr que la justicia federal reconozca que las y los legisladores violentaron los DH de las mujeres al votar en contra del avance, de la progresividad, del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se reconozca que las mujeres que vivimos en otras entidades que no sean Ciudad de México y Oaxaca debemos tener los mismos derechos que las ciudadanas de esas entidades. No habemos ciudadanas de primera y de segunda”, explicó la defensora.

Usan radio comunitaria para incitar a la violencia contra síndica y tres funcionarias municipales en Oaxaca Citlalli López Velázquez Oaxaca, Oax.

Haciendo uso de la radio comunitaria en San Antonino Castillo Velasco, un regidor y dos conductores incitan a la violencia en contra de la síndica y tres funcionarias municipales. Los ataques arrecieron luego de que denunciaran penalmente al regidor de Hacienda, Fernando Quirico Raymundo, por acoso sexual.

Los llamados a la violencia lanzados por Albino Rojas Juárez alias” El Jarocho” y de otra persona identificada como José López, además del regidor antes citado, mantienen en riesgo la vida de la Síndica municipal Judith Campos Aguilar; el de la regidora de ecología María Ángeles Santiago Sánchez; la directora de Salud, Anilú Isabel Raymundo Sánchez; y de la procuradora municipal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Jazmín Gabriela Amaya Sánchez, pues incluso

se ha sugerido el linchamiento en contra de las funcionarias.

“Nos pone apodos, nos denigra, critica la vestimenta de las compañeras, no critica nuestro trabajo se mete hasta en nuestra vida privada. A través de este medio de comunicación le dice a la gente que no se deje que actúe como en otros lugares en donde al cabildo y al presidente los linchan, que necesita que el pueblo despierte en contra de nosotras”, denunció Campos Aguilar.

Con documentales y pruebas, la semana pasada acudieron ante la Fiscalía General de Oaxaca a presentar su denuncia por discriminación, puesto que les indicaron que no podían abrir un expediente por violencia política en razón de género, denuncia que presentarán en breve ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como ante la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) ya que manifestaron que su vida corre peligro pues ya han sido

detenidas en la calle e increpadas por personas.

Los ataques se mantienen desde marzo pasado cuando el regidor de Hacienda se presentó a la radio luego de que en sesión de cabildo la síndica expusiera el acoso sexual en el que el servidor público había incurrido en contra de una de las funcionarias a quien le envió vía whatsapp mensajes con contenido sexual.

Después de ello, cada domingo. día del programa de Albino Rojas Juárez alias “El Jarocho” y de la persona identificada como José López, las cuatro mujeres son atacadas con expresiones misóginas, haciendo referencia a sus vestimentas y vida privada. Los ataques han subido de tono hasta el grado de lanzar insultos y palabras soeces contra ellas.

“Exigimos que personas como el señor Albino no estén frente a un micrófono, ser comunicador es una profesión que requiere de ética. Yo soy la primera

síndica municipal que ocupa el cargo, y no quisiera pensar que esos ataques también vienen por ello. No queremos que otras mujeres vivan esta situación”.

Las mujeres responsabilizaron a las tres personas antes citadas de cualquier agresión que pudiera cometerse en su contra o de sus familias, en tanto llamaron a las autoridades a poner atención en este caso que se enmarca en la firma del Acuerdo por la Democracia Paritaria en Oaxaca, el cual tiene como objetivo que se cumplan los derechos políticos electorales de las mujeres.

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RESISTENCIA DIGITAL Jorge Bravo

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a sociedad está alzada contra una serie de iniciativas cuyo común denominador es el control digital, de los usuarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Aunque se han presentado por separado, ya no se trata de reformas de ley aisladas sino de una obsesión del gobierno de la Cuarta Transformación por intentar controlar el ciberespacio. Estas iniciativas tienen otras dos coincidencias: han sido presentadas por legisladores de Morena y en todos los casos los promoventes han exhibido una enorme ignorancia de los temas tecnológicos y digitales.

El capítulo más reciente fue el rechazo unánime a la reforma que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). Algunos usuarios ya han presentado amparos contra la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que recupera un fallido registro de 2009 creado durante la era del oscuro Genaro García Luna.

Incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut porque violenta varios derechos fundamentales: de privacidad, de protección de datos personales, de acceso a las TIC. Porque cuando se transgrede un derecho humano, también se pisotean los demás.

La sociedad desconfía del gobierno. Con el Panaut nuestros datos personales y biométricos estarían a disposición de las au-

toridades de procuración de justicia y expuestos a su filtración. El mantenimiento de la base de datos requiere de cuantiosas inversiones para garantizar una ciberseguridad robusta y la población estaría a merced de un espionaje permanente. La idea fue de Mario Delgado.

Como Morena y la 4T están obcecados con el control, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar ya prepara una iniciativa de ley para desaparecer los tribunales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, porque no les gusta que los jueces otorguen amparos contra sus reformas legislativas.

Otra iniciativa que sacó ámpulas fue el intento por regular las redes sociales. La propuesta dice que busca preservar la libertad de expresión en las plataformas digitales, pero en realidad es todo lo contrario: condiciona el ejercicio de la libertad de expresión en Internet a un procedimiento, una resolución regulatoria o la sentencia de un tribunal en última instancia.

Las empresas de redes sociales con más de un millón de usuarios tendrían que solicitar una autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para operar, sus términos y condiciones deberán ser aprobados por el IFT, deben crear mecanismos -que en realidad ya existen- para que los usuarios impugnen la suspensión de cuenta, eliminación de contenido o cancelación de perfil en máximo 24 horas. El regulador recibiría las quejas de los usuarios y multaría a las empresas de redes sociales si no se registran, si no

presentan sus políticas de moderación de contenidos o si vulneran la libertad de expresión en línea.

La idea fue de Ricardo Monreal y la iniciativa está detenida después de un parlamento abierto.

Otra propuesta legislativa que también ha causado malestar es la iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual que obliga a las plataformas de streaming de video a reservar 15% de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales.

La iniciativa parece noble.

Incluso tiene el respaldo de una comunidad de productores independientes y cineastas que ingenuamente cree que obtendrá algún beneficio de la nueva ley. En realidad, la propuesta plantea un modelo de negocio que favorece a Televisa, porque las plataformas tendrían que comprar contenidos viejos a esa televisora, la única con la capacidad para producir esos materiales.

La ley no promueve sino que limita la pluralidad, diversidad, calidad y libertad para elegir series, películas y documentales en las plataformas de video sobre demanda. La idea fue de Ricardo Monreal y no pudo ser aprobada en comisiones, sino que se discutirá en parlamento abierto.

Rechazo absoluto fue la respuesta al intento de desaparecer e integrar en un solo regulador al IFT y las comisiones de Competencia Económica y Reguladora de Energía para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Vulnerar la autonomía del re-

gulador técnico especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, nombrar y controlar políticamente a los comisionados era el cometido de esa iniciativa que tuvo que ser retirada. Una vez más, la idea fue de Ricardo Monreal.

El diputado de Morena Sergio Mayer propuso modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor porque quiere que los fabricantes, importadores y distribuidores de teléfonos inteligentes, computadoras y otros equipos que permiten la reproducción de contenidos paguen a los titulares de derechos de autor y patrimoniales por cualquier copia privada de canciones, películas o libros que se guarden en los dispositivos. La iniciativa fue rechazada por los propios diputados de Morena.

Con su vocación social y de izquierda, la 4T debería estar trabajando en lograr el acceso universal a Internet, en democratizar los beneficios de las tecnologías y en ampliar las libertades en línea.

Contrario a ello, la política de inclusión digital está desmantelada y varios legisladores se esmeran por presentar iniciativas de corte autoritario que desconocen la naturaleza de Internet, favorecen a sectores y modelos de negocio tradicionales que se resisten a transformarse, castigan el uso de tecnologías, vulneran derechos fundamentales, destruyen instituciones autónomas o limitan la libertad de buscar, recibir y difundir información.

La sociedad se ha resistido a esas iniciativas porque la era del control pertenece al pasado y no queremos perder la libertad ganada en Internet.

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EL METRO, UNA BOMBA DE TIEMPO CON CABAL SALUD

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urante el 2013 y el 2014 dediqué varias entregas al tema del Metro de la Ciudad de México en estas páginas de Proceso. El grave “accidente”, así le quieren llamar, que tuvo lugar el lunes pasado justifica que retome el asunto donde al actualizar los datos nada ha cambiado - o muy poco -en 7 años. De entrada, hay que señalar que el Metro de la Ciudad de México representa un medio de transporte, un lugar de esparcimiento y un mercado de bienes y servicios, legales e ilegales, donde día a día más de 5 millones de personas interactúan a través de sus 195 estaciones, 1042 comercios (llamados PATRS) y 12 líneas que se comunican entre sí. No hay, en el continente americano, ningún lugar donde haya mayor concentración de personas de forma habitual. Véanse algunos de los detalles.

Primero. La Línea 12 cuenta con 466 escaleras eléctricas y 8 aceras móviles las cuales presentan constantemente fallas, que en el mejor de los casos las mantienen detenidas, pero en muchos otros han provocado accidentes que van desde caída de usuarios hasta la mutilación de miembros como dedos de los pies en su mayoría de niños pequeños debido a la falta de mantenimiento, que representa un gasto millonario al tenerlo contratado con empresas externas con anexos técnicos poco claros en el alcance de dicho mantenimiento. Así, por ejemplo, en 2019 sólo la empresa SINERGMAN S de R L de CV cobró en 3 contratos las cantidades de STCCNCS-101/2019 $73,607,00.00 STC-CNS-011-2019 $17,815,186.90 S T C - C N S - 01 9 - 0 0 5 7- 2 01 9 $ 270,000,000.00, inversión que no concuerda con el estado deplorable de los equipos.

Los siniestros en trenes cada día son más frecuentes, los pasajeros arriesgan su integridad en el intento de salir, enfrentándose a una descarga de alta tensión, intoxicación por humo o una caída al caminar por vías. La Línea 12 –que es concesionada– estuvo planeada y licitada para contar con 24 estaciones, pero se olvidaron, es un decir, construir 4 de las previstas, razón por la cual, por ejemplo, en dicha línea los transbordos son larguísimos. El más prolongado es el de la estación Atlalilco, donde el pasajero que pretende transbordar debe caminar un kilómetro, y si bien existen bandas transportadoras, casi nunca sirven.

De igual forma, en la estación Ermita que conecta la Línea 12 con la Línea 2 estaban diseñadas dos estaciones, pero se “olvidó” también construir una de ellas. Pero lo más preocupante es que ante el desastre que aconteció en la estación Olivos, se afirme que “no había indicios de una falla de origen”. Cosa de recordar que desde la administración del Ing.

Ernesto Villanueva

Joel Ortega se llevaron a cabo diversas auditorías de las que se identificaron varios puntos de riesgo, entre los que se pueden enunciar: a) Fractura de placas elásticas en fijaciones NABLA, c) Fijaciones de Contrarriel Sueltas, d) Fractura de cojinetes en aparatos de dilatación, e) Balasto deteriorado e inestabilidad de la vía, entre muchos otros rubros.

La Línea 12 mantiene la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Vías, la cual en el 2017, por aquello de lo “imprevisible” de lo que pasa en el Metro, el contrato STC-CNCS-017/2017 en su anexo técnico especifica que: “Tomando en cuenta la situación de la Línea 12 (tramo elevado rehabilitado y parte del túnel en espera de rehabilitación) TSO no podría ser responsable de fallas debidas a las condiciones actuales de la vía y/o a problemas de concepción y/o construcción de la línea y/o sobre la rehabilitación que hubo durante el año 2015, así como se puede constatar que existen una serie de documentos que alertan constantemente sobre la situación de Línea 12, su tramo elevado y sus interminables riesgos”.

Adicionalmente se encuentran a disposición de quien lo quiera ver las auditorías, los contratos, los programas de mantenimiento y las recomendaciones que forman parte del libro blanco de las actas entregarecepción que por mandato legal se realizan entre una administración y otra y que son una fuente rica de información para poner en la mesa que hay un hilo conductor en lo que ha sucedido, y no cuestiones “imprevisibles”.

Segundo. El Metro, integrado por 12 líneas, cuenta con una red de fugas de seguridad en perjuicio de los millones de usuarios. El punto nodal es que no existe ningún tipo de seguridad. Los 10 “biombos” o detectores de metales, además de ser adquiridos por invitación restringida, nunca funcionaron, como todo pasajero lo puede constatar. En China, he podido constatar cómo los “biombos” sí operan (tanto en Shanghái como en Beijing) a pesar de los grandes números de pasajeros que transportan.

Los baños en el Metro –que son un negocio por ser concesiones– no tienen ningún mecanismo de seguridad, por lo que cualquier aspirante a

terrorista podría fácilmente colocar una bomba. En China, por ejemplo, los baños no sólo están estrictamente vigilados, sino que están limpios y, por si lo anterior fuera poco, tienen un programa para evitar que se tomen fotografías o videos de los y las usuarias, que no hay en la Ciudad de México.

Peor todavía, los miembros del denominado Agrupamiento 70, integrado por la Policía Bancaria, la Auxiliar y la Fuerza de Reacción que se encarga de la seguridad del patrimonio del Metro, sólo están ubicados en los torniquetes y eventualmente en los andenes con el único fin de dosificar usuarios cuando hay retrasos en los trenes o en los momentos de mayor afluencia para separar las secciones de mujeres y niños. Este agrupamiento carece de armas largas, detectores de metales y, lo más importante, de la instrucción de cuidar a las personas, que son la razón de un servicio público pagado con los recursos de la comunidad.

Siguen existiendo las denominadas “zapatas” que cada tren tiene y que son balatas de madera recubiertas de líquido no flamable para frenar en cada estación. Estas tienen problemas debido a que se tuvo la ocurrencia de “probar un aceite diferente” al que se venía utilizando de forma habitual; en consecuencia, se encienden con facilidad, ante lo cual el operador de cabina las “apaga” con su extinguidor y sigue su trayecto, pudiendo generar un incendio de terribles consecuencias. Cada año se reportan más de mil extintores robados de las cabinas, por lo cual no todas disponen de uno.

El Metro invirtió más de 70 millones de dólares en un proyecto de red de fibra óptica de 72 hilos y la instalación de tres mil 700 cámaras de monitoreo, de las cuales sirven sólo una parte mínima por fallas y abandono del sistema, los servidores encargados de sincronizarlas nunca cumplieron con el anexo técnico estipulado en su momento, además de que su memoria abarca cuando mucho siete días y hay una gran cantidad de puntos ciegos, lo que impide que cumplan su cometido.

Ahora con un Puesto Central de Monitoreo reducido a cenizas a principios de este año (que ya se advertía aquí en el 2013) toda vez que se encontraba en el extinto Puesto Central de Control (PCC1). Esto

deja por primera vez en la historia del metro a 6 líneas fuera de servicio, siniestro que fue calificado por la FGJCDMX como un “Accidente Fortuito e Impredecible” (https:// cdmx.info/explosion-en-el-metroaccidente-fortuito-y-no-previsiblerevela-la-fgj/). Fue tan “impredecible” que existen documentos elaborados desde la Gerencia de Instalaciones Fijas en las que se advertía desde tiempo atrás del riesgo por falla en los transformadores, tema que abordé también aquí en el 2013 (https://www.proceso.com.mx/ opinion/2013/5/30/el-metro-unabomba-de-tiempo-119069.html) Tercero. Los sistemas de protección contra incendio se encuentran divididos en una Red Húmeda totalmente fuera de norma, obsoleta y sin posibilidades de operar eficazmente en caso de un siniestro por una serie de vicios ocultos entre los que sobresalen motores de combustión tipo Volkswagen a gasolina. Estos- me dicen los trabajadores del Metro- de ninguna manera podrían soportar una presurización constante en caso de tener que operar para mitigar un incendio en Línea. Hay, además, una instalación fallida de red húmeda en línea 7, la más profunda del Metro, que después de casi 4 años de su instalación no se ha podido poner en marcha debido a una instalación que no observó la especificación de la tubería, con una soportería inadecuada, faltantes en paros axiales, válvulas de seccionamiento, con ángulos que, en lugar de ser una protección que brinde seguridad a los usuarios, se vuelve un riesgo al tratar de mantenerla presurizada y lista para operar en caso de ser necesario.

El Puesto Central de Control (PCC1) que fue consumido por el incendio de un transformador el 21 de enero del año en curso se llevó consigo una inversión millonaria en equipos de alta tensión realizada por la administración anterior, así como un gasto de más de 400 millones de pesos para restablecer la alimentación eléctrica de las líneas 1, 2 y 3.

Esto representa un riesgo constante de un alcance de trenes, al no contar con un mando centralizado, el cualafirma la actual administración del Metro- fue sustituido por un sistema de telemetría, sistema que según el anexo técnico del contrato STCCNCS-179/202 “ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TELEMETRÍA DEL REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS PARA INTERPRETACIÓN DE LAS SEÑALES DE TREN PARA 50 TRENES DE LÍNEA 1”, en ningún momento fue pensado para la regulación de tráfico en línea, sino para contar con la información que genera la caja de negra de los trenes a efecto de determinar de manera estadística el comportamiento de los trenes ayudando a las áreas de mantenimiento.

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DEMOCRACIA EROSIONADA Ana Lorena Delgadillo y Andrés Besserer Rayas

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l arreglo institucional democrático de México se corroe frente a nuestros ojos. En la Cámara de Senadores se incluyó al último momento un artículo transitorio a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y el 23 de abril, después de un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma impulsada por la bancada de Morena y sus aliados, a pesar de ser a todas luces inconstitucional. No obstante que la Constitución señala que el Pleno de la Corte elegirá entre sus miembros a su presidente cada cuatro años, y que los integrantes del CJF durarán cinco años en su encargo --en ambos casos sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior--, el Congreso aprobó ampliar dos años el periodo de la presidencia del primero y la duración del cargo de los segundos.

El ministro Arturo Zaldívar, quien como presidente de la SCJN debe ser un garante del orden constitucional y sería uno de los beneficiarios de la extensión de los cargos, ha optado por callar sus opiniones sobre este transitorio. Cuando se aprobó en el Senado, el ministro dijo que tendría que esperar a que concluya el proceso legislativo para emitir una opinión. Ahora ha dicho que no puede emitir su opinión porque eventualmente le correspondería a la Suprema Corte estudiar el asunto como una acción de inconstitucionalidad.

El presidente López Obrador, en cambio, sí ha hablado. Dijo públicamente que le parecería correcto que pasara el transitorio porque esto permitiría que Zaldívar implementara una reforma necesaria para combatir el nepotismo y la corrupción del Poder Judicial.

Aseveró que confía en Zaldívar y que se necesita que sea él quien implemente la reforma. La teoría del presidente parece ser esta: para proteger el orden constitucional hay que violar la propia Constitución. Como la intención es noble, según AMLO, entonces es legítimo trastocar la carta magna. Pero las buenas intenciones son una base raquítica para fortalecer una democracia o para emprender una transformación política. Mejor que las intenciones, es el diseño institucional, y ese diseño ya está dado: el encargo de presidente de la SCJN dura cuatro años, el periodo de los integrantes de la CJF es de cinco. ¿El actual presidente de la Corte y del CJF debió haber rechazado desde el inicio esta ampliación? Y, ¿de qué manera esta ampliación de mandato daña la democracia?

Sobre el primer aspecto, una

postura señala que Zaldívar ha hecho lo correcto en permanecer callado porque, como presidente de la SCJN, implicaría adelantar una opinión en un asunto que eventualmente llegará a la Corte, donde lo que opine puede influir independientemente de que él se excusara de votar en este asunto. Otros señalan que si hubiera manifestado su oposición a dicha reforma, eso hubiera evitado su aprobación, y el consecuente desgaste de las instituciones.

El debate no debiera ser sobre la calidad ética de Zaldívar, sino sobre su responsabilidad al haber jurado respeto a la Constitución. En diferentes espacios se habla ya del famoso prólogo que escribió Carpizo en el libro ‘La Responsabilidad Civil de los Médicos’, donde señala que Juan Luis González Alcántara Carrancá --ahora ministro de la Corte-- tuvo la posibilidad de que se reformara la ley para extender su mandato en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque así lo querían diputados y demás magistrados, pero --según las propias palabras de Carpizo-- no sucedió así por la oposición del propio ministro González Alcántara Carrancá.

Frente a la gran responsabilidad que tiene Zaldívar, su respuesta se antoja tibia. Ha dicho que él no buscó la ampliación de su propio mandato y también que tiene que ser “extraordinariamente respetuoso de los cauces institucionales” y que “la Constitución establece sus propios medios de defensa y control.” Estos motivos, según el ministro, justifican su silencio. En otras palabras, su argumento se resume a ser espectador de la erosión democrática: se deben respetar los procedimientos que establece la Constitución, incluso cuando mediante éstos se está corroyendo a la Constitución misma.

Sobre el segundo punto, qui-

zá parezca una exageración decir que dos años adicionales para el presidente del CJF y del pleno y dos años más para los integrantes de la CJF, no implican un demérito para nuestra democracia.

Sin embargo, una democracia no se acaba de la noche a la mañana.

Crecientemente, alrededor del mundo se ve que en distintos países la erosión se da poco a poco. Lo ocurrido con la LOPJF se da en un contexto en donde hay una serie de medidas que socavan la democracia por parte del Ejecutivo y de su mayoría legislativa: la creciente militarización, el aumento de la prisión preventiva, los ataques a la autonomía de la Fiscalía General de la República, el embate al INE, el ataque contra jueces que van en contra de políticas impulsadas por la Cuarta Transformación y contra la ONG Artículo 19 en plena mañanera, y otras acciones más.

Como lo demuestra la experiencia de otras erosiones democráticas, un enjambre de eventos pequeños y aparentemente aislados puede ser tan mortífero como un golpe único y veloz.

Valdría la pena tomar en cuenta lo que ha sucedido en otros países con partidos políticos dominantes que usan sus mayorías para debilitar los contrapesos institucionales. El ataque al Poder Judicial y la independencia del mismo suele ser una de las primeras víctimas de esta erosión democrática. En Turquía, por ejemplo, las reformas judiciales fueron claves para esta nociva transformación. Erdogan, el presidente que lideró este desgaste a las instituciones, impulsó una serie de reformas al poder judicial utilizando la mayoría que el AKP, su partido, tenía en el congreso, y la popularidad de la que gozaba.

De manera análoga en Hungría, bajo la égida del partido Fidesz, y en Polonia en años recientes bajo el gobierno del partido Ley y Justicia,

partidos dominantes han debilitado la independencia del poder judicial mediante reformas que violaban el espíritu de la constitución aun cuando seguían los procedimientos legales correspondientes.

La politóloga Nancy Bermeo recalca el hecho de que todos estos cambios los hicieron “políticos electos democráticamente con un mandato popular fuerte”. Los cambios de Turquía se hicieron en un contexto en donde las élites políticas tradicionales gozaban de poca credibilidad y Erdogan de una aprobación popular alta. Una de las lecciones de los casos de erosión democrática como el de Turquía, Hungría y Polonia es que se pueden desmontar los contrapesos al poder ejecutivo mediante procesos legales, o con apariencia de legalidad.

En otras palabras, se utilizan las herramientas de la democracia para debilitar a la democracia misma.

Como señalamos, estos procesos de desmoronamiento suceden lentamente, mediante un cúmulo de pequeños actos. Debido a la lentitud de la transformación, resulta difícil encontrar un momento en donde el desgaste institucional cruce una línea roja inequívoca: la ciudadanía y las élites políticas van aceptando la violación de normas.

La erosión democrática sucedida en los países mencionados se dio con la aprobación popular de una ciudadanía harta de las élites políticas tradicionales, cansada de la corrupción de los partidos, e insatisfecha con los resultados de la democracia. Es una paradoja extraña que el ánimo de cambio de la ciudadanía de estos países desembocara en un acaparamiento del poder. ¿Por qué no utilizaron los líderes de esos partidos este ánimo para fortalecer la democracia y sus instituciones y no debilitarla?

En México esta parte de la historia apenas se empieza escribir.

La democracia ha sido erosionada en otros sexenios también con nombramientos en altos cargos en cortes y en la fiscalía que son cercanos al Ejecutivo. Se ha erosionado con la simulación de organismos autónomos que terminan cediendo al poder del presidente, y de igual forma históricamente así ha funcionado el poder judicial.

El deterioro de la democracia no es algo nuevo ni exclusivo de este gobierno y, frente a esta erosión, el papel más importante lo juegan las y los ciudadanos que pueden ser el mejor contrapeso, pero también servidoras y servidores públicos que están conscientes del peso que puede tener en una democracia el silencio o la aceptación de procesos que la carcomen. La inacción de quienes están al frene de instituciones nos podría salir muy caro.

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CONTRAPODER PODER

Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EN LA MIRA Héctor Estrada

¿Qué hay detrás del conflicto en Convivencia Infantil?

M

ientras plazas comerciales, supermercados, bares, centros nocturnos e, incluso, otros parques recreativos de mayor aforo funcionan prácticamente con absoluta normalidad en Tuxtla Gutiérrez, el emblemático Centro de Convivencia Infantil está a nada de cumplir un año y dos meses cerrado al público, bajo supuestos argumentos de prevención epidemiológica que en el fondo esconden intenciones mucho más oscuras.

El conflicto entre los viejos concesionarios de Convivencia Infantil y la actual administración municipal es mucho más añejo que el inicio de la pandemia y sus medidas restrictivas. Desde 2019, el ayuntamiento, encabezado por Carlos Morales Vázquez, comenzó la “maquilación” de un nuevo modelo recaudatorio que no sólo elevaría los impuestos por el “Derecho de Piso”, sino además pretendía arrebatarles el derecho legal a sus concesiones.

El gobierno municipal sabía perfectamente que la autorización de un aumento al impuesto por derecho de piso traería consigo un fuerte descontento e inevitables protestas. Se trataba pues de un reajuste de más del cien por ciento al cobro mensual para cientos de comerciantes en toda la ciudad, mayoritariamente de bajos ingresos, que ahora tendrían que “ajustarse nuevamente los cinturones” para poder mantener sus permisos de funcionamiento.

2020 llegó y con los primeros meses del año también la pandemia de Covid-19. El nuevo contexto de restricciones y confinamiento resultó oportuno para los planes del gobierno municipal. Así fue como, durante el tercer trimestre del año y sin ninguna advertencia, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inició la aplicación del nuevo modelo

recaudatorio. De esta manera, los costos que anteriormente eran de 571 pesos mensuales por permiso, pasaron a una nueva cuota de mil 40 pesos (en el primer cuadro) y 800 pesos (en el resto de la ciudad) por metro cuadrado.

No importó que la economía local enfrentará el mayor momento de crisis por la pandemia. El gobierno de Morales Vázquez asentó una “estocada fatal” para cientos de pequeños establecimientos de la ciudad a quienes no les quedó de otra que replegarse o cerrar definitivamente. Pero para el caso de los concesionarios de Convivencia Infantil había además un plan modificatorio adicional.

A finales de 2019 también se les notificó a los viejos comerciantes del parque infantil que la presidencia municipal había decidido establecer un nuevo contrato para cambiar su estatus de concesionarios a arrendatarios. En pocas palabras, quitarles las concesiones otorgadas hace más de 20 años para someterlos a un nuevo régimen de rentas temporales, bajo nuevas condiciones de cuotas y restricciones sobre uso de suelo.

A decir de Rita Elena Fausto Calderón, secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil, no hubo ningún intento de diálogo o mesa de concertación para informar sobre la decisión unilateral. Sólo se les notificó que deberían pasar a firmar los nuevos contratos para mantener sus espacios de trabajo en el parque.

“Además de quitarnos la concesión para convertirnos en arrendatarios, se nos estableció una nueva modalidad de pago por metro cuadrado. Se trata de rentas mensuales prácticamente incosteables para quienes trabajamos ahí desde hace años. Imagínense, en casos como el del trenecito u otras atracciones grandes, las rentas son impagables, pues van de 40 mil a 400 mil pesos

en los casos más extremos”, explicó.

A los locatarios no les quedó de otra que ampararse ante el Poder Judicial de la Federación para defender sus concesiones y el derecho a sus espacios de trabajo. A eso se debe que el nuevo modelo contractual del gobierno municipal fuera suspendido por una orden judicial, desatando la ira del entonces presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, quien evidentemente tenía intereses personales sobre ese espacio público.

Ahí es donde la pandemia por Covid-19 jugó también a su favor.

Desde marzo de 2020 las medidas restrictivas justificaron el cierre del parque infantil y desde entonces ha permanecido cerrado, sin la posibilidad de diálogo para analizar su reapertura. No ha importando que Chiapas haya pasado por primera vez a “semáforo verde” desde diciembre y se mantenga así -de manera permanente- desde febrero.

No ha importado tampoco que las mismas autoridades municipales hayan autorizado desde hace nueve meses la reapertura de plazas comerciales, bares, restaurantes, gimnasios y salones de fiestas infantiles; o que actualmente Convivencia sea el único parque público cerrado de la capital chiapaneca, desde que se autorizó la reapertura de otros parques de mayor afluencia como Caña Hueca o el Parque del Oriente en agosto del año pasado.

El argumento que hoy mantiene a Convivencia Infantil cerrado al público es hipócrita y contradictorio, en una ciudad donde todos los demás espacios de alta afluencia funcionan con absoluta normalidad y descontrol sanitario. Lo que Carlos Morales Vázquez y su gobierno interino no quiere decir es que de fondo hay un capricho con evidentes “intereses oscuros” para desplazar a los concesionarios y apoderarse del control comercial de los espacios.

Lo que el gobierno municipal no dice, es que al interior del parque infantil sí hay afluencia de personas todos los días; que a la mala ya comenzaron apoderarse de los espacios; y que desde hace meses acondicionaron oficinas municipales dentro del complejo donde hoy operan las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud, con todo su personal.

El actual ayuntamiento tuxtleco ha omitido mencionar que desde hace años se ha desentendido del mantenimiento del parque, dejando la responsabilidad a los concesionarios; que ha negado el suministro de agua potable al complejo, obligando al pago de pipas por parte de los comerciantes; y que la energía eléctrica también corre a cuenta de los concesionarios. Todo bajo la condición de que los comerciantes mantengan los derechos sobre sus espacios.

Actualmente el ayuntamiento se ha negado a recibir el pago de las cuotas mensuales establecidas antes del 2020 como fue estipulado en el amparo constitucional, por lo que existe una “fe de hechos” al respecto.

No hay disposición para consensar el asunto. Ni siquiera con el anuncio hecho este martes sobre el supuesto estudio de factibilidad para una posible reapertura que, para variar, tampoco fue informado con los comerciantes involucrados.

Carlos Morales y su gobierno interino deben sacar las manos de Convivencia y dejar de pretextar una falsa preocupación epidemiológica sobre el parque infantil, que resulta hoy francamente inverosímil. Sus turbios planes sobre el espacio público han quedado al descubierto con el paso de los meses y las contradicciones de su gobierno para usar a la pandemia como medio de acoso y hostigamiento contra los antiguos concesionarios… así las cosas.

CONTRAPODER PODER

A

cabar con la acidez, ha advertido, a través de espléndida prosa de la respetabilísima Martha Anaya, el maestro Diego Valadez, uno de los especialistas en el Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La propuesta del jurisconsulto es realmente el deseo de muchos, aunque entiendo que es sumamente difícil, aparentemente imposible que los perdedores renuncien a beneficios, modo de vida fácil, que parecían inamovibles; a renunciar al goce de muchos privilegios, materialistas, sobre todo, y aceptar que los beneficios, ahora, con el cambio, sean para otros.

Hasta hoy, tirios y troyanos – pripanistas y lopezobradoristas- se han dado hasta con la cubeta; si pudieran matarse, lo harían; se ha impuesto una profunda brecha entre los habitantes de esta nación: familias divididas, amistades rotas, matrimonios deshechos por lo que el maestro Valadez llama “acidez”, una gran tensión, una gran retórica de intolerancia.

Y lo más grave es que esa división es atizada cotidianamente por quien tendría que ser el fiel de la balanza, porque en un régimen constitucionalista el jefe del llamado Poder Ejecutivo tiene que ser, o debe ser, el presidente de todos, de quienes lo eligieron y de los que votaron en su contra, aunque a estos no les parezca.

Lo legitima la propia Constitución Política y la misma realidad.

Lo mismo habrá de decirse, y cuestionarse, de los ciudadanos que perdieron la elección que no cejan de confrontarse con Palacio, mediante

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Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

esde siempre, el pueblo de Chiapas ha honrado su mexicanidad.

Por ejemplo, el 5 de mayo de 1862 en la histórica Batalla de Puebla, el Batallón Chiapas - al mando del general Pantaleón Domínguez- combatió - junto con las tropas republicanas - al Ejército Francés invasor, que fue derrotado La Batalla de Puebla quedó registrada en los anales militares europeos del siglo XIX como un suceso inédito.

Nunca antes en la historia occidental de la guerra un pequeño Ejército Nacional - como lo era el mexicano - había podido derrotar a una máquina de guerra tan poderosa como lo era el Ejército galo, considerado en esos tiempos como el mejor Ejército del mundo.

En los anales nacionales de la Batalla del 5 de mayo de 1862 quedó plasmada la notable participación del batallón formado por combatientes chiapanecos, quienes provenían de diversas regiones del estado En el parte militar - rendido ante el presidente Benito Juárez Garcíael general Jesús González Ortega consignó la bravura y el patriotismo de los combatientes chiapanecos: “Permítame una mención especial

ANÁLISIS A FONDO: LA ACIDEZ DESNUDADA POR VALADEZ Francisco Gómez Maza

• La acidez, discurso de odio que confronta • No permite ver lo que el país ha avanzado

falsos testimonios, noticias falsas, acusaciones temerarias, entre otras.

Sin embargo, declarada la legalidad de los comicios y avalado el triunfo de un candidato, se constituye éste en el presidente de la república. Y sus opositores, como ocurre en toda democracia burguesa, tienen que aceptar la situación, En este caso, en el de México, Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, una nación integrada por ciudadanos de muchos signos políticos. Es el presidente para quienes lo votaron y para quienes no.

Pero no ocurre así. La división, la

confrontación, inclusive el odio, se agudizan, se enervan, se acidifican, como dice Valadez. Y esta oscuridad nubla la mente y no permite ver las oportunidades de bienestar; no permite ver los avances, porque ha de saber, amigo, que en México hay más cosas positivas que negativas, hablando en sentido dicotómico.

En la economía, por ejemplo, la paridad del peso en comparación con el dólar es envidiable; la lentísima recuperación de la economía es esperanzadora; la inflación, aunque crezca, es manejable; la situación monetaria es reveladora de un progreso, aunque a

EL DIVÁN Sergio Stahl

Chiapas en la Batalla de Puebla y altamente honorifica de tan pobre y lejano estado de Chiapas, cuánto patriota y amante de la independencia y gloria de México. Ese estado y su digno gobernador, fue de los que más se distinguieron en los servicios prestado al Ejército de Oriente” escribió el alto mando militar.

El arrojo, la entrega y el patriotismo mostrado por los combatientes chiapanecos en la historica Batalla de Puebla deberían convertirse en un paradigma a seguir por todos los chiapanecos a la hora de enfrentar los grandes retos que plantean el desarrollo y el progreso de Chiapas en estos tiempos de cambio Esa .etrega de lucha y ese arrojo son el ejemplo a seguir para transformar la realidad del estado.

En fin BALCÓN “Con fondos de apoyo a pequeñas y medianas empresas, la alianza “Va por México” beneficiará a cientos de negocios dedicados a la venta de alimentos, que resul-

taron afectados por la pandemia de #COVID19 en Chiapas”, dijo ayer Emilio Salazar Farías, candidato a diputado federal por el distrito electoral 09 de Chiapas.. En una reunión con Guillermo Acero Bustamante, presidente en el estado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), coincidió en que es necesario inyectar recursos a este sector luego de más de un año de restricciones que disminuyeron drásticamente sus ingresos y golpearon la economía de miles de familias.

“Como ningún otro, este gremio adop-

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paso a paso; el comercio exterior es esperanzador, las exportaciones han crecido señaladamente, y la economía ha tenido recursos hasta para sostener un déficit comercial porque ha tenido que importar maquinaria y equipo e insumos y algo que es muy importante: la economía mexicana recuperó, en el primer trimestre del año, el primer lugar entre los socios de la economía estadounidense, por arriba de Canadá y China.

De enero a marzo se generó un total, entre importaciones y exportaciones, de 153 mil 906 millones de dólares, y un superávit histórico de 25 mil 830 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo estadunidense.

En lo que va de 2021, las exportaciones totales de México, dirigidas a Estados Unidos, sumaron 89 mil 868 millones de dólares; mientras que las importaciones de México totalizaron 64 mil 038 millones de dólares, lo que representó 15 por ciento del total. En ese sentido, la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, reafirmó la ventaja que México generó con las cifras obtenidas para los tres primeros meses del año en curso como primer socio de Estados Unidos.

Y estos avances se refieren tan sólo a los resultados de la macro economía. Haríase necesario registrar los avances en otros sectores, que tirios se niegan a ver, y troyanos no conocen.

No cabe duda, pues, que llegó la hora de acabar con la acidez atizada por unos y otros, como le advirtió el profesor Valadez a la respetable y admirable colega, Martha Anaya.

tó medidas sanitarias estrictas: primero, la venta a domicilio, y después un aforo mínimo con el que apenas podían cubrir lo más básico, con graves repercusiones que todos vimos en las calles: cocineras, meseros y otros trabajadores sin empleo”, enfatizó.

En atención a este gremio, Salazar Farías se comprometió a proponer en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las y los restauranteros de la capital puedan obtener fondos blandos y accesibles, con los cuales puedan reabrir y fortalecer sus empresas, y a la vez generar empleos dignos.

La vocación de Tuxtla Gutiérrez es el servicio a la gente; sin embargo, no se podrá salir del estancamiento económico, si no hay unidad entre los actores públicos y la iniciativa privada; para lograr un cambio que se refleje en una ciudad más próspera, Salazar llamó a la ciudadanía a respaldar en las propuestas de las y los candidatos del PRI-PAN-PRD el próximo 6 de junio.. Eso es todo EL DARDO. “ Nunca he votado, y no pienso hacerlo en el próximo proceso. Yo no votaré por Willy Ochoa Gallegos”: Así me lo dijo ayer Oscar Ochoa Zepeda cuando le pregunté si va a votar por su hijo #WillyOchoa, a la sazón, candidato de la alianza electoral”Va Por México” a la alcaldía de TuxtLa Gutiérrez

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Jueves 6 de Mayo de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2130 ECONOMÍA

AMLO presume nuevo récord en remesas en marzo y recuperación de empleos

ACUSACIÓN

Denuncian violencia política en Ayuntamiento de Copainalá

PAG. 9

RESOLUTIVO

La Semarnat niega autorización para proyecto minero a la empresa Hematite, de capital canadiense

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SENTENCIA

Inconstitucional, sancionar el trabajo sexual en Mérida: Tribunal Colegiado PAG. 8

SALUD

México celebra que EU busque liberación de patentes de vacunas contra el covid-19

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El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la inconstitucionalidad del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este municipio, en el que se sanciona el trabajo sexual. Dicha norma constituye un acto discriminatorio que vulnera el derecho al trabajo, apuntó.

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Unidad de Fiscalización del INE propone retirar registro a candidata de Morena al gobierno de SLP