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DOXA
EDITORIAL
La violación de los derechos humanos en Chiapas
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El día de ayer se presentaron tres sucesos que muestran que los derechos humanos no son tema de preocupación para el gobierno de Rutilio Escandón, que ha dejado de lado las preocupaciones del fortalecimiento de la vida
Son muchos los actos anticipados de campaña de candidatos a presidencias municipales. De igual manera es notorio el uso de recursos en esos actos anticipados. En el derroche de recursos hay el riesgo de exceder los topes de campaña. En este sentido Willy Ochoa es indefendible y sus faltas son fáciles de comprobar.
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EN CHIAPAS
Miércoles 28 de Abril de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2124
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REPORTE
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas cautelares a favor de familias indígenas de 12 comunidades de Aldama Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama
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Chiapas, la entidad con el mayor rezago social en 2020
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ACCIONES
El Estado mexicano ofrece reabrir la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa
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Aumentan los casos de cáncer en Ejido Zapata, comunidad aledaña al relleno sanitario
HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
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ANÁLISIS A FONDO: NOTICIAS MUY PREOCUPANTES
LLAMADO
CNDH pide al gobernador de Chiapas una estancia digna y segura para mujeres presas
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Francisco Gómez Maza
EL DIVÁN
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Sergio Stahl
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CAMBIOS ABERRANTES César Esquinca Muñoa*
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UN MADRUGUETE Y UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO Elisur Arteaga Nava PAG. 5
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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
EDITORIAL La violación de los derechos humanos en Chiapas
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l día de ayer se presentaron tres sucesos que muestran que los derechos humanos no son tema de preocupación para el gobierno de Rutilio Escandón, que ha dejado de lado las preocupaciones del fortalecimiento de la vida democrática y del bienestar de la población. Estos sucesos son 1) la solicitud de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano a favor de indígenas de doce comunidades del municipio de Aldama que han estado siendo amenazadas por un grupo paramilitar del municipio de Chenalhó; 2) La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Chiapas por las condiciones deplorables en que se encuentra el penal femenil en Tapachula, que vulnera los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en reinserción social; y 3) la omisión del Estado mexicano quien desde hace dos
años en que la CIDH emitiera medidas cautelares a favor de pobladores del Ejido Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, para que se investiguen las causas que está motivando que pobladores de diferentes edades estén falleciendo por cáncer y a la fecha ha sido incumplida. Cualquier autoridad mostraría preocupación porque organismos nacionales e internacionales les hicieran señalamientos de violación de derechos humanos a dependencias públicas. Aquí, de manera simultánea, le hacen al gobernador del Estado tres señalamientos y no hay nadie que le explique las repercusiones que pueden existir si en Aldama hay un nuevo ataque con pérdidas de vida o que llegue a fallecer por problemas sanitarios una reclusa en el penal femenil de Tapachula o que fallezca un enfermo de cáncer el Ejido Zapata, situación que provocaría el señalamiento en contra del gobernador por omisión o aquiescencia, en virtud de que él ya tiene perfecto conocimiento
de la situación extrema en ambas circunstancias y no se tomaron medidas preventivas para evitar daños graves o irreparables en ninguna de las situaciones. El gobierno de Rutilio Escandón ha sido partícipe de graves violaciones a derechos humanos, por mencionar un caso, la fabricación de un supuesto desmantelamiento de una banda de trata infantil en San Cristóbal, por parte de la fiscalía del Estado, que terminó siendo un fiasco, pero de manera directa provocó el fallecimiento por tortura de uno de los familiares, en el que no se ha realizado la debida investigación y la sanción de los responsables de esta fabricación de delitos y tampoco se ha reparado el daño ocasionado las víctimas. Lo que no se debe perder de vista es que las violaciones a derechos humanos son imprescriptibles y Rutilio Escandón y varios de sus funcionarios pueden ser sometidos a juicio cuando termine la administración, tal y como está sucediendo en el caso de Digna
Ochoa, que después de 20 años en que se cometió su presunto asesinato, clasificado como suicidio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acordó reabrir las investigaciones y su debido esclarecimiento. Hoy en día los derechos humanos son una preocupación que no debe pasarse por alto. Por eso en la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas debiera de haber un presidente comprometido con la causa y que con sus acciones le redujera problemas al gobernador, pero Juan José Zepeda Bermúdez prefiere dedicarse a la intriga y al chisme y no puede ocultar que es un predador del presupuesto público, que en nada le ayuda al gobernador y que lo confunde y le llena la cabeza de intrigas palaciegas. Si el presidente de la comisión estatal de derechos humanos hiciera medianamente su trabajo, el gobierno de Chiapas no estaría siendo señalado por los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas cautelares a favor de familias indígenas de 12 comunidades de Aldama Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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esde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de las familias indígenas de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó. Este martes la CIDH dio a conocer la Resolución 35/2021 dictada el pasado viernes 23 en el seno de ese organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se exige al gobierno de México poner fin al continuo acoso y ataques que viven poblaciones civiles indígenas tzotziles de Aldama. Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama. Desde 2018, en esas comunidades se han registrado varias muertes, además de personas heridas, con consecuencias permanentes por los disparos recibidos de grupos civiles armados que operan desde el Sector de Santa Martha, municipio de Chenalhó, vecino de Aldama. En una misiva oficial, la Comisión consideró que la situación reúne “prima facie” los requisitos de
Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama
gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. La solicitud interpuesta por organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señaló que las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encuentran “en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mis-
mas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona”. Ante ello, la CIDH valoró las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación alegada; “sin embargo, tras el monitoreo del asunto, advirtió que las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión; así también las consideraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en diversas oportunidades exhortaron al Estado a garantizar los derechos de los habitantes de la zona”.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al gobierno de México que “adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes para proteger la vida e integridad personal de las familias beneficiarias; específicamente para garantizar la seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada por parte de terceros”. De igual forma, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición”. Explicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
Chiapas, la cuarta entidad con más hectáreas quemadas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado)
Chiapas se ubica como el cuarto estado del país que tiene más superficie afectada a consecuencia de las llamas que se expanden por los diferentes terrenos, las afectaciones se ven reflejadas en 14 mil hectáreas, así lo puntualizó la Comisión Nacional Forestal (Conafor). De hecho, el informe revela que sólo están por arriba de Chiapas (que mantiene color rojo en este rubro), Nuevo León que registra 22 mil 67 hectáreas quemadas, Guerrero y Oaxaca, con 17 mil 32 y 15 mil 101 hectáreas dañadas, de forma respectiva. La Conafor tiene reportados en Chiapas 139 incendios forestales, los cuales han generado severas afectaciones en 12 mil 934 hectáreas de herbáceo, 154 de arbolado adulto y mil 124 de arbustivo. La duración de estos percances, en promedio, tardó 63 minutos con 11 segundos en la
entidad. Como dato adicional, el Centro Estatal de Manejo del Fuego, informó que Chiapas mantiene activos cinco incendios forestales y se ubican en los municipios de Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Cintalapa, Frontera Comalapa y La Concordia que, en suman, han sufrido la quema de tres mil 331 hectáreas. Los datos acumulados en el país, según la Conafor, mostraron que del 1 de enero al 22 de abril de este año, 30 entidades han registrado cuatro mil 129 incendios forestales y estos siniestros se han traducido en daños para 159 mil 674 hectáreas de herbáceo, arbustivo y arbóreo. Chiapas se ubica como uno de los nueve estados que más superficie dañada tienen y está en la lista de los que acumulan el 74 % de la afectación total. En todo el territorio nacional se han aplicado 157 mil días/persona para combatir todos los siniestros que se han presentado; de este número, 10
mil 606 se han empleado en Chiapas debido a la alta incidencia del fuego. Las actividades ilícitas se han convertido en la causa principal de los incendios en todo el país, sin embargo, también aparecen las fogatas, la quema de basureros, la limpia de derecho de vías, las festividades y rituales, además de las actividades agríco-
las, pecuarias, fumadores, cazadores, residuos de aprovechamiento, situaciones naturales y transportes. Por su parte, el Centro Estatal de Manejo del Fuego, informó que Chiapas dispone en estos momentos de 625 combatientes para hacerle frente a los incendios que se mantienen activos en la entidad.
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Aprueba Comisión de Quejas y Denuncias procedimiento especial sancionador en contra de candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez
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n sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el procedimiento especial sancionador en contra de un candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, de la coalición “Va por Chiapas”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, por actos anticipados de campaña, contraviniendo la normatividad electoral del estado de Chiapas. La consejera electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, explicó que, lo anterior es porque podrían ser violatorios de los artículos 3, párrafo 1, inciso a), 184, numeral 1, segundo párrafo, 269, 270, fracción VIII, 272, fracción IV, y 287, fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. “Con las actas de verificación de propaganda presuntamente anticipada de campaña, que realizó personal de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del IEPC, mediante diversas actas circunstanciadas, se evidencian las conductas de forma sistemática y queda acreditada la propaganda realizada en Facebook, en las que se advierte la actividad reiterada y permanente del ciudadano, los cuales constituyen medios de pruebas que resultan ser suficientes
Vinicio Portela Tuxtla Gutiérrez
Enfermos de cáncer y 25 muertos por este padecimiento, son las cifras fatales en pobladores del Ejido Zapata en Tuxtla Gutiérrez, comunidad aledaña al relleno sanitario, que es administrado por la empresa Veolia, y cuya problemática de salud no está siendo atendida por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto a pesar a que desde hace dos años existe una Recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado Mexicano quien ha incumplido en establecer las medidas necesarias para investigar a fondo la causa que produce el cáncer entre los habitantes del Ejido Emiliano Zapata, así como la de mitigar las fuentes de riesgo que provocan esta enfermedad en los pobladores de esta comunidad, que se encuentran en la capital chiapaneca. La CIDH solicitó a México, a través de la RESOLUCIÓN 24/2019, la Medida cautelar No. 1498-18, para que: a) adopte las medidas necesarias
Se advierte que con dadivas, como el regalo o donación de bolsas para compras, tortillas, entre otros, pudiera estar incurriendo en actos anticipados de campañas electorales. Se ordenó dar vista a la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General del Estado, y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
para que de manera probable, el citado ciudadano pudiera estar realizando actos anticipados de campaña”. Así mismo, se advierte que la difusión de las actividades realizadas por el ciudadano, pudieran constituir delitos en materia electoral, puesto que con las evidencias presentadas por el denunciante y verificadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, se advierte que con dadivas, como el regalo o donación de bolsas para
compras, tortillas, entre otros, pudiera estar incurriendo en actos anticipados de campañas electorales, debiéndose actualizar la hipótesis prevista en los artículos 481, fracción V, 484, fracción VI, del Código Penal Para el estado de Chiapas, además de que pudiera estar violentándose la normativa electoral relativa a los Topes de Gastos de Campaña. La consejera electoral indicó que, por esta razón se ordenó el inicio del
procedimiento especial sancionador ordenándose emplazar personalmente al ciudadano, y a la coalición “Va por Chiapas”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, por “culpa in vigilando”. Así también, se ordenó dar vista a la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General del Estado, y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Aumentan los casos de cáncer en Ejido Zapata, comunidad aledaña al relleno sanitario para preservar la vida, integridad personal y salud del señor Marcelino Díaz Sánchez y los demás pobladores del ejido Emiliano Zapata, señalados en la solicitud. En particular, adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios que permita identificar las causas de las alegadas patologías y enfermedades y su relación con la alegada contaminación, proporcionándoles una atención médica adecuada y en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables; b) informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas; y c) concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes. De las anteriores, ninguna ha sido respetada, el Abogado Angel Anche-
yta, egresado de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos que se imparte en la UNACH, informó que el Gobierno de México es la única autoridad que no ha intervenido en solucionar este conflicto, que ya se está elevando a grados de desobediencia civil. Lo anterior porque la Comunidad de Emiliano Zapata llegó al acuerdo
de cerrar el acceso al basurero si las autoridades siguen haciendo caso omiso a la Recomendación de ese organismo internacional de los derechos humanos que, de acuerdo a estudios realizados recientemente por CONAGUA, se muestra que llena de contaminación a los mantos acuíferos de tres municipios del centro del estado de Chiapas. Agencia 55.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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nte las condiciones “deplorables” en que se encuentra el penal femenil de Tapachula, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, donde le pide “realizar las acciones pertinentes para que se garantice una estancia digna y segura para las mujeres privadas de libertad”. La recomendación 19/2021 fue emitida luego de que el gobierno del estado pasó por alto las medidas cautelares que la CNDH emitió tras una visita de su personal, el pasado 20 de octubre, al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS) número 4 Femenil de Tapachula. En esa ocasión, visitadores del organismo confirmaron que el inmueble “presenta condiciones de infraestructura deficientes, así como de materiales e higiene, la existencia de fauna nociva y falta de personal médico, lo que coloca en grave riesgo a las mujeres privadas de libertad, así como a dos personas menores de edad que se encontraban ese día de visita”. El organismo narró que ante esa situación solicitó medidas cautelares al gobierno de Chiapas para que realizaran gestiones administrativas, materiales, de construcción, reparación, eléctricas, de protección civil, fumigación y cualquier otra índole, “a fin de que se otorgara a las personas privadas de libertad estancias dignas y se asignara personal médico suficiente para su atención, incluyendo a especialistas en ginecología”. Asimismo, sostuvo constató que la
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CNDH pide al gobernador de Chiapas una estancia digna y segura para mujeres presas La recomendación 19/2021 fue emitida luego de que el gobierno del estado pasó por alto las medidas cautelares que la CNDH emitió tras una visita de su personal, el pasado 20 de octubre, al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS) número 4 Femenil de Tapachula
falta de personal médico “ha repercutido negativamente en el estado de salud de las personas privadas de libertad, y que menores de edad que habitan con sus madres no tienen acceso a una alimentación acorde, lo que contraviene el interés superior de la niñez y puede provocar daños irreversibles en su salud física y mental”. A meses de la visita y de las medidas cautelares, el organismo confirmó que las internas del CERSS femenil de Tapachula “continúan viviendo en condiciones deplorables, debido a que el lugar presenta goteras, filtraciones de agua, sani-
tarios con fugas y moho en las paredes, sobrepoblación, hacinamiento y falta de higiene en las instalaciones, situación que vulnera los derechos humanos a la reinserción social y a la estancia digna y segura de ellas, así como el derecho a la protección de la salud y el interés superior de las personas menores de edad que viven con ellas”. En su recomendación, la CNDH urgió al gobernador de Chiapas a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y los niños que se encuentra en el CERSS femenil de Tapachula, construyendo
un “espacio adecuado y digno para albergarlas”. En tal sentido, “deberá asignar y aprobar una partida presupuestaria para ampliar la plantilla del personal directivo, técnico y operativo que laboren en el espacio, contemplando la incorporación de profesionales médicos suficientes y acordes a las necesidades particulares de las mujeres privadas de la libertad y de sus menores hijos y/o hijas, además de garantizar su derecho a la reinserción social”. Entre las medidas recomendadas, la CNDH pidió “realizar las gestiones necesarias a fin de contar con recursos económicos necesarios que permitan proporcionar a las personas menores alimentación adecuada, e iniciar la respectiva queja en contra de las autoridades responsables de las condiciones deficientes en que opera el centro penitenciario en cuestión, ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas o la instancia que corresponda”.
Chiapas, la entidad con el mayor rezago social en 2020 De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Estado)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), confirmó que durante el 2020 Chiapas fue la entidad federativa de todo el país que registró los índices más altos de rezago, que involucra rubros como la educación, el acceso a los servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios y activos en un hogar. En el conjunto de las 32 entidades, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y fueron los estados que complementaron la lista de los que representan los más altos mayores rezagos sociales; otras cuatro entidades se ubicaron bajo el concepto de alto; seis más con medio, 14 con bajo y cuatro con muy bajo. A través del reporte Índice de Rezago Social 2020 a nivel entidades federativa, municipal y localidad, se explicó el análisis que se hizo en población mayor de 15 años y que es analfabeta, las personas de entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela, los mayores de
15 años con educación básica incompleta, así como la ciudadanía que no tiene acceso a los servicios de salud. De igual forma, también se revisó a la población que vive en hogares con piso de tierra, los que no disponen de un excusado, de agua entubada, la carencia de drenajes, energía eléctrica y de insumos como un refrigerador y lavadora. El IRS, puntualizó el Coneval, “no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza debe de contemplar de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad”. Contrario a lo que sucede en Chiapas, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima fueron las entidades del país que presentaron los índices de rezago más bajos. “De los 2,469 municipios, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de
rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo rezago social”, complementó el Coneval. En ese sentido, el Consejo Nacional refirió que en Chiapas son los municipios de Sitalá y Chalchihuitán los que presentan el mayor rezago social, pues sus números son negativos en las 11 variables analizadas y citadas anteriormente. En el orden en que los pone el organismo, aparece en primer lugar Batopilas de Manuel Gómez Morín (Chihuahua), Mezquital (Durango) y Del Nayar (Nayarit); los del estado
están en la sexta y séptima posición de forma respectiva. “Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México”, añadió el informe.
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Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
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os jóvenes Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García, entonces de 20 y 27 años, fueron “levantados” de su domicilio el 11 de julio del año 2016. La entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió la carpeta de investigación UIPJ/DJXVII/F1/872/2016, durante el ocaso del gobierno de Javier Duarte. Durante varios años, familiares de Grajeda García y de Javier Vargas hicieron la búsqueda por cuenta propia. En marzo del 2017, ya en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó que los restos óseos de ambos jóvenes habían sido encontrados en el cementerio clandestino de Arbolillo, en Alvarado Veracruz, en una zona cercana a la playa y a un sistema lagunar donde han sido exhumados más de 246 cuerpos. Hoy, el señor, Marcos Josafat Grajeda Hernández, padre de Baruch Grajeda, dio una rueda de prensa para quejarse de que en la administración de Jorge Winckler Ortiz –fiscal propuesto por Yunes Linares– se hizo una mala integración de la carpeta de investigación, se incurrió en omisiones, hubo desaparición de evidencias y otras irregularidades; de las cuales la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, ya no se quiere hacer responsable. “Los cráneos que nos dieron sí pertenecen a mi hijo y a mi sobrino, pero los esqueletos no. Se nos hace algo aberrante y monstruoso”, se quejó Josafat Grajeda. Recordó que fue el 13 de marzo del 2017 cuando el exfiscal Winckler –hoy prófugo de la justicia– personalmente le informó que los restos de sus familiares habían sido encontrados en las fosas clandestinas de la localidad de Arbolillo. Posteriormente, el 24 de mayo de 2017 se publicaron notas periodísticas en donde aseguraban tanto la FGE como la división científica de la Policía federal que se tenían los comparativos
Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)
Un muerto dejó como saldo un presunto enfrentamiento entre perredistas y morenistas la noche del domingo en el municipio de Jonuta. De acuerdo con la versión de candidato de Morena a la alcaldía, Erick Garrido Argáez, un grupo de “vándalos” perredistas atacaron la casa de la candidata a tercera regidora, Elidia Kristell Ramírez Juárez, y causaron destrozos a dos vehículos de campaña. Y en su huida, accionaron armas de fuego y un balazo le pegó y mató a uno de ellos. En rueda de prensa, dijo que es un grupo de jóvenes “de choque” a quienes, denunció, el candidato del PRD a la alcaldía y actual alcalde con licencia para buscar la reelección, Alfonso “Tito” Filigrana Castro, les paga mil 500 pesos, además de darles drogas,
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Acusan que Fiscalía de Veracruz entregó restos de desaparecidos que no pertenecían a sus familiares
genéticos, tanto de Baruch Grajeda García como de Francisco Javier Vargas García, subrayando que fueron de palabra, sin mostrar documento alguno que lo comprobara, por lo que solicitaron exámenes externos en laboratorios genéticos especializados y particulares, tal y como lo señala el artículo 12 de la Ley General de Víctimas. “El pasado mes de marzo, nos entregaron los resultados, donde nos señalan que sólo los cráneos resultaron positivos y los demás restos pertenecen a otros dos cuerpos diferentes a nuestros familiares”. La familia de los jóvenes Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García exigen que tanto Winckler Ortiz como los funcionarios de la Fiscalía que participaron en esta aberración sean sancionados.
Un caso similar En febrero pasado, Margarita Reyes Hernández hizo una denuncia similar, pues tras meses de investigaciones propias, tiene dudas de que los restos óseos que sepultó en el panteón de “La Santísima Trinidad” en Poza Rica, al norte de Veracruz, correspondan a los de su hija, la ingeniera química
Claudia Reyes Reyes, secuestrada el 4 de abril de 2017 y encontrada muerta seis meses después en las inmediaciones de un cerro que rodea la carretera Bicentenario en Coatzintla. Las dudas y zozobra que asaltan a Margarita Reyes tienen sustento: el 15 de octubre del 2020, integrantes de Colectivos de Desaparecidos y empleados de la Fiscalía Regional de Poza Rica hicieron una inspección en el Parque Bicentenario de Coatzintla, un cerro con una bajada de 150 metros. Ahí, en las mismas coordenadas donde fueron hallados los restos de Claudia Guicel se encontraron huesos humanos correspondientes a dedos, costilla y un fémur de tamaño muy similar al de la ingeniera Claudia Guicel. “Los huesos estaban ahí a la intemperie. Sin ningún rastro de haber sido sepultados. Ese mismo día los de la Fiscalía de Poza Rica los recogieron, desde ese día no puedo estar en paz, al cotejar las coordenadas del hallazgo, con las mismas donde fue hallada mi hija en octubre del 2017 son las mismas (…) La Fiscalía la única explicación que tiene es que está investigando. Se llevaron los huesos a Xalapa y al día de hoy no obtengo respuesta”.
Margarita Reyes muestra la fotografía de los restos que personal del Servicio Médico Forense le entregó en octubre del 2017: un cráneo, los huesos correspondientes de las piernas de la rodilla para abajo, dos fémures, el brazo izquierdo completo, el derecho incompleto, el tórax, una costilla y nada más. “En 2017, me dieron una pulsera que ella portaba, su credencial de elector legible aún. Un pantalón que era de ella y una sudadera que no (sic). Yo ya estoy con la duda que realmente me hayan dado a mi hija, o los restos de mi hija combinados con otra persona”, expone Reyes Hernández. En la inspección del 2020, trece personas, entre integrantes de colectivo de desaparecidos y elementos de la Fiscalía Regional de Poza Rica encontraron diversas prendas de vestir, residuos de pañales de bebé y basura. Entre las prendas, Margarita reconoció credenciales, unas botas y ropa que también pertenecieron a su hija, Claudia. En este viacrucis de dolor en la búsqueda de Claudia Giselle Reyes Reyes, Margarita Reyes se volvió una experta investigadora. Con la Fiscalía negándole información, la señora documentó que en ese mismo cerro fueron encontrados otros dos cuerpos en ese mismo año, pero estos cuerpos estaban sepultados. “El fiscal David Castañeda Ortega me habló y me dijo que habían encontrado los restos de mi hija; jamás me quiso dar las coordenadas de dónde, el punto exacto. Con la ayuda del colectivo lo indagamos nosotros, fue hasta apenas hace unos meses que lo logramos y fuimos al punto y mire lo que nos encontramos, huesos, restos y un fémur muy parecido al de mi hija”.
Presuntos perredistas atacan casa de candidata de Morena y en su huida matan a uno de los suyos alcohol y armas, “para sembrar pánico en el municipio y perseguir a candidatos opositores”, principalmente de Morena. Acompañado del dirigente estatal de Morena, Pedro Hernández, comentó que, según testigos, tras vandalizar la casa de la candidata a regidora y ser inexpertos en manejo de armas, durante la huida se les accionó accidentalmente y mataron a su propio compañero, dado que el parte médico forense refirió que la bala entró por la espalda y salió por el pecho. La víctima fue identificada como Osvaldo Gómez Padilla de 24 años de edad, conocido como “Kalimba”, con domicilio en la colonia “Jonuta 2000”. Circula en redes sociales, el mo-
mento del ataque a la casa de la candidata a regidora. Tito Filigrana gobernó Jonuta por primera vez en el trienio 2001-2003 y en 2015 su esposa, Ana Lilia Zubieta, ganó la alcaldía, pero al asumir el cargo para el periodo 2016-2018, solicitó licencia y su esposo, que era Síndico de Hacienda de su planilla de regidores, la relevó. En los comicios de 2018 Tito Filigrana ganó y se reeligió en la alcaldía y ahora va por su cuarto intento. Jonuta es el único municipio que gobierna el PRD de los 17 de la entidad. Morena tiene 15 y uno el PVEM. Hasta el lunes ninguna autoridad estatal o municipal había informado sobre estos hechos, ni tampoco el
candidato del PRD, Tito Filigrana, responsabilizado por Morena del ataque a la casa de la candidata a regidora y muerte del joven “Kalimba”. El 6 de junio, en Tabasco se renovarán 17 alcaldías y 35 diputaciones locales, 21 de mayoría y 14 de representación proporcional (plurinominales), así como seis diputaciones federales.
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Scherer Ibarra ofrece disculpas por frase sobre reporteros De la redacción Ciudad de México (apro)
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ulio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, se disculpó por sus expresiones hechas este martes contra reporteros, durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. “Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello”, escribió Scherer en sus redes sociales. En una larga entrevista con Carmen Aristegui, en la que abordaron los temas de la reforma al Poder Judicial y la ampliación de dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) con el presidente Andrés Manuel López Obrador por los tiempos de veda en tiempos de campaña electoral, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, planteó impedir a los reporteros preguntar sobre los programas sociales en la conferencias mañaneras. – La ley dice que (el presidente) no puede hablar de sus logros y de los contrincantes de su partido. Si eso es así, la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa, ya en un caso extremo, tremendo asunto, arresto de 36 horas. ¿Qué hacemos con eso, Julio?, preguntó Aristegui. – Estoy totalmente de acuerdo, el presidente digamos tiene un problema Carmen. Hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles qué no preguntar para no poner en riesgo al presidente, contestó Scherer. – ¡Eso no Julio! No es lo mismo los reporteros que el presidente, dijo la periodista. – Hay que decirles a los reporteros, usted no preguntar de esto y no puede preguntar del otro, porque pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo metan a la cárcel, reitero el consejero jurídico. – Es el presidente al que le toca decir, ‘mire señor reportero, usted me esta preguntando cuáles son mis logros’, porque hay algunos reporteros que sí le preguntan cosas así: ‘oiga, usted es un gran presidente…’ y entonces el presidente da sus logros. Entonces ahí le tocaría decir al presidente, ‘mire hay veda electoral y en este momento no puedo responderle a esas cosas específicas que usted me pregunta…’, le dijo Aristegui. – ¡Imagínate! Qué horror como información pública Carmen, imagínate a lo que trasladamos esas conferencias, imagínate al sometimiento
El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ofreció disculpas en sus redes sociales por sus expresiones hechas contra reporteros durante una entrevista con Carmen Aristegui
al que estamos llevando todo esto, Carmen. Nada más imagínate Carmen, contestó Scherer.
La reforma judicial En el curso de la entrevista de más de 50 minutos, el consejero jurídico de la Presidencia abordó largamente el tema de la cláusula de la reforma del Poder Judicial de la Federación, con la que se permite extender el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dos años más, no como lo establece la ley de solo cuatro años. Scherer consideró que no se debe juzgar al presidente López Obrador por esa decisión tomada por los legisladores y sostuvo que los críticos hacen “tormenta en un vaso de agua”. El consejero jurídico de la Presidencia reiteró lo que dijo en la entrevista a Proceso (2321) de que hay que esperar lo que decida el pleno de la Corte. El abogado sostuvo que esas críticas son “una campaña contra el presidente como las muchas que hay”, y manifestó que tiene la “impresión de que este transitorio tiene mucho camino por recorrer, puede ser impugnado todavía, el legislador (Congreso) pensó y decidió que para que la reforma funcionara requería que los propios miembros (actuales) del Consejo de la Judicatura la llevaran a cabo”. Insistió: “Casi todos nosotros pensamos que quien elabora un planteamiento es mejor para llevarlo a cabo… (pero) ese transitorio todavía puede ser impugnado, validado o no por el pleno de la Corte. “Entonces creo que sobre un asunto que todavía no está decidido, hemos hecho una tormenta en un vaso de agua, hemos juzgado que el presidente interviene en el Poder Judicial
y no, el presidente está defendiendo un punto de vista, que tiene todo el derecho, el presidente está de acuerdo con el transitorio, pero esto tiene que ser validado por la Corte”, aclaró. –¿Tú le dijiste al presidente que es constitucional el transitorio?, le preguntó Aristegui. –“El Presidente lo valora como una posibilidad de cambio, nosotros vemos como muy importante para el Poder Judicial, el presidente lo ve como positivo y así lo ha venido planteando. Los ministros podrán decidir. El legislador considera que en este tiempo de pandemia requiere que el propio Consejo de la Judicatura lleve a cabo esta reforma, eso lo considera el legislador, eso lo debe valorar el pleno de los ministros si es constitucional o no, eso está todavía por decidirse, pero esa es una decisión de la Corte, mi opinión es que se respete lo que diga el pleno de la Corte. Scherer advirtió que ahora le llama la atención que excelentes juristas hablen de la inconstitucionalidad y antes no se hayan pronunciado cuando en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se aprobó la reelección del presidente Tribunal, Edgar Elías Azar, quien se reeligió dos veces. “Esos magníficos juristas dicen que el presidente se quiere apropiar del Poder Judicial no salieron a hacer una campaña como la que hoy hacen por algo que todavía no está decidido… Esta misma Corte decidió que dos magistrados del Tribunal Electoral ampliaran su periodo”, recordó. Y cuestionó :“¿Por qué no dijeron: el señor Peña o el señor Mancera o el señor Ebrard se quieren quedar con el Tribunal?”. “Nada, todo se llama López Obrador, es una campaña contra el presidente como las muchas que hay”.
Scherer manifestó que es increíble que afirmen que el presidente se quiera apropiar del Legislativo también cuando se sabe que la gente es la que vota por elegir a los legisladores. Ante la pregunta de la periodista Carmen Aristegui de cómo llegó el transitorio a la reforma judicial, Scherer contesto: “El legislador cree que lo mejor es que el que dio a luz la reforma al Poder Judicial debe encabezarla para operarla y que él es el que debe encabezarla, entiendo que esa es la idea del legislador. Estamos discutiendo de algo para lo que falta mucho tiempo”. “Seguramente cuando se publique esta ley habrá acciones, seguramente los partidos de oposición presentarán acciones de inconstitucionalidad, se les dará entrada al pleno y seguramente este mismo año sabremos qué es lo que va a pasar”, subrayó. El consejero jurídico dijo tener plena confianza en los ministros de la Corte, y no tener duda que harán bien su trabajo porque “tienen su propia opinión acerca de lo que pasa en el otro poder y tiene derecho de expresarlo como el Poder Judicial se expresa del presidente”. Sobre si los ministros de la Corte podrían sentirse intimidados, Scherer Ibarra mencionó que “ellos tienen todo el derecho de hacer lo que ellos determinen”. “Son ellos los que van a decidir si está correcto que se queda Zaldívar dos años más o no”, insistió. “¿Por qué están adelantando vísperas? Les parece correcto que quien formuló la reforma la encabece, sí o no”. Confió que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar se quedará hasta el 2024, y pidió que no juzguen al presidente por el referido transitorio.
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De la redacción Ciudad de México (apro)
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i uno ni otro. Ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón pasaron la última prueba por lo que, ahora sí de manera definitiva, perdieron las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener la cancelación de registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Tras una sesión virtual, en la que debatieron el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante, en el que argumenta que existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Salgado Macedonio, por no haber entregado informes de gastos de precampaña, los magistrados votaron en su mayoría para no dar luz verde al registro del senador con licencia. El TEPJF confirmó así la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización como precandidato actuó de manera “dolosa” y “deliberada” negando precisamente su calidad de precandidato. De esta manera, quiso evadir su obligación de presentar informes de gastos de precampaña y negar la rea-
Juan Omar Fierro Ciudad de México (apro)
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió su postura de guardar silencio frente a la aprobación del Congreso de la Unión del artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) que amplía su mandato como titular de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos años más. En un artículo que publica en el diario Milenio, Zaldívar afirmó que “como juez constitucional” no lo mueve la opinión que tengan sus críticos de él, por lo que se mantendrá imparcial para poder asegurar “la legitimidad” de la discusión y votación que se haga sobre la constitucionalidad del artículo transitorio en el marco del artículo 97 de la Constitución mexicana que prohíbe la reelección de los presidentes de la Corte. “Pese a los llamados a la politización, mi deber es mantenerme imparcial, para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control constitucional”, señaló Zaldívar en un tuit que sirve para presentar el artículo que publica en Milenio. Tras defender la reforma judicial que se aprobó por las Cámaras de Senadores y Diputados, Zaldívar reconoció que los alcances de la misma han sido opacados “por la inclusión de un artículo transitorio que prorroga
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
TEPJF ratifica cancelación de candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón El Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y de Raúl Morón en Michoacán, por incumplir con la presentación de sus informes de gastos de precampaña.
lización de actos de proselitismo que fueron confirmados tanto por el INE como por el TEPJF. En otro momento de la sesión, los ministros determinaron también por 5 votos a 2 cancelar la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán por la omisión de la entrega
del informe de gastos de precampaña. Consideraron que, a pesar de que realizó una entrega del informe de gastos de precampaña, lo hizo a destiempo. Es decir, el 22 de marzo, cuando ya el INE no podía realizar su tarea de fiscalización. Tanto en el caso de Felix Salgado
como de Morón se observó que hubo responsabilidad de su partido Morena al negar que hubiera precandidatos, a pesar de que se confirmaron actos de proselitismo de los aspirantes sancionados. Los magistrados estimaron que salvaguardar el sistema de fiscalización y rendición de cuentas amerita imponer las sanciones más drásticas y acusaron a Morena de haber negado la realización de precampañas cuando se detectaron actos de proselitismo de los militantes interesados en obtener la candidatura. Precisaron que la decisión no se basó en el monto de lo que no fue reportado, sino que negaron la realización de precampañas. El TEPJF otorgó 48 horas al partido Morena a fin de que realice la sustitución de candidaturas.
Arturo Zaldívar a críticos: no saldré a satisfacer a los que tienen sed de sangre por dos años la integración actual del Consejo de la Judicatura Federal”, pero evita mencionar de forma explícita que forma parte de dicha integración, y, por lo tanto, es beneficiario directo de la reforma. En su texto, el titular del PJF también reiteró que el artículo transitorio no fue parte de las propuestas del Poder Judicial y que se trató de una adición “de último minuto” por parte de los senadores, pero también reconoce que la constitucionalidad de este polémico artículo “ha sido ampliamente puesta en duda”. En este marco, se refirió a lo que califica como “una ola de pronunciamientos” que le exigían condenar el artículo transitorio por ser beneficiario directo de la reforma judicial; además de solicitarle un deslinde inmediato y una eventual confrontación con el Poder Legislativo. En respuesta a las voces que lo han criticado por no hablar del artículo transitorio de la reforma judicial, insistió que no va a salir a descalificar a los otros poderes derivado de esta polémica, ya que su deber es vigilar que este tipo de controversias se resuelvan conforme al marco jurídico constitucional. “El último reducto de instituciona-
lidad —afirmaban— dependía de que yo saliera a descalificar a los otros poderes. Pero en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa. Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía”, sentenció Zaldívar Dijo que actuar “al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre” de quienes le exigen pronunciarse sobre el tema dañaría a la democracia mexicana y al propio Poder Judicial, por lo que no responderá públicamente, aunque se afecte su imagen pública. “Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi
deber y responsabilidad como juez constitucional y como presidente de la Suprema Corte”, advirtió. Agregó que ceder ante las críticas al artículo transitorio que prorroga su mandato y su postura personal “me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables” que lo condenan “a la ignominia” y hasta se hubiera “cubierto de gloria”, pero también implicaría adelantar un criterio jurídico antes de que se realice el debate jurídico sobre la constitucionalidad de prorrogar su mandato en el Pleno de la SCJN. “Hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte”, concluyó.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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l Estado mexicano ofreció reabrir la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa así como realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a sus derechos humanos y a los de sus familiares. En la presentación de los alegatos finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en nombre del Estado el representante de la Secretaría de Gobernación, Marcos Moreno, informó que había negociaciones adelantadas con los familiares de Digna Ochoa, y que el Estado presentaría próximamente a la CoIDH un convenio de reparación integral, entre las que se encuentra la “reapertura de investigación con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, a través de un plan de investigación eficaz y diligente”. El funcionario pidió a los jueces de la CoIDH tomar en cuenta la disposición del Estado mexicano en la resolución final, y que a grandes rasgos describió como una propuesta de 12 puntos que consideran la indemnización, mecanismos de rehabilitación y no repetición. Para abundar en la reapertura de investigaciones, a petición expresa de los jueces Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño, Carlos Fraustro, director de Derechos Humanos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, sostuvo que “si de la reapertura de la investigación se identifica a los responsables, serán presentados ante un juez”. Fraustro indicó que el planteamiento es diseñar un plan de investigación que retomaría el expediente previamente integrado, y “llegar a líneas de investigación con la coadyuvancia para abordarlas con perspectiva de género, análisis contextual,
De la redacción Ciudad de México (apro)
Por unanimidad, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se manifestaron en contra de la creación de un padrón de usuarios y titulares de telefonía móvil con datos biométricos. Con el voto de los siete comisionados se determinó instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Inai, como representante legal del organismo, a diseñar y presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma del pasado 13 de abril. “Advertimos que diversas disposiciones de dicho decreto causan afectaciones de distintos tipos a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales consagrados en los artí-
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El Estado mexicano ofrece reabrir la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa
creando condiciones materiales, humanas y logísticas para que esta investigación sea exhaustiva, y genere convicción que se está investigando con profundidad, reconociendo las falencias e integrando los peritajes promovidos por la familia”. El funcionario explicó que en el plan de investigación se tomarían en cuenta las observaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo sobre caso, y que al no ser atendidas en su momento, llevaron al organismo a presentar el caso ante la CoIDH. Al respecto de la propuesta, David Peña, representante de las víctimas, indicó a los jueces que si bien en pláticas informales “se ha hablado de la disposición para reapertura, pero no alcances, qué dictámenes se pueden considerar y cuáles no”. Integrante de la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que la defensa tiene claridad que el Estado “tiene obligación de realizar
una investigación que garantice una modalidad más amplia con apego a estándares internacionales”. La presidenta de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito, advirtió a las partes que participan en el litigio que tienen hasta el 27 de mayo próximo para entregar por escritos sus alegatos finales, para lo cual urgió a la representación de las víctimas y al Estado a entregar el convenio de reparación a que lleguen, para que los jueces puedan considerarlo en su determinación final. Previo a la exposición final, la experta criminalista colombiana Ángela Buitrago descartó que las pruebas que forman parte del expediente sobre la muerte de la defensora sean concluyentes de que se trató de un suicidio. Buitrago, quien sostuvo haber revisado 88 mil fojas del expediente sobre la muerte de Digna Ochoa, que en total tiene más de 150 mil, fue presentada como perita independiente por la defensa de la familia de la defensora.
La experta, integrante de grupo de expertos que también analizan el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue interrogada de forma específica por el juez Patricio Pazmiño sobre sus observaciones sobre las irregularidades fundamentales en la versión oficial de que la muerte de Digna fue por suicidio, entre ellas que en las manos tenían guantes de látex y que tuviera un disparo en la cabeza en la parte izquierda siendo diestra. Tanto en su exposición como en el interrogatorio, Buitrago alertó que de la revisión del expediente advirtió que el arma sometida a pruebas de balística, “no fue la misma que fue levantada en el lugar de los hechos”, con la que supuestamente Digna Ochoa se había quitado la vida. Al señalar que ni las manos de la defensora ni los guantes que llevaba puestos tenían restos de pólvora, resaltó que por la posición de los guantes, “mal colocados” parecería que fueron puestos después de haber fallecido, además de que “por la colocación de los guantes no podría accionar el arma”. Buitrago alertó que además de que Digna era diestra y no zurda, “era imposible que ella se produjera el disparo, tendría que haberse dislocado el hombro para poder hacerlo”. La abogada colombiana enlistó una serie de anomalías en el expediente que consideró podrían se corregidas si se reabre la investigación, “no necesariamente para determinar un sentido u otro, sino para conocer la verdad y acceder a la justicia”.
Inai presentará ante la Corte acción de inconstitucionalidad contra padrón de usuarios de telefonía móvil culos 6 y 16 de nuestra Carta Magna”, subrayó Blanca Ibarra Cadena, presidenta del Instituto. Por ello, dijo, manifestarán su reclamo contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de abril. También señaló que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) no garantiza el combate a la delincuencia, sino que pone al usuario en una situación vulnerable al condicionarle el acceso al servicio de telefonía a la entrega de su información personal, aspecto que siempre se debe considerar sensible. La comisionada Josefina Román Vergara refirió que la nueva Ley de
Telecomunicaciones debe ser revisada por la SCJN, ya que transgrede los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución. Para el comisionado Adrián Alcalá Méndez, entregar datos biométricos como plantea la nueva ley de Telecomunicaciones pone en riesgo la protección de datos de millones de personas. “La persecución de los delitos es un tema que nos debe preocupar a todos, y
el Estado es el responsable de velar por la seguridad de los habitantes. Por ello, no puede ni debe ser razón suficiente para restringir las libertades y los derechos humanos de los mexicanos. El costo que pagaríamos por esto puede ser muy alto. La entrega de los datos biométricos de todos en las condiciones planteadas, consideramos que excede por mucho la finalidad de la ley que se reformó”, abundó.
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De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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efensoras de Derechos Humanos e integrantes de colectivas feministas exigieron el día de ayer, que las y los legisladores de la Cámara de Diputados descongelen la iniciativa sobre violencia digital antes del 30 de abril para que ésta pueda ser discutida en la agenda y con ello se apruebe la Ley Olimpia a nivel nacional antes de que termine el periodo legislativo. En conferencia virtual, integrantes del “Frente por la Sororidad”, organización que trabaja contra la violencia digital hacia mujeres, demandaron que las y los legisladores traten la iniciativa de violencia digital con el fin de que la Ley Olimpia sea votada como máximo el 29 de abril, previo al cambio de legislatura y así ésta pueda estar vigente en los 32 estados de la República. Recordaron que la violencia digital afecta a las mujeres y niñas de distintas formas las cuales antes no eran nombradas, pero gracias al impulso de las mujeres, estas agresiones fueron identificadas y descritas en la “Ley Olimpia”, llamada así por Olimpia Coral Melo, mujer originaria de Huauchinango, Puebla, quien busca desde 2017 castigo a su agresor, luego de que éste divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento., por lo que desde 2018 ha trabajado para que se reconozcan los delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal de su estado y luego en el resto de las entidades del país. Expresaron que pese a que Puebla es la primera entidad en castigar el delito de violencia digital, sus autoridades siguen sin trabajar de manera efectiva para erradicarla ya que a la fecha no hay cifras del número de víctimas que la viven, quienes siguen buscando el acompañamiento de organizaciones. Ante ello, recalcaron que han tomado las riendas de las obligaciones que el gobierno poblano evade. Desde sus propios espacios y herramientas están
Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
La investigación de la muerte de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001, no tomó en cuenta la forma en que se encontró el cuerpo, las heridas que tenía, el botón roto en su blusa, las contradicciones sobre el trayecto de la bala, la diferencia entre el número de matrícula del arma encontrada en la escena y la matrícula del arma analizada, además del mensaje escrito que se encontró en el lugar, entre otros elementos. Esta fue parte de la exposición de la abogada y perita en criminalística, Ángela María Buitrago Ruíz, quien este martes 27 de abril compareció en la segunda audiencia virtual que celebró la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para revisar el caso Digna Ochoa, quien según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General
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Exigen aprobar “Ley Olimpia” en todo México antes de que termine el periodo legislativo
trabajando para supervisar sitios web y así generar cifras sobre violencia digital. “Si no hay aprobación, habrá revolución”, resaltaron. “Ayer estaba monitoreando un sitio de pornografía el cual tenían videos no consentidos de mujeres poblanas, 6 videos de ellos sumaban más de un millón de reproducciones ¿Cuántos videos más de este tipo están en otras páginas? En otro estudio se encontró los perfiles de Twitter de personas que pasaban “packs”, serie de imágenes con contenido sexual, 84 por ciento de esos perfiles pertenecían a hombres de entre 18 y 24 años de edad”, expusieron. Este contexto demuestra que la aprobación de la “Ley Olimpia” en el país es necesaria para que exista mayor presión hacia las autoridades mexicanas y éstas desarrollen acciones afirmativas y metodologías para medir este problema que afecta principalmente a las mujeres. En 29 estados del país, dijeron, es vigente esta ley por lo que ya debería ser una realidad en todo México. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) algunos estados donde la Ley Olimpia está vigente son
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Baja California, la Ciudad de México, entre otros. La “Ley Olimpia” comprende una serie de modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de sancionar a quien grabe, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos, audios o fotografías con contenido sexual sin el consentimiento de la víctimas y además, castiga el delito contra la intimidad, en su modalidad de internet. Todas estas demandas las enviaron a los correos electrónicos y redes sociales de las y los legisladores de la Cámara en días previos, para solicitar que integren la iniciativa en “la agenda legislativa de este periodo ordinario y no se deje para después, ya que sólo falta turnar la votación de la iniciativa al pleno de la legislatura, porque el dictamen ya fue revisado y aprobado por la Cámara de Senadores, el pasado 15 de abril”,
refirieron. “Es injusto esperarlos hasta que acaben sus campañas políticas, sus reelecciones y sus intereses personales para que aprueben nuestra reforma. Es injusto que minimicen nuestra petición. Las mujeres no somos para sus partidos políticos un botín de votos. Somos sujetas de derechos”, agregaron. Advirtieron que de negarse a su petición, quitarían a las mujeres la oportunidad de poseer un sustento jurídico federal que les ayudará, al menos, a enfrentar sus agresores con la ley en la mano. “Lo que no se nombra, no existe. Aspiramos a reconstruir también el algoritmo y las redes sociodigitales que se benefician de nuestro cuerpos”, añadieron. A la par de este evento, algunas defensoras de DH e integrantes del Frente por la Sororidad visitaron la sede de Morena, la sede del Partido del Trabajo y la sede del Partido de Acción Nacional en la CDMX, las cuales intervinieron con pintas y leyeron sus denuncias para que a las y los políticos de estos partidos no se les olvide votar en favor de la Ley Olimpia. En distintos estados del país más defensoras y mujeres de la sociedad civil se manifestaron por redes sociales bajo los hashtag #ViolenciaDigital, #LeyOlimpia y #NosLaDeben y también de manera presencial en recintos legislativos para apoyar la protesta y exigir la aprobación de la ley en todo el país, en particular en los estados de Tabasco, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde aún no es vigente el delito de violencia digital.
Propone Estado mexicano reabrir investigación sobre muerte de defensora Digna Ochoa de Justicia de la Ciudad de México, se suicidó de tres disparos “porque padecía trastornos mentales”. Después de escuchar la exposición de la experta, la representación del Estado mexicano, encabezada por el asesor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, reconoció la responsabilidad del Estado en la falta de una debida investigación e informó que propondrá a la familia reabrir el caso para subsanar los errores e irregularidades detallados en la audiencia y descritos por los abogados de la familia durante casi 20 años. Además adelantó que propondrá un plan de investigación y agotará las líneas de investigación relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos. La muerte de Digna Ochoa El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida Digna Ochoa y Plácido,
en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, en la capital mexicana. La investigación a cargo de la Procuraduría duró 10 años e incluyó la creación de una Fiscalía especializada. Después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, la autoridad concluyó que fue un suicidio. La primera vez que la Procuraduría dio una conclusión fue casi dos años después de los hechos, el 18 de julio de 2003 informó el no ejercicio de la acción; la familia se amparó pero el 12 de mayo de 2007 la Procuraduría reiteró que fue un suicidio. La familia de nuevo reclamó esta resolución y el 20 de agosto de 2010, por tercera vez, la Procuraduría concluyó que fue suicidio. Desde hace más de una década la familia de la abogada denunció que la
Procuraduría se inclinó por la hipótesis del suicidio, a pesar de las irregularidades en las pruebas y señaló que dejó de lado las amenazas que vivió Digna Ochoa. Desde 1995 la defensora fue amenazada y en dos ocasiones fue víctima de secuestro, por lo que tuvo medidas de protección. El hostigamiento, según denunció ella misma, fue debido a su trabajo en favor de víctimas, en particular de militares, en los estados de Guerrero y Chiapas.
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UN MADRUGUETE Y UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO Elisur Arteaga Nava
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MLO, en su intento renovador, se topó con la realidad. Hasta aquí llegó. Su acción se estrelló con un muro infranqueable: los jueces de amparo. No tiene para dónde hacerse. Su maniobra, la encaminada a controlar al judicial a través de comprar el sometimiento de su presidente, quedó al descubierto; también su eventual intento de continuar en el poder a través de un artículo transitorio. Los jueces de amparo, sobre todo los que se dedican a las materias administrativa y de competencia, nunca habían concedido tantas suspensiones. Alguien dirá: la están otorgando sólo por molestar; están dispuestos a otorgarlas aun cuando no se les solicite. AMLO sabe que con estos jueces no va a ir a ninguna parte. El apoyo que tuvo en las urnas en 2018 no le fue suficiente para realizar los cambios radicales que pretendía. Estoy hablando en tiempo pasado. Carece del poder para hacerlo. Estamos ante una administración federal fracasada. En las elecciones de junio próximo ni el mejor de los escenarios le permitirá llevar adelante sus cambios. Sólo un golpe de estado encaminado a someter a los jueces lo salvará del fracaso. Le urge deshacerse de ellos. Lo intentará sometiendo totalmente al Consejo de la Judicatura Federal. El Congreso de la Unión, con unos cuantos exlegisladores encarcelados, quedó bajo su control. AMLO, por torpeza, gastó su pólvora en infiernitos. No se puede cambiar todo y, además, intentar llevar a la gubernatura a gente como Félix Salgado Macedonio o Clara Luz Flores Corrales; y, además, hacer un aeropuerto que no
va a funcionar, una refinería innecesaria y un tren incosteable.
ce el plazo de cuatro años como duración de su mandato;
El madruguete en el Senado
Ese plazo es improrrogable;
Se produjo un madruguete. Ahora que han pasado algunos días conviene analizarlo. El jueves 15 de abril, en una maniobra digna del PRI en sus mejores tiempos, el Senado de la República aprobó un transitorio. Por virtud de éste, de ser aceptado por los diputados, se prorrogaría en dos años el plazo para el que fue electo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y que, por serlo, también lo es del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura. Los priistas protestaron. No sé si lo hicieron por el hecho de que los morenistas y sus aliados se apropiaron de sus mañas y chicanadas. Esa es la explicación más viable. No creo que no lo hayan hecho por un auténtico celo democrático que adquirieron en la soledad de su destierro del poder. Otros políticos también protestaron, al parecer por un auténtico ánimo democrático. La opinión pública, sabiendo cómo se las gasta AMLO, se puso, y con toda razón, sobre aviso. Muchos se preguntaron ¿cuál es la intención de los morenistas? Como no se puede reelegir, ¿AMLO estará pensando, aunque sea, en prorrogar su mandato? El albazo ya está dado. La premura con que se aprobó el transitorio en el Senado indica que era conocido por los senadores de Morena y, cuando menos, por los líderes de los partidos que son su comparsa o satélites. Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, como jurista, sabía que: Es la Constitución Política, y no una ley secundaria, la que estable-
Una ley secundaria no puede contradecir lo dispuesto por la Constitución Política, que es de naturaleza suprema; A las leyes que establecen prohibiciones o limitantes debe darse más una interpretación que las haga efectivas, que una que las desvirtúe; por ello, el legislador y el beneficiario de la violación contenida en el transitorio deben inclinarse por la que prohíbe la prórroga del mandato; La función de los artículos transitorios es limitada: regular la manera y los términos en que cesará la vigencia de las normas derogadas y la forma en que entrará en vigor la nueva normatividad; no deben ir más allá como, por ejemplo, prorrogar un plazo; En la práctica, los legisladores mexicanos han distorsionado la función de los preceptos transitorios: ello es algo frecuente. No por serlo deja de ser reprobable. El presente es un caso en que el legislador, por estar sumiso al presidente de la República, en supuestos tiempos de cambio derivados de la 4T, sigue incurriendo en los mismos vicios en que cayeron los gobiernos revolucionarios o conservadores, los que derivaron de la relación adulterina que se dio entre el PRI y el PAN; ella, en el mejor de los casos, si no fue adulterina, fue contra natura, lo que es menos grave; El Congreso de la Unión, en funciones de legislador ordinario, no puede aprobar normas, ordinarias o transitorias, que contradigan la Constitución Política; y Dada su importancia, difícilmente se puede admitir que el
transitorio se presentó al Senado sin que fuera conocido y aceptado por el presidente Arturo Zaldívar. Claro que conoció la iniciativa, la aceptó, a pesar de sus vicios, y esperó sacar provecho de ella. Su ausencia temporal es la mejor prueba. De no existir un pacto de complicidad entre Zaldívar y AMLO, todo se arreglaría de manera muy sencilla: que aquél declare públicamente que se retirará del cargo de presidente de la Corte cuando concluya el término de cuatro años para el que fue electo. No es admisible que el presidente de la Corte funde sus esperanzas en que la reforma no sea impugnada, partiendo del supuesto de que no habrá juez de distrito que se atreva a admitir una demanda u ose conceder una suspensión en contra del artículo transitorio. Tampoco es admisible que parta del supuesto de que, para promover una demanda de amparo, se requiere interés jurídico o legítimo y que, en el caso, sólo lo tendrían los ministros que, por no haber sido presidentes de la Corte o por no estar próximos a retirarse, pueden aspirar a ocupar el cargo. Para el caso de que alguien promueva una acción de inconstitucionalidad, dada la actual integración de la Corte, nunca se alcanzarían los ocho votos que son necesarios para aprobar una declaración de inconstitucionalidad del artículo transitorio. Si no hubo un acuerdo o contubernio en lo “oscurito”, el problema ahí quedaría y todos a su casa. Si hubo algo más de por medio, por ejemplo: un pacto de complicidad y ese algo impide dar marcha atrás al presidente de la Corte, entonces estamos ante algo muy censurable y peligroso.
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n los dos últimos años hemos sido testigos del sometimiento del Poder Legislativo a los designios del titular del Ejecutivo, materializado en la aprobación de diversas leyes, como por ejemplo la de energía eléctrica y la de hidrocarburos -sin cambiarles ni una coma por así haber instruido a los legisladores-, leyes de dudosa constitucionalidad cuya suerte la definirán los órganos jurisdiccionales competentes. Esa sumisión, preocupante porque sin duda vulnera el principio de división de poderes que ha sido una constante en los códigos fundamentales del México independiente, desde la Constitución de Apatzingán de 1824 que lo consagró en su artículo 12 hasta la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que lo recogió en su artículo 49, ha motivado severos cuestionamientos de todos los sectores sociales, sin que esto parezca importarle a los diputados y senadores del partido político en el gobierno y sus aliados. También hemos sido testigos de una desproporcionada concentración del poder político y de recursos económicos en el Ejecutivo, amén de una clara embestida en contra de órganos autónomos que pueden y deben servir de contrapeso que evite excesos en las materias que son de su competencia, aunado a una actitud intolerante hacia los medios de comunicación y los intelectuales que exponen -así sea con la mayor mesura- juicios críticos en contra de diversas políticas y acciones del gobierno, proceder que en su conjunto parecen encaminarnos a un régimen dictatorial. La preocupación por la aprobación de reformas legales que parecen contravenir mandatos de la Norma Suprema, se ha tornado en alarma por lo acontecido en el Congreso de la Unión al aprobarse la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con un aberrante transitorio, que si se analiza conjuntamente con otras tendenciosas iniciativas presentadas por el líder de los senadores de Morena, llevan a considerar que en el fondo lo que se busca es obtener el control de este Poder, que sumado a lo antes expuesto respecto al Legislativo, tarde o temprano desembocará en un régimen dictatorial, se repite, que tire por la borda los esfuerzos realizados por personas de todas las ideologías para construir un sistema democrático en el que prevalezca el Estado de derecho. Esto es así, porque sin que fuera materia de la iniciativa formulada por el Presidente de la Suprema Corte -no por el Pleno- que el titular del Ejecutivo hizo suya, en un artículo décimo tercero transitorio introducido a la sesión subrepticiamente y a última hora por un senador del Verde Ecologista -quizás el más corrupto de los partidos políticos, aliado incondicional de Morena-, que no fue discutido e incluso ni siquiera conocido por algunos de los senadores, sin ningún fundamento legal y con el único deleznable argumento de im-
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CAMBIOS ABERRANTES César Esquinca Muñoa* plementar la reforma constitucional de 11 de marzo de 2021, se determina que la persona que a la entrada en vigor de la ley ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2024, y se amplía en dos años los periodos de duración del encargo de cada uno de los Consejeros de la Judicatura Federal, contraviniendo lo dispuesto expresamente en los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio jurídico que previene que no es válido expedir normas que tengan un destinatario cierto, como en este caso lo son quienes a la fecha ocupan esos cargos. Es importante recordar que hasta antes de la reforma constitucional en materia de justicia de 31 de diciembre de 1994 -la más importante en el tema, muy por encima de la del 11 de marzo de 2021-, el citado artículo 97 establecía: “La Suprema Corte de Justicia cada año designará uno de sus miembros como Presidente, pudiendo éste ser reelecto”. Actuando con pragmatismo dado el poco peso político de la Corte, que incluso se veía obligada a negociar el presupuesto del Poder que encabezaba con funcionarios de segundo o tercer nivel de la Secretaría de Hacienda, por lo general los ministros elegían presidente a quien tenía mejores relaciones con el titular del Ejecutivo, reeligiéndolo año tras año hasta el término del sexenio correspondiente, lo que generaba dudas respecto a la independencia del Máximo Tribunal. Por esa razón en la reforma de 1994 se cambió el sistema al modificarse el artículo 97 para establecer, en la parte que interesa: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”, considerándose que al no coincidir ese periodo con el sexenio del Ejecutivo, se evitaba la intromisión de éste en la designación de aquél y una cercanía entre ambos que no es lo mejor para la independencia del Poder Judicial Federal, sin perjuicio, claro está, de la necesaria colaboración entre los tres Poderes que integran la Federación. Siendo ésta la disposición vigente, resulta más que evidente la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aprobada por el Senado el 15 de abril en curso, ya que ninguna ley secundaria puede estar por encima del mandato constitucional que en este caso establece con meridiana claridad que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará cuatro años en el cargo y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Esto es, lo dispuesto en el transitorio décimo tercero de la Ley Orgá-
nica en cita, en el sentido de ampliar el periodo del actual Presidente del Máximo Tribunal, que concluye en diciembre de 2022, hasta el mes de noviembre de 2024, entraña una disfrazada reelección inmediata en el cargo que es abiertamente contraria a lo ordenado por artículo 97 de la Norma Suprema y por ende en estricto derecho carece de validez. Ahora bien, la aprobación de la Cámara de Diputados fue previsible como un mero trámite -sin quitarle ni una coma-, por la amplia mayoría que en ella tienen el partido en el poder y sus aliados, máxime que al día siguiente de la aprobación en el Senado, el Presidente de la República se apresuró a declarar que está de acuerdo porque le tiene confianza al Presidente de la Suprema Corte para encabezar la reforma del Poder Judicial de la Federación, lo que influyó en el ánimo de los diputados, siempre atentos a cumplir sus designios. Más aún, las manifestaciones expuestas en su conferencia mañanera constituyen una falta de respeto a los demás Ministros y una clara transgresión a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, siendo pertinente agregar que sus apreciaciones subjetivas de confianza hacia una persona no pueden estar por encima del mandato constitucional. Los cambios del transitorio que nos ocupa quedaron aprobados, por lo que en la primera sesión del Pleno a celebrarse en enero de 2023 los Ministros que lo integran estarán ante la disyuntiva de cumplir lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución y elegir un nuevo Presidente, o plegarse a lo establecido en el artículo décimo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Mi personal punto de vista es que quienes integran el más Alto Tribunal de la República, que tiene como encomienda principal velar por el cumplimiento estricto de los mandatos de la Constitución, necesariamente tendrán que decidirse por aplicar el mandato del artículo 97 y nombrar un nuevo Presidente. Pensar lo contrario, o sea aplicar el transitorio, sería tanto como admitir la ruptura del orden constitucional con afectación a la división de Poderes y en menoscabo del Estado de Derecho. En lo que corresponde al Consejo de la Judicatura, como órgano de administración, vigilancia y disciplina del PJF, creado en la reforma constitucional de diciembre de 1994, el invocado artículo 100 establece que
salvo su Presidente, que lo es también de la Suprema Corte, los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados por un nuevo periodo. En cuanto a sus integrantes, tres son designados por el Pleno de la Suprema Corte por mayoría de cuando menos ocho votos de entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, dos por el Senado y uno por el Presidente de la República. De acuerdo con estas clara disposiciones de la Ley Fundamental, la parte del décimo tercero transitorio que amplía dos años los periodos de cinco por los que fueron designados los actuales Consejeros, resulta inconstitucional por las mismas razones que en síntesis consisten en que ninguna ley secundaria puede ir en contra de lo dispuesto por la norma suprema, lo que significa que el periodo de su designación no puede ampliarse a siete años como se pretende en el transitorio de la ley orgánica de que se trata, máxime si no se pierde de vista que lo sorpresivo de su introducción y la falta de discusión de su contenido viciaron el proceso legislativo. Al margen de lo que ocurra en los otros Poderes que tienen facultades para designar Consejeros, en lo que atañe al Judicial de la Federación el Pleno de la Suprema Corte estará en la misma disyuntiva al vencerse los periodos de cinco años por los que designó los tres que le corresponden, esto es, aplicar el mandato del artículo 100 constitucional o ceñirse a lo establecido en el décimo transitorio se la ley de que se trata. Por las razones antes expuestas, en Pleno de la Corte necesariamente deberá optar por cumplir con lo que mandata la Norma Suprema y designar a quienes los sustituyan. Respecto a estos temas debo mencionar que en diversas obras me he pronunciado en el sentido de que el número de Consejeros y la duración de su encargo deben ampliarse, en atención de que el crecimiento exponencial de órganos jurisdiccionales y del personal tanto jurídico como administrativo cuya administración, vigilancia y disciplina es de su responsabilidad, que nada tienen que ver con los que integraban el Poder en 1994, año de su creación, aunado al considerable presupuesto de que disponen, implican cargas de trabajo difíciles de cumplir a cabalidad aun dedicando todo el tiempo a la función -que no todos hacen-, lo que me consta por experiencia propia. Sin embargo, aclaro que mi propuesta en cuanto a la ampliación del número de Consejeros y de la duración de su encargo, es a través de la única vía susceptible de seguir, o sea la reforma al artículo 100 constitucional, nunca a través de leyes secundarias. La gravedad de las consecuencias que derivan del contenido del artículo décimo transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de tal magnitud que pueden llegar a afectar la estructura misma del Estado Mexicano, al vulnerar el principio de división de poderes y afectar el Estado de Derecho.
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Miércoles 28 de Abril de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL DIVÁN Sergio Stahl
Combate a vectores para fortalecer la salud pública
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Prevenir es mejor que lamentar. l gobierno de Chiapas ha emprendido una campaña para combatir los vectores, o mosquitos transmisores de enfermedades endémicas, como el dengue, el paludismo, el chikungunya y el zika, entre otros. Para evitar los efectos nocivos a la salud pública de los chiapanecos, el gobierno local realiza actividades preventivas contra estos padecimientos, a través de casi un millar de brigadistas que se han dado a la tarea de combatir los mosquitos y los zancudos. La gente debe permitir que los brigadistas fumiguen sus hogares, se debe dar el consentimiento para que realicen su labor. El fin es evitar la proliferación de mosquitos y zancudos. Las medidas son por el bien de la salud pública de todos los habitantes de Chiapas. Si todos cooperan y hacen conciencia, los efectos de esos padecimientos - propios de la zona y de esta época del año- se pueden reducir al mínimo. La ciudadanía debe colaborar evitando el encharcamiento del agua, donde puedan criarse los insectos transmisores de padecimientos como el paludismo. El gobierno local informa a tiempo, para que la gente no se diga sorprendida, o algunos líderes venales quieran sacar provecho induciendo a la gente a tomar posturas absurdas, que ponen en riesgo la salud de las comunidades. El descacharramiento es indispensable en esta temporada del año, antes de las lluvias, para evitar
el encharcamiento del agua en botellas, llantas viejas u otros trastes que puedan servir a los zancudos y mosquitos de criaderos, y después afectar la salud de los habitantes de esas casas. Si todos cooperan y se tapan tinacos, cisternas, piletas u otros lugares que puedan servir de criaderos, se darán pasos importantes en la prevención de los padecimientos por vector de esta época del año. También hay que combatir los sitios de encharcamiento en los lotes baldíos, basureros o tiraderos. Las medidas preventivas del gobierno chiapaneco buscan que los casos de paludismo, dengue y zika sean menores este año; por ello, arrancan con tiempo los trabajos de fumigación, los cuales deben tener la aprobación de todos, porque a todos beneficia. Los brigadistas realizan su mejor esfuerzo para prevenir esas enfermedades y acuden -pueblo por pueblo y casa por casa- a fumigar. La gente debe colaborar con esta cruzada, que evitará que muchísimas personas enfermen. Esos padecimientos no respetan edad o condición social. Si todos colaboran, la salud pública será recompensada. Acompañar este esfuerzo a todos beneficia. Habrá que estar al pendiente, para no ser sorprendido por algunos vivales que distorsionan esta labor con argumentos absurdos, sin sustento alguno. En fin. BALCÓNEduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, informó ayer que el Senado aprobó
el dictamen que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con lo que ya no se dará paso a la discrecionalidad en el tema de salarios. Con esta Ley ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor a la del Presidente de la República, explicó Eduardo Ramírez Aguilar.Se pretende, dijo, mantener un esquema de remuneraciones adecuado de los trabajadores del Estado, con una metodología y parámetros establecidos, que incluye el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) como referente. Además de ello, un parámetro definido de proporcionalidad, el cual señala que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, señaló el senador chiapaneco.Se destaca también que los funcionarios que violenten esta normativa, serán destituidos e inhabilitados de 4 a 14 años para desempeñar otro cargo o comisión y además deberán resarcir el daño a la Hacienda Pública. Cabe señalar que con esta Ley, el Senado de México atiende la recomendación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación...Eso es todo. EL DARDO. La Secretaría de Estatal abrió un nuevo periodo de vacunación conta el #COVID19 en Tuxtla Gutiérrez para las personas mayores de 60 años de edad. La dependencia estatal informó que del 28 de abril al 5 de mayo se activará un punto de vacunación en el Centro de Salud Urbano Tuxtla, donde se aplicará la dosis única marca Cansino a aquellas personas adultas mayores que no han sido inmunizadas.
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Miércoles 28 de Abril de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ANÁLISIS A FONDO: NOTICIAS MUY PREOCUPANTES Francisco Gómez Maza
• Declarado, el déficit comercial en marzo • En grave peligro, la cotización del peso
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n déficit en la balanza comercial mexicana con el exterior – más importaciones que exportaciones, más compras que ventas - pone en entredicho la política de endeudamiento público y el manejo del tipo de cambio del peso. Peligros en que ahora andamos en México. Si el resultado obtenido en la cuenta o balanza comercial es negativo, existe un déficit, y cuando esto ocurre es necesario compensar el resultado negativo. Es decir, financiar el déficit de la balanza comercial, a partir de deuda pública o privada del país, para poder seguir comprando bienes o servicios, necesarios para la planta productiva o el consumo privado, en el exterior, causa un efecto negativo que obliga a aumentar el tipo de cambio y a incrementar el precio del peso, como consecuencia de una balanza comercial deficitaria. En esta situación hemos estado muchas veces en la historia moderna, y existe el peligro de que volvamos a ella. Por consiguiente, no es favorable prolongar esta situación negativa, puesto que lo único que se conseguirá es incrementar nuestro nivel de endeudamiento, ya históricamente abultado, y si no se quiere deuda, como política de gobierno, afrontar escasez de bienes, lo que castiga estómagos y merma popularidades políticas. Pues las noticias relativas a la balanza comercial de México son desalentadoras, muy preocupantes. Están publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), que dirige Julio Alfonso Santaella Castell, en su página digital https://inegi.org.mx La información oportuna de comercio exterior nos indica que, en el tercer mes del año 2021 (marzo), se registró un déficit de 3,004 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 3,336 millones de dólares, registrado en la balanza comercial, en marzo de 2020. En los primeros tres meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 1,559 millones de dólares. En una nota de prensa leída en la página oficial del INEGI, se informa que, en marzo próximo pasado, el valor de las ventas de mercancías a terceros países alcanzó la cantidad de 43,003 millones de dólares, en marzo. De esta cantidad, 40,875 millones de dólares, correspondieron a exportaciones no petroleras, y 2,128 millones de dólares, a ventas petroleras. Estas exportaciones de marzo experimentaron un incremento anual de 12.2%, resultado de incrementos de 10.2% en las exportaciones no petroleras y de 70.8% en las petroleras. (Las no petroleras, dirigidas a Estados Unidos, avanzaron a una tasa anual de 11.3%. Las realizadas al resto del mundo lo hicieron en 5.2 por ciento.) Las exportaciones totales de mercancías registran un aumento mensual de 4.30%, resultado de alzas de 3.59% en las exportaciones no petroleras y de 18.61% en las petroleras. Del lado de las compras de mercancías de marzo, su valor alcanzó 46,007 millones de dólares, monto que implicó un alza anual de 31.4 por ciento.
Dicha cifra es reflejo de ascensos de 24% en las compras no petroleras y de 104.7% en las petroleras. La balanza comercial es parte primordial de la balanza en cuenta corriente, que es una de las cuentas principales para conocer, de manera general, la situación económica del país. A DESFONDO: La incorporación de tecnologías emergentes a la práctica clínica constituye una oportunidad valiosa para que los nutriólogos mejoren su desempeño profesional, toda vez que los nuevos dispositivos brindan información que permite personalizar los tratamientos y diseñar dietas a la medida de las necesidades de la población, de acuerdo con el especialista en nutrición del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Eliud Salvador Aguilar Barrera…El Maestro en Ciencias y Educador en Diabetes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta, destacó que los nutriólogos del Politécnico se caracterizan por ser innovadores, solucionar problemas, así como por aplicar y generar nuevas tecnologías. Al respecto, actualmente existe un dispositivo de última generación que posibilita el monitoreo continuo de la glucosa, lo cual permite realizar un abordaje clínico más específico de personas con diabetes, a quienes, a partir de los datos obtenidos con esa tecnología, se les diseñan dietas que impactan en la modificación de los parámetros metabólicos para tener un mejor control de la afección y evitar complicaciones, asimismo en personas sanas puede apoyar en la prevención de dicha enfermedad.
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e acabó el amor fingido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Félix Salgado Macedonio, luego que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la cancelación de la candidatura al gobierno de Guerrero y como pilón, se llevaron entre las patas a Raúl Morón quien pretendió ser gobernador de Michoacán. Es decir que el TEPJF ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener la cancelación de registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Lo que un día fue, no será como dice la canción interpretada por el otrora “príncipe de la canción” José José, y que Félix Salgado canta así como aquel día que realizaron un plantón en el INE en protesta por la decisión de este en dejarlo fuera de la contienda electoral: Hoy así le canta el toro guerrerense a su compradito del alma López Obrador, “en tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y, sin embargo, yo te amaba Con lo anterior, podemos decir que ni Morena, ni el coordinador de la fracción parlamentaria, Ignacio Mier ni el líder nacional Mario Salgado y ni el presidente pudieron hacer nada por sus impresentables candidatos. Los magistrados estimaron que salvaguardar el sistema de fiscalización y rendición de cuentas amerita imponer las sanciones más drásticas y acusaron a Morena de haber negado la realización de precampañas cuando se detectaron actos de proselitismo de los militantes interesados en obtener la candidatura. Por lo anterior, el PRI y el PRD celebraron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido Morena y de Raúl Morón, en Michoacán. “México no puede permitir atentados a nuestra democracia ni que quienes violan las leyes aspiren a representar a los ciudadanos”. En tanto, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, dijo el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y subrayó que el Tribunal decidió votar por el “imperio de la ley”. Podemos asegurar que tanto al tabasqueño, como al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se dieron una “sopa de su propio chocolate”, aunque este asegure que la determinación de los magistrados del TEPJF, es “un claro golpe a la democracia”. Si claro un golpe a la democracia que les han dado, “una de cal por las que van de arena, ya que estos
Miércoles 28 de Abril de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Lo que un día fue, no será • La familia de López, hoy vive mejor • Atiende Gobierno de Chiapas, recomendación de la CNDH
continuamente han golpeado a la democracia, no respetando las leyes y la Constitución. Ahora que aguanten vara.
Los próximos familiares de AMLO en la política
A la llegada de López Obrador al poder, había dicho que no aceptaría que miembros de su familia hagan gestiones, trámites o negocios con el gobierno. Andrés Manuel hizo un llamado a los miembros de su familia y a los funcionarios públicos a no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo; “ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”. En una carta, publicada en junio del 2019, el tabasqueño advirtió que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”. Palabras que hoy retumban en los oídos de los mexicanos, menos en el presidente, su partido Morena, sus colaboradores y la 4T, que ha sido un total fracaso. En ese sentido, el mesías de Macuspana, reiteró: “no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o favor de sus “recomendados”. “Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”, pero las palabras se las lleva el viento. Por ello, hoy el escándalo de nepotismo de la 4T, es mayúsculo, cuando supuestamente en este gobierno de la Cuarta Transformación no habría casos de corrupción o nepotismo, de acuerdo con las promesas de Andrés Manuel López Obrador. No obstante hay varios escándalos de nepotismo en la 4T e incluso, aunque AMLO dijo que no pasaría,
ahora sus familiares buscan obtener cargos en la política. Ahora, ya a 3 años de gobierno de Andrés Manuel, lleno de casos de nepotismo, amiguismo y corrupción. Primas y sobrinos de Andrés Manuel López Obrador buscan ser diputados con Morena, incluso haciéndose pasar como representantes de las comunidades indígenas de los estados. El nuevo caso de nepotismo del tabasqueño es el de Manuela del Carmen Obrador Narváez, donde el presidente ordenó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaran a favor de esta como candidata de Morena a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 01, con cabecera en Palenque, Chiapas. En sesión pública, celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala Regional Xalapa desestimó la impugnación que presentó Crescencia Díaz Vázquez, una mujer indígena del estado de Chiapas. La parte quejosa acusó que la familiar del presidente de México no reunía los requisitos de elegibilidad, con base en la acción afirmativa indígena que en su momento publicó el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Acuerdo INE/ CG572/2020, vigente para el proceso electoral 2020-2021 en curso. Obvio que esta la mano de López, pues como dijo el abogado Manuel Blanco Urbina, esto no es más que una violación a los derechos políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. En Chiapas, de sus 13 Distritos Electorales Federales, 5 Distritos están catalogados como Indígenas. Así como está el Distrito Electoral Federal Indígena 01 con cabecera en Palenque, están los otros cuatro Distritos Electorales Federales indígenas, el Distrito. O2, con cabecera en Bochil; el Distrito. 03, con cabecera en Ocosingo; el Distrito. 05, con cabecera en San Cristóbal de Las Casas y el Distrito. 11, con cabecera en Las Margaritas.
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De igual manera están los 9 Distritos Electorales Locales Indígenas; por lo tanto es responsabilidad de los órganos electorales vigilar que se respeten estos derechos. Sin embargo, López para ayudar a su pariente, decidió que su familiar es indígena y eso sin averiguación los lacayos magistrados, conformaron la raíz de Manuela y ahora ira por una diputación federal.
Trasladan a 55 mujeres del CERSS al CIEA Zona Costa
En relación con las condiciones deficientes de infraestructura y habitabilidad en las que se encuentra el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas (CERSS), número 4 Femenil de Tapachula, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 19/2021 al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Por lo anterior, Protección Civil del estado analizó la situación en que se encontraba el Centro de Reinserción Social para Sentenciadas femenil número 4, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó el traslado de las 55 mujeres que purgan condenas del delito de homicidios, robos, entre otros delitos. Las 55 mujeres fueron trasladadas a un costado del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA) Zona Costa, donde se encuentra en mejores condiciones. Desde diciembre del 2020, el gobierno del estado de Chiapas, inició la restructuración del CIEA para albergar a las 55 mujeres, donde se encuentra en mejores condiciones. La directora del penal dio a conocer que la pandemia vino a retrasar el cambio del penal, pero desde el pasado 20 de abril, se les asignó otro lugar con mejores condiciones. Luego de una valoración de protección civil estatal, por el deterioro de las instalaciones y evitar colapso de paredes, se realizó el traslado de las mujeres reclusas que purgan condenas por homicidios, robos, entre otros delitos en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA) Zona Costa.
Del Montón
Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde el 16 de abril. En sesión virtual de este martes, los siete comisionados advirtieron que las reformas, que contemplan el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con datos biométricos, causan afectaciones a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales, además de ser “excesiva”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo y recuerde #NIUNSOLOVOTOPARAMORENA.
CMAN
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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 28 de Abril de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2124 RESOLUCIÓN
TEPJF ratifica cancelación de candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón
INFORME
Chiapas, la cuarta entidad con más hectáreas quemadas
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RECLAMO
Inai presentará ante la Corte acción de inconstitucionalidad contra padrón de usuarios de telefonía móvil
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SESIÓN
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MENSAJE
Arturo Zaldívar a críticos: no saldré a satisfacer a los que tienen sed de sangre
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Aprueba Comisión de Quejas y Denuncias procedimiento especial sancionador en contra de candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez La consejera electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, explicó que, lo anterior es porque podrían ser violatorios de los artículos 3, párrafo 1, inciso a), 184, numeral 1, segundo párrafo, 269, 270, fracción VIII, 272, fracción IV, y 287, fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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Acusan que Fiscalía de Veracruz entregó restos de desaparecidos que no pertenecían a sus familiares