Informativo CUT Nacional 112

Informativo Periรณdico de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia

Agosto de 2017 | Nยบ 112

Informativo CUT E ditorial Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente

E

n la reciente Junta Directiva Nacional de la CUT, realizada el 17 y 18 de agosto del presente año, en la Declaración Política se ratificó lo que ha sido la posición institucional de la Central respecto al apoyo a la implementación de los acuerdos con las Farc y el llamado a la continuidad de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por los permanentes conatos de rompimiento. En el momento de escribir este editorial, el país fue informado, por parte del Presidente de la República, sobre el acuerdo para un cese bilateral del fuego que tendrá vigencia inicial de 102 días. Es una excelente noticia que el país reclamaba y ahora que es una realidad, consideramos que se debe seguir trabajando en la línea del cese indefinido lo cual permitirá, indudablemente, concentrar la atención de las partes -en la mesa negociadora- hacia un acuerdo total y definitivo. Este hecho trascendental, estuvo antecedido por la convocatoria y realización del Congreso Nacional para la constitución del partido político de las Farc, que finalmente se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las conclusiones de ese Congreso indudablemente señalan de forma definitiva el nuevo camino por el que han optado, dejando en definitiva su condición de insurgencia armada para disputar el poder por la vía que la Constitución ofrece, que es la actividad política y electoral. El congreso del partido político Farc y su marcha con camisas y banderas blancas, con la rosa roja socialista, como símbolo, para concentrarse en la Plaza de Bolívar, es estimulante, pues se entiende como testimonio claro de dejar atrás el pasado violento e incursionar ahora de forma pacífica en la búsqueda del cambio que haga realidad sus planteamientos ideológicos y políticos, como por tantos años lo reclamó la CUT, que siempre ha insistido en la negociación política para la solución del conflicto armado en Colombia.

El cese del fuego temporal con el ELN y la visita del Papa Francisco a Colombia, se presentan dentro de un panorama nacional, signado por la desconfianza absolutamente mayoritaria que las firmas encuestadoras han hecho saber: hacia los gobernantes, la política y los políticos, hacia la justicia corrupta al más alto nivel, hacia una iglesia católica dividida entre socarrones conservadores y alguna línea progresista, entre otros tantos actores, y que incluye también empresarios y contratistas corruptos que forman una mezcla con gobernantes y políticos, depredadores del bien público.

La economía mantiene su tendencia, deteriorada por los crasos errores del gobierno y de un ministro de Hacienda que hace méritos con la banca usurera internacional y las multinacionales, para empotrarse, como todos sus anteriores colegas, en las grandes ligas del capitalismo neoliberal y desde allí asesorar los grandes negocios que expolian la

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Visita del Papa: sombra para crisis nacional

riqueza nacional. Se vuelven locos los analistas económicos y asesores de oficio, buscando fórmulas para dinamizar la economía por la vía de estimular el poder adquisitivo con mecanismo de nuevas formas de endeudamiento y flexibilización laboral, asuntos estos que al ser aplicados han dejando como resultado la gravísima situación de inequidad social que campea en la nación; en otras palabras, se mantiene la política de concentración de la riqueza y de paliar la crisis con un mayor endeudamiento de los pobres y de las clases medias, para lograr lo que denominan “dinamización de la economía por mejores niveles de consumo”.

A los corruptos en todo nivel, al gobierno desprestigiado, a los parlamentarios que paulatinamente hacen fila para el ingreso a las cárcel, les cayó como sombra benefactora la visita del Papa, que asumió todo el protagonismo y mandó al más bajo perfil los escándalos de corrupción que deberían estar en primer nivel de debate, pero que no ha

sido así, opacando también la gravísima situación que se vive con los servicios de salud, por su acelerado empeoramiento, no obstante los multimillonarios negocios que en el reciente pasado se efectuaron, supuestamente para paliar la crisis corruptora y sacar a la salud de su condición de mercancía. A todo lo anterior, se agrega una época electoral que hace más difícil el ambiente y que también soslaya la gravedad de la situación del país, por lo cual la CUT ha hecho un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a fines a nuestro ideario social, para que en conjunto impidamos caer en la inercia que trata de anestesiar la conciencia nacional y nos propongamos el desarrollo de una agenda de exigencias y movilización respecto a asuntos fundamentales que están en el escritorio del gobierno nacional, en la mayoría de los casos con compromisos adquiridos y en una buena parte, hasta la fecha, no atendidos.

Hemos ratificado en nuestra Junta Nacional, la necesidad de una convergencia con las demás organizaciones sociales, para hacer causa común, pues los conflictos sociales no cesan: la inseguridad de su dirigencia se mantiene con nuevos asesinatos; la ONIC ha anunciado una gran movilización nacional el 12 de octubre; Dignidad Agropecuaria, con el sector arrocero, reanima su movilización por acuerdos incumplidos; el magisterio colombiano, con Fecode a la cabeza, que viene convocando encuentros regionales y uno nacional, está en pie de lucha; los trabajadores y la ciudadanía del sector minero-energético reacciona ante la corrupción y la depredación de su riqueza que se hace en total impunidad; los médicos generales y especialistas, toman las riendas de la organización nacional, pues se cansaron de ser sujetos de uso en la rama y no de derecho.

Cumplimiento de acuerdos moviliza trabajadores de la Dian Pedro Giovanni Caro Estupiñan

D

Presidente de Sinedian

urante los últimos tres años se ha venido trabajando en la Dian mediante los acuerdos de negociación colectiva las aspiraciones más importantes de los trabajadores en materia salarial, carrera administrativa, ampliación de planta y fortalecimiento institucional entre otras sentidas aspiraciones.

Dichos acuerdos fueron suscritos y hoy estamos en la exigencia de su cumplimiento, cuestión que llamó a la movilización de

los trabajadores dispuestos a una jornada nacional de paro como recurso válido para evitar la burla del Gobierno nacional. Así las cosas, en un tiempo breve las organizaciones más representativas de la Dian en una clara unidad de acción estamos al frente de la exigencia y preparando en las ciudades la mayor fuerza posible para impulsar principalmente los acuerdos que, sin costo fiscal alguno, les regresan a los trabajadores sus prestaciones sociales evadidas por el establecimiento durante 20 años.

La vieja usanza del Estado colombiano de fijar incentivos y primas no salariales ha tenido nefastas consecuencias en las finanzas de los trabajadores, por ello es

una de las principales reivindicaciones que miles de afiliados en el país respaldamos, porque el paso del incentivo nacional por desempeño a la asignación básica mensual es un acto elemental de justicia laboral.

Otro tanto en nuestras exigencias incluyen la ampliación de la planta para seguir creciendo en la formalidad laboral y podamos contar con cerca de dos mil empleos que hoy, en la precariedad, cumplen funciones misionales, así como la exigencia igualmente importante de la convocatoria a concursos cuyo acuerdo firmado indica que este año debe llamarse a provisión por mérito más de mil quinientas vacantes.

El gobierno nacional pactó con las organizaciones sindicales tres semanas para definir los aspectos centrales del cumplimiento de los acuerdos en los despachos del Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República y en ese gesto de buena voluntad los trabajadores nos disponemos a preparar a nuestras bases para responder en caso de ser necesario.

Por todo ello y con un Gobierno nacional desconociendo los acuerdos firmados, los trabajadores de la Dian estamos en pie de lucha y dispuestos a parar nuestras actividades si el establecimiento insiste en burlarse de la negociación colectiva.

L a C U T s alu d a el ces e b i l a t e r a l d e l f u eg o entre G obi e r n o N ac io n al y Ejército de Lib e r a c ió n Na cio na l

L

junta nacional cut

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a Central Unitaria de Trabajadores, CUT, registra la decisión tomada por la Mesa de Quito, del cese bilateral del fuego y de hostilidades, como un acto positivo que debe contribuir a una mayor confianza y dinamización de los acuerdos, en perspectiva a una solución política final.

se anuncie un cese bilateral del fuego y de hostilidades indefinido, el cual, estamos seguros, será acogido y aplaudido por la inmensa mayoría del pueblo colombiano y se podrá estar cada vez más cerca de una paz integral.

Respaldamos la decisión tomada y auguramos porque a la brevedad posible

Fabio Arias Giraldo Secretario General

Plan de Acción aprobado en la 59 Junta Nacional 17 y 18 de agosto de 2017 Mes

Agosto

Bogotá, 4 de septiembre de 2017

Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente

CUT Colombia

Septiembre

CUT Colombia

App: CUT Colombia

Informativo

Octubre

Noviembre

Periódico de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) Bogotá D. C., Agosto de 2017 / Edición Nº 112

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Período 2013-2017 Luis Alejandro Pedraza B.

Ligia Inés Alzate Arias

Presidente

Directora del Departamento de la Juventud y del Menor Trabajador

Gustavo Suárez Guzmán Primer Vicepresidente

Rafael Alberto Molano Piracoca

Gilberto Luis Martínez Guevara Director del Departamento de Organización y Planeación

Segundo Vicepresidente

Witney Chávez Sánchez

Fabio Arias Giraldo

Director del Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva

Secretario General

Winston Petro Barrios Fiscal

Jorge Alvin Anaya Martínez Director Departamento Finanzas y Tesorería

Elías Fonseca Cortina Director Departamento de Comunicaciones, Publicidad y Propaganda

Édgar Mojica Director Departamento Derechos Humanos y Solidaridad

Humberto Polo Cabrera Director Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Guillermo Rivera Zapata Director del Departamento de Salud en el Trabajo

María Doris González Directora del Departamento de Seguridad Social

Trina Chavarría Chavarría Directora del Departamento de Educación, Formación y Capacitación

Francisco Maltés Tello Director del Departamento de Investigación y Proyectos

Alvaro José Vega Caicedo Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos

Alberto Vanegas Zuluaga Director del Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales (ETN) y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Huber de Jesús Ballesteros Director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales

José Diógenes Orjuela García Director del Departamento de Relaciones Internacionales CONSEJO DE REDACCIÓN Elías Fonseca C., José Diógenes Orjuela García, Fabio Arias G., Gilberto Martínez, Trina Chavarría, Luis Alejandro Pedraza B., Francisco Maltés Tello.

Producción y edición Oficina de Prensa CUT Diseño de maqueta y diagramación Éditer Estrategias Educativas ctovarleon@gmail.com

Diciembre

Fecha

Actividad

23

Ley Estatutaria, garantías de organizaciones sociales, movilización social y protesta. (Punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz), en Bogotá: Codema (Calle 39B #17-15) - 6:00 P.M.

24

Movilización Nacional por el Derecho a la Salud en conjunto con Fecode y las organizaciones sindicales de salud.

31

Reuniones regionales de Fecode, régimen magisterial 1278.

Cada departamento define

Encuentros departamentales CNU–COS: pliego nacional de los 15 puntos y movilización nacional del 12 de Octubre.

3 al 10

Seminario Nacional de Paz (Posible reunión con el Papa)

8

Evento de Reconciliación Nacional: en Villavicencio, un millón de voces por la paz.

12

Pleno Departamental Córdoba

14

40 años del Paro Cívico Nacional: Movilización Nacional

20

Foro en Medellín de CUT sobre el tema de Trabajo Decente en multinacionales para preparar proyecto de ley.

26

Encuentro Bogotá, CNU–COS

27

Foro Nacional por el Sistema General de Participación

6

Marcha en defensa del páramo de Santurbán y el derecho al agua en Santander.

7

Día Mundial del Trabajo Decente

12

Paro Nacional Indígena y Movilización Nacional

25 - 28

Congreso Federal de Fecode en Medellín

14 al 16

Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, convocado por la CSA (Buenos Aires, Argentina).

16 al 18

Jornada Continental contra el Neoliberalismo y por la Democracia

25

Día Mundial Contra la Violencia a la Mujer.

Por definir

Dentro de los meses de octubre y noviembre se realizaran eventos conmemorativos nacionales y departamentales de los 100 años de la Revolución de Octubre.

10

Día Mundial de Derechos Humanos.

Por definir

Encuentro Nacional de Victimas del Eemad en Manizales, Caldas

Como temas transversales a toda la programación de actividades se recomienda tener en cuenta los temas de Víctimas del Conflicto y Reparación Colectiva, y el Sistema General de Participación.

Debemos hacer mucho énfasis en la grave problemática en que se encuentra colapsado el Sistema Nacional de Salud.

Frente a la grave problemática de las reiteradas decisiones de ilegalidades de huelga en la Corte Suprema de Justicia, (Cerromatoso, Paz del Río, Multinacional Peldar, Empresas Públicas del Arauca), la Central Unitaria de Trabajadores está preparando una queja integral ante la OIT. Se aprobó adicionalmente realizar un Congreso Ideológico de la Central, en el cual se profundice sobre la actual situación

política en el país. La preparación de dicho evento lo realizará el Comité Ejecutivo Nacional.

En circular posterior, enviaremos el cronograma de los seminarios de los departamentos de la CUT. El Comité Ejecutivo de la CUT preparará conjuntamente con algunas subdirectivas, acciones encaminadas a reactivarlas.

Se acordó un Encuentro Nacional Estatal por la ampliación de las plantas de personal.

Bogotá, agosto 18 de 2017

Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General

Fotos: Oficina de Prensa CUT, Alberto Muñoz ENS, Pedro P. Sierra, Mauricio Castañeda y tomadas de Internet.

María Rosalba Gómez Vásquez

Nota: El contenido de cada artículo

Directora del Departamento de la Mujer

es responsabilidad exclusiva del autor.

Visite nuestra página electrónica: www.cut.org.co Comentarios y sugerencias: prensacut@cut.org.co / calle 35 Nº 7-25, piso 9 / Tel. 3237550 Bogotá, Colombia, Suramérica

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junta nacional cut

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Declaración Política 5 9 ª Junta Nacional de la CUT

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os resultados económicos del primer semestre de 2017 conocidos esta semana confirman los análisis que varios economistas habían hecho, Colombia enfrenta una crisis económica, el crecimiento fue de 1.3% frente a 2,5% en el mismo período del año pasado. La industria manufacturera fue la que registró la mayor caída, por lo cual no es de extrañar el cierre por 15 días de la producción en Fabricato. La destrucción de la producción nacional tanto industrial como agropecuario corre a ritmo acelerado, como lo ha señalado permanentemente la CUT, por causa de la aplicación en Colombia del modelo económico neoliberal y los tratados de libre comercio. A pesar de estas y otras alertas, el gobierno de Juan Manuel Santos continua empecinado en profundizar la aplicación de medidas fieles al recetario que por más de 30 años ha arrasado con el aparato productivo nacional y de paso han pauperizado los ingresos de los trabajadores con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y los recortes sistemáticos de los derechos laborales.

Reiteramos que el estancamiento económico y la quiebra de algunos sectores productivos no se resuelven rebajando los costos laborales, sino impulsando una política de protección por parte del Estado a la producción nativa, con garantías reales para la producción propia que le permitan defenderse frente a la arremetida de los capitales extranjeros y las multinacionales, que genere una mayor cantidad de empleos en el país, con garantías laborales que representen un mayor ingreso para la población y una dinamización de la economía colombiana, esa es la razón por la cual la CUT ha expresado su rechazo a la importación de etanol y biodiesel que atenta contra esta industria del país y condena a la pérdida de puestos de trabajo en la agroindustria colombiana. Es la síntesis de la defensa de la producción y el trabajo nacionales, condición necesaria para intentar materializar el desarrollo y el progreso del país y que ello beneficie a la mayoría de los colombianos.

La andanada del gobierno Santos contra los trabajadores es abundante en el presente año, comienza con la

Agosto 17 Y 18 DE 2017

aplicación de la reforma tributaria que aumentó la desplumada de los colombianos con el aumento del IVA del 16 al 19% , que de hecho ha sido calificada como una causa primordial en el declive del consumo por parte de las gentes, la ley aprobada para formalizar el vínculo laboral de las madres comunitarias fue negada por el presidente santos, igual suerte corrió la ley que reducía el aporte a salud de los pensionados del 12 al 4% , ese mismo fin tuvo la ley que rebajaba las semanas cotizadas para la pensión de las mujeres en 150 semanas, solo se devolvió el recargo nocturno a una de las cuatro horas esquilmadas a los trabajadores bajo el gobierno de Uribe. A lo anterior se suman la tercerización, los despidos masivos, el feminicidio, la persecución sindical y las agresiones a las protestas por parte del Esmad y bajo el amparo del Código de Policía; el total desamparo de la población en materia de salud, el desmantelamiento de la red pública hospitalaria y el saqueo permanente de los intermediarios financieros; los anuncios de nueva reforma pensional en el marco de las exigencias de la OCDE y las peticiones permanentes de abaratamiento de la mano de obra por parte de empresarios y multinacionales.

El paro nacional de 37 días realizado por el magisterio y los 3 paros del resto del sector estatal, son una muestra fehaciente de que la lucha y la movilización de carácter masiva y entusiasta es la herramienta principal para enfrentar la desastrosa política económica y social del gobierno, la lucha de los maestros contó con el respaldo permanente de toda la población en una muestra de rechazo a quienes nos mal gobiernan.

Los acuerdos alcanzados son el reflejo de la lucha y la movilización realizada, y necesitan de la vigilancia y seguimiento por parte del movimiento sindical en su conjunto para concretar los acuerdos, entre ellos, la formalización, fijación y ampliación de las plantas de personal y los demás puntos negociados. También resaltamos el paro realizado por los Trabajadores del Ministerio de Trabajo que valerosamente se sostuvieron hasta lograr un acuerdo. La Junta Nacional de la CUT hace un reconocimiento a todo el magisterio nacional y a la federación de trabajadores de la educación –Fecode- por el ejemplar comportamiento de combatividad y unidad con la acertada dirección de esta importante batalla de los educadores colombianos.

Es un ejemplo digno de seguir.

Frente al desarrollo de los acuerdos de paz, que marcan su punto de no retorno con la dejación de las armas por parte de la hoy ex guerrilla de las Farc en la presente semana, el actual gobierno y los que vengan en adelante tienen el compromiso de garantizar la reinserción a la vida civil de quienes se vincularon al proceso, además de impedir las acciones de grupos al margen de la ley que han segado la vida de más de medio centenar de dirigentes populares y que amenazan con seguir atentando contra los reinsertados y los defensores de derechos humanos y líderes sociales; se les debe garantizar la participación en la vida política legal al partido que conformen en el marco de la constitución política nacional, consolidar este proceso es de enorme importancia para todos los colombianos, la CUT manifiesta su respaldo a los acuerdos de la Habana y exige del Gobierno Nacional y del Congreso de la República celeridad en el cumplimiento integral de los acuerdos y llama tanto al gobierno como a la guerrilla del ELN para que prontamente llegue a un acuerdo en las negociaciones que se realizan en Quito para bien de toda la Nación; nos pronunciamos además por la apertura de negociación entre el gobierno y el EPL.

Lo que hoy predomina en el país son los reclamos y exigencias por parte de numerosos sectores de la población; los paros de Buenaventura y Chocó, las movilizaciones de Barrancabermeja, La Guajira, Guaviare, Segovia y Remedios; las protestas generalizadas exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos; el rechazo a la minería multinacional y depredadora, las consultas previas ganadas a las multinacionales y el gobierno; la oposición a la utilización del fracking en la explotación petrolera y la campaña por la revocatoria del Alcalde Peñalosa en Bogotá. En fin, las luchas y reclamaciones de obreros, campesinos, empresarios pequeños y medianos de la ciudad y el campo, usuarios de los servicios públicos, el repudio a la galopante ola de corrupción en todas las esferas del Estado y el saqueo del erario como el caso de Odebrecht, deben contar con el apoyo decido de la CUT que intenta coordinar con todos los sectores en conflicto la lucha civilizada y de resistencia necesaria para reivindicar los principales derechos de los colombianos. Necesitamos brindar toda nuestra solidaridad a los conflictos que están en desarrollo entre ellos el paro anunciado por los sindicatos de la Dian por los incumplimientos del gobierno.

El anuncio de Donald Trump de considerar la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela, con el acompañamiento servil de gobiernos de la región como el de Santos, merece el más amplio y contundente repudio por parte de los pueblos y naciones del mundo, nada justifica que una nación tenga la licencia para invadir a otra sea cual fuere la razón que se aduzca, los Estados Unidos con su política imperialista siempre que ha procedido de esa manera, ha atropellado la soberanía y la autodeterminación de las naciones, y los resultados han sido la destrucción de esos pueblos y en ningún caso el advenimiento de la democracia y el progreso, Iraq, Afganistán, Siria y Libia están de ejemplos recientes.

La crisis que padece la nación venezolana solo la pueden resolver exclusivamente los venezolanos, nada de injerencias extranjeras, el llamado solo puede ir en el sentido de que los venezolanos resuelvan sus contradicciones apegados a los mecanismos internos definidos en su ordenamiento legal, nuestro llamado es a que por la vía del dialogo y los acuerdos entre los sectores en disputa, aplicando métodos civilizados y democráticos se logre la reconciliación y la convivencia en el vecino país. Igualmente rechazamos los atentados terroristas en Europa y las amenazas guerreristas que se ciernen sobre el planeta.

Hacemos un llamado a todos los colombianos, y en especial a los afiliados de la CUT a participar activamente en la agenda de lucha del semestre que inicia con una gran jornada nacional de movilización en el mes de octubre y las acciones por la paz y en solidaridad con las víctimas en el mes de septiembre; en las elecciones de congreso de la república y presidencia del 2018 participen activamente respaldando y promoviendo los candidatos que representen el interés de la nación; en este sentido respaldamos las iniciativas que apuntan a la conformación de una gran coalición que defienda la soberanía, la democracia, la paz y los derechos de los trabajadores.

Bogotá, agosto 18 de 2017 Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General

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Pre si den t e S a n t o s :

Arroceros de Colombia requieren soluciones Oscar Gutiérrez Reyes Director Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana

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os arroceros anuncian al país que continuarán luchando por precios justos para la cosecha se está recolectando y por solución a las deudas contraídas con el agro-comercio y la banca. Quieren, además, conocer los resultados de la investigación solicitada a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sobre las prácticas abusivas del oligopolio que controla el mercado del arroz en el país y exigen parar la importación de arroz que se hará en octubre desde Estados Unidos y revisar y renegociar los Tratados de libre comercio (TLC), por el grave daño que les está causando.

La profunda crisis de ingreso que atraviesan por el bajo precio de venta de su producto, no les permite siquiera recoger los costos de producción del cereal. La explicación se encuentra en la sobreoferta del grano derivada de las importaciones de arroz pactadas en el TLC, como ya se explicó y, en la mayor producción derivada de la política de Colombia Siembra (impulsada por el Gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura) y que, acogida por los arroceros, alcanzó la autosuficiencia nacional de arroz.

Ante la sobreoferta el Gobierno nacional no responde con recursos suficientes para garantizar la compra de la cosecha a precios justos, remunerativos y estables para los productores y, por el contrario, permite que la gran industria molinera –el oligopolio que mangonea el 85% de la compra, beneficio y distribución de arroz en el país– imponga precios de ruina rebajando, en más del 20 por ciento, el precio de compra con respecto al año anterior. La cosecha del semestre anterior se adquirió en los Llanos Orientales a $120 mil pesos la carga y en el Tolima-Huila a 145 mil.

Con los precios de compra del grano hoy, los productores están perdiendo entre uno y dos millones de pesos/hectárea.

El ministro Iragorri afirmó que intervendría el oligopolio si este no aceptaba el incentivo al almacenamiento (IA) y rebajaba los precios de compra. Sin embargo –aunque se encaramó en la tarima de la Marcha Arrocera el 6 de junio– nada hizo para intervenirlos. Y, si bien es cierto, que aumentó la oferta de recursos, estos no son suficientes y no se han entregado de acuerdo con los compromisos pactados.

Para resolver el problema se requieren

320 mil millones de pesos y el Gobierno nacional tan solo ofrece 58 mil millones.

Ante esta situación la Comisión V de la Cámara de Representantes, varios senadores y Dignidad Arrocera solicitaron una reunión con el presidente Santos

como última instancia de decisión sobre los aportes que son necesarios para atender a quienes confiaron en el gobierno, sembraron, generaron riqueza y trabajo y, ahora, se ven arruinados por el oligopolio, los TLC y el Gobierno que los insto a sembrar.

Muchas reuniones se han hecho con el Gobierno. Ante la falta de soluciones realizaron un paro nacional el 29 de agosto. El mismo se reanudará el 6 de septiembre próximo si el presidente Santos se niega a hablar y solucionar los reclamos de los productores.

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sena

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Ampliación de planta de personal y nivelación salarial en el Sena:

¡Luchar sí paga!

SindeSena Junta Nacional

C

on motivo del incumplimiento de los acuerdos sindicales suscritos en el 2015, SindeSena adelantó un paro nacional indefinido en el año 2016 que enfrentó una dura arremetida policial y mediática. La mesa de negociación confirmó la prepotente burla que de los compromisos habían hecho el gobierno y la administración del Sena, en un proceso kafkiano de pasarse responsabilidades entre distintas dependencias gubernamentales, reclamarse información, emitir conceptos contradictorios, negar autorizaciones y dilatar por la vía de la negligencia pasmosa y la incuria.

Pero antes de la burla mojigata, el gobierno había exhibido la arrogante intransigencia, o la falta de recursos, o la pretendida imposibilidad jurídica. La matriz comunicacional tampoco era nada original y consistía en presentar como insostenibles o inviables las demandas de los trabajadores, que no se limitaban al tema salarial sino también a la defensa de las rentas del Sena, amenazadas en las reformas tributarias, al incremento de la planta de personal, a las adecuaciones locativas y a la salud y la seguridad ocupacional, entre otras reclamaciones.

Pretende ignorar el Gobierno que durante el cuatrienio de Pastrana libramos duras batallas respaldadas por memoriales con millones de firmas presentadas al Congreso, para salvaguardar los recursos del Sena, contra la elusión y evasión de sus cotizaciones, por la autonomía administrativa y presupuestal, sometidas entonces a severa disputa, por la planta de personal y por la defensa del contrato de aprendizaje y la misión institucional. Permítasenos hacer recordación de las juntas nacionales que se pusieron al frente de esas batallas y de las negociaciones dirigidas por Zoeria Villada y después por Wilson Arias, a quienes extendemos cálido abrazo. A tales acuerdos, también dilatados por el gobierno y que motivaron una incesante movilización, se sumaron perentorias sentencias judiciales y trascendentales mandatos de los organismos de control para que se respetaran las rentas del Sena, ya bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

De modo que el drástico crecimiento de los ingresos del Sena, verificados bajo el período de Álvaro Uribe, pero contra su obstinada intención, se debe por entero a las luchas de los trabajadores y estu-

diantes del Sena, sus estamentos básicos.

Y la “revitalización” que ahora reclamamos para la institución, está plenamente explicada tanto por razones misionales como por motivos de justicia laboral, y no se reducen a los asuntos salariales, sino que demanda la revisión de factores institucionales como sus plantas física y de personal, de sus capacidades de investigación y administración, de las instancias de representación y relacionamiento con la sociedad, amén de otros engranajes del Sistema de Formación como el contrato de aprendizaje y el bienestar estudiantil.

El presidente ya expidió los decretos 552 y 553 de 2017, que amplían la planta de personal en 3.000 cargos permanentes y 800 cargos temporales, respectivamente.

Y acaba de firmar el decreto 1433 de 2017 que aprueba la nivelación salarial que significa un incremento ponderado por 6,88%, que se suma al 6,75% de aumento negociado por las centrales sindicales, para los empleados del Estado este año.

Los trabajadores recibimos con beneplácito unos y otro, fruto de nuestra lucha sindical librada de cara al país. Ello no obsta para que hagamos reconocimiento del esfuerzo adelantado por la actual administración para materializar los acuerdos incumplidos antes, de manera prolongada e indolente. Sea la ocasión para agradecer la solidaridad recibida del movimiento sindical, estudiantil y popular, así como a la comisión de garantes nombrada por el Congreso de la República que acompañó el seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Especial mención queremos hacer del importante apoyo de la CUT, en cabeza de Francisco Maltés.

Y no podemos dejar de anunciar las luchas venideras, de una parte, por la recuperación del presupuesto, nuevamente amenazado en el proyecto de Presupuesto General de

la Nación para el 2018, y de otra parte para hacer seguimiento a los restantes acuerdos y por la salvaguarda y revitalización del Sena, patrimonio del pueblo colombiano.

protesta social

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Gobierno nacional y departamental reprimen la justa protesta de los mineros del nordeste antioqueño

A

ntioquia es el departamento de mayor extracción de oro del País, siendo Remedios y Segovia los municipios con los mayores registros en la explotación, dentro del Distrito Minero que integran conjuntamente con la subregión del Baja Cauca.

En estos municipios, la explotación de oro se ha desarrollado ininterrumpidamente de manera artesanal y ancestral desde antes de la llegada de la colonia española, lo que se ha convertido en una tradición económica para el desarrollo municipal, ya que el 80% de sus ingresos proviene de esta actividad extractiva.

En el año 1852 llega al municipio de Segovia la empresa multinacional inglesa Frontino Gold Mines, luego de que diferentes gobiernos de la época le concedieran títulos mineros que abarcan el 80% del territorio de estos municipios.

Títulos que fueron otorgados a perpetuidad y en la condición de propiedad privada, es decir, que la empresa quedó propietaria del subsuelo que pertenecía a la nación.

En el transcurso de la explotación minera, la empresa inglesa permitió que los mineros ancestrales continuaran con su labor artesanal y pudieran obtener su sustento familiar, teniendo en cuenta que ésta ha sido siempre la principal actividad económica.

Ante el retiro del país de la Frontino Gold Mines, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el año 2010, entrega en venta la propiedad de la empresa a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, exigiendo que los mineros ancestrales deberían salir del territorio, argumentando su propiedad sobre el titulo minero, lo que significa que más de 20 mil trabajadores tendrían que abandonar su labor ancestral y tradicional. Ésta situación obligó a los mineros en noviembre de 2015, orientados por la Mesa Minera de Segovia y Remedios, a realizar un paro de protesta en contra de la amenaza de exterminio de la minería artesanal; además para exigir respeto al derecho al trabajo y a la propiedad ancestral de los minería tradicional.

Producto de esta movilización se crea en la gobernación la “Mesa de Soluciones” con la participación del Ministerio de Minas, la gobernación de Antioquia, la empresa Gran Colombia Gold, los alcaldes municipales y la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Se busca una salida que garantice a los mineros ancestrales y tradicionales poder seguir desarrollando su actividad. Hubo varias sesiones de la Mesa durante 10 meses en las cuales, mientras los pequeños mineros exigían que les per-

mitieran continuar con su labor, la Gran Colombia Gold exigió la salida de los mineros. Al final proponen la suscripción de contratos de operación, de tal manera que el pequeño minero le entregara a la Empresa el 60% de su producción.

Desde noviembre de 2016, la Mesa Minera de Segovia y Remedios presentó propuesta sobre contratos de operación que permitiera la continuidad de la actividad ancestral en el territorio pero no ha sido respondida. Además, la Mesa de Soluciones no se volvió a convocar por parte del gobernador Luis Pérez. Mientras tanto, la Gran Colombia Gold continúa con su solicitud de cierre de las minas artesanales ante el Ministerio de Minas.

A esto se suma que en el mes de junio de 2017, el Gobierno nacional expidió el decreto 1102 de 2017, por medio del cual prohíbe comercializar el oro que no provenga de una explotación con título minero, lo que significa que la única que puede comercializar el mineral es la empresa multinacional como propietaria del título, quedando los pequeños impedidos para desarrollar su actividad. De la misma manera, el Gobierno nacional ordena cerrar los entables o plantas de beneficio donde se procesa el oro, con lo cual se está dando el toque final a la explotación de la pequeña minería en estos municipios, condenando a sus habitantes a la pobreza e indigencia por exterminio de su economía.

Ante esta situación, la Mesa Minera de Segovia y Remedios, con el apoyo de los habitantes de los municipios, se ven obligados a convocar nuevamente a la comunidad minera a un paro de protesta iniciado el pasado 21 de julio para exigirle a la multinacional canadiense el respeto a su tradición minera y al gobier-

no de Juan Manuel Santos, el respeto al derecho de continuar trabajando como mineros ancestrales. A cambio de solución a sus peticiones, la respuesta dada por el gobierno departamental y nacional a la jornada pacifica desarrollada por los pobladores, ha sido el señalamiento de criminales y la militarización del territorio con el envío de más de 500 hombres del Esmad, quienes están atropellando al conjunto de la población civil usando armas letales. Según informes de los medios de comunicación, van más de 50 heridos y varios muertos.

Esta lucha de los mineros ancestrales de Remedios y Segovia ha convocado la solidaridad de comunidades de otros municipios del Nordeste Antioqueño y del Bajo Cauca, realizando plantones y

movilizaciones en apoyo a esta justa movilización; también se vienen efectuando plantones de ciudadanos de Remedios y Segovia residentes en Medellín en la plazoleta de la Alpujarra.

La política del gobierno de Juan Manuel Santos está dirigida a proteger los intereses de la multinacional Gran Colombia Gold en contra de los pequeños mineros y de las comunidades de Remedios y Segovia, lo que exige la solidaridad y el acompañamiento de todo el movimiento sindical y de organizaciones sociales a la lucha que con justeza se adelanta en estos municipios.

Fernando Alcides Perez Presidente Jaime Montoya Restrepo Secretario General

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sindical

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Negociación sector bananero de Urabá y Sintrainagro

E

sta negociación fue llevada a cabo en la ciudad de Medellín, las dos comisiones tanto de los empresarios como la del sindicato trabajaron durante 40 días para llegar al acuerdo final, que involucra cerca de 20.000 trabajadores de los cuatro municipios del eje bananero de Urabá (Carepa, Chigorodó, Turbo y Apartadó) en 268 fincas bananeras, aproximadamente 130 empresas, unas 35 mil hectáreas de banano y una exportación anual de cerca de 63 millones de cajas hacia Europa (70%) y Estados Unidos (30%).

Aspectos económicos Incremento salarial: Un 5% para el primer año, y el índice de precios al consumidor (IPC) obrero nacional certificado por el Dane para el segundo año de vigencia convencional. También obtienen este incremento todos los auxilios y primas extralegales que tenga cada finca en su convención, se crean 9 extralegales con sus respectivos valores para fincas creadas a partir del 2009 y que les falte algunos de estos auxilios: arrendamiento, maternidad, vacaciones, aguinaldo, escolaridad primaria y secundaria, muerte de familiar, muerte del trabajador y auxilio para el restaurante. Las empresas pagaran el auxilio legal de transporte a los trabajadores que no se les suministre el trasporte y sin tener en cuenta el tope salarial exigido por la ley.

Prima por firma de convención: se le pagará a cada trabajador afiliado a Sintrainagro la suma de $400.000. El pago se hará efectivo el 30 de septiembre. También se crea un fondo de educación, recreación, cultura y deporte con $850.000.000 que se destinarán para la realización de actividades de educación, recreación, cultura y deporte con trabajadores y sus familias de la zona de Urabá.

Fondo de vivienda: se aumentará en $35.000 por hectárea sembrada en banano, los fondos paritarios de vivienda, llegando a si a más de $30.000 millones de pesos en los fondos para préstamos a los trabajadores.

Aspectos de la seguridad social Creación de la mesa de salud y seguridad social de Urabá: esta mesa estará coordinada por Augura y Sintrainagro para asegurar la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio del Trabajo, las EPS, ARL, AFP, entre otros.

Tendrá como objetivos que las EPS y ARL contraten en la zona de Urabá una oferta completa y constante de servicios médicos especializados y de IPS de mediana y alta complejidad que aseguren la prestación de estos servicios en la región, superar la problemática que sucede cuando la EPS o la ARL deciden de manera anticipada la reubicación laboral del trabajador sin

haber agotado los tratamientos y procedimientos disponibles para la recuperación del estado de salud del trabajador reubicado, gestionar la incapacidad completa en los casos en que un trabajador sea remitido fuera de la zona de Urabá por todos los días respectivos, elevar directamente la solicitud a la EPS para que cumpla con la obligación de expedir el concepto de recuperación del trabajador que hubiere superado el periodo de incapacidad temporal fijado en la ley, antes de los 180 días.

Programa piloto de monitoreo y gestión de casos prioritarios en salud y riesgos laborales: este programa contratará por un año los servicios de un proveedor de servicios de salud o un profesional especializado en medicina del trabajo, quienes desarrollarán el monitoreo y gestión de los casos prioritarios de trabajadores con incapacidades prolongadas de cualquier origen, calificaciones de origen o de pérdida de capacidad laboral, controversias sobre fecha de estructuración de la incapacidad permanente, parcial o invalidez y trabajadores reubicados anticipadamente.

Traslado de trabajadores enfermos: la empresa deberá suministrar al trabajador en especie o en dinero el hospedaje, alimentación y transporte interno para asistir a la cita médica. Cuando la empresa decida darle en dinero el hospedaje y alimentación le entregará al trabajador la suma de $55.000 por cada día que deba estar en dicha ciudad; cuando la empresa decida darle en dinero el transporte interno para asistir a la cita médica la empresa le entregara $22.000 por cada cita a la que deba asistir.

La empresa concederá al trabajador un préstamo en cuantía de hasta $70.000 cuando el traslado sea aéreo y hasta $30.000 cuando el traslado sea terrestre, destinado a cubrir los gastos de traslado de su residencia a la terminal aérea o terrestre y el lugar de alojamiento. La empresa le prestará hasta $400.000 para sufragar

los gastos de su acompañante y este préstamo se sujetará a la reglamentación sobre préstamos de calamidad doméstica.

Aspectos laborales

contratarán al menos dos mujeres en jornada especial a término indefinido. Esto se debe materializar en los primeros dos meses a partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo.

Negociación de labores: se negocian 10 labores para realizarse en todas las fincas; se establece procedimiento para la negociación de otras 28 labores que han surgido en la actividad bananera y se nombra la comisión de concertación laboral que tendrá esta función a partir del 27 de septiembre. Las empresas en cada finca

Finalización del conflicto colectivo: los presentes Acuerdos Generales solucionan definitivamente el conflicto colectivo surgido con ocasión del pliego de peticiones que Sintrainagro presentó a los empresarios bananeros de Urabá relacionados en el acta de instalación de la negociación fechada el día 27 de junio de 2017.

magisterio

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El magisterio no admite más esperas y reclama la nueva contratación en salud

L

os maestros, maestras y sus familiares en todo el país, que son más de 800 mil usuarios, están a la expectativa porque el 1 de octubre de este año inicien los nuevos contratos de salud. De acuerdo al último cronograma (Adenda 14, vigente al 31 de agosto de 2017), el empalme de las entidades prestadoras en las regiones adjudicadas será del 11 al 30 de septiembre.

Ha sido un proceso supremamente complejo y lleno de obstáculos. Van dos años de prórrogas, donde Fecode ha sido el mayor opositor a estas. La primera, porque la construcción de los nuevos manuales para la contratación que incluía sanciones más efectivas a las entidades, y el pliego de condiciones, no habían culminado al momento de la finalización de los contratos vigentes.

Luego, una tutela ordenó suspensión del proceso por medidas cautelares. Después, la evaluación de la firma calificadora definió que las oferentes de ese primer proceso no cumplían con los requisitos, por lo cual, se declaró desierta la contratación y empezó otra etapa. Ya este año, la Procuraduría General intervino en una acción preventiva y también requirió la suspensión del proceso.

Finalmente, hace solo unos meses, en el avance de la presente licitación, se declaró desierta la invitación pública abierta para la contratación de la firma calificadora.

Ante ello, el Consejo Directivo designó a la Fiduprevisora para contratar a la firma encargada de esta función. Esta escogió a tres: Suárez y De Vega, Konfirma y A&C Consultores, para temas jurídicos, técnicos y financieros, respectivamente.

Fecode se opuso a esta contratación a dedo, por la evidente potestad de la Fiduprevisora para manejar el proceso; a pesar de que ha sido duramente criticada por su falta de regulación ante las críticas por la mala prestación de los servicios médico-asistenciales actualmente.

Se presentaron 19 oferentes para las 10 nuevas regiones en que se divide la prestación. Ya tuvo lugar la etapa de validación de requisitos habilitantes y estos tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones. La audiencia pública de adjudicación está programada para el 11 de septiembre de 2017 a las 3 p.m.; y la suscripción del contrato, expedición de pólizas, aprobación de garantías, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación.

Los educadores no soportan más y se lanzaron a las calles el pasado 24 de agosto en una Gran Jornada Nacional de Protesta

para exigir respeto por la vida y la dignificación del servicio de salud. Hubo protestas en todo el país y una concentración frente a la Fiduprevisora en Bogotá. Y, de ser necesario, están dispuestos a salir a las calles nuevamente por la defensa de este derecho fundamental.

Directivo del Fomag, ya que son solo dos representantes del magisterio contra los intereses de los tres del Gobierno más el de la Fiduprevisora. Al tiempo desarrollan una estrategia mediática para difamar su labor y confundir a la opinión pública.

Todo este tiempo, ha sido un camino duro. Para el Comité Ejecutivo por los fuertes debates dentro del Consejo

Pero también, para los maestros, quienes siguen soportando las consecuencias de la mala atención, demoras para la entrega de

citas, salas de urgencias que se inundan, urgencias que no son atendidas y hasta pacientes con enfermedades crónicas que no reciben sus tratamientos.

Por ello, Fecode es el principal interesado en la conclusión pronta de este proceso.

Los nuevos términos incluyen mejoras significativas, que deben reflejarse en avances en la atención al usuario y en la prestación del servicio como tal.

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estatales

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La batalla por el trabajo decente y la ampliación de las plantas de personal Francisco Maltés Tello franciscomaltestellocut@gmail.com / Twitter: @maltescut1

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esde 1999 la OIT adoptó la política del Trabajo Decente, entendida como: estabilidad laboral (contrato de trabajo, relación legal y reglamentaria), prestaciones sociales mínimas, acceso a la seguridad social, y derecho a la sindicalización y negociación colectiva. El gobierno colombiano, como integrante de la OIT, está obligado a cumplir con la política, los convenios, las recomendaciones, y las decisiones de los órganos de control de la misma, pero pese a esto, en el país hay un déficit estructural de trabajo decente.

De una población económicamente activa de aproximadamente 22.500.000 personas, solamente 7.500.000 tienen las anteriores condiciones, hay 2.200.000 desempleados, y aproximadamente 13.000.000 en condiciones de informalidad laboral que el Dane denomina cuentapropistas.

En el sector público existen diferentes datos sobre la cantidad de personas que cumplen funciones permanentes y se encuentran en condiciones deslaboralizadas. Se habla de un millón, otros de 800.000, y recientemente un proyecto de ley de la representante Angélica Lozano, habla de 235.000; cualquiera sea la cifra, esto es algo escandaloso que viola la normatividad al respecto:

Art. 2 Decreto 2400/1968 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=1198)

Ley 80 de Contratación (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=304)

Ley 909/2004 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=14861)

Ley 734/2002, Art. 48, Numeral 29 (https://www.procuraduria.gov.co/ guiamp/media/file/Macroproceso%20 Disciplinario/L-734-02.htm)

Así mismo, las sentencias de la Honorable Corte Constitucional: C-614/2009 (http://www.corteconstitucional.gov.co/ RELATORIA/2009/C-614-09.htm) y C171/2012 (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-171-12.htm) El Plan Nacional de Desarrollo en su Art. 74 (http://leyes.co/el_plan_nacional_de_ desarrollo_2014-2018_todos_por_un_ nuevo_pais/74.htm).

Y el Acuerdo Marco Estatal 2017, donde se incluyen 20 entidades del orden nacional y 10 del orden territorial, en las

cuales se iniciará un proceso de estudio de los diferentes contratos con el objetivo de precisar los que cumplen funciones permanentes para iniciar el proceso de ampliación de planta de personal, toda vez que allí hay recursos económicos. (http:// cut.org.co/resumen-del-tercer-acuerdomarco-estatal/) Pese a las anteriores consideraciones del orden jurídico, la mayoría de las entidades públicas se niegan a dar cumplimiento a esta normatividad. A manera de ejemplo, una información inicial sobre plantas de empleo en algunas entidades[1]: Por tal razón, la CUT en su Junta Nacional reciente, dentro del plan de acción que adoptó, incluyó un Gran Encuentro Estatal por la Ampliación de las Plantas de Personal.

Hemos elaborado un modelo de derecho de petición, que nos permita tener precisión de cuál es la realidad de las plantas

de personal en cada entidad: http://bit. ly/2eCu3LV Una vez recibida la respuesta de la entidad, podemos proceder a: 1. Solicitar un acuerdo de formalización laboral, 2. Instaurar una querella en Mintrabajo, 3. Solicitar investigación y sanción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación. Así mismo el equipo jurídico de la CUT viene estudiando la posibilidad de instaurar acciones penales sobre la materia.

En esta batalla por la ampliación de las plantas de personal, hemos avanzado en algunas entidades donde la misma se ha ampliado, como lo son el Sena en 3.000 cargos –Medicina Legal en 211, ICBF en 3.700 cargos, Dian en 2.300 cargos y Acuavalle en 103 cargos, entre otros.

Toda vez que la ampliación de plantas se debe convertir en una política de estado, hemos solicitado al gobierno nacional la derogatoria de los artículos de la Ley

617/2000 que limita los gastos de funcionamiento y de las circulares presidenciales que impiden presupuestar los cargos que tienen vacancia definitiva y también la realización de un Conpes sobre el trabajo decente.

Podemos concluir que existe la normatividad suficiente y que en muchas entidades cuentan con los recursos presupuestales, pero es evidente la falta de voluntad política del gobierno nacional y los gobiernos territoriales, por tal razón hacemos un llamado a todas las Subdirectivas y Sindicatos de la CUT a librar esta batalla en forma coordinada, unitaria y centralizada, al igual que con otras organizaciones que hacen presencia en las entidades, tomando como eje central la movilización permanente y sostenida de nuestros afiliados, contratistas y ciudadanos que apoyan esta batalla.

Nota [1] Fuente: Subcomisión del Sector Público.

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