Politics 48

Politic s Hidalgo

en la Cámara de Diputados

Pachuca, Hidalgo I Agosto de 2012 I Año 2, número 48 I Ejemplar gratuito

Hecho en Hidalgo Raúl Fernández Robert

Elecciones La ruta de la invalidez

6-7 2-5

Un pequeño gran dolor de cabeza para el PRI

Hidalgo: once diputados al Congreso de la Unión

Contenido Agosto

12

El atleta hidalguense más grande de todos los tiempos

Miércoles 15

Celebración de la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial (1945) Muerte de Gerardo Murillo “Dr. Atl”, pintor (1964)

Sábado 18

Se expide la primera Ley Federal del Trabajo durante el gobierno de Pascual Ortíz Rubio (1931)

Lunes 20

Defensa de Churubusco encabezada por el general hidalguense Pedro María Anaya, contra las fuerzas invasoras estadunidenses (1847)

Martes 21

Día del Bombero

Presidente y director general GERARDO Márquez Directora General First Class / Politics GLORIA García Funtanet Directora Administrativa SELENE Alvaradejo Director editorial MANUEL Baeza Directora comercial Martha Patricia Cerrilla Gerente de Producción Juan Villatoro Circulación y Relaciones públicas Arturo García Belio Diseño Editorial Francisco santiago díaz Fotografía Staff Sistemas Mishell Monroy Suscripciones Yazmín Domínguez Teléfono: (771) 211-9191

Miércoles 22

Se publican en 1996 las reformas constitucionales aprobadas por unanimidad en el Congreso, que dan pie a la Reforma Electoral. Algunos de sus principales cambios son la plena autonomía del IFE, el establecimiento de topes a los gastos de campaña y la equidad en el acceso de los partidos políticos y sus candidatos a los medios masivos de difusión

Domingo 26

Aniversario luctuoso de don José Lugo Guerrero, exgobernador de Hidalgo

Lunes 27

Se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1824)

Criterio La Verdad Impresa: Publicación catorcenal, Año 2 • No. 48 • Agosto de 2012 • Editor responsable: Manuel Baeza Sánchez • Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-051821094500-101 • número de certificado de licitud de título: No.14538 • número de certificado de licitud de contenido: en trámite • publicado y distribuido por Editorial Zeuqram SA de CV • domicilio de la impresión y publicación: Publicity Rouge S.A. de C.V. , Av. Revolución No. 803 2 piso Col. Periodistas Pachuca, Hgo. 42060 , Tel. 7196954 • el contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores • todos los derechos están reservados • queda prohibida la reproducción total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores • la información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.

Politic´s Agosto de 2012

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REPORTAJE

Hidalgo: once diputados al Congreso de la Unión

Fotografía: especial

La representación estatal en la Cámara de Diputados para la próxima Legislatura federal se compone de nueve priístas, un panista y un perredista

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Politic´s Agosto de 2012

Fotografía: especial

REPORTAJE

Manuel Baeza Pachuca

O

nce hidalguenses representarán los intereses de la entidad en la Cámara de Diputados durante los próximos tres años.

El PRI estatal tendrá nueve diputados gracias a que ganó los siete distritos de mayoría de Hidalgo, además de colocar a dos candidatos plurinominales. PAN y PRD, por su parte, tendrán legisladores hidalguenses debido a que cada instituto político colocó a un candidato en los primeros lugares de las listas de representación proporcional.

En el caso del PRI los diputados federales electos son Dulce María Muñiz, Emilse Miranda Munive, Mirna Hernández Morales, Nuvia Mayorga, Darío Badillo, Francisco González, Jesús Murillo Karam, José Antonio Rojo García de Alba, y Víctor Velasco Orozco. Por el PAN la representación recaerá en Erick Marte Villanueva, mientras que del PRD el diputado será Pedro Porras.

Los 11 nuevos legisladores representan un pequeño incremento en la representación hidalguense en la Cámara de Diputados, pues en la actual legislatura federal hay diez representantes de la entidad, nueve del PRI y uno del PAN. Uno de los legisladores electos que más ha sonado en fechas recientes es

Jesús Murillo Karam, actual Senador y responsable de la defensa legal del triunfo de Enrique Peña Nieto. Su calidad de exgobernador, exsecretario general del CEN del PRI y hombre cercano al próximo Presidente de México lo colocó de inmediato en la lista de posibles coordinadores de la bancada federal del tricolor en la Cámara de Diputados, algo que el propio Murillo descartó hace apenas unos días.

“Ganas no me faltan, pero tengo mucho trabajo en el partido”, comentó en víspera del cónclave que los diputados electos tuvieron para elegir al responsable de representarlos como bancada. Al cierre de la edición era casi un hecho que esa coordinación recaería en Manlio Fabio Beltrones, pues la mayoría de los priístas mencionados declinaron la posibilidad de representar a sus compañeros al considerar que esa tarea tendría que ser para el exgobernador sonorense, uno de los hombres con más influencia en ese instituto político.

Resuelta la designación del coordinador de toda la bancada, queda pendiente saber cuál de los nueve diputados federales priístas electos será quien haga lo propio con el grupo de representantes populares de Hidalgo. Y si bien aún falta tiempo para que la próxima legislatura tome posesión, en los círculos priístas

locales se barajan algunos nombres de posibles coordinadores con base a la experiencia y relaciones de los diputados electos.

Nuvia Mayorga, por ejemplo, ha sido mencionada como una de las posibles coordinadoras de sus compañeros de la entidad. Con amplia experiencia en materia de finanzas, y buena relación con el actual gobernador Francisco Olvera y con el ex gobernador Miguel Osorio, la actual diputada federal electa reúne capacidad tanto ejecutiva como de gestión, además de lazos de confianza en el gobierno estatal y el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto.

José Antonio Rojo García de Alba, un joven pero a la vez veterano político, sería otra de las opciones para ocupar la coordinación de la bancada priísta de Hidalgo. Su experiencia como legislador federal y sus relaciones en diferentes círculos políticos de la entidad le otorgan el peso suficiente para hacer una tarea importante. Además, Rojo García de Alba tiene una estrecha relación de trabajo político con la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Un tercer personaje mencionado como posible coordinador es Víctor Velasco Orozco, quien llega a la Cámara de Diputados representando el distrito de Actopan. Velasco tiene a su favor las relaciones logradas a lo

largo del sexenio de Miguel Osorio, de quien fue secretario particular, y de su paso por la estatal Secretaría de Desarrollo Social durante la transición de las administraciones de Osorio Chong y Francisco Olvera, quien lo ratificó en la secretaría hasta que el actual diputado federal electo dejó el cargo en busca de la candidatura al Congreso de la Unión.

Hay que señalar que Jesús Murillo Karam sería el aspirante natural a ocupar la coordinación de sus compañeros de Hidalgo, pero muchos dan como un hecho que el legislador federal electo ocupará un cargo en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

En tanto, en el PRI estatal, que dirige Ricardo Crespo, se trabaja en la estructuración de una agenda legislativa federal que, acorde a los programas planteados por el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, ayude “a legislar a favor del país y a gestionar mayores recursos para el estado de Hidalgo”, según dijo el presidente estatal del tricolor una vez conocidos los resultados de la elección. El PRI, insistió Ricardo Crespo, “Institucional seguirá trabajando intensamente al lado del primer priísta Francisco Olvera Ruiz, para consolidar la democracia que nos han heredado las anteriores generaciones”.

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Darío Badillo Ramírez

Dulce María Muñiz Martínez

Víctor Velasco Orozco

PRI

PRI

Distrito 2

Distrito 3

Ixmiquilpan

Actopan

Emilse Miranda Munive

José Antonio García de Alba

Mirna Hernández

PRI

PRI

PRI

Distrito 4

Distrito 5

Distrito 6

Tulancingo

Tula de Allende

Pachuca

PRI Distrito 1 Huejutla

4

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Francisco González Vargas

Nuvia Mayorga

Jesús Murillo Karam

PRI

PRI

PRI

Distrito 7

Representación proporcional

Representación proporcional

Tepeapulco

Erick Marte Villanueva

Pedro Porras

PAN

PRD

Representación proporcional

Representación proporcional

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Fotografía: Notimex

REPORTAJE ENTREVISTA

Ricardo Monreal (con anteojos) y Jesús Zambrano, presidente del CEN del PRD, presentaron al IFE documentos para respaldar su solicitud de invalidez de la elección presidencial.

Un pequeño gran dolor de cabeza para el PRI Las denuncias de uso de las tarjetas de Monex en las campañas proselitistas por parte del tricolor ha obligado a ese instituto político a defenderse con todo, tanto en el ámbito jurídico, como en el mediático

Manuel Baeza Pachuca

U

na tarjeta plástica de 8.5 centímetros de largo, por 5 centímetros de ancho, provoca un fuerte dolor de cabeza a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato Enrique Peña Nieto recién recuperó para su causa la Presidencia de México.

Bueno; en realidad no es sólo una tarjeta la del problema, sino aparentemente 260 mil de ellas expedidas por el Banco Monex y que el PRI repartió entre sus militantes para manejar dinero durante el proceso electoral del 1 de julio pasado, según denuncian los partidos opositores al Revolucionario Institucional.

“Estamos hablando de 260 mil tarjetas que costaron más de mil

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millones de pesos”, asegura una y otra vez ante medios de comunicación Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas y perdedor en el proceso, quien interpuso ante las autoridades federales una denuncia por el presunto uso de hasta “mil millones de pesos” fuera de la normativa legal para el manejo de recursos electorales. Ese dinero, dice el candidato de las izquierdas, sirvió para comprar votos para el PRI el 1 de julio.

La denuncia de López Obrador no es la primera que involucra el reparto de tarjetas con dinero electrónico.

Ya hace dos semanas el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México acusó al tricolor de ofrecer miles de tarjetas prepagadas de una cadena de supermercados para presuntamente comprar votos a favor de Enrique Peña Nieto.

La denuncia sobre las tarjetas del llamado #Soriana-Gate, por ser plásticos de la cadena Soriana, ha perdido fuerza ante las pocas evidencias de que se usaron para influir en el resultado de la elección que ganó el PRI. Pero el asunto de las tarjetas del Banco Monex amenaza con tomar un cariz diferente al de las tarjetas de Soriana.

Diferente porque el PRI, aunque lo hizo de manera forzada, acepta que utilizó plásticos de esa institución bancaria para transferir dinero a sus cuadros en diferentes zonas del país, y que las cantidades manejadas para ese fin fueron superiores a 66 millones de pesos (casi cinco millones de dólares). Por supuesto que el responsable de la defensa jurídica del PRI habla de una cantidad menor de tarjetas que la mencionada por el candidato perdedor. En este caso el

Revolucionario Institucional maneja una cifra menor a 8 mil plásticos.

Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y actual responsable de la defensa jurídica del triunfo de Enrique Peña Nieto, ofrece una explicación a la existencia de esas tarjetas: “La estructura del PRI fue reforzada con la contratación de personal en distintas áreas de trabajo, para cumplir con metas y objetivos relacionados con tareas ordinarias del partido, lo que obligó a recurrir a un sistema práctico de contratación de personal, acompañado de un método eficiente y eficaz de pago, apto para responder a la velocidad de los requerimientos del partido”, según dijo Jesús Murillo al periodista Salvador Camarena en una entrevista para W Radio.

En pocas palabras, Murillo Karam asegura que las tarjetas se utilizaron

REPORTAJE

Fotografía: Notimex

para manejar el dinero destinado a la operación de la estructura de su partido, pero no para comprar votos.

Un operador priísta de un estado del centro del país consultado por Newsweek en Español, quien pidió que no se publicara su nombre por no estar autorizado a declarar, reconoció que recibió una oferta de su partido para utilizar las tarjetas, las cuales servirían para evitar el uso de dinero en efectivo. El priísta consultado dice que declinó recibirlas porque el distrito que coordinó es de carácter rural y no existen muchos cajeros automáticos para disponer de las cantidades depositadas. “Menos mal”, señala este veterano político, pues “hoy estaría preocupado por haberlas usado”.

La contratación de las polémicas tarjetas resultó ser un tanto tortuosa, y el conocimiento de la ruta para ello no la ofreció el tricolor en primera instancia, sino sus rivales izquierdistas.

Quien lo hizo fue Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas y hoy por hoy el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Monreal, al igual que en el caso de los plásticos de Soriana, hizo públicos contratos y movimientos con el PRI de dos empresas que presuntamente sirvieron de intermediarias entre el partido político y Monex. En ambos casos, según el perredista, se hicieron triangulaciones monetarias fuera de la ley para beneficiar al Revolucionario Institucional y con ello se habría rebasado el tope de gastos de campaña.

“En este país no podemos permitir que sea el dinero, la compra del voto y las actividades ilegales las que definan la elección. Si nosotros lo permitimos, entonces ya no habrá forma de tener elecciones libres y auténticas en este país. Lo que estamos haciendo es lo que la ley previene”, dijo Ricardo Monreal pocos días después de la elección, y se aventuró a manejar una cifra: las dos empresas señaladas, Grupo Comercial Inizzo y Comercializadora Efra, habrían depositado a Monex más de 165 millones de pesos para beneficio del PRI. Conforme avanzan los días han surgido nuevos nombres de empresas que depositaron dinero al banco para fondear las tarjetas priístas. Ahora los opositores hablan de más de 40 empresas, algunas de ellas fantasmas o inexistentes, que depositaron dinero para que el PRI lo usara en su campaña presidencial. Por ello los partidos de izquierda han pedido públicamente que las autoridades electorales de México invaliden el proceso y, de ser necesario, que nombren a un presidente interino que convoque a una nueva elección.

Reacios en un principio a admitir el uso de las tarjetas, el PRI reconoció

Jesús Murillo Karam (centro) y Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, llegan a una reunión con magistrados del TEPJF.

días después de las denuncias el uso de las mismas. La versión del tricolor, la misma que han manejado desde entonces, es que ellos nunca han tenido una relación directa con Banco Monex, pues las multicitadas tarjetas se contrataron por medio de una empresa privada llamada Alkino, y que nunca se usaron para comprar votos, sino para uso interno de su partido.

Una vez más Jesús Murillo Karam ha salido a declarar que el objetivo de las casi ocho mil tarjetas que reconocen fue el de solventar gastos de capacitación y de operación de ese instituto político, que todos los movimientos fueron registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y que de ninguna manera se puede considerar ese dinero como parte del gasto de campaña.

El IFE, organismo que organiza las elecciones federales en México, ha recibido las quejas de los partidos opositores, que conforman la izquierda, presentaron por el llamado Caso Monex. El instituto federal autónomo,

presionado tanto por los partidos como por la opinión pública, mantenía abiertas más de 300 indagatorias sobre el asunto, aunque los tiempos legales le permiten dictaminar hasta iniciado el año 2013, cuando ya la próxima Administración federal se encuentre en funciones.

Y si bien el IFE tiene un amplio plazo para dictaminar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que investiga denuncias de carácter electoral, ha exigido al instituto que dé a conocer lo referente a las impugnaciones opositoras sobre el Caso Monex, algo que tendría que ocurrir al cierre de esta edición.

El resultado del Caso Monex no está dado aún. Los plazos para resolverlo son más amplios que el tiempo necesario para que Enrique Peña Nieto asuma posesión si el IFE y el tribunal electoral no dicen lo contrario. El candidato presidencial ganador, Enrique Peña Nieto, se ha tomado un periodo de descanso alejado de los reflectores y para ello dejó todos los asuntos legales en

manos de su equipo cercano.

Andrés Manuel López Obrador no levanta el dedo del renglón y prácticamente no hay día en que no haya insistido en denunciar lo que considera una “madeja de corrupción” electoral.

Por eso, dijo López Obrador durante una reunión con medios de comunicación, “hago un llamado al Tribunal, a los magistrados del Tribunal, para que hagan la investigación, puedan fundar su resolución y también un llamado para que todos los mexicanos nos preparemos para resolver este asunto, porque sólo hay dos opciones, dos alternativas: o la inmundicia, se viola la Constitución, se tapa todo, o llegamos al acuerdo de que debe haber legalidad, que se tiene que respetar la Constitución como es en cualquier otro país y que iniciemos una etapa con el signo de la democracia”.

Mientras las tarjetas de Monex, por pequeñas que sean, se mantienen como un dolor de cabeza para el Partido Revolucionario Institucional.

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ENSAYO

Ilustración: Esteban Saldaña

Corrupción:

el entorno global

Huguette Labelle Agencia Reforma

E

l año 2000 significó para México, más que para otros países. Su importancia no fue solamente el cambio de siglo, sino el fin de una era en la política nacional. Ese año terminó el dominio del partido político que se mantuvo en el poder por 71 años y que, tras perder las elecciones, entregó la Presidencia a la oposición encabezada por el PAN. En 12 años de gobierno, enfrentó retos que en ocasiones supo capitalizar con éxito y en otras no pudo superar.

Uno de los más importantes es la corrupción, la cual incrementa y perpetua los principales problemas del país, como son la inseguridad y la desigualdad.

Desde la mirada internacional y en instancias supranacionales, México se mostró activo. A inicios de la década pasada mandó señales de que apostaría por la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción. Una muestra es que en 2003 fue anfitrión de la Conferencia Internacional de alto nivel de las Naciones Unidas, cuyo propósito fue abrir a firma la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción. Hoy cerca de 150 países la han firmado.

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En cuanto a liderazgo internacional, México ha sido consecuente. Junto con Brasil y Estados Unidos, entre otros, comparte el liderazgo de la Sociedad de Gobierno Abierto lanzada en 2011. Esta iniciativa, que dará a México la presidencia en 2013 y 2014, busca aumentar la rendición de cuentas. De igual manera, además de compartir con Gran Bretaña la presidencia del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20, México, a cargo de la presidencia del organismo, abrió como nunca antes el espacio de consulta con la sociedad civil en el diseño de la agenda de trabajo.

El liderazgo global contrasta, sin embargo, con el desempeño en algunos indicadores internacionales.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International (IPC) muestra que en el año 2000 México tenía una calificación de 3.3 en una escala donde 0 significa sumamente corrupto y 10 muy transparente. En la última edición, el país obtuvo 3.0. Esto no muestra avances o retrocesos significativos, muestra estancamiento.

Al comparar a México con vecinos del continente, el país aparece en 2011 ubicado muy por debajo de Chile y Estados Unidos. Al compararlo con economías emergentes, se le ubica en la parte baja de la lista, siendo superado por Brasil, China, Corea del Sur y Sudáfrica. Empata con India e

Indonesia y supera a Rusia. Entonces, ¿nada ha cambiado en estos años?

Desde luego que sí, pero es necesario buscar explicaciones de por qué México no ha conseguido ascender en algunas mediciones como el IPC. Esto podría entenderse, en gran medida, porque en países con grandes territorios y estructuras federales la política y las capacidades de gobierno son diversas. Es común que entidades centrales que impulsan reformas enfrenten sistemas a nivel estatal y municipal basados en prácticas arraigadas como el favoritismo y la discrecionalidad en la toma de decisiones, entre otras.

Transparencia Mexicana da muestra de ello en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La labor del Ejecutivo federal es una, y el desempeño de gobiernos municipales, el Poder Judicial o los Congresos, otra.

Las acciones que emprendió el Ejecutivo en los últimos 12 años no siempre se materializaron en cambios homogéneos en la vida nacional. Hay avances qué reconocer en acceso a la información pública, la desregulación federal de trámites y la armonización contable, pero también hay otros que mostraron menor desarrollo y donde priva la impunidad. La corrupción en trámites y servicios para los hogares, por ejemplo, sigue siendo un impuesto regresivo y un obstáculo al

desarrollo. En términos de impunidad política, otras economías emergentes como Brasil han demostrado voluntad política para atacar la corrupción, incluso si ello ha significado ir en contra de miembros del gabinete.

El equilibrio entre reformas estructurales y modernización, y las acciones efectivas de sanción y contra la impunidad a nivel central y a lo largo del territorio nacional requiere mejorarse. Por ello, los resultados de la última década son mixtos.

La tarea pendiente es compleja y por ello no es solamente responsabilidad del gobierno. Así como resulta alentador observar cómo la sociedad civil global eleva la voz en contra de la corrupción, como la llamada Primavera Árabe o el movimiento Occupy Wall Street; la sociedad civil mexicana deberá, cada vez más, aprovechar el espacio de apertura que le ha permitido crecer en los últimos años para seguir apoyando los cambios que el país necesita.

Más allá de que algunos consideren que hubo grandes avances o que otros digan que fueron casi nulos, la realidad es que en la última década ha habido cambios. Varios de ellos son los pilares que darán sustento a las acciones pendientes que el nuevo gobierno tiene que emprender, si quiere que México aspire a ser líder global en esta materia.

Político multimedia

Web El análisis de la semana, en su pantalla

A

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ENSAYO

La ruta de la invalidez Eduardo R. Huchim Agencia Reforma

L

a segunda generación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha anulado elección alguna de gobernador, pero sus magistrados han desarrollado una ruta de invalidez que comparte con la derogada “causal abstracta de nulidad” el acento en la valoración de los principios constitucionales.

La violación de tales principios quedó en una suerte de limbo con la reforma relativa a que la nulidad sólo podía determinarse por causas contenidas en la ley, lo cual implicó una aparente contradicción con el carácter de tribunal de constitucionalidad que se le otorgó en 2007 al TEPJF. En consecuencia, se generó un criterio de “invalidez por violación de principios constitucionales”, que no alcanza aún el estatus de jurisprudencia.

La delicada coyuntura comicial de

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estos días, en que se ha planteado la demanda de invalidez de la elección presidencial, aporta relevancia a este tema (1). ¿Debió invalidarse la causal abstracta?

La jurisprudencia “causal abstracta de nulidad” establecía que los principios constitucionales deben observarse para que las elecciones sean “libres, auténticas y periódicas” (art. 41 de la Constitución), y si alguno de esos principios es vulnerado de manera importante en una elección, procede la nulidad.

Esa jurisprudencia y las sentencias que le dieron sustento provocaron inconformidad en un sector de los actores políticos, particularmente el PRI, partido afectado por la nulidad determinada en los comicios de gobernador en Tabasco y Colima. Como apunta César Astudillo, “la creación pretoriana y la aplicación que desde 2001 realizaron las salas del TEPJF

de la causal abstracta de nulidad de elecciones generaron inmediatas y recurrentes manifestaciones de rechazo de quienes veían en la actitud del tribunal un exceso de discrecionalidad” (2).

En ese malestar está el origen de la reforma al artículo 99 de la Constitución, a cuya fracción II el Congreso le agregó en 2007 un párrafo para establecer que “las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.

La disposición fue interpretada por el TEPJF como una derogación de la causal abstracta, lo cual quizá fue una decisión insuficientemente reflexionada, porque el tribunal dejó sin precisar qué se haría cuando se cometieran violaciones constitucionales que incidieran en forma determinante en los resultados comiciales pero no estuvieran

consideradas en ninguna ley.

Adicionalmente, con la interpretación derogatoria, pareció que el Congreso incurrió en una contradicción, porque por un lado le entregó al TEPJF la facultad de inaplicar una ley que considerara inconstitucional, pero por el otro lo constriñó a sólo dictaminar nulidades previstas en leyes secundarias. La contradicción se aclara si vemos lo señalado en el dictamen senatorial del 12/09/07: “En el momento oportuno, la ley habrá de ser reformada para llenar el vacío hoy presente respecto de las causas de nulidad de la elección presidencial, así como precisar otras causas de nulidad en las elecciones de senadores y diputados federales” (3).

Es decir, el Congreso se proponía incluir posteriormente otras causales en la ley secundaria, lo cual no hizo.

El 19 de diciembre de 2007, el magistrado Salvador Nava Gomar

ENSAYO “Puede acontecer que las inconsistencias o irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral de segundo orden jerárquico, constituyan la conculcación directa a una disposición constitucional, en la cual se determine cómo deben ser las elecciones para calificarlas como democráticas... Si se presentan casos en los cuales las irregularidades acaecidas en un proceso electoral son contrarios a una disposición constitucional, evidentemente ese acto o hecho, de afectar o viciar en forma grave y determinante al proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección...” (5).

expresos y las constitucionales derivadas de los principios de la Carta Magna” (6). Por su parte, magistrado de la Sala Regional Toluca del TEPJF, Santiago Nieto Castillo, rechazó en otro artículo darle a la aparente restricción “una interpretación letrista” y en diciembre de 2011 propuso un relevante proyecto -aprobado con el voto de Carlos Morales Paulín- que invalidó la elección municipal de Morelia por violación de principios constitucionales (“Una sentencia trascendente”, Reforma, 3 de enero de 2012). Otros casos municipales semejantes son los de Huazalingo, Tulantepec y Zimapán.

Como se sabe, el recurso de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista respecto de la elección presidencial se sustenta esencialmente en la violación a principios constitucionales.

Notas: 1. La más reciente y valiosa aportación académica sobre este tema la ha hecho John Ackerman, con su libro Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio de la democracia, IIJ-UNAM, 2012.

2. Astudillo Reyes, César Iván. Momentos de virtud y de vicio en la interpretación de la validez constitucional de las elecciones. Documento de trabajo, No. 155, México, UNAM-IIJ, junio de 2011.

esas causas en los ordenamientos respectivos... no antes, porque aún no existe el desarrollo normativo previsto en la Constitución” (4).

El caso Acapulco, en el cual no hubo anulación de la elección de alcalde, fue resuelto por unanimidad de cinco votos. No estuvo presente en la sesión respectiva el magistrado Flavio Galván Rivera, y el magistrado Manuel González Oropeza se excusó por su amistad con uno de los involucrados.

González Oropeza publicó en 2010, en coautoría con Carlos Báez Silva, un artículo en el cual sostuvo que existen “dos tipos de nulidades: las legales derivadas de textos

Conclusión Es cl aro que l a viol ación de principios constitucionales puede ser causal de invalidez -el TEPJF evita el término nulidad- porque, como ha concluido la Sala Superior, “las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a l a Cons titución, no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las cuestiones electivas” (7).

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de reforma. 12 de septiembre de 2007.

4. Voto particular respecto de la sentencia SUP-JRC-509/2007.

5. SUP-JRC-165/2008.

6. González Oropeza, Manuel, y Báez Silva, Carlos, La muerte de la causal abstracta y Andamios, mayoagosto, 2010. UACM. 7. SUP-JRC-165/2008.

Fotografías: Agencia Reforma

afirmó que el art. 99, fracción II, párrafo 2o. de la Constitución, contiene dos disposiciones distintas: la primera es un mandato al legislador para desarrollar los supuestos que constituyen inobservancia a los principios rectores de los comicios y que, por ende, dan lugar a la nulidad de la elección, y la segunda es la mencionada obligación impuesta a las Salas del TEPJF. “La tesis que sostengo -dijo Nava Gomar- es que la disposición que contiene el deber de las salas de este tribunal, de declarar la nulidad de elecciones sólo por las causas que expresamente se establezcan en las leyes, comenzará a regir, precisamente, cuando el legislador establezca

Acapulco, Morelia y otros casos Un año después, el 26 de diciembre de 2008, la magistrada María del Carmen Alanís presentó un novedoso criterio, al resolver el llamado caso Acapulco, que tiene como antecedente el caso Yurécuaro (12/07), en el que la ponente fue la misma.

Al referirse a la limitación introducida en el artículo 99, Alanís argumentó:

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Raúl Fernández Robert

El atleta hidalguense más grande de todos los tiempos

Fotografía: Especial

Basquetbolista olímpico con medalla de bronce en Berlín 1936, el “General Fonch” destacó no sólo en la duela, sino que también fue Senador e impulsor del derecho del voto para las mujeres

Enrique D. Ibarra Juárez Pachuca

S

on los últimos segundos de un partido de basquetbol. Los contendientes saltan, chocan y corren en busca del balón; la desesperación se manifiesta en el conjunto polaco, saben que todo está perdido, que la codiciada Medalla de Bronce se les escapa segundo a segundo. Los gritos en la Arena Nacional de Berlín, son encontrados unos a favor de los europeos pero, los más, se emocionan con las jugadas de la quinteta mexicana.

En su palco Adolf Hitler no puede dar crédito a lo que ven sus ojos, un país europeo -como Polonia rival y odiado-, está siendo vencida por una nación pobre en materia deportiva

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como México.

Suena la ocarina de los árbitros, son las 12:00 horas del día 14 de agosto de 1936, México, sí, México, se baña de gloria olímpica, como nunca más lo vuelto hacer, consigue con mucho esfuerzo, dedicación y disputas internas, la medalla de Bronce al vencer a la escuadra de Polonia 26-12.

La duela se llena de europeos, de gente venida de todas las partes del mundo y de los festivos mexicanos que fieles a su estilo son los más ruidosos. Abrazan a sus héroes, ríen, lloran de emoción, quieren ser parte de la historia de este gran triunfo para nuestro país.

El que podría ser llamado “Dream Team” mexicano tuvo la base de su éxito olímpico en Berlín 1936 gracias a su férrea defensiva, y a su más

talentoso defensa: el “General Fonch”, quien con agilidad, maestría y coraje defendió los colores de México.

Es aquí donde nace la historia de Raúl Fernández Robert. Originario de Tulancingo, hasta ahora, es el más grande atleta que ha dado Hidalgo, es el único hidalguense en obtener una medalla olímpica.1 A principios del siglo XX surgieron los primeros espacios deportivos; en pleno centro de la Ciudad de México; la misma Alameda Central se encargó de mecer la cuna y los sueños de jóvenes que de manera ortodoxa vieron surgir la práctica del basquetbol.

Allá por el año 1923 la gente concurría a ver a sus amigos, familiares y vecinos a unos juegos de basquetbol que se hacían en la inolvidable cancha del Colegio Mexicano de la Plaza

Miravalle, entre equipos de Primera Fuerza la “Cooperación”, el Club Deportivo Internacional, La YMCA y otros de la misma categoría, los cuales tenían en sus filas a verdaderos ases de ese deporte, como el futuro General Brigadier y político Raúl Fernández Robert, a quien todos llamaban cariñosamente “General Fonch”, sin pensar ninguno, ni él mismo, que llegaría a serlo de verás.

Ha concluido el partido, el “General Fonch” y el equipo mexicano se instalan en el pódium de los vencedores. En la ceremonia de premiación el Canciller alemán, no puede ocultar su malestar, la “Raza Aria” la raza europea ha caído nuevamente ante una raza para él inferior. Lo que no sabe Hitler, que los vencedores pertenecen a la “Raza Cósmica”.

Fotografía: Especial

“…el tercer lugar y Medalla de Bronce, es para… ¡México!, en la disciplina de basquetbol en estos Juegos Olímpicos de Berlín 1936…”.De esa forma el anunciador daba fin a una de las más bellas y épicas aventuras del deporte mexicano.

Al paso de los años volvemos a localizar al flamante General Brigadier Raúl Fernández Robert como un distinguido militar. Su carrera ha sido intachable e inobjetable, estos valores le ha permitido ser nombrado por el mismo Presidente de México Miguel Alemán, como Procurador General de Justicia Militar en el periodo 1947-1952.

Su carrera de éxitos no tiene parangón; el deportista, el hombre de leyes y de forjada disciplina militar es electo a ocupar una Curul en el Senado de la República a lado de otro gran hidalguense Alfonso Cravioto Mejorada.

Ya como Senador de la República, acompañó a Adolfo Ruiz Cortines en su periodo presidencial de 1952 a 1958.(2) Fiel a su hábito personal trabajó arduamente en su curul, y formó parte de varias comisiones como; Comisión de estudio y análisis en donde se sancionó la iniciativa presidencial de instituir la Medalla “Belisario Domínguez” del Senado de la República, con la cual se premia a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad, la cual se otorga a partir del 7 de octubre de 1953.

Así mismo intervino en las discusiones, estudio y análisis para otorgar los derechos políticos a la mujer en México, algo que se aprobó por unanimidad. El decreto se promulgó el 17 de octubre y se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Raúl Fernández Robert, atleta olímpico, militar leal y político hidalguense, supo aprovechar el tiempo, lugar y espacio que le ofreció la vida. Siempre portó con orgullo la camiseta número 10 de la selección mexicana de basquetbol, y fue reconocido en todo el mundo. Posee en su pecho la única medalla que un hidalguense hay podido lograr en los Juegos Olímpicos de la era modera.

Casi en el olvido, el medallista olímpico Raúl Fernández Robert, espera el reconocimiento y homenaje que en vida no le dio el pueblo y el gobierno de Hidalgo. Que este no tarde en llegar, porque un lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres, lo espera y por habérselo ganado a pulso.

1. Ibarra Enrique. En Letras de Oro, Diccionario Bibliográfico del Estado de Hidalgo.

Talleres Litográfica Selene. México 2011.

2. Idem.

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ENROQUE

Fotoarte: Leonardo Escamilla

Listos para sacar eL cobre

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Fotoarte: René Zubieta

final estilo real

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