REVISTA PROYECCIÓN ECONÓMICA 2026
Es una publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUTORIDADES Presidente Dr. Gustavo E. Diez Secretario
Dr. Julio R. Rotman Vicepresidente 1°
Dra. Patricia Lange Vicepresidente 2°
Dra. Miriam S. Roldán Tesorero
Dr. Rubén A. Arena Prosecretaria
Dra. Susana L. Giménez Protesorero
Dr. Gerónimo Torres Barros
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STAFF Presidente Dr. Gustavo E. DIEZ
Editor Responsable Dr. Armando DE ANGELIS
Director Editorial Dr. Julio ROTMAN
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite ISSN 2250-4540 CPCECABA - Viamonte 1549 - CABA (1055) www.consejo.org.ar Queda permitida la reproducción total o parcial de esta publicación citando la fuente. El contenido de las notas y los comentarios de colaboradores no reflejan necesariamente el pensamiento y filosofía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Prólogo Editorial: «Disciplina fiscal y agenda de desarrollo, una falsa dicotomía» PRESENTACIÓN El crecimiento sostenido, la inversión y la creación de empleo de calidad, que alcancen a toda la población, dependen de una estructura productiva capaz de generar productividad sin comprometer el balance de pagos y, en especial, respetando la restricción fiscal. Ese objetivo entonces debe lograrse sin contar con abundancia de recursos públicos. Esa es la pregunta que organiza este número: cómo desplegar un desarrollo productivo inclusivo cuando el margen fiscal es estrecho. Los seis artículos de la revista abordan la cuestión desde ángulos distintos: una agenda de prioridades sectoriales, un marco conceptual basado en capacidades, una propuesta de política con instrumentos e instituciones, un caso de economía circular ejemplificado con la foresto-industria, el papel de la inteligencia artificial y el rol de las instituciones financieras de desarrollo. Sin haberlo acordado entre sí, coinciden en una idea de fondo: no hay que elegir entre disciplina fiscal y agenda de desarrollo. La restricción fiscal no vuelve inviable la política productiva, pero obliga a hacerla de otro modo. Menos subsidios y programas dispersos; y más bienes públicos, coordinación, reglas previsibles, financiamiento bien estructurado y evaluación.
SÍNTESIS DE LOS ARTÍCULOS 1. Martín Alfie y Julián Hecker, «Desarrollo productivo inclusivo: una agenda posible para la Argentina». El artículo abre la Revista con un mapa de la agenda. Los autores identifican cuatro piezas del rompecabezas productivo: los recursos naturales con encadenamientos, la agrobioeconomía, los sectores de alto contenido tecnológico y las actividades intensivas en empleo de calidad. Reconocen que la expansión de Vaca Muerta y de la minería 4
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está modificando la restricción externa, pero advierten sobre el riesgo de que se configure una explotación de enclave, con escaso empleo y débiles encadenamientos. Con la referencia en experiencias internacionales (Brasil, Australia, Chile, Estados Unidos), muestran qué políticas ayudaron a formar proveedores locales. Proponen, además, que el empleo ocupe el centro de la estrategia, porque los sectores generadores de divisas no absorberán por sí solos a la fuerza de trabajo. Las condiciones transversales (crédito de largo plazo, infraestructura, estructura tributaria, formación y coordinación entre Nación y provincias) cierran el planteo. 2. Horacio Augusto Pereira, «Capacidades productivas y transformación estructural en Argentina: una agenda frugal para aprovechar lo que ya existe». Aporta el marco conceptual. Su tesis es que el stock de capacidades acumuladas por el país es mayor que el que revela su estructura exportadora: parte de ese conocimiento persiste, latente o fragmentado, en empresas, trabajadores e instituciones, y puede recombinarse ante nuevas demandas. De allí la noción de opcionalidad productiva y la distinción entre enclave y ecosistema, que depende de lo que queda instalado alrededor del recurso. Pereira analiza dos condiciones que hacen posible el proceso: una macroeconomía que dé tiempo al aprendizaje y un entramado institucional y territorial que coordine, en un país donde las provincias son dueñas de los recursos naturales. Presenta la restricción fiscal como una disciplina que obliga a privilegiar instrumentos de bajo costo: reglas claras, plataformas público-privadas, datos abiertos e incentivos condicionados a resultados verificables. 3. Bernardo Kosacoff, «Una política productiva basada en capacidades para la Argentina». Parte del mismo enfoque y lo traduce en una propuesta de política. Sostiene que consolidación macroeconómica y transformación 5
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productiva son procesos complementarios y se retroalimentan, y distingue dos articulaciones: macro–micro, que crea el horizonte para invertir, y micro–micro, que difunde el aprendizaje desde las empresas líderes hacia proveedores, PyMEs y territorios. Propone cinco misiones productivas (energía, minería, agroindustria, salud y sistemas tecnológicos complejos), doce instrumentos transversales, una arquitectura institucional ágil, financiamiento por capas ligado a hitos de aprendizaje y un sistema de evaluación con cláusulas de salida. Aclara, además, que no desarrolla la política hacia la informalidad, que requiere una agenda específica.
Pereira y Kosacoff son dos textos que se leen mejor asociándolos Los artículos de Pereira y Kosacoff son complementarios y conviene leerlos en secuencia. Pereira lo señala expresamente en una nota de complementariedad: él desarrolla el marco conceptual y las condiciones macroeconómicas, territoriales e institucionales; Kosacoff, los instrumentos, la arquitectura institucional y el financiamiento. Kosacoff, por su parte, se apoya en el trabajo de Pereira para su enfoque de capacidades. Comparten el diagnóstico: la estructura productiva visible subestima las capacidades acumuladas, que sobreviven al declive del sector que las originó; la transformación no copia el patrón industrial del pasado ni parte de cero; importan las intersecciones entre capacidades y demandas, no la elección de «sectores ganadores»; los grandes proyectos son demanda y aprendizaje, no solo divisas, y de ahí el riesgo de enclave; la oposición entre recursos naturales e industria, o entre mercado interno y exportaciones, es un falso dilema; la estabilidad es el horizonte del aprendizaje y las crisis destruyen capacidades; la restricción externa también limita el aprendizaje, porque a veces hay que importar para aprender; y la política debe basarse en bienes públicos, coordinación público-privada, apoyo condicionado y decreciente, y evaluación por capacidades instaladas, incluida la inversión extranjera. Las diferencias son de énfasis y de nivel de desarrollo. Pereira es más conceptual y más «frugal»: pone el acento en la restricción fiscal como criterio de diseño, en el federalismo (la fragmentación entre provincias y la compe6
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tencia por exenciones) y en las lecciones de Noruega y Australia. Kosacoff es más operativo: formaliza el circuito virtuoso entre estabilidad, inversión, aprendizaje, divisas y empleo formal, propone misiones, instrumentos, organismos (una unidad de estrategia productiva, un observatorio de capacidades, consorcios por misión) y fuentes de financiamiento, y pone la heterogeneidad productiva y la evaluación en el centro. Uno ofrece la lente; el otro, el plan de obra. 4. Fernando Couto, «Economía circular y su potencial de crecimiento económico para la Argentina, con foco en la foresto-industria». Lleva la discusión a un caso concreto. A partir de una cadena mayoritariamente PyME, con un núcleo de grandes empresas, Couto muestra que la circularidad depende de la escala: las empresas integradas ya valorizan sus subproductos; los aserraderos pequeños carecen del volumen, el capital y los contratos para hacerlo. Por eso la economía circular no corrige por sí sola la heterogeneidad estructural, sino que incluso puede ampliarla. Analiza el RIGI desde esa estructura dual y propone medidas de bajo requerimiento fiscal: polos asociativos de subproductos, cupos de construcción con madera en la vivienda pública, criterios circulares y de encadenamiento en los grandes proyectos, financiamiento de escala PyME, información y trazabilidad como bienes públicos, y mesas provinciales de bioeconomía forestal. 5. Armando De Angelis, «Inteligencia artificial y desarrollo inclusivo en Argentina: roles, requisitos institucionales y restricción fiscal». Organiza las exposiciones del nadIA Summit 2026 (CEPE-UTDT y Fundar) en torno a dos preguntas: qué papel puede cumplir la IA en un desarrollo inclusivo y qué requiere su adopción. La restricción principal no es tecnológica, sino de absorción: calidad y gobierno de los datos, intermediarios que adapten las herramientas a las empresas, cultura organizacional, regulación previsible e infraestructura energética y de cómputo. El autor, que elabora por cuenta propia el análisis fiscal, ordena los instrumentos según su exigencia presupuestaria: datos, normas, compras públicas orientadas a soluciones locales y pruebas piloto con evaluación previa; endeudamiento para infraestructura con retorno verificable; y contrapartidas locales, en lugar de incentivos sin exigencias, para atraer centros de datos. 7
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6. Romy Calderón Alcas, Javier Carbajal Galarza, Kevin Fiestas García y Nataly Lago Berrocal (ALIDE), «Instituciones financieras de desarrollo y restricción fiscal: movilizar inversión sin ampliar el gasto público». Cierra el dossier con la pregunta financiera. A partir del documento Innovar, Invertir, Incluir de ALIDE, los autores sostienen que las instituciones financieras de desarrollo deben evaluarse por su capacidad de modificar la estructura de riesgos, preparar proyectos y movilizar capital privado, y no por el volumen de crédito colocado. Clasifican los instrumentos (crédito de largo plazo, garantías, primeras pérdidas, financiamiento combinado, fondos de coinversión, bonos temáticos, asistencia técnica) según su costo fiscal y su capacidad de apalancamiento, y advierten que el costo de las garantías no desaparece: se difiere. Proponen medir la adicionalidad, tarificar y provisionar el riesgo, separar las operaciones de política de las comerciales y revisar periódicamente los programas de apoyo.
LO QUE UNE A LOS ARTÍCULOS La restricción fiscal como criterio de diseño. Los seis textos la toman como punto de partida, no como excusa para la inacción. Pereira habla de una disciplina que obliga a priorizar instrumentos de bajo costo y alto impacto; De Angelis ordena las medidas por exigencia presupuestaria; ALIDE se pregunta cómo lograr más inversión por unidad de recurso público; Couto y Kosacoff acotan el apoyo estatal y lo condicionan a resultados. El riesgo de enclave y la importancia de los encadenamientos. Alfie y Hecker, Pereira y Kosacoff advierten que la expansión energética y minera puede quedar aislada del resto de la economía. Couto lo observa en la foresto-industria y en el RIGI; De Angelis (basado en las exposiciones del nadIA Summit 2026) lo traslada a los centros de datos tipo “colocation”. En todos los casos, la respuesta es desarrollar proveedores y capacidades alrededor de los grandes proyectos. Heterogeneidad y difusión. Kosacoff, Couto y Alfie y Hecker coinciden en que la productividad no se difunde sola: conviven empresas de frontera 8
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y un amplio segmento de PyMEs con brechas de escala, financiamiento y tecnología. La política tiene que conectar ambos mundos. Bienes públicos, datos y demanda pública. Datos abiertos y mapas de capacidades (Pereira, Kosacoff), cuenta de flujos de biomasa y trazabilidad (Couto), gobierno de datos (De Angelis/nadIA Summit 2026) y preparación de proyectos (ALIDE) son, en el fondo, el mismo tipo de intervención. Algo similar ocurre con las compras públicas como demanda que ordena el aprendizaje, en Kosacoff, Couto y De Angelis/nadIA Summit 2026. Coordinación entre niveles de gobierno y entre sectores. Nación y provincias aparecen como un problema común en Alfie y Hecker, Pereira, Couto, De Angelis/nadIA Summit 2026 (estándares comunes para el nivel subnacional) y ALIDE (asistencia a municipios). Evaluación, hitos y salida. Kosacoff, ALIDE, De Angelis/nadIA Summit 2026 y Couto insisten en definir métricas de antemano, medir adicionalidad y retirar los apoyos que no funcionan.
LOS MATICES Y LAS TENSIONES Los textos de los artículos de la revista no son monocordes. Un primer contraste es de alcance: Alfie y Hecker ponen el empleo de calidad, incluidas actividades como la construcción, el turismo y los cuidados personales, en el centro de la agenda, mientras que Kosacoff delimita su propuesta a las misiones de mayor demanda y aprendizaje, y reconoce que la formalización exige una agenda propia. De Angelis/nadIA Summit 2026, por su parte, advierte que la IA podría traducirse más en precarización que en desempleo abierto. Un segundo contraste es el del contenido local. Alfie y Hecker examinan con interés la experiencia brasileña de exigencias mínimas, aunque señalan que fue cuestionada; Kosacoff advierte sobre el error de exigir contenido local sin atender a la escala, la productividad y el aprendizaje, y propone 9
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medir capacidades competitivas, no porcentajes de compra nacional; Couto analiza las limitaciones de la cláusula de proveedores del RIGI. También difiere la mirada sobre las grandes inversiones. Para Alfie y Hecker, el RIGI plantea una oportunidad y un desafío de encadenamientos; Kosacoff lo presenta como un test de la estrategia de capacidades; Couto lo examina desde la estructura dual de una cadena concreta y propone complementarlo con criterios de economía circular y de proveedores. Otro matiz está en el tratamiento del costo fiscal. Pereira, De Angelis y Couto privilegian instrumentos de gasto reducido, mientras que ALIDE recuerda que los instrumentos aparentemente gratuitos, como las garantías, generan pasivos contingentes que deben medirse y provisionarse. La propuesta de financiamiento por capas de Kosacoff, que combina banca de desarrollo, organismos multilaterales y mercado de capitales, se ubica en ese terreno. Por último, difieren las escalas de análisis: nacional en Kosacoff, territorial y federal en Pereira y Couto, regional en De Angelis/nadIA Summit 2026 y ALIDE, con un énfasis en la cooperación entre países de América Latina que los restantes artículos no desarrollan.
PARA CERRAR Los seis artículos no ofrecen una receta única, sino un conjunto de criterios compartidos: apoyarse en lo que el país ya sabe hacer, convertir la demanda de los grandes proyectos en aprendizaje local, coordinar en lugar de multiplicar programas, financiar según el riesgo y la etapa, y evaluar para corregir. Con esos criterios, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires busca aportar a los profesionales matriculados y al público en general elementos para un debate que, más allá de las coyunturas, seguirá siendo central para el desarrollo argentino.
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Índice de artículos Desarrollo productivo inclusivo: una agenda posible para la Argentina 13 Capacidades productivas y transformación estructural en Argentina 28 Una política productiva basada en capacidades para la Argentina 45 Economía circular y su potencial de crecimiento económico para la Argentina, con foco en la foresto-industria
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Inteligencia artificial y desarrollo inclusivo en Argentina: roles, requisitos institucionales y restricción fiscal
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Instituciones financieras de desarrollo y restricción fiscal: movilizar inversión sin ampliar el gasto público
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n Martín Alfie Jefe de Área de Desarrollo Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Licenciado en Economía (UBA). Maestría en Finanzas (Universidad Torcuato Di Tella). Responsable del área de Desarrollo Federal en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Colaboración con las provincias argentinas en la creación y ejecución de políticas productivas innovadoras.
Desarrollo productivo inclusivo: una agenda posible para la Argentina
Prioridades, instrumentos y acuerdos para desplegar el potencial productivo del país
n Julián Hecker Licenciado en Economía (UBA), Maestría en Relaciones Económicas Internacionales (UBA). Docente de microeconomía en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Consultor independiente y asesor financiero en Vectorial Consultores. Especialista en desarrollo productivo. Colabora con la vinculación institucional de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).
Contenido Resumen 14 1. Subirnos al tren 14 2. Los fundamentals productivos 17 2.1. Recursos naturales con encadenamientos 17 2.2. Agrobioeconomía: conocimiento sobre la plataforma agrícola 22 2.3. Sectores de alto contenido tecnológico 23 2.4. Empleo de calidad: la pieza más importante 23 3. En conclusión 24 Referencias 26
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Resumen
1. Subirnos al tren
La Argentina arrastra problemas económicos, políticos e institucionales profundos, pero conserva una base de recursos y capacidades acumuladas que permite mirar el mediano plazo con optimismo, siempre y cuando seamos capaces de aprovechar las oportunidades. Este artículo identifica cuatro piezas del rompecabezas productivo argentino: los recursos naturales con encadenamientos, la agrobioeconomía, los sectores de alto contenido tecnológico y las actividades intensivas en empleo de calidad. Ninguna de ellas se despliega sola. La producción argentina compite con países que realizan políticas industriales activas y poseen financiamiento abundante, sobre un mercado interno reducido y volátil, con una estructura impositiva que castiga a los bienes que integran más etapas de transformación y sin crédito de largo plazo. Argentina puede aprovechar una agenda en torno a la agrobioeconomía, los sectores de alto contenido tecnológico y las actividades intensivas en empleo de calidad. En el caso de los recursos del subsuelo, cuyas exportaciones están reconfigurando el perfil exportador del país, el riesgo latente es que se configure una explotación de enclave, de escaso impacto sobre el empleo y con débiles encadenamientos aguas arriba y aguas abajo. Para prevenir esto, la experiencia internacional muestra el éxito de distintas políticas federales y subnacionales que permitieron corregir y superar barreras tales como la escasez de mano de obra, el acceso al financiamiento, la coordinación entre oferta y demanda o la innovación y el desarrollo de productos y soluciones.
La Argentina acumula una serie de problemas políticos, económicos e institucionales profundos, difíciles de resolver y que exigen la atención de diversos frentes. Sin embargo, con una mirada en el mediano y largo plazo existe una base de recursos y capacidades acumuladas, los “fundamentals productivos” del país, que nos permiten tener una mirada optimista sobre el futuro. En otras palabras, “la base está”. Para retomar la senda del desarrollo y desplegar el potencial, creemos que es necesario alcanzar algunos acuerdos básicos y una hoja de ruta común.
Palabras clave: desarrollo productivo; política industrial; restricción fiscal; empleo de calidad; encadenamientos productivos; financiamiento del desarrollo; investigación y desarrollo.
Desde hace más de una década el producto por habitante se encuentra estancado, la inversión se mantiene en niveles insuficientes para expandir la capacidad productiva y la estructura del empleo se deteriora. En ese período el país osciló entre esquemas de protección y episodios de apertura sin lograr construir una estrategia productiva sostenida, de modo que cada cambio de orientación encontró a las empresas adaptándose al ciclo político antes que a la competencia internacional. El resultado es un ecosistema productivo que conserva capacidades valiosas pero que no logra prosperar: no alcanza la escala que le permitiría competir, no accede al financiamiento que le permitiría invertir y no opera sobre un mercado que le dé previsibilidad. Nuestro país tiene por delante el potencial de armar un rompecabezas productivo capaz de combinar crecimiento, generación de divisas, aumento de productividad y empleo de calidad. No es sencillo ni va a ocurrir por arte de magia: requiere una agenda de desarrollo sostenida en el tiempo, articulada entre el Estado y el sector privado y, sobre todo, respaldada por acuerdos políticos básicos.
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Empecemos por lo sectorial. La primera pieza de ese rompecabezas probablemente sea la más evidente: Vaca Muerta ya está modificando estructuralmente la restricción externa argentina. Algo parecido probablemente pase con la minería en los próximos años. El desafío es poder afianzar a un grupo representativo de proveedores tecnológicos, industriales y de servicios locales, e impulsar nuevos encadenamientos aguas abajo para que su impacto sobre el desarrollo pueda ser mucho mayor y más duradero. La segunda pieza es la agrobioeconomía. Argentina tiene una ventaja productiva extraordinaria en el agro, pero todavía existe un espacio enorme para agregar conocimiento y valor sobre esa plataforma. Biotecnología, genética, proteína animal, bioinsumos, agtech, alimentos sofisticados, biomateriales y transformación industrial deben ser parte central de la agenda de política del sector. La tercera pieza son los sectores de alto contenido tecnológico, en donde Argentina todavía conserva recursos humanos calificados y capacidades empresariales, industriales y científicas relevantes. Hay oportunidades concretas en sectores como la industria automotriz y su reconversión tecnológica, farmacéutica y biotecnología, software y servicios globales, bienes de capital y, en determinados nichos, tecnología nuclear y “new space”. Hay que lograr que estas capacidades sobrevivan, se adapten y se integren globalmente, algo que es muy desafiante en el mundo de hoy. La cuarta pieza es quizás la más importante para la calidad de vida de la amplia mayoría de la población: el empleo de calidad, que tiene que estar en el centro de cualquier estrategia de desarrollo. Los sectores que generan divisas y tecnología son
fundamentales, pero no van a absorber por sí solos a una parte suficiente de la población. Por eso necesitamos también políticas productivas deliberadas sobre actividades intensivas en empleo, desde la construcción y distintas ramas industriales “tradicionales” hasta el turismo, los cuidados y la salud, incluyendo medidas para elevar la productividad y formalizar actividades que hoy son parte de la denominada economía popular. Cada una de estas piezas requiere políticas sectoriales específicas. Pero una parte importante del partido se juega en las condiciones habilitantes transversales. La industria es el ámbito donde se concentran la innovación (explica alrededor de la mitad del gasto empresarial en I+D en Argentina), los encadenamientos y los empleos de mayor calificación. No es un bloque homogéneo. Conviven en ella empresas competitivas internacionalmente con otras cuya oferta recibe mucha más presión importadora, algo a poder distinguir desde una política seria para el sector. Por otra parte, las condiciones en las que la producción argentina compite con las de otros países son desfavorables en algunos aspectos importantes. Una empresa que produce en Argentina compite con producciones realizadas en países que despliegan políticas industriales activas, una amplia oferta de financiamiento, en algunos casos subsidiado y que, a veces, cuentan con escalas muy superiores. En comparación con los grandes centros de consumo, el mercado interno argentino es reducido y volátil, en tanto que la distancia de los principales mercados mundiales es mayor a la que tienen otros países. La estructura impositiva tampoco promueve la actividad, porque castiga a la producción de bienes complejos que integran una mayor cantidad de etapas de transformación para llegar al producto final. 16
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2. Los fundamentals productivos El rompecabezas productivo actual de la Argentina muestra numerosas incógnitas pero, al mismo tiempo, deja ver que una vez más se nos presentan oportunidades a las que conviene prestarle atención. En este sentido, identificamos cuatro piezas que tienen el potencial para contribuir a la generación de divisas, producir innovación y crear empleo de calidad, además de densificar los encadenamientos con otras actividades. Las distorsiones y dificultades del contexto argentino exigen, para poder aprovecharlas, que tengamos una estrategia activa consensuada y sostenible en el tiempo, que ayude a superar las barreras actuales a las que se enfrenta la producción.
2.1. Recursos naturales con encadenamientos La primera pieza es la más evidente. Vaca Muerta ya tiene efectos sobre la restricción externa. En 2025 las exportaciones de combustibles y energía crecieron 13,9% hasta USD 10.931 millones y el saldo comercial del capítulo de combustibles pasó de USD 4.461 millones en 2024 a USD 6.663 millones. La minería, de a poco, sigue una trayectoria similar. Las exportaciones alcanzaron USD 5.904 millones en 2025 (+19,2%), impulsadas por el oro y la plata (83% del total) y por el litio, cuyas ventas externas crecieron 40,3%. A mediados de este año existía una veintena de proyectos RIGI aprobados por más de USD 46.000 millones, concentrados en hidrocarburos, minería, energía e infraestructura (Ministerio de Economía)1. El panorama en estas dos cadenas de valor va en el mismo sentido, con una serie de inversiones proyec-
1- Datos del sitio oficial del RIGI (Ministerio de Economía), consultado en septiembre de 2026.
Gráfico 1. Exportaciones de hidrocarburos y minería: 2025 y proyecciones a 2035 (millones de USD)
Fuente: elaboración propia sobre datos de INDEC, Secretaría de Minería, CEPH y las proyecciones citadas en el texto. La proyección de hidrocarburos corresponde al rango estimado por la CEPH; la de minería, al piso de los análisis citados.
tadas que, de concretarse, generarían un volumen adicional de actividad y, sobre todo, de exportaciones. Un escenario plantea que la explotación de hidrocarburos en el país puede pasar de 580 pozos activos en 2026 a 1.260 en 2035. Eso implica la realización de inversiones muy importantes en equipamiento, pero también un mayor gasto continuo en servicios, equipos e insumos para la operación diaria, varios de los cuales ya se proveen con mano de obra e industria nacional. En este sentido, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) estima que para 2035 las exportaciones de hidrocarburos pueden alcanzar entre USD 28.000 millones y USD 53.000 millones y la balanza energética puede alcanzar un superávit de USD 23.000 a USD 48.000 millones. En la misma línea, la minería proyecta inversiones de más de USD 37.000 millones entre 2026 y 2035, que se explican en buena medida por la aparición de distintos proyectos para la explotación de cobre. La producción de cobre fino en Argentina puede pasar desde un nivel prácticamente nulo en la actualidad a 1,36 millones de toneladas para 2035. Siguiendo la tendencia actual, algunos análisis proyectan que las exportaciones mineras pasen desde los USD 5.904 millones en 2025 hasta más de USD 25.000 millones para 20352. 2- Secretaría de Minería de la Nación, 2025. www.argentina. gob.ar/sites/default/files/balance_cambiario_2025_0.pdf.
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Estos valores, por sí solos, representan un hito importante en la historia económica argentina. Por primera vez el agro deja de ser el gran sector exportador nacional para compartir su lugar con otros dos rubros de origen extractivo. Para tener un orden de magnitud, en 2025 los principales dos complejos agroexportadores, el oleaginoso (soja y sus derivados, girasol, maní) y el cerealero (maíz, trigo, cebada) sumaron exportaciones por USD 36.716 millones. Esta nueva configuración de los sectores exportadores argentinos va a colaborar ampliamente con la relajación de la restricción externa que durante tanto tiempo marcó los límites del crecimiento. Sin embargo, aun si estas proyecciones se hicieran realidad el desarrollo económico no estaría garantizado. Si bien el sector de petróleo y gas es aquel que tiene el mayor multiplicador de empleo de toda la economía (genera 5,1 puestos de trabajo adicionales por cada puesto que se crea en el sector), sigue siendo un sector de bajo impacto en la generación de empleo. Algo similar pasa con la minería (en donde cada puesto generado implica la creación de 0,8 más)3. El riesgo latente es que la explotación de recursos del subsuelo se configure en forma de enclave y no logre generar relaciones y valor agregado aguas arriba y aguas abajo, en otros sectores de la economía. Este tipo de explotación de enclave existe en varios países del mundo (por ejemplo con la explotación petrolera en Angola y Nigeria) y su efecto inmediato es la generación de una economía con dos zonas muy separadas y desiguales, una muy reducida, de altos ingresos asimilables a los de los países ricos y otra grande de muy bajos ingresos, que tiene muy poca relación con la primera. 3-CEPXXI. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/dt_9_-_la_densidad_de_la_estructura_productiva_y_el_empleo_2.pdf. Estimaciones de otras fuentes señalan que para 2035 el empleo indirecto podría llegar a 2 empleos indirectos por cada directo; ver Revista Proyección Económica N°23, artículo “La minería argentina y su efecto multiplicador” página 19, ítem 4 “Empleo y Desarrollo Regional” página 26: https://issuu. com/consejocaba/docs/proyecci_n_econ_mica_marzo_2026.
Un punto adicional es que, además de ser agotables, tanto la explotación minera como la petrolera son altamente dependientes de la demanda internacional y suelen ser muy elásticas (reaccionan muy rápidamente) ante los cambios que sufre la rentabilidad de la actividad por las modificaciones del precio internacional o de los costos internos. En este sentido, el desafío que tenemos por delante está en saber aprovechar la oportunidad para desarrollar cadenas de valor fuertes, que permitan incrementar el valor agregado de forma local, realizar más acciones de investigación y desarrollo, generar aún más empleo de calidad alrededor de estos sectores y consolidar un conjunto de empresas competitivas y exportadoras de bienes y servicios para el petróleo y gas y la minería. En la actualidad, la oferta nacional encuadra su competitividad en un conjunto de reglas que favorecen la importación con aranceles reducidos o, como en el caso del RIGI, con una alícuota 0%, con una red muy reducida de iniciativas de apoyo al desarrollo de productos y la mejora de procesos (las pocas acciones que existen son llevadas a cabo, para grupos selectos, por las propias empresas operadoras y por algunos gobiernos provinciales) y altos costos e incertidumbre a la hora de acceder al financiamiento. Siempre conviene mirar el recorrido de otros países para tener más elementos a la hora de revisar el nuestro. Australia es un caso paradigmático en cuanto al desarrollo de la cadena de valor minera. No sólo es un gran exportador de productos mineros, sino que también logró desarrollar un sector de proveedores para la minería fuerte, que exporta casi tanto como la propia actividad extractiva, además de aportar más de un 10% del PBI australiano, un valor similar al de la propia minería. El desarrollo del sector es relativamente reciente, tomó fuerza recién a principio de este siglo. Lo logró, fundamentalmente, gracias a contar con tres condiciones. Por un lado, empresas mineras de origen australiano que siempre 18
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miraron hacia adentro a la hora de encontrar soluciones. Por otro, la disponibilidad de mano de obra calificada. En tercer lugar, el apoyo permanente, sin interrupciones, de una red de instituciones y un importante volumen de financiamiento destinado a la investigación y el desarrollo. A la hora de pensar lo que viene para la Argentina, un diagnóstico que hacemos es que hay desafíos pendientes en estos tres grandes puntos y conviene empezar a poner en marcha estrategias al respecto. Un cuarto aspecto fundamental es resolver el costo y la disponibilidad de financiamiento, tanto para inversiones como para capital de trabajo, incluido el componente de incertidumbre sobre la tasa real. Muchos otros países usaron políticas activas para atacar distintas barreras en la formación de sus cadenas de proveedores. En la región, la experiencia de mayor peso fue la del desarrollo de la cadena de valor petrolera en Brasil a partir de la explotación del petróleo offshore desde 2010. Brasil tuvo una política muy agresiva mediante distintas herramientas, que tuvo como eje la obligación para los proyectos de explotación de alcanzar contenidos mínimos locales. A la vez, utilizó la banca de desarrollo para proveer de financiamiento barato y a otras instituciones que se ocuparon de asegurar la formación de mano de obra. Petrobras tuvo un rol central, asegurándose de velar por el cumplimiento de estas exigencias. Si bien una parte de los resultados estuvieron cuestionados, en parte, por los sobreprecios denunciados en la causa Lava Jato, Brasil logró en pocos años desarrollar de manera exitosa la producción de petróleo (alcanzó por primera vez la soberanía energética y se convirtió en una potencia exportadora, con un monto superior al de las exportaciones de soja) y una red de nuevos proveedores (por ejemplo, en el sector naval el empleo creció desde 5.600 empleados en el año 2000 hasta 55.000 trabajadores en 2025).
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Experiencias internacionales de políticas para el desarrollo de la cadena de valor en sectores extractivos
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Si bien tenemos numerosos desafíos por delante, no partimos de cero. Aunque hay un camino para recorrer, Argentina ya cuenta con una cadena de proveedores tecnológicos, metalmecánicos, químicos y de servicios que abastecen al petróleo y gas no convencional y, en menor medida, a la minería, cumpliendo con estándares exigentes y empleando a mano de obra calificada. La existencia de estos proveedores es producto, en su mayoría, de décadas de explotación vinculada al petróleo convencional, en épocas en las que comprar en el exterior era más costoso y lento. Pese al aumento de la presión importadora de los últimos años, muchos de estos proveedores supieron sostener su posición gracias a la acumulación de capacidades que les permiten ser confiables, poder ofrecer soluciones a medida y tener rápida capacidad de posventa. Sobre esta base Argentina puede apalancar a su sector de proveedores para Vaca Muerta y la minería. Además, hay otro eslabón en el que Argentina cuenta con ventajas y grandes oportunidades, esta vez aguas abajo: la petroquímica. El desarrollo de la explotación de gas natural, acompañado de la inversión en obras de transporte mejora la posición de la industria petroquímica nacional, tanto por la mayor disponibilidad del recurso (un recurrente cuello de botella en el sector) como por la proyección a la baja en el precio de venta del gas en el mercado interno. La petroquímica permite multiplicar varias veces el valor agregado del gas y generar una gama de subproductos que se usan en distintos ámbitos y que son altamente exportables. El metanol y la urea agregan tres veces el valor del GNL, mientras que la resina polietileno y polipropileno agregan entre 5 y 8 veces ese valor4. Es otro sector que cuenta con densidad empresarial (representa más del 4% del PBI y emplea a más de 60 mil personas) y que tiene 4- CIQYP en https://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/ Reorganizacion/mesa_vaca_muerta/submesas/sub_mesa_4/2/ submesa_4_ciqyp_la_industria_petroquimica_2030_summary_ agosto_2019.pdf
la posibilidad de transformar la renta de los recursos en capacidades productivas duraderas. En este caso será clave el acompañamiento con la generación de infraestructura y la continuidad y puesta en marcha de nuevos programas educativos de formación de mano de obra especializada.
2.2. Agrobioeconomía: conocimiento sobre la plataforma agrícola La segunda pieza que elegimos destacar es el complejo agroindustrial. En 2025, las manufacturas de origen agropecuario (USD 30.467 millones) y los productos primarios (USD 22.144 millones) explicaron cerca del 60% de las exportaciones de bienes. La capacidad productiva es notable, pero el espacio para agregar conocimiento y valor sobre esa plataforma sigue siendo enorme. La cadena del maíz es ilustrativa: con una producción cercana a los 70 millones de toneladas y el tercer lugar entre los exportadores mundiales, la Argentina transforma localmente alrededor de un tercio de su cosecha, frente a cerca de dos tercios en Brasil y más de cuatro quintos en Estados Unidos; cada punto de transformación adicional en proteína animal, bioetanol, alimentos y biomateriales genera empleo e inversión en el interior del país (Alfie y Varona, 2026). El crecimiento de la producción de proteína animal requiere de la incorporación de tecnología que permita mejorar los rindes. Para esto el mercado ofrece distintas soluciones como las tecnologías 4.0 para el agro, la genética animal y la difusión de bioinsumos aplicados a la ganadería. En un contexto de apreciación cambiaria y altos costos del financiamiento, el apoyo del Estado es una pata fundamental para que esta transformación pueda suceder. Por otro lado, el sector semillero muestra que muchas de las restricciones son regulatorias antes que 22
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fiscales. Entre 70% y 80% de los productores de cultivos autógamos no acredita el origen legal de la semilla y apenas 19% de la superficie de soja utiliza semilla fiscalizada; desde 2000 los rendimientos del maíz crecieron 42% y los del trigo 29%, pero los de la soja solo 12%, un rezago vinculado a la débil apropiabilidad de la inversión en mejoramiento genético (Wahren y Brizuela, 2026). Un marco que combine control efectivo del origen legal, segmentación por tamaño de productor, protección de variedades esencialmente derivadas y reinversión de regalías en investigación puede destrabar innovación y exportaciones con un costo fiscal prácticamente nulo. Biotecnología, genética, bioinsumos, proteína animal, alimentos diferenciados y biomateriales deben formar parte central de la agenda.
2.3. Sectores de alto contenido tecnológico La tercera pieza está integrada por sectores en los que la Argentina conserva recursos humanos calificados y capacidades empresariales, industriales y científicas relevantes: la industria automotriz y su reconversión tecnológica, la farmacéutica y la biotecnología, el software y los servicios basados en conocimiento, los bienes de capital y, en nichos específicos, las tecnologías nuclear y espacial. Ninguno de ellos tiene garantizada la supervivencia, como ilustra, cada vez más, la brecha de inversión automotriz que separa hoy a la Argentina de Brasil. En estos sectores el desafío no es crear capacidades desde cero sino lograr que las existentes sobrevivan, se adapten y se integren globalmente. La experiencia del sector espacial ilustra el tipo de capacidades en juego. El microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE en pocos meses con la participación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioas-
tronomía y empresas privadas, e invitado a integrar la misión Artemis II de la NASA, muestra que el país dispone de talento y de una red institucional capaz de coordinar proyectos complejos, cuya consolidación depende de continuidad, inversión y formación de recursos humanos. Son capacidades que tardan décadas en construirse y muy poco en perderse.
2.4. Empleo de calidad: la pieza más importante La cuarta pieza es la más relevante para la calidad de vida de la mayoría de la población. Los sectores que generan divisas y tecnología son fundamentales, pero no van a absorber por sí solos a una parte suficiente de la fuerza de trabajo. Por eso una estrategia de desarrollo inclusivo necesita políticas productivas deliberadas sobre actividades intensivas en empleo: la construcción, distintas ramas industriales tradicionales, el turismo, los cuidados y la salud, así como medidas para elevar la productividad y formalizar las actividades que hoy integran la denominada economía popular. La OIT advierte que el trabajo informal en la región tiende a concentrarse en ocupaciones de menor productividad y mayor precariedad (OIT, 2025), de modo que productividad y calidad del empleo son, en estos sectores, dos caras del mismo problema. En este sentido, es interesante la mirada de Rodrik y Stantcheva (2021) y Rodrik (2022), que sostienen que el problema de los “buenos empleos” no puede resolverse únicamente con redistribución ex post ni con la esperanza de que los sectores de frontera derramen sobre el resto: se requiere una política productiva orientada a las empresas y actividades de productividad media, con servicios de extensión, financiamiento condicionado y coordinación que eleven simultáneamente la productividad y la calidad del empleo. En un país con 43% de informalidad, con una brecha de empleo de casi cuatro 23
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puntos porcentuales entre regiones y con una desocupación juvenil de alrededor del 15% (INDEC), y en el que el empleo asalariado registrado del sector privado viene retrocediendo mientras crece el trabajo por cuenta propia (Secretaría de Trabajo, 2026; CEPA, 2026), esa agenda es inseparable de la educación y la formación para el trabajo, que deben diseñarse dentro de un entramado de derechos y con diagnósticos productivos territoriales, y no como una responsabilidad exclusivamente individual de los trabajadores (Menga, 2026).
3. En conclusión La Argentina tiene una oportunidad poco frecuente. La expansión de la energía y la minería puede aportar divisas e inversiones durante años, mientras el agro, la industria y el sistema científico conservan capacidades sobre las que construir nuevas actividades. Hay trabajo concreto en cada frente: desarrollar proveedores para las grandes inversiones, agregar conocimiento sobre la producción agropecuaria, sostener la reconversión de sectores tecnológicos y elevar la productividad de las actividades que emplean a la mayor parte de la población. Pero esas agendas sectoriales se encuentran con problemas comunes. La falta de crédito de largo plazo limita la inversión, la infraestructura encarece la producción, la estructura tributaria penaliza los procesos con más etapas y la inestabilidad vuelve difícil planificar. A eso se suma la necesidad de formar trabajadores para demandas productivas que cambian y de coordinar decisiones entre Nación y provincias. Mejorar estas condiciones beneficia a empresas y sectores muy distintos entre sí; por eso debería ocupar un lugar central en cualquier acuerdo sobre desarrollo productivo.
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Cuatro piezas del rompecabezas productivo argentino
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No se trata de resolver todo al mismo tiempo. Una agenda sostenida puede empezar por inversiones en infraestructura bien identificadas, instrumentos de financiamiento ligados a proyectos concretos, una reforma tributaria que reduzca distorsiones sin desfinanciar a las provincias y programas de formación conectados con la demanda de cada territorio. La base productiva existe. Para ampliarla y traducirla en mejores empleos hacen falta prioridades, acuerdos y, sobre todo, continuidad.
para la Producción XXI.
Referencias
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Misión Productiva (2025). Diálogo productivo con Nicolás Valentín Conde, primer ingeniero espacial argentino. Misión Productiva, 9 de noviembre de 2025. Murguía, D., Marín, A., Delbuono, V. y Freytes, C. (2023). Desarrollo de proveedores para el sector minero: desafíos institucionales y lineamientos estratégicos de política. Buenos Aires: Fundar.
Rodrik, D. (2022). An Industrial Policy for Good Jobs. The Hamilton Project, Policy Proposal 202204. Washington, D.C.: Brookings Institution. Rodrik, D. y Stantcheva, S. (2021). Fixing capitalism’s good jobs problem. Oxford Review of Economic Policy, 37(4), 824-837. Wahren, P. y Brizuela, G. (2026). Más allá de UPOV 91: una estrategia productiva para el sector semillero. Misión Productiva, 8 de septiembre de 2026.
Hidalgo, F. y Alfie, M. (2026). Este partido sí lo gana Brasil: recibe 17 veces más inversiones automotrices que Argentina. Misión Productiva, 5 de julio de 2026. Menga, M. (2026). Repensar la educación para el trabajo en contextos de desigualdad territorial. Misión Productiva, 25 de febrero de 2026. Ministerio de Economía (2023). Argentina Productiva 2030. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico. Buenos Aires: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, Centro de Estudios 26
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n Horacio Augusto
Pereira
Licenciado en Comercio Internacional, Magíster en Políticas Públicas y en Economía Internacional. Investigador y Fellow del CIG de la Universidad Austral. Especializado en desarrollo productivo, geoeconomía e inserción externa, con publicaciones académicas y de divulgación sobre la materia.
Capacidades productivas y transformación estructural en Argentina
Una agenda frugal para aprovechar lo que ya existe
Contenido Resumen 29 1. La brecha entre lo que se produce y lo que se sabe producir
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2. Capacidades, opcionalidad y ecosistemas
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3. Diez trayectorias de acumulación
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4. La estabilidad como tiempo de aprendizaje
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5. Coordinación, territorio y restricción fiscal
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6. Reflexiones finales
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Referencias
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Resumen La Argentina entra en una fase de transformación productiva impulsada por la energía, la minería, la agroindustria, la biotecnología, los servicios intensivos en conocimiento y las tecnologías digitales. Estas oportunidades suelen leerse desde la ventaja comparativa actual o desde índices de complejidad económica basados en la canasta exportadora. Los dos enfoques tienen límites para capturar el potencial de una economía que atravesó un siglo de acumulación, ruptura y pérdida parcial de capacidades. Este artículo propone otra lectura, apoyada en la noción de capacidades acumuladas. La hipótesis es que el stock de capacidades productivas, tecnológicas y empresariales del país es mayor que lo que sugiere su estructura exportadora (Pereira, 2026a). Buena parte de esas capacidades persiste, latente o fragmentada, en empresas, trabajadores, proveedores, instituciones e infraestructura. Bajo ciertas condiciones, puede transferirse y recombinarse alrededor de nuevas demandas. El trabajo se concentra en dos dimensiones que condicionan ese proceso, las condiciones macroeconómicas e institucionales que permiten o interrumpen el aprendizaje, y las condiciones territoriales e institucionales que lo hacen posible en un contexto de restricción fiscal. La evidencia de comercio exterior del acumulado enero–agosto de 2026, con crecimiento exportador récord y una reconfiguración territorial acelerada, refuerza la relevancia de estas preguntas. La conclusión es que la transformación estructural no exige reconstruir el patrón industrial del pasado ni empezar de cero. Exige identificar qué capacidades sobrevivieron, cuáles pueden transferirse, qué demandas pueden movilizarlas y qué condiciones permiten sostener el aprendizaje en el tiempo.
Palabras clave: capacidades productivas; transformación estructural; desarrollo productivo; restricción fiscal.
Nota de complementariedad Este artículo se complementa con el de Kosacoff (2026), que desarrolla los instrumentos de política, la arquitectura institucional y el financiamiento por capas. Aquí se desarrolla el marco conceptual y las condiciones macroeconómicas, territoriales e institucionales que hacen posible esa política. Tres principios deberían guiar cualquier diseño. Primero, priorizar bienes públicos (información, datos, coordinación) por sobre subsidios directos. Segundo, condicionar el financiamiento a hitos de aprendizaje verificables. Tercero, evaluar por capacidades instaladas y no solo por resultados inmediatos.
1. La brecha entre lo que se produce y lo que se sabe producir El debate sobre el patrón productivo argentino volvió al centro de la escena. Vaca Muerta, la minería del cobre y del litio, la reconstrucción de la petroquímica, el despegue de los servicios intensivos en conocimiento y la digitalización del agro cambiaron el paisaje sobre el que se plantean los dilemas del desarrollo. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué puede hacer una economía con sus recursos cuando ya acumuló un siglo de experiencia y capacidades que no siempre se reflejan en su canasta exportadora? La Argentina no llega a esta etapa como una hoja en blanco. La estructura productiva actual es el precipitado de una historia interrumpida y reiniciada varias veces. Detrás de las estadísticas de exportación de soja, petróleo o litio hay capas de conocimiento que no desaparecieron cuando cerraron las plantas. La 29
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siderurgia formó metalúrgicos, la automotriz construyó redes de proveedores y estándares de calidad, el desarrollo nuclear produjo ingenieros capaces de gestionar proyectos complejos, la fábrica militar de aviones dejó talleres y diseñadores. Que esos sectores hayan perdido peso relativo no significa que el conocimiento acumulado se haya evaporado. En muchos casos, simplemente se volvió latente. La hipótesis de este artículo es directa. La Argentina tiene un stock de capacidades mayor que el que revela su especialización exportadora (Pereira, 2026a). Esas capacidades son parcialmente visibles en empresas, instituciones científicas, infraestructura y rutinas organizativas, pero no son automáticamente utilizables. Requieren demanda para reactivarse, inversión para actualizarse y una macroeconomía que no las interrumpa antes de tiempo. Los datos de comercio exterior del acumulado enero–agosto de 2026 muestran que la brecha se está ampliando, no cerrando. Las exportaciones alcanzaron los 67.248 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 21,4 por ciento, el más alto desde 2021. El superávit comercial fue de 18.249 millones de dólares, un 257,3 por ciento superior al del mismo período de 2025. Pero lo relevante no es la magnitud del superávit, sino su composición. Los Combustibles y Energía crecieron un 48,9 por ciento y las Manufacturas de Origen Industrial un 23,9 por ciento, superando el crecimiento de los Productos Primarios y de las Manufacturas de Origen Agropecuario (INDEC, 2026a). La estructura exportadora no se está reemplazando. Se está ampliando. La literatura suele abordar esta cuestión desde dos ángulos insuficientes. El de la ventaja comparativa es estático, describe lo que un país produce hoy y deduce de allí lo que debería seguir produciendo. El de la complejidad económica es más dinámico, pero mide lo que se exporta, no lo que podría exportarse si las condiciones lo permitieran. Este artí-
culo se apoya en otra tradición, la de las capacidades tecnológicas (Lall, 1992; Bell y Pavitt, 1993), y la reformula para el caso argentino en torno a una pregunta. ¿Qué cosas nuevas puede aprender una economía de lo que ya aprendió? El argumento central es que la transformación estructural no exige elegir entre recursos naturales e industria, ni entre mercado interno y exportaciones. Exige identificar dónde las nuevas demandas pueden encontrarse con las capacidades acumuladas para producir algo que la Argentina todavía no sabe hacer. No se trata de volver al pasado, sino de usarlo.
2. Capacidades, opcionalidad y ecosistemas El desarrollo productivo no se reduce a la dotación de factores. Una economía no es solamente la suma de sus recursos naturales, su capital físico o el nivel educativo de su población. Es, sobre todo, un repositorio de aprendizaje acumulado. Esa acumulación no es lineal ni automática. Adopta la forma de un archivo desordenado donde conviven técnicas que ya no se usan con rutinas que sobreviven en nichos, conocimiento tácito que solo existe en la mente de unos pocos trabajadores y capacidades organizativas que ninguna estadística captura. Cuando un sector se contrae o desaparece, no todo el conocimiento que generó se desvanece al mismo tiempo. Las plantas cierran, pero los ingenieros no olvidan lo que saben, los proveedores no descartan sus herramientas, los procedimientos de calidad no se borran de la memoria de quienes los aplicaron. Esa persistencia es lo que llamo valor residual de las capacidades (Pereira, 2026a). No es una propiedad automática, sino una posibilidad que depende de que exista un contexto donde ese conocimiento vuelva a ser útil. La supervivencia de una capacidad no significa que 30
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esté operativa. Puede estar latente, subutilizada, desactualizada o fragmentada. La noción de capacidad latente no debe confundirse con la mera existencia de calificaciones laborales. Una capacidad productiva completa también requiere maquinaria específica, rutinas organizativas, relaciones con proveedores, sistemas de gestión, infraestructura y, muchas veces, un marco institucional que la sostenga. La literatura sobre el espacio de productos y la complejidad económica mostró que los productos no están aislados (Hidalgo y Hausmann, 2009; Hausmann y Klinger, 2007). La intuición es correcta, pero el indicador mide el resultado, no el proceso. La complejidad exportadora argentina puede haber caído en los últimos años. Eso no prueba que todas las capacidades que alguna vez sostuvieron exportaciones más complejas hayan desaparecido. Puede simplemente probar que esas capacidades no están siendo utilizadas en el sector que las generó. De aquí se deriva una distinción central. La estructura productiva observable no equivale al stock de capacidades. La primera registra lo que se produce hoy. El segundo incluye también lo que se aprendió a producir en el pasado y que, bajo ciertas condiciones, podría volver a producirse o adaptarse a otros fines. Esa brecha es lo que permite hablar de opcionalidad productiva. Una economía no es solo lo que es, sino también lo que podría ser si movilizara sus capacidades latentes (Pereira, 2026a).
(Frenken, Neffke y van Dam, 2023). Pinheiro (2025) advirtió que la relatedness no debe usarse como una camisa de fuerza normativa, porque los procesos de catch-up a menudo requieren saltos hacia actividades menos relacionadas. La recombinación de capacidades no es una simple transferencia de un sector a otro. Es un proceso de integración dinámica donde las capacidades existentes se mezclan con otras nuevas para resolver problemas productivos que antes no existían. Esa integración tiene una condición de posibilidad que suele pasarse por alto, la demanda. Una capacidad latente puede permanecer inactiva durante años hasta que surge un problema productivo que la vuelve relevante. Vaca Muerta, la minería del litio o la expansión de la infraestructura energética no solo generan rentas, generan demandas de ingeniería, metalurgia, químicos, software, mantenimiento y logística. Si esas demandas se satisfacen exclusivamente con importaciones, el aprendizaje local queda limitado. Si se usan para desarrollar capacidades, puede empezar un proceso acumulativo.
La opcionalidad no es un recurso gratuito. Las capacidades se deprecian, las tecnologías cambian, los trabajadores se jubilan, las empresas quiebran. Lo que se observa en la Argentina es una persistencia parcial, desigual y fragmentaria.
¿Dónde ocurre esa recombinación? No en el vacío, sino en espacios concretos que llamo ecosistemas industriales basados en recursos (Pereira, 2026d). Un ecosistema de este tipo es una red funcional y espacialmente integrada de empresas, instituciones y capacidades que emerge alrededor de actividades extractivas y sostiene procesos de aprendizaje, innovación y diversificación. A diferencia de una simple cadena de suministro, un ecosistema se caracteriza por relaciones densas entre firmas, coevolución de tecnologías y habilidades, y la emergencia de instituciones colectivas para la formación, la investigación y la normalización.
La literatura reciente desagregó la noción de relatedness para distinguir entre proximidad de productos y complementariedad de capacidades
Estos ecosistemas suelen tener una estructura en capas. En la base está la extracción primaria. Por encima, los proveedores industriales de equipos y 32
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servicios operativos. Más arriba, los servicios intensivos en conocimiento, como la ingeniería, la geología y el monitoreo ambiental. Luego, la manufactura de bienes de capital especializados. Y en la cima, las capacidades exportables. La emergencia de estos ecosistemas no es automática. Depende de la complejidad tecnológica del sector, de la estructura de mercado y de los marcos institucionales. Requiere
coordinación estratégica entre actores. Los gobiernos pueden catalizar, pero las empresas privadas deben invertir en aprendizaje y construir relaciones de largo plazo. Para el caso argentino, la consecuencia es directa. Vaca Muerta, el litio, el cobre y la agroindustria no son solo fuentes de divisas. Son oportunidades para
Tabla 1. Diez trayectorias de acumulación de capacidades
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aprovechar capacidades preexistentes que hoy están latentes o desaprovechadas, y para desarrollar, a partir de ellas, capacidades nuevas. La pregunta no es cuánto valor agregado se incorpora antes de exportar, sino qué capacidades latentes o desaprovechadas logra movilizar su explotación, y cómo pueden usarse y recombinarse después. La diferencia entre un enclave y un ecosistema no está en el recurso, sino en lo que queda instalado alrededor de él.
De la reconstrucción histórica se desprenden tres conclusiones. La primera es que la supervivencia de una capacidad no implica la del sector que la originó. Una capacidad puede cambiar de contexto. Si solo se observara la participación sectorial en el PBI o en las exportaciones, muchas capacidades construidas durante la industrialización parecerían haber desaparecido. Pero parte de ellas permanece incorporada en empresas, trabajadores, instituciones y proveedores.
3. Diez trayectorias de acumulación
La segunda es que la capacidad productiva de una economía no puede medirse solamente por el peso de sus sectores. Una economía puede producir relativamente poco de un bien y, sin embargo, conservar capacidades relevantes para volver a producirlo o para usar el conocimiento asociado en otra actividad. Simétricamente, una actividad exportadora puede crecer sin generar un ecosistema local de capacidades.
La reconstrucción histórica permite identificar diferentes familias de capacidades. Para observarlas con precisión, analicé diez trayectorias que comparten una característica. En algún momento obligaron a empresas, trabajadores e instituciones argentinas a aprender a resolver problemas productivos, tecnológicos u organizativos relativamente complejos. En cada caso interesa el origen de la capacidad, el mecanismo por el cual se acumuló, las rupturas y formas de supervivencia, y las posibilidades de transferencia a nuevas actividades (Pereira, 2026a). Un caso permite ver cómo funciona el mecanismo. La trayectoria nuclear es el ejemplo más claro de acumulación que excede largamente al sector que la originó. La creación de la CNEA en 1950 y la construcción de Atucha I (1974) y Embalse (1984) exigieron capacidades que iban mucho más allá de la física nuclear, como ingeniería, materiales, metalurgia, electrónica, instrumentación, seguridad, mantenimiento y gestión de proyectos. INVAP (1976) profundizó esa trayectoria y la proyectó a radares, satélites y sistemas electrónicos. El reactor OPAL para Australia muestra cómo una capacidad construida en torno a la tecnología nuclear puede transformarse en exportación de ingeniería y proyectos complejos.
La tercera, y quizás la más importante, es que las oportunidades más interesantes no aparecen cuando se observa cada sector en aislamiento, sino en las intersecciones. Ingeniería y energía generan servicios especializados. Metalurgia y minería generan maquinaria y componentes. Agricultura, maquinaria, biotecnología y software generan nuevos sistemas productivos. Nuclear, materiales, electrónica y software generan sistemas tecnológicos complejos. La transformación estructural deja de ser una cuestión exclusivamente sectorial y se convierte en una cuestión de conectividad entre capacidades dentro de ecosistemas. Esa conectividad no es espontánea. Requiere condiciones macroeconómicas que den tiempo, instituciones que coordinen y mecanismos de política que faciliten el encuentro entre capacidades dispersas y demandas emergentes.
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4. La estabilidad como tiempo de aprendizaje La acumulación de capacidades necesita tiempo. Una empresa puede aumentar sus ventas en pocos meses, pero no puede construir en ese plazo una red de proveedores sofisticados, formar trabajadores especializados, desarrollar tecnología propia o aprender a gestionar proyectos complejos. El aprendizaje productivo es acumulativo y, por lo tanto, depende de la continuidad. Esta propiedad convierte a la macroeconomía en parte del problema productivo. No hay una separación clara entre política macroeconómica y política industrial. La estabilidad, el costo del capital, el acceso a divisas, la previsibilidad de los precios relativos y la rentabilidad esperada de los sectores transables condicionan las decisiones a través de las cuales las empresas acumulan capacidades. Una economía puede atravesar una crisis perdiendo producción. Mucho más costoso es atravesarla perdiendo empresas, proveedores, trabajadores especializados, conocimiento organizativo e infraestructura productiva. La literatura argentina sobre transformación industrial mostró repetidamente la importancia de estas condiciones para las decisiones empresariales. En esa tradición, Bernardo Kosacoff ocupa un lugar central. La evolución industrial argentina no puede entenderse sin considerar los cambios en el régimen macroeconómico y en los incentivos que enfrentaron las empresas (Kosacoff y Fuchs, 2024). El problema es particularmente evidente cuando se considera la inversión tecnológica. Para incorporar una máquina importada, una empresa necesita divisas. Para desarrollar un nuevo producto, puede necesitar importar componentes. Para aumentar la
productividad, puede requerir software, equipos, servicios técnicos y capacitación. En muchos casos, el aprendizaje comienza con la incorporación de tecnología extranjera. Esto genera una paradoja para una economía con restricción externa, porque para exportar más puede ser necesario importar más primero. Si la disponibilidad de divisas se interrumpe antes de que aparezcan las nuevas exportaciones, el proceso se detiene. La restricción externa es, entonces, también una restricción sobre el aprendizaje. La coyuntura actual de la Argentina, con un superávit comercial y de cuenta corriente récord, y nuevos motores exportadores, sugiere que esa restricción podría estar cediendo. Pero conviene ser prudente ya que la restricción externa no se supera solo con un buen desempeño comercial, sino con una recomposición de la demanda de dinero y de la confianza en el peso, y con la construcción de capacidades que sostengan la generación de divisas en el tiempo. La ventana actual es, precisamente, la oportunidad para hacerlo. Estos argumentos se apoyan en un conjunto de trabajos previos sobre capacidades productivas, restricción externa y competitividad estructural (Pereira, 2026a, 2026e, 2026f, 2026g). El análisis macroeconómico permite reinterpretar el boom de recursos naturales que la Argentina está atravesando. Hay una trayectoria posible en la que el boom entra como divisas, aprecia el tipo de cambio real, deteriora la competitividad de otros sectores transables, desalienta la inversión, reduce la diversificación y aumenta la dependencia de los recursos. Y hay otra en la que el boom se traduce en inversión, desarrollo de proveedores, aprendizaje, productividad y diversificación exportadora. La diferencia no está en la existencia del recurso, sino en lo que la economía hace con la demanda, la inversión y las capacidades que el recurso genera. La macroeconomía puede crear una ventana de oportunidad, pero no es permanente. Cuando aparecen grandes inversiones en energía o minería, las firmas 36
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locales tienen la posibilidad de aprender junto a ellas. Si la inestabilidad interrumpe el proceso, parte de esa oportunidad se pierde. El desafío consiste, entonces, no solo en evitar crisis, sino en crear un horizonte lo suficientemente largo para que la inversión y el aprendizaje sean racionales. Esto no implica subordinar toda la política industrial a la estabilidad macroeconómica, ni argumentar que primero debe resolverse completamente la macro y solo después comenzar a desarrollar capacidades. Ambas dimensiones deben avanzar simultáneamente. La macro necesita una estructura productiva capaz de generar divisas, y la estructura productiva necesita una macro que permita la inversión y el aprendizaje. La estabilidad no es un fin separado de la transformación estructural, es el tiempo dentro del cual las empresas pueden aprender.
5. Coordinación, territorio y restricción fiscal Si la macroeconomía provee el tiempo del aprendizaje, las instituciones proveen el espacio donde ese aprendizaje ocurre. La acumulación de capacidades no sucede en el vacío. Requiere instituciones que coordinen, reglas que den previsibilidad y mecanismos que permitan que las capacidades dispersas se encuentren con las demandas emergentes. La literatura reciente sobre ecosistemas industriales enfatizó que la complejidad de una economía no depende solo de la existencia de capacidades, sino de la capacidad institucional para coordinarlas (Frenken, Neffke y van Dam, 2023). La Argentina puede tener ingenieros, empresas metalúrgicas, universidades y desarrolladores de software, pero eso no garantiza que aparezca una cadena capaz de fabricar localmente equipos para Vaca Muerta o
para un proyecto minero. Entre la existencia de capacidades y la emergencia de una nueva actividad hay un problema de coordinación que se manifiesta en múltiples dimensiones, como los estándares técnicos, las certificaciones, el financiamiento, la infraestructura, la propiedad intelectual, la formación de recursos humanos, el acceso a mercados, las compras empresariales, la regulación, la logística y los mecanismos de transferencia de tecnología. La política productiva consiste, entonces, no solo en seleccionar sectores, sino en crear las condiciones para que las capacidades dispersas se encuentren y se complementen. Este enfoque dialoga directamente con Kosacoff y Fuchs (2024), quienes destacan las fortalezas construidas en servicios intensivos en conocimiento, industria y recursos naturales, y argumentan la necesidad de una visión público-privada para aprovecharlas. Mi trabajo agrega que esas capacidades no deben considerarse solo como activos sectoriales existentes, sino como opciones para futuras recombinaciones productivas. Las experiencias de Noruega y Australia ofrecen lecciones valiosas, aunque no directamente transferibles. Noruega construyó desde los años sesenta una arquitectura de gobernanza con una clara separación de funciones. El Parlamento establece el marco legal de largo plazo, el Ministerio define las políticas, la Dirección del Petróleo actúa como agencia técnica independiente y Statoil (hoy Equinor) opera comercialmente sin confundir su rol con el del regulador. Los Diez Mandamientos del Petróleo fijaron desde los años setenta los criterios rectores, que incluyen gestión y control nacional, minimización de la dependencia de proveedores externos, desarrollo de nuevas actividades industriales a partir de la producción de crudo y creación de una empresa estatal de petróleo (Pereira, 2026c). Australia, en cambio, desarrolló una política industrial de tipo sistémico u horizontal. El Estado no decidió qué empresas debían crecer, sino que 37
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creó las reglas de juego, los incentivos y las plataformas de colaboración que favorecieron la innovación y el desarrollo de proveedores. Los Centros de Investigación Cooperativa, el rol del CSIRO, la información geológica abierta de Geoscience Australia y la plataforma Austmine son los instrumentos más relevantes. El Estado australiano usó deducciones y créditos fiscales por investigación y desarrollo, no subsidios directos, y promovió compras públicas a empresas domésticas en proyectos de infraestructura vinculados a la minería (Pereira, 2026b). El modelo australiano demuestra que es posible tener política industrial sin captura de rentas ni protección ineficiente. La Argentina presenta, además, una complejidad institucional adicional, la organización federal de la propiedad y administración de los recursos naturales. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que las provincias son dueñas de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta estructura introduce desafíos específicos para el desarrollo de ecosistemas productivos, porque la fragmentación de competencias entre gobierno nacional y provincias puede dificultar la construcción de políticas de largo plazo consistentes. Las provincias con recursos naturales, como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, tienen incentivos y capacidades para promover el desarrollo de proveedores locales. Pero sin coordinación con el gobierno nacional y entre ellas, el riesgo es la fragmentación de esfuerzos y la competencia por atraer inversiones sobre la base de exenciones fiscales, en lugar de la construcción conjunta de capacidades. La dimensión territorial se volvió más relevante en los últimos años. Según los datos del INDEC (2026b) para el acumulado enero–agosto de 2026, la Patagonia elevó su participación del 8,2 por ciento en 2015 al 18,1 por ciento, mientras la región Pampeana cayó del 78,0 por ciento al 69,1 por ciento. Neuquén
pasó de representar el 0,3 por ciento de las exportaciones en 2015 al 9,2 por ciento en el acumulado enero–agosto de 2026, convirtiéndose en la cuarta provincia exportadora del país. Jujuy creció un 570,7 por ciento impulsada por el litio, que representa más del 58 por ciento de sus exportaciones. Salta creció un 148,5 por ciento, combinando productos primarios con minería metalífera y litio. Este proceso confirma que la reconfiguración territorial está directamente asociada a la expansión de los sectores extractivos, pero también plantea un desafío institucional, porque las provincias con capacidades emergentes no siempre disponen de las instituciones necesarias para convertir ese crecimiento en desarrollo sostenido. El enfoque de capacidades institucionales subnacionales (Straface, Resnicoff y Cammisa, 2024) permite distinguir tres tipos de provincias. Las de capacidades consolidadas, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cuentan con agencias de promoción, inteligencia de mercados y articulación público-privada, y su desafío es la diversificación de mercados y la agregación de valor. Las de capacidades emergentes, como Neuquén, Jujuy, Salta, San Juan, Chubut y Santa Cruz, están experimentando un crecimiento exportador acelerado, pero sus instituciones no siempre acompañan el ritmo del crecimiento, y su desafío es construir capacidades institucionales a la velocidad de la transformación productiva. Las de capacidades limitadas, como las del NEA y algunas del NOA, enfrentan restricciones de escala, infraestructura y recursos humanos, y su desafío es la articulación interprovincial y la participación en redes internacionales. Reconocer estas diferencias es condición para diseñar políticas de promoción exportadora que no sean uniformes sino diferenciadas por perfil productivo e institucional. El contexto de restricción fiscal agrega una dimensión adicional. No se trata solo de que haya menos 39
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recursos para política productiva, se trata de que la restricción fiscal condiciona el tipo de instituciones que se pueden construir. Un Estado con restricción fiscal no puede sostener agencias de desarrollo con presupuestos abultados, ni subsidios masivos, ni regímenes de promoción costosos. Pero sí puede establecer reglas claras y previsibles que reduzcan la incertidumbre para la inversión privada, crear plataformas de coordinación público-privadas de bajo costo, simplificar regulaciones y eliminar obstáculos burocráticos que encarecen la actividad productiva, abrir datos públicos geológicos, productivos y de comercio exterior, articular los recursos existentes en universidades, agencias científicas y bancos de desarrollo, y diseñar incentivos fiscales que no impliquen erogaciones directas sino renuncias fiscales acotadas y condicionadas a resultados verificables. La restricción fiscal no es solo un límite, es también una disciplina que obliga a priorizar instrumentos de bajo costo y alto impacto.
6. Reflexiones finales El punto de partida de este artículo fue una pregunta aparentemente simple pero de vastas implicaciones. ¿En qué medida las capacidades productivas, tecnológicas y empresariales acumuladas por la Argentina pueden constituir una plataforma para una nueva trayectoria de transformación estructural, mayor complejidad y diversificación exportadora? La pregunta surgía de un reconocimiento que recorre buena parte de la historia económica argentina. Existe una brecha persistente entre la estructura productiva observable y el conjunto de capacidades acumuladas a lo largo de más de un siglo. El análisis permite sostener la hipótesis central, con una precisión importante. La Argentina tiene un stock de capacidades mayor que el que puede inferirse de su estructura exportadora actual (Pereira, 2026a). La historia de la industria, la energía,
la actividad nuclear, la aeroespacial, la automotriz, la maquinaria agrícola, la siderurgia, la química, la biotecnología y los servicios intensivos en conocimiento muestra que el país desarrolló capacidades que requirieron aprendizaje complejo. Algunas permanecieron, otras se redujeron, otras cambiaron de sector, otras sobrevivieron parcialmente en empresas, trabajadores, instituciones y rutinas. La conclusión principal no es que la Argentina posea automáticamente una ventaja competitiva en todas esas actividades. Haber producido un bien en el pasado no significa poder producirlo competitivamente hoy. Las tecnologías, las escalas y las cadenas globales cambian. El argumento es otro. La existencia de capacidades acumuladas amplía el conjunto de opciones disponibles para una transformación futura. La historia productiva genera una forma de opcionalidad. Esto modifica la interpretación de las rupturas productivas. Una crisis puede destruir producción y empleo, pero no todo el conocimiento asociado desaparece. Algunas capacidades permanecen activas, otras subutilizadas, otras se transfieren. La transformación estructural no es un abandono completo de lo que se hacía, sino una reconstrucción sobre una base preexistente. Esta interpretación permite superar la oposición entre recursos naturales e industria. No hay contradicción necesaria. Los recursos naturales pueden generar demandas sofisticadas que movilicen capacidades industriales, tecnológicas y de servicios. La pregunta relevante es qué capacidades puede construir la Argentina alrededor de sus recursos naturales y qué usos adicionales puede darles después. Los datos del acumulado enero–agosto de 2026 muestran que la estructura exportadora argentina no se reemplaza, se amplía. La agroindustria continúa siendo central, las manufacturas industriales 40
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conservan una participación significativa y sobre esa estructura comienzan a expandirse con mayor velocidad la energía y la minería.
una política más exigente, que apoye el aprendizaje pero lo someta progresivamente a la disciplina de la productividad, la escala y los mercados.
La recombinación de capacidades no es espontánea. La proximidad entre actividades puede facilitarla, pero no garantizarla. El paso de una posibilidad estadística a una actividad productiva requiere decisiones empresariales, inversión, coordinación institucional y aprendizaje. La política pública puede reducir barreras, pero no puede sustituir al proceso competitivo que valida la viabilidad económica.
El principal resultado conceptual es que la estructura productiva es un resultado histórico, pero también una plataforma. Es el resultado de decisiones, tecnologías, políticas y aprendizaje acumulado. Es una plataforma porque las capacidades incorporadas pueden usarse para construir actividades futuras. Los períodos de industrialización deben observarse como períodos de acumulación de capacidades, no solo por su contribución al producto o al empleo. Las rupturas posteriores no eliminaron todo ese stock. Algunas capacidades sobrevivieron y encontraron nuevas aplicaciones. La pregunta relevante no es cuánto de esa estructura puede reconstruirse, sino cuánto de ese aprendizaje puede reutilizarse.
Esto modifica la evaluación de las políticas productivas. No deben medirse solo por la producción o el empleo generados, sino por qué capacidades quedan instaladas. El principal activo de una política no es el subsidio ni el producto generado, sino la capacidad que permanece después. Lo mismo se aplica a la inversión extranjera, que debería evaluarse por los proveedores, estándares, trabajadores capacitados, ingeniería y nuevas empresas que genera. La acumulación de capacidades requiere tiempo. La inestabilidad interrumpe esos procesos. La volatilidad cambiaria, la inflación, las restricciones externas y la incertidumbre reducen la inversión y acortan los horizontes empresariales. El desafío argentino es generar condiciones para que las capacidades se acumulen durante períodos suficientemente largos. La estabilidad no garantiza el desarrollo, pero su ausencia puede impedirlo. La agenda propuesta se resume en seis orientaciones generales. Identificar las capacidades existentes. Identificar nuevas demandas capaces de movilizarlas. Facilitar la recombinación en las intersecciones. Generar escala. Preservar condiciones macroeconómicas compatibles con la inversión y el aprendizaje. Evaluar las capacidades generadas, no solo los resultados inmediatos. Estas orientaciones implican
No se trata de preguntar qué sectores debería desarrollar la Argentina, ni qué productos sofisticados podría comenzar a exportar. La pregunta es qué puede aprender la Argentina de lo que ya aprendió. La respuesta requiere mirar hacia atrás, hacia las capacidades instaladas, y hacia adelante, hacia las demandas capaces de movilizarlas. No es una reconstrucción del pasado ni una protección indiscriminada, sino una trayectoria de recombinación y aprendizaje. La transformación estructural aparece cuando las capacidades, las demandas, la inversión, las instituciones, la competencia, la escala y la estabilidad se combinan durante un tiempo suficiente. La Argentina ya recorrió parte de ese camino. La pregunta es si puede recorrerlo de nuevo de manera sostenida. La Argentina no necesita empezar de cero. Necesita aprender de nuevo de lo que ya aprendió.
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n Bernardo Kosacoff
Una política productiva basada en capacidades para la Argentina De las capacidades acumuladas a nuevas plataformas de aprendizaje, productividad y exportación
Licenciado en Economía (UBA), Doctor Honoris Causa de la UCES, UNSAM y UNER, Profesor titular en la UBA y de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue: Director de la CEPAL - Naciones Unidas - en Argentina, Presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social y Profesor visitante de la Universidad de Oxford.
Contenido Resumen 46 1. Introducción: estabilizar para transformar, transformar para estabilizar 48 2. Alcance: capacidades, heterogeneidad y transiciones entre las “tres Argentinas” 49 3. Fundamento conceptual: capacidades, aprendizaje y transformación estructural
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4. De la política sectorial a la política de capacidades
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5. La articulación macro–micro como mecanismo de transformación y difusión de capacidades
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6. El punto de partida: estabilización, inversión y heterogeneidad productiva en 2026
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7. Cinco misiones productivas como plataformas de aprendizaje
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8. Doce instrumentos transversales 57 9. Arquitectura institucional: coordinación sin crear una nueva burocracia pesada 59 10. Financiamiento por capas y condicionado al aprendizaje
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11. Recursos naturales como plataformas de aprendizaje, no como garantía automática de desarrollo
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12. Evaluación como capacidad estatal y social: aprender de los errores del pasado 61 13. Instituciones públicas y privadas: roles diferenciados y complementariedad
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14. Diez decisiones prioritarias para los primeros meses
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15. Conclusiones
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Referencias
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Resumen La Argentina enfrenta el desafío de consolidar en el mediano plazo una estabilización macroeconómica después de un período prolongado de volatilidad, estancamiento, baja inversión y deterioro del empleo formal. La estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria es indispensable para extender horizontes de decisión y recuperar la inversión; pero su sostenibilidad no depende solo de variables macroeconómicas. Requiere una estructura productiva capaz de generar productividad, exportaciones, divisas, inversión y empleo formal en escala suficiente. Por ello, la consolidación macroeconómica y la transformación productiva deben ser concebidas como dimensiones complementarias de una misma estrategia de desarrollo. El artículo propone una política productiva basada en capacidades. Su punto de partida es que la estructura productiva observable subestima el stock de capacidades productivas, tecnológicas, empresariales y organizacionales acumuladas por la Argentina. Parte de esas capacidades persiste —activa, subutilizada, fragmentada o latente— en empresas, trabajadores, proveedores, universidades, organismos tecnológicos, infraestructura y rutinas. La política productiva debería identificar cuáles sobreviven, qué nuevas demandas pueden movilizarlas, qué capacidades complementarias faltan y qué condiciones macroeconómicas e institucionales permiten que el aprendizaje sea acumulativo. La propuesta desplaza la unidad de análisis desde el ‘sector ganador’ hacia la intersección entre capacidades, problemas productivos y nuevas demandas. Se enfatizan dos mecanismos de articulación. El primero es macro–micro: crear un entorno de estabilidad, infraestructura, financiamiento, reglas y bienes públicos compatible con la inversión. El segundo es micro–micro: vincular empresas tractoras, pro-
veedores, PyMEs, firmas tecnológicas y centros de conocimiento para que estándares, conocimientos y oportunidades de mercado se difundan a través de cadenas de valor y territorios. La gran empresa no sustituye a la política pública, pero puede actuar como vector de aprendizaje cuando sus compras, especificaciones técnicas y programas de proveedores se conectan con instrumentos de asistencia, certificación, financiamiento e innovación. El trabajo propone cinco misiones productivas, doce instrumentos transversales, una arquitectura institucional liviana y una estructura de financiamiento por capas. Asimismo, asigna un lugar central a la evaluación: cada instrumento debe contar desde el inicio con línea de base, teoría de cambio, metas verificables, indicadores de productividad y aprendizaje, revisiones periódicas y criterios explícitos de continuidad, rediseño o cierre. El objetivo no es maximizar contenido nacional o gasto público en el corto plazo, sino ampliar el conjunto de capacidades competitivas que quedan instaladas y pueden sostenerse en mercados domésticos e internacionales. El artículo no pretende cubrir todos los componentes de una estrategia integral de desarrollo. No se analizan en profundidad sectores relevantes —como turismo, construcción y diversos servicios— ni dimensiones transversales igualmente ineludibles —entre ellas infraestructura, financiamiento y tributación—. Asimismo, la transición desde la informalidad hacia actividades formales de mayor productividad, así como la prevención del movimiento regresivo desde el sector formal hacia la informalidad, requiere una agenda específica que combine crecimiento, productividad, política laboral y tributaria, formación, protección social y desarrollo territorial. Aquí esa dimensión se incorpora para delimitar el problema de la heterogeneidad y subrayar que una política basada en capacidades debe favorecer transiciones ascendentes, sin pretender desarrollar exhaustiva46
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mente los instrumentos necesarios para la formalización.
Palabras clave: capacidades productivas; política productiva; aprendizaje; heterogeneidad estructural; innovación; recursos naturales; cadenas de valor; evaluación; Argentina.
1. Introducción: estabilizar para transformar, transformar para estabilizar La Argentina llega a la segunda mitad de la década de 2020 frente a una oportunidad y, al mismo tiempo, a una exigencia. La oportunidad surge de la escala potencial de Vaca Muerta, la minería de cobre y litio, la agroindustria, la bioeconomía, los servicios basados en conocimiento y un conjunto de capacidades científicas, industriales y empresariales que sobrevivieron a décadas de discontinuidad. La exigencia consiste en consolidar la macroeconomía durante un período suficientemente prolongado como para que vuelvan a ser posibles decisiones productivas de largo horizonte: invertir, amortizar equipos, formar recursos humanos, desarrollar proveedores, aprender, innovar y abrir mercados. La estabilidad constituye el piso de cualquier estrategia productiva, no su punto de llegada. Una macroeconomía ordenada reduce la incertidumbre, extiende horizontes y permite reasignar recursos hacia inversiones específicas. Sin embargo, la estabilidad no genera automáticamente transformación estructural. Para que pueda sostenerse en el tiempo necesita una economía que expanda productividad, exportaciones, divisas y empleo formal. La relación es, por tanto, bidireccional: la macroeconomía necesita una estructura productiva capaz de reducir vulnerabilidades externas y fiscales; a la vez, la es-
tructura productiva necesita una macroeconomía que no interrumpa el aprendizaje antes de que maduren sus resultados La experiencia argentina muestra la importancia de esta interacción. Las crisis recurrentes no solo destruyen producto corriente: deterioran empresas, redes de proveedores, vínculos laborales, conocimiento tácito y rutinas organizacionales. La pérdida de una firma o de un equipo técnico puede tener un costo mayor que el registrado en las cuentas nacionales porque parte de la capacidad acumulada no se recompone de manera instantánea. Por el contrario, un período de estabilidad que solo mejore variables financieras, pero no se traduzca en inversión y productividad puede resultar insuficiente para modificar la trayectoria de largo plazo. (Kosacoff y Fuchs, 2024). De allí surge el desafío que organiza este artículo: cómo utilizar la ventana abierta por la estabilización y por nuevas fuentes de demanda para fortalecer el aparato productivo argentino rescatando, actualizando y recombinando capacidades ya existentes. La propuesta no implica reconstruir mecánicamente el patrón industrial del pasado ni regresar a políticas de protección generalizada. Tampoco supone que las ventajas comparativas actuales definan por sí solas el futuro. El punto consiste en reconocer que la economía argentina no parte de una hoja en blanco y que las oportunidades de transformación dependen de la interacción entre capacidades heredadas, nuevas tecnologías, demandas de escala y mecanismos institucionales de coordinación. Esta perspectiva también obliga a incorporar la heterogeneidad productiva. Un núcleo de empresas cercanas a las mejores prácticas internacionales convive con un segmento intermedio numeroso, con activos valiosos, pero brechas de escala y productividad, y con un universo de informalidad y exclusión. La política productiva debe aumentar la 48
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difusión de aprendizajes desde los segmentos más avanzados, fortalecer a las empresas intermedias y evitar que crisis o transiciones mal administradas destruyan capacidades y empujen firmas y trabajadores hacia la informalidad. Al mismo tiempo, la formalización de unidades y trabajadores de baja productividad exige políticas específicas que exceden el alcance de este artículo. La delimitación es importante: aquí se discute la política de capacidades como condición para generar transiciones productivas ascendentes, no una estrategia integral de formalización laboral y social (Kosacoff, y Coatz 2026).
2. Alcance: capacidades, heterogeneidad y transiciones entre las “tres Argentinas” La heterogeneidad no es una característica marginal de la economía argentina. Es una estructura que condiciona la productividad media, la calidad del empleo, la innovación, la distribución territorial de oportunidades y la sostenibilidad política del crecimiento. El núcleo moderno concentra una parte sustantiva de las exportaciones, la inversión y el gasto privado en innovación, pero alcanza a una fracción reducida del empleo. El segmento intermedio agrupa a la mayoría de las empresas formales y reúne capacidades productivas y empresariales relevantes, aunque con déficits de escala, especialización, financiamiento, tecnología y acceso a mercados. El tercer segmento combina informalidad productiva, empleos no registrados y situaciones de exclusión persistente. (Coatz y Kosacoff, 2026) La cuestión decisiva no es describir esos tres espacios como compartimentos estancos, sino analizar las transiciones entre ellos. Una estrategia exitosa debería acelerar movimientos desde actividades informales o de baja productividad hacia empleos y
empresas formales, y desde el segmento intermedio hacia niveles crecientes de productividad, innovación y exportación. En sentido contrario, debe reducir la destrucción de capacidades que, frente a crisis prolongadas o pérdida de mercados, empuja empresas y trabajadores desde el segmento formal intermedio hacia la informalidad. El artículo concentra su atención en el segundo de estos movimientos: cómo fortalecer y conectar capacidades existentes para ampliar la parte de la economía que puede invertir, innovar, exportar y generar empleo formal. No se desarrolla la política hacia la informalidad. Esta última requiere combinar crecimiento de la demanda de trabajo formal con instrumentos tributarios y regulatorios simplificados, formación y certificación de oficios, acceso a crédito y tecnología, políticas de cuidado, protección social y desarrollo local. El punto que sí se incorpora es que la política productiva debe ser evaluada también por su capacidad para crear puentes hacia la formalidad y por su eficacia para evitar procesos regresivos de desformalización.
3. Fundamento conceptual: capacidades, aprendizaje y transformación estructural El aporte central del enfoque de capacidades consiste en separar la estructura productiva observable del stock de capacidades de una economía. La canasta de producción o de exportaciones registra resultados presentes, pero no necesariamente revela conocimientos acumulados que sobreviven en personas, firmas, proveedores e instituciones. Esta distinción es particularmente relevante en una economía que atravesó sucesivas etapas de industrialización, apertura, crisis, recuperación y cambio tecnológico (Pereira, 2026b). 49
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La noción de capacidad incluye mucho más que capital humano. Comprende conocimiento tácito y explícito, maquinaria, ingeniería, rutinas de organización, sistemas de calidad, vínculos con proveedores y clientes, infraestructura, gestión de proyectos, experiencia regulatoria y marcos institucionales. Por eso una capacidad puede sobrevivir al declive del sector que la originó y adquirir nuevo valor frente a una demanda diferente. La industria automotriz deja capacidades en mecanizado, calidad, logística, automatización y gestión de proveedores; la trayectoria nuclear y aeroespacial deja capacidades en ingeniería de sistemas, materiales, electrónica, software y proyectos complejos; la maquinaria agrícola combina mecánica, hidráulica, electrónica y conocimiento agronómico; la siderurgia y la metalmecánica ofrecen capacidades habilitantes; los servicios basados en conocimiento funcionan como una capa transversal de productividad. La transformación estructural, desde esta perspectiva, no equivale a reconstruir el patrón industrial del pasado. Supone recombinar capacidades existentes con nuevas tecnologías, demandas e instituciones. La pregunta relevante no es solamente qué productos sofisticados podría exportar la Argentina, sino qué problemas productivos puede resolver a partir de lo que ya aprendió y qué nuevas capacidades puede adquirir durante ese proceso. La historia productiva genera, en este sentido, una forma de opcionalidad: no garantiza competitividad futura, pero amplía el conjunto de trayectorias posibles y reduce ciertas distancias de aprendizaje.
4. De la política sectorial a la política de capacidades El cambio conceptual tiene implicancias directas para el diseño de política. En lugar de partir de una lista de “sectores ganadores”, la política debe comenzar por identificar capacidades existentes, nuevas demandas con escala suficiente para movilizarlas y brechas que impiden que esas capacidades se conviertan en actividades competitivas. El foco pasa del sector como unidad cerrada a la intersección entre problemas productivos, tecnologías, empresas, proveedores, instituciones y mercados. Este enfoque no elimina la dimensión sectorial. La energía, la minería, el agro, la salud o los sistemas tecnológicos complejos tienen regulaciones, tecnologías y estructuras de mercado específicas. Pero obliga a mirar transversalmente qué capacidades se repiten y pueden transferirse: ingeniería, metalurgia, automatización, software, logística, calidad, certificación, gestión de proyectos, biotecnología o tratamiento ambiental. La ventaja de este enfoque es que permite identificar conexiones que una clasificación sectorial tradicional oculta.
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5. La articulación macro–micro como mecanismo de transformación y difusión de capacidades
5.1. La macroeconomía como infraestructura temporal del aprendizaje En economías con trayectorias de estabilidad prolongada, la política macroeconómica suele tratarse como un marco general y la política productiva como un conjunto de intervenciones específicas. En la Argentina esa separación analítica resulta insuficiente. La volatilidad fiscal, monetaria, cambiaria
y regulatoria ha modificado de manera recurrente los horizontes de decisión de las firmas, alterando no solo cuánto invierten sino también qué tipo de inversión realizan, con qué plazo, qué tecnologías incorporan y cuánto conocimiento están dispuestas a acumular. La macroeconomía funciona, por ello, como infraestructura temporal del aprendizaje: cuando reduce la incertidumbre y extiende horizontes, aumenta la probabilidad de que una empresa invierta en activos específicos, capacite trabajadores, desarrolle proveedores, certifique procesos y sostenga proyectos de innovación cuyos retornos solo aparecen después de varios años. La especificidad argentina reside en que esos procesos han sido interrumpidos reiteradamente. Una firma puede haber iniciado una trayectoria de modernización, incorporado equipamiento, formado personal y construido relaciones con proveedores; pero una crisis cambiaria, la pérdida abrupta de crédito, una fuerte alteración de precios relativos o una 51
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recesión prolongada pueden detener el proceso antes de que la productividad obtenida compense los costos iniciales. La consecuencia es acumulativa: se pierde inversión, pero también aprendizaje, rutinas, equipos de trabajo, redes empresariales y reputación comercial. La inestabilidad no solo reduce el nivel de actividad; puede destruir capacidades que demandaron años en construirse.
5.2. Schumpeter y Hirschman: innovación, desequilibrios y encadenamientos La perspectiva de Schumpeter permite interpretar el desarrollo como un proceso de creación de nuevas combinaciones: nuevos productos, procesos, mercados, formas organizativas y fuentes de aprovisionamiento. La innovación no aparece como un resultado automático de la acumulación de capital, sino como una transformación cualitativa que exige empresarios, financiamiento, conocimiento y capacidad para asumir incertidumbre. Desde esta óptica, una política basada en capacidades debe aumentar la densidad de oportunidades para que firmas existentes y nuevas empresas puedan recombinar conocimientos acumulados con tecnologías emergentes y demandas de gran escala. Hirschman agrega una dimensión particularmente fértil para la Argentina: el desarrollo no avanza necesariamente mediante un equilibrio simultáneo de todos los sectores, sino a través de secuencias de inversión que generan presiones, cuellos de botella y encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Vaca Muerta, el cobre, el litio, la bioeconomía o la infraestructura pueden actuar como focos de demanda que inducen inversiones en ingeniería, metalmecánica, química, software, logística, servicios ambientales y bienes de capital. El objetivo de política no es eliminar todo desequilibrio, sino identi-
ficar cuáles de esas tensiones pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y construcción de capacidades competitivas. La combinación Schumpeter–Hirschman permite precisar el argumento: las nuevas demandas crean espacios de recombinación; los encadenamientos transmiten los impulsos; el aprendizaje transforma esos impulsos en capacidades; y la competencia y la evaluación determinan cuáles de esas capacidades logran sostenerse más allá del estímulo inicial. Así, los recursos naturales o los grandes proyectos dejan de ser considerados únicamente como fuentes de divisas y pasan a ser también potenciales plataformas de innovación y diversificación.
5.3. El circuito macro–micro: de la estabilidad a las capacidades y de las capacidades a la estabilidad La articulación macro–micro propuesta aquí debe entenderse como un circuito de doble vía. La macroeconomía influye sobre las decisiones de las firmas al definir el costo del capital, la previsibilidad de los precios relativos, el acceso a insumos y tecnologías importadas, las expectativas de demanda y el horizonte de recuperación de una inversión. Esas decisiones microeconómicas, a su vez, determinan la evolución de la productividad, la capacidad exportadora, la generación de divisas, el empleo formal y la base tributaria. La consistencia macroeconómica y la transformación productiva, por lo tanto, no son etapas secuenciales: se condicionan y refuerzan mutuamente. El circuito virtuoso puede sintetizarse como: estabilidad y previsibilidad " inversión de largo plazo " incorporación tecnológica y aprendizaje " aumento de productividad " nuevas capacidades y pro52
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veedores " exportaciones y sustitución eficiente de importaciones "mayor disponibilidad de divisas y empleo formal " mayor sostenibilidad macroeconómica. El circuito regresivo funciona en sentido contrario: inestabilidad " decisiones defensivas y menor inversión " interrupción del aprendizaje "pérdida de capacidades " menor productividad y exportaciones " restricción externa y fiscal más severa " nueva inestabilidad.
rante la fase de inversión, plazos de maduración y sensibilidad a precios relativos—, del mismo modo que la política macroeconómica debería reconocer que determinadas inversiones crean capacidades con efectos sobre productividad y balance de pagos que no son inmediatos. Esta coordinación es especialmente importante en una economía caracterizada por ciclos de stop and go y por una memoria empresarial marcada por crisis recurrentes.
Este enfoque ayuda a explicar por qué la estabilización, aun siendo indispensable, no garantiza por sí misma una trayectoria de desarrollo. Si las señales macroeconómicas inducen únicamente valorización financiera, importación de bienes finales o explotación de ventajas existentes sin generación de aprendizaje, la productividad estructural puede modificarse poco. A la inversa, una política productiva ambiciosa en un contexto de alta inflación, volatilidad cambiaria o reglas inestables difícilmente logre sostener los plazos necesarios para madurar. La política económica debe, entonces, coordinar horizontes: el de la consistencia macroeconómica y el del aprendizaje microeconómico.
5.4. La articulación micro–micro: de empresas aisladas a redes de aprendizaje
La articulación macro–micro también obliga a mirar la secuencia temporal de la restricción externa. Muchas actividades necesitan importar primero máquinas, componentes, software o licencias para poder aprender, elevar productividad y exportar después. En esos casos, una administración de divisas que interrumpa la inversión antes de que aparezcan los retornos externos puede transformar una restricción macroeconómica en una restricción tecnológica. La pregunta relevante no es solo cuánto se importa, sino qué importaciones amplían la capacidad futura de producir y exportar. Por ello, la política productiva debe incorporar explícitamente criterios macroeconómicos —generación futura de divisas, intensidad importadora du-
Existe, sin embargo, una articulación menos discutida y decisiva para una economía heterogénea: la micro–micro, es decir, la conexión entre empresas. La productividad no se difunde automáticamente desde el núcleo moderno. Se transmite cuando las firmas establecen relaciones estables de abastecimiento, ingeniería conjunta, homologación, asistencia técnica, intercambio de información, financiamiento de proveedores, formación y cumplimiento de estándares. La gran empresa puede actuar como vector de difusión cuando sus demandas tecnológicas y organizacionales crean oportunidades para que proveedores más pequeños acumulen capacidades. La relación no debe confundirse con un simple “compre nacional”. Una compra local puede generar poco aprendizaje si se trata de un insumo estandarizado sin mejora tecnológica, y una compra importada puede ser necesaria cuando la escala local no justifica producir. Lo relevante es identificar dónde una relación empresa tractora–proveedor puede inducir inversión, calidad, certificación, ingeniería, digitalización y eventualmente exportaciones. El criterio debe ser el aprendizaje verificable y la competitividad futura. 53
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Los mecanismos micro–micro pueden adoptar formas diversas: programas de desarrollo de proveedores; contratos de largo plazo con metas de calidad; asistencia de ingeniería; laboratorios y centros tecnológicos compartidos; cofinanciamiento de certificaciones; consorcios exportadores; plataformas digitales de compras; programas de productividad liderados por grandes empresas; venture client para startups tecnológicas; y proyectos colaborativos de I+D. La experiencia argentina ya muestra que las firmas tractoras pueden difundir estándares y que la asociatividad es clave para integrar PyMEs a cadenas de valor (Kosacoff y Coatz, 2026). Esta articulación también debe ser territorial. Una PyME metalmecánica de Santa Fe o Córdoba puede desarrollar capacidades para abastecer minería en San Juan o cobre en Catamarca; una empresa de software de Buenos Aires o Rosario puede resolver problemas de Vaca Muerta; una firma biotecnológica puede combinarse con productores agropecuarios de distintas regiones. El federalismo productivo debería premiar complementariedades nacionales en lugar de exigir que cada provincia replique todas las capacidades de una cadena. Las dos articulaciones se refuerzan mutuamente. La macro–micro crea el horizonte para invertir; la micro–micro determina si los aprendizajes permanecen encapsulados en pocas firmas o se difunden por cadenas, territorios y organizaciones. Una estabilización que no active conexiones empresariales puede consolidar enclaves competitivos sin modificar la heterogeneidad. Y una política de proveedores sin estabilidad puede multiplicar proyectos piloto que no alcanzan escala. El objetivo estratégico es hacer coincidir estabilidad, demanda, inversión y difusión en una misma secuencia acumulativa.
6. El punto de partida: estabilización, inversión y heterogeneidad productiva en 2026 A comienzos de octubre de 2026, la economía argentina muestra avances relevantes en el ordenamiento fiscal y monetario, una desaceleración marcada de la inflación y una mejora del frente exportador. Al mismo tiempo, esos progresos conviven con una recuperación productiva heterogénea. Energía, minería y bioeconomía concentran buena parte de las nuevas oportunidades de inversión y exportación, mientras segmentos relevantes de la industria, la construcción y los servicios continúan enfrentando dificultades para recomponer niveles de actividad, inversión y empleo. Esta asimetría vuelve especialmente importante que la estabilización se traduzca en una ampliación de la base productiva y no solo en la consolidación de algunos núcleos dinámicos. El desafío laboral es parte inseparable de este punto de partida. La economía no ha logrado recrear de manera sostenida una dinámica de creación de empleo privado formal, y la informalidad ha operado crecientemente como mecanismo de absorción frente al estancamiento y las crisis. Ese desplazamiento tiene costos que exceden el ingreso corriente: reduce derechos y protección social, debilita la recaudación y, sobre todo, limita los procesos de aprendizaje asociados al trabajo formal, la capacitación, el uso de tecnologías y la participación en organizaciones productivas. Por eso, preservar las capacidades existentes y ampliar la demanda de empleo formal debe ser un criterio transversal de la política productiva. A ello se suma una debilidad estructural del proce55
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so inversor. La tasa agregada de inversión permanece en niveles bajos en perspectiva histórica y sigue siendo insuficiente para sostener un salto de productividad de largo plazo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en uno de los principales instrumentos para atraer proyectos de gran escala y reducir incertidumbre regulatoria en actividades con largos períodos de maduración y elevada intensidad de capital. La información oficial disponible muestra que el régimen ya ha movilizado 24 proyectos relevantes por más de U$S 50.000 millones en energía, minería, infraestructura, petroquímica y automotriz, y que las aprobaciones continuaron ampliándose durante 2026, para superar los U$S 200.000 millones (Ministerio de Economía, 2026). Su evaluación, sin embargo, no debería limitarse al monto anunciado o comprometido: debe considerar inversión efectivamente ejecutada, capacidad exportadora adicional, divisas netas generadas, empleo de calidad y, de manera central para este artículo, desarrollo de proveedores y capacidades tecnológicas nacionales. En este sentido, el RIGI ofrece una oportunidad y, al mismo tiempo, un test para la estrategia propuesta. Proyectos de cobre, hidrocarburos, infraestructura de exportación, fertilizantes y otras actividades pueden convertirse en plataformas para nuevas inversiones empresariales, ingeniería, servicios tecnológicos y proveedores especializados. La planta de urea aprobada —y la eventual nueva empresa presentada—, la planta automotriz y los nuevos proyectos cupríferos ilustran esta posibilidad. Pero el éxito de esos grandes proyectos no equivale automáticamente a una recuperación generalizada de la inversión. El desafío consiste en transformar núcleos de inversión altamente competitivos y exportadores en focos de difusión hacia el conjunto del aparato productivo.
El riesgo alternativo es la consolidación de una economía dual: grandes proyectos integrados a mercados internacionales coexistiendo con un tejido doméstico de baja inversión, productividad estancada y dificultades para incorporar tecnología. Evitar esa trayectoria requiere conectar la nueva escala exportadora con empresas del segmento intermedio, proveedores, instituciones tecnológicas y territorios. Desde esta perspectiva, el falso dilema entre exportaciones y mercado interno pierde sentido: el mercado doméstico puede funcionar como espacio de aprendizaje y escala para empresas que luego se internacionalizan, mientras los grandes proyectos exportadores pueden generar demanda y estándares capaces de modernizar proveedores locales. Los lineamientos que siguen buscan precisamente organizar esa articulación en una economía abierta, con disciplina fiscal y exigencias crecientes de competitividad.
7. Cinco misiones productivas como plataformas de aprendizaje Las misiones no se conciben como sectores privilegiados de manera permanente, sino como grandes fuentes de demanda y problemas productivos capaces de movilizar capacidades existentes, generar nuevas y abrir exportaciones. Su selección - que además de las planteadas no excluye la posibilidad de identificar otras misiones factibles - debe combinar escala, potencial de aprendizaje, posibilidad de eslabonamientos, relevancia exportadora y existencia de capacidades iniciales (Pereira, 2026b).
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8. Doce instrumentos transversales Las misiones requieren instrumentos horizontales que puedan combinarse según la brecha de cada
empresa o cadena. La política debe evitar la proliferación de programas aislados y operar como paquetes de capacidades: diagnóstico, asistencia técnica, financiamiento, certificación, tecnología, capital humano y acceso a mercados. 57
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9. Arquitectura institucional: coordinación sin crear una nueva burocracia pesada La experiencia argentina de políticas de competitividad muestra un problema persistente: abundancia de instrumentos, fragmentación institucional, superposición, coordinación débil y participación privada frecuentemente formal antes que efectiva (Baruj, Kosacoff y Ramos, 2009). La respuesta no debería ser añadir una nueva capa burocrática, sino construir una arquitectura con liderazgo, responsabilidades claras, datos compartidos y capacidad de evaluación.
9.1. Unidad de Estrategia Productiva en el área del Ministerio de Economía La propuesta requiere una unidad específica, integrada por profesionales con alta capacidad técnica y de evaluación, capaz de articularse con los organismos públicos nacionales y provinciales. Debería seleccionar misiones, resolver cuellos de botella interjurisdiccionales, acordar criterios de elegibilidad y aprobar el marco de evaluación. Su valor dependerá menos de su existencia formal que de su capacidad ejecutiva, de la calidad de la información y de la obligación de revisar resultados. Asimismo, deberá interactuar sistemáticamente con el sector privado y con las instituciones del sistema nacional de innovación. La participación empresarial debería incluir grandes firmas tractoras, PyMEs proveedoras, cámaras sectoriales y empresas tecnológicas, evitando que la representación se limite a consultas esporádicas.
9.2. Observatorio de Capacidades Productivas El Observatorio debería integrar información hoy dispersa sobre empresas, empleo, ocupaciones, movilidad laboral, proveedores, comercio, inversión, certificaciones, I+D, patentes, infraestructura y localización territorial. No reemplazaría al INDEC ni a los organismos sectoriales. Sería una capa analítica para diagnosticar capacidades, seguir trayectorias de empresas y evaluar políticas. El mapa debería actualizarse anualmente y distinguir capacidades activas, subutilizadas, emergentes y faltantes.
9.3. Consorcios de Desarrollo de Capacidades Cada misión debería operar mediante consorcios público-privados orientados a problemas concretos. Un consorcio minero, por ejemplo, no tendría como función general “promover proveedores”, sino identificar familias de bienes y servicios, requisitos técnicos, proveedores potenciales, brechas de calidad y escala, necesidades de certificación, oportunidades de ingeniería conjunta y mercados externos. De ese modo, las rondas de negocios se transformarían en programas verificables de aprendizaje y productividad.
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10. Financiamiento por capas y condicionado al aprendizaje La diversidad de riesgos y escalas impide pensar en un único fondo. Una empresa que necesita modernizar maquinaria requiere crédito o leasing; una PyME
con buen proyecto, pero escaso colateral necesita garantías; una firma tecnológica de alta incertidumbre necesita capital; una gran infraestructura requiere project finance, sindicaciones y garantías; una empresa que exporta necesita prefinanciación y seguro. El diseño debe combinar instrumentos nacionales e internacionales según la etapa de aprendizaje.
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El principio rector es que las mejores condiciones financieras estén vinculadas a hitos de aprendizaje: incorporación tecnológica, aumento de productividad, certificación, capacitación, ingeniería, desarrollo de proveedores o exportación. La lógica debe ser decreciente. El apoyo se justifica cuando existe una falla de coordinación, información, financiamiento o aprendizaje; se revisa periódicamente y se retira o transforma a medida que la empresa alcanza escala y validación de mercado. Esta disciplina diferencia una política de capacidades de una protección permanente.
11. Recursos naturales como plataformas de aprendizaje, no como garantía automática de desarrollo La expansión de recursos naturales puede cumplir un doble papel. En el plano macroeconómico, aumenta exportaciones y divisas y puede contribuir a aliviar la restricción externa. En el plano productivo, genera problemas complejos que demandan ingeniería, materiales, maquinaria, químicos, automatización, software, logística, servicios ambientales e infraestructura. El desarrollo aparece cuando esas demandas se convierten en oportunidades de aprendizaje para empresas e instituciones locales. La política debe evitar dos errores simétricos. El primero es asumir que el crecimiento de recursos naturales generará por sí solo encadenamientos y difusión. El segundo es exigir contenido local sin considerar escala, productividad o trayectoria de aprendizaje. El objetivo no es producir todo, sino identificar eslabones donde capacidades existentes puedan combinarse con nuevas inversiones para alcanzar competitividad. La demanda doméstica de gran escala puede funcionar como una escuela de exportadores si los proveedores son someti-
dos progresivamente a estándares internacionales y mercados abiertos. Esta perspectiva también redefine el uso de las divisas generadas por un boom de recursos. Una parte debe permitir la incorporación de maquinaria, tecnología y capital que eleven productividad futura. En economías con restricción externa, aprender y exportar suele requerir importar antes. Por eso el acceso a divisas para bienes de capital, componentes y tecnología durante la fase de inversión forma parte de la política de capacidades.
12. Evaluación como capacidad estatal y social: aprender de los errores del pasado Una política productiva basada en capacidades solo es defendible si es evaluable. La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de instrumentos bien intencionados que se superponen, persisten por inercia, cambian de objetivos, carecen de coordinación o no pueden demostrar resultados. El relevamiento de Baruj, Kosacoff y Ramos (2009) y Aquilino (2026) identificaron la ausencia de una estrategia país con horizonte y mecanismos de seguimiento, la fragmentación de programas de innovación, exportaciones, asistencia y financiamiento, la debilidad de instancias de coordinación y la participación privada insuficiente o meramente formal. Estas observaciones continúan siendo relevantes como advertencia de diseño institucional. La evaluación no debe ser entendida como una auditoría ex post destinada solo a decidir si un programa “funcionó”. Feinstein (2021) muestra que las capacidades nacionales de evaluación incluyen al menos tres funciones diferentes: gestionar evaluaciones, realizarlas y utilizarlas. Además, advierte 61
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sobre dos trampas especialmente pertinentes: esperar un aprendizaje instantáneo —como si las capacidades pudieran crearse en el plazo de un programa— y suponer que una buena práctica puede transferirse mecánicamente entre contextos. La evaluación debe, por tanto, ser parte del proceso de aprendizaje institucional y no un requisito burocrático al final. Para evitar los errores del pasado, cada instrumento debería nacer con una teoría de cambio explícita. Debe establecer qué falla intenta corregir, por qué el instrumento elegido puede modificarla, qué capacidades se espera desarrollar, en cuánto tiempo deberían observarse los primeros resultados y qué evidencia justificaría continuidad, modificación o cierre. Sin una teoría de cambio, la evaluación suele
reducirse a contar beneficiarios, créditos otorgados o recursos ejecutados. También es necesario diferenciar tipos de evaluación. La evaluación de procesos permite detectar problemas de implementación y coordinación; la evaluación de resultados mide cambios en productividad, tecnología, calidad o mercados; la evaluación de impacto intenta estimar adicionalidad respecto de lo que habría ocurrido sin el apoyo; y la evaluación institucional analiza si los organismos desarrollan capacidad para gestionar y aprender. No todos los programas permiten un diseño experimental, pero todos pueden tener línea de base, grupos de comparación razonables cuando sea posible, series temporales, indicadores verificables y análisis cualitativo de mecanismos.
12.1. Indicadores de capacidades y adicionalidad
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Los programas deberían incorporar línea de base y metas a 24, 48 y 72 meses, con hitos intermedios. La continuidad del apoyo debe depender de evidencia. Si una intervención no genera aprendizaje, productividad, calidad o acceso a mercados, debe rediseñarse o cerrarse. Si genera resultados, puede escalarse. Este criterio de salida es crucial para limitar captura y dependencia.
12.2. Quién evalúa y cómo se utiliza la evaluación La capacidad de evaluación no debe concentrarse en una única oficina ni depender exclusivamente del gobierno. Las áreas ejecutoras deben producir datos y gestionar evaluaciones; universidades, centros de investigación y evaluadores independientes pueden realizarlas; empresas y cámaras deben aportar información y participar en el aprendizaje; organismos de control y legislativos pueden utilizar resultados para asignación de recursos; y la sociedad necesita acceso a información comprensible. El desafío no es solo producir informes, sino construir una demanda real por evidencia y una capacidad efectiva para usarla. Flores y De Angelis (2026). En términos prácticos, los programas de mayor tamaño deberían reservar un porcentaje explícito de su presupuesto para datos, seguimiento y evaluación. Los resultados deberían publicarse periódicamente en formatos comparables, distinguiendo ejecución de recursos, resultados y adicionalidad. La evaluación debe alimentar decisiones presupuestarias y de diseño: continuidad, escala, rediseño, fusión con otros instrumentos o cierre. Feinstein (2021).
13. Instituciones públicas y privadas: roles diferenciados y complementariedad La política de capacidades requiere un Estado capaz de coordinar sin sustituir a la empresa. Los organismos tecnológicos pueden resolver fallas de información y proveer infraestructura de calidad; la banca de desarrollo puede compartir riesgo y extender plazos; las provincias aportan conocimiento territorial; las universidades y CONICET generan y adaptan conocimiento; los organismos regulatorios establecen estándares; las empresas tractoras generan demanda, especificaciones y oportunidades; las PyMEs invierten y aprenden; las cámaras pueden reducir costos de coordinación y representar necesidades comunes. La articulación público-privada es efectiva cuando existe una agenda concreta, responsabilidades, información y metas. Consejos consultivos sin capacidad de decisión o reuniones generales producen poca adicionalidad. El aprendizaje de experiencias anteriores indica que la participación privada debe incorporarse a formulación, implementación, monitoreo y evaluación, pero preservando transparencia y evitando captura. La clave es que la cooperación permita descubrir información que el Estado no posee y resolver problemas que ninguna firma puede solucionar individualmente.
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14. Diez decisiones prioritarias para los primeros meses
10. Incorporar como objetivo transversal la creación y preservación de empleo formal, y preparar una agenda específica para las transiciones desde la informalidad hacia actividades de mayor productividad.
1. Adoptar el enfoque de capacidades como criterio transversal para la política productiva y explicitar su relación con la consolidación macroeconómica.
15. Conclusiones
2. Construir un Mapa Nacional de Capacidades Productivas y Tecnológicas con actualización anual y desagregación territorial. 3. Seleccionar cinco misiones con gobernanza, metas y responsables definidos, evitando dispersión de programas. 4. Convertir grandes proyectos de energía, minería e infraestructura en plataformas de desarrollo de proveedores con estándares internacionales. 5. Instalar programas micro–micro de empresas tractoras y proveedores, combinando compras, ingeniería, certificación, asistencia y financiamiento. 6. Articular BICE, CFI, SGR, bancos y mercado de capitales en paquetes de financiamiento adaptados a trayectorias empresariales. 7. Negociar con BID, CAF y Banco Mundial/IFC/ MIGA programas integrados de infraestructura, productividad, innovación y movilización de capital privado. 8. Vincular universidades, CONICET, INTI, INTA y otros organismos tecnológicos a problemas productivos concretos y contratos de aprendizaje. 9. Crear un sistema de evaluación desde el diseño: línea de base, teoría de cambio, metas, revisiones y cláusulas de salida.
La Argentina no parte de cero. Dispone de recursos naturales de gran escala, una base empresarial heterogénea, capacidades científicas y tecnológicas acumuladas, sectores industriales con experiencia compleja y un núcleo significativo de servicios basados en conocimiento. El problema es que esas capacidades se encuentran distribuidas de manera desigual, con conexiones insuficientes y sometidas a una historia de discontinuidad macroeconómica que interrumpió procesos de aprendizaje. La consolidación macroeconómica abre una posibilidad, pero también impone una responsabilidad. La estabilidad debe convertirse en horizonte para la inversión y el aprendizaje; y la transformación productiva debe, a su vez, contribuir a sostener la macro mediante mayor productividad, exportaciones y empleo formal. Tratar ambas dimensiones como secuenciales —primero la macro, después el desarrollo— subestima su relación circular. La política productiva propuesta no pretende elegir ganadores ni reconstruir el pasado. Busca identificar qué sabe hacer la economía, qué capacidades pueden actualizarse y recombinarse, qué nuevas demandas pueden movilizarlas y qué brechas deben cerrarse. Su unidad de intervención son los problemas productivos y las relaciones entre capacidades. Los recursos naturales son plataformas de demanda; la industria y los servicios aportan soluciones; la ciencia amplía la frontera; el financiamiento acompaña trayectorias; las empresas tractoras difunden estándares; los proveedores aprenden; y la competencia valida la sostenibilidad. 66
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La articulación micro–micro es un componente central de esta visión. Una economía no se transforma solo porque algunas firmas líderes innoven. Lo hace cuando el aprendizaje se difunde hacia proveedores, PyMEs, trabajadores y territorios capaces de acercarse a la frontera. Allí se juega buena parte de la posibilidad de reducir la heterogeneidad productiva. La agenda de formalización requiere instrumentos adicionales y específicos, pero el crecimiento de empresas intermedias productivas y la preservación de capacidades formales son condiciones indispensables para que la transición sea ascendente y no regresiva. La articulación macro–micro completa esa lógica. En una economía con la historia argentina, la estabilidad no es neutral respecto de la estructura productiva: determina si las firmas pueden sostener el tiempo necesario para aprender. Pero la macroeconomía tampoco es sostenible con independencia de lo que ocurra dentro del aparato productivo. Una estructura que aumenta productividad, diversifica exportaciones y genera empleo formal amplía los márgenes de la propia estabilidad. La tesis del artículo es, en este sentido, circular pero no tautológica: romper la recurrencia de la inestabilidad exige transformar la base productiva, y transformar la base productiva exige preservar un horizonte macroeconómico suficientemente estable para que las capacidades puedan acumularse y difundirse. Finalmente, la evaluación debe ser constitutiva de la política y no un agregado. La experiencia argentina recomienda desconfiar tanto de la proliferación de instrumentos sin estrategia como de la persistencia de programas sin evidencia. Una política de capacidades necesita aprender de sí misma: medir adicionalidad, comparar resultados, identificar fallas, rediseñar y cerrar cuando sea necesario. La pregunta rectora es sencilla y exigente: ¿qué puede hacer la economía después de una política o una gran in-
versión que no podía hacer antes? Si la respuesta identifica nuevas capacidades productivas, tecnológicas y exportadoras que permanecen cuando el apoyo disminuye, la política habrá contribuido a una transformación sostenible.
Referencias Aquilino.(2026): “Evaluar políticas públicas en Argentina: un análisis de la práctica en el Estado Nacional (2006–2026)” Revista Proyección Económica N° 24. Baruj, G., Kosacoff, B. y Ramos, A. (2009). Las políticas de promoción de la competitividad en la Argentina. Principales instituciones e instrumentos de apoyo y mecanismos de articulación público-privada. CEPAL, Documento de Proyecto LC/W.257 – LC/BUE/W.38. Bell, M. y Pavitt, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Industrial and Corporate Change. Bisang, R. y Regúnaga, M. (2023). La bioeconomía: nueva estrategia para MERCOSUR. CEBRI Revista, 2(6), abril-junio. https://cebri-revista.emnuvens. com.br/revista/article/view/121/170 CERA (2025). Estrategia Nacional Exportadora: aportes técnicos para el desarrollo argentino. Cámara de Exportadores de la República Argentina, Buenos Aires. Coatz, D. M. y Kosacoff, B. (2026). Las tres argentinas: heterogeneidad productiva y capacidades para el desarrollo. Manuscrito, septiembre de 2026. Feinstein, O. (2021). El desarrollo de capacidades nacionales de evaluación. Estado Abierto, 6(1), 109–121. 67
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n Fernando Couto
Economía circular y su potencial de crecimiento económico para la Argentina, con foco en la foresto-industria
Contenido
Doctorando en Economía, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Maestría en Economía, Universidad de Buenos Aires, Argentina. SPURS Program, Massachusetts Institute of Technology. Contador Público, UBA, Argentina. Profesor del Área de Economía UADE. Profesor adjunto del CFO de UADE Business School. Profesor Asociado en la UBA. Presidente y miembro fundador de Fundación Grupo Andando para la Inclusión Social. Director Ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines.
Resumen 71 1. Introducción 71 2. Marco conceptual: de la economía circular a la bioeconomía forestal circular
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3. La cadena foresto-industrial argentina: base material, estructura dual y distribución territorial
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4. Subproductos: aprovechamiento y agregado de valor
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5. Construcción con madera: sumidero de carbono y uso de largo plazo del recurso 79 6. Potencial de crecimiento: empleo, exportaciones y agregado de valor
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7. Restricciones y cuellos de botella: una lectura de economía política 81 8. Recomendaciones de política pública
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9. Conclusiones
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Referencias
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Resumen
1. Introducción
Este artículo analiza la economía circular como estrategia de crecimiento, empleo y agregado de valor para la Argentina, con la cadena foresto-industrial como caso central. Parte del diagnóstico de un estudio previo realizado para la Alianza para la Acción por una Economía Verde (PAGE): el país dispone de una base material, científica y normativa para la transición circular, pero la dispersión de instrumentos y la falta de coordinación de la política limitan su desarrollo productivo. El trabajo estudia la circularidad forestal desde la economía política del desarrollo. En una cadena mayoritariamente PyME, donde conviven unidades de baja productividad y empresas competitivas a escala internacional, el aprovechamiento de subproductos tiende a concentrarse en las empresas que cuentan con escala, capital y contratos. Por eso, la circularidad no corrige por sí sola la heterogeneidad estructural y puede reproducirla o ampliarla. Se examinan la valorización de subproductos, la construcción con madera como uso de largo plazo y sumidero de carbono, el potencial de empleo y exportaciones y las restricciones del sector. También se analiza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las recomendaciones proponen coordinar la acción del sector privado y del Estado en cada territorio, con prioridad en la organización colectiva de la oferta PyME de subproductos, la demanda pública de construcción con madera y la condicionalidad circular de los grandes proyectos.
En la Argentina, la economía circular suele considerarse parte de la política ambiental. Esa perspectiva es válida, aunque insuficiente para entender sus efectos productivos. Un estudio reciente elaborado para PAGE sostuvo que la circularidad debe entenderse como un marco que vincula la sostenibilidad ambiental, la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo productivo, en línea con la Resolución 4/1 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según ese diagnóstico, el país dispone del potencial, pero carece de una política que ordene los instrumentos existentes (Corti & Couto, en prensa). Este artículo examina el problema en la cadena foresto-industrial.
Palabras clave: economía circular; bioeconomía forestal; foresto-industria; heterogeneidad estructural; PyMEs; economías regionales; construcción con madera; bioenergía; RIGI; Argentina.
La foresto-industria permite observar con claridad la distancia entre el potencial circular y su aprovechamiento. Trabaja con un recurso renovable y se concentra en provincias donde la transformación mecánica de la madera constituye una actividad económica principal. Su proceso genera subproductos en cada eslabón: corteza, costaneros, chips, aserrín, virutas, recortes. Cada uno puede convertirse en insumo de otro proceso o perder su valor. Esta diferencia resulta más visible en la foresto-industria que en muchas otras cadenas. El trabajo indaga en qué condiciones la economía circular puede impulsar el crecimiento, el empleo y el agregado de valor en la foresto-industria argentina, y qué arreglos institucionales se necesitan para que esos beneficios no se limiten a unas pocas grandes empresas. La hipótesis es que, en una cadena con alta heterogeneidad estructural, el aprovechamiento de subproductos depende de la escala de las empresas. Las integradas ya cierran sus ciclos dentro de la firma; el aserradero PyME genera subproductos, pero carece del volumen, el capital y los contratos necesarios para valorizarlos. Sin mecanis71
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mos de coordinación, la transición circular reproduce la dualidad del sector en lugar de reducirla. Luego de presentar el marco conceptual, el artículo caracteriza la cadena y su estructura dual, analiza la valorización de subproductos y la construcción con madera, examina el potencial de crecimiento y las restricciones, incluido el RIGI, y presenta recomendaciones y conclusiones.
2. Marco conceptual: de la economía circular a la bioeconomía forestal circular 2.1 Un concepto en disputa La definición de referencia de la economía circular proviene de la Ellen MacArthur Foundation, que la caracteriza como “un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y diseño” (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Esta definición sitúa el problema tanto en el final del ciclo como en el diseño de productos, procesos y modelos de negocio. El mismo informe distingue mecanismos de creación de valor, entre ellos el uso en cascada, que diversifica la reutilización de un material a lo largo de distintas cadenas antes de que retorne a la biosfera (Ellen MacArthur Foundation, 2013). La literatura académica muestra, sin embargo, que no hay una única interpretación del concepto. Kirchherr et al. (2017) relevaron 114 definiciones y encontraron que la mayoría reduce la circularidad a una combinación de reducir, reutilizar y reciclar, que pocas la vinculan con un cambio sistémico y que la equidad social aparece de manera marginal. Korhonen et al. (2018) señalaron, por su parte,
límites físicos y económicos que la versión más difundida del concepto tiende a omitir, como las restricciones termodinámicas al reciclaje y los efectos rebote. Desde la perspectiva del desarrollo, definir la economía circular solo por sus flujos materiales deja sin explicar quién produce, quién captura el valor y en qué territorio.
2.2 Bioeconomía circular y uso en cascada La convergencia entre economía circular y bioeconomía ofrece un marco más adecuado para la foresto-industria. D’Amato et al. (2017) mostraron que la literatura sobre economía circular se concentra en procesos industriales urbanos y en el desacople entre uso de recursos y producto, mientras que la bioeconomía se orienta a la innovación basada en recursos biológicos y al desarrollo rural. El Instituto Forestal Europeo propuso integrar ambos enfoques en una bioeconomía circular, con una advertencia explícita: “la bioeconomía y la economía circular no implican sostenibilidad per se; tienen que volverse sostenibles” (Hetemäki et al., 2017). El sector forestal tiene características que lo distinguen en este marco. Hetemäki et al. (2017) sostienen que los bosques pueden cumplir un doble papel, como sumidero de carbono y como proveedores de materia prima, y que, “en muchos sentidos, la industria forestal ha sido precursora del reciclaje y de muchas ideas de la economía circular”. El uso en cascada consiste en extender la vida del material en sucesivos usos antes de su aprovechamiento energético. El mismo informe ilustra la secuencia con un ejemplo en el que una viga se reutiliza como tabla de piso, luego como marco de ventana, después como tablero de virutas orientadas y de fibras, y solo al final como combustible (Vis et al., 2016). La FAO incorpora el mismo criterio en su definición de economía circular: “El uso en cascada de la biomasa 72
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maderera constituye una de las estrategias de estos modelos económicos” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2022).
como un conjunto articulado de políticas que “debe basarse en la coordinación de las políticas tecnológicas e industriales, fiscales, financieras, ambientales, sociales y regulatorias” (CEPAL, 2020).
Esta jerarquía tiene una consecuencia económica directa: cada escalón superior de la cascada retiene más valor por unidad de madera y mantiene el carbono almacenado durante más tiempo. La combustión libera ese carbono y produce el menor valor unitario. Por eso, una política circular forestal debe ordenar los usos para que la energía sea el último destino del material, en lugar de maximizar la cantidad de biomasa que se quema.
Desde estas categorías, la circularidad forestal exige resolver un problema de coordinación que excede la ingeniería de procesos. Para que los subproductos de una cadena atomizada se conviertan en insumos de otra, es necesario agregar la oferta, garantizar su calidad, financiar la inversión y disponer de contratos estables. Esas funciones no surgen espontáneamente del mercado cuando las unidades productivas son pequeñas, están dispersas y operan con restricciones financieras severas.
2.3 La perspectiva de la economía política del desarrollo
3. La cadena foresto-industrial El marco anterior describe flujos óptimos, pero no argentina: base material, explica por qué una cadena concreta se aleja de ellos. Para explicarlo, se recurre a categorías de la estructura dual y distribución economía política del desarrollo. La primera es la heterogeneidad estructural, formulada por Pinto territorial (1970) para caracterizar economías en las que coexisten, dentro de un mismo sector, estratos de productividad muy distintos con escasa difusión tecnológica entre ellos. La CEPAL incorporó la reducción de esa heterogeneidad como objetivo explícito de una recuperación transformadora, junto con la necesidad de “transformar, densificar y democratizar el tejido productivo” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). La segunda categoría son los encadenamientos productivos de Hirschman (1958): el desarrollo avanza cuando una actividad induce inversiones aguas arriba y aguas abajo. Ese proceso depende de las capacidades y la coordinación; no ocurre de manera automática. La tercera es la noción de un gran impulso para la sostenibilidad, que la CEPAL define
3.1 Un recurso abundante y subaprovechado La Argentina cuenta con 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, cerca del 1% de las plantaciones del mundo, y con casi 54 millones de hectáreas de bosques nativos. Según estimaciones públicas y privadas, existen además al menos 3,7 millones de hectáreas aptas para expandir las plantaciones sin afectar sitios de alto valor de conservación ni competir con bosques nativos o cultivos (Mora Alfonsín, 2023). La Mesopotamia concentra las áreas de mayor productividad, con turnos de corte de 9 a 15 años, muy inferiores a los de los países nórdicos (Mora Alfonsín, 2023). 73
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El subaprovechamiento es el dato más significativo. Según la misma fuente, se consumen industrialmente unos 15 millones de m3 de madera por año sobre 20 millones disponibles, mientras que algo más de medio millón de m3 se exporta en rollo, sin transformación (Mora Alfonsín, 2023). La brecha entre oferta forestal y demanda industrial indica una circularidad incompleta: una parte del recurso no llega a ningún eslabón de la cascada. El documento también señala que esta relación opera en sentido inverso: sin demanda industrial, se debilitan los incentivos para reforestar al ritmo de la cosecha, y por eso concluye que “más industria implica más incentivos a la forestación” (Mora Alfonsín, 2023).
3.2 Una estructura dual La cadena está compuesta en su mayoría por PyMEs. En 2021 había 4.183 empresas formales, con un tamaño promedio de 11,4 empleados en el eslabón de productos de madera y de 8,7 en silvicultura, frente a 38,9 en papel y cartón (Mora Alfonsín, 2023). En el aserrado, el segmento más extendido de la transformación mecánica, se registran cerca de 2.200 establecimientos según el Censo Nacional de Aserraderos 2015-2018, un tercio de ellos en Misiones y Corrientes (Mora Alfonsín, 2023). En esta estructura predominan “unidades producti-
Tabla 1. Indicadores estructurales de la cadena foresto-industrial argentina
Fuente: elaboración propia con base en Mora Alfonsín (2023), que a su vez se apoya en datos de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, AFIP, CEP-XXI e INDEC.
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vas mipymes con tecnología relativamente obsoleta y bajo nivel de productividad” (Mora Alfonsín, 2023). A su vez, unos 25 aserraderos medianos-grandes y grandes concentran la capacidad exportadora, los mayores niveles de tecnología y productividad, y la integración vertical y horizontal en el aprovechamiento del recurso (Mora Alfonsín, 2023). El diagnóstico oficial describe esta diferencia: “se trata de un sector de muy alta heterogeneidad productiva entre eslabones y al interior de los mismos” (Mora Alfonsín, 2023).
que en productos de madera Misiones, Corrientes y Entre Ríos suman casi la mitad junto con Buenos Aires (Mora Alfonsín, 2023). La localización también determina los efectos de la circularidad. Cuando un subproducto se valoriza en el territorio donde se genera, el valor, el empleo y las capacidades permanecen allí. Si se pierde, se quema a cielo abierto o se acumula como pasivo, la economía regional deja de percibir ingresos y debe afrontar riesgos ambientales y de incendio. Por estas razones, la circularidad forestal debe entenderse ante todo como una política de desarrollo regional.
La dualidad también se expresa en las condiciones sociales. En los eslabones de silvicultura y producción de madera, el empleo asalariado registrado no llega al 30% del total y las remuneraciones se ubican entre el 54% y el 61% de la media de la economía (Mora Alfonsín, 2023). La tasa de pobreza de los ocupados alcanza el 70% en silvicultura y el 39% en productos de madera, frente al 22% en papel y cartón (Mora Alfonsín, 2023). La heterogeneidad La evolución reciente de la actividad refleja esa estécnica se refleja así en la calidad del empleo y las tructura dual. El Informe de Empleo y Actividad de FAIMA de septiembre de 2026 registra que la procondiciones de vida en los territorios forestales. ducción de madera y productos de madera creció 4,8% interanual en julio y acumuló una mejora de 8,5% en el año, mientras que la de muebles y colchones cayó 12,1% interanual (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines [FAIMA], 2026a). En el mismo período, el relevamiento propio de la La actividad de la cadena se concentra en determi- Federación registró una caída promedio del 19% en nadas provincias. Misiones, Corrientes y Entre Ríos las ventas de las PyMEs muebleras, y el empleo reexplican el 92% de la producción de madera comer- gistrado de la industria maderera cayó 8,69% intecial, y alrededor del 75% de la madera en rollo in- ranual a junio de 2026, según datos de la Superindustrial se procesa en las provincias del norte y del tendencia de Riesgos del Trabajo (FAIMA, 2026a). litoral (Mora Alfonsín, 2023). En muchas localidades de esas provincias, la transformación mecánica de Las pérdidas de empleo se concentran en viviendas la madera es la actividad económica principal y sos- prefabricadas (−30,2%), tornerías (−26,9%), tabletiene el empleo privado, la demanda de servicios y ros (−17,1%) y aserrado de madera nativa (−16,3%) la base tributaria local. La distribución del empleo (FAIMA, 2026a). El informe señala que «se trata de formal confirma ese carácter federal: en silvicultura, los eslabones de transformación mecánica que más Corrientes, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Neuquén agregan valor al recurso forestal en origen» (FAIMA, concentran la mayor parte de los puestos, mientras 2026a) y advierte que, en ese proceso, “la cadena
3.4 La coyuntura: un ajuste que recae sobre la transformación mecánica
3.3 Federalismo productivo y economías regionales
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pierde capacidades técnicas difíciles de recomponer” (FAIMA, 2026a). Entre los segmentos que pierden empleo están la construcción industrializada y los tableros, que ocupan los escalones superiores de la cascada. La contracción de su demanda reduce la actividad y desplaza los subproductos hacia usos de menor valor.
4. Subproductos: aprovechamiento y agregado de valor 4.1 La cascada en la cadena argentina La transformación mecánica de un rollo genera, además de madera aserrada, un volumen significativo de subproductos. Su destino define cuánto valor retiene la cadena. Los tableros reconstituidos, de partículas y de fibras, son el ejemplo más claro de circularidad industrial ya instalada: pueden obtenerse de subproductos, aprovechando madera apta para desintegración y restos del aserrado, y las empresas del segmento suelen mostrar integración vertical con procesos de aserrío y, en algunos casos, con la producción de celulosa. La producción de tableros alcanza alrededor de un millón de m3 anuales, con procesos de mayor intensidad de capital y mejor nivel tecnológico que los del aserradero tradicional (Mora Alfonsín, 2023). Le siguen en la cascada los biocombustibles sólidos. La capacidad de producción de pellets se estima en 150.000 toneladas anuales distribuidas en al menos ocho empresas, y unos 230 aserraderos están equipados con chiperas (Mora Alfonsín, 2023). La producción de chips no puede medirse con precisión por la atomización y la heterogeneidad de las
capacidades productivas, y su estandarización es muy baja, con alta variabilidad de humedad. La falta de estandarización responde, en buena medida, a la escala productiva y tiene consecuencias económicas. Un subproducto heterogéneo, generado en volúmenes pequeños y dispersos, tiene menos valor de mercado que uno homogéneo, agregado y certificado. Las exportaciones de pellets alcanzaron unas 31.000 toneladas en 2024, alrededor del triple que en 2023, según la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca [MAGyP], 2026). El crecimiento se vincula con inversiones que ampliaron la capacidad industrial. Es el caso de los aserraderos grandes que usan sus propios subproductos para fabricar pellets, como Zeni y Lipsia, y el proyecto de Accon Timber en Virasoro, Corrientes, con una inversión prevista de USD 280 millones orientada a la exportación de madera aserrada y de pellets fraccionados para el mercado residencial europeo (Mora Alfonsín, 2023).
4.2 Bioenergía: un aporte acotado en lo nacional y significativo en lo regional El último escalón de la cascada es la energía. Según el relevamiento conjunto de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, sistematizado por FAIMA, existen 17 plantas que generan electricidad con biomasa forestal y licor negro, con unos 250 MW brutos. De ellos, 121 MW se venden al mercado mayorista y 129 MW se destinan al autoconsumo industrial (FAIMA, 2026b). La potencia se concentra en Misiones (9 plantas, 109 MW) y Corrientes (3 plantas, 97 MW). Alrededor de dos tercios corresponden a grandes complejos industriales, y la participación 76
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de los aserraderos PyME es prácticamente inexistente (FAIMA, 2026b). La experiencia de Fuentes Renovables de Energía S.A. (FRESA) en Virasoro, Corrientes, ilustra la escala de este tipo de proyectos: una inversión de USD 60 millones para una potencia nominal de 40 MW, equivalente al 10% del consumo eléctrico de la provincia (Mora Alfonsín, 2023). En Misiones, Pindó S.A. opera un modelo integrado en el que la biomasa forestal alimenta el propio proceso industrial y, en 2025, obtuvo 43.803 Certificados de Reducción de Emisiones bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Corti & Couto, en prensa). A escala nacional, el aporte es acotado. Con datos de CAMMESA para 2025, la generación con biomasa alcanzó alrededor de 1.030 GWh, cerca del 0,7% de la generación total; la cifra incluye fuentes no forestales (FAIMA, 2026b). A escala regional, en cambio, el aporte es significativo: según AFoA, los 206 MW instalados en Misiones y Corrientes equivalen a alrededor del 22% del consumo eléctrico anual conjunto de ambas provincias (FAIMA, 2026b). La biomasa aporta, además, energía firme y cercana a la demanda, un atributo que las alternativas renovables no tienen. En Uruguay aportó el 24% de la generación eléctrica en 2024 según el balance energético oficial (FAIMA, 2026b), pero ese desarrollo se basa en grandes plantas de celulosa, no en aserraderos PyME.
4.3 La valorización depende de la escala Los datos presentados muestran que la valorización de subproductos depende de la escala productiva. Las tecnologías de mayor rendimiento, como la generación eléctrica con turbina de vapor y la cogeneración, requieren volúmenes de biomasa que un aserradero PyME no reúne por sí solo; las plantas de 40 MW procesan más de un millón de toneladas de madera al año (FAIMA, 2026b). Las opciones de menor escala, como el calor de proceso con calderas de biomasa para el secado de madera, son accesibles para las PyMEs, aunque los ahorros frente al gas licuado o el fueloil que informa el sector, de entre 20% y 40%, todavía no tienen una medición independiente (FAIMA, 2026b).
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Tabla 2. Rutas de valorización de subproductos en la cascada forestal
Fuente: elaboración propia con base en las referencias indicadas.
Si el aprovechamiento de subproductos depende exclusivamente de la iniciativa individual, las empresas grandes avanzarán por su cuenta. Las PyMEs quedarán fuera del circuito, quemando o acumulando subproductos, o se convertirán en proveedoras cautivas de pocos compradores con poder de mercado. En ambos casos aumentará el valor agregado total de la cadena, pero su distribución reproducirá la dualidad del sector. Para resolver este problema, la FAO propone establecer mecanismos de inversión “para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a otros agentes que intervienen en las cadenas de valor forestales
a agrupar su producción, añadir valor y preparar proyectos de calidad” (FAO, 2022, p. xxiii). La principal restricción de la circularidad PyME está en la agregación de la oferta, no en la tecnología.
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5. Construcción con madera: sumidero de carbono y uso de largo plazo del recurso 5.1 El escalón superior de la cascada La construcción ocupa el primer lugar entre los usos de la madera por su valor y la permanencia del carbono; la energía es su último destino. La FAO sintetiza la evidencia: “por cada kilogramo de carbono de productos madereros utilizados en la construcción en sustitución de productos no madereros se evitan, en promedio, alrededor de 0,9 kg de emisiones de carbono” (FAO, 2022). La revisión de Leskinen et al. (2018), basada en 51 estudios y 433 factores de sustitución, encontró un efecto promedio de 1,2 kg de carbono evitado por kilogramo de carbono en productos de madera. Los mismos autores advierten que la política debe orientarse a minimizar las emisiones totales, en lugar de maximizar los factores de sustitución, y perseguir al mismo tiempo la eficiencia en el uso de los recursos (Leskinen et al., 2018). A escala global, Churkina et al. (2020) mostraron que los edificios urbanos de mediana altura construidos con madera de ingeniería podrían almacenar carbono a largo plazo y sustituir materiales minerales intensivos en carbono, lo que convertiría al stock edilicio en un sumidero. En términos de economía circular, la construcción es el uso que mantiene el material más tiempo dentro del circuito económico y que, al final de su vida útil, alimenta los escalones inferiores de la cascada.
5.2 Una oportunidad de mercado interno A diferencia de la celulosa y el papel, orientados a la exportación, la construcción con madera es una oportunidad de desarrollo del mercado interno. El déficit habitacional alcanza al 25% de los hogares, casi 3,5 millones, y supera el 50% en el NEA y el NOA, según las fuentes que cita el diagnóstico oficial (Mora Alfonsín, 2023). Las estimaciones comparativas del mismo documento indican plazos de 7 a 21 días frente a 5 a 7 meses para una vivienda promedio de 60 m2. Hubo avances normativos: se aprobó el reglamento técnico CIRSOC 601 y, desde 2018, el sistema de entramado de madera se reconoce como construcción tradicional por la Resolución 3-E/2018 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat1. La capacidad instalada de fabricación de viviendas de madera se estima en 12.000 unidades anuales. La fábrica de viviendas industrializadas del Parque Industrial Posadas, con capacidad para 5.000 viviendas sociales de 40 m2 por año, es demandante neta de la producción de los aserraderos locales; sin embargo, “a la fecha, no ha funcionado a plena capacidad por demanda insuficiente” (Mora Alfonsín, 2023).
5.3 El cuello de botella está en la demanda La restricción está, por lo tanto, en la demanda y no en la oferta tecnológica. Pese a los avances normativos, los institutos provinciales de vivienda, con excepciones como el de Misiones son reticentes a
1- Al ser reconocido como construcción tradicional se deja de exigir el “CAT” (Certificado de Aptitud Técnica), lo cual facilita de manera significativa el proceso constructivo, el financiamiento a través de créditos y los seguros.
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la inclusión en pliegos y licitaciones de proyectos que incluyan madera. El financiamiento hipotecario y los seguros para este tipo de viviendas enfrentan límites que se explican por información incompleta. La caída de 30,2% en el empleo de viviendas prefabricadas registrada en 2026 (FAIMA, 2026a) muestra la sensibilidad de este segmento al ciclo de la construcción. La construcción con madera es también la vía más directa de integración de las PyMEs. Además de viviendas completas, incluye piezas y partes, como molduras, perfiles, aberturas y plataformas, que los aserraderos pueden producir de manera descentralizada. El diagnóstico oficial lo plantea en estos términos: “con los estímulos correctos en los eslabones indicados, el efecto multiplicador puede generar oportunidades de integración a un circuito económico nacional a pymes madereras de todo el país” (Mora Alfonsín, 2023). Desde la perspectiva de Hirschman (1958), la vivienda de madera es una actividad con fuertes encadenamientos hacia atrás que solo se activan si la demanda es previsible. Por eso, la compra pública cumple una función de política industrial además de la habitacional.
6. Potencial de crecimiento: empleo, exportaciones y agregado de valor 6.1 Metas de referencia El ejercicio de planificación más completo disponible es el elaborado en el marco de la Misión 10 del Plan Argentina Productiva 2030. Sostiene que la foresto-industria podría aumentar su participación en el empleo registrado nacional del 1,1% al 1,6%, incrementar sus exportaciones en más de USD 1.500 mi-
llones y sustituir importaciones. Estima el impacto de una política estratégica en 60.000 nuevos empleos formales, inversiones por USD 7.000 millones y una superficie forestal de 2 millones de hectáreas (Mora Alfonsín, 2023). Las metas para 2030 suponen pasar de exportaciones por USD 687 millones a USD 2.100 millones y de un saldo comercial de USD −372 millones a uno positivo de USD 1.450 millones (Mora Alfonsín, 2023). Estas cifras se toman como referencia y no como una proyección propia del artículo. Fueron formuladas antes de los cambios posteriores en la política económica. Su valor analítico está en la composición del crecimiento: una parte depende de grandes inversiones en celulosa, aserrado industrial y tableros, que generan subproductos en volumen suficiente para sostener la cascada; otra, de la fortalecimiento del entramado PyME mediante reconversión tecnológica, construcción con madera y desarrollo de proveedores.
6.2 Qué agrega la circularidad La economía circular contribuye al crecimiento por tres vías. El primero es el aprovechamiento integral del recurso: cada metro cúbico que hoy no se industrializa o cada tonelada de subproducto que se pierde es valor agregado potencial que no requiere expandir la superficie forestada. El segundo es la sustitución de importaciones y de energía fósil: el calor de proceso con biomasa reemplaza gas licuado o fueloil, y el entramado de madera reemplaza materiales intensivos en energía. El tercero es el acceso a mercados, cada vez más condicionado por la trazabilidad y el desempeño ambiental. La evidencia regional exige prudencia al estimar la magnitud de estos efectos. La CEPAL estimó que el desarrollo de las actividades de recuperación y reciclaje de materiales en América Latina y el Caribe, 80
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con la estructura productiva y la tasa de reciclaje de Alemania, aumentaría el valor agregado regional entre 0,04% y 0,18% del PIB por año y generaría entre unos 85.000 y unos 460.000 empleos directos e indirectos según el escenario (CEPAL, 2021). Son efectos positivos pero moderados. El mismo documento recoge que, en un escenario europeo ambicioso de economía circular, el empleo del sector forestal y de productos de madera caería levemente por la menor demanda de la construcción (CEPAL, 2021). El impacto de la circularidad sobre el empleo varía entre sectores: depende de qué escalones de la cadena se expanden. En la foresto-industria argentina, el saldo será positivo si la circularidad se apoya en la expansión de usos de largo plazo, como la construcción y los tableros, y no solo en la quema de biomasa.
6.3 La dimensión externa El Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación incluye la madera y sus derivados entre los productos alcanzados. Tras la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2025/2650, su aplicación se postergó al 30 de diciembre de 2026 y, para micro y pequeñas empresas, al 30 de junio de 2027. Para una cadena basada en plantaciones, con alrededor del 55% de la superficie certificada según datos sectoriales (FAIMA, 2026b), la norma puede ser una ventaja competitiva. Para las PyMEs, en cambio, representa un costo de cumplimiento que puede excluirlas. La FAO recomienda explícitamente poner en marcha mecanismos adecuados “para evitar el riesgo de que las pequeñas y medianas empresas pierdan el acceso a los mercados debido a requisitos estrictos relacionados con el riesgo de deforestación” (FAO, 2022). La trazabilidad es un bien público sectorial: si cada empresa debe construirla por su cuenta, solo las grandes podrán hacerlo.
7. Restricciones y cuellos de botella: una lectura de economía política 7.1 Financiamiento, escala y logística La primera restricción es financiera. El crédito al sector privado en la Argentina representa una fracción muy baja del PIB en comparación con América Latina y la OCDE, lo que eleva la prima de riesgo de los proyectos que requieren capital de mediano y largo plazo (Corti & Couto, en prensa). La foresto-industria es particularmente sensible a esa escasez: sus inversiones maduran en plazos largos, y las calderas, chiperas, secaderos o líneas de peletizado para PyMEs exigen financiamiento que el sistema bancario local no ofrece en condiciones adecuadas. La segunda restricción, analizada antes, es la escala: la viabilidad de la valorización energética depende del volumen de biomasa disponible en un radio económico de transporte. La tercera es la logística. El diagnóstico oficial identifica, entre las demandas históricas del sector, la eficiencia en los servicios de logística, dada la distancia entre las zonas forestales, los centros de consumo y los puertos (Mora Alfonsín, 2023). Para subproductos de bajo valor por tonelada, como chips o aserrín, el costo de transporte define si existe o no un mercado.
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7.2 Normativa e incertidumbre institucional
7.3 El RIGI desde la estructura dual
La cuarta restricción es normativa. En construcción, persisten diferencias entre jurisdicciones en la aceptación del entramado de madera, y faltan reglamentos y ensayos para usos en altura y para la resistencia al fuego (Mora Alfonsín, 2023). En energía, la Ley 27.191 incluye la biomasa entre las fuentes renovables y obliga a los grandes usuarios, a partir de 300 kW de demanda, a cubrir una parte de su consumo con fuentes renovables. Sin embargo, la meta de 20% para 2025 ya venció y no hay un horizonte posterior definido (FAIMA, 2026b). Sin contratos de largo plazo o una remuneración por potencia firme, los proyectos de biomasa de escala intermedia difícilmente resulten viables.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado por el Título VII de la Ley 27.742, es hoy el principal instrumento de promoción de inversiones en el país, y la foresto-industria figura entre sus sectores elegibles. La reglamentación la define como el conjunto de “las actividades cuyo principal insumo para la obtención de productos sea la madera e incluyen la implantación de bosques” (Decreto 749/2024, Anexo). Aquí se analizan sus efectos sobre una cadena con la estructura descripta en las secciones anteriores, sin evaluar la orientación general del régimen.
La quinta restricción es la inestabilidad de los instrumentos de promoción. La Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados, prorrogada por la Ley 27.487, es el principal instrumento de apoyo a la forestación. No obstante, como señala el diagnóstico oficial, “los pagos vinculados a los proyectos presentados en el marco de la Ley 25.080 suelen ser sujetos de retrasos por causas de estabilidad presupuestaria no regular en el tiempo, lo cual es una de las principales preocupaciones del sector privado en la programación de forestaciones, sobre todo en el segmento pyme” (Mora Alfonsín, 2023). La incertidumbre sobre el cumplimiento de los incentivos tiene, para la PyME, el mismo efecto que su inexistencia.
El primer rasgo es el umbral. El monto mínimo de inversión en activos computables “será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000)” (Ley 27.742, art. 173). En una cadena con un tamaño medio de 11,4 empleados por empresa en productos de madera y unos 25 aserraderos de escala exportadora, ese umbral limita el acceso a un grupo muy reducido de beneficiarios. Esto responde a la finalidad del RIGI, diseñado para grandes proyectos. La demanda de un régimen de este tipo ya tenía antecedentes en el sector: el diagnóstico de Argentina Productiva 2030 había propuesto una ley de promoción de inversiones foresto-industriales para proyectos con un consumo mínimo de unas 350.000 toneladas de madera por año (Mora Alfonsín, 2023). El problema para la cadena es que el instrumento actúa sobre un solo polo de la estructura dual y deja al otro sin condiciones equivalentes de estabilidad y previsibilidad. El segundo rasgo es la asimetría temporal. Los proyectos adheridos al RIGI gozan de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años desde su adhesión (Ley 27.742, art. 82
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201). En el otro polo de la cadena, los instrumentos que alcanzan a las PyMEs, como los aportes de la Ley 25.080, están sujetos a demoras de pago que el diagnóstico oficial identifica como una preocupación central del segmento PyME. La diferencia afecta tanto a la distribución como a la productividad. En una actividad de plazos largos, la previsibilidad influye en las decisiones productivas: dos segmentos de una misma cadena que enfrentan condiciones de certidumbre tan distintas tenderán a divergir en inversión, tecnología y escala. El tercer rasgo son los encadenamientos. Entre sus objetivos, la ley incluye “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI” (Ley 27.742, art. 166, inc. i). El instrumento previsto para ello es un plan de desarrollo de proveedores con un compromiso mínimo del 20% del monto destinado a proveedores de bienes y obras, condicionado a que la oferta local se encuentre “disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad” (Ley 27.742, art. 176, inc. l). Desde la perspectiva de Hirschman (1958), la cláusula traslada a la oferta local la carga de llegar al estándar requerido antes de que exista la demanda que justificaría
alcanzarlo. Sin una política complementaria de desarrollo de proveedores, el encadenamiento queda como objetivo declarado y el gran proyecto corre el riesgo de operar como enclave. El cuarto rasgo se vincula con la circularidad. El régimen no condiciona sus beneficios a criterios de desempeño material, como la prioridad del uso en cascada, el contenido de insumos secundarios o la compra de subproductos a terceros, una posibilidad que el estudio para PAGE señaló que no se había aprovechado (Corti & Couto, en prensa). Esta omisión incide sobre el mercado de subproductos foresto-industriales. Un gran proyecto industrial o energético puede elevar la demanda regional de madera y de subproductos. Esa demanda puede beneficiar a los aserraderos PyME que venden sus subproductos, pero también puede generar competencia por la materia prima y relaciones de dependencia con un único comprador. Cuál de los dos efectos predomine depende de reglas que el régimen hoy no establece. A la fecha de redacción de este artículo, no existe información sobre los proyectos foresto-industriales adheridos o en evaluación para ingresar al mencionado régimen.
Tabla 3. Rasgos de diseño del RIGI y sus implicancias en una cadena con estructura dual
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Fuente: elaboración propia con base en la Ley 27.742, el Decreto 749/2024, Mora Alfonsín (2023) y Corti & Couto (en prensa).
7.4 Síntesis: cuatro brechas en la foresto-industria Las restricciones identificadas pueden ordenarse según las cuatro brechas que el estudio para PAGE señaló para la economía argentina en su conjunto: coordinación, incentivos, información y mercados secundarios (Corti & Couto, en prensa). Aplicadas a la foresto-industria, esas brechas adquieren rasgos propios. Su rasgo común es que operan con mayor intensidad sobre el polo PyME de la estructura dual. La brecha de coordinación es la más directamente vinculada con la escala. En una cadena con cerca de 2.200 aserraderos, de los cuales solo unos 230 están equipados con chiperas (Mora Alfonsín, 2023), la mayor parte de los subproductos se genera en volúmenes chicos, dispersos y heterogéneos. Ninguna unidad individual reúne la cantidad necesaria para sostener una línea de peletizado, una planta de cogeneración o un contrato de abastecimiento con un comprador industrial. La agregación de esa oferta requiere funciones que no surgen espontáneamente del mercado: acopio, secado, clasifica-
ción, logística y negociación colectiva. Por eso la FAO identifica como prioridad los mecanismos que permitan a las PyMEs forestales “agrupar su producción, añadir valor y preparar proyectos de calidad” (FAO, 2022). La brecha tiene también una dimensión institucional. Las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales y no existe un ámbito que coordine la planificación de cuenca entre Nación, provincias y municipios. La brecha de incentivos se expresa en un sistema de señales que no premia la cascada. Ninguna regla distingue entre el uso material de la madera y su uso energético, ni recompensa la retención de valor en los escalones superiores. En ausencia de esas señales, el destino de menor complejidad, la venta como combustible o la quema, tiende a imponerse por defecto. A esto se suma una asimetría entre polos: los grandes proyectos cuentan con un régimen de estabilidad por treinta años (Ley 27.742, art. 201). Los instrumentos que alcanzan a las PyMEs, en cambio, sufren demoras de pago que el diagnóstico oficial identifica como una preocupación central del segmento (Mora Alfonsín, 2023). En el 85
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plano energético, la meta renovable de la Ley 27.191 venció en 2025 sin un horizonte posterior definido (FAIMA, 2026b). Eso deja sin señal de largo plazo a los proyectos de biomasa de escala intermedia, que no pueden competir solo por el precio de la energía y cuyo valor reside en la firmeza, la cercanía a la demanda y el empleo regional. La brecha de información impide dimensionar el problema. La producción de chips no puede estimarse con precisión por la atomización y la heterogeneidad de las capacidades productivas. Los datos estructurales más completos de la cadena corresponden a 2020-2021, y las cifras en circulación sobre el aporte de la biomasa a la matriz eléctrica difieren según la fuente y el año de referencia (FAIMA, 2026b). Sin una cuenta de flujos de biomasa que registre cuánto subproducto se genera, dónde y con qué destino, no es posible localizar polos, calibrar instrumentos ni verificar el cumplimiento de eventuales condicionalidades2. La alta informalidad de los eslabones primarios agrava el problema, porque una parte de la actividad queda fuera de los registros administrativos. La brecha de mercados secundarios se manifiesta en una asimetría de poder de negociación. Alrededor de dos tercios de la potencia eléctrica instalada con biomasa corresponden a grandes complejos industriales, y los aserraderos PyME prácticamente no participan de ese circuito (FAIMA, 2026b). Del lado de la demanda hay pocos compradores con capacidad de procesar grandes volúmenes; del lado de la oferta, cientos de unidades sin contratos, sin precios de referencia y con subproductos de calidad variable. En ese contexto, la PyME queda fuera del mercado o se integra como proveedora cautiva. A ello se agregan los costos de cumplimiento de los nuevos requisitos de acceso a mercados externos. Si la trazabilidad debe cons2- Una cuenta de flujos de biomasa podría implementarse mediante una acción compartida público-privada, que no devengue recursos fiscales significativos.
truirse empresa por empresa, existe el riesgo de que las pequeñas y medianas empresas pierdan el acceso a los mercados (FAO, 2022). Las cuatro brechas no son independientes; se refuerzan en un circuito. La falta de información impide diseñar incentivos y planificar la coordinación. La ausencia de coordinación mantiene atomizada la oferta y debilita la posición de las PyMEs en los mercados secundarios. Mercados concentrados y poco transparentes, a su vez, no generan precios de referencia que permitan producir información ni orientar incentivos. Por eso, la secuencia de intervención importa tanto como cada instrumento por separado. Las recomendaciones de la sección siguiente procuran actuar sobre ese circuito de manera simultánea: organizan la oferta, crean demanda previsible, alinean incentivos con la cascada y construyen información como bien público.
8. Recomendaciones de política pública Las recomendaciones se ordenan según su secuencia de aplicación: algunas pueden instrumentarse con las herramientas existentes y otras requieren nuevos arreglos institucionales. Todas buscan aumentar el aprovechamiento físico del recurso y reducir la heterogeneidad estructural. Asimismo, minimizar la demanda de recursos fiscales en el diseño e implementación de estas acciones. Para ello, requieren coordinar la acción del sector privado y del Estado en cada territorio.
8.1 Organizar la oferta PyME de subproductos La primera prioridad es crear polos asociativos de subproductos en las principales cuencas forestales. 86
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Se trata de centros de acopio, secado, clasificación y, eventualmente, peletizado o generación, con participación de aserraderos de un radio cercano como proveedores y socios. Estos centros permiten alcanzar la escala necesaria, estandarizar los subproductos y negociar con compradores grandes. Puede apoyarse en cámaras sectoriales, cooperativas o consorcios público-privados, con el aporte técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Como complemento, conviene desarrollar contratos tipo de compraventa de subproductos con precios de referencia publicados, para reducir la asimetría entre vendedores atomizados y compradores concentrados.
8.2 Activar la demanda pública de construcción con madera La segunda prioridad es incorporar cupos de construcción con madera en los programas de vivienda nacionales y provinciales. Esto requiere unificar a nivel federal la aceptación del entramado de madera como sistema tradicional, de modo que los institutos provinciales de vivienda lo incluyan en sus pliegos (Mora Alfonsín, 2023). De acuerdo con la recomendación de compras públicas con metas del estudio para PAGE (Corti & Couto, en prensa), un porcentaje creciente de la vivienda pública construida con madera nacional daría previsibilidad al uso de la capacidad instalada hoy ociosa. Esa demanda también alcanzaría a los aserraderos que proveen piezas y partes. Es el instrumento con mayor efecto de encadenamiento por peso invertido y el que mejor ordena los usos de la madera desde el escalón superior de la cascada.
8.3 Incorporar criterios circulares y de encadenamiento en los grandes proyectos La tercera prioridad es complementar el RIGI, sin alterar su estructura de beneficios, con criterios verificables para los proyectos foresto-industriales. Esos criterios incluirían la prioridad del uso material de la madera por sobre el energético, salvo para subproductos sin uso material viable; planes de compra de subproductos a terceros PyMEs con condiciones publicadas; y programas de desarrollo de proveedores con metas, financiamiento y asistencia técnica, que hagan efectivo el objetivo de encadenamiento previsto en la propia ley. Para el polo PyME, se propone un régimen de estabilidad proporcional a su escala, que garantice al menos el cumplimiento de los pagos en los plazos previstos de la Ley 25.080 y la previsibilidad de las reglas de promoción vigentes.
8.4 Financiamiento dedicado y energía firme distribuida La cuarta prioridad es crear líneas de financiamiento de largo plazo para calderas, secaderos, chiperas y cogeneración de escala PyME. Pueden canalizarse a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) o de un fondo con garantías públicas, siguiendo el esquema del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) de la Ley 27.191, que el estudio para PAGE propuso replicar para un fondo de economía circular (Corti & Couto, en prensa). En el plano energético, conviene definir un horizonte de metas renovables posterior a 2025 que reconozca a la biomasa como capacidad firme y distribuida. Ese horizonte debería incluir convocatorias para plantas de escala intermedia asociadas a los polos de la recomendación 8.1. 87
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8.5 Información y trazabilidad como bienes públicos La quinta prioridad es construir una cuenta de flujos de biomasa forestal, con datos de producción, subproductos generados y destinos, como componente sectorial del sistema nacional de información de flujos de materiales que propone el estudio para PAGE (Corti & Couto, en prensa). También se propone un sistema de trazabilidad compatible con el reglamento europeo de deforestación, operado como plataforma pública o público-privada, que permita a las PyMEs acreditar origen sin afrontar individualmente el costo de cumplimiento. Los inventarios forestales de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial y las herramientas de aptitud de suelos del INTA ya constituyen una base de información de gran valor para ambos fines (Mora Alfonsín, 2023, p. 56).
8.6 Gobernanza federal La sexta prioridad es institucional. Dado que las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales, la circularidad forestal requiere mesas provinciales de bioeconomía forestal con participación de Nación, provincias, municipios, cámaras empresarias, sindicatos y universidades. Su función sería planificar la localización de polos, coordinar la demanda pública y monitorear indicadores. El objetivo es que los instrumentos nacionales respondan a las condiciones de cada territorio y que las provincias forestales dejen de competir entre sí por grandes proyectos aislados para coordinar estrategias de desarrollo de cuenca.
Tabla 4. Recomendaciones de política: actores, horizonte e indicadores
Fuente: elaboración propia. Los horizontes son orientativos y deben calibrarse con las autoridades competentes.
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9. Conclusiones La foresto-industria argentina reúne condiciones materiales para mostrar cómo la economía circular puede contribuir al desarrollo: un recurso renovable de alta productividad, usos que van desde la construcción hasta la energía y una distribución territorial de gran importancia para las economías regionales. Esas condiciones, sin embargo, no se traducen automáticamente en circularidad: parte del recurso no se industrializa, muchos subproductos del entramado PyME no encuentran destino de valor y la demanda de los usos de largo plazo está por debajo de la capacidad instalada.
blica de construcción con madera, la incorporación de criterios de cascada y encadenamiento en los grandes proyectos y el financiamiento de la escala intermedia. También proponen tratar la información y la trazabilidad como bienes públicos. Estas medidas parten de las capacidades que el sector ya tiene. Como sostuvo el estudio para PAGE respecto de la economía argentina, se necesita ordenar los instrumentos existentes para que funcionen de manera coordinada (Corti & Couto, en prensa). En la foresto-industria, además, su diseño debe responder a las condiciones de cada territorio y a una estructura en la que conviven empresas de competitividad internacional con miles de unidades productivas que sostienen la economía de muchas comunidades.
El argumento central del artículo es que la circularidad forestal depende de la escala productiva. Las empresas integradas ya practican el uso en cascada dentro de la firma; las PyMEs, que son la mayoría del sector y el sostén del empleo en numerosas localidades, carecen del volumen, el capital y los contratos necesarios para hacerlo. Por eso, una agenda circular que se limite a promover tecnologías o a atraer grandes inversiones aumentará el valor agregado total de la cadena, pero no necesariamente reducirá su heterogeneidad estructural. En ciertas condiciones, podría ampliarla. El análisis del RIGI muestra esa tensión, con independencia de su orientación general. Un régimen diseñado para grandes proyectos opera sobre un polo de la estructura dual y deja al otro sin un equivalente de estabilidad, financiamiento ni encadenamiento efectivo. Sus objetivos de desarrollo de cadenas locales son compatibles con una agenda circular y federal, pero requieren instrumentos complementarios que hoy no existen. Las recomendaciones buscan complementar los instrumentos existentes mediante la organización de la oferta PyME de subproductos, la demanda pú89
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Referencias
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n Armando De Angelis
Inteligencia artificial y desarrollo inclusivo en Argentina: roles, requisitos institucionales y restricción fiscal
Análisis elaborado a partir de las exposiciones del nadIA Summit 2026 (CEPE-UTDT y Fundar) - Buenos Aires, 2 de octubre de 20261.
Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, especializado en desarrollo económico e institucional, gestión por objetivos y resultados y presupuesto por programas con enfoque de resultados. Ocupó cargos de jerarquía en la administración pública nacional. Fue docente de grado y posgrado en la UBA y en la Universidad Nacional de Lanús y capacitador en el Programa de Formación Directiva del INAP. Actuó como par evaluador de la CONEAU. Se desempeñó como consultor experto en programas nacionales e internacionales. Posee una amplia trayectoria en el CPCECABA.
Contenido Resumen 94 1. Introducción y alcance
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2. Diagnóstico: productividad, brechas y economía política
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3. El rol de la IA en un desarrollo económico inclusivo
96
4. Requerimientos para una adopción inclusiva
99
5. Restricción fiscal: criterios de priorización
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6. Experiencias argentinas con potencial de escala
106
7. Casos internacionales
107
8. Factores asociados al éxito y al fracaso
110
9. Riesgos y cuestiones abiertas
111
10. Conclusiones
111
Nota sobre las fuentes
112
1- https://youtu.be/TgldhNStztY?si=dXYZjUc_Me8EuRo4 92
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Resumen
1. Introducción y alcance
El nadIA Summit 2026 reunió a representantes de organismos multilaterales, empresas tecnológicas, el ámbito académico y centros de política pública para discutir las condiciones bajo las cuales la inteligencia artificial (IA) puede contribuir al desarrollo económico de Argentina y América Latina. El presente artículo organiza los principales conceptos expuestos en torno a dos interrogantes: qué rol puede desempeñar la IA en un proceso de desarrollo inclusivo y qué requerimientos de política pública resultan necesarios, tanto a nivel nacional como subnacional.
nadIA es el nodo argentino de inteligencia artificial constituido en 2025 por el Centro de Políticas Públicas (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y por Fundar. Su actividad se orienta a la generación de datos y a la construcción de acuerdos entre sectores. En ese marco, en 2025 se realizó la primera encuesta de adopción de IA a nivel nacional en Argentina y en Uruguay. Y, en 2026,se lanzó la primera encuesta de adopción en pymes, en conjunto con el BID y el Observatorio Pyme con financiamiento de la Fundación Ford.
Del análisis surge que la restricción principal no es tecnológica, dado que las herramientas se encuentran disponibles, sino de los requisitos para su efectiva adopción y expansión: calidad y gobierno de los datos, capacidades de intermediación, cultura organizacional, previsibilidad regulatoria e infraestructura tanto energética como de cómputo. Se identifican, dado el contexto nacional (y latinoamericano en general), instrumentos de bajo costo fiscal (gobierno de datos, compras públicas, contratos de infraestructura con contrapartidas, cooperación regional y financiamiento multilateral) que permiten avanzar sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Se incorporan experiencias nacionales con potencial de escala, casos internacionales y los factores que explican tanto los resultados exitosos como los fracasos. Palabras Clave: Inteligencia artificial, desarrollo inclusivo, política pública, restricción fiscal, gobierno de datos.
La jornada del 2 de octubre combinó grupos de trabajo durante la mañana y tres instancias abiertas durante la tarde: una exposición de Christian Asinelli (vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF2) sobre la IA como factor de desarrollo regional; un panel de experiencias empresariales con Laura Álvarez Modernel (Amazon Web Services) y Mariano Casero (Finnegans), moderado por Natalia Carfi (Open Data Charter); y un panel de cierre con Eduardo Levy Yeyati (fundador del CEPE) y Daniel Jankelevich (investigador principal de Fundar). Corresponde formular tres aclaraciones metodológicas. En primer lugar, que los datos numéricos (cifras, montos, porcentajes) reflejan lo expresado por cada orador y no fueron verificados de manera independiente. En segundo lugar, que las posiciones de los expositores se atribuyen a quienes las formularon y no necesariamente representan una postura institucional. En tercer lugar, que la restricción fiscal no fue tratada de manera sistemática en el evento; por lo tanto resulta de una elaboración propia que asocia los planteos de los expositores con criterios usuales de dimensionamiento del gasto público.
2- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antes Corporación Andina de Fomento.
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2. Diagnóstico: productividad, brechas y economía política
2.2 Asimetrías de poder y concentración
2.1 La productividad como problema de fondo
Un segundo eje del diagnóstico fue la asimetría entre los Estados y las grandes empresas tecnológicas. Se señaló que algunas de estas compañías, medidas por su valor, superan al producto de numerosos países, y que sus decisiones pueden adoptarse de manera unilateral, sin los plazos ni los procesos propios de la deliberación democrática. De allí la referencia a una «cancha inclinada» en materia de información, recursos y capacidad de decisión, que limita el margen de acción de las instituciones aunque existan buenas leyes y liderazgos dispuestos a aplicarlas.
La exposición de CAF ubicó la discusión sobre IA dentro de un conjunto más amplio de transiciones simultáneas: la demográfica, la energética, la ambiental y la digital. La región atraviesa el final del bono demográfico3 sin haber logrado, según el expositor, convertirlo en una mejora sostenida de la productividad. Como referencia comparativa se citó el caso de Corea, que en 1960 exhibía un tercio de la productividad de América Latina y actualmente registra el triple. El informe de CAF sobre crecimiento y productividad (Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante4) fue mencionado como base de ese diagnóstico. Desde esa perspectiva, la IA se presenta como una oportunidad para recuperar terreno, pero con una condición: la inversión y la acumulación de capital resultan necesarias, aunque no suficientes, y el desafío consiste en producir mejor con los recursos disponibles. La digitalización y la IA se evalúan como aliados potenciales de los países en desarrollo para lograr un salto cualitativo, siempre que se aborden las brechas que la propia tecnología puede ampliar. El planteo incorpora una dimensión intergeneracional. La pandemia generó, en la descripción del expositor, una «brecha dentro de la brecha»: niños que aprendieron a leer en condiciones desiguales de conectividad y acceso a dispositivos. Sin intervención, esa diferencia inicial se proyecta sobre la productividad futura. La IA ingresa así a un escenario en el que las desigualdades de partida predeterminan quién puede aprovecharla.
La respuesta propuesta consiste en la acción conjunta de múltiples sectores (gobiernos, academia, organismos internacionales, sociedad civil y empresas) y en la integración regional como mecanismo para corregir parcialmente esa asimetría. En palabras del expositor, la composición de los espacios de decisión determina el resultado: una discusión limitada a las empresas, a los gobiernos o a la sociedad civil conduciría a soluciones sesgadas. En cuanto a los límites de la automatización, se afirmó que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no a la inversa, y que el alcance de la IA es una decisión humana y política que no corresponde delegar en los propios sistemas. El planteo guarda relación con una advertencia sobre el uso intensivo de recursos: el consumo de agua y energía de los centros de datos fue señalado como un debate pendiente en la región. Una solución tecnológica puede transformarse en un problema si no se discuten sus costos ambientales y su localización.
3- Ventana de oportunidad en la que la población en edad de trabajar supera a la dependiente. 4- https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2580.
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2.3 La agenda propia frente al debate de frontera En el panel de cierre se discutió el modo en que el debate global sobre IA (riesgo existencial, competencia entre Estados Unidos y China, propuestas de pausa) condiciona la agenda local. Levy Yeyati observó que esa discusión presenta dos rasgos: si la probabilidad de un resultado catastrófico superara cierto umbral, el resto del análisis (productividad, empleo, educación) perdería relevancia; y, al mismo tiempo, se trata de una discusión que se desarrolla lejos de los países de la región, lo que tiende a producir parálisis. Se propuso, en consecuencia, desplazar el foco hacia cuestiones sobre las que la región puede actuar. Se expuso asimismo una lectura económica de los pedidos de pausa y regulación. Parte de las voces que los formulan tendría intereses comerciales propios, vinculados con la configuración de barreras de entrada y con la estructura de riesgo de las compañías que desarrollan modelos de frontera. Esa lectura se complementa con un argumento de economía de la regulación: cuando una actividad enfrenta riesgos de cola5 sin límite (el equivalente a una aerolínea que pudiera afrontar de manera ilimitada las consecuencias de un accidente) no puede operar en forma privada y sostenida sin un marco que acote la responsabilidad. De allí la distinción entre una regulación orientada a evitar daños y una regulación habilitante, que fija costos previsibles y permite que empresas y emprendimientos participen de la cadena de valor. Jankelevich coincidió en que las empresas demandan este segundo tipo de regulación y agregó que episodios recientes de agentes que eludieron entornos de prueba muestran las limitaciones de la autorregulación. 5- El riesgo de cola (tail risk) es el peligro financiero de que ocurra un evento extremo y poco probable que se sitúa a más de tres desviaciones típicas de la media en una distribución de probabilidad.
Durante el intercambio con el público se objetó que el debate no resulta tan lejano, dado que el discurso presidencial ha colocado a Argentina en el centro de la discusión sobre empresas agénticas y desregulación. Los panelistas matizaron: existe cercanía retórica, pero el interés práctico se concentra en lo que se hace en el país para impulsar la adopción. Se señaló también la posibilidad de que Argentina funcione como laboratorio de experimentos sociales y cognitivos, y se observó que una sociedad sin personas humanas responsables resulta inviable desde el punto de vista jurídico y de la demanda: sin un sujeto al cual litigar, el consumidor carece de recursos, y la figura de un responsable legal ya es posible bajo el régimen societario vigente.
3. El rol de la IA en un desarrollo económico inclusivo 3.1 Productividad del Estado y calidad de los servicios públicos Uno de los consensos más claros fue el potencial de la IA para elevar la productividad del sector público, entendida de manera amplia: administración, servicios y relación con el ciudadano. Jankelevich recordó que la digitalización de los gobiernos tiene cuarenta años de historia y que, en buena parte de la región, sigue siendo parcial. Se mencionó el caso de una provincia en la que ciertos datos se registraban en un cuaderno, como ilustración de la distancia entre el estado actual de los registros administrativos y las condiciones requeridas para aplicar IA. En ese contexto, la IA puede operar como incentivo para completar la digitalización y para mejorar la interoperabilidad, porque la demanda de datos utilizables otorga un nuevo propósito a procesos que 96
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históricamente se postergaron. La salud, la educación y la justicia aparecieron como los sectores de mayor impacto social. Se citaron la experiencia de telemedicina y teleeducación de El Salvador, con financiamiento de CAF según uno de los panelistas, y los programas de salud digital de Brasil. Los casos se detallan en el apartado 7. Se identificó también una barrera de economía política. Cuando la IA permite prescindir de tareas, quienes deben implementarla en el Estado (o en la educación) perciben que compiten con la tecnología, y las organizaciones tienden a proteger a su personal o a eludir el conflicto. La resistencia, en esta lectura, no es tecnológica ni estrictamente política, sino organizacional: el implementador se asemeja a quien entrena al sistema que podría reemplazarlo. La respuesta sugerida combina reentrenamiento efectivo con la definición de criterios de éxito que no se limiten al ahorro de costos. A modo de ejemplo, Álvarez Modernel relató un proyecto con un Ministerio de Hacienda en el que se descartó una métrica económica a favor de otra vinculada con la confianza de los equipos, dado que de lo contrario la resistencia habría impedido la adopción.
3.2 Adopción empresarial y pymes Los panelistas del sector privado coincidieron en que la adopción comienza por el problema y no por la solución tecnológica. Casero describió que Finnegans, cuyos clientes incluyen empresas del sector agropecuario con grados de digitalización muy dispares, advirtió que una solución sofisticada de IA carecía de utilidad frente a una necesidad operativa inmediata (un camión detenido en la puerta de un establecimiento que requiere una decisión de descarga). La empresa reorientó su estrategia hacia la consultoría de procesos: se releva el proceso, se
rediseña y, sobre el proceso rediseñado, se incorpora IA generativa o predictiva. Se agregó que en muchos casos la solución adecuada es la automatización simple, sin IA, que además genera los datos que alimentan procesos posteriores. La segunda coincidencia fue que el cuello de botella no reside en el costo financiero ni en el acceso técnico. El estudio cualitativo de nadIA sobre pymes encontró que la principal carencia es la falta de “traductores” o intermediarios capaces de adaptar herramientas existentes a la realidad operativa de cada empresa. Jankelevich y Levy Yeyati lo conceptualizaron en tres capas de capital humano: investigadores que desarrollan modelos de frontera, usuarios con alfabetización básica en IA y, en el medio, los «facilitadores», cuyo papel es reorganizar a la empresa en torno a la nueva tecnología. Las empresas grandes pueden contar con estos perfiles internamente; las medianas y pequeñas requieren servicios externos. En la presentación de la encuesta de pymes, empresarios participantes manifestaron que ya utilizaban IA pero no sabían a quién consultar para sistematizar su uso. Un participante del público citó, sin indicar la fuente, que entre el 4 % y el 6 % de las empresas avanzaría hacia una segunda etapa de adopción, y atribuyó la brecha a factores humanos y de datos (sensores que fallan, equipos que no se integran). Los panelistas respondieron que el cambio cultural es el aspecto más lento y más difícil de las transformaciones digitales, que debe promoverse desde la conducción y que existe una disparidad entre los tiempos de la cultura organizacional y la velocidad de la tecnología. También se abordó el uso no autorizado de herramientas de IA por parte de los empleados («IA en las sombras»): se recomendó asumir que ocurre, definir una estrategia explícita con salvaguardas de seguridad de datos e indagar por qué la herramienta oficial resultó insuficiente. 97
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3.3 Empleo, informalidad y distribución del ingreso El tratamiento del empleo fue uno de los puntos de mayor densidad analítica. Levy Yeyati sostuvo que los estudios de exposición laboral a la IA, basados en descripciones ocupacionales de bases como O*NET, no son aplicables al mercado laboral argentino por varias razones: los empleos agrupan tareas heterogéneas que no se pueden separar sin pérdida (la sustitución del 30 % de las tareas de un puesto no implica la eliminación del puesto); entre la capacidad técnica de la IA y el desplazamiento efectivo median la regulación, la relación beneficio-costo de la adopción y la demanda final (los consumidores pueden rechazar productos elaborados con IA); y, sobre todo, la informalidad, que según los panelistas ronda el 60 % del empleo, y el trabajo independiente quedan fuera de esas mediciones. Dado que los salarios del empleo informal son menores, la ecuación de costos que favorece la sustitución es distinta a la de economías avanzadas. La conclusión metodológica fue que el país necesita construir su propia base de ocupaciones y tareas. En cuanto al efecto esperado, se planteó que la IA no generaría necesariamente desempleo abierto sino precarización, dado que esta funciona como «amortiguador» del desempleo en Argentina. El riesgo es una caída de la participación del trabajo en el producto, en una economía sin un sistema de formación laboral ni de protección social robustos y con trabajadores de competencias poco transferibles. Se señaló además un efecto externo: si los agentes de IA se ejecutan en la nube, se sustituye base laboral local por importaciones de servicios, con posible presión sobre la disponibilidad de divisas. El debate sobre mecanismos de distribución alternativos al salario, como el ingreso universal, se abordó con cautela. Se indicó que el planteo cuenta
con defensores en la propia industria tecnológica y que se ha financiado experimentación en Estados Unidos, pero que su viabilidad fiscal depende de un aumento previo de la productividad: si la transición consiste solo en reemplazar a un trabajador caro por una tecnología más barata y de calidad equivalente o inferior (lo que Daron Acemoglu denomina tecnologías «de medio pelo», según la expresión usada por el panelista), no existe una «torta» adicional para distribuir. Las alternativas mencionadas (transferencias, socialización de servicios, un sistema tributario progresivo) quedan, así, condicionadas al crecimiento. Se reconoció que el tema ha sido poco discutido en el país y que requiere tiempo de preparación, dado que la transición sería más larga de lo que anticipan los desarrolladores de tecnología.
3.4 Inserción en la cadena de valor de la IA Un cuarto rol discutido es la participación de Argentina como proveedora y no solo como usuaria. Se trazó una distinción entre usar la IA, con aplicaciones en el agro y la agroindustria (donde el país suele ser un adoptante temprano), y producir en algún eslabón de la cadena: cómputo, energía, ajuste fino (fine-tuning) de modelos para uso local, aplicaciones para salud y educación. Se advirtió que limitarse al uso reproduce el patrón de exportar materias primas e importar manufacturas. Un participante del público propuso que la bioeconomía agroindustrial constituye una ventaja absoluta del país, con cientos de miles de actores demandantes, y que debería ser el eje de una estrategia federal de desarrollo apoyada en clústeres productivos. Los panelistas reconocieron el potencial, pero lo ubicaron como un caso de uso: la pregunta estratégica es en qué eslabón se genera valor agregado y empleo calificado. La respuesta fue que aún no 98
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se conoce con precisión dónde puede insertarse el país, y que ese estudio debe formar parte de una estrategia nacional que luego promueva la aparición de proveedores locales. Se mencionaron como activos de partida, la pertenencia de Argentina al reducido grupo de países con capacidad satelital y con dominio del ciclo nuclear, así como el sistema científico y de computación avanzada. En el plano geopolítico, se señaló que China priorizó la difusión sobre la frontera mediante modelos abiertos de menor costo, lo que ejerce presión sobre los precios y otorga mayor control a los usuarios. La dependencia de un modelo cuyo acceso puede restringirse por decisión ejecutiva de otro país se identificó como un riesgo para el desarrollo de empresas y economías. Se comparó con la exclusión de Rusia del sistema de pagos SWIFT. La soberanía, en este sentido, no exige desarrollar un modelo propio, pero sí contar con alternativas y con capacidad de negociación.
4. Requerimientos para una adopción inclusiva De las exposiciones se desprende que las condiciones habilitantes son sistémicas: la carencia de uno de los insumos (datos, energía, cómputo, talento, marco regulatorio) limita el aprovechamiento de los demás. Jankelevich lo expresó con un ejemplo: la generación eléctrica abundante resulta insuficiente si la red de distribución no soporta la carga. Los apartados siguientes ordenan los requerimientos por dimensión.
4.1 Datos y gobierno de datos Los datos fueron señalados como la base de cualquier iniciativa de IA y como una de las condiciones menos atendidas por el Estado argentino. Jankelevich recurrió a una comparación elocuente: una silla de una dependencia pública tiene número de inventario y registro, mientras que no existe la obligación equivalente de contar con un catálogo de datos. Persisten expedientes en papel en numerosas dependencias, y durante muchos años el tratamiento de la información por parte del Estado, tanto nacional como subnacional, fue deficiente, aunque con avances recientes. Un gobierno de datos que los trate como activo se considera una condición necesaria para trabajar con IA. Fundar, que fue el primer centro de política pública del país con un área de datos y planteó esta agenda desde 2020, mencionó su trabajo con la provincia de Catamarca sobre datos mineros como ejemplo de estructuración previa a la aplicación de modelos. Desde el sector privado se arribó a la misma conclusión por otra vía. Álvarez Modernel atribuyó el estancamiento de numerosas pruebas de concepto a la ausencia de datos limpios, organizados y dispuestos a ser compartidos. Casero advirtió que, ante la incertidumbre normativa, los equipos se acomodan según su criterio, lo que deriva en dispersión de datos; de allí su insistencia en que la calidad de los datos requiere marcos de gobernanza explícitos. En esa línea se mencionó la relevancia de una cultura basada en datos y de acuerdos de uso dentro de las organizaciones. Se formularon, además, cuatro observaciones de política pública:
• Interoperabilidad. Un participante consultó por plataformas de intercambio de datos del tipo X-Road, de 99
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origen estonio, que varias provincias estarían adoptando. Jankelevich las consideró una vía válida, aunque insuficiente por sí sola, dado que el problema es sistémico y requiere que los datos existan y tengan calidad antes de ser intercambiados.
• Naturaleza económica del dato. Levy Yeyati indicó que los datos son bienes públicos no apropiables, por lo que la coordinación privada es difícil y la puesta a disposición e interoperabilidad de datos requiere participación estatal. Agregó que los datos hoy se encuentran «subsidiados»: los modelos se entrenaron con volúmenes captados a costo muy bajo, circunstancia que tenderá a revertirse mediante convenios con los titulares de la información. Para un país con datos relevantes, este cambio podría convertir su disponibilidad en un activo estratégico.
• Armonización regional. Casero propuso acuerdos entre países sobre estándares de gestión de datos en sectores como la salud y el petróleo y gas, sin que ello implique restringir la innovación. Se destacó que la heterogénea regulación de datos personales entre países dificulta las operaciones comerciales, en particular la venta de servicios a clientes europeos.
• Reforma de la ley de protección de datos personales. En el grupo de trabajo sobre gobernanza se registró unanimidad respecto de la necesidad de actualizar la norma vigente, calificada como anticuada. Argentina cuenta con un reconocimiento de adecuación por parte de la Unión Europea, pero los distintos intentos de reforma no prosperaron. Finalmente, Levy Yeyati propuso construir una base ocupacional propia, análoga a O*NET pero adaptada a la estructura del empleo informal, como insumo para estimar impactos laborales con datos locales. Se trata de un caso en el que la inversión en información pública precede a cualquier decisión de política.
4.2 Infraestructura: conectividad, cómputo, energía y soberanía La exposición de CAF situó la infraestructura como condición de soberanía, entendida como libertad de elección y capacidad de decisión sobre el uso de los datos. En ese marco, se mencionaron líneas de trabajo del banco en conectividad, capacidad de cómputo, energía limpia y ciberseguridad. Argentina fue señalada como un caso con ventajas de partida por su desarrollo satelital y nuclear, resultado de una acumulación tecnológica de varias décadas que no podría replicarse en el corto plazo. Centros de datos. La discusión más detallada se produjo en el panel de cierre. Levy Yeyati y Jankelevich cuestionaron una visión que identifica a la IA con la instalación de centros de datos y reclamaron distinguir entre tipos:
• Los centros de colocation ofrecen espacio, energía y refrigeración a terceros. Según los estudios citados (de Brookings y del Banco Mundial, según expresó uno de los panelistas), su derrame sobre la economía local es bajo, porque emplean poca mano de obra y no requieren eslabonamientos domésticos. Funcionan, en los hechos, como la venta de energía barata, es decir, la reproducción del modelo de exportación de materias primas.
• Los centros de los grandes proveedores de nube (hyperscalers) demandan desarrollos locales complementarios y condiciones más exigentes, lo que genera un derrame mayor. Se sostuvo que la energía representa una proporción menor del costo total de un centro de datos (un panelista estimó entre el 2 % y el 3 %), por lo que reducir impuestos y ofrecer energía barata no basta para atraer inversiones. La capacidad de la 100
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red es determinante: se relató que centros que se habían comprometido a instalarse en México evaluaron trasladarse a Brasil porque la red brasileña soporta la carga. Se agregó que, ante una eventual mayor resistencia local en Estados Unidos, es previsible una búsqueda de emplazamientos en América Latina, de modo que la región debe prepararse para negociar. En este punto, la experiencia brasileña fue citada como referencia: la ley de centros de datos exige a los operadores que cedan una parte de su capacidad para uso local (universidades, investigación). La conclusión fue que el contrato con el centro de datos «hace toda la diferencia». Casero, por su parte, describió desde la operación cotidiana que en Argentina las empresas deben recurrir a infraestructura externa y que existen problemas de base en el suministro eléctrico, que limitan los servicios en línea; se refirió a esta dependencia como un obstáculo anterior a los debates sobre regulación internacional. Cómputo científico. Jankelevich mencionó la reciente incorporación de una máquina de gran porte al Centro de Computación de Alto Desempeño de Córdoba y planteó la pregunta de qué podría lograrse si ese tipo de recursos se desarrollara junto con Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países. La respuesta, sin embargo, enfrenta factores políticos que dificultan la cooperación más allá de la cercanía geográfica. Conectividad y brecha digital. La exposición de CAF subrayó que cerrar la brecha de acceso tiene un fundamento de equidad y de productividad: menor informalidad y mejores oportunidades laborales. El programa Internet para Todos de Perú, descripto en el apartado 7, fue presentado como modelo de articulación público-privada para extender la infraestructura donde no existe oferta comercial.
Energía y ambiente. Se planteó la necesidad de decidir cómo se asigna la energía entre familias, industrias y centros de datos, y de contemplar el consumo de agua para refrigeración. La región fue descripta como proveedora de minerales críticos (el triángulo del litio), lo que otorga un activo de negociación, aunque Levy Yeyati señaló que, en ausencia de cooperación entre productores, el beneficio potencial se reduce.
4.3 Talento, cultura organizacional y evaluación Los tres niveles de capital humano descriptos (investigadores, facilitadores y usuarios) se corresponden con políticas diferenciadas. Para los primeros se propuso promover y financiar la investigación, aun cuando el país no desarrolle modelos de frontera, porque su aporte es necesario para la elaboración de aplicaciones. Para los facilitadores, la formación de una masa crítica de consultores capaces de reorganizar empresas medianas en torno a la IA. Para los usuarios, la alfabetización general, de modo que «no se quede nadie atrás», según Álvarez Modernel. La experiencia de Finnegans aportó evidencia sobre el diseño de la capacitación. La compañía construyó una plataforma interna de IA para nivelar las condiciones de acceso. La plataforma generó ideas valiosas en áreas no técnicas (recursos humanos, administración), pero una parte de las iniciativas fracasó y se advirtió que la capacitación uniforme resultaba inadecuada. Se pasó entonces a una capacitación segmentada: general (casos de uso), para equipos que manejan datos sensibles y para equipos técnicos. Se observó además que la incorporación de perfiles júnior, en combinación con personal de mayor antigüedad, produjo mejores resultados que los equipos homogéneos. La empresa estima que, en el corto plazo, el desplazamiento relevante será el de quienes no usan IA frente a quienes sí la usan, y que 101
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existen roles futuros que aún no pueden anticiparse. Desde la perspectiva de AWS, se identificaron como factores de velocidad de adopción la cultura organizacional y el liderazgo: no penalizar el error, sostener la experimentación constante, otorgar autonomía a los equipos (y, por extensión, a los agentes) dentro de límites claros y no «enamorarse» de una solución. Se señaló que, en proyectos de políticas digitales, el cambio cultural es tan crítico como el desarrollo técnico, y que la confianza, apoyada en IA explicable y responsable y en la supervisión humana donde corresponda, condiciona el uso efectivo de lo desarrollado. Se mencionó el programa de capacitación de AWS orientado a gobiernos y la búsqueda conjunta, con organismos internacionales, de startups y pymes para acelerar su adopción; ambas referencias corresponden a iniciativas de una empresa y deben evaluarse como tales. En materia de evaluación, se recomendó definir de antemano qué se considera éxito y qué métrica se desea como representativa de los avances, comenzar con pruebas de pequeña escala para construir una línea de base y escalar luego. Se admitió que algunas métricas son difíciles de capturar: por ejemplo, la percepción de productividad puede aumentar sin que lo haga la productividad medida, aunque sea relevante por su efecto en la motivación. Finnegans describió un sistema que registra las interacciones del personal con herramientas de IA, calcula estadísticas y utiliza un modelo de lenguaje como evaluador de las conversaciones, lo que permite retroalimentar a los usuarios y comparar el impacto de nuevas herramientas con el período anterior.
4.4 Diseño institucional y regulación El requisito institucional más enfático fue la existencia de una estrategia nacional con contenido operativo. Levy Yeyati la definió como algo distinto de
un documento: un plan de acción con entornos de prueba, datos consolidados y recursos presupuestarios. Se señaló que Brasil dispone de un programa de IA con presupuesto significativo, Chile impulsa un ecosistema (con institutos de investigación) y Uruguay creó un centro de IA y designó a un responsable científico dentro del gobierno. Argentina, en cambio, fue descripta como un país con numerosos planes y escasa asignación de recursos. La estrategia debería comenzar por un estudio de la cadena de valor para determinar en qué eslabones puede insertarse el país y, a partir de allí, promover proveedores locales. La regulación se discutió en dos niveles. En el nivel sectorial, hubo coincidencia en que donde existe riesgo (salud, finanzas, hidrocarburos) debe haber normas, y que el desafío es que las mismas no frenen la innovación. Casero lo planteó como una tensión permanente. En el nivel habilitante, Levy Yeyati y Jankelevich sostuvieron que una regulación que acote los costos de las contingencias permite emprender en áreas sensibles, como la telemedicina, y que ante la ausencia de un marco las empresas tienden a no operar salvo que se encuentren fuera del alcance de la justicia. Se propuso que el Estado, que puede asumir el riesgo de ensayar y corregir ex post, utilice entornos controlados de prueba para ciertas aplicaciones. Un participante del grupo de gobernanza propuso exigir trazabilidad e identificación de contenidos generados por IA; en el panel se mencionó la experiencia europea de marcado obligatorio, que impide ocultar su uso. Se señalaron, además, tres líneas de diseño relacionadas con el comportamiento del propio Estado:
• Compras públicas. Álvarez Modernel indicó que cuando el gobierno adopta tecnología se genera un efecto de derrame, y mencionó que Brasil estableció incentivos para que las empresas locales incor102
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poren IA y para que se beneficie a las que desarrollan soluciones para procesos gubernamentales. Se propuso que la forma en que el Estado realiza sus compras opere como política de desarrollo.
• Inversión en emprendimientos. Se citaron Singapur y Japón como casos de fondos de inversión públicos que identifican startups, lo que produce valor exportable.
• Coherencia entre sistemas. Un estudiante que aprende con herramientas de IA fuera de la escuela y encuentra un sistema educativo que las ignora experimenta una fricción que desalienta a docentes y alumnos; el sector público debe, por lo tanto, usar IA en sus propios servicios. Por último, como ya se mencionara en el ítem 2.3, se planteó un límite jurídico al desarrollo de «empresas agénticas»: toda sociedad requiere personas humanas responsables y, aun si el derecho las tolerara, la demanda no aceptaría productos de proveedores contra los cuales no se puede litigar. La propuesta legislativa original, que preveía un responsable legal, no alteraba sustancialmente lo ya posible bajo el régimen societario vigente.
4.5 Cooperación regional La cooperación regional fue el tema más recurrente entre los distintos paneles. Asinelli argumentó que, para países de menor tamaño (incluyó a los del Caribe), una política común entre los 33 países de la región permitiría acceder a capacidades que ninguno obtendría por sí solo, y que resulta preferible a comprar la tecnología disponible en cada momento. Como evidencia de la capacidad de respuesta del sistema multilateral regional se mencionó que CAF recibió una capitalización de USD 7.000 millones y que pasó de 17 a 25 países miembros en cinco años. Se advirtió, no obstante, que estas herramientas funcionan
cuando poseen objetivos concretos y se mantienen específicas, y que la discusión sobre la utilidad de los organismos multilaterales es hoy intensa. Levy Yeyati relató una reunión reciente en Nueva York entre presidentes de la región y directivos de grandes empresas tecnológicas, en la que los mandatarios solicitaron un mecanismo regional de cooperación. Dos razones respaldan el pedido: la competencia por atraer inversión, con arbitraje tributario, conduce a una carrera hacia el cero; y existen niveles de escala a los que Brasil o México pueden aspirar, pero no Argentina ni los países de menor tamaño. En consecuencia, algunos insumos (centros de datos, capacidad de cómputo) tendrán que compartirse. Se reconoció la tensión entre cooperación y competencia porque los países compiten entre sí por inversiones y por mercados. Como antecedente histórico se recordó que, a mediados de los ochenta, Argentina integraba la lista de países a los que no se permitía importar supercomputadoras Cray, y que en ese contexto se articularon el Programa Argentino-Brasileño de Informática, iniciativas de capacitación local y una resolución de promoción del desarrollo local de computadoras6. Los panelistas dejaron planteada la pregunta sobre si un paquete de políticas coordinadas de ese tipo es hoy imaginable, y respondieron que dependerá de identificar antes en qué parte de la cadena puede insertarse el país. La coordinación en minerales críticos se mencionó como un segundo ámbito de acuerdos regionales.
4.6 Nivel subnacional Asinelli indicó que en América Latina y el Caribe existen alrededor de 18.000 entidades subnacionales (municipios, intendencias, alcaldías, prefecturas) 6- Resolución SI 44/85 dictada por la Secretaría de Industria el 25 de enero de 1985.
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y que en ellas los cambios resultan visibles para la población. Planteó que la infraestructura pública digital, los datos y las aplicaciones de gobierno, salud y educación digitales requieren una política para esos niveles de gobierno que combine inversión con visión y estrategia: el dinero, por sí solo, no alcanza. CAF señaló trabajar con ciudades en economía digital y cierre de brechas. Las experiencias provinciales que se mencionaron en el evento permiten identificar requerimientos específicos. Los proyectos de Santiago del Estero y Mendoza en el ámbito judicial, el trabajo de gobierno de datos de Catamarca y los registros analógicos de provincias sin digitalizar muestran que el punto de partida es muy heterogéneo. De ello se infiere que las políticas nacionales deberían proveer estándares y herramientas comunes (catálogos de datos, protocolos de interoperabilidad, modelos de contratación y lineamientos de IA responsable) de modo que cada jurisdicción no deba reconstruirlos y que las provincias con menor capacidad técnica puedan adoptar soluciones probadas. Esta inferencia constituye una elaboración del presente artículo y no una propuesta expresada literalmente por los oradores.
5.1 Instrumentos según su exigencia presupuestaria El siguiente cuadro clasifica los instrumentos mencionados o inferidos a partir del evento. La columna de costo es cualitativa y tiene carácter orientativo; no deriva de estimaciones presentadas por los expositores.
5. Restricción fiscal: criterios de priorización Como se indicó en la introducción, el evento no desarrolló un análisis fiscal específico. Sin embargo, varios planteos permiten derivar criterios de priorización compatibles con un contexto de recursos escasos. El principio ordenador es que buena parte de las condiciones habilitantes de mayor impacto (datos, marco regulatorio, compras, cooperación) demandan capacidad de gestión y decisión política más que gasto, mientras que la infraestructura física, de alto costo, admite esquemas de financiamiento externo y de cooperación que distribuyen la carga. 104
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5.2 Criterios derivados Secuencia. Corresponde priorizar los instrumentos de menor exigencia fiscal y mayor efecto habilitante (datos, marco normativo y compras) que amplían el retorno de cualquier inversión posterior. La experiencia de las pruebas de concepto sin escala sugiere que invertir en infraestructura o licencias antes de resolver los datos y el problema a atender reproduce el patrón de proyectos que no avanzan. Endeudamiento selectivo. La infraestructura de capital intensivo es el ámbito natural del financiamiento de la banca de desarrollo como lo ilustran los proyectos satelitales y de conectividad mencionados. El criterio de selección debe ser el retorno económico y social verificable, en línea con la recomendación de definir de antemano la métrica de éxito. Cautela con los incentivos fiscales. Se señaló que la competencia por inversión mediante reducciones impositivas y energía barata es insuficiente para atraer centros de datos y que el arbitraje tributario entre países conduce a una carrera hacia el cero. Un esquema que otorgue exenciones sin exigir derrame local equivale, en términos fiscales, a un subsidio a la exportación de energía. La alternativa es condicionar la instalación a contrapartidas, como en el caso brasileño. Productividad del Estado como fuente de recursos, con salvaguardas. La IA aplicada a la administración puede liberar recursos, pero el ahorro no debe ser el único indicador. El ejemplo del Ministerio de Hacienda que prefirió una métrica de confianza interna muestra que la resistencia del personal puede anular el beneficio previsto. Asimismo, la sustitución de tareas públicas requiere políticas de reasignación y reentrenamiento cuyo costo debe computarse. Costos diferidos y exposición externa. Dos efectos fiscales y macroeconómicos no inmediatos merecen seguimiento: la presión sobre la balanza de ser-
vicios por la importación de capacidad de cómputo y de agentes alojados en la nube, y la erosión de la base de aportes asociada a la precarización del empleo. A su vez, los mecanismos de distribución alternativos al salario dependen, como se vio, de que exista un incremento de productividad que los financie; mientras ello no ocurra, su costo fiscal es prohibitivo.
6. Experiencias argentinas con potencial de escala Las experiencias nacionales citadas durante el evento se presentan a continuación, con indicación de los factores que favorecen su replicación. No se informaron resultados cuantitativos para la mayoría de ellas, por lo que la evaluación de escalabilidad es de carácter cualitativo. Infraestructura satelital y de observación. CAF financió proyectos de ARSAT y de CONAE. Entre ellos, el satélite de telecomunicaciones ARSAT-SG1 (con un desembolso superior al 60 % según lo informado), el satélite de observación del mar SABIAMAR (desembolso completo y en etapa de pruebas previas al lanzamiento, desarrollado junto con Brasil) y un sistema de radares aeronáuticos de EANA en estado avanzado. Una consulta del público situó en torno a USD 536 millones el monto agregado de las inversiones satelitales. El potencial de escala radica en que se trata de una capacidad que pocos países poseen y que genera datos de uso potencial en el agro, ambiente y gestión territorial. El factor habilitante fue la acumulación tecnológica de décadas, combinada con financiamiento externo. Justicia y violencia de género en Santiago del Estero y Mendoza. Con apoyo de CAF, se digitalizaron expedientes y se incorporó un sistema de IA que asiste a los jueces en la atención de causas urgentes, ante la saturación del sistema judicial. El siste106
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ma fue refinándose con el uso. La replicabilidad en otras jurisdicciones depende de contar con expedientes digitalizados y de una demanda social definida; el evento no presentó indicadores de resultado, por lo que se recomienda su evaluación antes de ampliar el alcance.
Antecedente histórico de política industrial. El Programa Argentino-Brasileño de Informática y la Resolución 44 de los años ochenta ofrecen un precedente de política coordinada de capacitación, cooperación regional y promoción de producción local frente a una restricción externa de acceso a tecnología.
Gobierno de datos mineros en Catamarca. El trabajo de Fundar con la provincia consistió en ordenar los datos del sector minero como paso previo a la construcción de aplicaciones. Es un modelo transferible a otras jurisdicciones con sectores productivos relevantes (minerales, agro, turismo), con bajo requerimiento de capital7.
7. Casos internacionales
Centro de cómputo de Córdoba. La incorporación de una máquina de gran capacidad al centro de computación avanzada de la provincia constituye una base para la investigación y para el desarrollo de aplicaciones. Su escala regional, junto con instituciones de países vecinos, fue planteada como interrogante. Evidencia sobre adopción (nadIA). Las encuestas de adopción a nivel nacional y en pymes, y el estudio cualitativo de casos, proveen una línea de base para diseñar políticas. El formato multiactor del nodo es replicable en otras provincias y sectores. Facilitación y adopción en empresas. El modelo de consultoría de procesos previa a la incorporación de IA, aplicado por Finnegans en el sector agropecuario, y la plataforma interna con capacitación segmentada ofrecen un patrón transferible a pymes que requieren intermediarios. Se mencionó también, como ejemplo de adopción sectorial, la sustitución en Mendoza de la selección manual de las uvas por máquinas. 7- Si bien no desarrollado explícitamente en el evento, es de mencionar la experiencia de varias provincias en la implementación de ecosistemas de integrabilidad digital, muchas de ellas basándose en la plataforma X-Road de Estonia. Ver Artículo “La Nueva Frontera de la Gestión Financiera Pública: De los Sistemas Cerrados de los Noventa a los Ecosistemas de Datos Orientados a Resultados”, Revista Proyección Económica del CPCECABA N° 24, https://issuu.com/consejocaba/docs/proyeccion_economica_agosto_2026.
7.1 Experiencias con resultados favorables Brasil: salud pública y revisión de prescripciones. Álvarez Modernel describió el desarrollo de una solución por parte de una startup fundada por farmacéuticos para el sistema público de salud (SUS). El sistema analiza recetas médicas, resume y emite recomendaciones, incorpora resultados de laboratorio y asigna una puntuación que prioriza los casos críticos para la revisión de profesionales escasos y costosos. Según lo expuesto, se redujo hasta un 90 % el error de medicación, la herramienta revisa cerca de la mitad de lo que circula por el sistema, se extendió la cobertura a regiones remotas sin farmacéuticos clínicos y se obtuvo un beneficio económico de millones de reales; además, el sistema aprende de las decisiones del profesional. Los factores señalados fueron un problema analógico y concreto (el error humano por sobrecarga), la participación de especialistas del dominio y no solo de tecnólogos, y un diseño con supervisión humana proporcional al riesgo. Brasil: política de IA con presupuesto. Brasil fue señalado como uno de los pocos países de la región con un programa financiado, acciones en salud digital en hospitales y atención primaria, una ley de centros de datos que obliga a ceder capacidad para uso local y esquemas de incentivos a empresas lo107
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cales. Su éxito relativo se atribuyó a que el plan se tradujo en recursos y en normas con contrapartidas. Perú: Internet para Todos. Se trata de una asociación entre el gobierno, operadores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas y organismos multilaterales (CAF entre ellos) para instalar infraestructura de conectividad donde no hay oferta comercial; según la exposición, alcanzó a casi cuatro millones de personas. El factor determinante fue la articulación de actores con incentivos diferentes alrededor de un objetivo concreto. El Salvador, Chile, Colombia y Uruguay. El Salvador desarrolló servicios de telemedicina y teleeducación; un panelista advirtió, con rigor, que su buen desempeño debe valorarse respecto de un punto de partida de baja cobertura y no frente a centros de referencia, lo que subraya la importancia de definir correctamente el contrafactual. Chile impulsa un ecosistema de investigación con institutos nacionales y una institución europea de investigación; Colombia exhibe iniciativas incipientes; Uruguay creó un centro de IA, aún por consolidar y cuenta con un responsable científico en el gobierno. Pinterest. El caso, de naturaleza privada, ilustra la importancia de un propósito claro: la compañía aprovechó su principal activo (los gustos de los usuarios, organizados en tableros) para mejorar recomendaciones con aprendizaje automático en coherencia con su objetivo de que los usuarios pasen menos tiempo en línea, con efectos en la eficiencia de la publicidad. Singapur, Japón y Estonia. Singapur y Japón fueron citados por sus fondos de inversión que identifican startups, mientras que Estonia lo fue por su plataforma de intercambio de datos X-Road. Son referencias de diseño institucional. No se analizaron sus resultados en el evento.
7.2 Experiencias con resultados adversos o limitados Pruebas de concepto de la primera ola de IA generativa. Álvarez Modernel y Casero coincidieron en que gran parte de las pruebas realizadas durante el primer año de auge (con alta atención mediática) no pasaron a producción. Entre las causas se mencionaron: adoptar la última tecnología cuando el problema era básico (por ejemplo, ayudar a realizar un trámite), consultar solo al área de tecnología y no a quienes conocen el problema, y la falta de datos limpios y compartibles. Ambos destacaron un aspecto positivo: equivocarse rápido y a bajo costo permite aprender y descartar. Soluciones que atacaban el síntoma. Casero relató que, en construcción, una solución diseñada para controlar materiales no consideró que los obreros se llevaban tablones de madera; en depósitos de retail, un dispositivo que indicaba si un producto escaneado era el correcto no impidió que el operario lo colocara igual en el canasto. En ambos casos, el sistema atendía un síntoma y no la causa de la conducta, y los incentivos de quienes debían usar la herramienta no estaban alineados con su propósito. Dificultades de adopción interna. La propia Finnegans experimentó rechazo de equipos incluso técnicos cuando empujaba la adopción sin comprender qué elementos faltaban a cada grupo, y observó que su primera plataforma interna, con capacitación homogénea, derivó en iniciativas fallidas. Un participante del público mencionó plantas industriales donde los sensores fallaban y se interrumpía la captura de datos, y una fábrica de cerámica cerrada recientemente. No se establecieron relaciones causales entre estos hechos y la IA. Centros de datos que cambian de destino. El traslado de proyectos de México a Brasil por la capacidad 108
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de la red eléctrica ilustra que la oferta de beneficios impositivos y energía barata no compensa deficiencias de infraestructura.
8. Factores asociados al éxito y al fracaso
Restricciones de acceso a tecnología. La imposibilidad de importar supercomputadoras en los ochenta, y la advertencia de que hoy un país puede perder acceso a un modelo por una decisión ejecutiva extranjera, muestran la vulnerabilidad de la dependencia tecnológica.
Las experiencias reunidas permiten ordenar los factores explicativos según su incidencia observada en los resultados.
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9. Riesgos y cuestiones abiertas El evento dejó planteadas cuestiones que no admiten respuesta con la información disponible y que condicionan la evaluación de políticas.
• Magnitud del impacto laboral. Se afirmó que nadie puede estimar con precisión qué proporción del empleo será sustituida, por falta de datos y por la estructura informal del mercado de trabajo. La respuesta pasa por generar información local, no por adoptar cifras de otros países.
• Sentido del trabajo y cohesión social. Un participante planteó la cuestión del rol del trabajo como fuente de propósito. Levy Yeyati respondió que la centralidad del trabajo remunerado es un equilibrio histórico y cultural contingente, y que las nuevas generaciones se adaptarán, aunque reconoció que la evolución cultural es más difícil de anticipar que la tecnológica.
• Delegación de decisiones. Jankelevich advirtió sobre la pereza cognitiva y sostuvo que el alcance de la IA debe ser una decisión humana y política, que no corresponde consultar a los propios sistemas.
• Productividad frente a reducción de costos. Si la adopción consiste en reemplazar trabajo por tecnología equivalente y más barata, las empresas incrementan sus ganancias sin que aumente la productividad agregada, lo que limita los recursos distribuibles. Se agregó que, en servicios, el costo marginal de los agentes puede aproximarse a cero, a diferencia de la automatización industrial, por lo que no está claro dónde se ubica el límite.
• Demanda y aceptación social. El límite de uso lo fijará en parte la demanda: se anticipó un proceso de estigmatización de productos hechos con IA en ciertos servicios y la obligación regulatoria de revelar su uso.
• Dependencia externa y concentración. Persisten los riesgos de dependencia de modelos y de proveedores de otros países, y de concentración de poder económico y político. Los modelos abiertos y la cooperación regional se mencionaron como mitigantes parciales.
• Inserción en la cadena de valor. No existe todavía un diagnóstico sobre en qué eslabones puede competir Argentina. Mientras se carezca de él, las políticas de atracción de inversión corren el riesgo de limitarse a la oferta de insumos básicos.
10. Conclusiones Las exposiciones del nadIA Summit 2026 convergen en una tesis central: el aporte de la IA al desarrollo inclusivo de Argentina depende menos de la disponibilidad de tecnología que de la capacidad del país para absorberla de manera productiva y distribuida. Tres funciones surgen con claridad: elevar la productividad del Estado y de los servicios públicos, facilitar la adopción en pymes mediante intermediarios y capacitación, y ubicar al país en alguna posición de la cadena de valor que genere empleo calificado y reduzca la dependencia externa. Los requerimientos se ordenan en cinco ejes. Primero, el gobierno de los datos, incluida la actualización de la ley de datos personales. Segundo, la infraestructura, con énfasis en la red eléctrica y en contratos de centros de datos que exijan derrame local. Tercero, el talento, con atención a los facilitadores. Cuarto, un diseño institucional con estrategia nacional presupuestada, regulación habilitante, entornos de prueba y compras públicas alineadas con los objetivos. Quinto, la cooperación regional, que permite alcanzar escala y reducir el riesgo de competencia perjudicial. En el plano subnacional, la 111
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heterogeneidad de capacidades sugiere que el nivel nacional provea estándares y herramientas comunes para que las provincias y los municipios puedan adoptar soluciones probadas. Bajo restricción fiscal, la secuencia razonable comienza por los instrumentos de menor exigencia presupuestaria (datos, normas, compras y desarrollos piloto evaluados), reservar el endeudamiento para infraestructura con retorno verificable y evitar sustentar la atracción de inversiones en incentivos tributarios sin contrapartidas. Los factores de éxito observados (problema bien definido, participación de especialistas, datos de calidad, liderazgo que tolera el error, incentivos alineados e infraestructura adecuada) son, en su mayoría, de gestión y no de gasto. Permanecen abiertas la magnitud del impacto en el empleo informal, la ubicación del país en la cadena de valor y las formas de distribución de los beneficios si la transición genera ganancias de productividad. Para abordarlas se requieren datos propios y espacios multisectoriales de deliberación continua, como el que ofrece nadIA.
Nota sobre las fuentes Este artículo se elaboró a partir de las notas tomadas por el autor y de la transcripción de la sesión de la tarde del nadIA Summit 2026 (2 de octubre de 2026), disponible en video en el canal de la jornada. Las cifras, los montos y las comparaciones internacionales reproducen lo expresado por los oradores y los participantes, y no fueron contrastados con fuentes externas. El contenido de los grupos de trabajo de la mañana se conoce solo por las menciones realizadas durante la sesión de la tarde. El apartado 5, las inferencias del apartado 4.6 y la tabla del apartado 8 son elaboraciones propias que sintetizan y complementan los planteos del evento. 112
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n Romy Calderón Alcas
Instituciones financieras de desarrollo y restricción fiscal: movilizar inversión sin ampliar el gasto público
Una lectura del documento «Innovar, Invertir, Incluir» de ALIDE (2026) desde la economía del desarrollo
Economista, con postgrado en Economía y estudios en M.B.A. Actualmente Jefe del Programa de Estudios Económicos e Información de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Su especialización abarca una variedad de temas relacionados con el financiamiento del desarrollo, banca de desarrollo, políticas y estrategias, pequeñas empresas, desarrollo empresarial, microfinanzas entre otros.
n Javier Carbajal Galarza
Contenido Resumen 114 1. Introducción 114 2. El escenario macrofiscal y las brechas de inversión
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3. Marco analítico: adicionalidad, movilización y creación de mercados
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4. La restricción fiscal vista desde
Economista Principal del Programa de Estudios Económicos de ALIDE. Especializado en finanzas para el desarrollo, con énfasis en el financiamiento de las MIPYMES, la inclusión financiera y el desarrollo productivo.
n Kevin Fiestas García Economista, investigador y Jefe del Centro de Información y Conocimiento de ALIDE. Especializado en finanzas para el desarrollo, inclusión financiera, financiamiento agrícola e inteligencia de datos.
las propias instituciones 119 n Nataly Lago Berrocal
5. Instrumentos según su costo fiscal y su capacidad de apalancamiento
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6. Evidencia regional: infraestructura, transición productiva e innovación
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7. Inclusión con recursos escasos
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8. Medición, riesgos y gobernanza
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9. Consideraciones finales
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Referencias
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Economista y magíster en Economía, Ciencia Política y Gestión Pública. Es investigadora y especialista en estudios económicos en ALIDE. Especializada en el financiamiento para el desarrollo, sostenibilidad, inclusión financiera y políticas públicas con énfasis en el papel de las instituciones financieras de desarrollo en la movilización de inversiones para el desarrollo sostenible.
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Resumen La combinación de bajo crecimiento, endeudamiento elevado y mayor carga de intereses ha reducido el margen de los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) para financiar inversión con recursos presupuestarios. Este artículo examina qué papel pueden cumplir las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en ese contexto, a partir del documento Innovar, Invertir, Incluir, presentado por ALIDE en su 56.ª Asamblea General (2026) como base principal, y de las experiencias nacionales que allí se sistematizan. Se sostiene que el aporte de estas instituciones debe evaluarse por su capacidad de modificar la estructura de riesgos de los proyectos, de preparar y estructurar inversiones y de atraer capital privado, más que por el volumen de crédito colocado. Se clasifican los instrumentos según su costo fiscal y su potencial de apalancamiento (garantías, tramos de primeras pérdidas, financiamiento combinado, fondos de inversión, bonos temáticos y asistencia técnica) y se discuten sus límites, en particular los pasivos contingentes y la presión que la propia restricción fiscal ejerce sobre el fondeo de las IFD. El trabajo concluye con criterios de gobernanza y medición.
Palabras clave: instituciones financieras de desarrollo; restricción fiscal; adicionalidad; garantías; financiamiento combinado; América Latina y el Caribe.
1. Introducción Durante los últimos años, la inversión pública en América Latina y el Caribe se ajustó a un espacio fiscal cada vez más estrecho. La deuda bruta del gobierno central promedió 52,3% del producto en América Latina y 67,9% en el Caribe en marzo de 2024, el déficit global proyectado para ese año fue de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y la carga de intereses se encuentra en su nivel más alto desde 2020 (ALIDE,
2026, con datos de la CEPAL). Cada punto del producto que se destina a servir deuda es un punto que no se asigna a infraestructura, a capital humano ni a transferencias sociales. Como el gasto de capital es la partida más fácil de postergar, la restricción fiscal tiende a trasladarse a la formación bruta de capital y, con rezago, a la productividad. Las necesidades, entre tanto, no disminuyen. La región debería invertir al menos 3,12% del PIB anual en ampliar y mantener su infraestructura y ha invertido, en promedio reciente, cerca de 1,8%. Requiere entre US$6.000 y US$8.000 millones anuales hasta 2030 en transmisión eléctrica, frente a una inversión observada de US$2.000 a US$4.000 millones. Debe además cerrar brechas de acceso al agua, a la conectividad y al crédito que afectan de manera desigual a hogares, empresas y territorios. En este cuadro, la pregunta pertinente no es si el Estado debe invertir más, sino con qué instrumentos puede lograr más inversión por cada unidad de recurso fiscal comprometido. Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) ocupan un lugar particular en esa discusión. Son entidades públicas, o de propiedad mayoritariamente pública, con el mandato de promover el desarrollo, facilitar el acceso a financiamiento de largo plazo y cuentan con una tolerancia al riesgo que la banca comercial no tiene. Pueden por eso actuar como nexo entre el ahorro disponible y los proyectos que el mercado no financia por sí solo1. Pero su condición pública las expone a la misma restricción: sus capitalizaciones dependen del presupuesto, sus subsidios de tasa constituyen gasto y sus pérdidas, si el riesgo se subestima, terminan siendo fiscales. Este artículo analiza esa doble condición, tomando como base el documento Innovar, Invertir, Incluir. Banca de desarrollo en un nuevo escenario económico global, elaborado por la Secretaría General de ALIDE para su 56.ª Asamblea General (ALIDE, 2026), 114
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y lo complementa con las notas de síntesis de la Asociación sobre coinversión y apalancamiento público, bonos temáticos y banca de desarrollo en contextos de restricción fiscal. El documento sistematiza un número considerable de experiencias de instituciones de la región. Sus cifras provienen en su mayor parte de informes de las propias entidades y no han sido auditadas de manera independiente, por lo que se las utiliza con carácter ilustrativo2. El trabajo se organiza del siguiente modo. La sección 2 describe el escenario macrofiscal y las brechas de inversión. La sección 3 expone el marco analítico: adicionalidad, movilización de capital privado y creación de mercados. La sección 4 examina cómo la restricción fiscal afecta a las propias IFD. La sección 5 clasifica los instrumentos según su costo fiscal y su capacidad de apalancamiento. Las secciones 6 y 7 repasan la evidencia regional en infraestructura, transición productiva, innovación e inclusión. La sección 8 trata la medición, los riesgos y la gobernanza, y la sección 9 reúne las consideraciones finales.
en la estimación anterior. Este escenario se desarrolla en un contexto de menor dinamismo comercial e incertidumbre en materia de política comercial. No obstante, el avance tecnológico, los márgenes de maniobra de las políticas económicas y la capacidad de adaptación de los agentes han contribuido a mitigar el daño infligido por las perturbaciones de orden geopolítico3. El gasto militar mundial alcanzó US$2,7 billones en 2024, con un aumento real de 9,4%, el mayor desde la Guerra Fría, lo que reasigna prioridades fiscales en varias regiones y tensiona la disponibilidad de financiamiento para inversión productiva y climática. Desde 2020 se han introducido alrededor de 18.000 medidas comerciales discriminatorias. En 2023 la inversión extranjera directa global cayó 2% y el financiamiento internacional de proyectos retrocedió 26%, una caída que afecta de manera particular a la infraestructura.
2.1. Crecimiento moderado, deuda alta e intereses crecientes
Para América Latina y el Caribe, luego de un crecimiento de 2,5% en 2025, las proyecciones del FMI son 2,3% en 2026 y 2,7% en 2027; similar a lo estimado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2026. El crecimiento potencial del producto per cápita se ubica en torno a 0,7% anual, lo que implica ausencia de convergencia con las economías avanzadas. El empleo creció en promedio 1,4% anual entre 2016 y 2025, frente a 2,6% en 2000-2004, y cerca de dos tercios de la población reside en hogares con al menos un trabajador informal, rasgo que reduce la base tributaria y limita la acumulación de capital humano.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial crece a un ritmo moderado pero relativamente estable: 3,3% en 2025 y 3,1% proyectado para 2026, dos décimas menos que
El margen fiscal es, en consecuencia, acotado (cuadro 1). Al peso de la deuda se suma una recaudación debilitada por el incumplimiento tributario, estimado en 6,7% del PIB regional en 2023. En el es-
2. El escenario macrofiscal y las brechas de inversión
1- ALIDE denomina «banca nacional de desarrollo» (BND) a las instituciones de este tipo. En este artículo se usa «instituciones financieras de desarrollo» (IFD) como término equivalente, referido a entidades nacionales o subnacionales de mandato público. 2- Los montos corresponden a los informados por cada institución y recogidos por ALIDE (2026), expresados en dólares estadounidenses. «Billón» se utiliza en su acepción de 1012. 3- https://www.imf.org/es/publications/weo/issues/2026/10/13/world-economic-outlook-october-2026.
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tudio de ALIDE (2026) se subraya que el aumento del pago de intereses reduce el espacio fiscal para la inversión pública y el gasto social estratégico, y que la sostenibilidad exige mejoras en la eficiencia del gasto y en los ingresos tributarios. Más aún en una coyuntura de endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, que eleva los costos del financiamiento.
2.2. Una brecha de inversión que es también una brecha de calidad La inversión total se mantiene desde comienzos de los años noventa en un rango de 18% a 22% del PIB, mientras que Asia emergente supera con frecuencia el 35%. La diferencia no es solo de volumen. Según
Cuadro 1. Indicadores seleccionados de restricción fiscal y brechas de inversión
Fuente: elaboración propia con base en ALIDE (2026).
estimaciones de McKinsey que recoge el documento, el capital adicional por trabajador aportó apenas 0,9 puntos porcentuales anuales al crecimiento de la productividad regional en los últimos veinticinco años, aproximadamente la mitad de lo observado en economías comparables. De haber igualado ese desempeño, el PIB regional habría sido entre 10% y 15% mayor en la última década. La composición 117
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sectorial, sesgada hacia actividades tradicionales, y la débil articulación con estrategias de desarrollo productivo explican una parte de esa brecha (OECD et al., 2023, citado en ALIDE, 2026). A partir de la revisión realizada en diversas fuentes se han identificado sectores de alto potencial: manufactura de nueva generación, energía y vectores de transición, infraestructura digital, bioeconomía, minerales críticos y servicios intensivos en conocimiento, entre otros. Un ejercicio de estimación sectorial (Child et al., 2025) sostiene que siete sectores estratégicos podrían generar hacia 2040 ingresos anuales adicionales de entre US$590.000 millones y US$1,2 billones, siempre que se movilice una inversión acumulada de US$1,7 a US$2,8 billones. El mismo estudio advierte que el resultado depende de la asignación del capital y de la capacidad de los países para convertirlo en productividad. Lo que importa para el argumento de este artículo es que la limitación no reside únicamente en la escasez de ahorro. Según el diagnóstico del documento, muchos proyectos de esos sectores enfrentan horizontes de maduración largos, requerimientos de capital inicial elevados, incertidumbre tecnológica o regulatoria y riesgos de mercado que exceden los parámetros del crédito bancario privado. A ello se suman los permisos lentos, los déficits logísticos, la fragmentación regional (el comercio intrarregional representa alrededor de 15% de las exportaciones, frente a 55% en economías asiáticas comparables) y una capacidad limitada para transformar oportunidades en proyectos financiables. ALIDE concluye que una parte importante de la brecha de inversión es, en la práctica, una brecha de preparación y de bancabilidad.
Las brechas sectoriales ilustran la magnitud. En infraestructura, 41% de las necesidades de inversión debería destinarse a mantenimiento y reposición4. En agua y saneamiento, 161 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura y 431 millones de saneamiento gestionado de forma segura; el acceso universal hacia 2030 requeriría movilizar alrededor de US$372.000 millones adicionales en cinco años, una inversión anual inferior a 1,3% del PIB regional5. En conectividad, 174 millones de personas viven en áreas con cobertura de banda ancha móvil y no la utilizan por barreras de asequibilidad, habilidades o confianza. De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial, en 2024 ALC alcanzó 79% de cobertura de agua potable gestionada de forma segura y 51% de cobertura de saneamiento gestionado de forma segura.
3. Marco analítico: adicionalidad, movilización y creación de mercados La justificación económica de las IFD no descansa solo en los argumentos habituales sobre fallas de mercado, aplicados a un conjunto de proyectos con características reconocibles. Se trata de inversiones intensivas en capital, con retornos que se materializan en horizontes prolongados, expuestas a incertidumbre tecnológica o regulatoria y, con frecuencia, generadoras de beneficios que el inversor no puede apropiar. Infraestructura, transición energética, manufactura avanzada e innovación tecnológica reúnen esas condiciones. En el caso de las empresas jóvenes e innovadoras se agregan activos intangibles, flujos futuros inciertos y modelos de negocio
4- Brichetti Juan, Leonardo Mastronardi, María Eugenia Rivas Amiassorho Tomás Serebrisky Ben Solís (2021). “La Brecha de Infraestructura en América Latina y el Caribe”. BID. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-brecha-de-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe-estimacion-de-las-necesidades-de-inversion-hasta-2030-para-progresar-hacia-el-cumplimiento-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.pdf 5- https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-insta-fomentar-inversiones-servicios-hidricos-mejorar-bienestar-la-calidad-vida.
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todavía en validación, rasgos que reducen el atractivo del crédito bancario convencional. Siguiendo a Ferraz (2023), ALIDE destaca que las IFD cuentan con recursos de largo plazo, mandatos explícitos de desarrollo y mayor disposición a asumir los riesgos iniciales de procesos de transformación productiva. La noción central para evaluar esa intervención es la adicionalidad. ALIDE (2026) distingue una dimensión financiera, que se manifiesta cuando la IFD ofrece lo que el mercado no provee (plazos más extensos, fondeo en moneda local, cobertura parcial de riesgos, condiciones para segmentos excluidos), y una dimensión no financiera, que comprende asistencia técnica, apoyo a la estructuración, medición de impacto y adopción de estándares ambientales y sociales. Una operación genera adicionalidad cuando la inversión no se habría realizado, o se habría realizado en menor escala, calidad o alcance, en ausencia de la intervención de la IFD. Cuando el proyecto habría sido financiado de todos modos por un banco comercial, la operación sustituye en lugar de agregar, y el recurso público se aplica donde no hacía falta. La segunda noción es la movilización de capital privado. En el documento se sostiene que la intervención de las IFD no debe reemplazar al financiamiento comercial, sino ampliar el espacio de inversión disponible mediante estructuras que mejoren la relación riesgo-retorno de los proyectos. La tercera es la creación de mercados. En actividades emergentes como el capital de riesgo, la electromovilidad, el hidrógeno verde, la infraestructura digital o la bioeconomía, la participación inicial de la IFD genera experiencias demostrativas, valida modelos financieros, establece estándares y reduce la incertidumbre de los inversionistas posteriores. ALIDE (2026) 6- Existen algunos estudios puntuales de evaluación de impacto de instrumentos o programas específicos de crédito y garantías de la banca de desarrollo que evidencia esta adicionalidad, pero que no es objetivo aquí abordar.
interpreta este desplazamiento como un tránsito desde la corrección de fallas hacia funciones más complejas, que exigen mayores capacidades institucionales, mejor gestión de riesgos y sistemas de medición más robustos. Si el recurso fiscal es escaso, la métrica de desempeño debería reflejarlo. Una institución evaluada por su volumen de colocaciones tiene incentivos para crecer en balance, no necesariamente para elegir bien. Una alternativa coherente con el enfoque de ALIDE podría ser medir un coeficiente de movilización: la inversión privada inducida por la intervención, neta de la que se habría realizado de todos modos, por unidad de costo fiscal, entendiendo por costo fiscal la suma del gasto efectivo (capitalizaciones, subsidios, aportes) y la pérdida esperada de las obligaciones contingentes asumidas: M = (I1 − I0) / (G + E[P]) donde I1 es la inversión privada con la intervención, I0 la inversión privada contrafáctica, G el gasto fiscal efectivo y E[P] la pérdida esperada de los pasivos contingentes. El indicador es sencillo de enunciar y difícil de estimar, porque exige un contrafáctico creíble. Su utilidad es ordenar la discusión: lo relevante no es cuánto presta la IFD, sino cuánta inversión adicional consigue por cada unidad de recurso público en riesgo6.
4. La restricción fiscal vista desde las propias instituciones La restricción fiscal no opera solo sobre los gobiernos. Alcanza a las IFD por al menos tres vías. La primera es el fondeo. ALIDE (2026) menciona los mayores costos de fondeo, la disponibilidad limitada de recursos de largo plazo en moneda local, la exposición a variaciones de tasas de interés y las 119
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restricciones fiscales que limitan capitalizaciones o subsidios explícitos. Una IFD que se fondea en mercados externos para prestar a proyectos con ingresos en moneda local traslada el riesgo cambiario al proyecto o lo retiene en su balance; en ambos casos se deteriora la bancabilidad o la solvencia. La segunda vía es la sostenibilidad de las condiciones preferenciales. Plazos largos, períodos de gracia y tasas bonificadas forman parte del valor agregado de estas instituciones, pero mantenerlos sin capitalización ni compensación presupuestaria compromete su equilibrio financiero. La tercera es la demanda: cuanto más estrecho es el presupuesto, mayor es la presión para que la IFD financie lo que el Tesoro no puede, con el consiguiente riesgo de que la entidad se convierta en vehículo de gasto cuasifiscal. Esta última vía no aparece desarrollada en el documento de ALIDE, pero resulta decisiva. Una garantía no requiere desembolso inicial y por esa razón es atractiva en un presupuesto restringido; sin embargo, constituye una obligación contingente cuyo costo esperado existe desde el momento en que se otorga. Si la garantía no se tarifica ni se provisiona de acuerdo con el riesgo, el costo no desaparece: se difiere y se acumula. Lo mismo ocurre con la absorción encubierta de pérdidas de cartera o con las líneas a tasa subsidiada financiadas con el balance de la propia entidad7. Los instrumentos de apalancamiento son eficientes en términos fiscales solo si el riesgo asumido se mide, se cobra y se acota ex ante. La experiencia regional ofrece diseños que reconocen esta restricción. COFIDE8 aprobó en 2025 un Programa de Garantía de Cartera, concebido como instrumento sostenible y sin subsidio fiscal, para ampliar el 7- El documento de ALIDE (2026) no desarrolla el tratamiento fiscal de los pasivos contingentes de las IFD. La consideración corresponde a los autores de este artículo en una fecha posterior, y su aplicación concreta depende de la normativa contable y fiscal de cada país. 8- La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. es el Banco de Desarrollo del Perú.
acceso al crédito productivo y compartir riesgos con el sistema financiero. La lógica difiere de la del subsidio de tasa: el Estado no transfiere ingreso al prestatario, sino que comparte con el intermediario una parte del riesgo de la cartera. En la misma dirección, en el documento se recomienda fortalecer el fondeo doméstico, las garantías cambiarias, las coberturas, los instrumentos en moneda local y el financiamiento combinado, con el fin de reducir el costo del capital sin debilitar la solvencia de las IFD.
5. Instrumentos según su costo fiscal y su capacidad de apalancamiento El documento de ALIDE sistematiza ocho familias de instrumentos: crédito de largo plazo, garantías y coberturas, financiamiento combinado, capital y cuasicapital, subvenciones, asistencia técnica, plataformas digitales y bonos temáticos. Cada una atiende una restricción distinta. Para los fines de este artículo conviene ordenarlas por el perfil de costo fiscal que implican, porque en un contexto de restricción presupuestaria esa es la variable que condiciona su uso (cuadro 2).
5.1. Crédito de largo plazo e intermediación de segundo piso Es el instrumento tradicional y el de mayor escala. En 2024 el BNDES 9 aprobó operaciones por US$44.000 millones. Banobras10 canalizó entre 2018 y 2024 financiamiento por más de US$46.000 millones, con una cartera superior a US$40.000 millones que creció cerca de 38%. Su contribución al apalancamiento no radica en el crédito en sí, sino 9- El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social es el Banco de Desarrollo de Brasil. 10- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; institución líder de la banca de desarrollo en México.
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en las condiciones: plazos que el sistema comercial no ofrece, períodos de gracia, fondeo en moneda local. En términos fiscales, el crédito de largo plazo es neutro mientras la IFD se fondee a costo de mercado y no otorgue subsidio de tasa11; el costo aparece en el consumo de capital y en las provisiones. Sus riesgos principales son la sustitución del crédito privado y, cuando el fondeo es en moneda extranjera, el descalce de monedas. La intermediación de segundo piso extiende el alcance a segmentos dispersos, como las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través de la red de instituciones financieras acreditadas.
5.2. Garantías y coberturas Las garantías parciales y los fondos de garantía permiten que el intermediario privado preste a segmentos que, sin cobertura, quedarían fuera de su apetito de riesgo. Además de sus aprobaciones de crédito, el BNDES canalizó en 2024 recursos por US$14.000 millones mediante garantías. Desde el punto de vista fiscal, la garantía desplaza el costo en el tiempo y lo condiciona a la ocurrencia de pérdidas. Es el instrumento con mayor potencial de apalancamiento y también el que exige mayor disciplina en la valuación del riesgo.
5.3. Tramos de primeras pérdidas Los tramos de primeras pérdidas o subordinados agregan a lo anterior una ventaja: el costo máximo queda acotado por el tamaño del tramo, lo que permite fijar de antemano la exposición y hacer bancable el tramo senior, que puede ser financiado por inversionistas institucionales de perfil más conservador (ALIDE, 2026). 11- Es muy normal que los bancos de desarrollo capten recursos de fuentes internacionales en condiciones concesionales y las trasladen a los clientes, y no implica un gasto fiscal. Cuando un proyecto entra en incumplimiento (default), sí podría generar un impacto fiscal, dependiendo de la estructura de financiamiento y de las garantías involucradas.
5.4. Financiamiento combinado El financiamiento combinado (blended finance) mezcla recursos concesionales, propios, de organismos multilaterales o de fondos climáticos, con recursos comerciales, para cubrir la brecha entre el retorno privado y el retorno social de un proyecto. Se aplica en transición energética, agua y saneamiento, electromovilidad y adaptación climática, pero su uso se está ampliando a otros sectores. La regla de diseño es conocida: la concesionalidad debe ser la mínima necesaria para que el proyecto sea financiable. Bancóldex12 canaliza un programa financiado por el BID por alrededor de US$50 millones para movilidad eléctrica, infraestructura de carga y centros de homologación, con recursos de cofinanciamiento y asistencia técnica de mecanismos internacionales de financiamiento climático y plazos de hasta veinte años. CORFO13 extendió a veinte años los plazos de su Crédito Verde y elevó a US$30 millones el tope por empresa. La restricción fiscal se atenúa porque la porción concesional proviene en buena medida de terceros, aunque el esquema depende de que esas fuentes continúen disponibles.
5.5. Capital, coinversión y fondos de fondos Los instrumentos de capital responden a la falta de capital paciente para empresas en crecimiento y para infraestructura. La IFD actúa como inversionista ancla: con una participación minoritaria reduce el riesgo percibido, profesionaliza a los gestores y atrae a inversionistas privados que no habrían entrado por sí solos. CORFO financió 72 fondos de capital de riesgo entre 1998 y 2024, con inversiones evaluadas en más de US$1.000 millones en cerca de 500 empresas. Bancóldex estructuró un 12- Banco de Comercio Exterior de Colombia. 13- Corporación de Fomento de la Producción de Chile.
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fondo de fondos que invierte en vehículos de emprendimiento, crecimiento, impacto, deuda privada e infraestructura. En México, Nafin14 y Bancomext15 presentaron en febrero de 2026 la Impulsora de Innovación México, con aportes de hasta US$49 millones de ambas entidades y otros US$49 millones de la Secretaría de Economía, junto con el relanzamiento de un Fondo de Fondos con una capitalización de US$232 millones. A diferencia del crédito y de la garantía, el capital expone a la IFD a una pérdida efectiva; su justificación está en el efecto de señalización y en el desarrollo de una industria, por lo que debe evaluarse con un horizonte de largo plazo.
5.6. Bonos temáticos y mercado de capitales Los bonos verdes, sociales, sostenibles y azules permiten a la IFD fondearse con inversionistas institucionales, y a estos acceder a carteras con impacto medible, sin recurrir al presupuesto. FIRA16 acumuló entre 2018 y 2024 doce emisiones temáticas por más de US$2.200 millones, entre ellas su primer bono azul (US$300 millones), su quinto bono verde (US$400 millones) y su segundo bono social de inclusión financiera (US$100 millones). COFIDE realizó una emisión sostenible por US$400 millones y aprobó programas de inversión en bonos sostenibles y en fondos. El Banco Nacional de Costa Rica movilizó US$75 millones mediante un bono social orientado a MIPYMES, con énfasis en las lideradas por mujeres; al cierre de 2023 se habían formalizado 5.631 créditos, de los cuales 51,2% correspondía a empresas de ese tipo. La condición para que estos 14- Nacional Financiera de México. 15- Banco Nacional de Comercio Exterior de México. 16- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; banca de desarrollo de segundo piso del gobierno mexicano orientada al sector rural y agropecuario.
instrumentos cumplan su función es la integridad de los marcos de medición y verificación: una etiqueta sin impacto verificable erosiona la confianza del inversionista.
5.7. Preparación de proyectos y asistencia técnica Por lo general es el instrumento de menor costo por unidad de efecto esperado, aunque su rendimiento no se aprecia en el balance de la IFD. Numerosos proyectos no avanzan por ausencia de estudios de factibilidad, análisis ambientales o estructuración contractual. La Financiera de Desarrollo Nacional de Colombia participó desde su creación en más de 50 procesos de estructuración, asociados a una inversión potencial cercana a US$23.000 millones y a compromisos de financiamiento por US$4.000 millones, e interviene desde la preinversión hasta la operación. Banobras complementa su financiamiento con servicios fiduciarios y con la operación del FONADIN17, mediante el cual canalizó cerca de US$8.300 millones en apoyos, y brindó asistencia técnica a más de 1.500 municipios. El BNDES estructura concesiones y asociaciones público-privadas. En el ámbito rural, el BDP18 de Bolivia informó que su asistencia técnica se asoció en 2023 a aumentos de rendimientos agrícolas de entre 10% y 25% y a una reducción de 20% en los costos de producción.
5.8. Plataformas digitales Las plataformas reducen los costos de transacción y de supervisión, en especial donde la dispersión territorial encarece la atención presencial. GeoBNDES reúne información georreferenciada de más 17- El FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura) es un fideicomiso federal de México administrado por Banobras. 18- Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.; único banco de desarrollo de Bolivia, constituido como una sociedad anónima mixta.
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Cuadro 2. Instrumentos de las IFD según su perfil de costo fiscal
Fuente: elaboración propia con base en el cuadro «Instrumentos de la banca nacional de desarrollo para movilizar inversión estratégica» de ALIDE (2026) y en el análisis de las secciones 4 y 5. La columna de costo fiscal es una interpretación de los autores.
de 1.000 proyectos activos. La plataforma Decision, del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia, facilitó desde 2021 cerca de 11.600 operaciones por unos US$53 millones en zo-
nas de baja conectividad. La plataforma de asesoría técnica de FIRA contaba con más de 4.000 usuarios en 25 estados de México y monitoreaba casi 100.000 hectáreas. 123
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6. Evidencia regional: infraestructura, transición productiva e innovación 6.1. Infraestructura y desarrollo territorial Si la brecha de infraestructura es en buena parte una brecha de proyectos, la contribución de las IFD más difícil de sustituir es la que ocurre antes del desembolso. Los casos de la Financiera de Desarrollo Nacional y de Banobras, descritos en la sección anterior, muestran una intervención a lo largo de todo el ciclo: estudios, estructuración, garantías, líneas de liquidez, financiamiento y asistencia a ejecutores. La asistencia técnica a más de 1.500 municipios sugiere, además, que el cuello de botella no se encuentra solo en el financiamiento sino en la capacidad de los gobiernos subnacionales para formular y ejecutar proyectos. La adaptación de condiciones a la naturaleza de la necesidad es otro rasgo del documento. Findeter19, en Colombia, ofrece una línea de vivienda social con plazos de hasta veinte años y una dotación total del orden de COP 2 billones (US$561 millones). En el Banco do Nordeste do Brasil, el programa FNE Sol20 puede financiar hasta 100% de la inversión, con plazos de hasta doce años para empresas y productores rurales. ALIDE señala que, en estos casos, las líneas de redescuento y los programas de inversión responden a necesidades de mediano y largo plazo con beneficios que trascienden al usuario individual y alcanzan al territorio en su conjunto. 19- Financiera de Desarrollo Territorial S. A. 20- Es el programa de financiación del Banco do Nordeste orientado a la adquisición e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y generación distribuida (para empresas, productores rurales y personas físicas).
6.2. Transición energética y sectores estratégicos En energía, minerales críticos y economía digital, las IFD operan donde la incertidumbre tecnológica retrae al capital privado. CORFO financió un centro tecnológico para la innovación en hidrógeno verde en Magallanes, con una inversión pública de US$7 millones entre 2024 y 2029 y un aporte adicional de US$10,5 millones de los participantes. Destinó además US$5 millones a iniciativas de adaptación al cambio climático que apalancaron cerca de US$14 millones de inversión privada. Esos montos implican, respectivamente, 1,5 y 2,8 dólares de aporte privado por dólar público21. Su Crédito Verde había financiado más de veinte proyectos por unos US$83 millones, y la institución apoya con más de US$25 millones a tres consorcios para las primeras fábricas de electrolizadores en el país. El BNDES aprobó entre 2023 y 2025 créditos superiores a US$720 millones para la producción brasileña de chasis, carrocerías, piezas y baterías de buses eléctricos, y financió con cerca de US$230 millones las fases de desarrollo de un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. FIRA impulsa el programa Sustenta+, que incentiva a intermediarios rurales a financiar bioinsumos con el objetivo de reducir hasta 30% el uso de fertilizantes químicos; su diseño, orientado a la adopción masiva de una tecnología en sistemas productivos dispersos, requiere instrumentos distintos del crédito directo. La infraestructura digital muestra tanto el potencial como las tensiones de estas intervenciones. El BNDES aprobó una línea de US$35 millones para Scala Data 21- Los cocientes son relaciones entre montos informados, calculadas por los autores. No equivalen al coeficiente de movilización definido en la sección 3, porque no se dispone de un contrafáctico que permita descontar la inversión que se habría realizado de todos modos.
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Centers, lanzó en 2024 una línea de US$380 millones para centros de datos y destinó desde 2023 alrededor de US$950 millones en crédito y participación accionaria a proyectos vinculados a inteligencia artificial. El Banco Nacional de Costa Rica participó en la estructuración de un fondo de inversión verde para financiar un centro de datos. Conviene advertir que estos proyectos de gran escala pueden ejercer presión sobre los sistemas eléctricos locales y los recursos hídricos. En consecuencia, su legitimidad social puede verse cuestionada si concentran beneficios limitados frente a costos locales significativos. Es un recordatorio de que la adicionalidad financiera debe acompañarse de criterios de regulación y de distribución de beneficios.
6.3. Innovación, emprendimiento y adopción tecnológica La articulación entre el BNDES y FINEP22 movilizó más de US$11.600 millones entre 2023 y 2025 en financiamiento a innovación, digitalización y modernización productiva. En emprendimientos, en el estudio de ALIDE, se destaca la secuencia de instrumentos que CORFO y Start-Up Chile ofrecen según la etapa de la empresa, y se subraya el «vacío de escalamiento» que enfrentan las firmas apoyadas en etapas tempranas cuando no existen instrumentos para transitar hacia el crecimiento. Es uno de los hallazgos más reiterados del documento: la expansión del capital semilla no resuelve por sí sola el cuello de botella de las etapas intermedias. Un aspecto metodológicamente relevante es que dos de estos programas cuentan con evaluaciones de impacto. La de los fondos Criatec23 encuentra efectos significativos sobre empleo, masa salarial, personal de I+D y solicitudes de patentes (Martini et al., 2024), y la de BNDES Garagem24, efectos positivos sobre empleo formal, masa salarial y empleo
técnico-científico (Machado et al., 2026). Son excepciones: la mayor parte de la información disponible describe volúmenes y no efectos. En la adopción tecnológica de las MIPYMES, que probablemente tiene mayor incidencia sobre la productividad agregada que el financiamiento de startups, el BNDES aprobó en 2024 en BNDES Mais Inovação 2.249 operaciones por más de US$2.070 millones. De ellas, 2.210 fueron operaciones indirectas del subprograma de Difusión Tecnológica, por US$630 millones, y 39 operaciones directas concentraron US$1.460 millones. El Crédito Industria 4.0 destinó 52% de los recursos colocados hasta 2024 a MIPYMES. FINEP contrató en 2025 US$610 millones en Inovacred, con 30% de los recursos reservados a las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, y desembolsó en 2024 cerca de US$650 millones en financiamiento no reembolsable para proyectos de mayor incertidumbre tecnológica. La política pública puede ser, así, masiva y selectiva a la vez, con un brazo de miles de operaciones pequeñas y otro de inversiones de mayor escala.
22- Financiadora de Estudos e Projetos es una empresa pública de Brasil vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 23- Fondos de capital de riesgo (venture capital) de origen brasileño, impulsados por el BNDES. 24- Programa de aceleración de startups y negocios de impacto del BNDES.
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Cuadro 3. Casos seleccionados de instituciones de desarrollo y cifras informadas
Fuente: elaboración propia con base en ALIDE (2026). Las cifras son las informadas por cada institución.
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7. Inclusión con recursos escasos La restricción presupuestaria suele afectar en primer término a los segmentos con menor capacidad de reacción. ALIDE (2026) documenta la magnitud del problema. En 2024, 25,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza y 9,8% en pobreza extrema. En 2023, la pobreza multidimensional alcanzaba a 57% de la población rural, frente a 15,5% de la urbana, y a 50,6% de la población indígena, frente a 18,5% de la no indígena25. En materia financiera, 69,7% de los adultos tenía una cuenta, pero solo 28,8% ahorraba formalmente y 28,5% accedía a crédito formal. Las MIPYMES representan 99,5% de las empresas, generan 60% del empleo y aportan alrededor de 25% del PIB, y enfrentan una brecha de financiamiento estimada en US$1,8 billones, equivalente a 35% del PIB regional. Frente a esta realidad, la respuesta más directa es el subsidio de tasas, aunque también puede ser la más costosa para el presupuesto y la más difícil de sostener en el tiempo. Los casos relevados por ALIDE muestran alternativas que economizan recursos fiscales. El Programa de Garantía de Cartera de COFIDE, al compartir riesgos con el sistema financiero sin subsidio fiscal, es la más explícita. Bancóldex gestionó en 2025 aportes públicos por US$30 millones que permitieron lanzar veinte líneas en mejores condiciones, desembolsar US$300 millones y alcanzar a más de 44.000 empresas; el cociente entre ambos montos no mide movilización de capital privado, porque los desembolsos incluyen fondos de la propia entidad, pero indica el efecto multiplicador de un aporte acotado sobre la oferta de crédito. En Ecuador, el programa Rompiendo Brechas de la Corporación Financiera Nacional financió 15.800 operaciones hasta febrero de 2025 y
alcanzó a cerca de 28.000 MIPYMES, 60% de ellas lideradas por mujeres. Un segundo rasgo es la diferenciación de condiciones según la necesidad. El Crédito Joven Rural de BanEcuador financia entre US$500 y US$20.000, con plazos de hasta cinco años para activo fijo y tres para capital de trabajo, y períodos de gracia de hasta dos años y uno, respectivamente. En Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior ofrece créditos para la tecnificación del agro, bajo el programa Sumar equipamiento, por hasta ARS 3.500 millones, con plazos de hasta diez años, dos de gracia y una opción de leasing de hasta cinco años. Las líneas de vivienda social y de infraestructura de agua, energía y movilidad operan con montos mayores y plazos más largos. Esta gradación entre micro y macroescala es consistente con la idea de que no existe un modelo único de cierre de brechas. Un tercer rasgo es la extensión de la inclusión financiera más allá del crédito. ALIDE (2026) menciona plataformas digitales, billeteras electrónicas, cuentas de ahorro para niños y jóvenes, canales de mensajería y programas de educación financiera, cuyo objetivo es reducir costos de transacción y ampliar cobertura territorial. Para estos productos no corresponden tasas, plazos ni montos crediticios, y su costo fiscal es, en general, el de una inversión inicial en infraestructura de servicio. Un aspecto que debe quedar claro es que, algunos objetivos de inclusión no son financiables sin un componente de subsidio, porque el retorno social excede lo que el prestatario puede pagar. En esos casos, el criterio de eficiencia fiscal no consiste en evitar el subsidio, sino en que sea explícito, presu-
25- CEPAL (2025) “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025”. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/61e9dfa1-de2a-4af6-b670-0e2ed9b00cfe/content
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puestado, focalizado y evaluable. La transparencia de esa porción impide que se financie de manera encubierta con el patrimonio de la IFD, que es el modo más frecuente de erosionar su solvencia.
incluya la pérdida esperada de las obligaciones contingentes. Sin ese último nivel, el apalancamiento puede parecer elevado simplemente porque el riesgo no se ha contabilizado.
8. Medición, riesgos y gobernanza
8.2. Riesgos de la estrategia
8.1. Qué se mide y qué debería medirse En el propio documento de ALIDE se sostiene que la contribución de las IFD no debería evaluarse únicamente por el volumen de colocaciones, sino por su adicionalidad, su capacidad de movilización, su aporte a la creación de mercados, su efecto sobre la productividad y su impacto sobre las brechas sociales y territoriales. Aunque la información reunida en el propio documento no siempre permite aplicar ese criterio. La mayor parte de las cifras son de volumen (aprobaciones, desembolsos, número de operaciones) o de potencial (inversión asociada a proyectos estructurados), y es menos frecuente encontrar resultados medidos con un contrafáctico. Las evaluaciones de Criatec y de Garagem son, como se vio, excepciones valiosas26. Un esquema mínimo de medición debería distinguir por lo menos cuatro niveles: el volumen de recursos propios comprometidos, efectivos y contingentes; la inversión privada y multilateral movilizada, con una regla explícita de atribución; el efecto sobre variables finales (empleo, productividad, cobertura, emisiones, inversión en capital, etc.) con un grupo de comparación creíble; y el costo fiscal total, que 26- Sin embargo, cabe destacar que, en el marco de la cooperación ALIDE-BID-ReDeCA (Red de Desarrollo de Capacidades de Evaluación), se ha constatado la existencia de un número creciente de estudios de evaluación de impacto en el ámbito de la banca de desarrollo, tendencia que parece fortalecerse progresivamente en la región.
Los riesgos principales pueden agruparse en cinco. El primero es la sustitución de crédito privado por crédito público, que ocurre cuando las condiciones de la IFD se ofrecen a proyectos que habrían sido financiados igualmente. El segundo es la acumulación de pasivos contingentes, ya analizada. El tercero es la fragmentación: ALIDE advierte que la falta de secuencia y la débil coordinación entre programas limitan la construcción de trayectorias empresariales sostenidas, y el cuadro de instrumentos para startups del documento muestra una diversidad que puede derivar en superposiciones. El cuarto es la concentración sectorial o territorial, que expone la cartera a shocks correlacionados y puede responder a diversos factores, incluidas las presiones de grupos de interés, más que a criterios objetivos de adicionalidad. El quinto es el uso de la IFD para financiar políticas que corresponden al presupuesto, con lo cual la restricción fiscal se evade en la forma, pero no en el fondo.
8.3. Gobernanza y capacidades Fortalecer a las IFD en materia de fondeo, gobernanza, capacidades técnicas, instrumentos de mitigación de riesgo, medición de impacto y articulación con políticas productivas es una condición necesaria para que las oportunidades de la región se conviertan en desarrollo efectivo. A partir de ese planteo y del análisis precedente, pueden formularse algunas reglas de gobierno de las IFD en contextos de restricción fiscal. Los requerimientos de capital deberían ser proporcionales al riesgo efectivamente 129
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asumido, incluido el contingente27. Las operaciones con fin de política que no sean rentables por construcción deberían separarse contablemente de las operaciones comerciales y compensarse de manera explícita desde el presupuesto. Los instrumentos preferenciales deberían tener cláusulas de revisión y evaluación periódica, para evitar que se perpetúen más allá de la falla de mercado que los originó. La función de estructuración y originación de proyectos debería tratarse como un componente sustantivo del mandato y dotarse de recursos y personal especializado, y no como un servicio accesorio. Por último, la articulación con gobiernos subnacionales, organismos multilaterales e inversionistas privados requiere acuerdos de coordinación estables, que reduzcan el costo de transacción de cada proyecto.
9. Consideraciones finales La restricción fiscal que enfrenta América Latina y el Caribe no es un episodio coyuntural. Combina bajo crecimiento potencial, deuda relativamente elevada aunque con diferencias entre países, intereses crecientes y una recaudación debilitada por la informalidad y el incumplimiento, y es probable que persista mientras no se corrijan esos determinantes. En ese marco, las instituciones financieras de desarrollo pueden contribuir a sostener la inversión, siempre que su desempeño se evalúe con criterios de adicionalidad, movilización y costo fiscal, y no solamente por el volumen de crédito que colocan. La evidencia reunida por ALIDE sugiere que las IFD aportan más valor cuando actúan sobre la estructura de riesgos y sobre la preparación de los proyectos 27- En algunos casos, los marcos regulatorios imponen exigencias más estrictas a las entidades públicas como mecanismo preventivo frente a experiencias históricas de gestión inadecuada. Sin embargo, una regulación excesivamente conservadora puede desalentar el financiamiento de sectores, empresas o proyectos que precisamente constituyen el objetivo de la banca de desarrollo, como las MIPYMES o las inversiones de largo plazo.
que cuando sustituyen financiamiento que el mercado ya provee. Garantías, tramos de primeras pérdidas, financiamiento combinado, fondos de coinversión, bonos temáticos y asistencia técnica permiten obtener más inversión por unidad de recurso público, pero lo hacen de maneras distintas en cuanto a su costo fiscal. Ese costo es menos visible en los instrumentos contingentes que en los subsidios, y por eso exige medición, tarificación y límites ex ante. Hay tres condiciones que determinan si esa promesa se cumple. La primera es la solidez financiera de las propias IFD: fondeo de largo plazo en moneda local, capital proporcional al riesgo y reglas de provisión que impidan trasladar pérdidas al presupuesto sin que esto se vea. La segunda es la capacidad técnica de estructuración, ya que una parte considerable de la brecha de inversión es una brecha de bancabilidad que ninguna línea de crédito, por barata que sea, puede cerrar. La tercera es la evaluación: sin contrafácticos ni indicadores de costo fiscal, los resultados informados seguirán describiendo actividad y no efectos. Persisten además interrogantes que el documento de ALIDE no resuelve y que ameritan investigación. Falta evidencia comparable sobre el costo fiscal total de los esquemas de garantía en la región y sobre la manera en que estas obligaciones se registran en las cuentas públicas de cada país. Asimismo, sigue siendo escasa la evidencia basada en evaluaciones de impacto con grupos de control, más allá de unos pocos programas. Y no está resuelta la medida en que los instrumentos de mercado, como los bonos temáticos, mantienen su atractivo cuando las condiciones financieras internacionales se endurecen. Avanzar sobre esos puntos permitiría pasar de la descripción de buenas experiencias a una evaluación comparada de qué instrumentos, en qué condiciones y a qué costo, contribuyen a la inversión que la región necesita. 130
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