Suplemento| TECHO 2019

DERECHO A LA CIUDAD El acceso al derecho a la vivienda y el hรกbitat en Uruguay

La conformación de los asentamientos Una perspectiva histórica y regional Los asentamientos constituyen la forma espacialmente más visible de la pobreza urbana. Aunque no se corresponde totalmente dado que la pobreza también puede ser formal (y eventualmente puede haber situaciones de informalidad sin pobreza), la vida en la informalidad urbana se asocia fuertemente a carencias materiales y de servicios y a necesidades socioeconómicas acuciantes. Además, en muchos casos, los asentamientos están en zonas de riesgo ambiental por deslizamiento, inundaciones o contaminación. En el mundo, una de cada 8 personas vive en asentamientos (un billón de personas) y este número absoluto ha venido creciendo por más que el porcentaje ha comenzado a bajar. En América Latina, al menos 20% de la población vive en asentamientos. Este promedio oculta mucha variación en las distintas ciudades de la región. Si uno lo mira numéricamente, Uruguay está entre los países de la región con menos informalidad urbana. Pero si uno lo mira históricamente, lo que tenemos es un gran fracaso como sociedad. Dejamos que la informalidad creciera sin que mediara la causa más frecuente, es decir, el crecimiento poblacional por fecundidad y, fundamentalmente, migraciones. Con variaciones locales, la población de los asentamientos uruguayos y claramente los de la capital, no viene en general de áreas rurales migrando a la ciudad como en otros lugares del mundo, sino que fue expulsada por la ciudad. Los primeros estudios que tenemos nos dicen que, contrario a lo que se suele pensar, ya en los años 70 la mayoría de los pobladores de los cantegriles montevideanos no venían del medio rural sino en todo caso de ciudades del interior.

No es hasta la década del 90, sin embargo, que el fenómeno explota. Entre 1985 y 2000 surgen en Montevideo al menos 200 nuevos barrios informales (esto es más de la mitad de los existentes). El cambio no fue solo numérico. Los asentamientos que surgen en la capital por esta época suelen ser más planificados, con organizaciones vecinales, trazado de manzanas y un relacionamiento cercano, aunque precario con el estado. Condiciones estructurales tales como la desindustrialización persistente, la pobreza, la reducción del Estado, la disminución de los salarios reales, y quizás más directamente, el aumento de los precios de los alquileres, sin duda, estaban detrás de estas transformaciones.

Pero la política partidaria también importó.La tierra y los servicios se usaron en muchos casos como botín político en un contexto de reducción del clientelismo tradicional y de lucha por los votos de los sectores populares. En otros casos simplemente se toleró, se dejó hacer. La política de vivienda tampoco fue capaz de incorporar a la ciudad formal a las generalmente jóvenes familias en formación que no encontraban su derecho a la ciudad. Hasta los programas de regularización llegaron bastante tarde.

Asentamiento “Torre 8”

En uno de los casos que he seguido por más de 20 años, desde el inicio los vecinos pedían regularización y una escuela. Hoy varios de los chicos potenciales asistentes a aquella escuela, han sufrido lo que en sociología llamamos los “efectos vecindario”, es decir, los efectos negativos de crecer en un ambiente de homogénea pobreza. Hoy llega la infraestructura, que es muy importante, y llega luego de al menos quince años de bonanza económica en el país. Pero muchos de esos chicos desertaron del sistema educativo, algunos ya no están, alguno está preso, y así. Una de las mayores crisis del país, la del 2002 y sobretodo múltiples indicadores de fractura social, se fueron acumulando en el barrio y fueron alejando a las poblaciones con más recursos de compartir las mismas escuelas, las mismas zonas de la ciudad, los mismos destinos. Sin integración social es poco lo que la infraestructura puede hacer. Pero si además llegamos veinte años tarde con la infraestructura, imaginen.

Para terminar en un tono más optimista esta breve columna, en Uruguay tenemos suerte. Los asentamientos son pequeños, como dice este suplemento. La población en ellos no es un porcentaje tan alto como el de otros países. No tenemos un problema de presión poblacional. Estamos a tiempo de pensar alternativas que eviten que repitamos la historia, no solo regularizando sino ofreciendo opciones para insertarse en el mercado formal de vivienda, desde suelo urbanizable hasta subsidios de alquileres, vivienda social, créditos para ampliaciones y compras de viviendas usadas y nuevas, entre muchas otras posibilidades que debemos probar y evaluar. Y, sobre todo, y lo que es más difícil, tenemos la tarea de pensar alternativas que permitan la integración socioeconómica que evite que los efectos negativos del vecindario afecten a más generaciones.

María José Álvarez Rivadulla Profesora Asociada de Sociología de la Universidad de los Andes, Bogotá.

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Asentamiento “Brazo Unido” Montevideo

¿Cuál es el camino para que Uruguay construya ciudades más inclusivas?

Qué nos deja el Relevamiento Nacional: dimensionar e invertir de forma urgente.

A través de este ejercicio de militancia ciudadana, que ha sido el Relevamiento Nacional de Asentamientos, hemos aprendido un sinfín de características sobre nuestro territorio; que a través de esta publicación y en otras oportunidades seguiremos compartiendo con la sociedad.

Hay dos hallazgos que se presentan como los más importantes para pensar el desarrollo de nuestro país por un camino de fortalecimiento democrático, generación de oportunidades y cohesión social.

En primer lugar, más de 180.000 personas viven en 656 asentamientos de nuestro país, lo que representaría en densidad de población al tercer departamento después de Montevideo y Canelones. En la mitad de estos asentamientos las condiciones de vivienda e infraestructura no sólo son precarias, sino que llegan a ser peligrosas para la integridad y la vida de las personas.

Luego de años de reducción sistemática de la pobreza medida por método de ingreso; para esta población continúa siendo imposible acceder mediante un mecanismo asequible a la vivienda; ¿por qué es resulta tan lejano el derecho a la vivienda y a la ciudad?; ¿por qué miles de personas no tienen otra opción que vivir con el riesgo latente de sufrir una inundación, un incendio o un desalojo?

Por otro lado, descubrimos que en 1 de cada 3 asentamientos la gente se organiza para arreglar sus barrios, con sus propias manos y sus propios recursos. Los asentamientos son, por sobre todo, expresiones vivas de autogestión, donde el arraigado anhelo de la “casa propia” tiene su fuerte huella y motiva a la gente a levantar sus propias casas, las de sus vecinxs, sus calles, plazas y comunales. ¿Con qué políticas e inversiones estamos acompañando los enormes esfuerzos que hace la gente año tras año?, ¿cuánto demoraremos en valorar esta autogestión en un país donde a quienes vivimos en la ciudad formal nos cuesta arreglar nuestras propias veredas?

Resulta urgente entender que la calidad y el desarrollo de la vida está inherentemente inscripta en un espacio, en un barrio, en una casa, la calidad de vida de una población que sabemos pujante en juventud e infancia como en ningún otro lugar del país. Cuando pensamos que Uruguay es un país “avejentado” evidenciamos la falta de atención que estamos dando a estos territorios, ¿bajo qué vulneraciones de derechos están creciendo lxs niñxs y jóvenes de nuestro país?

Las dificultades que aún atravesamos como sociedad tienen su mayor impacto en estos territorios y en estas poblaciones: el acceso a la educación de calidad, el acceso al trabajo formal, el derecho a la vivienda y a los asociados por vivir en “la ciudad”. Estos resultan más que lejanos para personas que vienen levantando sus propios bloques, generación tras generación.

Es en los asentamientos, en los barrios de las periferias urbanas, donde debemos inscribir de forma urgente y sostenida la inversión en desarrollo urbano y social. Esperamos que este ejercicio de investigación sirva para poner en el foco la desigualdad existente en nuestro territorio y nos desafíe a mejorar de forma acelerada la calidad de vida de lxs pobladorxs de las periferias urbanas de nuestro país. Teniendo presente de forma preponderante que encontraremos el camino a medio allanar por las diversas organizaciones barriales en donde las personas ya han avanzado construyendo sus propias comunidades.

Uruguay no ha estado ajeno al fenómeno de urbanización acelerado característico de América Latina. A diferencia de países de Europa, nuestra urbanización se ha dado a tasas mayores, en forma más desordenada, no inducidas necesariamente por una mayor productividad o concentración de actividades en áreas urbanas y con poca capacidad de los gobiernos, especialmente locales, para responder a los desafíos de una planificación y articulación que permita acceso a servicios urbanos universales y adecuados. También y en años más recientes, muchas de las fuertes crisis vividas en la región, han influido sobre el vaciamiento de áreas centrales formales y aparición de áreas informales periféricas. El fenómeno de la inequidad urbana no es más que una manifestación territorial de la desigualdad imperante en América Latina que ha sido clasificado como el continente más inequitativo a nivel mundial.

Una política pública destinada a hacer ciudades más inclusivas debería poner énfasis en solucionar los problemas de calidad de la vivienda (déficit cualitativo) y su entorno.

Una parte importante del stock habitacional del país tiene problemas de acceso a servicios básicos como luz, agua, saneamiento, así como baja calidad de materiales de construcción. Una vivienda más digna tiene repercusiones importantes sobre la calidad de vida de la gente y sobre las posibilidades de que las personas puedan romper el círculo vicioso de la pobreza. En América Latina y el Caribe (ALC) el déficit cualitativo representa el 94% del déficit total en áreas urbanas. Sin embargo cuando se revisan las inversiones una parte importante de lo que se gasta se destina a dar soluciones al déficit de cantidad de viviendas (déficit cuantitativo). Para el caso del Uruguay, mientras que el déficit cuantitativo de Uruguay se estima en aproximadamente 40 mil vivienda, solo la población residente en asentamientos es de aproximadamente 49 mil viviendas.

En los últimos años, la discusión sobre cómo abordar los problemas de calidad de la vivienda ha incorporado variables que abordan el problema por fuera de sus “cuatro paredes”. Hoy en día se entiende que la localización de la vivienda en la ciudad, el acceso a espacios públicos de calidad, áreas verdes, transporte, cercanía a fuentes de empleo, servicios de educación y salud son factores que influyen en las posibilidades de desarrollo social y productivo de las familias. En definitiva, la calidad de la ciudad entorno a la vivienda es tan importante como la vivienda en sí misma. Un estudio del BID publicado en 2018 en el libro Vivienda, ¿Qué Viene? De pensar la Unidad a Construir la Ciudad (https://publications.iadb.org/es/vivienda-que-viene-de-pensarla-unidad-construir-la-ciudad), se propone medir la calidad urbana en 42 ciudades de la región usando una metodología innovadora que incorpora variables de confort ambiental, accesibilidad a centros de empleo, salud y educación. El caso de Montevideo, incluida en el estudio, presenta buenos estándares para el acceso a fuentes de trabajo (más del 80% de la ciudad se encuentra a menos de 30 minutos en auto del centro de la ciudad). Por otra parte, en temas de acceso a salud y educación mientras más del 75% de la ciudad se encuentra a menos de 20 minutos caminando de un centro educativo, menos de la mitad lo está respecto a un centro de salud.

Para lograr mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, los esfuerzos para reducir el déficit cualitativo deben acompañarse de políticas públicas que permitan levantar las barreras de acceso al mercado formal de vivienda, así como focalizar en áreas postergadas la implementación de políticas sociales de calidad que permitan cambiar la ecuación de la pobreza y la desigualdad. Esto especialmente importante en los asentamientos del país, en donde la población de niños y jóvenes es mucho mayor al promedio del país: un 50% de su población es menor de 20 años y un 65% menor de 30 años; a nivel nacional, estos indicadores descienden al 28% y 43% respectivamente.

El fuerte compromiso de los países con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) habla en su compromiso 11 de ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Hacer esto una realidad es el gran desafío de los años venideros del Uruguay.

Verónica Adler Belén González Directora Ejecutiva TECHO Uruguay

Coordinadora del Cono Sur de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID

Mariana Poskus Consultora en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo

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RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO N

¿Por qué un Relevamiento Nacional de Asentamientos?

ARTIGAS 35 3.668

Para TECHO un paso necesario para abordar la realidad que viven las personas en asentamientos, es conocerla y reconocerla. Por eso desarrolló con urgencia la tarea de identificar a los asentamientos y la situación en la que se encuentran.

Los resultados obtenidos buscan ser un aporte a las decisiones y acciones de la organización, al mismo tiempo que pretende contribuir al diseño e implementación de las políticas que garantizan el acceso a los derechos relacionados a la vivienda y hábitat de la población que reside en asentamientos.

Este estudio también apunta a visibilizar los esfuerzos organizativos y de gestión de proyectos de los mismos pobladores y pobladoras, para mejorar su calidad de vida. Entendemos que en estos esfuerzos se reflejan valiosas oportunidades para avanzar trabajando en conjunto con los pobladores y pobladoras, desde una perspectiva territorial y participativa.

656

asentamientos

59.922

cantidad de asentamientos cantidad de viviendas

SALTO 27 2.135

RIVERA 23 1.184

PAYSANDÚ 33 2.208

TACUAREMBÓ 10 434

RÍO NEGRO 2 32 SORIANO 5 217

DURAZNO

TREINTA Y TRES 1 61

2 142

FLORES 0 0

COLONIA 12 846

CERRO LARGO 6 267

SAN JOSÉ 8 477

viviendas

FLORIDA 3 51

LAVALLEJA 5 238

CANELONES 121 8.863

ROCHA 5 323

MALDONADO 12 2.117

MONTEVIDEO 346 36.659

192.096* personas

POBLACIÓN

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Las estimaciones poblacionales permiten afirmar que en Uruguay, entre 182.491 y 219.504 personas viven en asentamientos. El 62,5% de las personas se encuentran en asentamientos de Montevideo, esto se corresponde con que 1 de cada 10 personas en Montevideo vive en un asentamiento; y el 37,5% en asentamientos del Interior.

1 de cada 3 asentamientos cuenta con organización interna El 90% ejecuta proyectos para mejorar el barrio* *de los que se organizan

4

Escenarios

departamento

2.1

2.2

1.1

1.2

3.1

3.2

MONTEVIDEO RESTO DEL PAÍS

114.067 68.423

123.141 73.778

120.071 72.025

123.141 77.661

114.067 76.449

123.141 82.432

TOTAL

182.491

196.920

192.096*

207.284

203.421

219.504

TO NACIONAL DE ASENTAMIENTOS VULNERABILIDAD HABITACIONAL Y URBANA % de viviendas en asentamientos / Total de viviendas contabilizadas en asentamientos DENSIDAD

CRÍTICA

DENSIDAD

ALTA

DENSIDAD

MEDIA

MONTEVIDEO

60,9%

CANELONES

14,7%

ARTIGAS

6%

PAYSANDÚ

3,6%

SALTO

3,5%

MALDONADO

3,5%

RIVERA

1,9%

COLONIA

1,8%

SAN JOSÉ

0,7%

TACUAREMBÓ

0,7%

ROCHA

0,5%

DENSIDAD

BAJA

CERRO LARGO

0,4%

LAVALLEJA

0,4%

SORIANO

0,3%

DURAZNO

0,2%

TREINTA Y TRES

0,1%

FLORIDA

0,1%

RIO NEGRO

0%

FLORES

0%

Según la cantidad de viviendas en asentamientos agrupamos los departamentos según su nivel de densidad; los departamentos de densidad crítica presentan más de 3501 viviendas en asentamientos, lo de densidad alta más de 1001 y menos de 3500. Los de densidad media concentran entre 301 y 1000 viviendas y los de baja densidad presentan menos de 300 viviendas.

CATEGORIZACIÓN POR TAMAÑOS En el 45% de los asentamientos se contabilizaron menos de 40 viviendas, lo que los categoriza como asentamientos pequeños.

En otro extremo, el 9% de los asentamientos califica en lo que hemos determinado como categoría de macro (más de 200 viviendas) teniendo una incidencia alta 41 asentamientos localizados en Montevideo, y 18 distribuidos en el resto de los departamentos de densidad crítica y alta.

El 40% de los asentamientos se encuentra en situación de vulnerabilidad crítica o alta. Esto implica una combinación de falta de acceso regular a los servicios básicos, materialidad precaria de las viviendas e infraestructura urbana ausente o de baja calidad.

El 33% de los asentamientos poseen más de la mitad de las viviendas de materiales precarios (chapa, costanero y materiales reciclados) y con conexión irregular a por lo menos dos de los siguientes servicios: agua potable, energía eléctrica, saneamiento.

El 54% de los asentamientos sufrió en el último año por lo menos un incendio, una inundación, daños asociados a inclemencias climáticas o un desalojo.

% en el total de asentamientos del país

PEQUEÑO

- 40 viviendas

MEDIANO

40 - 120 viviendas

GRANDE

120 - 200 viviendas

MACRO

+ 200 viviendas

ACCESO A LA EDUCACIÓN Y EL TRANSPORTE El 75% de los asentamientos cuenta con un CAIF y escuela dentro o a un kilómetro de distancia El 80% de los asentamientos cuenta con un centro de educación secundaria a menos de 3 kilómetros distancia El 90% de los asentamientos cuenta con una parada de transporte público a menos de 1 kilómetro de distanacia

*Dónde ver los informes completos: Primer Informe febrero 2019: bit.ly/InformeRNAI - Segundo Informe abril 2019: bit.ly/Segundoinforme

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CÓMO DEBEMOS AVANZAR Recomendaciones para la elaboración de políticas públicas MONITOREO de ASENTAMIENTOS

1

Implementar un observatorio para el monitoreo y seguimiento de los asentamientos en Uruguay.

Levantardatosdesdeelterritoriodeformaperiódicaparagenerarinformación útil que permita avanzar en procesos de integración; entendiendo que el mismo deberá respetar las particularidades de cada territorio y comunidad.

Dar seguimiento a la realidad dinámica de los asentamientos para explicar los contextos que propician su aparición y crecimiento en las diferentes localidades.

Disponibilizar de forma eficiente la información a través de una plataforma SIG que facilite la actualización y análisis para la toma de decisiones. monitorasentamientos.org.uy

2

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA EMERGENCIA HABITACIONAL Y URBANA Implementar un conjunto de medidas que mitiguen de forma urgente la exposición al riesgo para los asentamientos identificados en niveles de vulnerabilidad crítico y alto -41 y 206 asentamientos respectivamente- que aseguren un módulo habitacional mínimo que contemple mejoras en la materialidad y conexiones seguras.

Establecer un mecanismo de prevención y protección para atender a personas que se encuentran en situación de riesgo por no contar con un espacio mínimo seguro donde habitar o en caso de sufrir un desalojo.

3

ESTRATEGIA PILOTO DE INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIALIZADA

Realizar pilotos de inversión pública territorializada para la garantía de la vivienda y el hábitat en asentamientos, a partir de las cuales se potencie la autogestión y, especialmente, la inversión que han realizado las comunidades para la auto-construcción de su hábitat.

4

PONER FOCO EN LOS DEPARTAMENTOS CON DENSIDAD DE VIVIENDAS CRÍTICA Y ALTA DEL INTERIOR DEL PAÍS: Canelones, Artigas, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera.

En los departamentos de Canelones, Artigas, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera es donde se concentra una tercera parte de las viviendas contabilizadas en asentamientos.

Recomendamos la aplicación de la estrategia de inversión pública territorializada propuesta en el punto tres (3), tomando en cuenta, además de lo anterior, que para los asentamientos mencionados la organización comunitaria se eleva sobre la media nacional.

6

Mucho más que registrar datos Los resultados del Relevamiento Nacional de Asentamientos en Uruguay que TECHO presentó hace pocas semanas es mucho más que un registro de datos georreferenciados o un ejercicio que brinde mayor conocimiento sobre la realidad en la que viven decenas de miles de personas en Uruguay. Ya, ello solo implica un aporte muy importante, especialmente por el rigor metodológico que caracterizó la recolección de información.

El relevamiento, por un lado, también se ha preocupado de escuchar a personas referentes en los asentamientos para conocer sus percepciones sobre diversos aspectos de su vida, su hábitat y sus formas de organización para encontrar soluciones a sus problemas. El relevamiento de TECHO representa así, en primer lugar, una práctica interactiva y dinámica, donde sectores tradicionalmente excluidos y alejados de los centros de poder tienen voz y opinión, garantizándose así la incorporación de distintos puntos de vista.

Por otro lado, TECHO pone el foco en las situaciones de desigualdad que se detectan, analiza los datos recopilados, para convertirlos en información para la acción, en un ejercicio de verdadera auditoría social y de monitoreo de las políticas y situaciones de vivienda en Uruguay. A partir de ese análisis, TECHO se compromete a “que no quede sólo en palabras, sino que sirva principalmente para generar acción y así continuar impulsando la garantía de derechos en los asentamientos de nuestro país”. Ya en el propio informe del relevamiento TECHO realiza propuestas concretas, que van desde la implementación de un observatorio para el monitoreo y seguimiento de los asentamientos en Uruguay, a la implementación de una política integral para la emergencia habitacional y urbana, estrategias pilotos de inversión pública territorializada y sugiere priorizar situaciones en departamentos con densidad de viviendas crítica.Este compromiso que asume TECHO, y sus propuestas iniciales, son una demostración clara del papel que las organizaciones de la sociedad civil pueden asumir como canales de participación. La participación ciudadana supone una interacción expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil y es, sin duda, un elemento crítico para mejorar la calidad de la democracia representativa. Las organizaciones de la sociedad civil, como canal de participación de la ciudadanía, pueden agregar valor público a las nuevas formas de la administración que implican políticas de gobierno abierto.

Para ello, como en el caso de TECHO las organizaciones ejercen derechos y asumen responsabilidades, aportando conocimientos técnicos, ofreciendo puntos de vista diferentes y enriquecedores y ocupando el lugar de una participación ciudadana responsable y propositiva.

En un marco de corresponsabilidades, el Estado debería a su vez garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participen no solamente de manera instrumental en la ejecución de las políticas públicas, sino en su concepción, planificación, diseño, implementación, evaluación, monitoreo y contralor. TECHO nos da una muestra ejemplar de la voluntad de participación y colaboración en esa dirección.

Anabel Cruz

Directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) de Uruguay Presidenta de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana Miembro del Directorio de Techo Uruguay

AutoGESTIÓN y acciONES transformadoraS En la apuesta por la construcción de una sociedad justa y equitativa, donde cada persona pueda gozar plenamente de sus derechos y ejercer sus obligaciones, la pregunta por el desarrollo no se hace esperar. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Quién define lo que es? ¿Qué tensiones se presentan entre los diversos actores que confluyen en los territorios?

La experiencia acumulada en más de 15 años de trabajo conjunto con habitantes de asentamientos nos ha mostrado que las respuestas a esas preguntas no suelen generarse en el marco del consenso y la serenidad; por el contrario, implican arduas luchas. También nos ha enseñado que es el ejercicio libre e informado de la autonomía, a través de la acción transformadora, lo que determina en muchas ocasiones la sostenibilidad de los procesos y el efectivo alcance de la opción de desarrollo territorial que sus actores han elegido. Esto parte de una premisa tan básica que pareciera asaltar al sentido común: ninguna persona podrá conocer en mayor profundidad el contexto, las problemáticas y opciones de mejora de su entorno que quienes lo han habitado, aquellos que han luchando continuamente para garantizar soluciones a los derechos vulnerados en sus territorios.

Ante un panorama de vulneración sistemática de derechos como el que se hace evidente en el Relevamiento Nacional de Asentamientos (RNA), nuestra experiencia de caminar los territorios nos ha permitido conocer de primera mano miles de historias de lucha por el acceso a cuestiones fundamentales, como el acceso seguro a la tierra donde poder ejercer plenamente otros derechos que hacen a la vida digna. Así, frente a una realidad con altos niveles de vulnerabilidad, se torna prioritario destacar la importancia del capital social comunitario en los asentamientos, pues aquello resulta ser la pieza clave en el rompecabezas de la búsqueda de soluciones duraderas que mejoren la calidad de vida de quienes allí habitan.

Como nos dejan ver los resultados del RNA, en los territorios Uruguayos donde se conforman asentamientos no sólo existen derechos vulnerados. Es allí, precisamente, donde se están gestando los procesos de organización barrial que construyen ciudad y democracia activa, cuestiones que, a la luz de la llamada producción social del hábitat, implican una mejora continua que es planificada, participativa y responde a un modelo de complementariedad con otros actores. En otras palabras, la acción transformadora se hace evidente cuando en el 31% de los asentamientos de Uruguay sus habitantes reconocen la existencia de un grupo organizado de vecinos y vecinas, que a su vez en el 89% de los casos enfocan su energía en la construcción de su barrio (casas, calles, plazas y acceso seguro a la tierra).

En suma, en el camino del desarrollo territorial las estrategias de organización comunitaria se presentan como una oportunidad para contribuir a la construcción de ciudades justas y equitativas, donde los derechos de todas las personas sean garantizados. Sin lugar a dudas, contar en Uruguay con 1 de cada 3 asentamientos donde se reconocen formas de organización interna, habilita y potencia la inversión pública y privada para el goce efectivo de los derechos a la vivienda y al hábitat, a partir del ejercicio de la democracia participativa.

Laura Posada

Directora Territorial

A modo de ejemplo, la trayectoria de Santa Rosa, un pequeño asentamiento de la ciudad de Salto, ilustra bien el asunto. Aunque los primeros habitantes llegaron hace más de treinta años, hacia finales de la década de 1990 se contaban siete familias. Actualmente hay 61 núcleos familiares. Comenzaron con ranchos de lata, de bolsa de nylon, de chapa. Paulatinamente, con esfuerzo, cada una logró hacerla de ladrillo y hormigón. Arrancando chirca y cañas a pala y pico, los habitantes limpiaron el acceso y terminaron de conectar las calles. Eso facilitó la circulación y en su momento permitió que entrara la barométrica.

Después vino la instalación de un contador en cada casa y el acceso al agua.

Posteriormente, gestionaron la conexión al saneamiento, construyendo las cámaras para cada vivienda. «Luchamos para que el barrio saliera adelante, formamos nuestra comisión y peleamos para que cada cual tuviera su vivienda», resume Luis Amilcar Sosa, uno de los vecinos que integra la forma organizativa que ha encarado los problemas.

No obstante, siguen en la búsqueda de regularizar la tenencia hasta obtener los títulos de propiedad. Hacia 1999 interpelaron por primera vez a la Intendencia. Años después, en 2004, les informaron que estaban a poco de lograr la regularización, pero más que tranquilidad esa respuesta les ha dejado un mal sabor de boca. Hoy día, la Comisión sigue reclamando por una respuesta definitiva; años después de iniciado el proceso, las autoridades competentes les informaron que han surgido dificultades y que, por tanto, los vecinos tendrían que empezar de nuevo los trámites, rehacer el camino andado. «No puede ser que eso se haya extraviado así, después de toda la gestión que hicimos como vecinos», sostiene mientras recorremos la calle a la que dan todas las casas y muestra con orgullo la materialización de las acciones colectivas de los vecinos.

Asentamiento “Santa Rosa” Salto

David Butello

Coordinador del Relevamiento para el interior

7

TRANSPARENCIA Y AGRADECIMIENTOS Rendición Financiera 2018

¿Con quiénes trabajamos?

ALIADO PLATINO

INGRESOS

ALIADO ORO

ALIADO PLATA

6% 7% 12% 55%

SOCIOS ESTRATÉGICOS

21%

Empresas

$ 8.673.634,66

Particulares

$ 3.231.322,10

Eventos

$ 1.846.430,11

Cooperación Internacional $ 1.019.977,50 Ingresos internos

$ 884.499,69

DURANTE EL 2018 TRABAJARON CON NOSOTROS

EGRESOS

14%

28%

58% INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Inversión social

$ 9.594.063,32

Inversión en desarrollo organizacional

$ 4.602.729,07

Gastos administrativos

$ 2.344.325,40

Universidad Católica del Uruguay - Universidad de Montevideo - The British School - St. Brendans School - Santa Elena – Alemán - Santa Teresa de Jesús - International College - St Claire - Los Pinos – ITHUE – IEP - Liceo Pinar 2 - Clara Jackson - Maristas

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Diseño: Mariana Voetter | Directora de Comunicación: Giovana Tomasiello | Fotografía: Banco de imágenes de TECHO y Eduardo Soto | Colaboradores: Verónica Adler, María José Álvarez Rivadulla, David Buttello, Anabel Cruz, Sofía Flores, Belén González, Sofía Guglielmone, Eduardo Harley, Laura Posada, Mariana Poskus, Luis Amílcar Sosa.