Page 1

Llei 27/2011

de reforma de la Seguretat Social

L’enèsima retallada Miguel Arenas advocat del Col·lectiu Ronda


A pesar de que gran parte de las medidas incluidas en la Ley 27/2011 de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2013 estableciendo diversos periodos transitorios y dejando pendiente de futuros estudios e informes diversas de las cuestiones introducidas en la ley- consideramos que ya es posible y necesario realizar un primer análisis de la reforma. El Preámbulo de la Ley establece los dos motivos que han llevado al actual Gobierno -con la aquiescencia de la mayoría del Parlamento estatal- ha efectuar un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social. Así, según podemos leer en el Preámbulo de la nueva Ley, no es ni la presión de los “mercados” ni la onda neoliberal a la que estamos sometidos las que provocan la reforma, sino, en primer lugar, la cuestión demográfica -una mayor esperanza de vida y el descenso de la natalidad-, así como, en segundo lugar, reforzar la contributividad del sistema. Con todo, tal y como veremos a continuación y a pesar de lo redactado en este preámbulo, se hace evidente que el verdadero objetivo de la reforma no es que quien más ha cotizado, tanto en cuantía como en años cotizados, perciba más, sino que en realidad persigue que quien menos ha cotizado perciba pensiones inferiores a las que actualmente se les reconoce. Veamos, en diferentes apartados, las cuestiones más relevantes de la reforma

MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE MÍNIMOS Lejos queda ya la incumplida promesa electoral de Zapatero relativa a la igualación de las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional. Tal extremo nunca se ha llegado a producir, quedando lejos la cuantía mínima de aquellas con respecto al módulo salarial mencionado. Bien al contrario, la nueva reforma supone que el complemento de mínimos de las pensiones tenga, a partir del primero de enero de 2013, un importe máximo equivalente al de las pensiones no contributivas, lo que en la práctica supone equiparar pensiones contributivas con pensiones asistenciales. Y es más, establece un nuevo requisito para la percepción del complemento, en base a la equiparación de pensiones asistenciales y contributivas, que es el de residencia en España. Además, la Administración de la Seguridad Social se dota de un sistema que le permite citar y controlar a los beneficiarios de dichos complementos para verificar el lugar de residencia real, llegando incluso a suspender, si lo considera preciso, el pago del complemento. Es más que evidente que quienes se verán afectados por esta reforma son, como siempre, quienes han cotizado menos –lo cual no siempre quiere decir que sean los quienes menos han trabajado, recordemos la importancia en nuestro país de la economía sumergida-. Pero, sin duda, al colectivo al que más se perjudicará, y entendemos que ese es el auténtico espíritu de este cambio normativo, es a los extranjeros que, después de trabajar, cotizar y serle reconocida una pensión en nuestro país, solo percibirán el complemento si mantienen la residencia en España. Al margen de la cuestionable remisión a la residencia en España -que entendemos choca frontalmente con la normativa de la Unión Europea-, tal práctica provoca una reducción de derechos inadmisible ligada a la nacionalidad del beneficiario. Lo irracional e injusto de la medida se hace incluso más patente cuando se establece que los complementos de mínimos causados antes de 01/01/2013 se mantendrán, lo cual nos llevará a que dos beneficiarios de la Seguridad Social con las mismas necesidades básicas, con los mismos periodos de cotización e idéntica pensión, percibirán diferentes cuantías, lo cual es evidentemente injustificable.


NUEVA EDAD JUBILACIÓN Quizás el aspecto de la presente ley que más debate ha generado sea el de la fijación de la nueva edad ordinaria de jubilación en 67 años. Sin embargo, no es este uno de los aspectos más negativos de la reforma -veremos que, además del complemento de mínimos, existen cuestiones que suponen un recorte de derechos aún más graveDe esta forma, se establecen dos momentos cronológicos en los que se podrá causar el derecho a la pensión de jubilación ordinaria sin reducción por la edad. A saber:

1) En primer lugar, se mantienen los 65 años, siempre y cuando se hayan cotizado de forma efectiva un mínimo de 38 años y 6 meses. Por tanto, el colectivo más afectado será el de aquellas mujeres que sacrificaron gran parte de su vida a la familia, sin acceso al mercado laboral, o que lo hicieron con trabajos a tiempo parcial. Pero también se verán afectados los extranjeros que iniciaron sus carreras de cotización en edades más maduras, puesto que no podrán alcanzar un techo de cotización tan alto.

2) Alternativamente, para quien no haya cotizado aquellos 38 años y 6 meses, la edad ordinaria de jubilación se establece en 67 años. Ahora bien, el definitivo establecimiento de esta edad superior está sujeta a un periodo transitorio de 15 años, incrementándose progresivamente cada año esta edad, desde los 65 años y 3 meses en el año 2013, a los 66 años en 2021 hasta quedar fijada en 67 años en el 2027.

Son numerosas las disposiciones de esta ley que señalan la necesidad de estudiar, en el marco de lo ya previsto en los Pactos de Toledo, el impacto de la cuestión demográfica en la evolución del sistema de pensiones. Tal insistencia nos hace temer que, mucho antes del 2027, las anteriores reglas vuelvan a ser objeto de revisión.


CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA

No cabe la menor duda de que esta es una de las reformas que afectará más gravemente al cálculo de las pensiones de jubilación aunque también a las de incapacidad permanente, puesto que ambas comparten la misma regulación-, reduciendo considerablemente la bases reguladora de esta prestación. Veamos los puntos críticos:

1) Ampliación del periodo de cálculo de los actuales 15 años, primero a 20 años y posteriormente a 25 años. La ampliación es progresiva hasta el 2022. Cierto es que se establecen reglas que permiten minimizar el impacto de este nuevo cálculo, pero que en nada benefician a las carreras cortas de cotización. Así, la paradoja es que, siendo el periodo de cotización mínimo para acceder a la pensión de 15 años, elevar el cálculo a un tiempo mayor solo tiene un objetivo: que existan pensiones por debajo del mínimo legal al existir largos periodos sin cotización. ¿Se entiende ahora el alcance la reforma del complemento de mínimos que comentábamos anteriormente?

2) Si hasta ahora se alcanzaba el 100% de la pensión con 35 años de cotización, se modifica el actual sistema, elevando a 37 años el periodo necesario, y estableciendo una escala más rigurosa a partir de los 15 años mínimos que perjudica claramente a quien no llega al total de años solicitados. Como ejemplo podemos señalar que quien, antes de la ley, tenía, por ejemplo 25 años de cotización, alcanzaba una pensión del 80%, que con la reforma será del 72,8%. O quien llegó anteriormente a 30 años de cotización, y una pensión del 90%, hoy se verá reducida al 84,2%.

3) Se ve afectado uno de los mecanismos correctores de los periodos sin cotización de los trabajadores por cuenta ajena, la figura conocida como integración de lagunas, que supone aplicar, en los meses sin cotización, la base mínima de cotización. Si hasta la presente ley se aplicaba sin límite alguno, ahora no se aplicará en todos los casos, y quedará limitado a 24 meses íntegros y el resto se reducirá al 50%. Esta cuestión llevará a cálculos que quedarán por debajo de la cuantía mínima de la pensión de jubilación.


JUBILACIÓN ANTICIPADA La reforma no hace desaparecer esta figura, pero sí se ve sensiblemente penalizada, y más aún en el actual contexto de crisis que padecemos. Se elimina, no obstante, la figura de la jubilación anticipada con 64 años y contrato de relevo -no confundir con la jubilación parcial, que se mantiene, aunque con nuevos requisitos-, que permitía acceder a la pensión con un 100% de la base reguladora. Dos son las situaciones que permitirán acceder a esta figura, que eso sí, queda reservada para carreras de cotización largas, al exigir en ambos casos una cotización mínima de 33 años. A saber:

1) Cese de la relación laboral por causa no voluntaria. El trabajador que con 61 años o más, lleve un mínimo de 6 meses en situación de desempleo y haya extinguido su relación laboral por causas económicas mediante ERE, situación concursal o despido objetivo- (existen otros motivos, pero son residuales), podrá jubilarse anticipadamente, con un coeficiente reductor por año de cotización en la práctica de un 6,5% con 38 años y 6 meses de cotización, o del 7,5% con menos años cotizados. Es evidente que la primera restricción es que cualquier despido objetivo NO permitirá este modelo de jubilación, ya que queda circunscrito exclusivamente a causas económicas. También es relevante señalar que desaparece el coeficiente más privilegiado del 6%.

2) Cese voluntario. Quien no se encuentre en el supuesto anterior, pero sí reúna los preceptivos 33 años de cotización, podrá jubilarse a partir de los 63 años, con la aplicación de los mismos coeficientes reductores ya indicados, siempre y cuando la pensión resultante sea superior a la pensión mínima de jubilación. Esta medida afecta muy perjudicialmente a todas aquellas personas que perciben la prestación de desempleo para mayores de 52 años, actualmente con un importe de 426 euros mensuales y sin pagas extraordinarias, que si bien hasta ahora accedían a la jubilación anticipada para incrementar sus retribuciones, ahora se verán obligados a permanecer percibiendo esta prestación mínima hasta la edad de jubilación ordinaria.

No cabe duda que a partir de ahora el acceso a la jubilación anticipada será más restrictivo y que la elevación a 63 años del acceso voluntario impedirá en la práctica tal acceso. Se mantiene la posibilidad de jubilación anticipada a partir de los 60 años de los trabajadores que cotizaron al antiguo mutualismo laboral antes de 01/01/1967, eso sí, con un coeficiente reductor del 8% por año de anticipación. Recordar que se mantiene la figura de la jubilación parcial, que permite compaginar trabajo y jubilación, pero se establece una correlación entre la cotización del trabajador relevista y el relevado de al menos el 65%, y con la nueva obligación de cotizar el 100% de la base de cotización del relevado, cuestión que hará menos atractiva para el empresario esta institución. Visto lo anterior, las reformas más importantes de la ley van encaminadas, como casi siempre, a perjudicar a los trabajadores con menores carreras de cotización -especialmente extranjeros, mujeres y mano de obra no cualificada-, perjudicando muy poco o no afectando a las carreras de cotización más largas y con bases más altas. Como siempre, y ya no es novedad, indepedientemente de quien nos gobierne, el legislador recorta por la parte más débil.


Hemos dejado para el final dos cuestiones que aborda la Ley 27/2011 y que no se presentan como recorte de prestaciones, si no al contrario, como paradigma del “avance social” propuesto por el gobierno. Una es el reconocimiento como cotizado del periodo de interrupción de la actividad laboral por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo. La otra, ampliamente publicitada por el Gobierno socialista, es la integración del régimen especial de empleadas del hogar en el régimen general. Las analizamos de forma separada.

Reconocimiento como cotizado del periodo de interrupción de la actividad laboral por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de menor de 6 años El, y perdón por la ironía, gran avance en estas situaciones, es el reconocimiento, para quien interrumpió su actividad laboral tras el parto o adopción de hijo -sea hombre o mujer- con 270 días de cotización ficticios. No es broma, esta es la “recompensa” por haber cesado en el trabajo durante años para atender a un hijo menor. Y de aplicación progresiva hasta el 2018, y limitado a 5 años por beneficiario -aunque para alcanzar dicha cifra tendría que ser progenitor de más de 6 hijos-. Una mayor alabanza, en este caso sí, es el reconocimiento como cotización efectiva de hasta 3 años a efecto de prestaciones de seguridad social de los periodos de excedencia por cuidado de hijo previsto en el art. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Integración del régimen especial de empleadas del hogar en el régimen general de Seguridad Social Desaparece este régimen especial con efectos de 1/1/2012, otorgando un periodo de 6 meses desde aquella fecha para efectuar los trámites precisos. La principal consecuencia es que el “cabeza de familia” pasa a ostentar la cualidad de empresario -aunque sin todas sus obligaciones-, procediendo la administración de la Seguridad Social a cursar la baja en el sistema de quien no se adapte a los cambios en ese periodo de 6 meses. No creemos que sea un avance -no se reconoce, por ejemplo, el derecho al desempleo-, porque fomentará la contratación “en negro” y porque, y ésta es la hipótesis que avanzamos, se pretende mercantilizar la relación laboral de las empleadas del hogar. Y no es ésta una opinión sin base, ya que la Disposición Adicional 17ª de la Ley 27/2011, titulada “Prestación de servicios domésticos a través de empresas”, señala que “Las tareas domésticas prestadas por trabajadores no contratados directamente por los titulares del hogar familiar sino al servicio de empresas, ya sean personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, determinará el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social por cuenta de esas empresas”. O mucho nos equivocamos o las empleadas del hogar, en pocos meses, se verán abocadas a realizar su actividad, bien a través de empresas de trabajo temporal, bien -y esto es lo que se intuye- a través de nuevas empresas de prestación de servicios domésticos, lo que supondrá una reducción de las retribuciones de las empleadas en favor de los beneficios empresariales. Nos dejamos en el tintero otras reflexiones tan graves como la perpetuación y reforzamiento de las mutuas de accidentes de trabajo como asociaciones de empresarios ¿sin ánimo de lucro?, el continuo olvido y arrinconamiento de los trabajadores autónomos -¿para cuando la posibilidad de jubilarse anticipadamente?-, la eterna cantinela de la necesidad de suscribir planes de pensiones privados o el insuficiente incremento de las pensiones de viudedad –y no de todas- hasta el 60% que será efectiva de forma progresiva de aquí a 8 años. Esperemos que dentro de pocos ¿años o meses? no tengamos que realizar otro artículo criticando nuevas reformas aún más restrictivas.


Pensions: l'enèsima retallada  

Miguel Arenas, abogado del grupo Salut i Treball del Col·lectiu Ronda, analiza las principales novedades introducidas en la legislación: eda...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you