Artículo

cuidado del menor con el fin de no consumir el tiempo de la prestación, así como el subterfugio de un descanso encubierto bajo una IT ordinaria, tiene sentido y utilidad para la trabajadora el solicitar la prestación especial de IT por encontrarse en el primer día de la semana 39ª del embarazo. Será necesario esperar a los datos que reflejen si efectivamente se trata de una prestación a la que la trabajadora acuda de forma frecuente.

La otra conexión es la que se establece entre la prestación por nacimiento y cuidado del menor y la especial por interrupción del embarazo. Como se ha dicho antes, el art. 8.4 del RD 295/2009 mantiene el derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor aun en el caso de un embarazo frustrado, siempre que el feto haya permanecido en el seno materno un mínimo de 180 días. Lo que la reforma de los artículos de la LGSS permite es que la mujer trabajadora, con independencia del tiempo de embarazo, pueda acceder a la prestación especial de IT en el caso de interrupción del embarazo siempre que reciba asistencia sanitaria y esté incapacitada para el trabajo. Prestación que durará mientras subsistan esas condiciones.

Lo que sucede es que esa interrupción del embarazo, y la prestación subsiguiente, si ha tenido lugar en los primeros seis meses, no se solapará con la prestación por nacimiento y cuidado del menor que no llega a causarse. Lo que normalmente sucederá en el supuesto de una interrupción voluntaria del embarazo que la mujer puede decidir libremente en las primeras catorce semanas, según lo establece el art. 14 de la LO 2/2010, tras la reforma introducida por la LO 1/2023.

Pero puede suceder que la interrupción del embarazo acontezca, normalmente ya de forma involuntaria, transcurridos los 180 días a que se refiere el art. 8.4 del RD 295/2009 antes citado. En este caso sí que se produce un solapamiento entre la prestación por nacimiento y cuidado del menor, con independencia de que la mujer necesite asistencia sanitaria y esté incapacitada para el trabajo, y la prestación especial de IT prevista para estos supuestos.

De manera que la mujer afectada podrá, o bien acceder directamente a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, comenzando a consumir las dieciséis semanas de la prestación; o bien acudir, si hay incapacidad para el trabajo y necesidad de asistencia sanitaria, a la prestación especial de IT, de duración indeterminada mientras ambas circunstancias concurran. Planteándose la duda de si, caso de recurrir a la IT especial, el descanso por nacimiento del hijo podrá demorarse hasta que la mujer recupere su capacidad laboral y deje de necesitar la asistencia sanitaria; o si, por el contrario, esta alternativa no existe, debiendo proceder directa- mente a disfrutar la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Lo que, en la práctica, inutiliza el recurso a la IT especial, so pena de que el tiempo transcurrido en esta situación implique, de forma paralela, un consumo del tiempo de la prestación por nacimiento de hijo. Algo que no interesa a la mujer afectada al tratarse esta última de una prestación de mayor calidad puesto que su cuantía alcanza el 100 por 100 de la base reguladora frente al 75 por 100 de la IT especial. Por lo que puede concluirse que, en realidad, la nueva prestación está pensada para los casos en los que la interrupción del embarazo tiene lugar antes de los 180 días de duración de éste.

3. Conclusión final

Como se ha dicho antes, la reforma introducida por la LO 1/2023 en la LO 2/2010, debe valorarse de forma positiva, al ampliar la cobertura de la IT a los supuestos particulares que se han analizado. Aunque, como se ha dicho, el que la trabajadora tenga necesidad de la asistencia sanitaria y se encuentre incapacitada para el trabajo, como sucede con los supuestos de IT por menstruación incapacitante secundaria y por interrupción del embarazo, significa que la regulación no se aparta de las exigencias básicas de la IT; aunque se trate de situaciones mejor tratadas que la IT ordinaria en cuanto a los requisitos exigibles (no se reclama carencia aunque se trate de contingencias comunes) y a la cuantía de la prestación (particularmente en los primeros 20 días).

No sucede lo mismo con la prestación especial de IT a partir del primer día de la semana 39ª de embarazo que, efectivamente, es una prestación nueva y diferente a la IT, al no requerirse ni asistencia sanitaria ni incapacidad laboral de la gestante. Su utilidad práctica, como se ha dicho, parece centrarse en la idea de evitar bajas laborales, a veces forzadas, por IT ordinaria en los últimos días de embarazo, ofreciendo a la mujer afectada la posibilidad de anticipar, de forma directa e incondicionada, el descanso a los días anteriores al parto, aunque bajo la cobertura de la IT singular. No consumiendo, por tanto, los días de descanso asociados a la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Una funcionalidad relativa, como lo es el que, como se ha advertido antes, la IT por interrupción del embarazo se concentre en los abortos producidos antes del cumplimiento de los 180 días de gestación.

En todo caso, y para finalizar, se echa en falta una mejor coordinación entre las nuevas situaciones especiales de IT (salvo la provocada por la menstruación incapacitante secundaria) y la prestación por nacimiento y cuidado del menor, solventando las dudas interpretativas que se han puesto de manifiesto a lo largo del trabajo.

Juan

ANTONIO MONTES MONTERO, presidente del Colegio ofiCial de graduados soCiales de sevilla

El nuevo presidente es colegiado en ejercicio desde el año 1994 y ha formado parte de la Junta de Gobierno desde el año 2005, habiendo ostentado varios cargos desde entonces y ha sido vicepresidente 1º desde el año 2019 hasta la actualidad.

Inicia su cargo con la responsabilidad de representar a los Graduados de Sevilla en un momento clave para la profesión. Su deseo, trabajar todos juntos y unidos en defensa de la Justicia Social

El pasado 22 de junio los compañeros y compañeras te eligieron nuevo presidente del Colegio ¿Qué ha significado para ti este nombramiento y cómo afrontas esta nueva etapa?

El nombramiento es la culminación de una carrera profesional dentro del Colegio de Graduados Sociales; igual que históricamente la persona que entraba de conserje en el banco al cabo de los años terminaba siendo el di- rector de la oficina, pues la persona que entró de vocal en esta Junta de Gobierno, después de pasar por diversos cargos y puestos ha terminado siendo el presidente. Con respecto a cómo lo afronto, evidentemente con inquietud y preocupación por todo lo que nos está pasando. Estamos sufriendo continuas “agresiones” por parte de las distintas administraciones (Justicia, Seguridad Social, Hacienda…) que nos tienen a su disposición y a su libre utilización, ya que ellos tienen el Boletín, y nosotros nos tenemos que limitar a obedecer. Lo que se pretende en esta nueva etapa es seguir luchando, como se ha hecho hasta ahora, y con más ahínco con todos los medios de los que disponemos y junto a todos los colectivos que nos vemos afectados en defensa de la profesión, como de los administrados.

Has trabajado codo con codo con los anteriores presidentes dentro sus Juntas de Gobierno. ¿Qué destacas de ellos y que te puede ayudar en tu presidencia su labor anterior?

De ellos destaco que consiguieron unir a graduados sociales que no nos conocíamos de nada y más que una Junta de Gobierno lo que hicieron fue crear un grupo de amigos que trabajaban en pro de los graduados sociales. Por eso, mi objetivo es que la Junta que presido, además de que sea eficaz y que trabaje, que entre ellos sean un grupo de amigos.

De su labor anterior, haciendo un símil automovilístico, Pepe Ruiz puso rumbo y foco en el futuro de este Colegio, abrió un camino; Rafa Hidalgo asfaltó ese camino y le puso un carril de ida y de vuelta, lo convirtió en una carretera; José Ramón Barrera esa carretera la amplió en carriles e hizo una autovía. Mi objetivo es que esa autovía se convierta en una autopista. Seguir la misma línea, la misma forma de trabajar que se ha mantenido en este Colegio durante veinte años. Cada presidente le pone su impronta y su carácter personal, pero el objetivo está claro: luchar y trabajar en defensa del colectivo de graduados sociales.

¿Cuáles son tus principales prioridades, retos y objetivos como presidente?

Como la profesión de graduados sociales es multidisciplinar tenemos tres grandes áreas de trabajo: los despachos y la gestión administrativa, la Jurisdicción Social y los Recursos Humanos.

En la gestión administrativa la idea es que realmente seamos colaboradores sociales y recibir un trato razonable. En la Jurisdicción Social seguir avanzando y alcanzar el recurso de casación. Y en el tema de los Recursos Humanos, ahora que es un campo importante que se abre para el colectivo, fomentar la formación y todo lo que esté relacionado para que los graduados sociales sean los mejor preparados en la materia que ha sido históricamente la hermana pobre de nuestro trabajo.

Respecto a la vida colegial, seguir y fomentar la formación y transmitir a los colegiados que esto no es una cuestión del presidente ni de la Junta de Gobierno. Simplemente, durante un periodo, voy a ser la cabeza visible de los graduados sociales, pero la labor tiene que ser de todo el colectivo.

Como nuevo representante de los graduados sociales sevillanos en el Consejo Andaluz y General, ¿qué asuntos consideras que se deben abordar por estos de manera urgente?

Entiendo que el Consejo General y Andaluz deben seguir luchando con los mismos objetivos. Que seamos colaboradores sociales, que se siga luchando para conseguir el recurso de casación y el acceso a la justicia gratuita en las jurisdicciones que nos corresponden.

Concretamente, en el Consejo Andaluz una de las cuestiones que quiero plantear es que la Ley de Colegios Profesionales Andaluces ha expulsado de las juntas de Gobierno a los colegiados no ejercientes. Tenemos ahí una cantidad de colegiados que no pueden trasladar su voz a una Junta de Gobierno. Lo que voy a pedir al presidente del Consejo Andaluz es que se inicien los trámites para que esto se modifique en la Ley y que estén incluidos como históricamente han estado.

Además, los consejos tienen que ser el espacio donde se escuche de verdad la voz de los colegios provinciales, ellos deben ser el altavoz de nuestros problemas y necesidades cotidianas.

¿Cómo definirías la radiografía actual de la profesión de Graduado Social? ¿Hacia dónde debe ir para seguir evolucionando?

Llevo 30 años de ejercicio de la profesión y evidentemente ha cambiado y evolucionado para mejor. ¿Hacia dónde va a ir? El futuro es incierto e imprevisible, pero entiendo que hay que seguir luchando por el colectivo y evolucionando. Hemos demostrado que sabemos adaptarnos a los nuevos tiempos y debemos seguir en la punta de lanza con las nuevas tecnologías para continuar como hasta ahora. La única forma de avanzar es con formación, formación y formación. Es decir, actualizándonos constantemente en medios físicos, materiales, informáticos, legislativos para seguir siendo una profesión de referencia y a la vanguardia en las relaciones entre empresas y trabajadores.

A raíz de la pandemia, las administraciones cada vez tienden más a tratarnos como “funcionarios encubiertos”. ¿Cuál es la realidad de esta situación y qué se puede hacer para evitarlo?

Hoy en día, cada despacho de un graduado social es una agencia pública donde hay unas personas trabajando sin recibir reconocimiento y retribución alguna. La situación no es volver a las retribuciones, sino que si nos tratan como verdaderos colaboradores sociales tengamos capacidad también para hacer y trabajar con los mismos derechos y posibilidades que un funcionario público.

Por ejemplo, si la Seguridad Social me da la opción de dar a un trabajador de alta y confía en que todo es correcto, si me equivoco en la fecha de una baja que no me pida hasta la partida de nacimiento de la abuela del trabajador. Que nos confieran esa credibilidad ya que nos podemos equivocar. Si un funcionario se equivoca en una fecha la puede modificar sin mayor transcendencia. Nosotros también la deberíamos subsanar de una manera fácil y cómoda.

¿Cuál es tu valoración de la situación en la que se encuentra la Justicia en la actualidad?

El mayor problema de la Justicia es el colapso. No es Justicia cuando se señala una vista para tres años o tres años y medio. Ahí no hay justicia social. La situación principal que hay que remediar es que las administraciones se pongan de acuerdo y aunar esfuerzos para que los señalamientos sean ágiles, rápidos y en unos plazos razonables. No puede tardar tres años un despido, sino que debería resolverse en cinco meses máximo, porque después también tenemos el problema de que, si se generan salarios de tramitación, los termina pagando el Estado.

Esta lentitud de la justicia supone un coste económico para las propias arcas del Estado. Por tanto, una Justicia ágil, rápida y eficaz mejora esta situación.

Una de las formas es fomentar la mediación, no tener que acudir a la Jurisdicción Social, sino que las administraciones fomenten una mediación real y efectiva, no como está ahora que es solo un trámite administrativo. Esta mediación real y efectiva evitaría que lleguen tantos asuntos a los juzgados.

¿Serás el presidente que estrenes la Ciudad de la Justicia de Sevilla? ¿En qué estado se encuentra el proyecto?

He ido como vicepresidente a las reuniones de seguimiento. Entiendo que si los plazos que la Junta de Andalucía ha comunicado se cumplen seré el presidente al que le toque cuando se estrene la ciudad de la Justicia que será para todos los sevillanos no solo para los profesionales.

Hay mesas de trabajo y hay plazos concretos para que se trasladen los juzgados a medio plazo, no corto. Eso parece ser que es una realidad, que no hay marcha atrás después de tantos años, cambios de modelo y proyectos. Parece que el de Palmas Altas está consolidado y determinados juzgados en un medio plazo se trasladarán allí.

¿Cuál es la importancia de la relación UniversidadColegio?

Siempre debe existir, se debe fomentar por una sencilla razón: los egresados de la Universidad son nuestros futuros colegiados. En los distintos actos que hacemos en la Universidad (graduación, conferencias…) siempre les digo que ellos no se van de la carrera y se quedan huérfanos cuando se enfrentan al mundo profesional.

Es decir, haciendo un símil familiar, mamá Universidad le suelta la mano y papá Colegio se la tiende para que sigan el camino y tengan el apoyo de compañeros que les puedan guiar y evitar problemas que ya ellos han pasado y así no tengan que pasar por ahí.

La relación con las Universidades donde se estudia el grado de Relaciones Laborales (Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Escuela Universitaria de Osuna) son magníficas, se imparten cursos en todas ellas. Tenemos profesores que son graduados sociales impartiendo clases y, además, contamos con la figura del precolegiado, como paso previo a la colegiación del que pueden beneficiarse los estudiantes que ya hayan cursado más del 50% de los créditos del grado.

¿Un deseo para comenzar el nuevo mandato?

Que los graduados sociales sigamos siendo un colectivo unido y sigamos avanzando en las mejoras y logros de nuestro lema que es la Justicia Social.

olga Carrión ManCebo directora del Instituto Andaluz de la Mujer