SOFÍA PUENTE SANTIAGO

D IRECTORA GENERAL DE S EGURIDAD J URÍDICA Y fE Pú BLICA

La dirección del departamento del Ministerio de Justicia ha aportado a esta vallisoletana “más experiencia y conocimiento”, aunque afirma que “conserva la humildad” con la que llegó

Por Marta Pascual, periodista

Desde enero de 2020, la gestión de asuntos relacionados con los derechos notarial y registral del Ministerio de Justicia se mueve al compás de la batuta de una vallisoletana. Tras asumir distintas responsabilidades en las fiscalías de Cádiz, Plasencia, zamora, Palencia y Valladolid, Sofía Puente Santiago ha fijado su despacho en la madrileña calle de la Bolsa, donde acude cada día como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Su llegada no fue fácil. A la responsabilidad del cargo tuvo que sumar la excepcional situación que vivió un mes después de su nombramiento, la pandemia del coronavirus, que le obligó a mirar de frente a uno de los grandes retos profesionales con los que se ha topado desde su ingreso en la carrera fiscal en 1996.

Pregunta.— ¿Cómo se vive la llegada de una pandemia solo un mes después de aterrizar en un nuevo cargo?

Respuesta.— No llevaba ni un mes en la Dirección y nos confinaron. El escenario no tenía precedentes y no sabíamos cómo podría verse afectada la seguridad jurídica. Declaramos servicios esenciales a registros y notarías para no paralizar totalmente la actividad económica del país.

Incluimos algunas medidas en el RD 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes, como el artículo 42, que suspendía los plazos de caducidad de los asientos durante el estado de alarma. Eso permitió que no vencieran en el Registro de la Propiedad 498.000 asientos o en el Registro de Bienes Muebles 4.300.

También participamos en la elaboración de las normas relativas a la moratoria hipotecaria y no hipotecaria y los aranceles por las mismas.

P.— Con el paso del tiempo, ¿qué valoración hace de estas medidas?

R.— Casi tres años después podemos decir que la seguridad jurídica preventiva no se resintió, aunque no todo funcionó a la perfección. En todo caso, recuerdo jornadas interminables de videoconferencias organizando notarías, registros de civiles, de la propiedad... Fue una inmersión total y muy dura en poco tiempo, pero creo que salimos reforzados gracias al trabajo de todos.

P.— Con su llegada, la Dirección General sumó un nuevo eje de actuación: la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. y un cambio de nombre del departamento...

R.— Sí, se apostó por una denominación que incluyera no tanto a los colectivos, sino a las funciones que se llevan a cabo.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) fue creada en 2015 para localizar y recuperar bienes provenientes del delito y ponerlos a disposición judicial, con vistas a su futuro decomiso. El objetivo último es privar a la delincuencia de las ganancias obtenidas ilícitamente y que, tras satisfacerse las indemnizaciones que correspondan, parte de las cuantías decomisadas reviertan a la sociedad en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada.

Para ello, entre las funciones de esta oficina está la averiguación patrimonial. A petición de los jueces y fiscales localiza bienes dentro y fuera de España. Para la investigación patrimonial contamos con efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, que desempeñan funciones de policía judicial.

P.— El número de recursos que reciben ha aumentado significativamente en los últimos años. ¿Cómo se hace frente a una carga de trabajo que casi se duplica?

R.— Hemos vivido un gran incremento en la entrada general de recursos, que han pasado de 3.147 en 2017 a más de 7.000 en 2022 (datos de agosto de 2022). Esto a veces tiene que ver con reformas legales que dan nuevos derechos y, por lo tanto, aumentan las personas con expectativas que recurren cuando no prosperan.

Somos un órgano que resuelve recursos y no debemos cercenar la posibilidad de que se recurra. El problema es que la plantilla de funcionarios no solo no crece, sino que decrece y acumulamos un retraso notable en la resolución de recursos en materia de estado civil. No sucede así en los recursos contra las resoluciones de los registradores, que resolvemos en plazo.

P.— Entre las labores de su Dirección General está el cambio de modelo del Registro Civil. ¿Qué objetivos persigue?

R.— Estamos inmersos en la implantación del modelo de Registro Civil que crea la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil. El nuevo modelo es público, gratuito, único, electrónico y con una base de datos común. Sustituye la vieja concepción del Registro Civil basado en libros y secciones, por otro centrado en las personas. En él, cada uno tenemos un registro individual en el que se practicarán cronológicamente todos los hechos del estado civil a medida que sucedan, independientemente del lugar en el que se produzcan. Al frente ya no estarán los jueces, sino los letrados de la Administración de Justicia.

P.— ¿En qué punto está su implantación?

R.— En este momento, el modelo ya funciona en los registros civiles de Madrid, Barcelona, Tarragona, Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Bilbao. Y próximamente en Ceuta, Melilla, Vigo y A Coruña. En Valladolid se desplegará a lo largo del primer semestre de 2023.

P.— ¿Cree que la sociedad conoce la labor de su departamento? ¿Es un servicio cercano al ciudadano?

R.— Probablemente, el ciudadano medio no sepa cuál es el nombre del órgano que dirige los registros civiles, el registro de últimas voluntades, el de seguros con cobertura de fallecimiento, el de mediadores, quién resuelve las solicitudes de nacionalidad, el centro que se ocupa de resolver recursos contra las resoluciones de los encargados del Registro Civil, los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad o quién organiza el notariado. Pero sin duda conocen la importancia de cada una de esas instituciones en su vida diaria.

P.— Lleva tres años como directora general, ¿qué diferencias encuentra entre sus primeros días y ahora?

R.— El transcurso del tiempo proporciona más seguridad, experiencia, conocimiento de las áreas, de la materia, de los interlocutores, de cómo funciona la administración. Pero sigo conservando la humildad con la que llegué. Tengo mucho que aprender todavía y mis colaboradores son fundamentales para suplir mis carencias.

Pregunta.— Durante su carrera judicial ha pasado por distintos puestos y destinos, algunos muy dispares... Respuesta.— Como directora del CEJ (Centro de Estudios Jurídicos) adquirí otra visión, no solo de fondo sino también de lo que es la gestión y la administración.

La perspectiva de vocal del Consejo Fiscal fue distinta. Aunque tenía mucho más trabajo, porque lo compatibilicé con mi labor de fiscal en Palencia y luego en Valladolid, me permitió observar la carrera fiscal desde arriba, pero con una visión de fiscal de base. Además, participé en materias nunca imaginadas como informar proyectos de ley o nombramientos de cargos en la carrera fiscal.

P.— ¿Cree que todavía existe un techo de cristal para las mujeres en el mundo legal?

R.— Dentro de las profesiones jurídicas las mujeres somos mayoría y avanzamos hacia una feminización de los cuerpos jurídicos. Hay igualdad en acceso, derechos y salarios. Quizás hay cierto déficit de mujeres en puestos de responsabilidad que estamos en camino de revertir para lograr una igualdad real. Aunque siguen existiendo discriminaciones y debemos encontrar el encaje entre ser madre y trabajadora, sobre todo en la distribución de cargas en la familia, dejando atrás la idea de que los cuidados son cosa de las mujeres.

P.— Si mira hacia el futuro, ¿qué ve?

R.— Espero que todas las reformas que tiene en marcha la Dirección General se aprueben, salgan bien, aporten mayor eficacia y se consoliden en el tiempo. Harán avanzar a nuestra sociedad.

P.— y, ¿personalmente?

R.— Personalmente, el futuro es hoy. Hoy estoy aquí, con la tranquilidad de que mi futuro profesional está garantizado, porque conservo mi plaza en la Fiscalía Provincial de Valladolid. Es el lugar al que volveré cuando esta etapa se acabe, que se acabará como todo en la vida.