Acceso a la comida (2026) by La Colección Puertorriqueña

Acceso A l A comidA

Entre la historia, la memoria y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Caribe y el mundo

COORDINADORAS

LIBIA M. GONZALEZ LÓPEZ

MARIBEL APONTE GARCÍA

Acceso A l A comidA

Entre la historia, la memoria y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Caribe y el mundo

COORDINADORAS

LIBIA M. GONZÁLEZ LÓPEZ

MARIBEL APONTE GARCÍA

ANTOLOGÍA CONMEMORATIVA

DEL 80.O ANIVERSARIO

DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CIS)

ISBN: 0-9980157-3-3

Acceso a la comida: Entre la historia, la memoria y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Caribe y el mundo

Coordinadoras: Libia M. González López y Maribel Aponte García

Edición: Oscar Mendoza Riollano

Diseño de portada: Ana Rosa Rivera Marrero

Diseño y diagramación interior: Ana Rosa Rivera Marrero

Centro de Investigaciones Sociales

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras PO Box 23345 San Juan, Puerto Rico 00931-3345

Tel.: (787)764-0000, extensión 87762 correo electrónico: cis.upr@upr.edu

Más información disponible en: sociales.uprrp.edu/cis

Esta publicación ha sido posible en parte gracias a la aportación de Humanidades Puerto Rico

Índice

Notas preliminares y agradecimientos....................................1

Introducción...............................................................................5

Historia, estructuras y saberes del acceso a la comida

La mesa servida: Imágenes socioeconómicas y culturales del Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX........................................................15

Jennifer Solivan Robles

La comida en Puerto Rico: Entre vulnerabilidad y proyecciones............................................................................37

Libia M. González López

El desastre ecológico capitalista: Descripción, causas y premisas ..................................................................................77

Ramón Rosario-Luna

Herbario Vivo de Etnobotánica Caribeña. Junte de saberes históricos, tradicionales y científicos en la Universidad de Puerto Rico-Río

Piedras para ayudar a construir futuros alimentarios boricuas...................................................................................111

Jaime R. Pagán-Jiménez

Un repaso teórico sobre la geografía económica de la seguridad alimentaria agroecológica en Puerto Rico........145

Carlos J. Guilbe López

Políticas, territorios y prácticas para la soberanía alimentaria

Hacia una política industrial moderna del sector agroecológico en Puerto Rico: De sector marginal a la contribución del desarrollo productivo...............................179

Emilie Viqueira Keller

Cadenas de suministro y guerras comerciales: El caso de la soya en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China 219

Tatiana Méndez Toro, Víctor Quiñones, Adriana R. Cadena

Cancino, y Maribel Aponte García

Los problemas estructurales de la pesca artesanal y de sus comunidades en Colombia...................................255

Adriana R. Cadena Cancino

Hacer de tripas corazón. Acceso a la comida, soberanía alimentaria, y regímenes alimentarios.................................295

Maribel Aponte García y Carlos A. Álvarez

Regulando la pertenencia en las tierras agrícolas de Puerto Rico........................................................................347

Carol E. Ramos Gerena, María V. King Martínez y Valeria N. Aguirre Mercado

(Re) Comunalizar las tierras de Puerto Rico en camino a la soberanía alimentaria...................................385

Érika Fontánez Torres y Mariolga Reyes Cruz

El reverdecer del movimiento agroecológico en Puerto Rico........................................................................409

Virgen Cáceres Cruz

Territorios: la comida, la imagen y la memoria...................447

Libia M. González López

Biografías de autores.............................................................473

notas preliminares y agradecimientos

Libia M. González López

Este libro aporta a la historia y al futuro de la alimentación en Puerto Rico. Sus artículos demuestran que el acceso a la comida ha sido un problema persistente en nuestra sociedad que es imperativo atajar para mejorar la salud pública y la calidad de vida de la niñez, la juventud y la población en general. De la pluralidad de acercamientos al tema, este libro aborda nuestra histórica dependencia de la importación de alimentos, la inseguridad alimentaria en nuestro país producida por los vaivenes del mercado, los altos costos de transporte, la precariedad en el bolsillo de la gente a la hora de consumir alimentos así como nuestra vulnerabilidad ante las secuelas de desastres naturales o por otros factores que interrumpen las cadenas de suministros. Los ensayos que integran este volumen son productos de nuestra labor investigativa. De su contenido podemos pensar que una historia de la comida en el Caribe conlleva observar la evolución de nuestro paisaje y a la vez apreciar el legado de nuestros artistas del pasado y del presente al documentar visualmente nuestras crisis y resistencias cuando celebramos la abundancia o confrontamos el hambre. Por lo mismo sin bien es cierto que el tema central es nuestra inseguridad alimentaria y las posibilidades de crear formas más justas y eco amigables de acceso a la comida, el libro nos va llevando en un viaje por esos legados del arte y algunas memorias de lo vivido por nuestro pueblo. De modo que, sin pretenderlo, esta compilación es también una propuesta a conservar nuestra flora, la tierra cultivable, a crear jardines para la vida y a recuperar la memoria de nuestras plantas y frutos tan presentes en nuestras canciones, la literatura, la pintura y la sabiduría popular.

La comida nos vincula a nuestra tradición indígena y colonial, a la esclavitud africana, a las fiestas de las cosechas y a nuestra identidad cultural caribeña forjada entre el colonialismo, la plantación, los monocultivos, los huracanes y el imperialismo voraz.

Notas preliminares y agradecimientos

Nuestros artistas y escritores han asomado en sus obras la caña y el café, el plátano, la parcha, la palma y el maíz, las guayabas, el mangó, el hicaco, la lechosa, el pajuil, el mamey y el maíz, los jueyes, la calabaza, la batata, la yuca, el cazabe y las frutas silvestres, entre muchos otros alimentos.

Este libro, por lo tanto, es también es una compilación de propuestas que nos invitan a explorar y practicar otras formas de vivir, rescatando estos legados y destacando nuestras posibilidades reales de poder paliar la inseguridad alimentaria en nuestro país.

Esta unión de propósitos es multidisciplinaria y no hubiera sido posible sin el compromiso real de la comunidad que sostiene los comedores sociales, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con su iniciativa para estudiar la calidad de vida de nuestros estudiantes, de los y las investigadores que realizaron estos estudios y presentaron propuestas para mejorar el acceso a la comida y de la aportación económica de Humanidades Puerto Rico para que realizáramos una Jornada multisectorial sobre el Acceso a la comida en nuestro país y en el mundo y pudiéramos editar cápsulas informativas y esta compilación.

En la realización de este gigantesco proyecto son muchas las personas que han colaborado para hacer realidad nuestras actividades en torno al acceso a la comida. Destacamos las propuestas originales de todos y todas las investigadoras que integramos el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Dr. Jaime Pagán Jiménez del Laboratorio de Etnoecología y Paleoambientes Humanos (LEPH), Dr. Yamil Ortíz Ortíz, Dra. Maribel Aponte García, co-autora de la propuesta original del proyecto y co-compiladora de los artículos de este volumen, la Dra. Virgen Cáceres Cruz, el Dr. Carlos Guilbe López, la Dras. Erika Fontánez y Mariolga Reyes y el Dr. José Caraballo Cueto. Lo mismo, va nuestra gratitud a nuestros estudiantes del Programa de experiencias académicas formativas (PEAF), Yeira López Dávila, Ángel Ocasio Gracia, Ryan Sánchez Marrero y de la Facultad de Comunicaciones la estudiante Clara Villafañe Pulliza. Igualmente, al Sr. Oscar Mendoza Riollano por su paciente labor de edición y a nuestra artista gráfica Ana Rosa Rivera Marrero por el diseño de portada y la diagramación del texto. Reconocemos de la misma manera la esmerada labor del personal del Decanato de Estudios Graduados e Investigación(DEGI) y a nuestra Oficial

Notas preliminares y agradecimientos

Administrativa encargada de tramitar los donativos y contratos para este proyecto, la Sra. Maribel Pagán Suárez.

Hacemos, asimismo, un reconocimiento especial al Banco de Alimentos de Puerto Rico; a las señoras Belkys Moya, del Mesón Amor, y Carmen Menéndez, por sus donativos para proveer alimentos a nuestra comunidad estudiantil de Río Piedras; y a todas las personas y entidades universitarias que hicieron posible la apertura del proyecto Mesa Abierta, dirigido a atender la inseguridad alimentaria que enfrentan muchos de nuestros estudiantes en el campus. Extendemos nuestra gratitud igualmente al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, a Poli Marichal Lugo y a Charles Juhász-Alvarado por habernos facilitado algunas de las imágenes de sus colecciones que se citan en esta publicación.

Desde el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) nos comprometemos a mantener el diálogo con nuestras comunidades y a realizar investigaciones académicas de alto nivel para el beneficio de nuestro país y de nuestra región.

Este libro es un convite, la mesa está puesta e invita.

introducción

El libro Acceso a la comida: Entre la historia, la memoria y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Caribe y el mundo surge como parte de las actividades conmemorativas del 80.º aniversario del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Esta publicación se enmarca en el proyecto del mismo nombre, auspiciado por Humanidades Puerto Rico, cuya subvención hizo posible la celebración de la Jornada Acceso a la Comida y la preparación de este volumen. El apoyo de Humanidades Puerto Rico permitió articular un espacio interdisciplinario para reflexionar sobre la relación entre la comida, la tierra, la cultura y la justicia social, promoviendo un diálogo amplio sobre la soberanía alimentaria, el comercio de alimentos, la historia agrícola y el derecho al acceso equitativo a los recursos productivos.

A lo largo de sus capítulos, este libro traza un recorrido que entrelaza historia, territorio, comercio, producción, derecho y saberes tradicionales, evidenciando las múltiples formas en que la alimentación se vincula con la memoria, la identidad y la soberanía. Desde las representaciones culturales del Puerto Rico del siglo XIX hasta las disputas contemporáneas por la tierra, la agroecología y las cadenas globales de valor, el volumen ofrece un panorama integral de los desafíos que enfrenta la región ante la inseguridad alimentaria, los impactos del cambio climático y la reconfiguración del comercio mundial de alimentos.

La primera sección, Historia, estructuras y saberes del acceso a la comida, examina los fundamentos históricos, culturales, ecológicos y teóricos que conforman las raíces del problema alimentario en Puerto Rico y el Caribe. La segunda sección, Políticas, territorios y prácticas para la soberanía alimentaria, articula investigaciones que examinan las transformaciones políticas, económicas y jurídicas vinculadas al acceso y la producción de alimentos en Puerto Rico, América Latina y el sistema mundial

Maribel Aponte García

Historia, estructuras y saberes del acceso a la comida

Esta primera sección reúne investigaciones que exploran los cimientos históricos, simbólicos y epistémicos del acceso a la comida en Puerto Rico y el Caribe. Desde distintas disciplinas — la historia del arte, la sociología, la filosofía, la arqueobotánica y la geografía económica—, los autores examinan las formas en que la alimentación se ha configurado como un eje de desigualdad, resistencia y conocimiento. A través de enfoques que dialogan entre el análisis visual, el estudio de los desastres, la crítica del capitalismo, la reconstrucción de saberes tradicionales y la modelación teórica, los capítulos articulan una comprensión amplia de las estructuras materiales y culturales que condicionan la relación entre comida, territorio y sociedad.

En el primer capítulo, la doctora Jennifer Solivan Robles examina las imágenes socioeconómicas y culturales de Puerto Rico entre finales del siglo XIX y principios del XX, a través del análisis iconográfico e histórico de las naturalezas muertas y bodegones pintados por Francisco Oller y los hermanos Juan y José Medina González. La autora argumenta que estas obras no solo documentan una estética culinaria o doméstica, sino que constituyen representaciones visuales de jerarquías sociales, cambios en la economía agrícola y tensiones coloniales. A partir del cruce entre historia del arte y estudios culturales, el capítulo demuestra que los alimentos representados —viandas, frutas tropicales, utensilios— son signos de identidad y de exclusión. Solivan Robles propone una lectura crítica de cómo las imágenes del banquete o de la mesa servida anticipan debates contemporáneos sobre la desigualdad alimentaria y el control simbólico de los recursos, estableciendo un puente entre la cultura visual y la historia económica del país.

En el segundo capítulo, la doctora Libia M. González López nos presenta un recorrido histórico sobre nuestra inseguridad alimentaria. Una revisión historiográfica para explicar que el problema de inseguridad alimentaria en la Isla ha sido tema de debates públicos, de denuncias y proyectos que han involucrado tanto a líderes comunitarios como a poetas, científicos y asesores gubernamentales. El estudio presenta el problema de la dependencia de importaciones y del hambre en un país donde la población más vulnerable se ha visto más afectada por la escasez y por los altos costos de los alimentos. Se presentan algunos

efectos de los huracanes Irma y María (2017), la pandemia del Covid (2019) y los terremotos (2020). Presenta además cómo la producción de plátanos y guineos en el País se vieron afectadas por los monocultivos de exportación, por la competencia de productos extranjeros y la migración a las ciudades. Estudia el caso de las bananeras y específicamente el de Rico Banana como una industria local que pudo desarrollarse y generar beneficios para el país.

El tercer capítulo, del doctor Ramón Rosario-Luna, titulado El desastre ecológico capitalista: Descripción, causas y premisas, reflexiona críticamente sobre la relación contemporánea entre la sociedad humana y el ecosistema, situando el problema ecológico en el centro del análisis social. Tras exponer los principales dilemas ambientales actuales, el trabajo desarrolla un marco teórico histórico-materialista-crítico que sostiene que la producción constituye la relación fundamental entre la sociedad y la naturaleza. A partir de este enfoque, se revisa la evolución histórica de los modos de producción y sus formas específicas de interacción con el ecosistema, destacando el papel de las ideas en la configuración de dichas relaciones. El estudio examina las múltiples dimensiones del problema ecológico contemporáneo, subrayando la centralidad del calentamiento atmosférico como expresión sintética de una crisis más amplia. Analiza la relación estructural entre capitalismo y devastación ambiental, argumentando que el sistema capitalista genera el actual desastre ecológico debido a su lógica de crecimiento ilimitado, orientada a la maximización de ganancias. Este impulso conduce a un desarrollo intensivo de las fuerzas productivas con profundas consecuencias ecológicas. Para precisar esta relación, la investigación emplea conceptos como huella ecológica, emisiones de carbono, uso de materiales y pérdida de biodiversidad, evidenciando la proximidad de puntos de no retorno. Finalmente, identifica a los principales responsables de la crisis —grandes corporaciones, potencias económicas y la clase capitalista— y explicita las premisas ideológicas del orden socioeconómico dominante: escisión, dominación, tecnofilia y reificación.

En el cuarto capítulo, el doctor Jaime R. Pagán-Jiménez presenta el Herbario Vivo de Etnobotánica Caribeña (HeVEC), un proyecto interdisciplinario de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras

que combina investigación científica, pedagogía participativa y recuperación de saberes tradicionales. A través de un espacio físico y simbólico —el jardín etnobotánico—, el autor propone un modelo para vincular la enseñanza universitaria con la acción social en torno a la alimentación y la sustentabilidad. El HeVEC reúne especies vegetales con valor alimentario, medicinal y cultural, generando un archivo vivo de conocimientos históricos y comunitarios. Pagán-Jiménez subraya la importancia de integrar los saberes ancestrales caribeños en la formación científica, desafiando la jerarquía entre ciencia moderna y conocimiento tradicional. Su propuesta articula el estudio de la etnobotánica con la soberanía alimentaria, mostrando cómo las plantas y sus historias pueden convertirse en herramientas de educación crítica, resiliencia ecológica y justicia epistémica. Este capítulo destaca la centralidad del diálogo entre disciplinas y generaciones en la construcción de futuros alimentarios boricuas.

En el quinto capítulo, el doctor Carlos J. Guilbe López ofrece un repaso teórico sobre la geografía económica de la seguridad alimentaria agroecológica en Puerto Rico. Partiendo de las teorías de John Alexander y de Fisher, Clark y Fourastié, el autor desarrolla un modelo que adapta los principios de la base económica y del sistema de tres sectores a la realidad geográfica puertorriqueña. Guilbe López propone que la planificación territorial debe reconocer la interacción entre actividades primarias, secundarias y terciarias vinculadas a la alimentación, de modo que la agroecología sea considerada un motor de desarrollo integral. Su análisis combina teoría económica, educación comunitaria y planificación del territorio, proponiendo que la geografía no solo describe, sino que transforma el espacio social. El capítulo plantea que el fortalecimiento de la seguridad alimentaria agroecológica requiere integrar la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial y en los planes nacionales de uso de suelo. Desde una perspectiva pedagógica, ofrece una herramienta para que las comunidades comprendan y defiendan su derecho al territorio, a la producción sostenible y a un ambiente saludable.

Políticas, territorios y prácticas para la soberanía alimentaria

Esta segunda sección articula investigaciones que examinan las transformaciones políticas, económicas y jurídicas vinculadas al acceso y la producción de alimentos en Puerto Rico, América

Latina y el sistema mundial. Desde el análisis estructural de la agroindustria hasta las luchas por la tierra y los movimientos agroecológicos, los capítulos abordan los retos contemporáneos de la soberanía alimentaria. En su conjunto, ofrecen un panorama de las tensiones entre globalización, comercio, políticas públicas y resistencias locales, subrayando que el derecho a la comida y al territorio exige tanto marcos normativos justos como prácticas sociales de cooperación, planificación y sostenibilidad.

En el sexto capítulo, la doctora Emilie Viqueira Keller examina el papel estratégico de la agroecología en la economía puertorriqueña y plantea la necesidad de formular una política industrial moderna del sector agroecológico. Su análisis parte de la premisa de que este sector, históricamente marginal, posee un alto potencial para diversificar la estructura productiva y contribuir a la sustitución de importaciones. Desde una mirada interdisciplinaria que combina economía, política pública y desarrollo sostenible, Viqueira Keller propone integrar la agroecología a las cadenas de valor nacionales mediante incentivos fiscales, infraestructura de apoyo y coherencia institucional. El capítulo subraya la urgencia de fortalecer la coordinación entre agencias públicas, universidades y cooperativas agrícolas para consolidar un ecosistema productivo agroecológico. Su propuesta redefine la agroecología no solo como práctica ambientalmente sostenible, sino como estrategia industrial capaz de generar empleo, innovación y resiliencia económica frente a la dependencia alimentaria del País.

El séptimo capítulo, elaborado por Tatiana Méndez Toro, Víctor Quiñones, Adriana R. Cadena Cancino, y Maribel AponteGarcía, analiza el caso de la soya en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China para explorar los vínculos entre cadenas de suministro, geopolítica y seguridad alimentaria. Aplicando el método Cadena–Negocio–Comercio (CNC), los autores demuestran cómo las guerras arancelarias provocan deflexiones del comercio que reconfiguran rutas, actores y jerarquías globales. La soya, producto esencial en la alimentación animal y humana, se convierte en un indicador de las tensiones del sistema agroalimentario mundial. A través de un detallado análisis empírico y de datos de comercio internacional, el capítulo muestra cómo los cambios en las políticas comerciales impactan los precios, la producción y la distribución de alimentos. Más allá de la dimensión económica, los autores evidencian cómo la disputa por la soya refleja una pugna por el control estratégico

de la energía, la biotecnología y la tierra. Este trabajo aporta una mirada crítica al comercio global y sus implicaciones para la soberanía alimentaria de regiones periféricas como el Caribe, ofreciendo herramientas metodológicas aplicables a otros sectores estratégicos.

En el octavo capítulo, la doctora Adriana R. Cadena Cancino aborda los problemas estructurales de la pesca artesanal en Colombia, analizando las condiciones de precariedad, invisibilización y exclusión que enfrentan sus comunidades. A través de un enfoque interdisciplinario que combina estudios de caso, entrevistas y análisis de políticas, la autora revela cómo el modelo extractivista y la falta de políticas inclusivas han erosionado las bases ecológicas y sociales de la pesca artesanal. El capítulo expone las contradicciones entre los discursos oficiales de sostenibilidad y la realidad de las comunidades costeras, subrayando la necesidad de reconocer su conocimiento tradicional y su papel en la seguridad alimentaria nacional. Cadena Cancino plantea la urgencia de transitar hacia un enfoque de manejo participativo de los recursos marinos, donde la equidad y la justicia ambiental orienten la gobernanza. Su análisis permite establecer paralelismos con otros contextos del Caribe, reforzando la idea de que la soberanía alimentaria depende también de la autodeterminación de los pequeños productores y pescadores.

En el noveno capítulo, la doctora Maribel Aponte-García y el ingeniero Carlos A. Álvarez examinan el acceso cotidiano a la comida en Puerto Rico desde una perspectiva estructural que articula soberanía alimentaria, regímenes alimentarios y comercio internacional. El análisis se aparta de enfoques centrados únicamente en la disponibilidad física de alimentos y demuestra que el acceso efectivo a la comida está condicionado por arreglos históricos de producción, comercio, logística y captura de valor definidos mayormente fuera del territorio. En economías con alta dependencia de importaciones, la seguridad alimentaria observable puede coexistir con una soberanía alimentaria severamente limitada. El capítulo dialoga con la literatura sobre regímenes alimentarios para situar el caso puertorriqueño dentro de configuraciones globales de poder que asignan funciones diferenciadas a los territorios y reproducen dependencias estructurales. La especialización importadora, la externalización del procesamiento y la concentración del valor agregado aparecen como rasgos consistentes del régimen alimentario

dominante. Desde el plano metodológico, la investigación propone una operacionalización empírica de la soberanía alimentaria mediante el método Comercio–Cadena–Empresa, que integra comercio, cadenas de valor y estructura productiva. El método se aplica a la Canasta Básica Alimentaria como referencia normativa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incorporan como lenguajes que evidencian tensiones. El capítulo incorpora además una intervención visual de la artista puertorriqueña Inés Aponte, cuyas obras dialogan con las experiencias cotidianas de hambre, vulnerabilidad, memoria y dependencia alimentaria que atraviesan el análisis.

En el décimo capítulo, Carol E. Ramos Gerena, María V. King Martínez y Valeria N. Aguirre Mercado examinan los efectos de la política de uso de suelo en las tierras agrícolas de Puerto Rico, a partir del análisis de los Reglamentos Conjuntos de Permisos promulgados entre 2010 y 2022. Su estudio aplica los enfoques de arqueología y genealogía de políticas públicas para desentrañar los discursos de poder que subyacen a la planificación territorial. Las autoras demuestran que las nociones de “recuperación ante desastres” y “desarrollo sostenible” han sido instrumentalizadas para justificar la conversión de suelos agrícolas en terrenos urbanizables, marginando a agricultores y comunidades rurales. A través de un análisis temático y entrevistas con expertos, identifican la tensión entre la retórica oficial y las prácticas de exclusión que configuran el paisaje agrícola del país. Este capítulo contribuye al debate sobre justicia territorial, mostrando que el acceso a la tierra es una dimensión esencial de la soberanía alimentaria y de la sustentabilidad democrática.

El undécimo capítulo, de Érika Fontánez Torres y Mariolga Reyes Cruz, analiza el proceso de (re)comunalización de tierras agrícolas en Puerto Rico como vía hacia la soberanía alimentaria. A través del estudio del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), las autoras examinan cómo la gestión colectiva del territorio puede contrarrestar las presiones del mercado inmobiliario y fortalecer la agricultura sustentable. El texto articula una reflexión teórica sobre la propiedad y el bien común, situando el debate en el contexto del derecho a la alimentación y del pensamiento jurídico crítico. Fontánez y Reyes muestran que la recomunalización no es solo una estrategia legal, sino una práctica política y social que reconfigura las relaciones entre comunidad, tierra y soberanía.

Este capítulo invita a repensar la noción de propiedad desde una ética de la corresponsabilidad ecológica y social, planteando que la justicia climática y alimentaria requiere nuevas formas de gobernanza del territorio.

El duodécimo capítulo, de la doctora Virgen Cáceres Cruz, aborda el reverdecer del movimiento agroecológico en Puerto Rico como una transformación sociopolítica en marcha. A través de un enfoque que combina observación participante, análisis de redes y estudio de prácticas comunitarias, la autora documenta el surgimiento de espacios, liderazgos y pedagogías agroecológicas en el país. Cáceres Cruz argumenta que la agroecología trasciende la producción agrícola para convertirse en un movimiento de rearticulación social que promueve la equidad, la educación ambiental y la resiliencia comunitaria. Su análisis muestra cómo la crisis climática y la inseguridad alimentaria han catalizado nuevas formas de cooperación entre agricultores, educadores, activistas y consumidores. El capítulo cierra el volumen destacando la agroecología como proyecto civilizatorio alternativo, capaz de reconstruir los vínculos entre comida, territorio y justicia social en el Caribe contemporáneo.

Para concluir esta reflexión interdisciplinaria sobre el acceso a la comida y los territorios alimentarios, esta obra incorpora además una lectura desde la cultura visual mediante el ensayo de la doctora Libia M. González López, quien examina cómo el arte puertorriqueño y caribeño ha representado históricamente el hambre, la producción agrícola, las tradiciones culinarias y las desigualdades vinculadas al acceso a la comida. A través de obras que abarcan desde la pintura y el grabado hasta el performance y la instalación contemporánea, el capítulo propone una narrativa visual del territorio y de las múltiples crisis alimentarias que han marcado la experiencia puertorriqueña y caribeña.

Cierre

Acceso a la comida: Entre la historia, la memoria y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el Caribe y el mundo constituye una aportación significativa al estudio crítico de la alimentación como eje articulador entre economía, cultura, ecología y política. Los capítulos reunidos en este volumen trazan un mapa complejo

de los sistemas alimentarios contemporáneos, revelando cómo la comida se entrelaza con las estructuras históricas de poder, los procesos de colonización, las transformaciones del comercio global y las resistencias comunitarias que emergen frente a la crisis ecológica y social.

El libro demuestra que pensar la comida es pensar el territorio, la soberanía y la vida misma. A través del diálogo entre disciplinas —historia del arte, sociología, economía política, derecho, etnobotánica y agroecología—, esta compilación reconstruye una genealogía de prácticas, imaginarios y políticas que han configurado el acceso a los alimentos en Puerto Rico y el Caribe. Los trabajos aquí presentados no solo aportan conocimiento académico, sino que proponen rutas concretas para transformar las condiciones de producción, distribución y consumo desde perspectivas de justicia social y sostenibilidad ambiental.

La publicación de esta obra ha sido posible gracias al apoyo de Humanidades Puerto Rico, cuya subvención permitió la realización de la Jornada Acceso a la Comida y la preparación de este volumen bajo el auspicio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto reafirma la misión del CIS de fomentar la investigación interdisciplinaria orientada al bien público, así como su compromiso con la formación de pensamiento crítico en torno a los desafíos de nuestro tiempo.

En su conjunto, Acceso a la comida celebra los 80 años del CIS con una mirada hacia el futuro. Más que un compendio de investigaciones, el libro es una invitación a construir nuevos imaginarios de justicia alimentaria y soberanía, en los que el conocimiento, la memoria y la acción colectiva se entrelacen para reconfigurar la relación entre las comunidades, la tierra y la vida.

la mesa servida: imágenes socioeconómicas y culturales del puerto rico de finales del siglo XiX y principios del siglo XX

Jennifer Solivan Robles

La comida, la alimentación es clave para el sustento de toda vida. Los seres humanos han llevado a otros niveles el acto de comer y nuestra relación con los alimentos. No sólo limitándose a la preparación, modificación de alimentos para que su consumición sea más fácil, sino también que se ha vuelto un elemento parte de la cultura y el desarrollo de la humanidad1. La confección de alimentos en sí, hoy en día incluso se considera un arte (artes culinarias), pero igualmente los alimentos, los productos comestibles, pueden ser los protagonistas de obras de arte. Es este aspecto el que nos compete en este trabajo, especialmente la representación de alimentos en la pintura puertorriqueña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este trabajo nos concentraremos en varias obras de los pintores Francisco Oller, Félix Medina González y Julio Medina González. A través del análisis formal estudiaremos las reminiscencias composicionales del género pictórico en la obra de estos artistas puertorriqueños. En segundo lugar, procederemos a desarrollar un análisis comparativo e iconológico entre obras claves para el desarrollo del género, como es la pintura holandesa del siglo XVII y las composiciones puertorriqueñas para entender las posibilidades de análisis e interpretación que se desprende de obras que a priori parece que la única información que proveen es la de los alimentos. Para concluir resaltaremos cómo los alimentos y otros objetos representados en las naturalezas muertas, bodegones del período cronológico y los artistas que nos atañen nos brindan una gran cantidad de información sobre el acceso a recursos y a los alimentos en Puerto Rico entre finales del siglo XIX y principios del XX.

1 Al respecto ver: Montanari, M. (2006). Food is culture. New York: Columbia University Press.

El estudio de la representación de alimentos: Breve estado de la cuestión

Las representaciones de alimentos son tan antiguas como la misma civilización occidental. En la antigua Grecia como gesto de hospitalidad se enviaban representaciones pictóricas realistas de productos comestibles a los invitados de una casa (Varriano, 2009, p. 66). A pesar de estos testimonios histórico-artísticos, la revisión historiográfica desde la historia del arte revela que ha sido poca la atención brindada al estudio de la comida, de los alimentos en el arte. Gran parte de los trabajos se centran en el género de la pintura de naturalezas muertas o bodegones, y son obras a modo de catálogo. Estudios con un carácter iconológico, que aborden aspectos como la condición de la mirada, la relación de los objetos representados con su contexto, etc., son menos2 Por lo tanto, estudios específicos y minuciosos escasean.

Para el contexto que nos compete, Puerto Rico, el panorama es más complicado. La limitada bibliografía que se documenta desde la historia del arte suele partir del estudio de la pintura de naturalezas muertas o bodegones de Francisco Oller y otros artistas puertorriqueños. Destacan también los trabajos alrededor de la emblemática obra de Ramón Frade, El pan nuestro3. Trabajos

2 Ver: Battistini, M. (1999). La naturaleza muerta: La historia, los desarrollos internacionales, las obras maestras. Madrid: Electa. Bendiner, K. (2004). Food in painting: From the Renaissance to the present. Londres: Reaktion. Falkenburg, R. (1996). Matters of taste: Pieter Aertsen’s market scenes, eating habits, and pictorial rhetoric in the sixteenth century. En A. W. Lowenthal (Ed.), The object as subject: Studies in interpretation of still life (pp. 4-13). Princeton University Press. Freeman, N. (1996). Tom Wesselmann: Still-life painting and American culture, circa 1962. En A. W. Lowenthal (Ed.), The object as subject: Studies in interpretation of still life (pp. 84-114). Princeton University Press. Luna, J. J. (2011). El bodegón español en el Prado: De Van der Hamen a Goya. Museo Nacional del Prado. Prak, M. (2008). The Dutch Republic in the seventeenth century. Cambridge: Cambridge University Press. Riley, G. (2015). Food in art: From Prehistory to the Renaissance. Reaktion Books, Limited. Rowell, M. (1997), Objects of desire: The modern still life. Nueva York: H.N. Abrams. Schneider, N. (1992). Naturaleza muerta: Apariencia real y sentido alegórico de las cosas. La naturaleza muerta en la edad moderna temprana. Colonia: Benedikt Taschen. Schneider, N. (1992). Still life. Still life painting in the Early Modern Period. Colonia: Taschen. Varriano, J. (2009). Taste and temptations: Food and art in Renaissance Italy. Berkeley: University of California Press. Wilson, A. (1992). Appetite & the eye: Visual aspects of food & its presentation within their historic context. Edimburgo: Edinburgh University Press. 3 Colón Mendoza, I. (2004). Ramón Frade’s El pan nuestro: The jíbaro as a visual construction of Puerto Rican national identity. Athanor, 22, pp. 77-83. Delgado Mercado, O. (1989). Ramón Frade León, pintor puertorriqueño, (1875-1954): Un virtuoso del intelecto. San Juan: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con la colaboración Instituto de Cultura Puertorriqueña, Academia

que se centren en el impacto social, económico, cultural, de la representación de alimentos no abundan. A parte de nuestros trabajos pasados, nos atrevemos a señalar la labor de la Dra. Tamara Díaz Calcaño como una de las pocas que ha prestado particular atención al tema en sus colaboraciones con el proyecto Smarthistory y su próxima publicación sobre el plátano en la pintura decimonónica puertorriqueña.

La falta de estudios sobre el caso puertorriqueño parecería en gran parte se debe a la falta de interés, y no de fuentes. Apuntamos a esto, ya que sólo tenemos que examinar un catálogo de la obra de Francisco Oller para corroborar la gran cantidad de fuentes pictóricas colecciones locales custodian.

Apuntes sobre la historia de la representación de alimentos

Parecería que, dado al carácter cotidiano y efímero de los alimentos, de la comida, el estudio de las representaciones con estos se relega a un plano inferior. Con relación a la tradición más amplia del arte, y sobre todo del género de las naturalezas muertas y bodegones, Bendiner afirma lo siguiente:

“Art theorists and art academies from the sixteenth century onward widely and consistently placed still-life painting, especially food still-life painting, on the bottom rung of the artistic ladder of subject matter. […] The problem with food as a subject in art is its familiarity. We all face food several times each day. Were recognized the social role of meals -to carry on business, assists lovemaking or mark rites of passage. But the utter commonness of food in every single person’s life every day of the year makes it unexceptional, mundane, not worth extensive consideration” (2004, p. 21).

Para con la pintura puertorriqueña podríamos entonces ciertamente afirmar que las palabras de Bendiner resuenan fuertemente.

Iniciamos nuestra exposición apuntando al hecho de que desde la antigüedad se identifican imágenes, representaciones de alimentos. John Varriano identifica las representaciones realistas de alimentos en la antigua Grecia con el término xenia, palabra que se traduce por hospitalidad (Varriano, 2009, p. 66).

Puertorriqueña de la Historia.

Éstas se regalaban a los invitados de una comida. A lo largo de la historia se continuarán representando alimentos en el arte. En la antigua Roma encontramos la representación de cestas con frutas, pescados, frutos del mar en mosaicos y pinturas murales. Durante la Edad Media la mesa servida de imágenes de la Última Cena serán claves. Sin embargo, no será hasta el siglo XVI y XVII que la comida, los alimentos volverán a tener un papel protagónico dentro de las representaciones históricas como fue con las imágenes de xenia.

La popularización o el aprecio por este tipo de imágenes surgirá a finales del siglo XVI e inicios del XVII con algunos pintores italianos y sobre todo con los trabajos de artistas holandeses. Las representaciones de alimentos que surgen en el siglo XVI recogen escenas de mercado cuyas composiciones se caracterizan por una gran abundancia y variedad de productos comestibles. Ejemplo de esto es la obra del italiano Vicenzo Campi y el holandés Pieter Aertsen. Además de las escenas de mercados, es en este período en el que cobran un papel importante para con el arte de la pintura las imágenes cuyos protagonistas son los alimentos, ejemplo de esto son varias de las obras tempranas de Caravaggio. Esto devendrá en el surgimiento de un nuevo género pictórico: las naturalezas muertas o bodegones.

Podríamos apelar a varios factores por los que surge el interés por representar pictóricamente objetos inanimados y estos se relacionan con las circunstancias particulares de las dos centurias que contribuirán al desarrollo del nuevo género. En primer, lugar debemos apuntar al interés cuasi científico por parte de los pintores del Renacimiento (y posteriores) en la observación del mundo natural y la representación de éste. No hemos de descartar que la plasmación de objetos inanimados sirve como un ejercicio técnico al artista para perfeccionar su arte, ejercicio que no sólo se nutre de la ejecución sino también de la observación.

Otro factor serán las circunstancias socioeconómicas del entorno en el que este tipo de imágenes surgirá. Los siglos XVI y XVII serán claves para sentar las bases composicionales del género. Nos encontramos con el siguiente panorama en los dos territorios claves para estas obras de arte: Holanda y España. La recién constituida República holandesa, protestante y burguesa

no tenía la necesidad de plasmar imágenes religiosas o de temas históricos o mitológicos (Solivan, 2018, p. 62). Al respecto:

“Al tener menos relevancia los géneros que históricamente se consideraban más importantes, la demanda artística de la sociedad consumista holandesa fue otra. Los nuevos gustos supusieron ‘una transformación de la escala de valores’, en que los objetos valiosos para la sociedad fueron los protagonistas del arte. Igualmente, el valor dado a dichas posiciones condujo a la reproducción íntegra de las mismas, puesto que ‘las cosas se consideraban tan valiosas, que no hubiera sido posible sustraerlas a la contemplación orgullosa de su poseedor en aras de los principios estéticos’” (Solivan, 2018, p. 62).

Esta sociedad consumista en términos económicos se nutría de los bienes fabricados en el territorio, así como de los exportados e incluso importados (Solivan, 2018, p. 60). Este bienestar socioeconómico y cultural llevará a llamar a la Holanda del XVII como la Edad de Oro neerlandesa. Bienestar que artistas como Pieter Claesz y/o Floris Claesz van Dijck plasman en sus naturalezas muertas (Figuras 1 y 2).

La España del siglo XVI-XVII nos presenta otro escenario. A finales de 1590, la hambruna arrasaba el territorio, por lo tanto, no es sorpresa que la búsqueda de satisfacer el hambre pasara a ser un tema central en el arte y la literatura de la época (Varriano, 2009, p.80). En las representaciones más tempranas encontraremos composiciones austeras que en términos visuales

Figura 1. Pieter Claesz (1627). Naturaleza muerta con pavo. Óleo sobre madera. 75 cm x 132cm. Rijksmuseum, Ámsterdam.

Figura 2. Floris Claesz van Dijck (c. 1615). Naturaleza muerta con queso. Óleo sobre madera. 82.5 cm x 111.4cm. Rijksmuseum, Ámsterdam.

recogen las realidades sociales. Tomemos como ejemplo algunas de las tantas obras de los pintores Sánchez Cotán o Francisco de Zurbarán, en casi la mayoría si bien hay diversidad de alimentos u objetos representados, al comparar con la pintura holandesa del mismo período, son más sencillas, austeras, el lujo y la abundancia no resaltan. Incluso con artistas como Juan van der Hamen, si bien hay un intento por recoger elementos opulentos o lujosos, no llega al nivel de las obras del norte.

Con relación al nombre del género, los términos naturaleza muerta y bodegón se suelen utilizar como sinónimos. No obstante, encontramos ciertas sutilezas. El término naturaleza muerta proviene del holandés stilleven. Ésta se registra en inventarios de la región tan temprano como el siglo XVII. “El mismo, en principio designaba las composiciones pictóricas con objetos inanimados o carentes de vida como podían ser los productos de la cacería o los alimentos” (Solivan, 2018, p. 58). Por otra parte, el término bodegón surge en la España del siglo XVI y el mismo está ligado a un lugar: el espacio de la bodega (Varriano, 2009, p. 79). Por medio de un análisis comparativo entre bodegones españoles y naturalezas muertas holandesas del mismo período en cuestión, si bien en términos generales apelan a la estética barroca propia

del período, al observar con detenimiento nos percatamos de ciertas sutilezas composicionales. Si bien en las composiciones holandesas no puede faltar la mesa, en esos primeros bodegones españoles ésta no siempre está presente. Nos encontramos que se representan los alimentos sobre lo que parecería ser el alfeizar de una ventana. Sólo tenemos que ver la obra de Juan Sánchez Cotán o Zurbarán. No obstante, a medida que avancen las décadas las composiciones se irán haciendo más complejas y se acercarán cada vez más a esos modelos holandeses.

Desde una visión macro, desde una gran narrativa, es más que evidente el papel clave que jugaron las obras de pintores holandeses para el desarrollo del género, sobre todo para establecer elementos composicionales, formales que por los próximos cuatro siglos se repetirán, mantendrán, emularán. Por ejemplo, la mesa servida, la invitación al espectador a ser parte de la composición y lo fortuito de ésta (Solivan, 2019, p. 33, Solivan, 2018, p. 58). La formalización de estos elementos podemos apreciarlos en la obra de artistas como Floris Claesz van Dijck y/o Pieter Claesz (Figuras 1 y 2). Estos elementos composicionales permanecerán a lo largo de los siglos y rebasarán las fronteras geográficas. Al respecto, Bendiner afirma que:

“Seventeenth-century Dutch artists developed the vital core of food imagery. Earlier food paintings now seem more important in the light of what Dutch painters in the seventeenth century wrought from them. And much food painting afterwards looked back to the seventeenthcentury Dutch Republic for direction and ideas and appropriate form” (2004, p. 8).

Con relación al desarrollo de la pintura de naturalezas muertas/bodegones en Puerto Rico, nos encontramos que una tradición autóctona se registra a partir del siglo XIX con la obra de Francisco Oller. Es posible que, por su contacto con el entorno y artistas franceses, Oller haya aprendido el esquema composicional de las naturalezas muertas impresionista para luego aplicarlo en su obra. En el pasado hemos apuntado a como:

“En las naturalezas muertas de Oller podemos observar que se continúa la estructura de la composición de los pintores franceses, que a su vez es clara influencia de la pintura holandesa del siglo XVII” (Solivan, 2019, p. 36).

Apuntamos a estas sutilezas, porque a la hora de abordar las composiciones de arte puertorriqueño, como es el caso de los numerosos bodegones de Francisco Oller, estos se suelen vincular con la tradición barroca española. No obstante, en la diversidad de obras nos encontramos con diversas influencias. Para el caso de las obras objeto de este trabajo, teniendo en cuenta la formación del artista y a su vez la composición de ésta, aludimos más una fuerte influencia francesa. Ya esto era algo que Edward Sullivan había resaltado sobre Bodegón (Fig. 4).

En obras como Bodegón con aguacates y utensilios (18901891) (Fig. 3) y Bodegón (1890-1891) (Fig. 4) encontramos en la composición elementos que ya en la pintura holandesa del siglo XVII se identificaban. Por ejemplo, la presencia de la mesa, lo fortuito se identifica a través de cómo se han organizados los elementos sobre ésta, como si alguien hubiese estado trabajando, confeccionando algo y por un momento se retiró. Elementos en diagonales, como son los utensilios (cuchillos, cucharas) conectan visualmente con el espectador, invitándole a ser parte de la composición. Incluso hasta la presencia de un textil en ambas pinturas puertorriqueñas evocan aquellos de la pintura holandesa y que no encontramos en la pintura española del Siglo de Oro.

Desde un análisis meramente formal, la composición de las obras puertorriqueñas, de Oller y artistas posteriores, a priori, tal vez sería más acertado hablar de naturalezas muertas y no bodegones. No obstante, si consideramos factores filológicos el término de tradición hispana tal vez no sería tan desacertado. Anteriormente aludíamos a que el término bodegón alude a un espacio, el cual específicamente se vincula con el espacio de la bodega, área que se refiere a un lugar donde se sirven alimentos, así como también en el que se almacenan estos. Si observamos con detenimiento las mesas, los espacios que nos presenta Oller en las obras ya citadas (Figs. 3 y 4), o por ejemplo la obra de los hermanos Medina, Bodegón con frutas, viandas y caña (19001905) (Fig. 5) o Guineos (1906) (Fig. 6), podemos ver que éstas no son cualquier mesa. Esta no es la mesa que se sirve para tomar los alimentos. Estas son mesas de cocina, son mesas de trabajo, del espacio en el que se almacenan y confeccionan

Figura 3. Francisco Oller (1890-1891). Bodegón con aguacates y utensilios. Óleo sobre lienzo. 20 5/8”x 33””. Colección Corporación de las Artes Musicales. Museo de Arte de Puerto Rico, San Juan.

4. Francisco Oller (1890-1891). Bodegón. Óleo sobre lienzo. Museo de Historia, Antropología y Arte, San Juan.

Figura

los alimentos4. Ya Robert Schneider conectaba las escenas de cocina con la pintura de bodegón (Schneider, 1999, p. 45-47). Por lo tanto, si consideramos que el espacio representado es uno que también se utiliza para almacenar alimentos, etimológicamente hablando el término bodegón no resulta del todo desacertado para las composiciones en las que se representan estas mesas de cocina como son los ejemplos ya expuestos.

Imágenes socioeconómicas y culturales

El surgimiento y desarrollo de las naturalezas muertas y/o bodegones, y su complejidad llevará a historiadores del arte como Robert Schneider a subdividir el género de acuerdo con lo plasmado, por lo tanto, existen naturalezas muertas de: escenas de mercado, escenas de cocina, objetos de cacería, representaciones de los cinco sentidos, vanitas, postres y confecciones, mesas servidas, frutas, religiosas, banquetes y otras (Schneider, 1992).

Dejando atrás los aspectos formales, deseamos adentrarnos en el peso, el significado iconológico que pueden tener las representaciones de alimento. Este análisis se nutrirá igualmente de una aproximación comparativa con las naturalezas muertas holandesas. Apuntábamos a como Schneider había creado subgéneros del bodegón y la pintura de acuerdo con lo plasmado. En esta línea, resulta que igualmente las interpretaciones y significados de estas obras varían según lo representado, cómo y dónde se haya plasmado. Las naturalezas muertas y/o bodegones pueden brindar información sobre momentos determinados del año, cambios históricos, la muerte, los placeres de la vida, así como las tentaciones del mundo, también pueden vincularse a la identidad nacional de un pueblo o las distintas clases sociales del entorno en el que fueron creadas. (Bendiner, 2004, pp. 8, 35, 68, 86-87, 113, 188). En palabras de Schneider, éstas “dan testimonio de los cambios sufridos por la conciencia y las mentalidades” (1992, p. 18).

Alimentos

Deseamos iniciar nuestro análisis abordando los alimentos y objetos que se representan en las obras objeto de estudio de

4 Sobre Bodegón de 1890-1891 (Fig. 4) ya Edward J. Sullivan había apuntado a que se representa la mesa de una cocina. (Sullivan, 2014, p. 152).

este trabajo. Partimos desde un análisis comparativo con obras que fueron claves para el desarrollo del género pictórico. Es por este motivo que queremos brevemente resaltar la importancia y los significados que se desprenden de los diversos objetos comestibles y no comestibles de la pintura holandesa del siglo XVII. En obras de artistas como Pieter Claesz y/o Claesz van Dijck (Figs. 1 y 2), resulta que los objetos plasmados en sus lienzos se logran identificar en mayor o menor grado en inventarios de la época, así como vemos una serie de alimentos que son productos del auge económico del territorio: alimentos que se importaban.

“Por lo tanto, no podemos descartar el hecho de que sus obras se vieron imbuidas de todos los elementos socioeconómicos del entorno en el que fueron creadas. En estas no solamente se pueden identificar alimentos producto de la agricultura y la pesca local y las importaciones, igualmente se aprecian objetos artesanales cuya aparente simplicidad se conjuga con las nociones de prosperidad del calvinismo” (Solivan, 2018, p. 66).

En esta línea, nos encontramos entonces que en el caso de la pintura puertorriqueña de finales del siglo XIX y principios del XX, específicamente en varias obras de artistas como Francisco Oller, Félix Medina González y Julio Medina González, se identifican una serie de alimentos y objetos que proporcionan información visual de la situación social y económica del momento en el que fueron realizadas (Figs. 3, 4, 5, 6 y 7). Para con el caso de los alimentos, en las representaciones los productos de origen animal, cárnico apenas se representan. Esto responde sobre todo a que a partir de finales del siglo XIX la carne era más escasa en la dieta del puertorriqueño (Cabanillas, 1973, p. 18). En las obras de arte destaca el gran repertorio de frutas y verduras autóctonas u oriundas de la zona: aguacates, distintos tipos de guineos, plátanos, mangos, guanábanas, piñas, pajuiles, cocos, caña de azúcar.

En la pintura holandesa del siglo XVII no sólo se identifican alimentos de confección local, como por ejemplo son los quesos, sino que también se representa una gran variedad de alimentos que son producto de las importaciones de la época, producto de la situación socioeconómica del momento: cítricos, uvas, aceitunas

por mencionar algunos5. En el caso de las obras puertorriqueñas, incluso en composiciones donde nos topamos con cantidad, abundancia, como es el caso de Bodegón con aguacates y utensilios (Fig. 3) y Piñas (Fig. 7) de Francisco Oller y Guineos (Fig. 6) de Félix Medina González, no encontramos diversidad. Según Massimmo Montanari, historiador de la alimentación, la diversidad es sinónimo de riqueza (Montanari, 2006, p. 19).

Incluso en obras que tal vez este último aspecto, el de la diversidad se pueda identificar, como son Bodegón con frutas, viandas y caña (Fig. 5) de Félix Medina González, la carne escasea y los alimentos representados son frutos que se producen localmente.

La pintura de bodegones puede ser un excelente ejercicio técnico y de maestría para los artistas. En esta línea, pintores como Oller o los hermanos Medina habrán pintado estos lienzos con la intención de perfeccionar su técnica. Si bien este es un ejercicio que actualmente se continúa ejecutando en cursos y escuelas de artes, la tendencia es que se utilizan frutos que han sido adquiridos en supermercados modernos, y que distan mucho de los plasmados por Oller o los Medina. Estos artistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX utilizaron los frutos que abundaban, que se consumían en el contexto en el que trabajaron, que en última instancia tenían a la mano.

Para el período histórico que nos compete, la situación socioeconómica de gran parte de la población de la isla de Puerto Rico era una ardua. En palabras de Francisco Scarano:

“un drama humano de carencias y de valientes luchas por la supervivencia, disimuladas tras el velo engañoso de una riqueza que por mal distribuida resultó ser más aparente que verdadera” (Scarano, 2000, p. 526).

Esto llevará a los puertorriqueños de finales del siglo XIX y principios del siglo XX a consumir alimentos que dadas sus condiciones serán de más fácil acceso (Cabanillas, 1973, p. 17, alimentos que podían fácilmente cultivar en terrenos aledaños a sus viviendas. Incluso que crecerán silvestremente. Al respecto, Ortiz Cuadra afirma que “Las viandas se preferían pues en

5 Ver: Solivan Robles, J. (2018). La mesa servida: Imágenes socioeconómicas y culturales de Holanda del XVII. En A. Andrés Chain, A. M. Gutiérrez Hernández, P. Ortega Martínez, & P. Poveda Arias (Eds.), La alimentación en la historia (pp. 57-69). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Figura 5. Julio Medina González (1927). Bodegón con frutas, viandas y caña Óleo sobre lienzo. 26 ½” x 34 9/16”. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan.

Figura 6. Félix Medina González (1906). Guineos. Óleo sobre lienzo. 22 ¼” x 30 ¼”. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan.

casos de hambrunas éstas se cultivaban y se conseguían fácil y rápidamente” (2006, p. 172).

Desde un análisis visual entonces nos encontramos con que son estos alimentos los que se vuelven los protagonistas de las naturalezas muertas y bodegones puertorriqueños. Dentro del gran repertorio que constituyen las viandas en la cultura puertorriqueña en el arte destaca la representación de las distintas variantes de plátanos. La presencia de este fruto en el arte se puede vincular directamente con las circunstancias socioeconómicas del período en el que éstas fueron pintadas. Ya desde inicios de la conquista se registra el cultivo del plátano en América, y en esta centuria se propaga silvestremente (Ortiz Cuadra, 2006, p. 189, 198).

La importancia de este alimento para con la región, sobre todo en tiempos de escases y hambruna estriba en su gran valor nutricional (Ortiz Cuadra, 2006, pp. 188-198).

La mesa

A priori hay una tendencia a relacionar los alimentos en las obras de Oller y los hermanos Medina con la clase trabajadora puertorriqueña. No obstante, es bien sabido que tanto los más pudientes como los menos tenían una dieta bastante similar, sobre todo porque eran los segundos los que confeccionaban los alimentos de los primeros (Ortiz Cuadra, 2006, p. 318). Esto lo podemos apreciar en la pintura de la época a través de los objetos no comestibles representados e igualmente en las superficies sobre la que se colocan los distintos objetos plasmados.

En gran parte de la pintura de naturalezas muertas y bodegones, la superficie en la que los objetos se suelen plasmar es la mesa en la que los alimentos se han tomado o tomarán: por eso la idea de la invitación al espectador a ser uno más de los convidados. No sólo encontramos una serie de objetos propios de la comida, como platos, vasos, etc. sino que también la mesa está puesta, se ornamenta con un mantel.

Sin embargo, las mesas servidas en los bodegones objeto de estudio de este trabajo muestran ciertas sutilezas con estas mesas más tradicionales de la pintura de naturalezas muertas. Más que recordarnos la superficie en la que se procederán a tomar los alimentos, recuerdan el lugar de trabajo para la confección de alimentos. Esto, sobre todo, por el cajón que adorna uno de los extremos. Estas son mesas de trabajo en el espacio de una cocina.

Por otra parte, y si miramos con detenimiento, estas mesas apelan a diversos entornos socioeconómicos. No nos encontramos que todas estas cocinas son iguales. Ciertamente la mesa de la obra Piñas (Fig. 7) de Francisco Oller es muy distinta a la de su obra Bodegón con aguacates y utensilios (Fig. 3). La mesa en el primero ha sido recubierta con un trozo de tela que casi sirve a modo de mantel. El acabado del trabajo de carpintería de ambos muebles también es distinto, en Bodegón con aguacates y utensilios es más torpe.

Algo similar ocurre con la obra de los hermanos Medina González. La mesa de Bodegón con frutas, viandas y caña (Fig. 5) posee una superficie pétrea: por el color podemos suponer que puede ser mármol o algún material pétreo albo. En este sentido, ciertamente no sería la mesa en la cocina de la casa de un jornalero, sino la del hacendado. Por lo tanto, los muebles plasmados en Piñas (Fig. 7) de Francisco Oller y Bodegón con frutas, viandas y caña (Fig. 5) proveen un testimonio visual de cómo los más pudientes al igual que los menos acaudalados en mayor o menor grado consumían los mismos alimentos. Esto sobre todo marcado por lo que hasta los años 1950, pese a las necesidades, en Puerto Rico fue la norma en el mercado alimentario (Ortiz Cuadra, 2006, p. 318). En este análisis también podemos utilizar

Figura 7. Francisco Oller (c. 1890). Piñas. Óleo sobre tabla. 21 1/8” x 34 5/8”. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan.

como marcador de clase la diversidad de alimentos. La mesa que Félix Medina González nos presenta muestra una variedad de alimentos que podemos interpretar como la gama de frutos a los que los dueños de esa casa, de esa cocina tienen acceso. Y como habíamos establecido anteriormente, la diversidad se puede vincular con la riqueza (Montanari, 2006, p. 19) que, para el contexto puertorriqueño, ciertamente por poseer una extensión de tierra mayor, el hacendado tendría un acceso mayor a los de frutos que el jornalero.

Estas mesas revelan que el espacio plasmado es el de la cocina. Al respecto, debemos destacar que la cocina es el lugar de las labores, y los hechos duros de la vida (Bendiner, 2004, p. 81). Generalmente era el lugar de trabajo de las clases medias y bajas. En esta línea, y apelando a la realidad histórica, económica y social ya discutida el propio espacio representado nos enfrenta a la situación del puertorriqueño entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y aunque nos brinden información por una parte sobre el dueño del espacio, también alude a quienes se desenvolvían en estos.

Utensilios

Si bien para el caso de la pintura puertorriqueña en los alimentos representados no vemos una gran diferencia sobre la identidad de diversas clases sociales, es en las mesas de trabajo e igualmente los objetos representados donde éstas se podrían revelar. En Bodegón con aguacates y utensilios (Fig. 3) y Piñas (Fig. 7) los utensilios resultan similares. Sin embargo, un análisis exhaustivo nos lleva a identificar ciertas sutilezas que se pueden vincular con la identidad socioeconómica del propietario de la mesa o del entorno en el que Oller se encontraba pintando. En el primer bodegón encontramos utensilios elaborados con materiales menos nobles. Una gran olla o cuenco marrón cuyos materiales son difíciles de identificar. Podría ser de cerámica, no obstante, no descartamos la posibilidad de que esté elaborada de otro material esmaltado. Sobre ésta se apoya un cucharón o cazo blanco. A la derecha de la composición se aprecia un plato hondo blanco también. Para el caso del plato, dada la curvatura que se percibe en la parte inferior nos lleva a pensar que podría estar hecho de latón esmaltado. Y en esta línea, el cucharón sobre la olla sería del mismo material. En este bodegón, en la parte posterior se ha recogido un cuenco hecho de higüera, una dita.

En contraposición en la obra Piñas (Fig. 7) los únicos objetos no comestibles de la obra son un plato y un cuchillo. No obstante, al observar los bordes y el fondo de este plato, podemos inferir que es de cerámica. Anteriormente analizábamos como las mesas de trabajo de ambas composiciones pueden revelar información sobre el perfil social de los propietarios de los espacios que Oller está retratando, observación que nos remite a la idea de Kenneth Bendiner sobre cómo las naturalezas muertas pueden brindarnos información sobre la identidad de distintas clases sociales.

Momento del año

Los alimentos se pueden relacionar con ciertas épocas, momentos del año (Montanari, 2006, p.131; Wilson, 1999, pp. 99-100). En esta línea, las representaciones de alimentos igualmente pueden proveer información sobre determinados momentos del año. Queremos resaltar el potencial que provee la representación de alimentos para realizar una datación bastante precisa de las obras de artes en cuestión. En este sentido, si nos servimos del conocimiento de la horticultura, conocimiento que hasta hace varias décadas atrás era bastante popular, pero que con la modernización se ha ido perdiendo, podemos fechar aproximadamente estas obras o ubicarlas dentro del calendario. ¿A qué nos referimos? Simple, y es que a diferencia de como hoy en día consumismos los alimentos, fuera de temporada, siempre hay disponibilidad de todo en el supermercado, en el momento en el que se pintaron estos lienzos los productos utilizados por el artista estaban disponibles en épocas determinadas.

En Bodegón con aguacates y utensilios (Fig. 3), así como en Piñas (Fig. 7) -ambas obras de Francisco Oller- se ha representado una gran cantidad de aguacates y piñas. Esta abundancia sobre todo respondería al período de cosecha o meses subsiguientes, pero no muy lejanos. La cosecha de la piña suele coincidir con los meses de mayo, junio y julio, mientras que la de aguacates es entre julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, podemos pensar que Bodegón con aguacates y utensilios (Fig. 3) fue pintado entre los meses de julio y septiembre de 1890 o 1891 y Piñas (Fig. 7) entre mayo y julio.

Ciertamente esta última consideración necesita de un análisis más profundo, que claramente se podría enriquecer de acercamientos interdisciplinarios, no sólo con disciplinas que

se vinculen con el estudio de los cultivos y los alimentos. Sobre todo, apelando a elementos de la tradición popular, e ideas como que “en tiempo de muchos aguacates vienen huracanes”. En este caso, un análisis de los frutos plasmados podría incluso darnos información de las condiciones climatológicas. Esto son proyecciones futuras del tema. Pero que a su vez revelan lo rico en información visual que puede ser la representación de alimentos en el arte para con la comprensión del pasado, el presente y el futuro.

Algunas consideraciones culturales

Hace unos años nos cuestionábamos sobre el potencial de las naturalezas muertas puertorriqueñas y lo representado en éstas como un elemento de identidad nacional o de pueblo (Solivan, 2019, p. 46). Ya hemos abordado como los alimentos representados aluden a las realidades sociales del entorno en el que fueron pintadas las obras. Un análisis de estas obras a la luz del siglo XXI, aproximadamente cien años después de que Francisco Oller y los hermanos Medina González pintaran, nos encontramos con que hay cambios en la relación, las actitudes en torno a varios de los alimentos representados. El paladar y la dieta de los puertorriqueños, sobre todo de las generaciones más jóvenes ha cambiado y tal vez no estén familiarizados con todos los alimentos que se recogen en estas pinturas. Esto en gran parte puede responder a cambios sufridos por la conciencia y las mentalidades. Como parte de nuestros cursos de apreciación del arte en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, solemos mostrar varios de los bodegones aquí trabajados. Nos hemos topado con la situación de que cuando mostramos la obra Bodegón con frutas, viandas y caña (Fig. 5) de Félix Medina González, son muy pocos los alumnos que logran identificar todos los frutos aquí mostrados. En muchas ocasiones es el título de la obra lo que les ayuda. Esto podría responder al hecho de que el Puerto Rico del siglo XXI se encuentra lejos, ha dejado atrás, o no quiere recordar ese pasado del cañaveral de principios/mediados del siglo XX. Por otra parte, frutos como los pajuiles les resultan totalmente extraños, no los reconocen por ninguno de sus sustantivos en español: cajuiles o anacardos, y no es hasta que se utiliza el sustantivo en inglés “cashews”, que entonces logran tener una idea sobre el fruto representado.

Pese a estos cambios en el paladar de las generaciones más jóvenes, alimentos que se representan en los bodegones puertorriqueños siguen teniendo un peso identitario para con la puertorriqueñidad. Según Ortiz Cuadra: “Comida y cocina se han convertido en categorías de identidad nacional, lealtades patrias y pluralismos sociales” (2006, p. 18). Y si bien las generaciones más jóvenes no logran reconocer o identificar los pajuiles en los lienzos estudiados en este trabajo, ciertamente reconocen sin problema alimentos como las piñas, o las diversas manifestaciones del banano que poseemos en Puerto Rico: plátanos, guineos, etc6. Este último, incluso, en el pasado año ha pasado a jugar un papel protagónico en la cultura pop del país.

Historiadores como Berta Cabanillas y Cruz Ortiz Cuadra ya habían apuntado y reconocido como la alimentación del puertorriqueño se adaptaba según las circunstancias y necesidades de éste, revelando así información sobre su situación histórica (Cabanilla, 1973, p.18, Ortiz Cuadra, 2004, p. 317). Desde la Historia del Arte nos sumamos a esta postura, pues ciertamente los alimentos y otros elementos plasmados en la pintura de bodegones revelan información, son un documento visual de la situación socioeconómica del Puerto Rico de la época. En última instancia podemos considerarlos testimonios visuales de las dificultades y limitaciones al acceso a la comida en el Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

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6 Sobre la importancia de este fruto en la cultura visual latinoamericana remitirse al proyecto de investigación Banana Craze. Para el caso de Puerto Rico remitirse a Díaz Calcaño, T. La mancha ‘e plátano: The representations of plantains in Puerto Rico during the long 19th century [Al momento de la redacción de este trabajo el texto se encuentra en prensa, como parte del volumen editado por Banana Craze bajo el sello editorial de Routledge].

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la comida en puerto rico: entre vulnerabilidad

y proyecciones1

Libia M. González López

Somos de una raza vigorosa: vivimos en una tierra rica; tenemos buen aire y buena agua y ricos alimentos en nuestro clima apacible; y como no sea la indolencia o falta de patriotismo, no hay nada que se oponga a la regeneración fisiológica del pálido y desnutrido pueblo puertorriqueño. Cuando al pueblo se le diga el valor de cada alimento del país, y se le explique la diversidad de raciones en - que puede combinar los frutos y alimentos que están a su alcance, verá que puede prescindir del arroz y de otros productos que estamos importando a un costo de veinte o veinticinco millones de dólares anuales. Entonces habremos reconquistado el vigor físico desde Puerto Rico, nuestras razas progenitores; habremos logrado la Independencia económica, que consiste en vivir de nuestro suelo; y con el ahorro de tantos millones anuales, haremos de nuestro país el edén más dulce de la tierra. ¿Se abrirán a tan alto Ideal todos los corazones puertorriqueños? (Luis Lloréns Torres, 1932).

Introducción

En la cita del poeta Lloréns, que encabeza este capítulo, se nos deja saber que la onerosa comercialización de lo que comemos y nuestra dependencia de las importaciones ha sido tema de debate público en Puerto Rico desde hace muchas décadas. Que existen tradiciones creadas, como por ejemplo el consumo de arroz en nuestra dieta, que están asociadas a lógicas del mercado que atraviesan nuestra historia colonial. Que la comercialización de los alimentos, la circulación de mercancías, el consumo y las negociaciones sobre aranceles, entre otros, han encarecido nuestro acceso a los alimentos. La dependencia de la importación de productos tan cotidianos como el mismo arroz nos recuerdan nuestra vulnerabilidad cuando estallaron guerras, pandemias, se desataron plagas en las plantaciones o nos afectaron fenómenos naturales. Estas interrupciones nos han tocado de cerca durante los pasados años después del huracán María, los terremotos del

1 Este trabajo ha sido modificado para propósitos de esta publicación como parte de la Jornada Acceso a la comida celebrada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) en agosto de 2025. El mismo forma parte del proyecto becado por el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías de Puerto Rico en el 2020 titulado Between Hurricanes and Earthquakes 2017-2020, Rico Banana Inc: A Case Study

2020 y la pandemia del COVID 19. Estos acontecimientos, sin embargo, aunque estén tan frescos en nuestra memoria, nos han afectado durante décadas afectando generaciones desprovistas de alimentos, vivienda y de la vida.

Huracanes

En el Caribe existe una memoria histórica sobre los huracanes que siempre nos remite a la incertidumbre. “Qué será de mi Borinquén cuando llegue el temporal”. Por eso cualquier conversación sobre la seguridad o inseguridad alimentaria en nuestra región, entre otros importantes factores, no puede ignorar las señales que desde el mes de junio avistamos en ese llamado Mar de tormentas (Schwartz, 2018).

De siglo en siglo cada nuevo ciclón nos confronta con nuestra vulnerabilidad y a la misma vez con nuestras fortalezas en los procesos de resistir los embates de los malos tiempos. Por ello, a sabiendas de las amenazas ciclónicas seguimos siendo, una de las islas más pobladas del Caribe con aproximadamente 3.2 millones de habitantes. Siguiendo a Schwartz, tras esa trayectoria ciclónica también contamos con las crónicas de la recuperación y de los proyectos que vuelven a resurgir para la reconstrucción, desarrollo económico y creación de riqueza. Pero, como veremos más adelante, en esos planes la agricultura no figuró como una alternativa viable de desarrollo y creación de riqueza.

Por ejemplo, uno de esos estudios realizados después del huracán San Felipe (1928) destacaba que la producción de frutos alimenticios no beneficiaba las arcas públicas y por lo mismo era preferible invertir en la caña de azúcar o en la producción agrícola comercial para atender la demanda externa2

Sobre esta postura el mismo poeta Lloréns Torres denunciaba para la época la poca importancia que la agricultura del País le prestaba a la producción de alimentos para sostener su gente:

Mientras las cañas se enriquecen de óptimos tallos y los toronjos entreabren su sonrisa de azahares, hay muecas de anemia y debilidad en los rostros de los labriegos

2 https://name.umdl.umich.edu/agd9090.0001.001

Porto Rico and its problems. Survey staff: Victor S. Clark, director, Charles L. Dearing, James A. Dickey, Frederick H. Newell [and others].” In the digital collection The United States and its Territories, 1870 - 1925: The Age of Imperialism. University of Michigan Library Digital Collections. Accessed November 2, 2025.

González López

trabajadores. Y mientras la jugosa pifia, lujosamente nutrida, cobra vida y color en el regazo de la planta madre, el niño puertorriqueño en el seno maternal tiembla en los escalofríos de su desgarradora desnutrición. Parece que en nuestro país hay especial celo en nutrir y desinfectar a la muía y al buey y a la gallina y al árbol y al cañaveral, y que no nos interesa ver nutrido o no nutrido, desinfectado o no desinfectado, vigoroso o enclenque, alegre o triste, al macilento rebaño de mujeres y hombres y niños puertorriqueños (Lloréns Torres, 1932).

Llevamos décadas planteándonos cómo atender el problema del acceso a la comida y cómo promover el desarrollo de empresas agrícolas que beneficien al país, al empresario y al consumidor local con productos frescos y más saludables. Cuando azotan los huracanes, cuando los suministros ni los barcos llegan el tema se convierte en un problema urgente que hay que resolver. Y esta imagen de la pobreza y del hambre no nos gusta y nos duele no solo por ser un problema humano si no, porque también nos confronta con nuestra condición insular y colonial. Además, porque pasadas las emergencias, los proyectos, las promesas y las fórmulas para atajar el problema son relegadas hasta que llegue otro ciclón y por lo mismo no logran cuajarse en ejercicios concretos y permanentes de política pública.

Monocultivos, exportación e importación

En Puerto Rico, durante buena parte del siglo XX, la agricultura fue una actividad impulsada por capitales ausentistas, con la protección del gobierno federal norteamericano para beneficiar la explotación de la caña de azúcar el cultivo del tabaco, y los cítricos como las toronjas y las piñas. Con grandes contratiempos se cultivó el café, producto bien cotizado en los mercados europeos, y para el sustento, las hortalizas y el cultivo de plátanos, guineos y otras “verduras” o “viandas” como la yautía, la yuca, la batata, el ñame, la pana3 que fueron cultivos menores y de subsistencia por lo menos hasta los años 1970, aunque en algunos pueblos existiera una moderada actividad comercial basada en estos frutos. Con el tiempo nuestra dieta básica fue integrando cada vez más los productos importados, y esto a pesar del paladar y el gusto local por las viandas y las hortalizas frescas que muchos

3 Viandas o verduras se refiere en Puerto Rico a alimentos farináceos: yautías, ñames, malangas, yuca, plátanos verdes.

Serigrafía de Eduardo Vera Cortés para la División de Educación a la Comunidad, 1965. Museo de Arte de Puerto Rico.

González López consideramos son nuestros alimentos básicos (Álvarez Febles, 2016).

Para la década de los 1930 al 1940, cuando la mayor parte de la población vivía en las zonas rurales, el cultivo de alimentos era muy bajo y la dieta de los puertorriqueños se basaba en alimentos importados y de bajo nivel nutricional. Un estudio realizado por la Unidad Dietética de la División de Salubridad de la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico en 1937 sobre el consumo de alimentos entre las familias jornaleras, reveló que en las 4 regiones agrícolas- cafetalera, cañera, frutera y tabacalera-, en el 74% de las familias la comida corriente consistía en arroz y habichuelas, con o sin café negro. El 22.4 % consumía en el almuerzo bacalao y viandas. (Mejías, 1946, pp. 118-119).

Cuando la agricultura comercial, principalmente la azucarera, dejó de ser un motor importante de empleo quedó descubierta la población rural y sus graves problemas de retraso económico y malnutrición. En 1940 por ejemplo, los alimentos de consumo local maíz, arroz, habichuelas, vegetales, yautía y frutas no daba oportunidades de empleo y en materia de carne apenas se producía un 30 %. (Mejías, 1946).

La historiografía consultada demuestra que apoyar la agricultura comercial y buscar medios para el sustento ha sido el eje de controversias tanto a nivel local como en foros federales, ambos escenarios influenciados por presiones de gremios de inversionistas, agricultores y mayoristas exportadores. Históricamente en la Isla se apostó por una agricultura altamente comercializada para la exportación que aportara al fisco empeñando nuestros recursos naturales y favoreciendo las importaciones (Catalá Oliveras, 2013). Esta dinámica contribuyó a convertirnos en grandes consumidores de alimentos importados, principalmente de los Estados Unidos. Esta situación generó entonces y mantiene vigente todavía la controversia entre fortalecer una agricultura local para el sustento o una agricultura de exportación que rindiera beneficios al Estado. En ambos casos el acceder a la comida presentaba limitaciones para los trabajadores. Sobre esto en la década del 1940 el economista

Sol Luis Descartes apuntaba al alto costo como un factor limitante para el consumo de alimentos en Puerto Rico:

Cuantitativamente el consumo de alimentos en Puerto Rico está muy por debajo de lo necesario para una alimentación adecuada. Si se pregunta a un número considerable de personas cuáles alimentos son cuantitativamente más importantes en el régimen alimenticio de Puerto Rico, el arroz y las habichuelas o las legumbres farináceas de producción local (corrientemente conocidas como viandas), la mayor parte diría que el arroz y las habichuelas. Pero estarían equivocadas. De legumbres farináceas indígenas, esto es, de guineos verdes, plátanos, yautías, ñames, malangas y yuca, se produjeron para el consumo humano 243 libras en 193738. El abastecimiento total de arroz fue 145 libras por persona y de habichuelas y otras leguminosas 43 libras…

Colmado urbano. Colección Archivo histórico. Fundación Luis Muñoz Marín (AHFLMM)

Hablando popularmente, estos son los alimentos que llenan, que satisfacen el hambre, y que son baratos.

En síntesis, la población de Puerto Rico, considerada globalmente, sufre de serias deficiencias en el consumo de los alimentos protectores de la salud. Particularizando, esas deficiencias son críticas en la población pobre residente tanto en los pueblos como en los campos. Pero en algunos de los alimentos protectores de la salud más importantes, tales como la leche y las hortalizas y legumbres, las deficiencias son particularmente agudas en la zona rural, donde residen 2 terceras partes de la población de Puerto Rico. Independientemente del ingreso, la población rural aparentemente consume menos de estos alimentos protectores que la población urbana. Los hechos que acabo de presentar son a mi juicio, dignos de la mayor atención y meditación. Demuestran de una manera definitiva que el pueblo de Puerto Rico está sufriendo de la peor clase de desnutrición. Desnutrición en términos de la cantidad y de la calidad de los alimentos; calidad en el sentido de que consume muy poco de los alimentos protectores de la salud. Los resultados de esta desnutrición son obvios a cualquier observador o estudiante de la situación portorriqueña. Se manifiestan en la baja estatura, los dientes enfermos, la palidez característica, la anemia, los altos coeficientes de mortalidad, y las causas principales de la mortalidad, tales como la tuberculosis y las diarreas y enteritis en los niños. Probablemente el régimen alimenticio inadecuado del pueblo de Puerto Rico, si atendemos a interesantísimas teorías, está íntimamente relacionado con ciertas actitudes psicológicas censurables que muchas personas atribuyen al pueblo portorriqueño. Quizás parte de la apatía y el fatalismo tengan su origen en la alimentación deficiente. Sea cierto o no esta última parte, la influencia del régimen alimenticio cuando menos sobre el bienestar físico, es un hecho aceptado. El problema de la alimentación es suficientemente serio como para requerir atención Inmediata, enérgica y persistente. No es posible limitarse a una sola actividad para buscarle solución. Hay que atacar el problema desde todos los ángulos. Antes de esta campaña de divulgación sobre problemas de nutrición no se ha hecho prácticamente nada en la Isla en forma organizada y sistemática en el campo de la educación sobre nutrición. Es necesario no solamente

Cocina campesina, Colección Departamento de Educación, Archivo General de Puerto Rico.

explorar las posibilidades de la educación para lograr un mejoramiento de nuestro régimen alimenticio, sino agotarlas dedicándole el mayor esfuerzo a esta actividad.

Descartes veía, como muchos otros de su generación que la desnutrición se aplacaría al adaptar un sistema económico que proveyera mejores ingresos al sector más pobre.

El régimen alimenticio está íntimamente relacionado con la situación económica del país. Ningún otro medio sería tan efectivo para lograr un mejoramiento en el régimen alimenticio como un aumento en los Ingresos del pueblo portorriqueño, especialmente de las clases más pobres. Por lo tanto, todas las medidas razonables encaminadas a lograr aumentar el ingreso del pueblo portorriqueño, y especialmente de los grupos en el extremo Inferior de la escala económica, merecen el respaldo de todas las personas convencidas de la necesidad de que nuestro pueblo coma mejor (Descartes, 1941).

El economista en cierto modo reafirmaba el régimen existente desde principios del siglo XX.

Puerto Rico debía enfrentar los altos precios de los alimentos a los que le aplica el costo por acarreo a través de la costosa marina mercante norteamericana.4

Lo cierto es que en los cafetines, colmados rurales y en los puestos de los vendedores ambulantes desde muy temprano en el siglo XX se comenzaron a mercadear productos agrícolas importados provenientes de fincas norteamericanas : leche en polvo marcas Klim y Denia, salsa de tomate enlatada –marca Hunts–, sopas Campbell’s, carne enlatada, bebidas azucaradas (Old Colony, Pepsi, Coca Cola…) y muchos otros productos distribuidos por toda la Isla hasta las alturas de la Cordillera, sus pueblos y barrios –Castañer, Lares, Adjuntas, Jayuya y Utuado–desde los municipios costeros. En San Juan estos productos se

4 A Puerto Rico le aplican las Leyes de cabotaje, de los Estados Unidos (Ley Jones 46 U.S.C. 55102) que limitan el tráfico de barcos entre puntos de ese país, incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los Estados Unidos, con ciertas excepciones. Este asunto ha sido tema de numerosas propuestas de negociaciones como intento de liberar a la Isla de esta dependencia, pero las mismas hasta el presente han sido infructuosas. Ver parte de este debate en https://aldia.microjuris.com/2022/10/05/leyes-de-cabotaje-cuales-su-impacto-para-puerto-rico/

vendían en puestos de la calle, en colmados comunitarios y en los 1950 a través de los recién inaugurados supermercados. Los supermercados y no las plazas del mercado, desde entonces fueron un escenario de novedades de productos de importación, acondicionados con aire fresco, en sus escaparates, neveras y estantes se exhibió la abundancia, la variedad de productos y la modernización tal como ocurre hoy día en los almacenes con membresía. Estos espacios, ubicados principalmente en zonas urbanas representaron otro capítulo en la historia de las importaciones de alimentos.

Ruth Gruber, una periodista del New York Herald Tribune, destacaba en 1958 como “Thrifty Puerto Rican Housewives were pushing cars of frozen foods and rice and beans through the bright fluorescent-lighted supermarkets” (Gruber, 1960, 3). Los supermercados, desde entonces fueron los principales distribuidores de la producción agrícola e industrial de los Estados Unidos5 y de algunos productos locales como los cítricos, las verduras y los bananos. Les favoreció la era de la industrialización y de la manufactura porque entre otras cosas este movimiento fomentó el crecimiento de las ciudades, el abandono de las fincas rurales a la vez que contribuyó a un cambio en la cocina familiar, el desarrollo de la industria de restaurantes y de la industria hotelera, así como la de una emergente clase media trabajadora con poder adquisitivo.

No quiero decir con esto que la actividad agrícola desapareciera cuando en el País se movió hacia la manufactura de las fábricas de Fomento Industrial, porque la ganadería, el café (con sus altas y bajas) y la producción de frutos menores, aunque vulnerables fueron y siguen siendo industrias importantes. Por ejemplo y como podremos ver más adelante, después de los 1970 la industria local del plátano verde y maduro experimentó un crecimiento sin precedentes.

5 Lansing P. Shield el dueño de la firma Grand Union y el informe del Food Advisory Commission to Governor Luis Muñoz Marín, es estudiado por Cruz Miguel Ortíz Cuadra en “El supermercado muñocista: jugada clave”, 80 grados, 30 de marzo 2012, https://www.80grados.net/el-supermercado-munocista/

Estibadores descargan alimentos, cebollas y arroz en el muelle de San Juan, 1952. Archivo Digital Colección El Mundo, Colección Puertorriqueña, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

El supermercado y el acceso a la comida

El paradigma de la sociedad industrial después de los 1950, nos acostumbró a asociar la alimentación a los productos disponibles en los supermercados que son mayormente importados. Para la mayoría de la generación nacida entre 1940 hasta el 2020, estas tiendas fueron y siguen siendo el principal centro de abastecimiento de la alacena familiar a pesar de que todavía se cuenta con la opción de poder comprar alimentos en ciertas plazas tradicionales de mercado en los cascos urbanos de algunos pueblos y ciudades. El supermercado y los almacenes

González López

son el principal centro de compraventa de alimentos6 luego de iniciarse en la Isla el Programa federal de Alimentación Nutricional (PAN) en 1970, conocido para entonces como el Programa de cupones de alimentos.

Este programa, administrado localmente por la agencia gubernamental de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) de Puerto Rico, surgió como una ayuda para atajar el problema de acceso a la comida durante la década de 1973 a 1983, tras una crisis económica generada en la Isla por la caída del producto nacional bruto y las altas tasas de desempleo7 El 80% de los beneficios de este programa van dirigidos a la compra de alimentos en establecimientos de supermercados y desde hace un tiempo también en mercados agrícolas familiares certificados por la ADSEF.

Según esta agencia el 68 % de los 597,000 hogares en Puerto Rico cualificados al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que ofrece ayudas económicas a familias para completar sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos elegibles, están por debajo del umbral de pobreza. Para el 2017 un promedio de 1, 258,760 participantes se benefician de este programa 8 que en promedio otorgaba $104 por persona para suplir sus tres comidas al día. Este perfil nos plantea el problema de la accesibilidad y la adecuacidad de los alimentos que se pueden adquirir con fondos tan restringidos, agravada la situación mucho más cuando los fondos se secuestran debido a las polémicas congresionales entre demócratas y republicanos y cierran parcialmente las agencias gubernamentales.

6 Cámara de industria y comercio de Puerto Rico MIDA, 2018.

7 El PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL PARA PERSONAS DE INGRESOS LIMITADOS (PAN).

Este programa se implantó en Puerto Rico el 1 de julio de 1982, mediante una enmienda a la Ley de Cupones para Alimentos (Ley Pública 95-113). Dicha enmienda es conocida como la “Omnibus Reconciliation Act” (Ley Pública 9735 de 13 de agosto de 1981). El PAN tiene como propósito fundamental ofrecer asistencia a familias de escasos recursos económicos con el fin de que puedan complementar las necesidades alimentarias. Entre sus funciones se encuentra la supervisión, evaluación, emisión de beneficios y educación en el área de nutrición a través del Sub-Programa Saludable con Mi Pan. Este programa, ofrece educación nutricional a los participantes y promueve el uso adecuado de los fondos otorgados mediante la orientación para la selección y preparación de alimentos saludables y nutritivos. Ver Informe Departamento de la Familia... 20172018

8 Ibid. p.170

Industria de enlatado de pasteles puertorriqueños, regalo original para nuestros soldados boricuas en los frentes de batalla. Revista del Café, Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico, año 8, núm. 7.

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Otro estudio sobre el comportamiento del consumidor realizado por la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Rico (MIDA), muestra que para el 2018, 6 de cada 10 personas en la Isla que compraron alimentos en los supermercados reciben ingresos provenientes del Seguro Social, pensiones y el PAN.9 Es decir, un 60 por ciento de la población para comer depende de ingresos limitados. En el mismo estudio de MIDA, es evidente que en épocas de desastres naturales cuando ha faltado el servicio de energía eléctrica y/o el de agua, las visitas al supermercado son más frecuentes que en épocas regulares. En este escenario, queda claro que la nutrición depende del bolsillo, comportamiento que revierte en un serio problema de salud pública en vista que la disponibilidad de comestibles o son muy costosos o poco adecuados para la alimentación. Los productos más económicos tienden a ser los procesados, los muy grasos o altamente azucarados. Los altos precios de los alimentos importados en buena medida se explican por el elevado costo de su transporte desde el muelle de Jacksonville en Florida a la Isla.

Según Myrna Comas, ex secretaria de Agricultura de Puerto Rico, el costo de este trayecto hace dos veces y media más caros los alimentos que si vinieran de las navieras de otras naciones. Comas, quien intentó implantar un articulado programa de seguridad alimentaria en la Isla durante su administración, ha señalado que este largo recorrido, que es el mismo de los huracanes, equivale a unas 2,800 millas desde su punto de origen, hasta las mesas de los hogares puertorriqueños.10 Cabe destacar que igualmente costosos resultan los productos frescos producidos en las fincas de nuestros agricultores debido a los altos costos de producción (desmonte, electricidad, empaque, agua y transporte local, entre otros).

El huracán María, la agricultura y la comida

Para los que vivieron la experiencia de los huracanes Hugo en 1989 y María en el 2017 el tema el abastecimiento de alimentos y del agua es indeleble. Los efectos de los Huracanes- Irma y María- en septiembre de 2017 todavía están muy recientes en la memoria colectiva.

9 MIDA, informe 2018, provisto.

10 https://www.uprm.edu/portada/2019/03/01/la-seguridadalimentaria-tras-maria/

Uno de los problemas que enfrentó toda la población durante y después de María, –además de la falta de electricidad y de agua potable–, fue la inseguridad alimentaria. El sector de agricultura perdió un estimado de 182. 5 millones según el informe del secretario de Agricultura.11

Los puertos averiados y la actividad huracanada en el Caribe y el Atlántico limitaron la navegación, la entrada y el desembarco de la mercancía habitual importada para satisfacer la alimentación de la población. Según algunas estadísticas oficiales esta importación de comida ronda en alrededor del 85% del consumo general de la población. Esta dependencia de la importación de alimentos ante situaciones de emergencia como los huracanes y terremotos limitan los suministros de alimentos en los supermercados y almacenes que son los que suplen en sus tiendas la mayor parte de los alimentos que la población consume. La falta de alimentos creó desasosiego en el consumidor que iba a comprar a las tiendas y encontraba los estantes vacíos. De aquí que, desde muchos frentes sociales y académicos se sigue apuntando a la necesidad de crear almacenes de comida y de fomentar la agricultura local para suplir parte substancial de la alimentación, generar empleos y actividad económica.

11 https://cb.pr/wp-content/uploads/2018/04/0418_Informe_Económico_al_ Gobernador_y_Apéndice_Estadístico_2017._pdf

Efectos del huracán María en la plantación bananera Rico Banana Foto: Fulgencio Rodríguez.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Vermont12 con la colaboración del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico mostró el serio problema de la inseguridad alimentaria inmediatamente pasado el huracán. Según el mismo, durante y después de María, la tasa de inseguridad alimentaria incrementó significativamente: 41.9% reportó inseguridad alimentaria en septiembre, 59.1% en octubre, 48.6% en noviembre y 30.7% en diciembre 2017.

Otra investigación reveladora en esta misma dirección, realizada en el 2018 por la nutricionista Celia Mir con la participación de 250 familias de 19 pueblos, arrojó que después del huracán, “el 86% de la población estaba en inseguridad alimentaria severa”, en parte porque durante más de 40 días escasearon las comidas y bebidas perecederas o que necesitarán refrigeración, como leche fresca, además de frutas y vegetales.

Escasez de alimentos en los supermercados luego del paso del huracán María. Foto Libia González.

El trabajo de Mir encontró además que la reserva de alimentos inmediatamente después del huracán fluctuaba entre 14 y 21 días y que la dieta que predominaba era de comidas enlatadas

12 Luis Rodríguez Cruz y Meredith Niles (2018). El impacto del huracán María en el sector agrícola puertorriqueño: Experiencias, retos y percepciones https:// www.researchgate.net/publication/328974807_El_impacto_del_huracan_Maria_ en_el_sector_

o preparadas. Como nutricionista Mir resaltó que, además de deficiencias de vitaminas y minerales, este patrón alimenticio aumentó las probabilidades de inflamaciones, lo que eleva el riesgo de una serie de enfermedades crónicas.13

Terremotos, sequías, COVID 19 y huracanes

Dos años después del embate del huracán María, una serie de sismos afectaron seriamente la economía, las vidas y las propiedades de más de 2,000 familias en la zona sur de Puerto Rico. En esta área, se encuentran tierras muy fértiles para la agricultura y se da una importante actividad agrícola. Como muchas escuelas colapsaron los niños no pudieron beneficiarse del servicio de comedores escolares. La actividad económica prácticamente quedó paralizada siendo una zona de hoteles y de restaurantes, lo que elevó aún más los niveles de pobreza en una zona ya bastante deprimida por los efectos de los huracanes, la crisis fiscal, el desempleo y enfermedades producto de la contaminación ambiental que durante años produce la incineradora Energy Answers. En las fincas de la zona, muchas tareas quedaron abandonadas por el éxodo y el miedo que produjeron en las familias trabajadoras estos sismos. Las bananeras, por ejemplo, informaron que durante los primeros meses de enero solo pudieron operar con 35 % de su mano de obra.

El gobierno local para enfrentar la crisis logró que Washington declarara zona de desastre la región, pero la otorgación de estas ayudas dependió de trámites burocráticos que suelen ser muy lentos y mientras la ayuda comenzó a llegar, hubo escasez de alimentos tanto para estas familias como para el resto de la población porque la ayuda humanitaria inmediata provino de sectores locales que se suplieron de los supermercados y almacenes de otras zonas no afectadas directamente por los sismos, dejando las tiendas y los consumidores de la Isla sin mucho inventario de alimentos y víveres.

13 Cámara Hispana de Salud Pública (CHISPA 2018), actividad organizada por Dr. Johnny Rullán, q.e.p.d., ex secretario de Salud. https://www.elnuevodia. com/noticias/locales/notas/la-inseguridad-alimentaria

En medio de esta secuencia de eventos entramos en la pandemia del COVID 19 con un alto por ciento de desempleo y sin resolver los saldos de los huracanes Irma y María.

¿Cuáles fueron algunas de las repercusiones sociales, políticas y económicas concretas de la pandemia?

-Desempleo

-Cierre de hoteles y restaurantes alterando la cadena de suministros de alimentos provistos por los agricultores locales. El sector de hortalizas perdió o regaló casi toda su producción.

-El cierre de restaurantes y también el programa de mercados familiares.

-Cierre de escuelas y de buena parte del servicio de comida de los comedores escolares

Como en el resto del planeta como un medio para controlar los contagios se decretó la cuarentena y en los meses subsiguientes se detuvo la actividad laboral en la Isla.

Comedor Social temporero. Iniciativa de la comunidad estudiantil en el Recinto de Río Piedras, 2011. Colección Privada.

González López

Según algunos datos del Banco de Alimentos de Puerto Rico, –una entidad no gubernamental con presencia en la Isla después del huracán Hugo en 1989–, cerca de 300,000 personas solicitaron el beneficio de seguro por desempleo durante la pandemia, sumado a 300,000 niños y familias que no recibieron alimentos en los comedores escolares. Según su directora entonces, se necesitaron alrededor de 39.6 millones de libras de alimento para cumplir con las necesidades de esas comunidades.

Otro asunto de interés es que, aunque el Banco tiene capacidad para la compra de productos locales, un alto volumen de sus alimentos proviene de donaciones realizadas por grandes cadenas de supermercados y almacenes de membresía. Entre estos suplidores podemos mencionar Costco, Sam’s, Walmart, Walgreens y restaurantes como Kentucky Fried Chicken, cadenas muy familiares en los Estados Unidos y principales importadores de productos agrícolas y procesados en Puerto Rico. Es decir, tiendas y almacenes donde se venden buena parte de la producción industrial, biotecnológica de los Estados Unidos y del mundo. Los alimentos que le donan al Banco son los que no pueden vender y están obligados a descartar debido a sus fechas cercanas de vencimiento, por presentar desperfectos en los envases o porque las etiquetas están removidas.14

En Puerto hay hambre, aun cuando no hay tormentas o pandemias, un sector muy vulnerable son los niños y los estudiantes universitarios, expresó en entrevista realizada en 2018, la entonces directora del Banco, Dennisse Santos.

Según la información provista por el Banco, después del huracán María se distribuyeron unas 18.2 millones de libras de comida y en tiempos normales se reparten alrededor de 11 millones de libras. En este escenario existen otros grupos sociales muy vulnerables como los recién nacidos y la población anciana. Un interesante estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico arrojó la gravedad de la inseguridad alimentaria durante el COVID 19. En las gráficas de este estudio se observa claramente como ha faltó el sustento y el alto nivel de empobrecimiento de buena parte de las familias con hijos en edades escolares. Algunos de sus hallazgos mostraron

14 Ver https://alimentospr.org/historia/

que, durante cuatro meses de pandemia, unas 244 mil personas fueron sumergidas en la pobreza, incluyendo 43 mil niños y niñas”.

La pandemia dejó cesantes a unos 300 mil trabajadores solicitantes de los programas de asistencia social del gobierno. Contrario al período posterior al huracán María, la mercancía siguió entrando por los puertos, pero en tanto la pandemia fue una crisis global, alimentos como la carne y otros productos agrícolas comenzaron a escasear y a subir de precios. Esta situación contribuyó a reducir el acceso a la comida por parte de la población desempleada y con enormes gastos en su cotidianidad: vivienda, medicamentos y otros imprevistos como los aparatos tecnológicos y servicios de comunicaciones e internet cuando para paliar los contagios durante la pandemia se implementó la educación a distancia de manera virtual.

El COVID 19 ¿Una oportunidad para la agricultura de alimentos en la era virtual?

Algunos cambios, por otra parte, en dirección a fomentar la agricultura y mejorar la alimentación de la población se iniciaron en el País a raíz de las experiencias de los huracanes, terremotos, la pandemia y el cambio climático en los últimos años. Muchos de estos cambios fueron impulsados por las comunidades que han creado comedores sociales y otros a través de iniciativas de autogestión. Para estas iniciativas tanto como para la generación de agricultores mayores el gobierno no es un aliado, sobre todo ante sus criterios para otorgar permisos para abrir espacios, cultivar la tierra y dar acceso a los beneficios de apoyo financiero bajo su categoría de agricultor “bona fide”.

La crisis generada por el COVID 19 replanteó de esta manera preguntas sobre el modelo de desarrollo, los bienes públicos y el rol del Estado para ayudar a impulsar cambios estructurales en mediano y largo plazo. Se percibe al Estado como un ente distante de la actividad productiva local, que no beneficia el desarrollo agrícola y obstaculiza su desempeño imponiendo trabas fundamentadas en la insuficiencia o en las disposiciones reglamentarias federales. Por ejemplo, ¿cómo asimilar que en medio de esta crisis alimentaria los ganaderos tuvieran por obligación que tirar miles de galones de leche fresca debido a que hubo un paro en la cadena de procesamiento? Hay razones cercanas y también razones de fondo para exigir y adelantar para

la Isla una agricultura eficiente que responda a la salud y a las necesidades de la gente.

Quizás por esto, se escuchan nuevas generaciones de agricultores que en abierta autogestión se valen de las redes sociales para conseguir apoyo y salida para sus productos. Conectan de este modo con los consumidores, venden sus productos y dan a conocer sus fincas y proyectos. Entre ellos destacan numerosas mujeres agricultoras y agroempresarias.

Durante la pandemia esta generación tomó órdenes a través de la web y por Facebook compraron productos a los agricultores locales, los empacaron y los entregaron directamente a domicilio para que los consumidores no tuvieran que salir a exponerse al contagio. Sin embargo, si bien ésta fue y ha sido una alternativa ágil y beneficiosa para cierto sector del País, el costo de cada cajita de alimentos, entre los $35.00 y $45.00 dólares semanales, aun resulta oneroso para cientos de puertorriqueños, entre los que durante y después de la pandemia se encuentran adultos mayores o desempleados.

Esta dinámica de venta lanza a la suerte al agricultor a la vez que depende del bolsillo con que cuente el consumidor. En la investigación realizada por el Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, citado anteriormente, quedó evidenciada la complejidad que entraña el desempleo y la llegada tardía de las ayudas a las familias durante el COVID.15

Apostar por los farináceos: Plátanos y guineos entre huracanes y posibilidades

En el paisaje caribeño de la costa, valles y montañas es muy común distinguir a las musas, principalmente esas plantas que nosotros llamamos matas de plátanos o de guineos. Como sombra en los cafetales, en el jardín de los patios familiares o en cultivos industriales, estos frutos son tan nuestros como el mar, el café, las montañas, los flamboyanes, los cocales y las palmeras. Durante varios siglos han sido parte del sustento y de nuestra dieta en las Antillas y de parte de América, aunque su origen es

15 Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, https://parsefiles.back4app.com/NnOrAmAotAZqACgSOms8WkAwkOIqpZ6VWjoFVKeJ/3dcae571d80a9b7d901cf695c6038bd1_COVID-19%20Resumen%20 Ejecutivo.pdf

asiático y probablemente nos llegó al Caribe desde África. Por lo mismo, figura en la literatura, en las artes y en los registros visuales históricos como en las fotografías y tarjetas postales en archivos públicos y particulares.

Figura en el imaginario de nuestras tradiciones culinarias heredadas del pasado sobre todo en las generaciones que vivieron los desplazamientos del campo a las zonas urbanas. A principios del siglo XX fue parte de todo el aparato visual como señuelo para atraer el turismo en revistas y tarjetas postales como una muestra de nuestro paraíso exótico. Sea sobre el hombro de un niño o de un obrero campesino, siempre se retrató el icónico racimo verde o amarillo. Junto a las piñas, los aguacates, papayas y los cítricos, los plátanos y los guineos en sus diversas variedades-morados, mafafos, verdes- han sido también motivo de creación artística tanto en la pintura de José Campeche en el siglo XVIII y en los bodegones de Francisco Oller y en su reconocida obra El velorio. Lo mismo en la pintura icónica de Ramón Frade El pan nuestro, así como en obras más contemporáneas de artistas como Carlos Irizarry, Nick Quijano, Arnaldo Roche Rabell, Miguel Luciano y Víctor Vázquez, en las que el plátano o los guineos destacan como metáforas de nuestra mancha de plátano como identidad puertorriqueña.

En términos económicos, la industria bananera no se explotó en la Isla como ocurrió en Cuba y otros países de América como Ecuador, Honduras, Guatemala y Colombia. En estos países empresas norteamericanas hicieron importantes inversiones en la mecanización y el tren creando un gigantesco emporio para la exportación de la fruta. La United Fruit and Company dominó este mercado desde finales del siglo XIX pero en Puerto Rico, donde la caña de azúcar, el tabaco y el café fueron los principales cultivos para la exportación, los plátanos y los guineos se cultivaban principalmente para el consumo local, su producción no era intensiva y en las estadísticas de producción figuraba junto a otros cultivos en la categoría de frutos menores (Cabrera, 1988). Con todo, aunque hubo proyectos cooperativistas para promover su exportación a la metrópoli, 16 todo parece indicar que no fue un

16 El Mundo, 12 de octubre, 1949, p.5

producto de exportación como lo fueron, por ejemplo, las cidras, las piñas y las toronjas.17

Aunque en la Isla, durante la primera mitad del siglo XX hubo algunas iniciativas de incentivar el mercado de frutos menores, -especialmente en épocas de recuperación después de los huracanes y durante períodos de guerra-, los frutos alimenticios no beneficiaban las arcas públicas y no podían competir con productos más baratos importados de otras partes de América y de la cercana República Dominicana18, por lo mismo era preferible la producción agrícola comercial destinada a la exportación.19 Las crisis alimentarias generadas tras los ciclones de San Ciriaco (1898), San Felipe (1928), San Nicolás (1931), San Ciprián (1932) Santa Clara (1956) y las dificultades para importar alimentos a la Isla durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, encausaron algunos proyectos de desarrollo agrícola bananero-considerado fruto menor-, pero no en plantaciones sino en pequeñas fincas.

Se requería de vegetales y frutos menores no solo en los campos si no en las ciudades. Yautías amarillas, blancas y moradas, batatas, plátanos, guineos Montecristo, maíz, tomates son algunos de los frutos cultivados en la Isla que eran reclamados en las plazas de Río Piedras, Aguadilla, Cayey, Mayagüez, aunque a precios que la mayor parte de la población pobre no podía costear.20

Para la década de los treinta, por ejemplo, el Negociado de Comercio e Industria, buscó incentivar el mercado de frutos menores en San Juan y sus datos evidencian que hubo buenas ofertas de plátanos y guineos provenientes de las fincas de la montaña siendo las jurisdicciones de Utuado, Jayuya y Ciales las que mayores envíos realizaban para el mercado de la Capital. Los informes del Negociado detallaban algunas características del producto que conseguían mercadear en la zona urbana: Guineos gigantes y plátanos morados y verdes variedad Montecristo. Una

17 Datos comparativos sobre el movimiento comercial. Revista de Agricultura, Industria y Comercio, Órgano Oficial del Departamento de Agricultura y comercio, Núm. 1, Vol XXXIII, p.149.

18 El Mundo, 1947.07.22, p.5

19 El Mundo, 1947.07.22, p.5

20 El Mundo, 19 de enero de 1945, p.4

de las empresas que actuó como distribuidor fue The Jayuya Development Co. Sin embargo, el acarreo y las distancias hacían de este mercado uno bien oneroso, aunque el mismo contribuyera a mitigar las bajas producidas en fincas de café por la pérdida de mercados y los efectos de los huracanes.21

Al estallar la Guerra, en los 1940 la escasez de alimentos unida a la política federal de producir para comer se procuró que los dueños de fincas con producción de cañas destinaran parte de sus cuerdas al cultivo de vegetales y alimentos como el guineo y el plátano, para atender la demanda en las principales plazas locales, así como enlatar alimentos para los países aliados y para las tropas.

Otros factores como el abandono de las fincas por la emigración, la falta de titularidad sobre las tierras y los desplazamientos de los jornaleros y obreros para trabajar en la caña y el café, marginaron la posibilidad de un desarrollo industrial bananero en la Isla por lo menos hasta los 1960.

Como hemos apuntado anteriormente, la industria bananera fue junto a la de caña de azúcar y el café una de las más activas en el Caribe, Centro América y Estados Unidos desde el siglo XIX. Su historia también está ligada al negocio de las transnacionales, a la explotación de los recursos naturales y del trabajo humano. Actualmente este producto en los mercados genera ingresos multimillonarios ya que la banana como fruta es uno de los productos agrícolas de mayor demanda en el mercado mundial.

Hacia comienzos de la década del 1960 el cultivo de los farináceos resultaba atractivo en las proyecciones de los economistas locales debido a su potencial económico y por constituir un alimento esencial para la población en momentos cruciales para la agricultura. En un informe al gobernador, el experto en economía agrícola Sol Luis Descartes destacaba el crecimiento de 13 % al valor total de la producción de la finca en 1964-65 en cultivos de hortalizas y farináceos, aunque reconocía que era necesario mejorar la distribución y el mercadeo agrícola.22

21 El Mundo, 18 de agosto, p.8

22 Sol Luis Descartes (1969), “La agricultura: la lucha por su preservación”, Estudio sobre Historia de la Economía Puertorriqueña Contemporánea, Universidad de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales.

González López

Veinte años después el destacado consultor para el gobierno local y federal sobre políticas para el desarrollo agrícola, Agro. José Vicente Chandler, insistía en el potencial de crecimiento de este sector y la imperiosa necesidad de proveerles crédito para su desarrollo en tecnología y maquinaria.23 Chandler, autor principal de aspectos agrícolas del Informe Kreps, un contundente estudio comisionado por el Departamento de Comercio Federal sobre el problema socio económico de Puerto Rico fue enérgico en promover el desarrollo industrial de la agricultura local. Este polémico informe destacó el estado de abandono de los diversos sectores financieros locales, la desmesurada dependencia en Puerto Rico de la burocracia y capitales de los Estados Unidos y, aunque no ofrecía recomendaciones, provocó a nivel local una serie de proyectos para promover el crecimiento económico. Entre las recomendaciones que se hicieron, Chandler apuntó al desarrollo de la industria agrícola altamente tecnificada y entre ellas destacó las enormes posibilidades de desarrollo de las bananeras. Para esto proponía:

-inversión en nuevas técnicas de cultivo

-la creación de fincas comerciales

- proveer a los empresarios el crédito necesario

- la puesta en marcha de un sistema eficiente de distribución y mercadeo para el consumo local y para la exportación.

En sus palabras, Puerto Rico tenía todas las condiciones para promover “una moderna industria bananera para suplir el mercado local y desarrollar una de exportación durante todo el año”. 24 Hasta este momento no hemos podido medir el alcance de sus recomendaciones, pero es un hecho real que la industria del plátano y del guineo, con sus altas y bajas, cobró auge después de los 1970.

Este potencial de desarrollo se observó principalmente para aquellos productores que también invirtieron en la fase industrial porque a nivel de la finca fue y sigue siendo una actividad muy vulnerable y onerosa para los agricultores. De hecho, además de las oportunidades de mercado que trajo la industrialización, la

23 José Vicente Chandler (1985). Una nueva agricultura para Puerto Rico, proyecciones para el año 2000

24 Ibid., p.168b.

demanda del producto promovió dinámicas de interdependencia al interior del sector agrícola que con el tiempo fueron motores para el desarrollo de la industria. Un capítulo de esta evolución que merece ser estudiado con profundidad, es precisamente las relaciones entre los productores y los intermediarios y como en épocas de crisis financieras los agricultores y las bananeras de la montaña25 enfrentaron el impacto de los cierres históricos de algunas cadenas de supermercados.

La industria mantiene una cadena ininterrumpida de producción en el que intervienen muchos actores. Están los agricultores que son los que siembran, pero no maduran ni van a las tiendas y están localizados principalmente en la montaña. Los planteros, que compran el guineo, lo maduran y lo venden y las bananeras industriales que manejan toda la operación de siembra, maduración, empaque y distribución. Estas últimas son alrededor de 12 bananeras localizadas principalmente en la costa entre Santa Isabel y Yauco.

En todo esto existe un conocimiento y una tradición de siembra que ha ido de la mano de los especialistas agrónomos conocedores y estudiosos de la genética y de la calidad de los guineos que se producen. El guineo que se cultiva ampliamente en la Isla es originario del sudoeste asiático, familia de las Musáceas, conocida como Cavendish de donde provienen las variedades Gran Enano, Valery, Johnson, Montecristo y Mitchel. Es un cultivo que se puede realizar durante todo el año y su época más productiva son los veranos debido a los largos días de sol y calor. Sus principales enemigos en las plantaciones son las plagas como la Sigatoka Negra y Amarilla y el Fusarium-- también conocido como Mal de Panamá--, que es un hongo mutante muy dañino causante de cuantiosas pérdidas en las plantaciones, de otras enfermedades causadas por bacterias y virus y el ataque de algunos insectos (Malén Rojas Daporta,1962). Por ello, es un cultivo supervisado y estudiado por expertos quienes se encargan de orientar a los agricultores, ayudan a combatir estos males y evitan la entrada y propagación en la Isla de enfermedades y plagas reportadas en plantaciones de países exportadores. 26 En

25 La producción de guineo para el mercado y el origen de las bananeras en Puerto Rico se centró en Lares antes de extenderse a las costas.

26 Ver Manuel Díaz en Agrotemas, https://agrotemasonline.blogspot. com/2009/08/aprende-sobre-el-cultivo-de-guineos-en.html y Mildred Cortés, https://www.researchgate.net/publication/308901704_

esta función es esencial la labor de los agrónomos especializados adscritos a las Estaciones Experimentales Agrícolas y del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico.

Según las estadísticas del Departamento de Agricultura de Puerto Rico para los años de 2015-2016 la producción de guineos era la segunda en ingreso bruto –después del plátano ($76,231) de mayor importancia dentro del renglón de los farináceos en la Isla con una producción estimada en ese año de 314,406 miles de frutas para un ingreso bruto de $28,341.27 Según el ex secretario de Agricultura de Puerto Rico, Agro. Carlos Flores, para 2019 existían 8.000 productores de plátanos y unos 2.500 productores de guineo en la Isla, pero solamente doce bananeras trabajan a gran escala y se encargan de mover alrededor de 25,000 cajas semanales de guineo al consumidor. 28

Cifras anteriores indican que la producción de guineos y plátanos aportan a la economía local cifras importantes. Según un estudio publicado en 2009 por un grupo de investigadores de la Universidad de Puerto Rico, el valor de la producción de plátanos en Puerto Rico en 2008 ascendió a $78.5 millones y el de los guineos a $13.2 millones. Según el mismo, en Puerto Rico, el consumo anual per cápita de plátano asciende a 23.6 kg, el de guineo verde asciende a 8.6 y el de guineos maduros a 5.2 kg.29

Sobre este tema del consumo, es necesario señalar que en la mesa no todo el guineo proviene de las grandes fincas industrializadas y que al ser un producto que se mercadea también informalmente, no es posible establecer una cifra Situacion_y_perspectivas_del_sector_de_platanos_y_guineos_y_raices_y_ tuberculos_en_Puerto_Rico_Puerto_Rico/link/57f6481308ae https://www.researchgate.net/profile/Mildred_Cortes/ publication/308906557_IMPORTANCIA_DE_LA_PREVENCION_DE_ FUSARIUM_RAZA_4_TROPICAL_EN_PUERTO_RICO/links/57f700e208a-

27 Departamento de Agricultura, 2019, Departamento de Estadísticas Agrícolas. Apéndice A, p.2.

28 https://www.agriculturaenmarchatv.com/2019/08/22/puerto-rico-prohíbe-laimportación-de

29 Mildred Cortés2, Manuel Díaz3, Leticia Gayol4, Ada Alvarado5, Evelyn Rosa-Márquez6 y Wanda Almodóvar7, DISTRIBUCIÓN DE LA SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJENSIS) EN PUERTO RICO’, J. Agrie. Univ. RR. 93(3-4):269-272 (2009).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjV9Nzw7vTpAhU0TTABHR3GCtQ4FBAWMAJ6BAgCEAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.upr.edu%2Findex.php%2Fjaupr%2Farticle%2FviewFile%2F5474%2F4169&usg=AOvVaw2fk8i93nRg-Mqb5lVuEcAy

real sobre su producción y consumo. Las estadísticas sobre producción son aproximadas y provienen del Departamento de Agricultura y de los productores. Según estas estadísticas, todo lo que se produce se consume localmente por lo que es uno de los productos agrícolas para los que según los expertos “somos autosuficientes”. Solamente se importan productos durante periodos de escasez para suplir la demanda.

Rico Banana Inc.: una historia de agricultura local y familiar30

Rico Banana Inc. es la marca y nombre corporativo de una de las principales bananeras de Puerto Rico especializada en el cultivo, cosecha, empaque y distribución del guineo maduro. Fue fundada por un agricultor nacido en el pueblo tomatero y cafetalero de Jayuya. Fulgencio Rodríguez Hernández, ha estado vinculado al cultivo y al negocio del guineo maduro por más de 35 años. Siendo el mayor de una familia de 6 hijos, natural del sector Mameyes, se inició en el negocio del guineo maduro, a los 21 años al quedar responsable de mantener a su familia. Quería ser abogado, pero abandonó sus estudios superiores para dedicarse enteramente a la agricultura una vez su padre enfermó.

Su familia cultivaba café y guineos variedad Montecristo. Como la mayoría de los agricultores de la montaña productores de guineo, participó del negocio de este producto desde sus primeras etapas en la época en que la mayoría de los agricultores le vendían su producción a intermediarios que le pagaban muy poco por las cosechas. Consciente que los intermediarios se quedaban con las ganancias de la venta, comenzó por comprar una camioneta para salir a vender y distribuir el producto directamente en la Plaza del Mercado de Lares. De ahí “One Man Company” -- como se describe--, fue creando una ruta. Compraba a otros agricultores de la montaña y ofrecía el producto a los supermercados.

“Los supermercados exigían calidad—“un guineo jugoso y bonito”. Con esto presente consiguió colocar calidad en seis de las tiendas de los Supermercados Amigo. Descubrió el potencial del negocio del guineo maduro por el gusto y la demanda del consumidor puertorriqueño especialmente de las zonas urbanas.

30 Entrevista a Fulgencio Rodríguez Hernández, 15 de mayo de 2020, Cayey, Puerto Rico. Tras el huracán, el Departamento de Agricultura gestionó y autorizó la importación de plátanos ecuatorianos a la espera que cumplieran los estándares que se requieren para su introducción a la Isla.

González López

En la segunda etapa de su desarrollo empresarial, Rodríguez invirtió en la fase de madurar el producto, comprando tres cámaras rústicas de maduración de guineo a un comerciante en el pueblo de Bayamón (coolers) y en ese municipio desarrolló la operación de maduración, empaque y distribución. Compraba guineo maduro a Bananera Torres en Lares y a otros agricultores y los distribuía en los Supermercados Pueblo. Su estrategia de negocio en esta etapa fue contar con un inventario que le permitía hacer entregas diarias de guineo fresco a los supermercados. En la práctica aprendió a distinguir el gusto del consumidor y a ganar prestigio y credibilidad en el mercado.

En 1986 adquirió Empresas Puertorriqueñas Agroindustriales con una finca en Arecibo de 110 cuerdas. En esta etapa contó con los servicios de un agrónomo hondureño que le asesoró en el cultivo del guineo enano, una variedad muy cultivada en Costa Rica y Centro América. Durante esta etapa confrontó grandes contratiempos debido a los efectos destructivos del huracán Hugo en 1989 y a la dilación de los desembolsos de los seguros y del crédito agrícola. Estos factores retrasaron el proceso agrícola de su finca porque entre otras cosas, retrasó el reacondicionamiento del terreno, la compra de semillas, la siembra, la fertilización y el pago de nómina y otras obligaciones. Este panorama se tornó catastrófico con los daños irreparables que le ocasionó en la finca el uso del fungicida Dupont 50 DF que mató la plantación y le ocasionó daños millonarios.

Con todo, Rodríguez volvió a levantar el negocio y se incorporó como Rico Banana Inc. en el 2007 para cultivar, madurar y vender guineo maduro y otras frutas. Desde el año 2008 realizó una inversión mayor en tecnología para agilizar la producción y maduración del fruto y poder suplir diariamente la demanda del producto. En el 2012 la corporación compró a la Autoridad de Tierras, los terrenos de la antigua Central Rufina en Guayanilla.

La costa sur de la Isla, donde se encuentra esta propiedad es muy rica para el cultivo del guineo. Se le conoce por ser un llano beneficiado por la erosión de las montañas que le aportan materia orgánica y porque sus suelos profundos y francos arenosos responden bien a la fertilización y al riego. Por otro lado, la localización es beneficiosa para el transporte del producto a la planta y para su distribución a las tiendas.

Planta de procesamiento de Rico Banana en Guayanilla, Puerto Rico después del huracán María.

González López

Todas las fases involucradas en el negocio de esta bananera fueron planificadas para crear eficiencia y productividad. La logística de producción conlleva un trabajo diario que se realiza simultáneamente. En la finca tres agrónomos supervisan los cultivos. Se encargan de las siembras, la fertilización, supervisan el riego, observan las plagas y aplican los herbicidas, entre otras cosas. A la misma vez, en el campo otro personal corta los racimos verdes que se transportan diariamente mediante un cable vial aéreo halado por un tractor. Este cable puede llevar a la planta hasta unos 150 racimos a la vez. Ya en la planta un grupo integrado por hombres y mujeres, se encargan de separarlos y del proceso del lavado que se da en unos amplios estanques o piletas provistos de unos 1500 a 2000 galones de agua provenientes de uno de los pozos de la finca. De aquí los frutos se trasladan a las neveras o cámaras de maduración en donde al cabo de cuatro días se logra una maduración óptima tras un estricto control de temperatura y la aplicación de una hormona llamada Etileno. Cada cámara almacena alrededor de 560 cajas. La empresa cuenta con una flota de camiones para la distribución. En la fase de maduración, Rico Banana además ofrece este servicio a otras bananeras lo que es un producto adicional de su negocio.

Antes del huracán María, la empresa mantenía un crédito con la Puerto Rico Farm Credit y había invertido en una tecnología novedosa importada de Italia, única en Puerto Rico y el Caribe para la maduración de guineo. La finca estaba sembrada a toda su capacidad con una producción en la planta que rondaba en 3,500 cajas semanales. Según Rodríguez Hernández, María destrozó la finca: “Con Hugo y Georges no se perdió lo que sufrimos en María”. El huracán con fuerzas de vientos de 165 millas por hora y ráfagas de 210 millas por hora, con una velocidad de traslación de 10 millas por hora generó en la finca y en el País una destrucción sin precedentes. La industria bananera tan vinculada a la de los alimentos, fue una de las más perjudicadas. Los vientos arrasaron las siembras, se inundaron los terrenos y hubo daños cuantiosos en la infraestructura. Como una medida para paliar la escasez de alimentos y la situación de los productores, el Departamento de Agricultura autorizó hasta finales del 2018 la importación del producto. De acuerdo con el secretario de Agricultura, los acuerdos con países latinoamericanos, ayudaría a suplir la demanda de plátanos y guineos en Puerto Rico, sin arriesgar

las plantaciones locales con la introducción de posibles nuevas enfermedades. La importación de guineos, según trascendió en la prensa, se viabilizó a través de la Asociación de Productores de Bananos de Puerto Rico quienes, mediante la entrada de 28 furgones semanales cargados con 1,080 cajas del fruto con la que esperaban responder a la demanda de la Isla hasta que comenzara la producción local. Para muchos bananeros, este acuerdo no llenó sus expectativas, porque ante los rigurosos controles de importación e inspecciones federales de los furgones, el producto se perdía y no se podía vender. Esta situación les ocasionó pérdidas y clientes.

A Rico Banana el huracán María le arrasó 200, 000 plantas en la finca de Guayanilla. Estas representaban un inventario de 77,000 racimos para un total de $1,300,000 en ventas. La empresa prácticamente perdió toda la cosecha y además necesitó acondicionar el suelo para iniciar la resiembra. El seguro agrícola apenas les otorgó $220,000.00 que sirvió solamente para cubrir parte de los gastos de los primeros 4 furgones de fruta que tuvieron que importar de Costa Rica para poder suplir la demanda del producto.

“Comenzamos a levantar la finca en septiembre—explicó Fulgencio-. “Desde ese mes a noviembre nos centramos en la importación de guineo porque queríamos mantener el negocio y el seguro tardaba en llegar. De septiembre a febrero respondimos a nuestros clientes con los productos importados, pero esto no fue suficiente. Decididamente, no nos podíamos cruzar de brazos. Había que volver a la finca.”. Recuperada de los estragos de María, el huracán Fiona volvió a destrozar las siembras y otra vez se puso en marcha el mismo plan anterior para salvar las semillas y las plantas.

La reconstrucción de la finca consistió en un plan estratégico diseñado por el propio Fulgencio con la ayuda de sus hijos y de los agrónomos. En ese plan se tomaron en consideración planes de transformación en la finca y en la planta que ya se habían contemplado anterior al huracán pero que el paso de este fenómeno los obligó a adelantar. Entre ellos: la renovación del sistema de riego, la instalación de placas solares para bajar costos de electricidad en las neveras, la renovación de las plantas, limpieza y mejora de caminos e implementar mejores prácticas de fertilización y reciclaje del plástico del embolsado.

González López

Originalmente se pensó en limpiar y recuperar las cepas preexistentes, pero a insistencias de Fulgencio padre, se descartó mantenerlas porque basado en su experiencia, se estimaba que las existentes al cabo de seis meses darían una aparatosa cosecha y no se tendría producto para el resto del año. Para evitar pérdidas y mantener produciendo la finca, ideó un plan de siembra escalonada que comenzó con la renovación completa de la finca.

Uno de los primeros asuntos a resolver fue el sistema de riego. La finca contaba con un sistema de riego de aspersor es de agua con un gasto de agua estimado en 750,000 gals./día que fue completamente transformado a un sistema de riego por goteo. El segundo paso fue eliminar una población de plantas estimadas en 720 plantas/cuerda que ya contaban con 18 años de producción y enfrentaba la presencia de plagas y enfermedades como la Sigatoka. También fue imprescindible reparar los caminos y limpiar las áreas con malezas.

El plan consideraba eliminar la siembra vieja y hacer una siembra paulatina semanal de lotes de 5 cuerdas para así tener una producción constante y que cuando el último lote se termina de cosechar ya el primer lote sembrado estuviera comenzando a producir.

Se utilizó la misma variedad de guineo antes usada, llamada Grand Nain (Gran enano). Se compraron plantas de reproducción in vitro de meristemo: Plantas limpias, libre de plagas, libre de patógenos con una genética renovada, en una selección traída de Costa Rica y desarrollada por la finca Bananera Fabre de Sabana Grande.

Para la operación se escogió personal esencial. Para cada fase fueron responsables los agrónomos Edgar Pérez encargado de la preparación del terreno (subsolar el suelo, 1 corte de rastra, 1 corte de rastra de terminación, levantar bancos e instalar sistema de riego por goteo. Ángel Gerena, encargado de la siembra (marcado de posición de las plantas, ahoyar los bancos, realizar la siembra de las plantas y alinear las mangas) y Fredy Camacho quien se encargó de los tratamientos post siembra de fertilización.

En términos de recursos humanos se organizaron varios grupos. Unos para recoger los escombros que trajo el río y otros

para recoger el plástico de las bolsas de los racimos. Otros dos grupos para cortar las cepas de guineo y escoger los mejores hijos y otro grupo para reparar el sistema de riego.

Se fertilizó totalmente la finca con abono granular (abono 156-22) por 3 ciclos y el plan de la nueva siembra puso la finca a producir según previsto en enero de 2019.

De lo que se conservó de las plantas viejas ya en la semana 19 del año 2018 la empresa logró sacar al mercado unas 19,256 cajas con producto local.

La inversión de esta reconstrucción ascendió a 1 millón 300 mil dólares y la misma pudo ser posible a través de los recursos privados de la empresa y de un acuerdo de negocio con la Farm Credit en Puerto Rico. El seguro agrícola solo aportó 200,000 mil dólares.

A ese plan de trabajo hay que sumarle combustible, alquiler de maquinarias adicionales, nóminas de otros trabajos como instalación del cable vía, soldadura, etc.

Sobre este proceso el hijo menor de Fulgencio expresa:

El juego y malabares económicos que hicimos fue una ecuación basada en riesgo y valor, ya que apostamos todo en un momento en el cual la finca no era el medio que generaba ingreso, sino más bien, todo se calculó haciendo movidas que provocaron días de no poder dormir mezclados con depresiones y ansiedad.

Esta empresa familiar resistió los huracanes Irma, María y Fiona, los terremotos de enero 2020, también los cambios en el comportamiento del mercado y las nuevas regulaciones sanitarias que siguen imponiendo retos a la agricultura. La demanda por el guineo y la venta de este producto en los supermercados, así como la diversificación de los servicios del negocio familiar contribuyeron a sacar a flote esta empresa que logró saldar sus principales deudas con los acreedores. Hoy día Rico Banana se ha puesto en venta y su valor en el mercado es de 18 millones de dólares. Su fundador lamenta no tener un relevo familiar y muy probablemente el negocio lo comprará un inversionista extranjero, mientras destaca que el principal reto ahora mismo es que los consumidores mayores que gustan del consumo del guineo por tradición no puedan costear la inflación que ya se experimenta en

el costo de este alimento. A lo anterior debemos mencionar que, a nivel global, los expertos señalan a la crisis climática como un detonante del deterioro de esta industria y por esto auguran su desaparición para el 2050.

A manera de conclusión

Por su naturaleza, la agricultura es uno de los sectores productivos más vulnerables de nuestra economía sobre todo porque siempre está amenazada por los desastres naturales, el cambio climático, las plagas, lluvias y sequías prolongadas. La agricultura comercial de exportación o para el consumo local, históricamente no ha logrado atajar el problema de la nutrición y el acceso a la comida de los sectores más vulnerables y con menores ingresos del País. Tras años de discusión e investigación sobre la necesidad de inversión y atención a la actividad agrícola en Puerto Rico, por parte de los distintos proyectos gubernamentales, este asunto sigue siendo un tema relegado en la agenda de prioridades para atender. No obstante, las mismas circunstancias climáticas globales y locales que confrontamos, lo vuelven a colocar en la discusión como uno que amerita atención inmediata y prioritaria. Pero ¿cómo responder a este llamado sin comprometer otra vez nuestros recursos naturales? ¿Cómo acortar las distancias entre la agricultura para la rentabilidad y la agricultura para la conservación y el sustento? ¿Cómo tomar decisiones responsables informadas? Es imprescindible unir voluntades y talentos: las universidades, los científicos, los economistas y las comunidades y conducir estudios que nos permitan conocer mejor las variables sobre pobreza en nuestras poblaciones. Incluir en los estudios a los inmigrantes, a las mujeres, a los niños, a los ancianos y distinguirlos en las poblaciones urbanas y rurales.

Actualmente, en la Isla se ha generado una mayor visibilidad de los comedores sociales y del sector agrícola por parte de una generación joven, (imágenes) muchos comprometidos con mejores prácticas agroecológicas con miras a crear empresas resilientes de cara al futuro. Algunas de estas iniciativas se dan a conocer en los mercados familiares, los mercados orgánicos y a través de plataformas digitales acompañadas de denuncias sobre los altos costos de los alimentos importados y la necesidad de estímulo para apoyar el acceso a la comida y al consumo de productos frescos locales.

Sus voces se escuchan y hacen eco en las universidades y a través de las redes, educando, resistiendo, haciendo voluntariado y mercadeando sus productos frescos.

Estos grupos de corte familiar y cooperativista expresan un compromiso con el ambiente y una ética sobre la comida, cada vez con mayor fuerza en Puerto Rico, educando sobre agroecología y destacando que la política agraria debe responder a tres premisas específicas:

• Priorizar la seguridad alimentaria nacional: alimentos suficientes de calidad para toda la población durante todo el año.

• La naturaleza como algo finito, no debe tratarse bajo criterios desarrollistas y economicistas.

• El agronegocio debe estar supeditado a las dos consideraciones anteriores.

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales enfocan las desventajas de la población envejecida con recursos económicos y salud menguadas, igual que destacando los efectos de la desigualdad social entre los más jóvenes. De todos los sectores se lanza un reto al Estado a formular con premura un plan integrado de seguridad alimentaria fundamentado entre otras cosas en:

-Mayor educación y orientación del tema de la seguridad alimentaria.

-Orientación sobre planes familiares de emergencias.

- Fortalecimiento de los programas nutricionales.

-Educar a la población sobre el valor de fomentar la agricultura para la vida y como empresa para proveer alimentos nutritivos al mercado.

- Apoyar la agricultura con mayores recursos financieros.

- Fomentar la investigación y el mercadeo de los productos agrícolas locales.

- Apoyar las universidades y sus programas agrícolas.

- Implantar un plan de conservación de recursos.

- Incorporar prácticas en las fincas que sean resilientes a fenómenos como los huracanes.

- Conciliar la agricultura a la protección de reservas agrícolas, la adopción de altas tecnologías y el auspicio de productos locales.

Y seguimos en alerta, …vigilando ese Mar de tormentas

Referencias

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el desastre ecológico capitalista: descripción, causas y premisas

Ramón Rosario-Luna

Introducción

Probablemente el máximo problema que enfrentará nuestra especie durante las próximas décadas sea su relación con el ecosistema. Luego de exponer el problema, este informe presenta un marco teórico histórico-materialista-crítico que postula que la producción establece la relación fundamental con la naturaleza y que la incipiente catástrofe es inherente al capitalismo. Después describe el problema ecológico notando la centralidad del calentamiento atmosférico. Indaga en la relación entre capitalismo y devastación ambiental mediante conceptos como huella ecológica, emisiones de carbón, uso de materiales y pérdida de biodiversidad; apunta hacia un cercano punto de no retorno y capta el carácter de clase de este desastre. Posteriormente explicita las premisas de las que parte dicho sistema socioeconómico en su interacción con el ecosistema: escisión, dominación, tecnofilia y reificación.

Base teórica

Planteamiento del problema

Estamos a punto de una catástrofe ecológica de escala planetaria (Ripple et al., 2024). Así lo indican estas mediciones: aumenta la temperatura promedio del aire, los océanos y la superficie; merma la extensión del hielo (marino y glaciares); crece de la producción mundial; se reduce el área cubierta por árboles; decrece el bosque del Amazonas; incrementa el consumo total de energía; se intensifican las emisiones de gases de efecto invernadero y su presencia en la atmósfera; se acidifican los océanos; se eleva el nivel del mar; medra el área quemada en incendios forestales.

Dicha hecatombe es antropogénica (Ramanujan, 2021) y su mayor problema es el efecto de invernadero resultante del uso de combustibles fósiles (NASA, 2025). Armstrong et al. (2022) y Ripple et al. (2024) hablan de punto de no retorno: un aumento en la temperatura atmosférica promedio que tiene como efecto ciclos autoperpetuantes e irreversibles. Este cataclismo es producto exclusivo del capitalismo (Saito, 2023; Rosario-Luna, 2024); y es principalmente responsabilidad de su oligarquía económicopolítica, que usa la base tecno-energética fósil y sus empresas para acumular ganancias (Marx, 1867/1975; Howell, 2025), y es líder mundial en contaminación por su exorbitante nivel de consumo (Nielsen et al., 2024).

¿Cuán cerca está ese punto de no retorno? Sorab (2019) estimó que, dependiendo de cómo lo definamos, ese punto ya se superó en 2019 o lo alcanzaremos en 2045. Otros estudios reportan que ese punto, definido como un aumento en 1.5 centígrados por encima de la temperatura promedio previa a la industrialización, se alcanzará en la década de los 2030; y que un aumento en 2 centígrados por encima de esa temperatura llegaría alrededor de 2040 (Hausfather, 2020).

A partir de esto, podemos formular estas preguntas

1. ¿Qué conceptualización de la relación humanonaturaleza asumir para explicar este fenómeno?

¿Cuál dimensión social define la interacción sociedadecosistema?

2. ¿En qué consiste el incipiente desastre ecológico contemporáneo? ¿Qué problemas ambientales existen?

3. ¿Qué factores generan la catástrofe ambiental? ¿Qué sistema social genera la incipiente hecatombe ecológica?

4. ¿Cuáles son las premisas de ese sistema sociocultural, de sus sujetos y de sus clases dominantes, en su relación con el ecosistema? ¿De cuál epistémica parte el accionar tecnológico, económico y político que engendra el problema ecológico?

Conceptualización: la historicidad de la producción

Etimológicamente, ecología significa el estudio (logos) de la casa (ecos) (Corominas, 1987). Estudia las relaciones que los organismos sostienen entre sí y con su medioambiente. Todo

organismo necesita del ecosistema para vivir; lo transforma para proveerse lo que necesita.

Marx (1844, 1867/1975) llamó trabajo a esa creación de valores de uso que media la relación humano-naturaleza en toda formación social y en la cual el humano se hace a sí mismo y desarrolla su conciencia; esta actividad humana transforma al ecosistema y al sujeto que la realiza. Esa producción de lo que satisface las necesidades establece la relación con el medioambiente y los sistemas de ideas prevalentes en cada momento histórico.

Debido a la importancia del trabajo, la forma de producir fundamenta la organización social y es punto de partida en el desarrollo de las formas sociales de la conciencia (Marx, 1859). Engels (1884) planteó que, en la medida en que las fuerzas productivas se desarrollan, la producción de medios de vida sustituye a las relaciones de parentesco como el principal determinante de la organización social. La tendencia histórica al desarrollo de las fuerzas productivas indica un incremento en la relevancia de los procesos de trabajo y de lo socioeconómico en la relación del humano con el ecosistema.

Los modos de producción están configurados por las fuerzas productivas y por las relaciones de producción y de propiedad que se yerguen sobre dichas fuerzas productivas; y son históricos. Este esquema ayuda a un abordaje inicial:

(1) Desde su surgimiento hace unos 200,000 años hasta hace unos 10,000 años, el Homo sapiens fue recolector-cazador. Las rudimentarias tecnologías líticas posibilitaban limitadas fuerzas productivas. Esa escasez compelía al comunismo: para poder sobrevivir, tenían que trabajar cooperando y distribuir compartiendo. Además, sin plusproducción no puede surgir una clase dominante que viva de apropiarse de esta. Esa baja productividad también equivalía a un uso limitadísimo de los recursos naturales, lo que se tradujo en una relación no dañina con el ecosistema. El contacto relativamente directo con la naturaleza propio de la recolecta-caza propendía a que el sujeto se concibiera como integrado a aquella; y la indefensión propia del bajo nivel tecnológico facilitaba que los sujetos adoraran a la naturaleza como divinidad, pues esta era el poder superior.

(2) Hace unos 10,000 años, el desarrollo de la agricultura y los posteriores desarrollos de las fuerzas productivas vinculados a ella posibilitaron la plusproducción. Esta posibilitó que empezaran a surgir las clases sociales, pues fue posible que una clase social viviera de la plusproducción realizada por otra clase. Se dividió la sociedad entre una clase dominante (que piensadecide y ordena) y una clase dominada (que ejecutaproduce y obedece). A esos contextos de dualismo entre explotadores y explotados les es inmanente la escisión epistemológica entre lo abstracto-pensar-decidir (lo que hace la clase dominante) y lo concreto-hacer-obedecer (lo que hace la clase dominada). La esclavitud y el feudalismo son modos de producción que están organizados en esos términos de dominación-explotación de una clase social por otra y en los cuales esa epistemología dual predomina. Ahí la alienación estructura las formas de trabajar: el trabajador carece de control del proceso de producción y de los productos; y se interpreta a quienes trabajan como cosa a explotar y a la naturaleza como distinta, ajena. Que a partir de esta forma histórica de organizar el trabajo sea la clase dominante y no el sujeto trabajador quien controla la naturaleza profundiza que el humano se asuma separado de esta.

(3) Hace unos 200 años el modo de producción capitalista comenzó a hacerse dominante. A partir de la mecanización del trabajo, la sociedad burguesa ha logrado el máximo desarrollo de fuerzas productivas en la historia de la especie (Marx, 1859; RosarioLuna, 2022a). Eso tiene como consecuencia que esa sociedad sea la más devastadora del ecosistema en la historia de la especie, pues producir es simultáneamente destruir componentes del medioambiente; también que los sujetos de la sociedad burguesa son los que están subjetivamente más distantes de la naturaleza y que, además de creerse separados de ella, imaginan que pueden y deben dominarla.

Abundemos en el capitalismo. La existencia de clases sociales supone un desarrollo de las fuerzas productivas que permite que los trabajadores produzcan más de lo que necesitan para reproducirse. En el capitalismo eso sucede; y se combina con que unos son propietarios privados de medios de producción y otros no son propietarios de esos medios. Estos últimos, los

proletarios, solo pueden conseguir medios de vida vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario por producir mercancías. Como las fuerzas productivas permiten que el obrero produzca una cantidad de valor mayor a la equivalente a su salario, cuando las mercancías se venden, aparece la plusvalía, valor del cual los capitalistas se apropian. Cada capitalista intenta desarrollar las fuerzas productivas para intensificar la explotación y aumentar sus ganancias; eso tiende a incrementar la producción.

Murray Bookchin (1993) planteó que la explotación de los trabajadores y de la naturaleza van de la mano: la clase dominante somete a ambos para acumular valor. Marx (1867/1975) planteó que, en la medida en que el capital se desarrolla, las relaciones mercantiles se generalizan y se universaliza la cosificación, incluso del ecosistema. Así el capital usa la naturaleza-cosa para convertirla en mercancía, la que al venderse se convierte en plusvalor. Dado que el capital tiende a crecer, este incrementa progresivamente su uso de los “recursos naturales”. Esto es especialmente cierto en el capitalismo industrial, cuando las fuerzas productivas, mecanizadas, posibilitan una masa gigantesca de productos, de naturaleza-mercancía-(plus)valor. Sin embargo, el capital no solo agota el ecosistema, también lo envenena. Desde la perspectiva capitalista, los subproductos tóxicos de la producción son asuntos ajenos a la contabilidad: son “externalidades”. Al capital no le importa que su producción contamine; le molesta incurrir en los costos necesarios para reducir/eliminar la contaminación, pues eso merma sus ganancias: el agotamiento de los “recursos” y la contaminación aumentan en la medida en que el capital se expande. ¿Qué brinda este sistema? Ganancias para los capitalistas y devastación ecológica para todos.

El formidable desarrollo de fuerzas productivas alcanzado a principios del siglo veinte planteó un nivel de producción que solo podía evitar crisis de sobreproducción descomunales si ajustaba sus formas de apropiación. El capital hizo concesiones al proletariado que mejoraron sus condiciones materiales incrementando su acceso a las mercancías: esto es el fordismo y el Estado benefactor. Esta reforma capitalista engendró una cultura de consumo que amplió el uso de los recursos naturales. Surgieron promotores de circulación y la idolatría de las mercancías; también sujetos que definen su identidad mediante

el consumo y que desean consumir cada vez más. La seducción hedonista del consumo es una de las bases de la pretensión de crecimiento infinito.

Recordemos que la teorización materialista-histórica-crítica no es reduccionista. Engels (1890) decía que la economía es la última instancia; que concebir al modo de producción como el único determinante es tergiversar. Factores de otra índole (políticos, militares, lingüísticos, étnico-raciales, internacionales, religiosos…) también son decisivos en los procesos sociohistóricos. Esto es asumir una epistemología dialéctica en la cual los efectos simultáneamente operan como causas. Por lo tanto, las ideas son cruciales en la construcción de la historia humana y en la configuración de la relación de la especie con su entorno.

Las ideas reproducen el sistema social del cual surgen y la relación que dicho orden establece con el medioambiente; pero también pueden impugnar ese ordenamiento y promover otro vínculo con el ecosistema. Gramsci (1967) reflexionó sobre la relevancia política de las ideas: propuso el concepto de hegemonía, definido como dominación con consentimiento. Los intelectuales forjan la hegemonía al crear y promover sistemas de interpretación concordantes con los intereses de la clase dominante. Althusser (1970) desarrolló esto mediante el concepto de ideología, falsa conciencia que reproduce la opresión, la que es implantada desde instituciones (religión, escuela, prensa…). Pero también es posible la contrahegemonía, la crítica a las relaciones sociales y ecológicas vigentes, y la impugnación de las ideas que reproducen la opresión; incluso es posible proponer otras relaciones sociales y otra relación con el medioambiente.

Derivando de la conceptualización que desarrolló Marx (1867/1975) sobre las mercancías, Lukács (1923/1970) expuso que la reificación es la forma social de la conciencia fundamental en la sociedad capitalista. Esta escinde valor de uso y valor de cambio: separa lo concreto-cualitativo-valorativo-subjetivo de lo abstracto-cuantitativo-factual-objetivo y exalta lo primero sobre lo segundo. Estas antinomias son el pedestal del pensamiento en la sociedad burguesa y profundizan la epistemología dualista instaurada con la división social en clases. Esa división destruyó la integración propia del comunismo originario, en la que los trabajadores decidían y controlaban sus productos; e inauguró la

división entre abstracciones (asignadas a la clase dominante) y concreciones (manejadas por las clases dominadas). En cuanto a la dimensión ecológica, en el comunismo originario los humanos reconocían pertenecer a la naturaleza, pero la alienación emergida con la división social en clases llevó a que los humanos se creyeran distintos a la naturaleza (Rosario, 2022a). En las conciencias de los sujetos de la sociedad burguesa, las premisas de escisión y subordinación se combinan con el racionalismo matemático propio de su gnoseología mercantil, y se universalizan, aparecen como ontológicas. Hipotetizamos que los presupuestos de escisión, cosificación, dominación y cuantificación son la zapata de la subjetividad en la sociedad burguesa.

Esta pesquisa realiza una tarea epistemológica: explicita premisas primordiales del modo de producción capitalista y de su interacción con el ecosistema. Todo ordenamiento de relaciones sociales y todo patrón de actividad implica unos supuestos, unas ideas y condiciones que les son histórica y lógicamente antecedentes, y que lo configuran (Bateson, 1972, 1990). El modo de producción capitalista y la sociedad burguesa erigida sobre aquel, al igual que otros modos de producción y sus respectivos sistemas sociales, se ampara sobre premisas que guían el pensamiento y las operaciones que realizan. Por lo tanto, la epistemología sirve para poner en relieve las presuposiciones implícitas en cualquier sistema de relaciones. En ese espíritu, esta indagación explicitará los supuestos que subyacen a la desgracia ecológica capitalista.

El pensamiento de Marx (1859/1976) facilita realizar dicha tarea epistemológica. Este vincula a las ideas con el ser social, con las relaciones y actividades humanas; expone que “es el ser social el que determina la conciencia” y que “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general”. A partir de esto puede decirse que las categorías cognitivas, y las premisas epistemológicas sobre las cuales esas categorías se asientan, son expresión de las relaciones desde las cuales se construyen. Cónsono con eso, esta investigación explicita las premisas clave asumidas por el capitalismo en su interacción con el ecosistema.

La siguiente tabla resume lo recién planteado. La columna de la derecha expone una propuesta de cambio que es solo una posibilidad.

Tabla 1: Tipos históricos de relación sociedad-ecosistema

Efecto en el ecosistema

Concepción del ecosistema

Relación sociedad-ecosistema

Daños nulos o menores

Adoración de la naturaleza

Indefensión

Objetivo económico Bienestar colectivo

Proceso productivo Recolecta y caza

Modo de producción

Relaciones de propiedad

Comunismo originario

Propiedad común

Daños nulos o menores

Cosificación incipiente

Agresión moderada

Explotar y acumular

Ecocidio ¿Restauración?

Reificación ¿Respeto?

Agresión intensa ¿Armonización?

Explotar y acumular ¿Bienestar colectivo?

Agricultura Industria ¿Post-industrial?

Esclavitud, feudalismo

Propiedad privada (clases sociales)

Capitalismo ¿Comunismo?

Propiedad privada (clases sociales)

¿Propiedad común?

Base tecnológica Lítica Metalurgia Máquina ¿Cibernética?

Fecha Desde hace 200,000 años hasta hace 10,000 años

Fuente: Elaboración propia.

Describir el desastre

Desde hace 10,000 años hasta 1800 1800 - hoy ¿En algún futuro?

Según Robinson e Igini (2025), estos son los mayores problemas ambientales contemporáneos:

1. El calentamiento global. La temperatura atmosférica ha aumentado en 1.6 centígrados por encima de la temperatura promedio preindustrial (Ripple et al., 2024). Este calentamiento desatará una serie de otros procesos catastróficos: derretimiento del permafrost circumártico y de hielo, la deforestación del Amazonas, megahuracanes frecuentes, oleadas de calor, sequías, inundaciones y una extinción masiva de especies (Armstrong et al., 2022; Robinson e Igini, 2025).

2. La dependencia de combustibles fósiles. Este es el principal factor del calentamiento atmosférico, pues el uso de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero que atrapan el calor del sol. Desde la revolución industrial, esta es la fuente energética primaria de la producción y el transporte. El ordenamiento económico-político vigente no ha sido capaz de resolver este problema, pues tendría que enfrentar poderosas corporaciones.

3. El desperdicio de comida. Un tercio de los alimentos producidos se pierden, lo cual sucede luego de la cosecha o en la venta al detal por razones estéticas que los empresarios estiman que mancillarían sus ventas, y por consiguiente sus ganancias (Robinson e Igini, 2025). La cantidad desperdiciada es suficiente para alimentar a 3,000 millones de personas y es responsable de cerca del 10% de los gases de efecto invernadero emitidos (Organización de las Naciones Unidas, 2024).

4. La pérdida de biodiversidad. El uso industrial y agrícola del terreno engendra esto. El tamaño promedio de las poblaciones de especies silvestres, como mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios, ha menguado en un 73% desde tan solo 1970 (World Wildlife Foundation, 2024). Sobre 47,000 especies están en peligro de extinguirse (Red List, 2025). Muchos científicos hablan de una sexta extinción masiva.

5. La contaminación por plásticos. La cantidad de plástico producida en 2025 es 200 veces más que la producida en 1950 (Robinson e Igini, 2025). Aproximadamente 14 millones de toneladas de plástico llegan al océano anualmente; para 2040 eso aumentará a 29 millones de toneladas y a 600 millones de toneladas si incluimos los microplásticos. Hay cinco grandes “islas” de basura, en las que predomina el plástico (Cantera & Franco-Herrera, 2023). Más del 90% del plástico producido no se recicla.

6. Deforestación. Desde el surgimiento de la agricultura hace 10,000 años, la extensión de los bosques se ha reducido en más de un tercio; la mitad de esa pérdida sucedió desde 1900 (Ritchie, 2021). Anualmente, el capitalismo arrasa con una sexta parte del área boscosa mundial; algunos proyectan que en 2030 tendremos solo el 10% de los bosques de la era preindustrial (Lai, 2025). Esto reduce la capacidad de absorber gases de efecto invernadero. La banca es protagónica en esto, pues proveyó unos $119,000 millones para financiar deforestaciones (Robinson & Igini, 2025).

7. Contaminación del aire. El aire que respira más del 90% de las personas está contaminado y entre 4 y 7 millones de personas mueren cada año por la mala calidad del aire (Organización Mundial de la Salud, 2024). La industria y el transporte basados en vehículos cuya

fuente energética son los combustibles fósiles generan esa contaminación (Robinson & Igini, 2025). En el sur de Asia y en África, donde escasean las regulaciones ambientales y la información pública al respecto, este problema es más grave.

8. Derretimiento de las capas de hielo y elevación del nivel del mar. El calentamiento atmosférico eleva la temperatura de los océanos, lo cual derrite los casquetes polares y los glaciares. La tasa de aumento en el nivel del mar es de 3.2 milímetros anuales, pero a finales de este siglo ascenderá a 70 centímetros anuales (Hamlington et al , 2024). Inmensas áreas residenciales costeras, en las que residen cerca de 400 millones de personas, desaparecerán.

9. Acidificación de los océanos. Este es otro efecto del uso de combustibles fósiles (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2025). El bióxido de carbono forma ácido carbónico al mezclarse con el agua marina. Esta acidificación aniquilará los corales, extinguirá muchas especies y mermará catastróficamente múltiples fuentes alimenticias para humanos.

10. Agricultura. La agricultura consume el 70% del agua dulce disponible (Sotelo, 2025) y reduce la biodiversidad por la eliminación de hábitats (Ritchie, 2022). Usa el 44% de la superficie terrestre (Ritchie & Roser, 2024) y la ganadería es responsable del 75% de ese 44%. La ganadería contribuye con más del 16% de los gases de efecto invernadero (Hussain, 2025).

Robinson e Igini presentan otros cinco problemas ambientales: la degradación de los suelos, la inseguridad del acceso al agua y a la comida, el “fast fashion”, la sobrepesca y la minería de cobalto. Pero, por su estrecho vínculo con la mayoría de los demás dilemas, subrayamos la centralidad del calentamiento global: resulta del uso de combustibles fósiles, es intensificado por el desperdicio alimentos, genera pérdida de biodiversidad, la deforestación lo incrementa, resulta de una contaminación del aire, derrite las capas de hielo y eleva el nivel del mar, lo que lo causa (el uso de combustibles fósiles) es lo mismo que acidifica los océanos, y la agricultura lo amplía. Este calentamiento es el efecto con más determinantes, a la vez que es el factor más devastador.

Explicar el desastre

Estos problemas ecológicos son engendros del capitalismo. En dicha economía, los dueños de las empresas priorizan sus ganancias. Eso requiere producir y vender lo más posible. Producir cada vez más agota los recursos e incrementa la contaminación (los gases de invernadero). Por lo tanto, la enorme producción capitalista es inmediatamente una vasta destrucción del ecosistema. Veamos cómo eso está presente en la comida, la huella ecológica, las emisiones de carbón, el sobreúso de materiales, la pérdida de biodiversidad y en el carácter de clase de esta catástrofe.

Lo problemático del capitalismo se manifiesta en la comida como falta de acceso y como daño ambiental. La inseguridad alimentaria resulta de una contradicción entre una inmensa capacidad productiva y las relaciones de propiedad burguesas: quien posee los medios de producción controla los productos y los usa para obtener ganancias. Como la comida es mercancía, su acceso está mediado por el dinero, al cual las clases trabajadoras y marginadas tienen alcance limitado o casi nulo. Dicha contradicción se agudiza con el neoliberalismo, que entra en crisis porque la desregulación económica engendra sobreacumulación (reduce la demanda agregada y empobrece a las clases subalternas) y porque la desregulación ambiental intensifica los daños ecológicos (Tilzey, 2018). En la producción de alimentos, el neoliberalismo amplifica la apropiación capitalista de la naturaleza, la cual agota por concebirla como sobreabundante y externa (Araghi, 2009). Esto se manifiesta en el desperdicio de comida, la actividad agrícola y ganadera, la degradación de los suelos y la sobrepesca mencionados anteriormente. Moore (2023) aclara que la agricultura capitalista se basa en el valor negativo; este consiste en la apropiación a bajo costo de la naturaleza y en la externalización de costos, que aparecen como agotamiento de recursos y toxicidad.

La huella ecológica mide los impactos ecológicos estimando cuánto terreno y agua necesita una población para producir los recursos consumidos y absorber el desperdicio generado, lo cual se mide en hectáreas globales (Science Direct, 2025). La población mundial usa el terreno 1.7 veces más rápido de lo que la biocapacidad del planeta es capaz de regenerarlo (Earth Overshoot Day, 2025). China es el país líder en huella ecológica;

le siguen EE. UU. e India (Global Footprint Network, 2025). La tabla 2 indica qué países generan las mayores huellas ecológicas.

Tabla 2: Países que usan más hectáreas globales

País Hectáreas globales Porciento

China

5,355,682,189 25.00

EE. UU. 2,555,792,499 11.93

Fuente: Global Footprint Network, 2025.

Sin embargo, dicha medida resulta de diferentes tamaños poblacionales; ante eso se propone medir la huella ecológica en hectáreas globales per cápita. Midiendo en gigahactáreas per cápita, los países cuyos individuos son quienes más gastan el planeta son Catar, con 15.5, seguido de Luxemburgo con 11.4 y Singapur con 10.1. Pero, la población de estos países es pequeña: Catar cuenta con 3.1 millones de habitantes, Luxemburgo con 680,000 y Singapur con 5.9 millones (World Meter, 2025); eso no alcanza la milésima parte de la población mundial (8,270,000 personas). Por lo tanto, aunque la mella ambiental promedio de los individuos de estos países es altísima, su poca población lleva a que el efecto ecológico nocivo total de esos países sea menor.

Entonces la huella ecológica se puede medir en cuántos planetas necesitaría cada país para que la población de la Tierra viva como lo hacen allí. Dicho de otro modo, si todas las personas vivas consumieran al nivel que lo hace un determinado país, ¿cuántos planetas serían necesarios? Asumiendo el umbral poblacional de 8,270,000 o más, Canadá requeriría 5.5 planetas, EE. UU. 5.1, Australia 4.9, Rusia 4.2 y Arabia Saudita 4.1 (Global Footprint Network, 2025).

La huella ecológica está integrada por el uso del terreno (edificación, agricultura, madera…), por el uso del agua (pesca, agricultura, beber…), por la generación de desperdicios y por la huella de carbón, que es la mayor causante del calentamiento global. Esta última se mide mediante las emisiones de carbono, las que resultan de la utilización de combustibles fósiles. El

Acuerdo de París estableció en 2015 la meta de limitar ese calentamiento a solo 1.5 centígrados sobre la temperatura atmosférica preindustrial, lo que requería que los países redujeran sus emisiones de carbón. Pero el aumento en emisiones continuó: en 2023 estas alcanzaron las 52,963 gigatoneladas de bióxido de carbono, 28% más que en 2015 (Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2024). Correspondientemente, ya casi sucedió el efecto que se quería evitar: en 2025 la temperatura atmosférica incrementó en 1.4 centígrados sobre la preindustrial; se espera que alcance 1.5 centígrados a finales de esta década (Copernicus Climate Change Service, 2026). De continuar esta trayectoria, en el año 2050 las emisiones de gases de invernadero habrán aumentado en un 50% (OECD, 2023). Eso provocaría que la temperatura promedio de la atmósfera suba 3 centígrados por encima del promedio preindustrial.

Tabla 3: Países líderes en emisiones de bióxido de carbono (Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2024).

País Porciento del total mundial

China 30

EE. UU. 11

Fuente: Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2024.

¿Qué países lideran estas emisiones? La tabla 3 señala a China (con el 30% del total mundial), EE. UU. (con el 11% del total) e India (con el 8%). Estos suman el 49% del agregado global de estas emisiones (Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2024).

Observando las corporaciones, tan solo 20 empresas emiten el 35% de los gases de invernadero (Byrne, 2025). ¿Cuáles son las que más emiten esos gases anualmente? Saudi Aramco (59,260,000,000 toneladas de dióxido de carbono), Chevron (43,350,000,000 toneladas), Gazprom (43,230,000,000 toneladas) (Howell, 2025; Byrne, 2025). La tabla 4 muestra esto.

Tabla 4: Corporaciones líderes en emisiones anuales de bióxido de carbono

Corporación Millones de toneladas de CO2

Saudi Aramco 59,260

Chevron 43,350

Gazprom 43,230

Exxon Mobil 41,900

National Iranian Oil 35,660

Fuente: Howell, 2025; Byrne, 2025.

El mercado de los combustibles fósiles es enormemente lucrativo. En 2024, el tamaño del mercado mundial de combustibles fósiles fue de $8,320,000,000,000 y en 2034 alcanzará los $13,010,000,000,000 (Precedence Research, 2025). Sobresalen el mercado norteamericano (36%) y el europeo (30%). Energy Profits (2025) advierte cuáles fueron las corporaciones más grandes de esta industria, y sus ganancias en 2024: ExxonMobil ($33,400,000,000), Royal Dutch Shell ($23,700,000,000), Chevron y British Petroleum ($18,200,000,000 cada una). La inmensa acumulación para los dueños de estas corporaciones tiene como costo el calentamiento global. La tabla 5 presenta las corporaciones que más se lucraron.

Tabla 5: Corporaciones de combustibles fósiles con más ganancias

Corporación Ganancias, en millones de dólares

Exxon Mobil 33,400

Royal Dutch

Shell 23,700

Chevron 18,200

British Petroleum 18,200

Total Energies 8,900

Fuente: Precedence Research, 2025.

El nivel de sobreúso de materiales también ayuda a entender el grado de daño realizado por país. EE. UU. perpetra el 27% de ese sobreúso, China el 15%, Japón el 9%, Alemania el 5%; Francia, Reino Unido, Canadá, Italia empatan con el 3% (Hickel et al., 2022). Definiendo a la Unión Europea más Reino

Unido como unidad geoeconómica, esta realiza el 25% de este agotamiento de materiales. Dado que China es capitalista (Coase & Wang, 2023), podemos sumar su sobreúso al de EE. UU., la Unión Europea más Reino Unido y Japón: el resultado es que ocho países son responsables por el 68% del sobreúso contemporáneo. Las naciones de alto ingreso (EE. UU. y la Unión Europea más Reino Unido) son responsables por el 74% del uso excesivo acumulativo de materiales entre 1970 y 2017 (Hickel et al., 2022). Como predice la teorización presentada, la tendencia al crecimiento del capitalismo agota la naturaleza; y las potencias capitalistas lideran la devastación del ecosistema, tanto por su huella ecológica como por su uso excesivo de materiales.

Por la magnitud de la pérdida de biodiversidad, Kolbert (2015) habla de una sexta extinción masiva. Esta resulta del uso del terreno, pues la construcción de edificaciones y la agricultura destruyen los entornos necesarios para muchas especies. El calentamiento atmosférico también reduce la biodiversidad, pues muchos organismos no pueden adaptarse a lo rápido de ese cambio térmico y perecen. Según Red List (2025), más de 47,000 especies están en alto peligro de extinción: el 71% de las cícadas, el 44% de los corales, el 41% de los anfibios, el 34% de las coníferas, el 37% de los tiburones y rayas, y el 27% de los mamíferos. Esta necrogénesis incluye una reducción de más de un 73% en la cantidad de animales silvestres entre 1970 y 2020 (World Wildlife Fund, 2024). El capitalismo vive de la muerte.

El punto de no retorno es la situación en la que las transformaciones en el ecosistema se autoperpetúan. Sorab (2019) estima que ese punto, definido como un aumento de 2 centígrados, llegaría en 2035. Armstrong et al. (2022) plantean que esos cambios acarrearán colapsos de ecosistemas que serán tremendamente peligrosos para el Homo sapiens, y que sucederán de manera abrupta e irreversible. ¿Qué efectos plantean Armstrong et al. para cada nivel de aumento en temperatura atmosférica promedio por encima del preindustrial?

1. Un alza en 2 grados centígrados desaparecerá estos ecosistemas locales: la capa de hielo de la Antártida occidental, la capa de hielo de Groenlandia, el permafrost boreal de Canadá, el giro subpolar del Mar de Labrador en el Atlántico Norte, el hielo del Mar de Barents al norte de Escandinavia y los arrecifes de coral de las áreas tropicales de los océanos.

2. Un incremento de 2 a 4 centígrados llevaría al punto de no retorno a ecosistemas como el bosque del Amazonas, la cuenca subglacial de la Antártida oriental, los glaciares de los Andes y de otras cordilleras, y el monzón de África occidental.

3. Un aumento de 4 centígrados derretiría el permafrost de Siberia, y extinguiría los bosques boreales de Siberia y de Canadá, el hielo del océano Ártico, la circulación de vuelco meridional del Atlántico y la capa de hielo de la Antártida oriental.

Estos destrozos son catastróficos. El derretimiento de las capas de permafrost liberará cantidades gigantescas de gases de invernadero, lo que acelerará el calentamiento de la atmósfera y derretirá masas de agua helada. Ese descongelamiento de hielo elevará el nivel del mar, inundando muchas ciudades costeras; las pérdidas económicas y las migraciones serán descomunales. El aumento en las temperaturas modificará los patrones de precipitación pluvial, generando sequías y crisis alimentarias. Las sequías y el efecto invernadero gatillarán más incendios forestales, lo que emitirá más gases de invernadero. Muchos de los procesos anteriores profundizarán la pérdida de biodiversidad; también aumentarán los conflictos hasta normalizar las guerras, las que pudieran ser de tipo nuclear.

La cantidad de personas no es el factor principal de esta calamidad ecológica. A inicios de 2026 viven sobre 8,270,000,000 seres humanos, se estima que en 2050 habrá unos 9,800,000,000 y que alrededor de 2080 la población llegará a un pico cercano a unos 10,300,000,000 (United Nations, 2026). Ante eso, los neomaltusianos proponen reducir la población (Estenssoro, 2023).

Dado que la mayor parte de ese aumento ocurre fuera de Europa y Norteamérica, donde la población no es caucásica y muchos son pobres, la hipótesis del exceso poblacional potencia al racismo y la aporofobia (Noor, 2022). Ese neomalthusianismo desconoce que los que están en pobreza consumen poco y que los pudientes son quienes más consumen recursos naturales. Esa centralidad de las oligarquías económicas está presente en las decisiones sobre la producción y en la apropiación de lo producido. Como planteamos en el marco teórico, la clase capitalista controla las corporaciones y dirige la producción para generar ganancias. Entonces, si la producción es simultáneamente destrucción de

la naturaleza, al brutal incremento de las fuerzas productivas propio del capitalismo le es inmanente la devastación ecológica; y en el capitalismo ese aumento pretende ser infinito, lo cual es inaccesible y desastroso: la hecatombe ecológica resulta de los intereses de la clase capitalista. Según OXFAM International (2020), en ese año el 10% más rico de la población mundial emitió el 52% de las emisiones de carbono, el 5% más rico produjo el 37% y el 1% más rico generó el 15% de esas emisiones; el 50% más pobre fue responsable de solo el 7% de esas emisiones. Tres años más tarde, el 1% más rico de la población del planeta emitió tantos gases de invernadero como los dos tercios más pobres y las emisiones de esos pudientes causan 1.3 millones de muertes debido al calor excesivo (OXFAM International, 2023). A partir de Cozzi et al. (2023), podemos decir que las clases y las naciones más ricas son las más responsables por los gases de invernadero: burgueses altamente contaminantes que residen en países ricos (Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, EE. UU., Reino Unido y China) versus desposeídos, que viven en la periferia, cuyo nivel de daño es casi nulo. La cantidad de gente no es el problema; este radica en que los burgueses consumen descomunalmente.

Marx proponía resolver la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de propiedad mediante una revolución obrera-socialista: esta sustituiría las burguesas-limitadas relaciones de propiedad por relaciones de propiedad que liberarían las fuerzas productivas de manera que la producción aumentaría y alcanzaría para todos. Eso sería ecocida. En vez de entender las luchas de clase como motor, Walter Benjamin (2005) sugirió interpretarlas como el freno de emergencia de un tren para evitar un desastre; y es perentorio detener la ruta histórica vigente. Nuestra encrucijada obliga a: descartar el productivismo-extractivismo y armonizar nuestra relación con el medioambiente; una base tecnoenergética renovable y menos contaminante; una economía basada en la propiedad social de los medios de producción, en otras formas de trabajar, de apropiarse de lo producido y de consumir; un ordenamiento político más participativo; otras metas de vida; y a otros modos de conocimiento.

La epistémica del capital

Contexto y epistemes

Marx planteaba que la conciencia estaba condicionada socialmente, que las ideas son expresión de las relaciones sociales, en particular el modo de producción. La epistemología crítica aquí manejada dilucida los supuestos de los que parte el capitalismo en su relación con el ecosistema: escisión, dominación, tecnofilia y reificación.

Escisión

El desarrollo tecnológico fortalece la premisa de escisión humano/naturaleza. El incremento en fuerzas productivas lleva a que los productos artificiales predominen, lo cual generaliza una sensación de distanciamiento con lo natural y normaliza la antinomia artificial/natural. El capitalismo, por su superlativo poder productivo, es la cúspide de esta idea. Pero asumir como verdadera esa dicotomía es un error epistemológico: paradójicamente, potenciar la capacidad productiva profundiza esa interacción, porque intensifica el uso de la naturaleza, pues los productos son naturaleza transformada. Además, la identidad ontológica humano-naturaleza es ineludible. Como toda especie, el Homo sapiens es naturaleza (organismos, moléculas, átomos…). Esto no desestima los cierres organizacionales-funcionales; recuerda que la autonomía tiene como condición el interiorizar su contexto, lo que implica que esos seres están hechos de su contexto.

La preponderancia de la premisa de escisión humano/ naturaleza antecede al orden burgués. Podemos trazarla a la revolución neolítica: a la generalización de la agricultura como forma preponderante de trabajar, a la división social en clases que surgió a partir de la agricultura, y a la metalurgia como desarrollo tecnológico trascendental. Con el surgimiento de la agricultura hace unos 12 mil años, los humanos dejaron de ser nómadas recolectores-cazadores: sustituyeron el tomar lo que la naturaleza proveía por controlar la tierra y los animales; esto implicó dominarlos. Hace unos 10 mil años, las sociedades comenzaron a estructurarse en términos de dominación, la cual presupone la escisión: cuando en las relaciones económicas hay explotadores y explotados, en las relaciones políticas el Estado domina a la población, y en las relaciones de género emerge la dominación de los hombres sobre las mujeres, las premisas de

escisión y dominación se ontologizan y la separación humano/ naturaleza aparece como verdadera. Esas premisas fueron reforzadas por el tipo de desarrollo tecnológico acaecido: la metalurgia potenció interpretar a la tierra, a las plantas y a los animales como entidades a dominar (Rosario-Luna, 2022a).

Bateson (1972) captó que, a partir de la revolución industrial, la premisa “nosotros contra el ambiente” es medular. Los elementos de historia material presentados en el párrafo anterior explican el surgimiento de esa premisa como la verdad de una civilización. El orden burgués contrapone humanos y ambiente, los supone separados; si estamos separados de la naturaleza, podemos agredirla sin problema. Ecológicamente sabio sería comprendernos pertenecientes al medioambiente y admitir que ese es el poder superior necesario para vivir (Rosario-Luna, 2010). La incipiente crisis ambiental exige abandonar la premisa de escisión, y asumir que somos naturaleza, pues vivimos asimilando sus componentes.

Asumir como cierta la premisa de la separación humano/ naturaleza posibilita cosificarla. Si creemos que la naturaleza es cosa, podemos poseerla, venderla-comprarla, explotarla, violentarla y dañarla, pues ella es distinta a nosotros y no tiene sentimientos. Lukács (1923/1970) planteó que la conciencia reificada de los sujetos de las mercancías trata todo como si fueran cosas: el territorio, el agua, el aire y los demás seres vivos. Con la división de la sociedad en clases, la economía consiste en la explotación de unos por otros, en la política surge el Estado como violencia garantizadora de esa explotación, emerge el militarismo como expansión de esas violencias, y la opresión patriarcal estructura la familia y la sexualidad. En todas esas dimensiones se interpreta al otro como cosa a dominar; la agresión se torna en la relación normal, incluyendo en la interacción humano-naturaleza. El desarrollo en fuerzas productivas de la industrialización incrementa la distancia humano-naturaleza, lo cual profundiza la cosificación: el extractivismo y el antropocentrismo inherentes a la catástrofe ecológica presuponen la reificación.

Dominación

Bateson nota el rol crucial que tiene en la cultura industrial la premisa “podemos tener control unilateral del ambiente y debemos conseguirlo”. El capital (mal)interpreta al ecosistema

como un almacén de cosas a explotar. Cuando esta perspectiva se hace predominante, los sujetos asumen que los humanos son los únicos entes activos y que pueden-deben someter a la naturaleza. La biotecnología es un pináculo de esta soberbia; es un intento de constituirse como divinidad. Aceptar la superioridad ontológica del ecosistema y de la naturaleza propende a reconocer que esta arrogancia colosal de fantasear con sustituir a la evolución natural por el diseño genético desconoce que la materialidad desborda a la conceptualización, que la tecnología inevitablemente genera repercusiones insospechadas y que esas secuelas pueden ser catastróficas. Esta anti-sofía ecológica cree que la parte puede someter a la totalidad; y olvida que, si la parte triunfa, se derrota a sí misma, porque elimina el contexto del que depende. Más sabio sería comprender la imposibilidad de controlar el ambiente y la vida, y no intentar conseguir ese control.

Un aspecto indispensable de la dominación burguesa es el individualismo. Ideas como “nosotros contra otros” y “el elemento individual (empresa o nación) es lo importante” son dos premisas del industrialismo que Bateson presenta atinadamente. La individualidad está presente en la posesión y venta de la fuerza de trabajo por los proletarios, en la propiedad privada de las empresas, y en los estados nacionales que existen separadamente. Con lo individual como fundamento, se generaliza una cultura de competencia, en la que cada uno intenta obtener más, incluso a costa de los otros: la competencia interproletaria por puestos de trabajo reproduce el desempleo; la competencia interempresarial por ventas engendra oligopolio; la competencia interestatal por recursos y mercados suscita guerras, genocidios, colonialismo e imperialismo (Lenin, 1917/1973). Así unos destruyen a los otros, cada uno concibe a los demás como enemigos y se generaliza la agresión, incluso a la naturaleza: la combinación de agredir la naturaleza y el narcisismo individualista arrasa con el ecosistema. Desbancar la competencia y su narcisismo subyacente es imprescindible para establecer una relación sana con el ecosistema; y posibilita implantar un sistema social e internacional en el que la cooperación y la solidaridad sean premisas constitutivas de las relaciones. Eso solo puede construirse si la sociedad se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y en el control democrático de esos medios y de la dirección política general; Estados basados en

esta economía política tienen muchísima más capacidad para establecer relaciones cooperativas y solidarias.

Según Bateson, en nuestra sociedad “el determinismo económico es sentido común”; se identifica a los códigos de funcionamiento del capitalismo con la verdad. Se convierte en dogma a: la propiedad privada de los medios de producción, la división social en clases, la coexistencia de opulencia con miseria, la explotación de los trabajadores y de la naturaleza, creerse separado de la naturaleza, cosificar y explotar la naturaleza, la pretensión de crecimiento infinito, la cultura de competencia y agresión, que el dinero lo domine todo, que todo sea mercancía y que el Estado garantice todo esto. Los capitalistas no quieren la regulación del mercado porque ellos son los dueños de sus dos elementos primordiales: las mercancías y el dinero; la intervención estatal les resta poder. Esto es más cierto aún en su vertiente neoliberal. Los idólatras del mercado lo presentan como un espacio de libertad individual; esto esconde quiénes controlan el mercado y que la mercancía encubre el proceso explotador que la creó. Ese doble enmascaramiento facilita sacrificar al medioambiente en el altar del dinero (Rosario-Luna, 2010).

Tecnofilia

Para Bateson, otra premisa de la cultura industrial es “la tecnología resolverá los problemas”. La innovación tecnológica es crucial en el capitalismo. Con el propósito de superar los estrechos límites del trabajo manual, los capitalistas desarrollaron la industrialización, trabajar con máquinas. En esta las relaciones sociales son capitalistas (unos controlan la producción y el valor producido; otros obedecen-producen); y también el proceso de trabajo está diseñado por el capital. Marx (1867/1975) llamó a esto subsunción real del trabajo al capital. En este modo de producción específicamente capitalista, el trabajador es apéndice de la máquina, y esta es la encarnación del deseo burgués de extraer plusvalor intensificando la dominación y la explotación del obrero y de la naturaleza. Esto requiere grandes montos de dinero, conocimiento y poder en pocas personas, por lo que es inseparable del autoritarismo. Igualmente sucede con el paso de unas formas de energía a otras: las energías derivadas del vapor, la combustión interna, la electricidad y la energía nuclear requieren crecientes concentraciones de poder y dinero, y potencian la capacidad de explotar. Esto supone y promueve tecnofilia,

componente gnoseológico-epistémico de la tecnocracia, que justifica la intensificación de las explotaciones.

Pero tampoco la tecnofobia, postura de primitivistas, es una salida posible ni deseable. Sin desconocer las críticas a las tecnologías actuales, es pertinente no ignorar que una misma tecnología puede ser apropiada por otra clase con otro proyecto social, y cumplir funciones distintas: en las manos de los capitalistas, la maquinaria es dispositivo de explotación y desempleo; pero controladas por el colectivo de trabajadores que las usan para producir, las ganancias pueden pasar a los trabajadores que las generaron o su productividad superior puede usarse para reducir la jornada laboral. Pero eso sería una liberación formal del trabajo en la cual las mismas formas de trabajar (producción mecanocéntrica) pasan a enmarcarse en nuevas relaciones de propiedad (propiedad colectiva); una liberación real (formal y sustancial) del trabajo advendría cuando, dentro de la propiedad colectiva y el control democrático por sus trabajadores, se desarrollen fuerzas productivas que funden formas de trabajar en las que la subordinación de unos humanos a otros y a la máquina quede superada. Como diferentes tecnologías tienen distinto sentido sociopolítico, otro orden social exige otro sistema tecnológico: la computación y la cibernética parecen apuntar hacia formas de trabajar que pudieran combinar autonomía del obrero individual con una organización planificada de la producción y hacia coordinar la producción con la demanda.

Similarmente, diferentes tecnologías tienen distinto sentido ecológico, por lo cual otra relación con la naturaleza requiere otra base tecnológica: las fuentes de energía renovable (eólica, solar, undimotriz…) parecen mostrar el camino. El uso de los combustibles fósiles como fuente energética de la economía es la principal causa directa del calentamiento atmosférico. Este capitalismo fósil presupone, equivocadamente, que arrojar gases de invernadero a la atmósfera no tiene consecuencias negativas; o que, si las tiene, son irrelevantes. Los problemas ecológicos que de ahí surgen no se superan con un uso socialista de esa base tecnoenergética. El problemático récord ambiental de los socialismos burocráticos demuestra que las tecnologías no son neutrales, pues estas son objetivación de la cosmovisión de quienes las crearon (los capitalistas). Esto implica que modificar las fuentes energéticas es imprescindible para establecer otro

modo de producción, otro orden social y otra relación con la naturaleza. A la vez, implantar otras relaciones de propiedad es indispensable para esa transformación en la peana tecnológica. Si la producción fundamenta la existencia social y aquella se basa en la tecnología, otra tecnología y otro modo de producción son indefectibles para una sociedad sana y para una relación armónica con el ecosistema.

Reificación

Cuantificar es acto gnoseológico inmanente a las relaciones sociales mercantiles, pues esas relaciones están regidas por el valor de cambio: es premisa primaria de la subjetividad del orden burgués. Cuantificar supone escindir y dominar, y es potenciado por la tecnofilia, pues esta ensancha la mercantilización. Esa reducción de todo (tiempo, esfuerzo, relaciones sociales, organismos, ecosistema…) a cantidades de valor se presenta como perspectiva universal (Lukacs, 1923/1970). La intención burguesa de crecimiento infinito presupone esa universalización de la cuantificación: cree que, como los números no terminan, la naturaleza es igualmente inacabable. Distingamos el reduccionismo cuantitativo de la matemática: la desgracia no es pensar abstractamente, es reducir todo a cantidades.

El sujeto mercantil asume que lo abstracto, racional y cuantitativo es superior a lo concreto, intuitivo y cualitativo. En el mundo de las mercancías:

la igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo; la medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración, cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo (Marx, 1867/1975).

La mercancía encarna y oculta actividad humana y relaciones sociales. Encarna actividad porque, en la producción, la actividad humana se convierte en objeto; y, en el consumo, el objeto se hace parte del humano (Marx, 1857-58/1978). Pero al mutar en cosa, esa actividad no deja rastro de ese proceso: el trabajo, generador de esas apariencias, queda subsumido a, y ocultado por, las apariencias que él mismo produjo. Las mercancías, objetivación de unas relaciones sociales de producción capitalistas, encarnan y ocultan relaciones sociales y naturaleza; y en el mundo de las

mercancías ese trabajo aparece como cualidad objetiva de los objetos creados por esa actividad, como cantidad de valor.

Aquí ocurre una inversión: la forma mercantil “refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo” (Marx, 1978) o, lo que es lo mismo, las relaciones sociales vivas y concretas se transforman en cosas inertes que son tratadas cuantitativamente. ¿Cuál es la forma de la conciencia inherente a este modo de vida?: la reificación, el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso, el cual queda relegado a la subjetividad individual.

En el mercado, el acceso de los sujetos a las cosas está regulado por los precios, por el valor de cambio, que aparece como una cualidad objetiva de los objetos. Goldmann (1962) planteó que esto es cardinal para la estructura psíquica de los sujetos del capital: “el valor de cambio hace abstracción de toda cualidad sensible [...] no conoce más que diferencias de cantidad”. En la formación social capitalista, las relaciones humanas cualitativas se transforman en atributo cuantitativo de las cosas inertes, y el trabajo social necesario empleado para producir ciertos bienes aparece como cualidad objetiva de estos bienes. Este proceso de reificación se extiende “progresivamente a la vida psíquica de los hombres en la cual hace predominar lo abstracto y lo cuantitativo sobre lo concreto y cualitativo” (Goldmann, 1962). La matemática es el código de la relación social mercancía, pero esa matematización no es políticamente inocente. Para el capitalista, el valor de uso de los productos es un rodeo para realizar el plusvalor, para acumular. Para lograr esto:

[...] debe primero proceder en el interior de la producción de una manera lo más racional posible, es decir, transponer de una vez todos los elementos cualitativos de la producción (mano de obra, materias primas) en elementos cuantitativos del orden del precio de costo, del rendimiento, etc., es decir, del orden del valor [de cambio] (Goldmann, 1962).

El capitalista es el reificador por excelencia: para este lo existente es materia concreta que él someterá a la abstracta forma del valor. Ontologizada la cuantificación y asumiendo el carácter infinito de los símbolos numéricos, el capital desea crecer infinitamente. Esta fantasía de ausencia de límites emerge

de adjudicar a la naturaleza las cualidades del código matemático (valor de cambio) con el que la representa. Sin embargo, aunque las abstractas cantidades numéricas del valor de cambio sean infinitas, el medioambiente (lo concreto) no lo es. Dicha fantasía es una ilusión narcisista de poder ilimitado, un desconocimiento de los límites reales, una pretensión de no castración, un exceso que aniquila las condiciones de vida: es un culto a la muerte, es la paradoja de un desarrollo hipertrófico de fuerzas productivas que se torna en destructividad, en valor negativo. Las mercancías son nuestros fetiches, son creaciones nuestras ante las cuales nos sometemos. El capitalismo, sistema de producción de fetiches, es el metafetiche, matriz engendrada por nosotros que nos domina; es el becerro de oro en cuyo altar se sacrifica, en pos de la ganancia, el bienestar colectivo provisto por el medioambiente.

Ahora podemos comprender el sentido económico-político de la premisa “vivimos dentro de una ‘frontera’ en infinita expansión” que Bateson postula como medular de la industrialización. El funcionamiento normal del capitalismo engendra desastre ecológico porque los capitalistas explotan a la naturaleza y a los trabajadores para acumular. Debido a que los capitalistas priorizan la ganancia y a que esta es un incremento en el valor existente, esta economía tiende a crecer. Pero, como el valor de cambio es la forma abstracta-cuantitativa de los productos, y como los productos son naturaleza transformada por el trabajo humano, la incesante búsqueda de aumento en valor de cambio incrementa el uso de la naturaleza (el gasto de “recursos” y la contaminación); el desarrollo de las fuerzas productivas amplifica la intensidad y la magnitud de ese proceso. Dicho de otro modo, la prioridad de las corporaciones capitalistas es la ganancia y ese sistema intenta expandirse infinitamente, pero eso es imposible porque los recursos son finitos. Al desconocer esa imposibilidad, el capital masacra la capacidad del ecosistema para sustentar la vida. Por lo tanto, la victoria del capital es la derrota de lo demás (clases sociales, culturas, especies, ecosistemas…); y, como todo ser vivo necesita del ecosistema para existir, el capital arrastra consigo a todo hacia la muerte.

Conclusión

El calentamiento atmosférico lidera un conjunto de catástrofes ecológicas. Examinando la historia de los modos de producción y su interacción con el ecosistema, concluimos que el capitalismo

genera ese desastre ambiental por su tendencia al crecimiento, resultante de su búsqueda de ganancias. Revisar la huella ecológica, las emisiones de carbón, el sobreúso de materiales y la pérdida de biodiversidad, precisa dicha destrucción. Al explicitar los supuestos sobre los que se yergue el capitalismo, notamos que este cree: que el humano está separado del medioambiente, que puede dominar al ecosistema, en endiosar la tecnología y en reificar la naturaleza.

Un próximo paso investigativo sería auscultar las posturas existentes ante el problema ecológico. Sería pertinente preguntar: ¿qué debate existe con respecto a la necesidad de erradicar el capitalismo para establecer una relación sana con el ecosistema?, ¿entre los anticapitalistas existe consenso con respecto al rol del Estado, la base tecnológica, la modernidad y la civilización?, ¿qué presencia relativa tienen las diversas posturas? y ¿cómo estas varían histórica y geográficamente?

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Herbario vivo de etnobotánica caribeña

Junte de saberes históricos, tradicionales y científicos en la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras para ayudar a construir futuros alimentarios boricuas1

Jaime

R. Pagán-Jiménez

Introducción

Las historias profundas y renovadas de un selecto grupo de plantas patrimoniales que han sido de gran relevancia alimentaria, económica y cultural para Puerto Rico y el Caribe, motivan la creación del Herbario Vivo de Etnobotánica Caribeña (HeVEC) en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Esas plantas2 son el eje central de una modesta, aunque compleja exhibición botánica permanente que tiene la finalidad de convertirse en un espacio multifácetico e interactivo para la docencia, la investigación y otras prácticas tradicionales en campos como la paleoetnobotánica, la etnobotánica, la ecología, la botánica, la

1 Dedico este trabajo, y el producto de lo que deseamos hacer como Herbario Vivo de Etnobotánica Caribeña, a un buen padre, agricultor, hijo, esposo, indio, universitario, compañero, surfer y jíbaro, quien, desde que escuchó de este proyecto por primera vez, creyó y apostó por él. Juan Gabriel ‘Guatú’ Negrón Santana fue nuestro primer colaborador del programa Semillero Social para el Futuro-UPRRP que forma parte del esperado Herbario Vivo. Actualmente contamos con semillas todavía viables de nuestro maíz ‘caribeño precoz’ porque afortunadamente él y su compañera Arey-Tiana Marlene González, en su Parcela Dichali, nos ayudaron a producirlo, sabiendo que no podíamos perder este recurso alimentario patrimonial de las islas. Sus semillas son las únicas que hoy siguen siendo viables en nuestro repositorio. Guatú y sus pequeños hijos fueron también quienes nos ayudaron a colocar el primer cercado de la parcela del Semillero Social que hemos querido establecer aquí junto al Laboratorio de Etnoecología y Paleoambientes Humanos en la UPRRP. No digo más. Espero que Guatú siga cultivando todo lo que pueda allá donde se encuentre ahora, y acá en la memoria de todas y todos los que le conocimos.

2 Las plantas patrimoniales son aquellas que guardan un estrecho vínculo histórico y cultural con una sociedad determinada, ya sea por su importancia culinaria, religiosa, medicinal o estética, o por su valor comercial. Ver el listado de plantas en la Tabla 1 (adelante).

antropología, la sociología, la historia, la agricultura, la agronomía y la economía, entre otros.

Como espacio multifacético, el HeVEC tiene la meta de crear en el lugar todas aquellas condiciones que posibiliten explorar, comprender y atender los problemas históricos (Pagán-Jiménez, 2013; Pagán-Jiménez et al., 2020; Pagán-Jiménez & Mickleburgh, 2023; Rodríguez-Ramos, 2010) y del presente que, sin duda, obstaculizan la seguridad y soberanía alimentaria en Puerto Rico (Bezares et al., 2025; Carro-Figueroa, 2002; Ginzburg, 2022; Lincoln Lenderking et al., 2021; Mohammadi et al., 2022; PérezVelázquez et al., 2025; Salud, 2025; Velasquez-Manoff, 2022) Por lo mismo, el HeVEC se ha concebido como un dinámico nodo de encuentros y de irradiación de conocimientos desde el cual se pueden formular distintas soluciones para mitigar este delicado asunto desde múltiples perspectivas académicas e integradoras que sean capaces de tomar en cuenta, concertadamente, las contribuciones que ofrecen la academia, la ciencia, el conocimiento agrícola tradicional y el trabajo comunitario. El corolario de elementos que formalizan esta importante meta del HeVEC evidentemente incide en otras facetas sociales que rebasan el ámbito académico desde el cual emerge nuestro proyecto, pues el lugar mismo de la exhibición permanente posibilita de manera importante el disfrute público de la cultura en sus dimensiones histórica y estética al proveer al visitante un escenario tangible en el cual distintas vertientes del conocimiento (científico, tradicional, popular, artístico) relacionadas con la historia, con el presente y con el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios interactúan horizontalmente, de manera coordinada.

Son tres los objetivos que el HeVEC busca alcanzar. En primer lugar, por medio de las plantas seleccionadas y de sus renovadas biografías vinculadas a nuestros antecesores por casi 8000 años en la región (Pagán-Jiménez, 2012; PagánJiménez & Mickleburgh, 2023), la exhibición permanente de ellas educará, con distintas estrategias pedagógicas3,

3 Entre ellas: (a) la elaboración de textos (en varios idiomas) con nuevo conocimiento redactados de manera simple y agradable, (b) la creación de tarjetas de identificación dinámicas, y de mapas impresos y digitales interactivos (accedidos mediante códigos QR) y (c) la creación de breves vídeo clips con entrevistas o audio grabados con expertas/os en conocimiento tradicional, científico, humanístico o artístico de determinada planta o grupo de ellas.

acerca del rol protagónico que tuvo el Caribe en la historia de la transformación alimentaria más dramática de la humanidad, una historia que comenzó precisamente en nuestra región 530 años atrás. Cabe señalar que las narrativas regionales y globales que diseminan estas historias (e.g., Crosby, 1972; Rouse, 1992) persistentemente han desatendido al Caribe y sus sistemas agroalimentarios indígenas, así como la profunda historia agroeconómica de la región que finalmente posibilitó los cambios alimentarios sin precedentes que iniciaron globalmente en el año 1493 (Earle, 2012). En segundo lugar, el herbario vivo albergará y exhibirá especies vegetales muy importantes de nuestras historias alimentarias, pero que se encuentran actualmente en riesgo inminente de desaparecer, ya sea de nuestros ecosistemas naturales, o de nuestro acervo culinario contemporáneo. Con la armonía producida desde el esfuerzo y los conocimientos provistos por distintas disciplinas académicas, sumado al conocimiento local tradicional que aún se tiene de muchas de esas plantas, pretendemos, desde el HeVEC, elaborar estrategias eficaces y novedosas de reproducción y diseminación de las mismas en los sistemas naturales y agrícolas de la isla. Básicamente pondremos a la ciencia y al conocimiento tradicional a trabajar juntas en la búsqueda de soluciones alimentarias cónsonas con nuestras realidades históricas, geográficas y ambientales. Tercero, los programas educativos e investigativos que le darán vida al herbario, así como las decenas de actividades que emergerán de los mismos, servirán como andamiaje desde el cual se buscará hilvanar una consciencia más elevada, en el mundo académico y en la ciudadanía en general, acerca de la relevancia que tiene el conocimiento etnobotánico antiguo y reciente de las islas para vislumbrar y erigir soluciones alimentarias presentes y futuras basadas en el patrimonio alimentario vegetal de Puerto Rico y el Caribe.

Es un hecho que el Caribe y sus habitantes hemos sido constantemente asechados o directamente impactados por diversos eventos meteorológicos (huracanes y sequías) cada vez más fuertes y frecuentes, y también por las peligrosas fluctuaciones oceanográficas (incrementos en el nivel del mar) (Miller, 2023; Scobie, 2019), o por los extremadamente agresivos sistemas de mercado globales y locales que siguen manteniendo “a raya” la soberanía y seguridad alimentaria que las islas necesitan para persistir y crecer (ver Aponte García, este volumen; Fontánez y

Reyes, este volumen) (Álvarez-Febles, 2018; Comas Pagán, 2009; Félix, 2023). El herbario vivo y todas las actividades derivadas de sus programas se basarán principalmente en conocimientos innovadores que ya han sido producidos (y seguirán siendo producidos) por la ciencia local junto al conocimiento tradicional caribeño que por siglos hemos tenido de las plantas útiles que conforman nuestros sistemas agroalimentarios. La UPRRP, su Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y el Laboratorio de Etnoecología y Paleoambientes Humanos (LEPH), cuentan con los recursos humanos – y con las redes de colaboración y de cooperación necesarias– para crear y mantener un espacio dinámico tan determinante para el presente y el futuro alimentario de Puerto Rico. Caminar con paso firme hacia nuestra seguridad y soberanía alimentaria en esta coyuntura actual requiere primero tener consciencia de lo que ha sido nuestra trayectoria histórica y de sobrevivencia alimentaria por los pasados 8000 años en las islas. Si entendemos y nos apropiamos de nuestras milenarias historias alimentarias recientemente reveladas por la ciencia caribeña, y reaprendemos y nos enorgullecemos de ellas, seguramente tendremos mejores y más claros elementos para construir presentes y futuros alimentarios dignos y realizables.

En este trabajo describimos brevemente cómo se han conceptualizado las distintas facetas materiales y divulgativas del HeVEC para lograr incidir, con el herbario vivo como proyecto multidimensional y como comunidad de prácticas (sensu Wegner, 1998), en las conversaciones necesarias que intentan proveer alternativas a la falta de seguridad y soberanía alimentaria que experimenta Puerto Rico y otras islas del Caribe.

El HeVEC: ¿para qué? ¿para quiénes?

El HeVEC, y la exhibición del nuevo conocimiento agroalimentario que será expuesto y producido en el lugar, desea alcanzar a todos los sectores sociales y grupos de edad de Puerto Rico, pero también de otras regiones caribeñas y a otro público foráneo que nos visita. Inicialmente, debido al espacio donde pretendemos desarrollarlo, la comunidad universitaria de la UPRRP será el primer colectivo en ser alcanzado por toda esa amalgama de conocimientos relacionada con nuestros sistemas agroalimentarios. Este hecho debe producir un flujo multidireccional de conocimientos y nuevas propuestas que faciliten la generación de más conocimiento, lo que potencialmente beneficiará a la

actividad académica en torno a los problemas de la seguridad alimentaria que experimenta Puerto Rico y gran parte de la región caribeña. Aclaramos que la comunidad universitaria de la UPRRP no puede ser definida solo por su alumnado y profesorado. Una parte constitutiva y fundamental de la misma es el resto de la empleomanía docente y no docente que participa activamente de la pervivencia de esa comunidad.

En sintonía con lo anterior, la comunidad escolar pública y privada que se encuentra en la periferia de la UPRRP y posteriormente aquella del resto de Puerto Rico, será parte fundamental de esta iniciativa que les incluye como colaboradoras clave del HeVEC. La preeminencia de la comunidad escolar es esencial en este proyecto porque es nuestra juventud, precisamente, la que usualmente recibe menos conocimientos sobre nuestras historias agroalimentarias que constantemente son renovadas, o sobre las perspectivas que como ciudadanos deberíamos adoptar con la asistencia del sistema educativo oficial para retomar las riendas de nuestro destino alimentario. En este sentido, no es exagerado declarar que por décadas el sistema educativo de Puerto Rico ha desincentivado, sistemáticamente, el interés por la agricultura y por nuestros sistemas de producción agroalimentaria en aras de propiciar el desarrollo de una clase trabajadora diestra en otros frentes comerciales y económicos (industria y tecnología).

A la par con el desarrollo de esos flujos de interacción multidireccional que desarrollaremos con la comunidad escolar de Puerto Rico, hemos contemplado hacer lo propio con las comunidades aledañas a la UPRRP y con otras más lejanas del municipio de San Juan y más pueblos de la Isla. Es conocido que todavía hoy, en nuestras comunidades en general, se expresan diversas formas de producción agrícola, principalmente en el ámbito de la subsistencia familiar, que posiblemente necesitan de un espacio interactivo como el propuesto desde el HeVEC para ampliar sus conocimientos agroalimentarios, o para ofrecer sus conocimientos tradicionales a otros componentes humanos del HeVEC. Otras comunidades de práctica, como son los gremios de agroecología, o los grupos de producción de alimentos tradicionales, pueden encontrar en el HeVEC el espacio y el incentivo necesario para robustecer sus agendas agroalimentarias en beneficio del País.

Finalmente, el HeVEC es un proyecto que también se inserta en la esfera internacional. Por un lado, colaboradoras y colaboradores de la academia global contarán en este espacio con un ecosistema humano idóneo para desarrollar sus propuestas académicas y comunitarias relacionadas con la meta y los objetivos que dan origen al HeVEC. De hecho, colegas de diversas partes del mundo ya han mostrado interés en integrar parte de sus experiencias en el HeVEC mediante el trabajo colaborativo con otras académicas locales y de la región caribeña. Por otro lado, el herbario vivo servirá como un poderoso referente para las comunidades diaspóricas caribeñas residentes en Río Piedras, en San Juan y el resto de Puerto Rico. Las historias agroalimentarias caribeñas basadas en nuestras plantas patrimoniales (Pagán-Jiménez & Mickleburgh, 2023), así como muchos de los problemas socioambientales que han experimentado en sus lugares de origen (Esteban-Cantillo et al., 2024; Lincoln Lenderking et al., 2021; Scobie, 2019), guardan similitudes importantes con esos mismos asuntos que vivimos como boricuas en Puerto Rico. Desde esta perspectiva, aun cuando las historias coloniales y recientes de las distintas islas caribeñas son el producto de experiencias coloniales y transnacionales divergentes (Elliott, 2006), existen algunos elementos históricos coincidentes que nos une como comunidad caribeña en esta región del planeta.

Diseño paisajista, logística de la exhibición y modalidades de transmisión de la información botánica de interés

Diseño general

El diseño paisajista propuesto para el patio interior de la FCS (Figura 1) se basa en las modalidades de exhibición permanente de especies vegetales tropicales que actualmente utilizan muchos jardines botánicos de calibre mundial como el Hortus Botanicus de Leiden (Países Bajos), el Kew Gardens del Royal Botanic Garden (Reino Unido), o el New York Botanical Garden (EEUU). En estos casos, las colecciones botánicas tropicales vivas son conservadas y exhibidas en tiestos o en parches/comunidades de vegetación directamente cultivados en el suelo. El público accede y contempla las colecciones a través de veredas artificiales de concreto, de piedra o madera. En estos grandes jardines botánicos, las colecciones tropicales son mantenidas dentro de sofisticados invernaderos que

cuentan con clima controlado debido a los abruptos cambios estacionales que ocurren en esos países. Las plantas son sembradas en comunidades biológicamente afines para que puedan aprovechar las condiciones ambientales artificiales que requieren para sobrevivir. En nuestro caso, la colección etnobotánica que constituye la exhibición viva permanente está conformada exclusivamente por plantas tropicales nuestras. Afortunadamente, vivimos en una región tropical y ninguna de las plantas de interés necesita invernaderos, construcciones de estructuras permanentes, ni control climático alguno para que se conserven en condiciones óptimas.

Figura 1. Localización del área donde se ha propuesto la construcción del HeVEC en el patio interior de la Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP.

Figura 2. Distribución de elementos existentes en el patio interior, así como de la infraestructura y otros elementos constitutivos del diseño concebido para el HeVEC.

Logística de acceso y movilidad en la exhibición mediante veredas

El acceso principal al área de la exhibición se ha previsto en el pasillo de la planta baja de la Escuela de Trabajo Social (Figuras 1 y 2). El recorrido por las distintas secciones de la exhibición ocurrirá a través de un sistema de veredas o senderos de madera (Figura 3) ligeramente elevado sobre la superficie. De esta forma se evita remover las raíces de los grandes árboles existentes en el lugar. Las tablas de las veredas, que no contará con pasamanos, descansará sobre patas muy cortas (no mayores a 12 pulgadas).

Figura 3. Vereda o sendero confeccionado en madera (patio imaginario). Imagen de Margaret Lopatriello (houzz.com, 2025).

Figura 4. Ejemplo de cubierta o deck central para reuniones y actividades públicas. En éste, se podría integrar bancos de madera para sentarse y que a la misma vez sirvan de barrera protectora para evitar caídas. Imagen de acceso abierto de Indulgy.com (2025).

Diseño y construcción de cubierta/deck flotante

Como área central ideada para el descanso, el relajamiento o la presentación de diversos talleres educativos, se ha propuesto la construcción de una cubierta o deck flotante confeccionado en madera (Figura 4). La superficie final del deck no rebasará las 8 pulgadas de altura. Éste puede ser rectangular, circular o poligonal, incluso, contando con distintos niveles o elevaciones. Se contempla la integración de mesas con sillas, así como bancos de madera fijos y continuos discurriendo a lo largo de cada uno de los lados. Como se puede apreciar en la Figura 5, alrededor del deck se ha visualizado la distribución de algunos de los grupos botánicos más relevantes de la colección. Por lo tanto, el deck y su ubicación dentro del complejo de la exhibición permanente juega un papel relevante y debe mantenerse en todo momento el espacio y su periferia inmediata como uno de los ejes centrales de la exhibición, concretamente para la colocación de plantas clave de la colección botánica.

Principios detrás de la distribución de especímenes

La distribución espacial de las distintas plantas (al menos 42 especies permanentes) de la colección considera la biología de cada una, es decir, sus requerimientos de luz, de agua y de temperatura. Con base en lo anterior, algunas plantas de la colección se situarán debajo o muy cerca de las sombras producidas por los grandes árboles existentes en el patio interior, ya que biológicamente están adaptadas a esas condiciones de luz y humedad (Figura 5). Otras plantas más se distribuirán en aquellas áreas que en el transcurso del día reciben luz de sol directa por un periodo corto de tiempo, pues dicha luz es suficiente para que se mantengan en condiciones propicias para su desarrollo. Asimismo, una serie de plantas comestibles y de temporada (anuales) muy importantes de la colección, sobre todo plantas domésticas como el maíz, la habichuela, la calabaza y otras más que formarán parte del huerto agrícola, serán ubicadas en el sector del patio interior que recibe mayor cantidad de luz solar ya que por cientos/miles de años han sido adaptadas y mantenidas por los seres humanos en esas condiciones ambientales.

Figura 5. Distribución conceptual de infraestructura, de elementos accesorios y de especímenes botánicos del HeVEC.

Diseño y logística de la siembra de especímenes

Ninguna de las plantas de la colección etnobotánica viva será sembrada directamente en el terreno del patio interior. No se excavará ni se removerá el subsuelo como parte de este proyecto debido a que el sistema de raíces de los grandes árboles que existen allí actualmente es sumamente denso, maduro y compacto. Todo el trabajo de construcción se ha contemplado directamente sobre la superficie actual del patio interior mediante el uso de tiestos y cajones de variados tamaños y formas.

Cajones bajos y rectangulares de madera – son receptáculos similares a las llamadas camas o “garden beds” de madera utilizados en la creación de huertos de patio o urbanos. Se ha considerado el uso de estos contenedores, colocados sobre la superficie del terreno, en los lugares destinados para la siembra de plantas, específicamente a lo largo de gran parte de las veredas y también en el huerto. Estos cajones “rastreros” o bajos contendrán tierra acondicionada especialmente para cada una de las especies dispuestas allí, como las siguientes (ver Figura 5): maraca o gruya (Canna indica), maraca montuna (C. jaegeriana), yautía (Xanthosoma sagittifolium), bijao (Renealmia alpiniaaromatica), marunguey (Zamia erosa, Z. pumila, Z. portoricensis) y yuquilla o arrurú (Maranta arundinacea) (todas las anteriores, a lo largo de las veredas y alrededor del deck); maíz Caribeño precoz (Zea mays), lerenes (Goeppertia allouia), calabaza (Cucurbita moschata), habichuela (Phaseolus vulgaris), batata (Ipomoea batatas), y yuca brava (Manihot esculenta) (todas las anteriores, en el huerto).

Cajones de altura media y rectangulares de madera, con una pared enrejada (en madera o alambre) – son receptáculos con patas que contarán con una pared enrejada alta. Lo anterior permite que las 7 especies sembradas en estos cajones (raíz de zarzaparrilla o Smilax domingensis y S. coriacea; guáyaro y ñame gunda o Dioscorea cordata y D. chondrocarpa respectivamente; y ñame mapuey, papa aérea y dunguey o D. trífida, D. polygonoides y D. pilosiuscula respectivamente) se enreden y mantengan su hábito natural.

Tiestos de madera, de concreto, de arcilla o de plástico de diversos tamaños – Otras plantas más que forman parte del diseño paisajista serán sembradas en tiestos grandes de

plástico, de concreto o de madera. Varios ejemplares de dos de las especies de plantas que flanquearán el acceso al área de la exhibición (pasillo de la planta baja de la Escuela de Trabajo Social, ver Figura 5), se dispondrán en tiestos “gigantes” de madera, de arcilla, de cemento o de plástico. Ambas especies son sumamente atractivas y muy llamativas, ya sea por su gran tamaño y rareza (yautía de palma o Xanthosoma acevedoi), o por la profusión y verdor del follaje y la gran cantidad de nuevos “retoños” que emergen de la planta principal (lerenes o Goeppertia allouia) (Figura 6).

Figura 6. Dos especies que se ubicarán en la entrada principal del HeVEC. A la izquierda yautía de palma (Xanthosoma acevedoi) y, a la derecha, lerenes (Goeppertia allouia). Imágenes de Jaime R. Pagán-Jiménez.

Por otra parte, un conjunto de árboles y arbustos sumamente importante en cualquier exhibición etnobotánica permanente de Puerto Rico (e.g., cojoba, cacao, achiote, guanábana corazón, corozo, mamey, aguacate, caimito, zapote amarillo, papaya, higuera, guácima, jagua, tortugo, guayacán y otros [ver área de círculos verdes en la Figura 5; consultar estos nombres en la Tabla 1 adelante]) se ha sido previsto para su siembra en tiestos de tamaño considerable, preferiblemente de madera o de algún otro material más resistente. De esta forma, las distintas especies se desarrollarán mejor al contar con mayor espacio para el crecimiento adecuado de sus sistemas de raíces.

Asimismo, la importante colección de ajíes (ver Tabla 1) que se ha contemplado para la exhibición permanente se mantendrá

en tiestos de madera de buen tamaño (con volumen de entre 8 y 10 galones), pero esta vez con patas y visualmente más estilizados, ya que bordean la vereda de salida (Figura 3). Debido a la escasez actual de dos de estas especies en la naturaleza (llamadas ambas, ají caballero; ver Figura 7) o en los sistemas de cultivo tradicionales en Puerto Rico, se pretende desarrollar una buena cantidad de especímenes que posibiliten la producción de semilla suficiente para su posterior distribución y reinserción en los sistemas agroalimentarios locales y regionales. Ya se han probado con gran éxito varias estrategias de germinación y de producción en tiesto de las dos especies asilvestradas de interés (los ajíes caballeros), por lo que desarrollarlas y mantenerlas como parte de la colección etnobotánica sin duda asistirá favorablemente en la reintroducción de ellas.

Figura 7. Dos especies de ají silvestre que serán exhibidos y reproducidos en el HeVEC. A la izquierda, ají caballero redondeado y, a la derecha, ají caballero alargado. Son dos especies comúnmente llamadas, ambas, ají caballero). Imágenes de Jaime R. Pagán-Jiménez.

Al menos en dos de los escenarios en los cuales varias especies de plantas se disponen en cajones bajos a lo largo de las veredas (yautías comestibles o Xanthosoma sagittifolium [tres variedades]; y marunguey o Zamia erosa, Z. pumila y Z. portoricensis; ver Figura 5) necesitamos que 3 especímenes de cada variedad o especie se siembren en 3 tiestos altos alargados de distinta altura (yautías), o en tiestos rudimentarios confeccionados en piedra caliza, pómez o serpentinita (zamias). Los conjuntos de tiestos de cada variedad o especie se situarán

Ají caballero redondeado (Capsicum annuum ssp. glabriusculum)

Ají caballero alargado (pico de paloma) (Capsicum frutescens)

estratégicamente dentro o frente al grupo de plantas sembradas en los cajones dispuestos al nivel del suelo. De esta forma, se buscan dos cosas: (1) resaltar los hábitos de los ejemplares de cada una de las variedades o especies para que el público pueda observarlos con detenimiento y detalle, y (2) colocar en algún lugar muy cercano de dichos conjuntos de tiestos toda la información etnobotánica de estas plantas.

Despliegue de información etnobotánica (científica, técnica, histórica, artística y tradicional)

Los textos y otros recursos gráficos con información sintetizada sobre las plantas de la colección seguirán algunos parámetros de rotulado ya utilizados en las exhibiciones de otros jardines botánicos. La lengua principal utilizada para producir estos recursos (carteles, gráficos, etc.) será el español, aunque se espera producir la misma información en inglés y en otras lenguas de las islas caribeñas para ser compartida en formato digital, accedido mediante códigos QR, con la potencial colaboración del Programa Graduado de Traducción y del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades (UPRRP).

Panel principal de información sobre la exhibición permanente

Un texto introductorio y a la vez sintético acompañado de imágenes (gráficos y dibujos de líneas, por ejemplo) abrirá el telón del escenario al público. El mismo explicará brevemente el objetivo, pero también el cómo y el por qué del herbario vivo de etnobotánica caribeña en la FCS. Algunas imágenes históricas de ciertas plantas americanas de importancia mundial y documentadas por los cronistas europeos en las islas, así como un mapa general de las Américas mostrando los centros de domesticación de las plantas alimenticias clave en el Caribe isleño antiguo, le proporcionará al espectador/a las herramientas necesarias para visualizar cómo algunas de esas plantas fueron movidas por los pueblos originarios miles de años atrás mediante un sinnúmero de redes de interacción regional con nuestras islas (Pagán-Jiménez et al., 2019; Pagán-Jiménez & Mickleburgh, 2023; Rodríguez-Ramos & Pagán-Jiménez, 2006) y, luego de la invasión europea, hacia el Viejo Mundo (Crosby, 1972; Earle, 2012; Nunn & Qian, 2010).

Paneles botánicos secundarios (tarjetas) sobre las plantas exhibidas

Estos paneles más pequeños (tipo tarjetas), pero con información actualizada condensada, mostrarán datos similares a los que se ejemplifican en la Figura 8 por cada especie exhibida. La información puede ir acompañada de una ilustración del órgano o fruto utilizado por los seres humanos y de un pequeño mapa mostrando su área de origen y sus ritmos de movimiento hacia las islas del Caribe (Figura 9).

Figura 8. Ejemplo de panel pequeño o “tarjeta” informativa que será producido para cada especie exhibida en el HeVEC) (Pagán-Jiménez, 2023).

Figura 9. Ejemplo básico de ilustraciones impresas, digitales o animadas que pueden producirse para algunas de las principales especies botánicas exhibidas (Pagán-Jiménez, 2023). La creación de materiales divulgativos como éste puede extenderse a más de un formato para utilizarse de manera simultánea: (a) gráfico impreso y (b) el mismo gráfico, pero animado (video clip) y accesible al público mediante código QR).

Plantas (especies) que serán exhibidas permanentemente

Las 42 especies de plantas que deseamos incluir inicialmente en la colección del herbario vivo, para su exhibición pública permanente (Tabla 1), están disponibles en Puerto Rico. Algunas son plantas silvestres que se encuentran distribuidas localmente en distintos bosques públicos o en fincas privadas; otras más son plantas silvestres, pero cultivadas y disponibles en algunos programas destinados a la diseminación de plantas nativas. Finalmente, una buena parte de las plantas de interés son cultivadas o domésticas que se encuentran en algunas fincas agrícolas tradicionales. Ninguna de las plantas silvestres que necesitamos adquirir se encuentra en peligro de extinción, aunque varias de ellas sí ostentan algún grado de protección debido a su vulnerabilidad ecológica. Las demás plantas no cuentan con ningún tipo de restricción para su obtención y posterior inclusión en la colección del HeVEC. No obstante, cabe señalar que algunas son de difícil adquisición por haberse abandonado como cultivos primarios hace muchos años en la Isla. La Tabla 1 resume toda esta información, y otra más que es de interés, para que el proceso de planificación y adquisición de las plantas sea preciso y apropiado. Casi ninguna de las plantas de la colección etnobotánica es producida comercialmente. Toca recolectar semillas y otros órganos reproductivos para desarrollarlas desde el HeVEC. Una vez obtenidas las plantas o sus semillas, las mismas se transportarán hasta el HeVEC o a alguna facilidad de invernaderos cercana (EEA-UPRM en San Juan) para su acondicionamiento y posterior siembra en la exhibición permanente.

Plantas que inicialmente formarán parte de la colección del HeVEC (Pagán-Jiménez, 2023).

Tabla 1.

Necesidad de invernadero para acondicionamiento inicial

Estado de conservación

N/A Sí

Parte de la planta necesaria para el herbario

Plantas desarrolladas. De no ser posible, fragmentos de tallo o cormos

Lugar en la exhibición

Common name

Origen (general): nativa, nativa-endémica, exótica, exótica-naturalizada

Veredas

Yautía blanca

Exótica-naturalizada

Taxa

Sí

N/A

Plantas desarrolladas. De no ser posible, fragmentos de tallo o cormos

Veredas

Yautía amarilla

Exótica

(1) Xanthosoma sagittifolium (cultivo-semidomesticada), variedad blanca

(2) Xanthosoma sagittifolium (cultivo-semidomesticada), variedad amarilla

Plantas desarrolladas. De no ser posible, fragmentos de tallo o cormos

Veredas

N/A Sí (3) Xanthosoma sagittifolium (cultivo-semidomesticada), variedad lila

Yautía lila

Exótica-naturalizada

Plantas desarrolladas. De no ser posible, fragmentos grandes de tallos Rara, no protegida

Tiestos gigantes entrada

N/A

Huerto Esquejes viables o plantas desarrolladas

Nativa Yautía de palma

Sí (5) Manihot esculenta (cultivo-domesticada)

Exótica Yuca brava (por identificar)

N/A

(4) Xanthosoma acevedoi (cultivo “olvidado”-asilvestrado)

Sí (6) Canna indica (cultivo “olvidado”-asilvestrado)

Plantas desarrolladas. De no ser posible, rizomas bien desarrollados y viables

Veredas

Maraca, gruya, achira

Exótica-naturalizada

N/A

Plantas desarrolladas. De no ser posible, rizomas bien desarrollados y viables

Maraca montuna Veredas

Exótica-naturalizada

Sí (7) Canna jaegeriana (silvestre)

N/A

Plantas desarrolladas. De no ser posible, rizomas bien desarrollados y viables

Bijao, jengibre de jardín Veredas

Exótica-naturalizada

Sí (8) Renealmia alpinia (silvestre)

Sí

N/A

Plantas desarrolladas. De no ser posible, rizomas bien desarrollados y viables

Bijao, narciso Veredas

Exótica-naturalizada

Sí (9) Renealmia aromatica (silvestre)

2023).

Tabla 1. Plantas que inicialmente formarán parte de la colección del HeVEC

Plantas adultas/desarrolladas. Vulnerable (IUCN)

Veredas

Marunguey

Nativa

Plantas adultas/desarrolladas. Vulnerable (IUCN)

(10) Zamia erosa (silvestre)

Alrededor deck

Nativa Marunguey

Sí (11) Zamia pumila (silvestre)

Amenazada/En peligro (IUCN)

Plantas adultas/desarrolladas.

N/A

Alrededor deck

Nativa-endémica Marunguey

Sí (12) Zamia portoricensis (silvestre)

Plantas desarrolladas o rizomas primarios bien desarrollados y viables

Alrededor deck

Exótica Yuquilla, maranta, arrurrú

Sí (13) Maranta arundinacea (cultivo-semidomesticada)

N/A

Rizomas desarrollados y viables

Sí (14) Smilax domingensis (silvestre)

Veredas, cajón enrejado

Nativa Bejuco de membrillo, raíz de zarzaparrilla

N/A

Rizomas desarrollados y viables

Tubérculos bien desarrollados y viables

Veredas, cajón enrejado

Nativa Dunguey blanco

Sí (15) Smilax coriacea (silvestre)

Sí (16) Dioscorea [Rajania] cordata (silvestre)

Rara, N/A

Nativa Guáyaro Veredas, cajón enrejado

Bulbillos aéreos o tubérculos subterráneos bien desarrollados y viables

Veredas, cajón enrejado

Nativa Ñame dunguey

Sí (17) Dioscorea chondrocarpa (silvestre)

Sí (18) Dioscorea pilosiuscula (silvestre)

Rara, N/A

Bulbillos aéreos o tubérculos subterráneos bien desarrollados y viables

Nativa Ñame gunda Huerto, cajón enrejado

Sí (19) Dioscorea polygonoides (silvestre)

Bulbillos aéreos o tubérculos subterráneos bien desarrollados y viables N/A

Nativa Gunda Huerto, cajón enrejado

Sí (20) Dioscorea trífida (cultivo-semidomesticada)

Rara, N/A

Tubérculos bien desarrollados y viables

Exótica Ñame mapuey Huerto, cajón enrejado

N/A

Sí (21) Goeppertia allouia (cultivo-semidomesticada)

N/A

Plantas desarrolladas o rizomas primarios bien desarrollados y viables

Tiestos gigantes entrada y huerto

Lerén

Semillas viables

Calabaza Huerto

Exótica

Sí (22) Cucurbita moschata (cultivo-doméstica)

Exótica

Tabla 1. Plantas que inicialmente formarán parte de la colección del HeVEC (Pagán-Jiménez, 2023). (Continuación)

Sí

Semillas viables N/A

Tubérculos desarrollados y viables N/A

Semillas viables o plantas previamente desarrolladas N/A

Huerto

Exótica Maíces (exclusivamente caribeños)

Huerto

Exótica Habichuela (Negra, blanca)

Huerto

Exótica Batata de tres meses (cáscara lila, pulpa blanca)

Tiestos mediano tamaño vereda salida

Exótica-naturalizada Ají caballero redondeado

(23) Zea mays (doméstica-cultivo “olvidado”-)

(24) Phaseolus vulgaris (doméstica)

(25) Ipomoea batatas (doméstica)

(26) Capsicum annuum ssp. glabriusculum (silvestre)

N/A

Semillas viables o plantas previamente desarrolladas

Tiestos mediano tamaño vereda salida

Ají caballero alargado

Exótica-naturalizada

(27) Capsicum frutescens (silvestre)

N/A

Semillas viables o plantas previamente desarrolladas

Tiestos mediano tamaño vereda salida

Árboles jóvenes desarrollados Rara, N/A Tal vez

Árboles jóvenes desarrollados N/A Tal vez

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Ají dulce

Cojoba

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Cacao criollo

N/A Tal vez

Árboles jóvenes desarrollados

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Achiote, bija

Exótica

Exótica-naturalizada

(28) Capsicum chinense (doméstica)

(29) Anadenanthera peregrina (silvestre)

(30) Theobroma cacao (doméstica) Exótica

Exótica

(31) Bixa orellana (semidomesticada)

parte de la colección del HeVEC (Pagán-Jiménez, 2023). (Continuación)

que inicialmente formarán

Tabla 1. Plantas

Árboles jóvenes desarrollados N/A Tal vez

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Exótica-naturalizada Guanábana

(32) Annona muricata (doméstica, asilvestrada)

N/A Tal vez

Árboles jóvenes desarrollados

Árboles jóvenes desarrollados Rara, N/A Sí

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Corazón

Corozo Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Mamey

Aguacate

Exótica-naturalizada

(33) Annona reticulata (cultivo, asilvestrada)

(34) Acrocomia aculeata (silvestre) Nativa

Exótica

(35) Mammea americana (cultivo, asilvestrada)

(36) Persea americana (cultivada, semidomesticada)

(37) Chrysophyllum cainito Naturalizada (Nativa?) Caimito

Canistel, Zapote amarillo

(38) Pouteria campechiana (cultivada) Exótica

Sí

Tal vez

Tabla 1. Plantas que inicialmente formarán parte de la colección del HeVEC (Pagán-Jiménez, 2023).

Árboles jóvenes desarrollados N/A

Sí

Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Exótica Papaya, lechosa

Higüera Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Rara, N/A

N/A

(39) Carica papaya

Exótica

Árboles jóvenes desarrollados

Árboles jóvenes desarrollados Rara, N/A

Guácima Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Jagua Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Tortugo Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Exótica-naturalizada

(40) Crescentia cujete

(41) Guazuma ulmifolia (silvestre)

(42) Genipa americana (silvestre) Nativa

Nativa

Sí

N/A

Árboles jóvenes desarrollados

Guayacán Tiestos de madera grandes, mini-arboretum

Tabaco Dispersa en área de ñames del huerto Plántulas jóvenes

Exótica-naturalizada (dispersa en antiguas fincas)

(43) Sideroxylon foetidissimum (silvestre)

Sí (44) Guaiacum officinale (silvestre) Nativa

(45) Nicotiana tabacum (doméstico, asilvestrado)

Cabe señalar que la colección etnobotánica permanente consistirá principalmente de plantas endémicas de las Américas que forman parte de nuestro profundo legado agroalimentario en las islas caribeñas. No obstante, dos áreas amplias e importantes del HeVEC (ver Figuras 2 y 5) se han destinado para la exhibición semi-permanente o intermitente de nuestros demás legados agroalimentarios derivados de nuestras herencias ibérica, africana y árabe las cuales, a su vez, fueron históricamente influenciadas por otras herencias agroalimentarias, como las del sureste asiático. En el HeVEC hemos contemplado todo el amplio espectro de nuestro legado agroalimentario para el disfrute público y para avanzar en nuestra búsqueda de seguridad y soberanía alimentaria.

Fundamentos operativos e integración: un vistazo

El HeVEC tiene la misión de adquirir, producir y mantener en óptimas condiciones un conjunto importante de especímenes botánicos vivos que son de interés etnobotánico (agroeconómico y cultural) local y regional. Con esto pavimentamos el camino para alcanzar la meta trazada. Las plantas en cuestión se distribuirán en el predio del HeVEC de acuerdo con el diseño de siembra y distribución botánica aquí contemplado. El plan de cuido y de mantenimiento de la colección etnobotánica será una tarea que supervisará el LEPH-CIS junto a otras/os colaboradoras/es. Esperamos ejecutarlo con la integración coordinada de distintos grupos de interés asociados a esta iniciativa como, por ejemplo: (a) asociaciones o clubes de estudiantes universitarios, (b) estudiantes universitarios en su carácter individual, algunas/os a través de programas como Estudio y Trabajo y otras/os más mediante un programa de voluntariado que será creado para este fin, (c) personal docente y no docente en calidad de trabajo voluntario, (d) asociaciones o grupos de estudiantes de escuelas cercanas a la UPRRP, y (e) personal de mantenimiento de áreas verdes como parte de sus tareas rutinarias de embellecimiento de las áreas verdes del recinto.

La infraestructura básica y material que se requiere para cuidar y mantener la colección etnobotánica es muy básica. Por un lado, se requerirá en el predio la instalación de agua y de electricidad, así como de herramientas de cultivo elementales (e.g., machetes, azadas, rastrillos, palas, carretillas) y un almacén para resguardar estos equipos. Por otro lado, será necesario contar

con uno o varios invernaderos o umbráculos para trabajar con el acondicionamiento inicial de algunas plantas de la colección, o para desarrollar el programa de reproducción y reintroducción de algunas de ellas en los sistemas agroalimentarios de Puerto Rico. Un pequeño umbráculo pequeño espera ser colocado en el techo del edificio que une a los edificios CRA y REB en la FCS. Ahí se pretende trabajar con los procesos de siembra y germinación de semillas de las plantas que forman parte del programa ‘Semillero Social para el Futuro UPRRP’, actividad esencial del HeVEC. Asimismo, se han celebrado conversaciones formales entre el LEPH-CIS y el Decanato de Asuntos Académicos y de Investigación de la Estación Experimental Agrícola (EEA) de la UPR-Mayagüez para atender, en una serie de umbráculos disponibles en dicho lugar (Jardín Botánico), todas las plantas que necesitan ser reproducidas y acondicionadas previo a su inserción en la exhibición permanente o en las exhibiciones semipermanentes.

Investigación-acción pandisciplinaria

Una parte importante de la operacionalización y proyección extra-universitaria del HeVEC se desarrollará desde el trabajo colaborativo y coordinado que produciremos a través de diversas iniciativas y programas. Por ejemplo, el HeVEC servirá como un lugar para recolectar ‘in-situ’ aquel material botánico que sea necesario en la generación de investigaciones etnobotánicas, botánicas, paleoetnobotánicas, genéticas, químicas, farmacológicas, ecológicas, agronómicas y de cualquier otra disciplina académica o faceta comunitaria que sea necesaria y justificada para cumplir con la meta y objetivos trazados. Este tipo de intervención será preferiblemente el producto de proyectos de colaboración inter- y pandisciplinaria que vincule al personal de la UPRRP con más grupos de interés como: (a) otros académicos del sistema UPR o de más universidades locales e internacionales, (b) estudiantes de escuelas, (c) grupos comunitarios o con intereses específicos en asuntos de alimentación, agricultura o de reivindicación cultural (indígena, africana, jíbara, etc.).

Asimismo, como parte de las estrategias integrativas del HeVEC, otra actividad esencial será (y ya es) su programa ‘Semillero Social para el Futuro-UPRRP’. Una porción importante del mismo se creará posteriormente en un predio que podamos identificar dentro de la UPRRP, o en algún otro terreno de la

Universidad en el área de Río Piedras. Este programa busca producir de manera ágil semillas suficientes de algunos cultivos patrimoniales o tradicionales importantes de Puerto Rico y del Caribe que se encuentran en riesgo de desaparecer. Con esta actividad, en coordinación con agricultores colaboradores de Puerto Rico y de otras islas caribeñas, pretendemos distribuir las semillas producidas para reinsertar las plantas de interés y sus productos en los sistemas agroalimentarios isleños a los cuales alguna vez pertenecieron. Este esfuerzo es similar a otras iniciativas globales (Dockery, 2014; Dwivedi et al., 2019) que intentan identificar y retomar recursos y prácticas de producción agrícola tradicionales, sostenibles y adaptadas a los dramáticos cambios de las condiciones socioambientales que experimenta o experimentará el mundo, sobre todo los archipiélagos tropicales y sus poblaciones.

El HeVEC como proyecto, y nuestro programa del Semillero Social, coincide con otros objetivos de la UPRRP desde donde se ejecutan actualmente diversos programas, políticas administrativas, iniciativas y proyectos de investigación que contemplan la búsqueda de soluciones pragmáticas y sostenibles a la inseguridad alimentaria que vive la isla (e.g., reciente creación del Instituto de Innovación en Sostenibilidad para la Capacitación, Aplicación e Investigación en Ciencias Agroambientales [IINSTARAS, por sus siglas en inglés]). El LEPH-CIS tiene como misión abordar distintas problemáticas de investigación relacionadas con la historia de la producción de alimentos vegetales en el Caribe por los pasados 8000 años. En ese escenario, las investigaciones del LEPH-CIS identifican plantas tradicionales y de gran valor alimentario que fueron paulatinamente reemplazadas por cultivos modificados o por productos agrícolas importados de otros países.

El LEPH-CIS estudia, principalmente, etapas o periodos históricos en los que la población puertorriqueña y de otras islas del Caribe producía la totalidad de los alimentos que eran necesarios para la subsistencia local. Como unidad de investigación y generadora de conocimientos científicos, el LEPH-CIS ya participa activamente de la divulgación popular del nuevo conocimiento mediante la creación de proyectos prácticos de vinculación con diversos grupos de interés. De esta forma, a través del espacio multifacético que se construirá (el HeVEC), seguiremos colaborando en la reactivación de nuestros sistemas

de producción agroalimentaria teniendo como norte el desarrollo de prácticas productivas sustentables de alimentos vegetales para lidiar así con los problemas de seguridad y soberanía alimentaria de Puerto Rico y el Caribe.

El Semillero Social es un programa de gran relevancia en el contexto del HeVEC, sobre todo porque tiene la capacidad de involucrar en esta importante actividad a muchos de los componentes humanos del recinto y de más allá. Invitaremos a la comunidad estudiantil, docente y no docente de la FCS y de otras facultades del recinto a participar de todas las etapas de la producción de plantas, así como a otras actividades específicas y necesarias para el éxito del Semillero Social. Más allá de ayudar o participar como voluntarios, nuestra comunidad puede conocer mejor, y poner en práctica, los detalles del proceso de producción agrícola, adquiriendo: (a) conocimientos prácticos que podrían ayudarles a producir parte de sus alimentos ahora o en el futuro, y (b) nuevos conocimientos académicos acerca de los significados socioambientales que tuvieron las plantas alimenticias patrimoniales del Caribe en el pasado, presente y futuro de nuestra región. Invitaremos también a las comunidades aledañas de Río Piedras (desde ciudadanos hasta escolares) a participar como voluntarios del Semillero Social, así como de otras actividades concretas y talleres que ayuden a crear conciencia sobre la importancia de las plantas alimenticias patrimoniales en nuestra historia, y también en nuestro presente y futuro alimentario.

En fin, el Semillero Social, como componente primario del HeVEC, tendrá un impacto directo, y un efecto integrador, en el sector agrícola de Puerto Rico y de otras islas. La producción de semilla de aquellas plantas alimenticias patrimoniales ya ha permitido que una parte del sector agrícola de Puerto Rico logre acceso a recursos botánicos de interés económico y nutricional que fueron removidos hace décadas de nuestros sistemas agroalimentarios por las prácticas agrícolas industriales y por la excesiva dependencia de productos agrícolas importados. Cada una de las plantas de las cuales podamos producir semilla tiene el potencial de generar no únicamente alimentos no procesados (raw foods), sino series de alimentos derivados de ellas. Esto generaría nuevos escenarios de producción agrícola primaria en el campo mientras, simultáneamente, impulsa la producción de

más derivados alimenticios útiles y típicos en nuestras cocinas. El acceso a las semillas producidas por Semillero Social para el Futuro-UPRRP podría derivar en la creación de una cadena extensa de producción y comercialización que culmine en la fabricación industrial de derivados como harinas y almidón para ciertas preparaciones tradicionales o culinarias, o en la comercialización directa de todos los productos (raw foods y demás derivados producidos) a través de núcleos de producción y de comercialización diseñados por las partes involucradas.

Comentarios finales

El conjunto de elementos que le dará vida al HeVEC es una meta-herramienta de conocimientos científicos y tradicionales. Con ella, las y los usuarios podrán adentrarse en la etnobotánica y en el conocimiento botánico y agrícola tradicional que ha sido históricamente descuidado por las instituciones culturales, educativas y de conservación natural del País. Los elementos del conocimiento botánico y agrícola local que exhibirá nuestro proyecto desde perspectivas científicas y tradicionales, son componentes constitutivos de las culturas puertorriqueña y caribeña. El disfrute de la cultura, como sabemos, es un derecho humano fundamental salvaguardado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (1948), como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1966).

El HeVEC estará majestuosamente custodiado por dos edificios de la FCS, lo que le brindará al lugar de la exhibición permanente una carga simbólica muy particular. ¿Por qué? Porque el conocimiento profundo de las realidades puertorriqueñas y caribeñas que las distintas disciplinas académicas de la FCS históricamente han revelado al mundo, nos ha permitido alcanzar hoy el estado de comprensión de las cosas relativas a nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Es por lo anterior que se promueve desde el LEPH y el CIS la creación de este espacio tan vital para el presente y el futuro alimentario de Puerto Rico. La distribución de las plantas del herbario vivo a lo largo y ancho del patio interior, flanqueada por los edificios de la FCS, permitirá a las/os usuarios imbuirse en la renovada historia etnobotánica de Puerto Rico y el Caribe mientras se reconectan física y emocionalmente con un paisaje mayor y complejo (la FCS, la

UPR) que ha buscado siempre comprender a Puerto Rico y sus diversos problemas socioculturales para encontrar soluciones de futuro dignas y éticamente razonadas.

Las distintas secciones en y alrededor de la exhibición permanente de plantas han sido pensadas como espacios para el esparcimiento individual o colectivo y para la relajación. Habrá banquitos de madera o de otros materiales reciclados dispuestos en algunas de las áreas más atractivas del patio. En el HeVEC se estará todo el tiempo en un lugar diseñado no solo para abstraer información etnobotánica, educativa o cultural importante, sino para imbuirse en él a través de la contemplación estética y emocional. El HeVEC, en este sentido, puede servir como un lugar para aliviar, relajar, disminuir o manejar el estrés muchas veces detonado por la actividad académica diaria, o por las fluctuantes interacciones, a veces tensas, que sostenemos con distintas personas a lo largo del día. Una terraza de patio amplia (deck), en madera y rodeada de plantas de la colección etnobotánica, servirá no solo como un lugar de esparcimiento al contar con mesitas y sillas para disfrutar el entorno, sino también como el lugar para encuentros grupales, para ofrecer talleres diversos, e incluso para presentar libros u otras actividades públicas como sería la degustación de platillos o recetas tradicionales basadas en algunas de las plantas de la colección etnobotánica.

Todas las personas que hagan uso del herbario vivo – desde académicas/os, estudiantes, miembros de la comunidad, hasta las y los turistas que deseen llegar – viajarán en el tiempo hasta el Caribe precolonial y rural de antaño a través del conjunto de historias etnobotánicas renovadas de algunas de las plantas fundamentales para la alimentación local y mundial. Como hemos mostrado, esas nuevas historias formarán parte de la exhibición permanente. El mismo público local e internacional conocerá de primera mano, a través de información histórica recientemente producida, la importancia social, económica y cultural que tuvo el Caribe en la historia mundial de la alimentación vegetal. Las narrativas globales desconocen las particularidades del papel que jugaron el Caribe y sus habitantes en el curso de esa historia que a su vez cambió muchas otras historias mundiales. Todos los sectores de las sociedades puertorriqueña y caribeña que viven en Puerto Rico, pero sobre todo las nuevas generaciones de caribeñas/os que viven en la diáspora y nos visitan, encontrarán

en el HeVEC un lugar para reconectarse, para reaprender y para apropiarse de sus legados etnobotánicos (y agrícolas), lo que posiblemente las/os hará conscientes de su rico origen histórico ahora reescritos desde la ciencia local y el conocimiento tradicional boricua y caribeño.

Las/os visitantes en general, así como las instituciones académicas, del gobierno y del sector privado, también adquirirán en el HeVEC herramientas básicas para comenzar a transformar el conocimiento etnobotánico antiguo y más reciente del Caribe en soluciones frescas que ayuden a mitigar las amenazas actuales y futuras a nuestra seguridad alimentaria. Las/os estudiantes universitarios y de escuela, así como conocedoras/es de nuestras plantas útiles tradicionales, académicas/os locales (e incluso internacionales) y demás habitantes de las comunidades de Río Piedras, de San Juan y de otras áreas de Puerto Rico, encontrarán en el HeVEC un lugar de interconexiones y de coaprendizaje. Aquí todas podrán compartir conocimientos diversos sobre nuestro acervo etnobotánico desde múltiples perspectivas, lo que potencialmente detonará nuevas investigaciones, proyectos colaborativos y programas de capacitación-acción destinados a la búsqueda de soluciones a nuestros problemas actuales y futuros en torno a la seguridad y soberanía alimentaria.

Un proyecto en ciernes

El HeVEC es un proyecto que ha comenzado a materializarse. Apenas estamos trabajando con las etapas más tempranas del mismo que incluyen: la elaboración del diseño paisajista final, la obtención de todo lo necesario para la construcción de las distintas facilidades contempladas y la producción/acondicionamiento de las plantas que forman parte de la exhibición. A continuación, compartimos un código QR que le llevará a la página web oficial de las donaciones a los Proyectos Especiales activos de la UPRRP. Esperamos que el enlace a dicha página siga vigente durante los años venideros. Si desea apoyarnos con su donativo, allí en la página web busque y acceda al proyecto especial número 10. Al pinchar sobre la imagen conceptual del HeVEC que encontrará, podrá iniciar el proceso de donación en línea (es fácil), procurando mencionar, siempre que se le pida, que su aportación es para el Herbario Vivo de Etnobotánica Caribeña.

Referencias

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Bezares, N., Fisher, C., Ramos-Gerena, C. E., Suárez-Gómez, W., Cash, S. B., Nemecek, T., & Blackstone, N. T. (2025). Estimating food availability and self-reliance in island territories: Puerto Rico as a case study. Frontiers in Nutrition, 12, Article 1622876. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1622876

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un repaso teórico sobre la geografÍa económica de la seguridad alimentaria agroecológica en puerto rico

Carlos J. Guilbe López

La agricultura es ahora como el día de las madres, nadie se opone. Pero hay desacuerdo en cuanto a qué tipo de agricultura necesitamos. Puerto Rico tiene un creciente movimiento agroecologista que cuestiona el modelo convencional de agricultura industrial y propone en su lugar la producción basada en la unión de la agricultura y la ecología, y la soberanía alimentaria.

Carmelo Ruiz Marrero (2014) Sociedad de Periodistas Ambientales (SEJ)

Introducción

Los asuntos sobre la alimentación saludable permea como uno de los mayores retos en nuestras sociedades. El acceso a la comida es una prioridad gubernamental en la sana administración pública por lo que existe un compromiso ético hacia todos los sectores, en particular, los más vulnerables o marginados. No existe una forma lineal para abordar el desarrollo local, regional y nacional omitiendo o minimizando la seguridad alimentaria.

Dentro de la geografía humana, los asuntos relacionados con la producción y manejo de la alimentación se concentran exclusivamente en las actividades agrípecuarias sobre la superficie terrestre. Sin embargo, el acceso a una alimentación sana es un concepto complejo que debe integrarse a otras gestiones económicas. Cada actividad que gravita alrededor de la alimentación reproduce una huella sobre la superficie terrestre. Por esta razón, este artículo conjetura que los planes de usos de terrenos y zonificación son herramientas gubernamentales primordiales para garantizar un ordenamiento geográfico que viabilice la seguridad alimentaria del territorio.

La alimentación mediante la agroecología ha adoptado diferentes enunciaciones a lo largo de la historia urbana. En 1974, la Conferencia Mundial de la Alimentación, definió la

seguridad alimentaria como la “disponibilidad en todo momento de suficientes suministros mundiales de alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones en la producción y los precios”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por otro lado, estipula que la agroecología es “es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social”1. Esta definición persigue el desarrollo de iniciativas sostenibles, promueve la justicia social, preservación del ambiente, empresarismo local y el cooperativismo comunitario. Los movimientos agroecológicos son políticos. Estos controvierten la agricultura industrial y se centran en la soberanía alimentaria. En el caso particular de Puerto Rico, en donde más del 85% de la alimentación es importada, la seguridad alimentaria agroecológica adquiere otras acepciones.

Este artículo está dirigido a proponer una guía geográfica que auxilie en la formulación de políticas públicas que promuevan un sistema eficiente de seguridad alimentaria. Simultáneamente, la guía podría servir como modelo de enseñanza en la educación agroecológica. Independientemente de las opciones políticas existentes dentro del ámbito colonial, toda propuesta de desarrollo debe garantizar la producción, acceso y consumo de alimentos saludables para toda la población.

Perspectiva política y demográfica de la seguridad alimentaria

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció en 2018 una guía para atajar el problema del hambre a nivel mundial. El mismo fue parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para el PNUD, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible eran tareas fundamentales para mitigar la desigualdad regional, promover el desarrollo y visibilizar las gestiones de base comunitaria. La inseguridad alimentaria es una condición que afecta a millones de familias en todos los continentes, incluyendo países catalogados como “desarrollados” o “primer mundo”. El acceso genuino a una alimentación digna solo puede ser atajada desde una perspectiva colaborativa en todas las escalas geográficas.

1 Food and Agriculture Organization (FAO) https://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/

Los primeros trabajos gubernamentales relacionados con la seguridad alimentaria en Puerto Rico se popularizaron durante la década del 2010. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) preparó el primer módulo sobre seguridad alimentaria en 2015 mientras que la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) identificó la seguridad alimentaria como una de las metas que debía garantizar el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR) ese mismo año. Pese a la reacción calmosa de las agencias gubernamentales en asuntos sobre la seguridad alimentaria, la preservación de los suelos agrícolas estan presentes a lo largo de la historia de la JPPR . Sin embargo, miles de cuerdas de suelos agrícolas son perjudicadas por los patrones de expansión urbana, en particular a lo largo de los llanos costeros aluviales y valles interiores del País.

Los efectos de los huracanes Irma y María en 2017 alertaron sobre la vulnerabilidad colectiva en relación a los suministros de los alimentos importados. En la actualidad, la conceptualización de un sistema que garantice la seguridad alimentaria es un asunto íntimamente encadenado a las opciones de descolonización que asoman continuamente dentro de la política puertorriqueña. La seguridad alimentaria agroecológica, en todas sus escalas, representa una forma de resistencia cultural, descolonización y reclamación de autonomía política. Esta es una de las razones por el cual este asunto no adquiere el relieve social que merece dentro de la memoria colectiva puertorriqueña. En Puerto Rico existen colectivos y organizaciones sin fines de lucro desarrollando proyectos a diferentes escalas por más de 40 años. Inclusive, varios sectores conservadores locales asocian las iniciativas agroecológicas con políticas socialistas, liberales y radicales. “Eso es cosa de independentistas” es una frase popular hacia la seguridad alimentaria agroecológica dentro de la narrativa dependentista del País2. Pese a la percepción general que existe sobre el potencial de la agroecología sobre el suelo puertorriqueño, Álvarez Febles (2016) sostiene que la misma es una alternativa económicamente atractiva para la soberanía alimentaria.

2 El término agroecológico se refiere, en este artículo, a la implantación de proyectos de escalas comunales y vecinales con tecnología que minimice los impactos nocivos hacia la naturaleza. Dentro de este concepto, el saber ancestral es fundamental y particulariza el modelo adoptado.

Las estructuras poblacionales existentes y proyectadas son importantes en la conceptualización y desarrollo de un sistema alimentario eficiente. El envejecimiento y la pérdida continuada de población tienen implicaciones sobre toda la vida cotidiana (McKay, 2025). La concentración de cohortes en los grupos de la “tercera edad” (población mayor de 65 años) junto a la reducción significativa de población joven (menores de 15 años) crean mayor presión sobre la fuerza laboral (población entre 15 y 65 años)3. El potencial para implantar un sistema orientado hacia la soberanía y seguridad alimentaria agroecológica debe tener presente, en todas sus actividades, las dinámicas demográficas no solamente en las islas sino en la población residente en los Estados Unidos. La estructura poblacional puertorriqueña (Figura 1) y su diáspora son sensitivas a toda iniciativa económica implantada. Esto incluye proyectos masificados orientados a garantizar la seguridad alimentaria agroecológica.

Figura 1

Estructuras poblacionales estimadas para Puerto Rico

Fuente: https://www.populationpyramid.net/puerto-rico

3 Los estudios sobre el consumidor puertorriqueño arrojan que el 36% de la población es considerada como baby boomer (59-77 años). Véase Resumen de Radiografía del Consumidor (2025).

Marco teórico

No existe un modelo idóneo para desarrollar y garantizar la seguridad alimentaria local, regional o nacional. Cada contexto geográfico impone una combinación de factores de producción diferente. Asumiendo que la industria de la alimentación está compuesta de varias actividades económicas entrelazadas, este trabajo utiliza los principios de la Teoría de la Base Económica del geógrafo John Alexander (1952) y la Teoría del Modelo de los Tres Sectores (Three-Sector Model Theory) de Allan G. Fisher (1935), Colin Clark (1940) y Jean Fourastié (1949). Aunque las bases teóricas fueron formuladas en la primera mitad del siglo XX, Le Bris y Gary (2022) y Bah (2010) sostienen que los conceptos y teorías de desarrollo expuestos durante la primera mitad del siglo XX continúan vigentes en el nuevo milenio. La integración de ambos cuerpos teóricos se utilizaron para enmarcar la seguridad alimentaria agroecológica como un sistema de redes coherente y armonioso sobre la geografía nacional.

La seguridad alimentaria debe adoptarse desde una dimensión integrada a otros sectores de la sociedad puertorriqueña. El asunto trasciende la disponibilidad y manejos de los suelos agrícolas. Teóricamente, cada actividad, desde sembrar, procesamiento, transportación, consumo, administración y gerencia debe implantarse desde una perspectiva holística. La localización y naturaleza de actividades primarias (¿Qué debe sembrarse?), secundarias (procesamiento), terciarias (lugares de ventas y consumo), cuaternarias (investigaciones) y quinarias (gerenciales) deben estar sincronizadas espacialmente y respaldadas por los instrumentos de planificación vigentes (Figura 2). En el caso particular de Puerto Rico, la disponibilidad y naturaleza de los suelos, la relación con los Estados Unidos, los discursos gubernamentales neoliberales, proyecciones de crecimiento, el envejecimiento de la población, las relaciones con la diáspora, el acceso a la tecnología y la infraestructura existente configuran un modelo particular.

Guilbe López

Figura 2. Integración de los conceptos de las teorías de base económica y el modelo de los tres sectores para evaluar las actividades complementarias y suplementarias adaptado a la seguridad alimentaria agroecológica en Puerto Rico.

Fuente: Carlos Guilbe López, el autor

Los sectores básicos (o exportación) son manejados desde las ciencias económicas como los actores principales que suscitan desarrollo y prosperidad (Kohler, 2009). Por esta razón, los discursos sobre evolución y crecimiento económico se orientan a diversificar las actividades (primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias) y centralizarse en los sectores básicos (exportación). Bajo este marco teórico, los sectores no-básicos se manejaban como una manifestación orgánica del aumento en la población local con poco impacto sobre el bienestar económico. Contrario a la mirada tradicional, proponemos que el sector nobásico constituya el eje nodal cuando se conceptualizan iniciativas relacionadas con la soberanía y seguridad alimentaria.

En lugares geográficos en donde los terrenos agrícolas son limitados y son manejados con bases especulativas como propiedad inmueble, la viabilidad de la seguridad alimentaria descansa en las políticas de usos de terrenos e intervenciones urbanas eficientes de ordenamiento territorial. Las calificaciones y clasificaciones impuestas sobre el territorio son imprescindibles

para el éxito de toda iniciativa que garantice la alimentación a la población local. En la medida que cada actividad económica se integre espacialmente dentro de las clasificaciones y calificaciones del Plan de Usos de Terrenos (PUT-PR), los planes de ordenamiento territorial (POT) municipales, planes sectoriales y los distritos de zonificación impuestos sobre Puerto Rico, se consolidarán las bases para una estructura económica que enfrente los continuos retos ambientales y contradicciones sociales que incita las desigualdades regionales en el País.

La creación de un modelo comprehensivo en donde se visualice la integración de actividades económicas es una herramienta que facilita los procesos de enseñanza y construcción de conciencia ambiental en el sistema de educación. El manejo de conceptos como “actividades económicas”, “estructura económica comunitaria”, “economía solidaria”, “cooperativismo”, “desarrollo y crecimiento económico”, “calentamiento planetario”, “agroecología” y “sectores básicos” junto a docenas de conceptos de la educación ambiental son fundamentales para el desarrollo de sentido de pertenencia de las comunidades participantes con las iniciativas agrícolas. El éxito en la iniciativa depende, en gran medida, del entendimiento de la ciudadanía general sobre las redes necesarias para concretizar y atajar la alimentación sana y armoniosa con la realidad geográfica nacional.

Breve recuento histórico

Los cultivos para producir alimentos son parte del paisaje en las islas de Puerto Rico. Por varios siglos, incluyendo el periodo precolombino, dominó la agricultura de subsistencia variada en todos los llanos, valles y montañas (Figura 3). En los pasados 200 años el café, el tabaco, ganado y la caña de azúcar dominaron la agricultura comercial bajo los regímenes español y estadounidense.

3 Distribución geográfica de los mayores productos agrícolas en la mayor isla de Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XX.

Fuente: Departamento del Interior de los Estados Unidos

Figura

Puerto Rico sirvió como un laboratorio social para los Estados Unidos (Lapp, 1995). Las condiciones tropicales viabilizaron el desarrollo de experimentos en la agricultura. Durante las primeras décadas del siglo XX, se edificaron estaciones experimentales orientadas a lograr mayor eficacia en la agricultura comercial. En 1935, la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) fue un proyecto protagónico en donde la agricultura fue conceptualizada como una actividad primaria en la conservación y fortalecimiento de las comunidades rurales (Miranda, 2023). Posterior a la Segunda Guerra Mundial y la redefinición de la relación con la metrópolis, germinó el programa de industrialización Manos a la Obra. El programa, definido por los teoremas del naciente orden capitalista mundial, desplazó la agricultura comercial como la actividad primaria básica dentro de la estructura económica del País. Teóricamente, el programa desarticuló las actividades primarias (agricultura) con actividades secundarias (industrias) como los sectores básicos (de exportación) de la economía puertorriqueña. La iniciativa gubernamental de industrialización aceleró los procesos de expansión urbana no-planificada (actividades terciarias) sobre suelos agrícolas. Este escenario implicó un aumento en las importaciones en la alimentación local y pérdida de terrenos agrícolas que se transformaron en áreas urbanizadas.

La reducción de las actividades y espacios agrícolas se tradujo en un aumento en las importaciones no solo desde los Estados Unidos sino desde otros países. Previo al proceso de industrialización y posterior a la invasión estadounidense, la agricultura generaba el 71% del producto doméstico bruto (Ruiz, 2014) y a finales de la década de 1930 se producía el 65% de la alimentación local (Álvarez, 2012). En 1980, las importaciones de alimentos alcanzaron 55% (Santiago, Román, Rodríguez y Ríos, 2015). En la actualidad se estima que la proporción ha aumentado entre 80 y 85%. Irizarry-Ruiz (2016) sugiere que los cambios recientes obedecen a las políticas de importación implantadas bajo el discurso gubernamental neoliberal que afloró durante la década de 1990 en Puerto Rico.

El atascamiento del modelo económico local, las imposiciones del congreso estadounidense en asuntos fiscales desde el 2016, la pérdida del 80% de la producción agrícola debido a los huracanes Irma y María en 2017, la emigración

de un 14% entre 2010 y 2020, la pandemia del 2020 y la incapacidad de recuperación económica en la administración pública local forjaron las condiciones para que varios círculos de la sociedad puertorriqueña desarrollaran mayor consciencia sobre la organización comunitaria y la soberanía alimentaria (Guilbe, 2022). De hecho, dentro del gobierno local (municipal y estatal) las discusiones sobre la formulación y diseño de políticas encaminadas a la producción local de alimentos se hizo evidente en 2015 con la adopción del PUT-PR. Lamentablemente, este plan se encuentra bajo continuos intentos por especuladores y desarrollistas para establecer legislaciones que faciliten la inversión en proyectos residenciales, comerciales, industriales y turísticos que amenazan los recursos naturales, en particular los suelos rústicos con potencial para actividades agrícolas.

La naturaleza agroecológica emana como una propuesta a la instauración de la actividad agrícola como parte de un modelo con base comunitaria. Por definición, la seguridad alimentaria con enfoque agroecológico está definido con principios de una economía solidaria. Estas convierten las actividades primarias como el eje gravitacional de toda la red alimentaria. Bajo el escenario antes descrito, las comunidades agrícolas se convierten en el actor principal en la alimentación. Ortíz-Blanes (2021) recogió el sentir de especialistas locales en donde afirmó que las fincas agroecológicas pueden proveer hasta el 65% de los alimentos para consumo en el País.

La desregulación es una práctica viabilizada por la narrativa neoliberal que permea en las esferas gubernamentales. Este entorno implica, en muchas instancias, un reto a la preservación y conservación del ambiente. Bajo este contexto político, las prácticas agroecológicas orientadas a la soberanía alimentaria adquieren varios dominios; reducir dependencias de las importaciones, creación de empleos, preservar los suelos agrícolas y otros recursos naturales, cristalizar el empoderamiento comunitario y fomentar el empresarismo mediante la educación eco-agrícola.

Criollizando la seguridad alimentaria agroecológica

No existe un modelo único o tradicional de seguridad alimentaria. Dentro de las formas de producción, constantemente emanan combinaciones de relaciones económicas. Las

actividades de producción, movimiento, consumo, investigación y administración relacionadas con la alimentación de productos locales accesibles requieren que las mismas se mantengan sincronizadas espacialmente y que todo el sistema de seguridad alimentaria sea visto y entendido como una red coherente con implicaciones sobre el diario vivir puertorriqueño.

Actividades primarias

La identificación de terrenos para la agricultura es la actividad económica más importante dentro de la cadena para producir alimentos. La presencia y manejo eficiente de suelos y espacios para cultivos es fundamental para toda la red. El sector primario de la seguridad alimentaria agroecológica condiciona los demás sectores del sistema. Los principios agroecológicos apuntan hacia el policultivo en contraposición al monocultivo o agricultura comercial. Sarasola (2024) argumenta que los policultivos, aunque resisten la mecanización masificada, son más resistentes a las plagas, diversifica la producción y sus prácticas armonizan con sus entornos ambientales.

Las iniciativas agroecológicas que emergen continuamente en Puerto Rico son, en su mayoría, policultivos de escalas pequeñas desarrolladas por vecindarios, colectivos, escuelas y otras organizaciones sin fines de lucro. Las decisiones de producción quedan sujetas a las discusiones abiertas dentro de las organizaciones. Estas estructuras son una respuesta a los patrones históricos de monocultivos corporativos. Es importante señalar que la agricultura comercial, es decir a mayores escalas, no está descartada en iniciativas que comienzan como policultivos agroecológicos. El elemento importante en esta transición es la presencia de la comunidad en los niveles gerenciales y la conservación del ambiente. El potencial a expansión físicoespacial de las actividades agrícolas conlleva a una revisión del inventario de suelos en el País.

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Figura 4. Tipos de suelos en Puerto Rico

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) utiliza una taxonomía en donde Puerto Rico contiene ocho (8) de los diez (10) tipos de suelos para el desarrollo de la agricultura (USDA, 2022). Los suelos de mayor producción están presentes en todas las provincias fisiográficas; interior montañoso central, región del carso norteño y los llanos costeros aluviales (Figura 4). Bajo esta clasificación, el discurso dependentista sobre las limitaciones de recursos naturales en Puerto Rico queda entredicho por el inventario de la agencia federal.

El suelo para uso agrícola más extenso son los Inceptisoles. Los mismos cubren el 30.5% de la cantidad de espacio con potencial para cultivos y se caracterizan por un alto contenido de arcilla en sus horizontes intermedios. Son idóneos para una extensa cantidad de frutas y vegetales dentro de la región montañosa. Los Utisoles son el segundo tipo de suelo pero requiere el uso de cal y fertilizantes para mayor producción agrícola. Se ubican en las regiones más húmedas y son convenientes para el cultivo de café, farináceos, frutas exóticas (productos que no son comúnes en los mercados locales) y cítricas. Este tipo de suelo cubre un 18.8% de la superficie con potencial agrícola. El tercer tipo de suelo son los Molisoles. Estos son densos en materia orgánica y el USDA lo considera como uno de los suelos más fértiles a escala global. En Puerto Rico, este suelo se ubica en terrenos llanos y cubren el 15.5% de la cubierta vegetal del País. Pese a la pérdida de grandes extensiones de terrenos agrícolas debido a los patrones de expansión urbana, el USDA estima que cerca del 65% de la cobertura de terrenos existentes (land cover) se pueden dedicar a proyectos agrícolas (land use).

El gobierno de Puerto Rico, mediante el PUT- PR, reconoció los suelos Utisoles en la región montañosa occidental, los suelos Molisoles en los llanos aluviales de la costa sur y los Inceptisoles bajo la clasificación de “suelo rústico especialmente protegido con valor agrícola” y subdividido entre valor ecológico, paisajista o hídrico. El potencial agrícola quedó evidenciado por González y Gregory (2012) en donde detalló un inventario de la cantidad de productos que podrían producir, consumir y exportar. El Economic Development Plan for the Agricultural Sector detalló la variedad de cultivos que se pueden desarrollar tomando en consideración las propiedades químicas y ambientales de los suelos. El potencial para sembrar es continuo debido a las pocas variaciones climáticas

que existen dentro de la región tropical húmeda (Af) y tipo sabana (Aw) que predomina en el País4. Una cuarta parte de las cosechas viables se pueden producir todo el año y no requieren grandes extensiones de terrenos para su cultivo. Estas particularidades hacen posible el desarrollo de inciativas agroecológicas de escala comunitarias y vecinales en todo el País. Véase la Tabla 1 con los cultivos estimados mensualmente para Puerto Rico.

La JPPR realizó varias proyecciones de demanda de suelos agrícolas utilizando el censo poblacional del 2010. El escenario demográfico estipuló un estimado de 74 metros cuadrados de reservas agrícolas por habitante cuando se requería 668 metros cuadrados por habitante para garantizar alimentación vegetariana. Es decir, territorialmente se recomendó, mediante el plan de usos de terrenos aumentar a de 67,790 a 600,000 cuerdas el espacio destinado para sembrar y alcanzar una producción vegetariana que alimentara a toda la población5. El mismo fue un aumento de 8.9 veces el espacio dedicado a la siembra. Teóricamente, esta designación territorial es posible, a lo largo de los valles aluviales de la costa sur y la región montañosa central occidental.

La seguridad alimentaria omnívora constituyó un escenario diferente dentro de las proyecciones del plan de usos de terrenos. Tomando el consumo de carnes en el País, el espacio de suelos agrícolas se estimó en 5,786 metros cuadrados por persona (5.3 millones de cuerdas) con la población del 20106. Esta cantidad responde al consumo de carne de res, la cual requiere un espacio agrícola más extenso en comparación a la crianza de pollos y cerdos. Sin embargo, el área total de cuerdas en Puerto Rico es de 2,270,659 cuerdas de suelos con valor agrícola (para un estimado de 2,483 metros cuadrados por persona). Es decir hay que duplicar

4 Sistema de clasificación climática de Köppen en donde se categoriza los climas utilizando letras para representar patrones de temperaturas y precipitación.

5 Se estima un total de 900,000 cuerdas agrícolas y unas 300,000 cuerdas adicionales para manejo agroforestal. Véase La agricultura ecológica puede producir alimentos para Puerto Rico (2012) de Nelson Alvarez en 80grados+. https:// www.80grados.net/la-agricultura-ecologica-puede-producir-alimentos-para-puerto-rico/

6 En 2010 hubo un consumo de 160,000,000 libras de carne en Puerto Rico en donde la demanda de res (128,000,000 libras) fue el producto de mayor demanda seguido por la carne de pollo (8,660,000 libras) y cerdo (4,610,000 libras). Cabe resaltar que en Puerto Rico se produjo el 14% de la demanda. De toda la industria, la demanda de carne de res sigue en aumento en 2025 (Periódico Metro, 3 de junio de 2025)

el territorio para alcanzar la seguridad alimentaria omnívora. Bajo el escenario antes mencionado, no existe el espacio geográfico para satifacer la demanda dentro de la industria cárnica.

Tabla 1. Productos idóneos para cultivarse en las islas de Puerto Rico

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Todo el año

Aguacate, ajo, apio, berro, cacao, cebolla, china natilla, china valenciana, espinaca, gandul, guamá, guisante verde, habichuela tierna, lechuga, maíz caribeño, maíz dulce, mandarina, naranja, panapén, parcha, repollo, rábano, toronja.

Aguacate, anón, cacao, calabacín, guamá, guanábana, guineo, haba, lechuga, mandarina, pana de pepita, repollo, toronja, tomate.

Acerola, aguacate, anón, caimito, cebolla, coliflor, corazón, granada, grosella, guanábana, guineo, jagua, lechuga, mandarina, mamey sapote, mangó, panapén, pimiento verde, repollo, tamarindo, tomate, toronja, yautía blanca.

Acerola, apío, cacao, caimito, corazón, espinaca, fresa, granada, grosella, guayaba, jagua, lechuga, mamey, mamey sapote, mandarina, nabo, pepinillo, pomarrosa, sandía, tamarindo, toronja.

Acerola, apio, berenjena, caimito, cacao, corazón, fresas, granadilla, grosella, guayaba, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, níspero, pimiento, repollo, pajuil, pomarrosa, sandía, tamarindo.

Acerola, aguacate, berenjena, cacao, caimito, coliflor, fresa, granadilla, grosella, mamey, mamey sapote, jagua, mangó, níspero, pajuil, panapén, pana de pepitas, pepinillo, pomarrosa, repollo, tamarindo, tomate.

Acerola, aguacate, coliflor, corazón, chayote, fresa, granada, granadilla, hicaco, jagua, lechuga, mamey, mamey sapote, mangó, níspero, pajuil, panapén, pepinillo, quimbombó, repollo, sandía, tamarindo, uvas de playa.

Acerola, aguacate, ajo, berro, espinaca, fresa, granada, granadilla, guamá, guayaba, guineo, hicaco, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, níspero, panapén, panasde pepitas, quenepa, uvas de playas, zanahoria.

Aguacate, espinaca, granadilla, guamá, guanábana, guayaba, haba, lechuga, lima, mangó, naranja, níspero, pana de pepitas, quenepa, zanahoria.

Aguacate, apio, batata, café, caimito, coliflor, guanábana, guayaba, jobo de la India, lechuga, lima, mangó, melón, níspero, pana de pepitas, parcha, quenepa, tomate.

Aguacate, ajo, café, carambola, cebolla, china, coliflor, espinaca, jobo de la India, lima, melón, ñame, parcha.

Aguacate, ajo, brocoli, café, coliflor, espinaca, granada, haba, jobo de la India, lima, mandarina, mangó, nabo, panapén, repollo, toronja.

Acerola, ají caballero, ají dulce, arroz secano, arúgula, batata, calabaza, calabaza melona, china, cilantrillo, coco, guanábana, habichuela verde, lechosa, limón, malanga, melón de agua, ñame, papaya, pepinillo de cocinero, pimiento morrón, piña, plátano, recao, yautía morada, yuca.

Fuentes: Economic Development Plan for the Agricultural Sector (2012), Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, Época de cosecha de principales frutas en Puerto Rico, Oficina de Extensión Agrícola y actualizado por el autor.

La seguridad alimentaria estructurada sobre los usos de terrenos no garantiza que se pueda producir todos los alimentos que se consumen. Este escenario, en el caso de la realidad puertorriqueña, es utópico. Sobre éste particular, Álvarez Febres (2012) sugirió cambios en los patrones en la alimentación puertorriqueña y adoptar dietas tradicionales lactoovo-vegetariana. Examinando la experiencia alimentaria en otros países, el consumo de animales se sitúa entre el 10 y 20% en su dieta. Wulf (2019) sostuvo que el filólogo y uno de los “padres” de los movimientos ambientalistas estadounidense, George Perkins Marsh (1801-1882) estimó que la cantidad de tierra necesaria para alimentar animales “era mucho mayor que la que hacía falta para obtener el equivalente nutricional en cereales y hortalizas” (p. 355). Perkins Marsh llegó a la conclusión que la dieta vegetariana era más respetuosa con el medio ambiente que la dieta carnívora. De hecho, Álvarez Febres sostiene que el cronista Fray Bartolomé de las Casas describió a las culturas precolombinas en Puerto Rico como más vegetarianos que carnívoros. El déficit conceptual estimado en la seguridad alimentaria omnívora denota la necesidad de investigaciones científicas, innovaciones tecnológicas, discusiones de propuestas interdisiplinarias como parte de la red de seguridad alimentaria.

Actividades secundarias

El alcance de la seguridad alimentaria en Puerto Rico trasciende la actividad de sembrar los cultivos más productivos en los suelos agrícolas idóneos. El éxito de alcanzar la seguridad alimentaria depende de otras actividades económicas entre la producción y el consumo. Muchos productos agrícolas requieren procesamiento antes de llegar a los mercados. Las mismas son partes de las actividades secundarias. En Puerto Rico, en muchos productos agrícolas, el procesamiento y transportación hacia los mercados son más atractivos económicamente que las actividades primarias. La seguridad alimentaria agroecológica descanza sobre la participación ciudadana en todos las actividades económicas. Contrario a los principios corporativos que permean en la agricultura comercial, el procesamiento (selección, empaque y transformación) de los productos para consumo debe aglomerarse en las regiones en donde se ubican las actividades primarias.

En Puerto Rico, la concentración de suelos agrícolas coincide con la ubicación de los municipios de mayor pobreza. Geográficamente, los mayores núcleos se concentran en la porción montañosa occidental. Santiago, Román, Rodríguez y Ríos (2015) estimaron que las personas con un ingreso menor de $25,000 al año tenían 3.3 veces mayor probabilidad, de pertenecer al grupo con inseguridad alimentaria, que las personas con mayor ingreso. Sobreponiendo la distribución espacial de los suelos agrícolas con los municipios con mayores índices de pobreza apuntan hacia un contexto geográfico en donde una gran población con inseguridad alimentaria reside sobre suelos con potencial agrícola (Figura 5). Por esta razón, la seguridad alimentaria agroecológica representa una alternativa urgente de desarrollo regional para decenas de comunidades distanciadas económica y socialmente de la región metropolitana de San Juan.

Las actividades secundarias que emanan de las actividades primarias en la red de seguridad alimentaria agroecológica deben mantenerse cercanas a los espacios de siembra y cosecha. Algunas de las actividades secundarias son el acondicionamiento de productos, almacenamiento, creación de banco de semillas, empaques, procesamiento (si aplica) y toda transformación o proceso que represente un valor añadido al producto. La proximidad geográfica entre las actividades primarias y secundarias posibiliza la creación de industrias artesanales como mermeladas, jabones, panes, condimentos, lociones, jugos y otros productos como cocinas comunitarias y otras actividades para consumo (sector no-básico) y potencial para la exportación nacional e internacional (sector básico). En escenarios en donde las actividades turísticas se robustecen como la actividad económica de mayor crecimiento, la producción agroecológica local es fundamental para las actividades culinarias y culturales que produce el turismo.

5. Concentración de suelos agrícolas en Puerto Rico y municipios con mayor porciento de familias con ingresos bajo los niveles estadounidenses de pobreza

Figura

Junta de Planificación de Puerto Rico

Guilbe

Fuente:

Actividades terciarias

El movimiento de productos hacia los mercados y la exposición hacia la demanda para su consumo definen, en gran medida, las actividades terciarias dentro de la producción y acceso a la alimentación. Los costes de transportación son un elemento protagónico dentro del sistema. En el caso particular puertorriqueño, el movimiento entre producción y consumo se espesa sobre el sistema de carreteras existente. La conectividad vial entre el mayor mercado (Área Metropolitana de San Juan) y las regiones rurales con suelos agrícolas está definido por una retícula de carreteras secundarias y terciarias. La conectividad vial es relativamente alta. Actualmente existen sobre 21,069.39 millas de carreteras asfaltadas organizadas en un sistema en donde las zonas rurales/agrícolas están conectadas con calles locales y su conectividad con los centros urbanos más cercanos es mediante una red de carreteras terciarias (DTOP, 2023). Los centros urbanos, a su vez, están conectados con otros centros urbanos de mayor tamaño mediante un sistema secundario de carreteras. Finalmente, los mayores centros urbanos están conectados con la región metropolitana de San Juan mediante expresos y autopistas (Figura 6).

La construcción o mejoras capitales sobre las vías de rodaje mejora a la accesibilidad de los terrenos y por ende, hay un cambio en el valor monetario como propiedad inmueble. Pese a la complejidad de estimar valores de terrenos y su relación con la transportación (Lavee, 2015), el principio de bienes raíces es sencillo; mayor accesibilidad al sistema vial, mayor el valor del terreno (por área cuadrada). En lugares como Puerto Rico en donde los terrenos son limitados, la presión de desarrollistas y especuladores es mayor. Por lo general, las mejoras capitales en el sistema vial son empuñadas como una inversión para actividades urbanas (comercios, residencias e industrias) bajo la premisa que la misma fomenta mayor crecimiento económico y desarrollo. En la medida que existen cambios en el valor económico, emanan alternativas para el desarrollo de otras actividades. Los cambios en la accesibilidad de terrenos rústicos creado por su relación espacial con el sistema vial afecta la continuidad de las actividades agroecológicas. Como propiedad inmueble, un aumento en la accesibilidad se traduce en un mayor costo del terreno y en mayores posibilidades de especulación hacia otras actividades más atractivas económicamente.

Figura 6. Accesibilidad vial desde en la región de mayor concentración de suelos agrícolas en Puerto Rico utilizando como mapa-base el 2050 Puerto Rico Multimodal Long Range Transportation Plan (MLRTP).

Guilbe López

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico y el autor.

La preservación de terrenos agrícolas en Puerto Rico está sujeta al manejo gubernamental de la infraestructura vial. Usualmente, las nuevas y renovadas carreteras están acompañadas de mejoras a la infraestructura para proveer agua, electricidad y conectividad virtual. Los planes de ordenación territorial junto al PUT-PR deben mantener el ámbito agrícola en las zonas rurales identificadas previamente para garantizar la producción de alimentos. Este escenario se alcanza controlando la construcción de nuevas vías mediante un programa de mejoras permanentes. La visión gubernamental (en todos sus niveles) debe ser hacia el mejoramiento geométrico, rehabilitación y preservación del sistema existente y minimizar la construcciones de vías primarias y secundarias adicionales dentro de las regiones agrícolas.

Los lugares de ventas o mercados son parte de las actividades terciarias. Estos son los espacios de encuentro entre la oferta y la demanda. Por décadas, los cafetines, colmados, plazas de mercado, supermercados y tiendas por departamentos sirvieron

Guilbe López como nodos de ventas como “comercio al detal”. Su localización se caracterizó por estar en los lugares de mayor accesibilidad vehicular y peatonal. La mayor parte se concentraron en cascos urbanos, centros comerciales y a lo largo de las carreteras principales. Tomando los principios de localización de la clásica teoría de los lugares centrales (Central Place Theory) de Walter Christaller, los negocios de venta de alimentos configuran un patrón equidistante dentro de una zona urbana. Este patrón espacial minimiza tramas de competitividad entre los diferentes lugares para la oferta y garantiza mayor accesibilidad a la demanda (consumidores). Por esta razón, el uso en los lotes de mayor accesibilidad están dominados por actividades comerciales.

Los crecientes mercados agroecológicos no se concentran en los espacios en donde tradicionalmente se han localizado los comercios de alimentos. Por el contrario, se establecen temporeramente en lugares no tradicionales como estacionamientos, facilidades deportivas y otros espacios que no gozan de la accesibilidad que existe hacia los supermercados y mercados modernos. Los reglamentos de zonificación municipales (POT) y el PUR-PR deben viabilizar espacios más accesibles mediante la modificación de distritos comerciales especiales que se dediquen a la venta y consumo de productos agroecológicos (Figura 7) . Estas áreas permanentes, como parte de los usos dotacionales, deben ser accesibles a los movimientos peatonales, ciclistas y vehiculares dentro de los suelos urbanizados (existentes) y urbanizables (para desarrollo en los próximos 8 años). Los mismos podrían ser escuelas en deshuso, plazas de mercado, centros comerciales abandonados (grayfields) y lotes industriales en desuso (brownfields).

Figura 7. Mercado agroecológico en localidad temporera como La Buena Vida en la plaza de recreo de Rincón, Puerto Rico

Fuentes: Desarrollo Turístico y Cultural Rincón Post

El reconocimiento y creación de espacios de venta y consumo de productos agrícolas administrado por los mismos productores comunitarios viabiliza la cadena de seguridad alimentaria porque elimina, o al menos modifica, la presencia de intermediarios externos en la relación entre productores y consumidores. La accesibilidad espacial es un elemento importante en la distribución geográfica de mercados agroecológicos. En principio, los mismos deben ser accesibles para toda la población. Teóricamente, los mercados agroecológicos son idóneos para desarrollar la propuesta del urbanista Carlos Moreno (2020) sobre “La ciudad de los 15 minutos”. Khavarian, Sharify y Sadeghi (2023) sostienen que este modelo urbano debe ser integrado como una iniciativa local para la renovación, rehabilitación y redesarrollo urbano.

El modelo de los 15-minutos forma parte de los conceptos que definen ciudades inteligentes (Smart Cities). El fortalecimiento de vecindarios junto a los principios de los desiertos de alimentos (food deserts) de Vanan Murugesan deben ser integrados en la conceptualización espacial de los mercados agroecológicos en Puerto Rico. Los desiertos de alimentos o FD son un concepto

espacial que resalta los vecindarios alejados de los mercados de alimentos. La proliferación de FD es uno de los mayores retos en las urbes y extensas regiones con poca población (Abel y Faust, 2020). Widener y Shannon (2014) argumentan que los FD son un atributo espacial que afecta mayormente a los vecindarios marginales. Por esta razón, ha de esperarse que la población más pobre enfrente mayores retos en garantizar una canasta alimentaria adecuada.

Los principios de los modelos urbanos de ciudades inteligentes y de los desiertos de alimentos sugieren que los espacios para los mercados agroecológicos deben ser conceptualizados en los planes gubernamentales como lugares permanentes que sirvan poblaciones a un radio de 15 minutos de movimiento peatonal dentro de las zonas urbana. La distribución geográfica resultante garantiza acceso espacial a la demanda dentro de las urbes y minimiza posibles disputas en la oferta agrícola.

Actividades cuaternarias

Las actividades cuaternarias contienen las tareas de investigar, conceptualizar, educar, planificar y evaluar continuamente la red de seguridad alimentaria agroecológica. La evaluación, adquisición/manejo de datos, la adopción constante de la tecnología y la educación son tareas que incorporan los sectores académicos, financieros, investigativos, comunitarios y gubernamentales de todo el sistema. Los continuos cambios en los modos de producción agroecológicos convierte al sector cuaternario en la inteligencia (think tank) de toda la red.

Tradicionalmente, las estaciones experimentales y los centros de extensión agrícola realizan estas tareas en Puerto Rico. Los centros de investigaciones, mayormente en las universidades y centros educativos especializados, tienen la función de evaluar todas las tareas desde la creación de nuevas semillas, apoyo/ asesoramiento técnico a la vez que recoge la experiencia de las diferentes iniciativas. Dentro de la agroecología, el sector cuaternario es fundamental debido a los retos que existen en esta industria frente a la agricultura comercial y de subsistencia.

Los cambios tecnológicos reformulan continuamente las formas de producción agrícola. La agricultura vertical, hidroponía, acuaponía, agricultura de precisión, agroforestería entre otras, son prácticas que deben ser estudiadas, discutidas y adaptadas

si son económica y ambientalmente viables en los proyectos agrícolas. Por otro lado, el conocimiento ancestral como compostaje, rotación de cultivos, conservación de semillas y otras técnicas de cuidado de los ámbitos naturales son actualizadas y comparadas utilizando la tecnología existente. Las universidades con programas relacionados con la agricultura son los nodos e hitos de la investigación y la elaboración de propuestas para mejorar y alcanzar niveles de eficiencia. Uno de los mayores retos para los agricultores son las adaptaciones frente a los cambios en las condiciones locales en el clima. El calentamiento planetario constituye un escenario innegable a la oferta alimentaria en todos los continentes y Puerto Rico no es la excepción. Los continuos cambios en las condiciones climáticas junto a las constantes variaciones en las relaciones políticas y económicas a la que están expuestas todas las sociedades conlleva que toda iniciativa de seguridad alimentaria agroecológica, independientemente su escala, contenga su propio sistema de inteligencia.

La evaluación es una tarea que trasciende las labores tradicionales relacionadas con la alimentación. La misma es contínua porque incorpora los cambios en la tecnología, modificaciones en las prácticas alimenticias, educación en economía solidaria, aspectos financieros comunitarios, educación y capacitación, mitigación de eventos naturales, fluctuaciones del mercado y todos los eventos que afectan a las sociedades modernas. La presencia de las comunidades agrícolas en las tareas cuaternarias son importantes para el éxito del programa. Los componentes de todas las actividades primarias, secundarias y terciarias representan una de las fuentes de datos e información. Simultáneamente también son receptores de la creación de conocimiento que produce el sector cuaternario. La educación y asesoramiento desde los centros de investigación constituyen parte del proceso de apoderamiento para las comunidades. La educación, en todos sus niveles (desde k-12 hasta universitaria) es un componente protagónico dentro de las actividades para crear conocimiento. De igual forma, las estaciones experimentales se redefinen como hitos en la creación de investigaciones y educación dentro de la cadena de seguridad alimentaria agroecológica.

Actividades quinarias

El nivel quinario dentro de la red de seguridad alimentaria agroecológica incorpora los aspectos administrativos y gerenciales. En un ambiente corporativo de agricultura comercial, las actividades quinarias están definidas por la junta de directores corporativa, en ocasiones transnacional, mientras que en proyectos comunitarios agroecológicos posicionan a las comunidades participantes como los ejes del tejido administrativogerencial del conjunto de actividades.

Desde principios de siglo se desarrollan iniciativas para identificar y organizar comunidades marginales en todo el País. En 2001 se creó la Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico en donde se identificaron sobre 700 comunidades marginales7. Por lo tanto, existe un inventario oficial que facilita la educación ecoagrícola y masificación de proyectos comunitarios. La presencia de representantes de la comunidad y de todos los sectores económicos del sistema plasma un ambiente de mayor democratización entre agricultores, procesadores, transportistas, vendedores, administradores y consumidores. La gerencia estará definida por el nivel de apoderamiento adquirido por las comunidades y la integración que pueda coexistir entre líderes de comunidades agroecológicas. Irónicamente, esta fase quinaria, es compleja y constituye una arena de luchas entre comunidades, oficiales públicos, legislación existente, prensa, sector privado e intereses industriales.

Conclusiones

Las primeras décadas del siglo XXI son un periodo definitorio para la sociedad puertorriqueña. Las crisis estructurales que enfrenta el País labra un sentido de urgencia para resolver asuntos a corto plazo como la provisión de energía, mejoramiento de los sistemas de seguridad, salud, educación y redefinir su relación política hacia alternativas conducentes a la descolonización genuina.

El acceso a una canasta alimentaria saludable debe integrarse como una prioridad conciliadora orientada a mitigar

7 Oficina creada bajo la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001 conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales en Puerto Rico”. Esta ley utilizó como fuente el Censo de 1990 en donde el 58% de los puertorriqueños (2,057,377 personas) vivían bajo los niveles de pobreza.

Guilbe López

los problemas que persisten en el nuevo milenio. Las ayudas federales y subsidios utilizados para la alimentación nunca resolvieron estructuralmente el problema de acceso alimentario a los sectores marginales. Por el contrario, crearon una cultura de consumo hacia productos de poco valor nutritivo y afectó toda la actividad agrícola local mediante las importaciones. Por otro lado, el programa de industrialización implantado desde mediados del siglo XX aceleró el abandono de las actividades primarias y la plasmación de mayor desigualdad económica entre las ciudades y las zonas rurales. Como resultado, el paisaje compuesto puertorriqueño se caracteriza por un patrón de zonas aptas para la agricultura comercial expuestas a la expansión urbana, parques industriales desolados convertidos en actividades del sector nobásico e informal y extensas áreas urbanas con “desiertos” de comida, salud, educación y seguridad.

La educación es una actividad protagónica que permea en todas las actividades del sistema de seguridad alimentaria. Los procesos de investigación y difusión del conocimiento es fundamental para alcanzar el éxito del sistema. La representación pictórica-geográfica de todas las actividades económicas en un modelo que debe ser utilizado para simplificar su enseñanza. En la medida que exista progreso en la educación agrícola y ecológica, mayores serán las probabilidades de formular la legislación requerida para promover y expandir territorialmente la iniciativa. La educación, junto a la integración a los planes de ordenamiento territorial y usos de terrenos, constituyen dos frentes que institucionalizan la seguridad alimentaria agroecológica en todas las islas de Puerto Rico.

Las actividades agroecológicas encaminadas a la seguridad alimentaria deben ser percibidas como una herramienta del sector no-básico de la estructura económica puertorriqueña con el potencial de reordenar el espacio geográfico nacional. La conceptualización y concretización de la alimentación es una tarea que contiene varios matices. Su viabilidad y éxito descansa sobre los principios del cooperativismo, economía solidaria en la agroecología depende de integrar los recursos existentes, la participación genuina de las comunidades, la integración de centros educativos especializados y su reconocimiento formal dentro de los planes gubernamentales. La transformación implícita en la canasta de alimentación local no es un asunto exclusivo de

Guilbe López

Puerto Rico. La agroecología es una tendencia global que aspira, más allá de la alimentación saludable, a mitigar las desigualdades regionales que existen en nuestro planeta. El mismo no es un concepto novedoso. Dentro de la planificación urbana, este reto comenzó con la propuesta de las ciudades jardines de Ebenezer Howard (1902) en el Reino Unido y han evolucionado hasta los principios de ciudades de 15 minutos de Carlos Moreno (2020).

La seguridad alimentaria agroecológica no debe ser esgrimida como una herramienta que garantice toda la canasta de comida en Puerto Rico. No es posible producir todos los productos para el consumo local. Sin embargo, los retos que enfrenta la sociedad puertorriqueña y gran parte de la comunidad internacional apremian hacia la identificación de alternativas para acceder a una alimentación saludable. Las proyecciones sobre apoyo de programas federales en la alimentación, salud, empleos y agricultura apuntan hacia una reducción significativa en fondos y recursos federales. Este escenario abona hacia un sentido de urgencia en la sociedad puertorriqueña hacia la búsqueda de modelos integrales de desarrollo.

El éxito en la implantación de un sistema alimentario agroecológico no se centra en el potencial de los suelos, tipos de cosechas, mejoras en la infraestructura y preservación del ambiente. Estas se pueden plasmar en los planes de usos de terrenos a nivel nacional, planes de ordenación territorial a nivel municipal o en planes especiales a nivel federal. El verdadero éxito descansa en el grado de compromiso y cooperación que se pueda construir entre comunidades agrícolas, académicas y gubernamentales en Puerto Rico.

La escala comunitaria es fundamental en el desarrollo de proyectos conducentes a la alimentación sana y accesible. La misma garantiza, en principios, la presencia legítima de las comunidades dentro de redes de economía solidaria y cooperativismo. Este contexto rige el trazado de lazos de colaboración entre las docenas de colectivos (formales e informales) e iniciativas agroecológicas que existen en Puerto Rico. Continuamente surgen nuevas iniciativas y sus experiencias sirven como insumo para conceptualizar un sistema territorial extenso y democráticamente intenso. Por otro lado, la adopción de iniciativas agrícolas en regiones económicamente desventajadas garantiza mayor acceso a la alimentación, en particular hacia los

cohortes envejecientes. Esta conectividad constituye un enlace que promueve la justicia social, la participación comunitaria y desarrollo de mayor conciencia ambiental . El potencial antes descrito, visto desde las bases teóricas de la geografía económica catequiza a la agroecología como una alternativa protagónica dentro de la dieta puertorriqueña, la educación ecológica, el ordenamiento territorial y la economía participativa de base comunitaria.

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Hacia una polÍtica industrial moderna del sector agroecológico en puerto rico: de sector marginal a la contribución del desarrollo productivo1

Emilie Viqueira Keller

Probably no part of the Antilles is more fertile than Porto Rico, and none so generally susceptible of cultivation and diversified farming.

Robert T. Hill. 1898. Cuba and Porto Rico, with the other islands of the West Indies. The United States Geological Survey. New York, The Century Co.

Introducción

Puerto Rico vivió su proceso de industrialización durante la segunda mitad del siglo XX. Han pasado siete décadas de la modernización del País, con una perseverante y consistente política pública: la invitación al capital foráneo para el desarrollo de determinados sectores manufactureros. Como resultado, Puerto Rico presenta indicadores de valor añadido o ingreso per cápita de entre los más altos de la región de Latinoamérica y el Caribe: PIB2 per cápita de $32,2553 (Junta de Planificación, 2024) relativo a una media de la región de $19,9054 (Banco Mundial, 2024); y un ingreso personal per cápita para Puerto Rico de $26,8385 (Junta de Planificación, 2024) y para Latinoamérica y el Caribe de $19,4776 (Banco Mundial, 2024).

No obstante, una mirada más incisiva presenta otro Puerto Rico: su economía ha estado sumida en un estancamiento muy prolongado, con una tasa de crecimiento anual compuesta

1 Este trabajo investigativo forma parte integral del estudio de caso doctoral que al presente realiza la autora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

2 Producto Interno Bruto.

3 A precios constantes de 2017; Apéndice Estadístico, Tabla 1.

4 Paridad Poder Adquisitivo (PPA) a precios internacionales constantes de 2017.

5 A precios constantes de 2017; Apéndice Estadístico, Tabla 1.

6 PPA a precios internacionales constantes de 2017.

del PIB de -1.19% entre el año 2006 y el año 20247 (Junta de Planificación, 2006 a 2024); una reducción de la población por emigración de aproximadamente el 14% (de 2010 - 2024); una tasa de actividad laboral del 44.4%8 (Junta de Planificación, 2024); una amplia brecha entre el PIB y PNB, del 32%9 (Junta de Planificación, 2024); un coeficiente de Gini de 55.89; y un aumento en la dependencia de transferencias financieras procedentes de los EE.UU., las cuales se han convertido en el componente más importante del ingreso personal con una aportación del 49%10 (Junta de Planificación, 2024), a la vez que, al 2024, representaron el 42.5%11 (Junta de Planificación, 2024) de las rentas periódicas netas del Gobierno de Puerto Rico.

Con particular destaque, se observa (Tabla 1) que la participación manufacturera sobre el PIB representa el 44.2%12 (Junta de Planificación, 2024), ejemplo de lo que hemos llamado la monoindustrialización del país. Es decir, resultante del proceso de industrialización de la década de 1950, se destinaron los esfuerzos al fortalecimiento del sector manufacturero mediante

7 Propia generación; a precios constantes de 2017; Apéndice Estadístico, Tablas 1 y 4.

8 Apéndice Estadístico, Tabla 32.

9 Ídem. Tabla 1.

10 Ídem. Tabla 15.

11 Ídem. Tabla 27.

12 Ídem, Tabla 9.

Viqueira Keller

la invitación al capital foráneo, descuidando así los potenciales vínculos con otros sectores productivos nacionales.

En contraparte al sector manufacturero, el sector agrícola representa una escasa producción nacional de un 0.73% del PIB13 (Junta de Planificación, 2024); el mismo sufre de conocidas debilidades: una participación de empleo reducida del sector de 1.4%14 (Junta de Planificación, 2024); falta de diversificación y valor añadido de los productos; orientación exportadora por parte de los latifundios y monocultivos que hacen que entre el 80% y 95% (Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2023) del consumo de alimentos se satisfaga con importaciones y que el mundo rural padezca de rentas muy por debajo de la media nacional, como por ejemplo, 1.29% del Ingreso Neto Nacional (Junta de Planificación, 2024)15; además problemas de deterioro ambiental, escasez de acceso a tierras fértiles, poca mano de obra y una fluctuación entre 30% a 50% de la población que padece de inseguridad alimentaria (Blakely-Vallecillo, 2025)16.

Si bien los malos indicadores de distribución de la renta podrían abordarse de manera directa, con políticas de redistribución pública o de acciones de protección socioeconómicas selectivas, cabe pensar que, de especial eficacia, sería la puesta en marcha de políticas sectoriales para la promoción de un desarrollo económico, social y ambientalmente inclusivo. En efecto, son numerosos los intentos para atender los desbalances de una estructura productiva que se ha tornado ineficiente. Pero estas acciones de desarrollo productivo o cambio estructural se reducen a la adopción de políticas públicas aisladas, sin dotes efectivos que resulten en la obtención de las metas anheladas. La estructura productiva, adoptada en la década del 1950 y prolongada hasta el presente, dejó de servirle al país y a su población, y no se vislumbra la adopción de un plan de desarrollo económico coherente nacional17.

13 Ídem, Tabla 9.

14 Ídem, Tabla 33.

15 Ídem, Tabla 11.

16 Según estimado con el Índice de Inseguridad Alimentaria de la Encuesta Socioeconómica de las Familias con Menores de Puerto Rico (ESeFaM), un 64% de los hogares informaron tener al menos dificultad para alimentarse durante los pasados 12 meses, mientras que un 10% de los hogares con menores experimentaron inseguridad alimentaria extrema.

17 Por nacional nos referimos a todo lo relacionado a la nación puertorriqueña.

Para fines de esta investigación, el problema que se aborda es la exigua producción endógena de alimentos y, vis-à-vis, la alta dependencia de importación de alimentos para sostener el sistema alimentario del País. Por consiguiente, la pregunta investigativa a contestar es cuáles son las palancas, carencias y obstáculos que presenta el sector agroecológico para escalar y diversificar la producción endógena de alimentos de calidad y alto valor nutricional, a la vez que crear los eslabonamientos intersectoriales que propicien otras actividades productivas relacionadas al sector.

Marco teórico

Ante la necesidad de cambio que precisa la estructura productiva de Puerto Rico, de un modelo de la dependencia a uno de producción endógena, diversa y sostenible, y con capacidad vinculante con otros sectores productivos, una posible estrategia podría constituirse mediante el diseño de una política industrial. En sí misma, la política industrial se define por estrategias de producción endógena, diversificación y eslabonamientos intersectoriales (Amsden, 2001; Chang, 2003; Mazzucato, 2011; Lin, 2011). El marco teórico que sustenta este estudio de caso se basa en una política industrial a la altura de los tiempos, es decir una política industrial moderna, también conocida como política sectorial, con cuatro principios definidos: 1) la integración de otros sectores productivos, más allá de la manufactura, junto a los eslabonamientos intersectoriales y la diversificación productiva sostenible; 2) la coherencia en la formulación de políticas públicas contextuadas al entorno de su aplicabilidad; 3) la identificación de una misión clara y asequible; y 4) la coordinación entre actores e instituciones. No empece a que el marco teórico lo fundamenta una política industrial moderna, también incorporamos elementos de economía circular, economía de alcance, economía social y solidaria (ESS) y economía de la gobernanza de bienes comunes.

Por una parte, la agroecología, puesta en marcha por pequeñas fincas campesinas y familiares, esencialmente es una ciencia de prácticas ecológicas ancestrales, ambientalmente sostenibles y regenerativas, centrada en el policultivo intercalado que resulta en la producción endógena de alimentos de alta calidad y alto valor nutritivo. Estas prácticas guardan una relación directa con los principios de una economía circular, así como con una economía de alcance. De la primera, se toma en

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consideración el impacto y bienestar ambiental, la funcionalidad útil de los recursos, la reutilización de productos y el reciclaje de los materiales (World Economic Forum, 2018). En segundo lugar, las prácticas agroecológicas están estrechamente ligadas a los principios de una economía de alcance; es decir, el aprovechamiento del conocimiento acumulado transmitido de “campesino a campesino” (Holt-Giménez, 2006), las sinergias resultantes de la complementariedad de las mismas prácticas agroecológicas y la utilización de los mismos recursos y capacidades de la finca, generan mayor eficiencia productiva y reducen los costos de producción en la medida que escala y diversifica, tanto la producción primaria como la de elaboración de productos de valor añadido (Baumol et al., 1983; Penrose, 2009)

La agroecología también es un movimiento internacional de índole político, social, económico y ambiental que, teniendo al campesino como protagonista de los procesos decisionales, procura justicia campesina e inclusiva, a la vez que un cambio sistémico en la estructura productiva alimentaria saludable. Así pues, al movimiento agroecológico también se le pueden atribuir convergencias conceptuales de los valores, tanto de una economía social y solidaria, como de la economía de la gobernanza de bienes comunes propuesta por Elinor Ostrom (1990). Es decir, los principios como reducción de pobreza, sociedades inclusivas, transición de la economía informal a la economía formal, generación de empleos justos, integración laboral de los grupos desfavorecidos, recuperación de recursos y resiliencia económica, social y ambiental (Organización Internacional del Trabajo, 2022; Martí et al , 2023; ONU, 2014; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2022), no solo convergen con los valores de una economía social y solidaria, sino que también acuñan conceptos cónsonos con el movimiento del sector agroecológico y con una política industrial moderna. Asimismo, inherente tanto al movimiento agroecológico como a los principios de la economía de la gobernanza de bienes comunes, resaltamos la capacidad de organización social, la cooperación y la acción colectiva de las comunidades campesinas agroecológicas, en favor de la sostenibilidad de los recursos y la obtención de fines comunes (Ostrom, 1990; Rosset et al., 2011; Machín Sosa et al., 2013; Holt-Giménez, 2006). De particular destaque, el movimiento agroecológico prioriza el carácter

horizontal, contrario a una jerarquía vertical, en la formulación de ideas y toma de decisiones del colectivo según su ubicación geográfica, a lo que Ostrom denominó como una “gobernanza policéntrica”.

No es la intención de esta investigación crear un plan nacional de desarrollo económico endógeno y sostenible para Puerto Rico centrado en el sector agrícola. Más sí es la intención presentar un estudio de caso, centrado en el sector agroecológico, que, en última instancia, dote a los formuladores de políticas públicas de conocimiento contextuado sobre las interdependencias estructurales, tensiones y sinergias de políticas públicas recomendables para el despegue sectorial. La contribución inmediata del estudio sería la de aportar conocimiento sobre un sector fundamentalmente informal, de operación marginal y escasamente estudiado en la literatura académica aplicada a Puerto Rico; pero con potencial para paliar algunos de los problemas socioeconómicos que se han expresado más arriba. La contribución en términos de política pública del trabajo sería la de aportar a una posible política industrial moderna en Puerto Rico: los resultados de este estudio podrán informar a los tomadores de decisiones al respecto de las características estructurales del sector agroecológico en Puerto Rico, así como de las políticas públicas y reorganizaciones institucionales con la finalidad de constituir una política industrial útil para el escalamiento, la diversificación y los eslabonamientos intersectoriales de la agroecología puertorriqueña. No podemos obviar que se trata éste de un sector por el momento marginal e invisibilizado, asimilable a sectores o actividades habitualmente estudiados no en el marco de políticas industriales, sino en los de la economía social y solidaria. Al aplicarle categorías de política industrial al sector agroecológico de Puerto Rico, una contribución de este trabajo consiste en elevarlo a ‘sector normal’ y así mostrar cómo estudiar con el marco de la política industrial moderna sectores del ámbito de la economía social y solidaria, junto a elementos de la economía circular, economía de alcance y economía de la gobernanza de bienes comunes – aunando así marcos de análisis que, hasta donde sabemos, no han sido hasta ahora combinados.

Metodología

La metodología consta de cuatro estrategias: 1) encuesta a operadores de fincas agroecológicas; 2) entrevistas directas a

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campesinos y personas de interés relacionadas tanto al sector alimentario como al sector agroecológico, lo que se extendió a empresarios, académicos y gestores afiliados al sector público como no afiliados; 3) conversaciones con grupos focales; y 4) estudio de los planes y las políticas públicas de impacto al sector agrícola de Puerto Rico, vis-a-vis, al sector agroecológico. Debido a la virtual ausencia de información estadística sobre la agroecología en Puerto Rico, no es posible completar el estudio de caso con análisis cuantitativo; sin embargo, como resultado de la aplicación de técnicas de análisis temático, tanto al contenido de las grabaciones de las entrevistas y las conversaciones, como a la revisión minuciosa de los planes y de las políticas públicas vigentes, se ha podido generar una base de datos medible que, en lo mínimo, sirve como zapata para ampliar en estudios subsiguientes.

Una política industrial moderna

Recientemente las políticas industriales han regresado tanto a la literatura académica (Mazzucato, 2023; Aiginger y Rodrik, 2020; Andreoni y Chang, 2019; Cobby et al., 2023) como a los ámbitos de políticas públicas, precisamente como una herramienta para la promoción del crecimiento económico inclusivo y del combinado con otros objetivos públicos, sean estos de inclusión social, mejora ambiental o, incluso, autonomía estratégica.

Hay al menos cuatro elementos que pueden rescatarse de esta literatura contemporánea sobre política industrial, que delimitan una política industrial moderna y que orientan los trabajos que componen este estudio de caso. Primero, la política industrial no se orienta exclusivamente a los sectores manufactureros; por ejemplo, Padilla-Pérez y Quiroz-Estrada (2017, pp. 70-112) debaten en favor del diseño de una política industrial rural. Por su parte, Rodrik (2004) enfatiza la importancia de la promoción de ciertas actividades o servicios en economías de bajo ingreso, como por ejemplo, actividades no tradicionales en agricultura (Rodrik, 2004, p. 2); del mismo modo que la estrategia industrial europea (Parlamento Europeo, 2025) tampoco se orienta exclusivamente a lo manufacturero, sino a ecosistemas de industria y servicios. Esto es, entiéndase política industrial como política sectorial o política de desarrollo productivo (CEPAL, 2018; Haussman y Rodrik, 2003).

Segundo, en la literatura reciente, el diseño de una política industrial debe estar orientada hacia una misión, un objetivo ulterior (Mazzucato, 2018), como por ejemplo, el bienestar social. “En las economías emergentes [una política industrial] debe centrarse en nuevas prioridades como el apoyo a los grupos vulnerables, la igualdad de género, la reducción del uso de energía fósil o el desarrollo de tecnologías verdes para nuevos tipos de agricultura, vivienda y transporte” (Aiginger y Rodrik, 2020, p.193). Tercero, como indican Mazzucato y Rodrik (2023) y Andreoni y Chang (2019), una política industrial no solo se preocupa de transformar la estructura económica mediante el alineamiento de políticas públicas, sino que también atiende a cuestiones de organización institucional (capacitación de y coordinación entre actores de interés), necesarias para poder identificar y aplicar de manera eficaz esas políticas. Y cuarto, las políticas sectoriales para el desarrollo y crecimiento inclusivo han de contextualizarse en el entorno económico, social, político y ambiental en que van a desarrollarse. “En el caso de la política industrial, su ‘inclusividad’ depende en la medida en que construya nuevas (o dirige las existentes) ‘coaliciones productivas’ que están dispuestas a invertir en la mejora de las capacidades productivas colectivas, incluido el Estado de bienestar y, con el tiempo, están dispuestos a participar en una distribución más equitativa de los valores generados a través de estas inversiones” (Andreoni y Chang, 2019, p.15). ¿En qué medida, las soluciones a un problema de interés público son el resultado de acciones coordinadas a nivel micro, meso y macroeconómico, a su vez con capacidad de manejar posibles conflictos y provocar aprendizaje en el proceso?

La agroecología en Puerto Rico

La degradación sistemática del rendimiento de la estructura productiva del País, en particular del sector agrícola, empeorada por las crisis socioeconómicas, ambientales, salubristas, geológicas y geopolíticas (v.g. inseguridad alimentaria, huracanes, pandemia del COVID-19, terremotos y guerras lejanas), ha favorecido el surgimiento en Puerto Rico, por las pasadas cuatro décadas, de un movimiento de pequeñas fincas familiares

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ecológicas18 (Comisión Europea, 2022) y agroecológicas19 (FAO, s.f. a), también nombradas como agricultura campesina ecológica (Toledo y Barrera-Bassals, 2008). En efecto, luego de la devastación del Huracán María en el 2017 (Categoría 5), en cierta medida, fueron las fincas agroecológicas que, con relativa ligereza, satisficieron las necesidades mínimas alimentarias de algunos barrios y familias a lo largo del País (McCune et al., 2019). Es así que después de la respuesta de las fincas familiares agroecológicas ante el paso del Huracán María, quedó plasmado la capacidad resiliente del movimiento agroecológico como primer respondedor a las necesidades alimentarias del País.

Son múltiples las acepciones sobre agricultura agroecológica; no solo es un conjunto de prácticas científicas agronómicas basadas en la teoría ecológica, sino que, de igual importancia, se define como un movimiento social, político, económico, ético y ambiental (Wezel et al., 2009; Altieri y Rosset, 2020; LVC, 2020). Por un lado, la agroecología se destaca por los altos niveles de biodiversidad, gestión y conservación de los recursos (tierra, agua y energía), eficiencia en el manejo de los suelos, diversificación de productos conducentes a la seguridad de los medios de vida y a la soberanía alimentaria20 (La Vía Campesina [LVC], 2021), resiliencia ante perturbaciones y cambios (humanos

18 La Comisión Europea, en su apartado para la Agricultura y el desarrollo rural, define la agricultura ecológica como “un método de producción de alimentos que utiliza sustancias y procesos naturales; tiende a tener un impacto medioambiental limitado; promueve: 1) el uso responsable de la energía y los recursos naturales; 2) el mantenimiento de la biodiversidad; 3) la conservación de los equilibrios ecológicos regionales; 4) la mejora de la fertilidad del suelo; y 5) el mantenimiento de la calidad del agua. Además, las normas de la agricultura ecológica persiguen un alto nivel de bienestar animal y exigen de los agricultores que respeten los hábitos de conducta específicos de los animales”

19 La FAO (“Food and Agriculture Organization of the United Nations”) define la agroecología como una “disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales”.

20 Según LVC, la soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agroecológicos. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones”.

y ambientales) y minimización del riesgo frente a la variabilidad y la estocasticidad. Por otro lado, este tipo de práctica agrícola se sustenta por tradiciones ancestrales, se complementan con innovaciones y tecnologías de los propios agricultores (intercambio de conocimiento “Campesino a campesino” – CAC,), y se sostienen por fuertes valores culturales y formas colectivas de organización social, teniendo a las y los campesinos como los protagonistas en todos los procesos decisionales (Koohafkan y Altieri, 2011; Altieri y Rosset, 2020).

Estas fincas son de base comunitaria y están compuestas, en su mayoría, por jóvenes con formación universitaria y científica, quienes adoptan las prácticas ancestrales de cultivo y solidaridad comunitaria, las cuales son el paradigma de la agroecología. En efecto, ha habido un despertar y mayor concienciación, tanto a nivel nacional (Álvarez-Febles, 2018, p. 211) como internacional (Altieri y Nicholls, 2010, p. 64), hacia formas alternativas de la producción de alimentos que han transitado desde la concepción orgánica21 (FAO, 2003) a lo ecológico y, recientemente, a lo agroecológico. Estas pequeñas fincas ecológicas y agroecológicas (en general aproximan entre 5 a 25 cuerdas22) son un conjunto de iniciativas emprendedoras23 que pertenecen al movimiento agroecológico tanto nacional como internacional. Este movimiento no solo lo comprenden prácticas de siembra, sino que, de igual importancia, es un acto político, social, ambiental y económico que reclama por equidad del campesinado, inclusión de las mujeres, bienestar, accesibilidad, conservación ambiental y mayor sentido de comunidad y humanidad24. Además, es un portaestandarte de la producción, la proliferación y la distribución de alimentos de alto valor nutricional producidos localmente.

21 Según la FAO, “[l]a agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que promueve y mejora la salud de los agroecosistemas, incluida la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el uso de prácticas de gestión con preferencia al uso de insumos no agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se logra utilizando, en la medida de lo posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en lugar de utilizar materiales sintéticos, para cumplir cualquier función específica dentro del sistema”.

22 Una cuerda en Puerto Rico es equivalente a 3,930m2

23 Idea puesta en marcha para el desarrollo de un negocio por persona autoempleada (Martín, 2008).

24 De conversatorio personal con líderes del movimiento agroecológico, Magha García Medina, de Organización Boricuá, Ian Pagán Roig, del Proyecto Agroecológico el Josco Bravo, y con Katia Avilés Vázquez, del Instituto para la Investigación y Acción en Agroecología (IALA-PR).

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Parece que desde principios de los años 1980, la expansión, aunque lenta, ha sido consistente, pero se desconoce la cantidad de fincas ecológicas y agroecológicas que operan en Puerto Rico. Ha habido intentos de crear una base de datos e instrumentos de medición para propósitos investigativos, que posibilite una mayor comunicación y colaboración entre sí. El intento más actualizado se produjo en el 2011 por la Fundación Oro Verde, Inc. (FOVI) la cual creó el Directorio de Agricultores Ecológicos y Recursos Eco-educativos de Puerto Rico (DAERE). El esfuerzo comenzó en el año 2006 con “iniciativas eco-educativas e investigativas a través del país con el fin de contribuir a la emergente comunidad agroecológica” (García-Medina, 2012).

El movimiento ha continuado a pesar de los obstáculos y las diversas adversidades, entre ellas climatológicas, geológicas, salubristas (pandemia) y socioeconómicas. Se piensa que concurren entre 225 y 25025 fincas ecológicas y agroecológicas, pero es un valor aproximado porque no existe una plataforma oficial que les agrupe ni un registro público de las mismas. Cabe destacar que acuñar a todas estas fincas como agroecológicas puede ser algo inexacto, porque aunque ostentan prácticas ecológicas, el catálogo no registrado puede variar entre el tipo de producción de las fincas. Por un lado, algunas fincas son proyectos más significativos y más estructurados, que producen para el autosustento y propósitos comerciales; otras son fincas familiares para el trueque, autoconsumo y elaboración de otros productos derivados de su cosecha, lo que incrementa el valor de su producción; otras incorporan el agroturismo, prácticas de conservación y actividades educativas; y no necesariamente una actividad es excluyente de la otra.

Así pues, la escasa literatura al respecto sugiere que estas pequeñas fincas agroecológicas crean sinergias entre lo económico, lo social y lo ecológico. Según los estudios del puertorriqueño Nelson Álvarez-Febles (2018), en lo económico, porque la agroecología crea empleos de calidad, fomenta la autogestión familiar y comunitaria, genera tecnológicas innovadora, diversifica la producción endógena y sostenible, eleva la rentabilidad del campesinado, reduce la dependencia de insumos y aumenta el “autoabastecimiento alimenticio” del

25 Esta cantidad es un valor estimado resultado de conversaciones con líderes del sector agroecológico, campesinos y académicos.

País, conducente a una soberanía alimentaria. En cuanto a lo sociopolítico, porque fomenta la revitalización productiva de las zonas rurales, humaniza la producción alimentaria, le devuelve la dignidad al campesino en la medida también que se rescata las tradiciones ancestrales y se valora su labor. Y en lo ecológico, porque recuperan los suelos, protegen las fuentes de agua y los bosques, conservan ecosistemas sensibles, reducen la contaminación química y la conservación y aumento de la biodiversidad productiva y la recuperación de agroecosistemas degradados (Álvarez-Febles, 2018, pp. 235-241). También según

Perfecto et al. (2009), la agricultura de base agroecológica es diversificada, resiliente al cambio climático, eficiente energéticamente y compone una base fundamental de toda estrategia de soberanía alimentaria, energética y tecnológica (Perfecto et al., 2009, p. 272).

Si bien el sector agrícola de Puerto Rico no incluye en su normativa a lo agroecológico como un subsector, en este trabajo de investigación se estudia separadamente del sector agrícola y se le diferencia como el sector agroecológico del País, por su resiliencia y proliferación a lo largo de las últimas cuatro décadas.

La estructura actual del sector agroecológico

Lo taxonómico (Tabla 2)

En Puerto Rico, el sector agroecológico se caracteriza por un campesinado altamente educado, en su mayoría femenil y relativamente joven. Por ejemplo, entre los encuestados, 54.84% se identificó como mujer, a diferencia del sector agrícola, que presentó un 12.42%. En cuanto a las edades, 67.74% contestó tener 44 años o menos, a diferencia del sector agrícola que, para las mismas cohortes de edad, presentó un 15.54%.

En términos del grado más alto completado, se destaca que 90.33% de las y los encuestados ostenta un grado universitario

de bachiller o mayor. Entre las especialidades del campesinado se destacan: educación agrícola, ciencias agrícolas, agronomía, agricultura sustentable, ecología de bosques, agroecología, horticultura, ciencias ambientales, salud ambiental, ciencias naturales, biología, biología marina, microbiología, química y farmacéutica, artes teatrales, música, comunicación pública, periodismo, historia, estudios latinoamericanos, estudios puertorriqueños, español, educación, antropología cultural y ambiental, contabilidad, sociología, psicología y leyes.

Por otro lado, las fincas agroecológicas suelen ser pequeñas y/o familiares. El tamaño de una finca pequeña oscila entre ½ a 15 cuerdas. En nuestra encuesta, el 80.64% contestó que su finca es de 15 cuerdas o menos, ubicadas mayormente entre las regiones agrícolas (Figura 1) en la porción centro occidental del País: Lares: 22.58%, Mayagüez: 19.35%, San Germán: 16.13%, Caguas: 12.90%, Utuado: 9.68%, Ponce: 6.45%, Naranjito: 6.45% y Arecibo: 6.45%.

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Queremos destacar que para un territorio geográfico relativamente pequeño, el clima de Puerto Rico es altamente diverso; a pesar de su clima tropical cálido-húmedo general, existen variaciones significativas en las condiciones climáticas; por ejemplo, las zona ecológicas se organizan en bosque seco subtropical, bosque húmedo subtropical, bosque muy húmedo subtropical, bosque pluvial subtropical, bosque muy húmedo montaña baja y bosque pluvial montaña baja (Ewel y Whitmore, 1973).

La diversidad climática en Puerto Rico refleja patrones atípicos que resultan en la variabilidad de microclimas locales según el viento, la temperatura, la vegetación, la precipitación pluvial, la topografía, la proximidad al mar y la evapotranspiración, entre otros elementos (Quiñones y Torres, 2012). Es decir, Puerto Rico cuenta con variabilidades microclimáticas que propician el cultivo diverso durante todo el año, las cuales exigen especificidad y adaptación de técnicas agroecológicas hábiles del entorno según la zona ecológica.

Para efectos del sector agroecológico, es fundamental reconocer la existencia de la diversidad climática porque le requiere

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heterogeneidad y adaptabilidad en las prácticas agroecológicas según la zona ecológica, lo que a su vez plantea la necesidad de reconocer, por parte de la institucionalidad, la no homogeneidad de las prácticas agrícolas convencionales y sistematizadas según las políticas públicas vigentes diseñadas a nivel central.

Como establecido, nuestro caso de estudio va dirigido al sector agroecológico, por lo que no debe sorprender que, de los encuestados, el 96.77% respondió que implementa prácticas agroecológicas y un 3.23% implementa prácticas de conservación y orgánicas. También destacaron otras prácticas y actividades, tanto biológicas como sociales, que en efecto son intrínsecas del movimiento agroecológico: biodinámicas, talleres y cursos de educación agroecológica, crianza tradicional de ganado, pesca y sistema agroforestal. Sobre la tenencia de la de la finca, 74.19% contestó ser propietario (corporativo o individuo), 19.35% ser de alquiler y un 6.45% se autodenominó como administrador, comanejador, colaborador y facilitador. En contraparte, en la Gráfica 1 observamos que un 61.29% contestó que utiliza 40% o menos de la finca para la producción agroecológica, indicador de una subutilización de sobre el 60% del terreno de las fincas que en el presente son de tenencia agroecológica. Por su parte, en la Gráfica 2 se destaca que el 41.94% de la población encuestada revela que menos del 25% del ingreso familiar proviene de la explotación de la finca. Resalta a la atención, que, en el extremo opuesto, un 29.03% indicó que la producción de la finca genera entre el 76% al 100% del total del ingreso.

La Tabla 3 presenta la diversidad de la producción agroecológica de 5 de las fincas encuestadas que generan entre el 76% al 100% de su ingreso familiar de la explotación de la finca.

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Producción endógena, diversificación y eficiencia productiva

Desde Adam Smith, la teoría clásica establece que mediante la especialización se alcanza mayor eficiencia productiva, la cual, en sí misma, posibilita las economías de escala. En contraposición, la agroecología es de pequeña escala y la diversificación productiva ecológica, es decir, biodiversidad funcional, es clave en la obtención de mayor eficiencia productiva y sostenibilidad en la parcela (Powell, Pearson y Hiernaux, 2004).

Para diseñar e integrar las combinaciones de cultivos en el mismo espacio, los agroecólogos se nutren de prácticas ancestrales, de un profuso entendimiento de su entorno, especialmente de una cercanía geográfica y cultural (Brokenshaw, Warren y Werner, 1980), además de estudios científicos ecológicos que amplían el entendimiento y conocimiento de las complejas interacciones de los componentes de la finca; a estas combinaciones se les llama biodiversidad funcional (Moonen y Barberi, 2008).

La biodiversidad funcional de la finca (e.g. Gráfica 3) evoluciona lentamente, hasta que desarrolla, en armonía con el medioambiente, “un complejo sistema campesino agrosilvopastoril, prácticamente autónomo” (Altieri y Rosset, 2020, p. 51). Mientras más alto el nivel de integración agroecológica, mayor el nivel de sostenibilidad del agrosistema. Es decir, la biodiversidad funcional se convierte en una estrategia eficaz de los procesos ecológicos26; genera sinergias que mejora la calidad de los suelos y la salud de las plantas, y aumenta la productividad de los cultivos y la resiliencia del sistema (Nichols, Altieri y Vázquez, 2016). Estas sinergias en el agrosistema aumentan la eficiencia productiva en la medida que, por un lado, coadyuvan el rendimiento por unidad de superficie, y por otro, reducen, hasta eliminar, insumos externos; incluso, las interacciones ecológicas logran disminuir el requerimiento de mano de obra por parcela (Mäder et al., 2002; Rosset et al., 2011). “Las investigaciones muestran que los agroecosistemas diversificados pueden revertir la tendencia

26 Procesos ecológicos: 1) Mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo, 2) Reciclado y retención de nutrientes, 3) Aumento en la materia orgánica del suelo, 4) Mayor fertilidad edáfica, 5) Mejora la estructura del suelo, 6) Almacenamiento de agua, 7) Regulación de las plagas, enfermedades y malezas, 8) Fortalece la resistencia general del sistema de cultivo (competencia, alelopatía), 9) Provoca cambios favorables en el microclima (luz, temperatura y humedad) y 10) Polinización (Altieri y Rosset, 2018).

negativa de disminución de la producción y la eficiencia a largo plazo, que se ha observado en muchos sistemas de monocultivo” (Altieri y Rosset, 2020, p.49). Estudios demuestran que los sistemas de policultivos, agroforestales o integrados con animales suelen tener un mayor rendimiento por unidad de superficie los monocultivos, convencionales u orgánicos (Rosset, 2000; Kremen y Miles, 2012). La Gráfica 4 muestra como, en la medida que transcurre el tiempo (3 a 5 años) e incrementan los procesos de la agroecología, es decir, aumenta la biodiversidad funcional, disminuye la dependencia de los insumos, vis-a-vis los costos de mantenimiento (Nicholls, Altieri y Vázquez, 2016).

Cabe señalar que además de la producción de cultivos primarios, las fincas agroecológicas suelen nutrir su producción con la elaboración de productos derivados de las cosechas primarias; es decir, productos que son de valor añadido, ampliando la diversidad de productos en oferta, con la utilización de los mismos recursos de la finca. Otras actividades integrales de las fincas agroecológicas son los foros, encuentros y talleres educativos a la comunidad, lo que ayuda a la expansión del conocimiento de la ciencia de la agroecología y sus beneficios. También es pivote el cuerpo de voluntarios para las brigadas solidarias que satisfacen las diversas necesidades que surgen en las fincas.

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A nivel micro, las prácticas agroecológicas responden a los principios de la economía circular: en la medida que aumenta la diversificación productiva, es decir, la biodiversidad funcional de la parcela, aumenta la actividad biótica, y así, las sinergias, las cuales inducen a la sostenibilidad de los procesos agroecológicos: 1) acumulación de materia orgánica, 2) ciclado de nutrientes, 3) regulación biótica de las plagas y 4) conservación del agua. Más aún, intrínseco a las prácticas agroecológicas son los principios de una economía de alcance. Los campesinos agroecológicos incrementan sus rentas durante todo el año mediante la elaboración de productos de valor añadido utilizando los mismos recursos y habilidades en la finca para escalar la productividad endógena. “[E]l crecimiento, entonces, no es solo una cuestión de escala, sino de alcance” (Penrose, 2009; Baumol et al., 1983).

Escalar la agroecología

La aplicación de una política industrial a un sector marginal, considerablemente insignificante en cuanto a su aportación macroeconómica, como lo es el sector agroecológico de Puerto Rico, podría considerarse un tanto ambicioso. Sin embargo, son varios los puntos que invitan a tal consideración con motivo a impulsar su escalamiento, así como la diversificación y eslabonamientos intersectoriales. En primer lugar, el movimiento agroecológico en Puerto Rico, además de mostrar perseverancia y resiliencia por las pasadas cuatro décadas, está activamente ligado a las redes internacionales de la agroecología y la soberanía alimentaria. Por ejemplo, La Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico (La Organización Boricuá, s.f.), está ligado tanto a La Vía Campesina (LVC, s.f.) así como también de “The People’s Agroecology Process” (The People Agroecology Process, s.f.) y “Why Hunger” (Why., s.f.), todas organizaciones internacionales, de base comunitaria, protectoras de los derechos de los campesinos, que impulsan y expanden el movimiento de la agroecología a nivel mundial. Así también, la Organización Boricuá colabora al presente con entidades de la región del Caribe, como “Cuba-US Agroecology Network” (CUSAN, s.f.), la Sociedad Latinoamericana de Agroecología (SOCLA, s.f.) y “Caribbean Agroecology Network” (CAI, s.f.).

Segundo, a raíz de la misma perseverancia y resiliencia del movimiento agroecológico en Puerto Rico, cada vez son más las organizaciones sin fines de lucro, no ligadas al sector

público (ONG27) que educan, capacitan, fortalecen e impulsan la masificación de la agroecología; por ejemplo, Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FITICAS, s.f.), La Colmena Cimarrona (La Colmena Cimarrona, s.f.), Instituto para la Agroecología, Investigación y Acción (IALA-PR, s.f.), El Josco Bravo (El Josco Bravo, s.f.), Colectiva Agroecológica de Masificación y Unidad (CAMU, s.f.), El Departamento de la Comida (El Depa, s.f.), Levantando.org (Levantando, s.f.) y Monte Azul Fundación (Monteazul Fundatción, s.f.), entre otros. En tercer lugar, diversos grupos internacionales (ETC Group, 2009, 2013; GRAIN, 2014) constatan que las prácticas tradicionales, ecológicas, de producción campesina, hoy por hoy, alimentan “a la mayor parte de la humanidad” (Altieri y Rosset, 2020, p. 153). Cuarto, existen precedentes de Estados que han adoptado políticas públicas en favor del movimiento agroecológico: Brasil (FAO, 2025a), Francia (FAO, 2025b), India (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2025), México (FAO, 2025c), Colombia (Urrego y Villegas, 2024) y Cuba (FAO, 2025d), entre muchos más (FAO, s.f. b).

Quinto, concurrentemente de manifiesto, hay ejemplos de políticas sectoriales que promueven la agroecología así como la transición hacia prácticas de sistemas alimentarios más justos y sostenibles, como, por ejemplo, Política Pública de Agroecología del Ministerio de Colombia (Urrego y Villegas, 2024), el programa de Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar (Secretaría de Bienestar, 2020) y, presentado por la CEPAL, Política industrial rural y cadenas de valor agroalimentarias (Padilla-Pérez, R. y Quiroz-Estrada, M., 2017). Finalmente, el paradigma dominante de la política pública tiende a favorecer a los latifundios de monocultivos. Sin embargo, se pone de manifiesto la capacidad organizacional social del movimiento agroecológico, en lo internacional como en lo local, así también como el reclamo de apoyo de políticas públicas de apoyo al escalamiento del sector agroecológico, y despegue sectorial (Altieri y Rosset, 2020; Chen, 2025; Nicholls y Altieri, 2020). No se trata de la generación de políticas impuestas de las esferas altas gubernamentales, sino, por el contrario, la creación de políticas que surjan de los mismos protagonistas del quehacer agroecológico, las y los campesinos. Por consiguiente, no solo se distingue entre escalamiento

27 Organizaciones no gubernamentales.

horizontal y vertical (Figura 2), sino que el escalamiento horizontal es el objetivo, y el vertical le apoya con el fin de llevar la agroecología a más personas (Altieri y Rosset, 2020, p. 156-157).

El escalamiento horizontal es de base comunitaria; el campesino es el protagonista. Se diferencia entre lo cuantitativo, lo funcional y lo organizacional (Uvin y Miller, 1996, p. 346).

Escalar la agroecología de manera cuantitativa implica una “mayor cobertura geográfica” (Altieri y Rosset, 2020), es decir, la diseminación del número de personas, fincas y familiares que practican y participan de las formas tradicionales ecológicas alimentarias. El primer objetivo es el autoconsumo, para entonces proveer cosechas y productos elaborados al mercado de la comunidad. El escalamiento funcional implica añadir nuevos productos y actividades, sea de manera individual o colectiva; y de índole organizacional sugiere que mejora la capacidad organizativa del sector. Por su parte, el escalamiento vertical guarda relación con lo institucional y la generación de políticas públicas que le den coherencia a la obtención de las metas del sector agroecológico.

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Así pues, de las propias experiencias colectivas del movimiento agroecológico mundial, Rosset (2015) y Khadse et al. (2018) han concebido una lista (Tabla 4) de posibles factores para lograr el escalamiento:

También, tras conversaciones y entrevistas con distintos trabajadores y colaboradores de las fincas agroecológicas, además de información obtenida de decretos internacionales y literatura pertinente a la política de la agroecología, generamos un listado (Tabla 5) de posibles políticas públicas que podría servir como herramientas en la construcción de una estrategia coherente que tenga como objetivo escalar y masificar la agroecología, incluso hasta optar, como fin ulterior, por una soberanía alimentaria.

Estas u otras posibles políticas públicas han de incorporarse a la matriz del dominio de políticas diseñada por Andreoni y Chang (2019) (Figura 3), pero eventualmente adecuada a los elementos propios que caracterizan el sector agroecológico de Puerto Rico28; es decir, se usa como ejemplo base la matriz que elaboraron estos dos autores en apoyo del diseño de una política industrial

28 Trabajo en progreso.

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moderna, dígase sectorial, que procure reunir las estrategias para escalar y diversificar la producción endógena, así como crear los eslabonamientos intersectoriales que impulsen otras actividades productivas asociadas al sector, con interdependencias tanto hacia adelante como hacia atrás.

Eslabonamientos intersectoriales

En Puerto Rico no hay cultura de la creación de eslabonamientos intersectoriales, mucho menos de políticas públicas que le impulsan. Solo basta con echar una mirada, desde el siglo pasado, al proceso de mono-industrialización, esencialmente desvinculado de los otros sectores productivos del País. El sector agrícola no se queda atrás; aunque existen políticas públicas que apoyan las prácticas de monocultivo de latifundios que incursionan exitosamente en el sector agroindustrial, estas políticas no presentan capacidad vinculante a otros sectores productivos. Al menos dos fuentes corroboran la carencia de eslabones intersectoriales del sector agrícola de Puerto Rico: 1) comparación de la Matriz de Insumo-Producto para Puerto Rico, 2007 y 2012 (Romero-Ramírez, 2024) y 2) Complejidad económica para Puerto Rico (2024), según el OEC.

Del estudio realizado sobre la comparación de la Matriz de Insumo-Producto para Puerto Rico, años 2007 y 2012 (RomeroRamírez, 2024) se desprende que el grado de densidad intersectorial, representado por ‘comunidades’ productivas (Figura 4) de la economía de Puerto Rico, para el 2007 fue de 0.218 y para el 2012, fue de 0.220, lo que sugiere que el

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encadenamiento productivo entre los sectores industriales “no es significativo”. Densidad se refiere a la comunidad o aglomeración de actividades productivas que se apoyan entre sí; es un indicador de encadenamiento entre sectores y su medición oscila entre 0 y 1 (Bedru, 2020). El estudio también adjudica valores de la densidad intersectorial por sector productivo. Por ejemplo, el sector agrícola (X1) presenta, para ambos periodos, una densidad de 0.02, lo que representa una baja significancia entre vendedores y consumidores; es decir, que los eslabonamientos para atrás y para adelante son escasos y que el sector sufre de alto grado de aislamiento.

Por su parte, los datos que exhibe la economía de Puerto Rico bajo el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, Puerto Rico, 2024) también muestran carencia de eslabonamientos intersectoriales. Se nos hace importante hacer los siguientes destaques sobre complejidad económica para entender acerca de eslabonamientos intersectoriales en el marco de una política industrial moderna.

Complejidad económica es una métrica que, según el tipo de actividad económica, intenta precisar cuáles son los factores dominantes inductivos de la producción endógena y la

diversidad de la exportación. No solo incorpora los indicadores macroeconómicos para generar trayectorias y proyecciones, sino que también, contextualiza la realización de dicha actividad según su ubicación, es decir, la “geografía de la actividad” (v.g. exportación por región, nación, o empleo por ciudad o industria) e identifica los “elementos” (Hidalgo, 2021, pp.1-2) que le propician junto a los patrones de interacción sectorial (Simoes e Hidalgo, 2011; Weaver, 1991). “La complejidad económica [está] compuesta por múltiples elementos interactuando entre sí, los cuales evolucionan y se adaptan, [y] busca comprender los resultados de sistemas interconectados” (Hernández et al., 2024, p. 42-47).

La literatura académica destaca dos contribuciones que han acelerado la evolución de complejidad económica durante la pasada década: 1) el relacionamiento (“relatedness”) y 2) el desarrollo de métricas de complejidad, ambas de relevancia para explicar y medir la capacidad vinculante entre actividades. La primera, el relacionamiento, mide la afinidad entre una actividad y su entorno; traza las interconexiones e intenta predecir cuáles actividades crecerán, disminuirán o resultarán según la ubicación (Hidalgo, 2021, p. 1). Por afinidad, nos referimos al nivel de conocimiento acumulado y su intercambio con otras proximidades de actividades similares, lo cual a su vez, concurre con la teoría del crecimiento endógeno, “la cual abord[a] la importancia del conocimiento en la economía, argumentando que el crecimiento económico puede ser sostenible si se basa en la adquisición y transmisión de conocimiento e innovación” (Hernández et al., 2024; Romer, 1990).

La segunda contribución utiliza datos de la geografía de actividades, por ejemplo exportaciones por región, nación, o empleo por ciudad o industria, para estimar la disponibilidad, diversidad y sofisticación de los factores de producción presentes en una economía. Identifica y define los elementos claves de las circunstancias particulares que fomenta la producción endógena e identifica los patrones de las interacciones.

Hidalgo y Haussman, en su trabajo seminal (2009) descifraron cómo traducir las interacciones de las fuentes de información compuestas por elementos y proyectarlas en la gráfica de espacio producto. “El espacio de productos es una red que conecta productos que probablemente se coexporten. El espacio de productos se puede utilizar para predecir exportaciones futuras, ya que es más probable que los países comiencen a exportar productos relacionados con las exportaciones actuales. La relación mide la distancia entre un producto y todos los productos en los que un país se especializa actualmente” (Hidalgo y Hausman, 1990, pp. 10570-10572).

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Es decir, mediante la aplicación de la ‘ciencia de la complejidad organizada’ se intenta realizar una “depuración detallada” (Hidalgo, 2021, p. 2) para proyectar la realidad contextualizada de la estructura productiva de la nación, región o industria que define y captura matices propios de su idiosincrasia. Esta ‘depuración detallada’ facilita la construcción de matrices que inserta elementos como empleo, exportaciones, conocimiento, capacitación, infraestructura, institucionalidad, impuestos, sostenibilidad, patentes, capital social, empresarismo, ventas, valor añadido, entre otros (Hausmann e Hidalgo, 2009; Weaver, 1991; Hidalgo, 2021). La contextualización de los elementos no permite hacer de la estrategia una receta homogénea; en todo caso, los elementos variarán según todo aquello que influya en la realización de la actividad endógena y de su ubicación geográfica.

La gráfica de ‘espacio producto’ para el 2024 en Puerto Rico (Figura 5), muestra nodos que representan las actividades de productos con mayor cúmulo de conocimiento y especialización, por consiguiente, mayor propensidad a ser exportados junto a enlaces de otros productos relacionados, también con capacidad exportadora. Los nodos más opacos representan los productos exportados con un RCA>1; es decir, el rendimiento (de exportación) es mayor a la proyección esperada. Los productos de mayor especialización y capacidad exportadora (RCA>1) para Puerto Rico son los “productos químicos” (fucsia), “instrumentos” (morado), “máquinas” (azul), “bienes de papel” (amarillo claro), “metales” (marrón), “textiles” (verde oscuro), “metales preciosos” (violeta) y “otros productos alimentarios” (verde lima). Este último, muestra un RCA de 1.91; al momento del estudio, no se pudo identificar si esta producción es de tenencia nacional o estadounidense. Se incluye, además, una segunda imagen amplificada del nodo color verde lima que representa los “otros productos alimentarios” (sin especificar) en la gráfica de ‘espacio producto” y que muestra escasa vinculación con otros productos relacionados. Los nodos grisáseos, o traslúcidos, representan actividades con un RCA<1, es decir, poca actividad de eslabonamientos intersectoriales.

Conclusión

Es indiscutible que la economía de Puerto Rico precisa de un cambio: de un modelo de la dependencia a uno de producción endógena, diversa y sostenible, y con capacidad vinculante con

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otros sectores productivos. Ante la vulnerabilidad del sistema alimentario del País y su alta dependencia de productos importados, hemos propuesto al sector agroecológico como un movimiento nacional que presenta los criterios para ser seleccionado como actividad que contribuya a la transformación de la producción endógena y la masificación de alimentos de alta calidad y valor nutritivo. Algunos de estos criterios son la perseverancia y resiliencia del movimiento agroecológico por las pasadas cuatro décadas; prácticas ecológicas sostenibles y beneficiosas para el medio ambiente; adaptabilidad a las condiciones microclimáticas variadas que presenta el País a lo largo de su geografía; la pluralidad, cada vez mayor, de jóvenes educados en la materia con deseo creativo de proveer alimento, tanto para el autoconsumo como para la venta a comunidades próximas; entre otros. Para lograr la misión, el sector agroecológico precisa del apoyo coherente y coordinado tanto de políticas sectoriales, como también de actores, que de manera contextuada, implementen estrategias que satisfagan las necesidades de las y los campesinos. Aunque son múltiples los actores, son los mismos campesinos quienes deben ser los protagonistas de la toma de decisiones y coordinación de las políticas públicas que permitan la traslación del sector agroecológico como actividad marginal al desarrollo productivo.

Finalmente, Hidalgo, en su trabajo Teoría de complejidad económica y sus aplicaciones (2021), plantea que el desarrollo del método de complejidad económica está motivado por el resurgimiento de la política industrial (Mazzucato, 2011; Rodrik, 2019) y la admisión de que desarrollo económico requiere modernización. Mediante la identificación de los elementos contextuados del sector productivo, en nuestro caso el sector agroecológico, la metodología de complejidad económica ayuda a caracterizar detalladamente la estructura económica y provee la base cuantitativa para el desarrollo de una política industrial moderna (Hidalgo, 2021). Aunque ni Rodrik ni Mazzucato vinculan explícitamente a la política industrial con el método de complejidad económica, sus proposiciones -e.g. estado emprendedor, políticas orientadas por misiones, capacidades dinámicas del Estado (Mazzucato) y transformación estructural, complementariedades, capacidades productivas (Rodrik) - son compatibles con el método de complejidad económica y sugieren una relación conceptual con la política industrial moderna basada

en redes de apoyo, relacionamiento y capacidades productivas endógenas. Así pues, la matriz del dominio de políticas públicas, desarrollada por Andreoni y Chang (2019), ha de usarse, en nuestro trabajo investigativo, como herramienta que incorpore los elementos contextuados al sector agroecológico de Puerto Rico y facilite la coherencia y coordinación del diseño de políticas sectoriales para escalar y diversificar la producción endógena, así como crear los eslabonamientos intersectoriales que impulsen otras actividades productivas asociadas al sector. El diseño de una política industrial moderna podría constituir el mecanismo que promueva la masificación de más fincas familiares agroecológicas en las distintas regiones agrícolas de Puerto Rico, e incluso, para el alcance de una soberanía alimentaria.

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Addendum

Añadimos tres tablas que identifican las palancas, las carencias y los obstáculos que afronta el sector agroecológico, las cuales, a la entrega de este ensayo, continúan su elaboración.

cadenas de suministro y guerras comerciales: el caso de la soya en el conflicto comercial entre estados unidos y cHina

Tatiana Méndez Toro

Maribel Aponte García

Víctor Quiñones

Adriana Cadena

Introducción

La soya ocupa una posición estratégica en la seguridad alimentaria mundial por su doble papel como principal fuente de proteína animal y segunda fuente de aceite vegetal, además de su alta productividad por hectárea. En las últimas cinco décadas, su producción global “se ha multiplicado por más de diez veces” (Ritchie, 2021), lo que la consolida como uno de los cultivos agrícolas más influyentes y rentables. Estados Unidos, Brasil y Argentina lideran la producción mundial, con Brasil actualmente en el primer lugar (Guan et al., 2019).1 En este marco de alta demanda y relevancia comercial, la centralidad de este grano en el comercio internacional lo ha convertido en un producto altamente sensible a las tensiones geopolíticas. Las cadenas de suministro entendidas como una serie de procesos interconectados que abarcan desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos o servicios al cliente final, se ven particularmente expuestas a disrupciones cuando intervienen conflictos internacionales. Un ejemplo reciente y de gran magnitud, es la guerra comercial2

1 Este artículo sintetiza la disertación doctoral de Tatiana Méndez Toro (2024), Cadenas de suministro y guerras comerciales: El caso de la soya en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China dirigida por la Dra. Maribel Aponte la cual tuvo como objetivo principal analizar el impacto de la guerra comercial EE. UU. y China en la cadena de suministro de la soya, integrando un enfoque de comercio internacional, geopolítica y gestión de cadenas de suministro. Para efectos de este trabajo se presentan brevemente el método, resultados y análisis, dejando fuera los aspectos técnicos.

2 En el 2018 comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, definida como un fenómeno multifacético donde las naciones participan en un ciclo de barreras comerciales y aumento de aranceles (Saeed, 2023) a un

entre Estados Unidos y China, iniciada en 2018, la cual alteró profundamente las relaciones comerciales bilaterales.

Antes del conflicto, “aproximadamente la mitad de la producción estadounidense de soya se destinaba a exportaciones” (Regmi, 2019), y más del 50 % de estas tenían como destino China, su mercado más importante (Clayton, 2022). El origen de la disputa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China radicó en el persistente déficit comercial estadounidense con respecto a China, evidenciado en un volumen de importaciones muy superior al de sus exportaciones hacia ese mercado. A ello sumaron acusaciones de prácticas consideradas desleales por parte de China — entre ellas el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología (Kukharyk, 2020).

Estas tensiones condujeron a la imposición inicial de aranceles (impuesto a la importación) en 2018 sobre paneles solares, lavadoras acero, aluminio y otros bienes (Mayes et al., 2018; Constantinescu et al., 2019; Bellora y Fontagné, 2020). En respuesta, China aplicó medidas de represalia valoradas en USD 3 mil millones, entre las que destacó un arancel del 25 % a la soya, la segunda exportación más valiosa de Estados Unidos hacia el país asiático, solo superada por la industria aeronáutica (Sheldon, 2019).El incremento arancelario elevó la tarifa total del 3 % previo a la guerra hasta un 28 % (Niu, 2018), lo que provocó una abrupta reducción de las exportaciones estadounidenses a China y favoreció a Brasil como principal proveedor de soya al mercado chino. Según Fajgelbaum y Khandelwa (2022), Estados Unidos impuso aranceles en cinco rondas entre 2018 y 2019, y China respondió en cada caso. Estos incluyeron tarifas del 25 % a los granos de soya, aceites, tortas y salsa de soya entre julio de 2018 y junio de 2019, y un arancel adicional del 10 % (más un 5 %) a partir de septiembre de 2019 para otros derivados como harina de soya (ver Tabla 1).

producto o a un grupo determinado de productos para proteger y desarrollar la industria nacional (Sánchez, 2018).

Tabla 1. Tarifas aplicadas a las importaciones de productos de soya procedentes de Estados Unidos, por código armonizado 3

Fuente: Elaboración propia con base en Sandler, Travis & Rosenberg, P.A., International Trade, Customs and Export Law, y en datos de la International Trade Administration.4

Para aliviar las tensiones, el acuerdo de la Fase Uno, firmado en enero de 2020, buscaba reducir el conflicto y “duplicar con creces las compras agrícolas chinas durante el primer año” (Borak, 2020). Este acuerdo fue el resultado de casi dos años de negociaciones difíciles, que afectaron especialmente a los productores de soya en Estados Unidos, uno de los sectores más perjudicados por la guerra comercial. Sin embargo, China nunca había superado adquisiciones por más de USD 26 mil millones anuales en productos agrícolas estadounidenses (Gale, Hansen y Jewison, 2015; Kiely, 2019). Aunque el comercio de soya se acercó al compromiso, no se revirtieron todos los aranceles (Ashton et al., 2022). Con la expiración del acuerdo en diciembre

3El Sistema Armonizado (SA) conocido como el código armonizado es un estándar global para clasificar mercancías en el comercio internacional, facilitando el seguimiento de bienes que cruzan las fronteras (World Customs Organization, 2018).

4 Véase International Trade Administration en https://www.trade.gov/featurearticle/foreign-retaliations-timeline

de 2021, las perspectivas para mantener el repunte de ventas resultaban inciertas.

El problema central radica en que la guerra comercial interrumpió los flujos tradicionales de soya, generando excedentes en Estados Unidos, afectando precios e ingresos agrícolas (Choe, Hammer y Montgomery, 2019) y obligando a China a diversificar proveedores para reducir riesgos en su cadena de suministro (Gale, Valdes y Ash, 2019; De Maria et al., 2020). Como señalan Aponte y Rosa (2013, p. 300), la soya es parte de “los cuatro principales granos que constituyen el 75 % de la ingesta calórica mundial”, lo que magnifica el impacto de cualquier disrupción en su cadena de abastecimiento. En otras palabras, cualquier alteración en su comercio no solo afecta a productores y exportadores, sino también a la seguridad alimentaria global. La magnitud de este fenómeno demuestra que los factores exógenos, como las políticas comerciales y los conflictos geopolíticos, pueden distorsionar gravemente el comercio agrícola internacional, haciendo necesario repensar la resiliencia de las cadenas globales.

Frente a este panorama, la presente investigación tiene como propósito analizar la reestructuración de las cadenas de suministro de soya entre Estados Unidos y China durante el periodo 2018–2022, incorporando a Brasil como actor emergente en esta dinámica. El estudio busca identificar y cuantificar cambios en los patrones comerciales derivados de las tensiones arancelarias, así como construir una base de datos con códigos armonizados y conocimientos de embarque para mapear actores clave del comercio de soya. En consecuencia, se pretende responder a las preguntas: ¿Cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado o contribuido a la reestructuración de las cadenas de suministro en el comercio internacional de la soya entre ambas naciones? y ¿Cómo se reestructura la cadena de suministros de soya entre Estados Unidos, China y Brasil, en el contexto de la Guerra Comercial Estados Unidos y China?

Este artículo se organiza en cinco secciones principales, además de la introducción. En primer lugar, se presenta una revisión de la literatura, a través de la cual se identifican brechas de investigación relevantes. En segundo lugar, se describe la metodología empleada y se explican los criterios utilizados en los hallazgos. En la tercera sección, se analizan los resultados

cualitativos; en la cuarta, los resultados cuantitativos. Finalmente, la quinta sección expone las conclusiones del estudio.

Revisión de literatura

El marco teórico se basa en dos pilares: (1) el análisis de las cadenas de suministro de soya en el marco geopolítico de la guerra comercial y (2) el método Cadena–Negocio–Comercio (Aponte y Álvarez, 2022), que vincula bases de datos de comercio internacional con información detallada de embarques. Dadas las restricciones de extensión, este estudio se circunscribe a la revisión de aquellas obras que resultan más pertinentes y significativas para los propósitos de la investigación.

Geopolítica y cadenas de suministro de soya en la guerra comercial EE. UU.–China

Tien et al. (2019) define la cadena de suministro como un conjunto de organizaciones que colaboran estratégicamente para optimizar procesos desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos o servicios al cliente final, integrando gestión de pedidos, inventarios, producción y pagos con el objetivo de mejorar eficiencia, satisfacción del cliente y reducir costos. En el ámbito agrícola, la cadena de suministro de la soya es una red compleja que genera importantes beneficios económicos en muchos países debido a que es uno de los commodities agrícolas más importantes en el mercado internacional (De Maria et al., 2020)

En este marco, el conflicto comercial iniciado en 2018 entre Estados Unidos y China provocó disrupciones en esta cadena, afectando flujos comerciales (Adjemian, Smith y He, 2021), precios (Cowley, 2020), productores (Muhammad y Smith, 2018) y dinámica de mercados (Dhoubhadel, Ridley y Devadoss, 2023). Según la literatura, se ha observado la susceptibilidad que tienen los commodities agrícolas a eventos geopolíticos desfavorables como por ejemplo la guerra comercial. (Goyal, Mensah y Steinbach, 2023). Existen pocos estudios que analicen los efectos geopolíticos en las cadenas de suministro de la soya. Los estudios revisados destacan cómo este conflicto ha alterado los flujos comerciales. Estos trabajos también exploran el impacto en la competitividad de la soya estadounidense y los efectos económicos adversos en las comunidades agrícolas afectadas, lo cual ayuda a entender cómo estos eventos están alterando la

estructura de la cadena de suministro (Gale, Valdes y Ash, 2019; De Maria et al., 2020; Adjemian, Smith y He, 2021; Li, 2023).

Entre las investigaciones más destacadas, De Maria et al. (2020) examinaron la soya desde una perspectiva geopolítica, analizando flujos comerciales, implicaciones económicas, institucionales y de sostenibilidad. Adjemian, Smith y He (2021) evidenciaron que el arancel retaliatorio del 25 % impuesto por China a la soya estadounidense redujo precios en los puertos del Golfo de México, disminuyó la rentabilidad de agricultores y la participación de EE. UU. en el comercio mundial. Gale, Valdes y Ash (2019) analizaron los efectos inmediatos del arancel, mientras Li (2023) confirmó la reducción de ingresos agrícolas y el deterioro económico en zonas productoras, así como una pérdida temporal de competitividad de la soya procesada de EE. UU., con una reorientación de importaciones hacia Brasil.

En términos más amplios, la literatura coincide en que esta “guerra arancelaria” impactó profundamente el comercio internacional (Tu et al., 2020) y generó consecuencias políticas (Fetzer y Schwarz, 2021). Aunque la soya no suele considerarse un recurso estratégico, las circunstancias la transformaron en herramienta clave de presión (Sheldon, 2019). Autores como Appelbaum (2018), Sheldon (2019), Hongzhou (2020) y Fetzer y Schwarz (2021) señalan que China buscó afectar económicamente a agricultores estadounidenses, base electoral de Donald Trump, concentrados en estados del Medio Oeste. Fetzer y Schwarz (2021) evidencian que los aranceles impactaron sobre todo en condados rurales con alta afiliación republicana, buscando presionar al presidente para modificar su postura. Así, los aranceles chinos no solo tuvieron un impacto económico directo, sino que también se diseñaron como una herramienta para alterar el equilibrio político y estratégico entre las dos potencias (Hongzhou, 2020). Finalmente, Cowley (2020) advierte que, pese al acuerdo comercial de “Fase Uno” en enero de 2020, es probable que a largo plazo aumenten las exportaciones de otros países, reestructurando el mercado global de soya y reduciendo la competitividad de EE. UU. Bown y Lovely (2020) sostienen que la guerra fue contraproducente, pues mientras EE. UU. imponía aranceles, China los elevaba a productos estadounidenses y los reducía para exportadores de otros países. En síntesis, las fricciones reestructuraron la cadena de suministro, favoreciendo

a Brasil y afectando la competitividad de EE. UU., aunque persiste una brecha de investigación sobre los efectos de largo plazo y la reorganización global.

Método Cadena–Negocio–Comercio (CNC) y análisis de bases de datos

Existen pocos estudios que integren bases de datos de comercio internacional con información empresarial (Aponte y Álvarez, 2022). Para llenar esta brecha, Aponte-García y Álvarez (2022) desarrollaron el método CNC, que vincula datos comerciales con actividades de empresas para mapear cadenas de suministro. Se pueden caracterizar de forma más precisa los actores/empresas dentro de los negocios internacionales. Mapear y vincular los datos internacionales, las cadenas de suministro, y la empresa es un proceso complejo para el cual no se ha desarrollado un proceso estándar. Otros autores han abordado la resiliencia de las cadenas de suministro desde enfoques complementarios al análisis de bases de datos comerciales. Jain, Girotra y Netessine (2021) estudiaron estrategias de resiliencia frente a interrupciones, evaluando diversificación de proveedores y relaciones a largo plazo. Analizando más de 2,5 millones de manifiestos de importación marítima, hallaron que la diversificación se asocia a una recuperación más lenta, mientras las relaciones prolongadas favorecen una recuperación rápida, lo que es relevante para la cadena de la soya ante disrupciones como la guerra comercial.

En la misma línea de investigación aplicada Aponte-García y Álvarez (2021) propusieron alternativas para PYMES de Puerto Rico ante disrupciones humanitarias. Posteriormente, en 2022 ampliaron el análisis al Caribe, y en 2023 aplicaron el método a la cadena de vacunas COVID-19 en América Latina y el Caribe, destacando la capacidad productiva de seis países de la región. Asimismo, en otro estudio (Aponte-García, 2023) analizaron desafíos del comercio internacional de Puerto Rico y su resiliencia. Estos trabajos ofrecen marcos cuantitativos para mitigar impactos en cadenas de suministro, útiles para analizar el mercado de la soya. Por otro lado, otros estudios utilizan datos comerciales, pero con enfoques distintos. Escobar et al. (2020) mapearon cadenas de suministro de soya brasileña (2010-2015) mediante la plataforma Trase, calculando emisiones de CO₂ por tonelada exportada y destacando a China y países europeos como grandes emisores indirectos. De Petrillo et al. (2023)

también usaron Trase para estimar el comercio virtual de agua de nueve corporaciones que comercializan soya brasileña (20042018), resaltando la relevancia de las multinacionales para la sostenibilidad hídrica. Sin embargo, estos estudios se centran en variables ambientales y no en aspectos logísticos como transporte, comercio o distribución.

En consecuencia, este estudio se orienta a la reestructuración de cadenas de suministro de soya desde una perspectiva geopolítica y de comercio internacional, sin profundizar en logística operativa. El análisis de bases de datos integradas de comercio internacional enfatiza la importancia de estrategias de resiliencia en un entorno global vulnerable a interrupciones, aportando enfoques cuantitativos aplicables a la soya en contextos de tensiones geopolíticas y desastres

Metodología

Se adopta un enfoque de métodos mixtos, combinando un análisis cuantitativo basado en el método Cadena–Negocio–Comercio (CNC) de Aponte y Álvarez (2022), y un análisis cualitativo mediante triangulación de fuentes. El objetivo metodológico es comprender cómo la guerra comercial ha afectado las dinámicas comerciales y estratégicas de la soya, en un momento de crisis y oportunidad para el sector. Para una exposición más detallada de la metodología, consúltese Méndez Toro, T. (2024). En este apartado se ofrece únicamente un resumen, dadas las limitaciones de espacio.

Enfoque cuantitativo

El método CNC analiza datos comerciales a partir de diversas bases de datos y del conocimiento de embarque (Bill of Lading, BoL), generando una base integrada para el estudio del comercio internacional de soya en el contexto de la guerra comercial. El BoL, emitido por el transportista, incluye información sobre códigos del Sistema Armonizado (SA), remitente y destinatario, países y puertos de origen y destino, fechas, descripción y valor estimado de la mercancía.

El SA, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (2018), es un estándar global utilizado por más de 200 economías para clasificar mercancías, establecer aranceles y elaborar

estadísticas comerciales. Tiene una clasificación uniforme a seis dígitos, con diferencias en niveles de ocho o diez dígitos según el país.

El método CNC permite identificar proveedores y mercados, y evaluar riesgos de disrupciones. Nelson (2022) destaca que el análisis de datos comerciales —cantidad, peso, valor y valor unitario— contribuye a la credibilidad del análisis y al uso de estadísticas espejo. No obstante, la disponibilidad de datos es limitada, costosa y, en ocasiones, censurada.

Fuentes de datos comerciales utilizadas:

1. UN Comtrade: Base de datos de comercio global con registros de casi 200 países desde 1962. Incluye valor, cantidad y peso neto de productos, estandarizados por la ONU.

2. UN Trade: evalúa un subconjunto de datos utilizando solo la medida de kilogramos. Esta plataforma Integra datos aduaneros de EE. UU. y globales, identificando patrones comerciales de empresas y frecuencia de envíos por código armonizado. Identifica (lugar de origen, puerto de embarque, empresas proveedoras o compradoras, etc.).

3. Trase: Iniciativa de transparencia fundada en 2015, que mapea el comercio de commodities asociados a la deforestación tropical; en 2021 había cubierto más del 60% del comercio global en este rubro.

4. Trade Map: Proporciona indicadores de exportaciones, demanda, mercados alternativos y competidores para 220 países y 5.300 productos del SA.

5. World Integrated Trade Solution (WITS): Plataforma del Banco Mundial y otras instituciones que facilita el acceso a datos de comercio internacional (Kaushik, 2024).

Diagrama 1. Fuentes de datos comerciales utilizados en el análisis del método

Fuente: Elaboración propia de la autora de la investigación.

Enfoque cualitativo

Se realizó una triangulación a partir de la revisión de literatura, documentos oficiales —incluida la Orden Ejecutiva 14017, orientada a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro en las Américas—, páginas web de instituciones gubernamentales, bases de datos comerciales y artículos especializados. El procedimiento consta de varios pasos secuenciales. En el paso 1, se seleccionan los productos que serán objeto de análisis y los países que se habrán de analizar. Se seleccionaron China, Estados Unidos y Brasil como países de análisis y ocho productos de soya incluidos a partir de listas oficiales, como la Sección 301 —mecanismo que faculta a Estados Unidos a imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales desleales— bajo la Orden Ejecutiva 14017, utilizando la clasificación del Sistema Armonizado (SA). El segundo paso es recolectar información y categorizar los datos. Se recopilaron datos de Import Key, Trade Map, WITS, UN Comtrade y Trase, clasificando los productos de soya por código armonizado. En el tercer paso se generó una base de datos integrada que vincula los datos de comercio internacional. En este paso se consolidaron datos de importaciones y exportaciones por código armonizado a

nivel país (UN Comtrade, WITS, Trade Map) y a nivel empresa (Import Key, Trase). Se distinguió entre empresas compradoras y proveedoras, explorando sus interrelaciones. El análisis incluyó variables como nombre de empresa, BoL, fechas, códigos, descripciones, ubicación de puertos, valores y cantidades. En el cuarto paso se analizaron los ocho productos de soya mediante datos comerciales y de conocimiento de embarque. En Import Key se consideraron únicamente exportaciones de EE. UU., enfocadas en transporte marítimo. El paso final examinó la reconfiguración de la red de proveedores de soya a nivel país y empresa, considerando exportaciones e importaciones de China, EE. UU. y Brasil.

En cuanto al análisis, se examinaron los datos de exportación e importación correspondientes al periodo (2018-2022). En Import Key se identificaron 26.344 manifiestos de embarque con el término “Soy”; tras depuración, quedaron 2.661 observaciones de exportaciones estadounidenses, correspondientes a los ocho productos de la lista 301. Los datos se analizaron en Excel, RapidMiner y Power BI, clasificando productos por código y peso, y visualizando variables como origen, puerto, y empresa. El método cuantitativo-descriptivo permitió mapear cadenas de suministro y cambios en flujos comerciales; el cualitativo, mediante triangulación, abordó las implicaciones estratégicas. Entre las limitaciones del estudio cabe señalar que Import Key cubre solo un subconjunto de transacciones, principalmente marítimas, y carece de valores comerciales; no incluye comercio terrestre o aéreo. Solo proporciona datos de 10 países distintos a EE. UU. y requiere suscripción. Trase solo cubre flujos de Brasil hasta 2020. En general, la disponibilidad de datos es restringida, costosa y, a veces, censurada (Nelson, 2022). Finalmente, se emplearon herramientas de IA generativa: ChatGPT 4.0 para optimizar redacción, Litmaps y Perplexity para identificar artículos relevantes para la revisión de literatura.

Se plantearon dos preguntas de investigación acompañadas de hipótesis direccionales. La primera se orienta a la reestructuración de las cadenas de suministro de soya durante la guerra comercial: ¿cómo se modificaron los flujos entre Estados Unidos, China y Brasil a partir de la información de conocimientos de embarque y bases de datos comerciales? La hipótesis sostiene que China reduciría sus importaciones de soya desde

Estados Unidos y, en consecuencia, aumentaría su dependencia de Brasil. La segunda pregunta aborda el impacto de la guerra comercial en la dinámica de dichas cadenas: ¿de qué manera este conflicto ha afectado o contribuido a su reconfiguración? En este caso, la hipótesis plantea que la guerra impulsó a Estados Unidos a redirigir sus flujos hacia mercados alternativos y, al mismo tiempo, llevó a China a diversificar sus proveedores.

Finalmente, este abordaje metodológico no solo ofrece un análisis detallado de los flujos de soya en el periodo de estudio, sino que también aporta elementos para comprender cómo las tensiones bilaterales pueden generar crisis y oportunidades en sectores agrícolas estratégicos.

Resultados cualitativos

El conflicto comercial de 2018 entre Estados Unidos y China desencadenó una “guerra arancelaria” con efectos profundos en las cadenas de suministro globales. En el centro de esta disputa estuvo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo legal que permite a EE. UU. imponer sanciones cuando detecta prácticas comerciales desleales, como subsidios o violaciones de propiedad intelectual (Muhammad y Smith, 2018; Williams y Hammond, 2020). Bajo este marco, Washington impuso aranceles a una amplia gama de productos chinos, y Pekín respondió con tarifas retaliatorias. El sector agrícola resultó uno de los más golpeados (Hopkinson, 2019; Regmi, 2019; Adjemian, Smith y He, 2019). Este escenario sirve de base para las hipótesis del estudio: que China reduciría sus compras de soya a EE. UU. incrementando su dependencia de Brasil, y que EE. UU. buscaría redirigir sus flujos a otros mercados mientras China diversificaba proveedores.

Tras el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, el comercio bilateral con Estados Unidos se expandió con rapidez: de 98 mil millones de dólares en 2001 a 524 mil millones en 2016, con un crecimiento anual del 14 % (Yu, 2020). Durante décadas, EE. UU. cultivó un acceso preferente al mercado chino. Como recordó el director del Consejo de Exportación de Soya de EE. UU., “cuando comenzamos a trabajar en China en 1982, el país era un pequeño exportador de soya” (Jenkins, 2022, p. 12). En pocos años, China pasó a ser el mayor comprador global. Sin embargo, el arancel del 25 % que Pekín

Méndez Toro et al

aplicó en 2018 desplomó las exportaciones estadounidenses: de 12.300 millones de dólares (63 % de sus ventas externas de soya) en 2017 a apenas 3.100 millones (18 %) en 2018 (Tortajada y Zhang, 2022). Esta reacción se explica por la estructura de dependencia de China. Sus importaciones crecieron de 10,4 millones de toneladas (Mt) en 2000 a 100,3 Mt en 2020, mientras su autosuficiencia cayó del 54 % al 16,4 %. Para 2030 se proyecta un consumo de 141,7 Mt, frente a una producción nacional de solo 21,7 Mt (Wang et al., 2023). El gobierno intentó revertir esta brecha con el Plan de Revitalización de la Soya (2019), que fijó una meta de 23 Mt en 2025 (Gu y Chow, 2022). Sin embargo, la producción local sigue en desventaja: por ejemplo, Illinois (EE. UU.) rinde 60 bushels/acre, mientras Heilongjiang (China) apenas 30; además, los costos logísticos elevan el precio chino en unos 90 USD por tonelada respecto de EE. UU. (Donellon-May y Porto, 2023). Estas brechas sugieren que China seguirá dependiendo de importaciones, mientras busca diversificar proveedores. En ese sentido, ha incrementado compras a países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) como Rusia, Ucrania y Kazajstán: solo de Rusia importó 678 toneladas en 2010 y 693.000 en 2020, equivalente al 63 % de las exportaciones rusas de soya (Wang et al., 2023).

La dinámica global también refleja un desplazamiento de liderazgo. Estados Unidos dominó la producción hasta 2012, con políticas de estímulo y reasignación de tierras (Hartman, West y Herman, 2011; Gale, Valdés y Ash, 2019). No obstante, Brasil lo superó en 2017/2018 como principal productor y exportador. Entre 1990 y 2021, la producción brasileña creció 780 % y el área plantada 295 %, frente a un 115 % y 44 % en EE. UU. (Colussi y Schnitkey, 2021b). Como resultado, la cuota exportadora de Brasil pasó del 14 % (1991–1995) al 50 % (2016–2020), mientras la de EE. UU. cayó del 68 % al 35 %. En 2021/2022, Brasil produjo 13,3 Mt más que EE. UU. (Balsamo, 2022) y exportó el 57,4 % de su producción total a China (Medina y Thomé, 2021). El trasfondo de este crecimiento está en la transición dietaria en Asia —del consumo de cereales al de carne—, que elevó la demanda de proteína animal y, con ella, la de soya para alimento porcino (Bruinsma, 2017; Lee et al., 2016). En otras palabras: China no solo necesita más soya, sino que ahora la obtiene principalmente de Brasil.

El análisis de las cadenas de suministro ayuda a entender esta transformación. Desde Oliver y Weber (1982) se entiende como la gestión de flujos y conexiones logísticas, ampliada luego por Houlihan (New y Westbrook, 2004). En este estudio, el énfasis recae en transporte, comercio y distribución, donde se observa que la diversificación de proveedores se convierte en una estrategia clave para mitigar disrupciones y garantizar seguridad alimentaria (Rautner, Leggett y Davis, 2013). En este entramado destacan las cuatro grandes comercializadoras agrícolas conocidas como las ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Estas empresas ya no son simples comerciantes, sino gestores globales que controlan insumos, producción, procesamiento, transporte y financiamiento, además de diversificarse hacia derivados industriales (Murphy, Burch y Clapp, 2012; Clapp, 2015). En Brasil concentran más de la mitad del comercio de soya (Trase, 2020), coexistiendo con empresas locales como Amaggi y Coamo, que refuerzan la logística y el suministro (Gómez y Granados, 2016). Sin embargo, enfrentan competencia creciente de firmas como Glencore Agriculture y Olam, además de la expansión de COFCO, la empresa estatal china que ha invertido fuertemente en Brasil y adquirido compañías como Noble Group y Nidera, reorientando flujos hacia China (Wesz, 2017).

El impacto de los aranceles bajo la Sección 301 fue decisivo. En 2018, EE. UU. aplicó tarifas a productos chinos por subsidios y violaciones de propiedad intelectual (Kukharyk, 2020). China respondió con un arancel del 25 % a la soya estadounidense, que representaba 60 % de las exportaciones agrícolas de EE. UU. a ese mercado. Esto desplomó las ventas y obligó a buscar mercados alternativos (Dhoubhadel, Ridley y Devadoss, 2023; Appelbaum, 2018; Sabala y Devadoss, 2019). La reconfiguración benefició a Brasil y Argentina y alteró los precios internacionales (Adjemian, Smith y He, 2021). En 2020 se introdujeron exenciones que redujeron temporalmente el arancel en ciertas compras (Clayton, 2024), pero la incertidumbre electoral en EE. UU. mantiene la posibilidad de nuevas restricciones (Global Times, 2024). En síntesis, los productores estadounidenses sufrieron pérdidas, los brasileños obtuvieron mayores márgenes (Zhou et al., 2018), y las ABCD aprovecharon diferencias de precios, aunque los analistas advierten que este auge será transitorio conforme China diversifique proveedores (Robinson, 2024).

Frente a estas vulnerabilidades, la Orden Ejecutiva 14017 (24 febrero 2021), firmada por el presidente Biden, propuso fortalecer, diversificar y asegurar las cadenas críticas de EE. UU., incluidas las agrícolas. Doce de sus treinta acciones promueven la cooperación internacional, y el Departamento de Agricultura recibió el mandato de evaluar las cadenas y proponer medidas de mitigación. Entre ellas destacan: diversificar infraestructura y programas regionales, fomentar exportaciones para mantener competitividad, y mejorar datos e inteligencia de mercado para detectar disrupciones (Vitasek, 2024). De esta manera, se buscaría garantizar la estabilidad económica, preservar los empleos en el sector agrícola, limitar la dependencia de Estados Unidos especialmente con China y asegurar un suministro ininterrumpido de alimentos y productos agrícolas a nivel nacional e internacional. La importancia de esta política se explica porque la soya, junto con maíz, trigo y arroz, representa el 75 % de la ingesta calórica mundial (Aponte y Rosa, 2013). Así, garantizar su abastecimiento no solo asegura estabilidad económica y empleo agrícola en EE. UU., sino que también reduce la dependencia respecto de China y protege la seguridad alimentaria global. En conjunto, la evidencia confirma que China efectivamente redujo sus compras de soya a EE. UU. por un periodo y aumentó su dependencia de Brasil, mientras la guerra comercial impulsó la diversificación de proveedores y la búsqueda de mercados alternativos por parte de EE. UU. (Tortajada y Zhang, 2022; Medina y Thomé, 2021; Wang et al., 2023; Adjemian, Smith y He, 2021).

Resultados cuantitativos

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la posible reestructuración de las cadenas de suministro de soya entre Estados Unidos y China en el contexto de la guerra comercial entre ambas naciones, con la inclusión de Brasil, para el periodo de 2018 a 2022. Para ello se elaboró una base de datos con códigos del Sistema Armonizado (SA) y se aplicó el método Cadena Negocio Comercio de Aponte y Álvarez (2022), con fuentes como UN Comtrade, World Integrated Trade Solution (WITS), Trademap, Import Key y Trase, además de informes y data de USDA y U.S Census Bureau Trade lo que permitió un análisis de los patrones de flujos comerciales, las empresas involucradas en el comercio internacional de la soya entre Estados Unidos, China y Brasil, y cómo los aranceles han afectado los productos de la soya. Este resumen sintetiza las principales tendencias de

exportación e importación de soya, los flujos comerciales y la estructura de las cadenas de suministro, incorporando algunos ejemplos de nombres de compañías y puertos relevantes. Asimismo, expone algunos de los cambios en la competitividad de las empresas y los países durante el periodo de estudio.

En los últimos cinco años, la estructura del comercio internacional de soya ha experimentado transformaciones significativas, especialmente en lo que respecta a los flujos dirigidos hacia China. De acuerdo con Colussi et al. (2024), Brasil se ha consolidado como un actor clave en este mercado, destinando un 73 % de sus exportaciones de soya al gigante asiático, en comparación con el 51 % reportado por Estados Unidos. Esta dependencia refleja no solo un cambio en las preferencias del mercado chino, sino también la capacidad de Brasil para capitalizar oportunidades comerciales derivadas de coyunturas geopolíticas y económicas.

Exportaciones de soya brasilera

Entre 2017 y 2022, las exportaciones brasileñas de soya hacia China crecieron un 56 %. Este crecimiento no fue lineal: en 2018 se alcanzó un pico de USD 27,2 mil millones, que disminuyó en 2019 como consecuencia de una combinación de factores, entre ellos una menor cosecha, la peste porcina africana y una huelga de camioneros que afectó la logística interna (Hatchett, 2019). Sin embargo, en 2020, la devaluación del real y la reactivación económica de China tras la pandemia impulsaron una nueva expansión (Ustinova y Woody, 2020). En 2021, se sembró un récord de 44,3 millones de hectáreas, lo cual permitió aprovechar la ventaja de una cosecha temprana (Ishikawa y Furuya, 2020). Esta tendencia culminó en 2022 con exportaciones por USD 31,8 mil millones, favorecidas por precios internacionales elevados. Aunque China absorbió más del 70 % del total exportado por Brasil durante este período, otros mercados emergentes también han cobrado importancia estratégica. Países como España, Tailandia, Irán y Turquía han intensificado sus compras de soya brasileña (ver Tabla 2), en parte como una estrategia de diversificación de proveedores frente a la volatilidad del comercio global.

En particular, las relaciones bilaterales con Irán muestran una dinámica ascendente. En 2021, el comercio entre ambos países alcanzó los USD 2.5 mil millones, con Brasil exportando

Méndez Toro et al

principalmente productos agrícolas, incluida la soya. Ese mismo año, la inauguración de la Cámara de Comercio Conjunta IránBrasil en São Paulo (Jalali, 2022; IRNA, 2023) marcó un hito en la institucionalización de esta cooperación, facilitando canales estables de intercambio económico. Otro mercado en expansión ha sido Turquía. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la relación bilateral con Turquía se ha fortalecido notablemente en la última década. Durante la visita del Ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en abril de 2022, ambas naciones relanzaron su asociación estratégica y reactivaron la Comisión de Cooperación de Alto Nivel. Esta renovada colaboración ha generado un aumento del comercio bilateral de USD 1.9 mil millones en 2015 a USD 4.9 mil millones en 2022, con un superávit comercial brasileño de USD 2.2 mil millones impulsado, en gran medida, por exportaciones agrícolas como la soya, que juega un papel fundamental en esta relación económica.5

Tabla 2. Exportaciones de soya brasilera en 2017-2022 por valor comercial

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade

5 Véase Gobierno de Brasil en https://www.gov.br/mre/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/republic-of-turkey

Exportaciones de soya americana

En 2017, China era el principal destino de las exportaciones estadounidenses de soya, con un valor de USD 12,224 millones. Sin embargo, tras la imposición de aranceles, las exportaciones hacia ese país se desplomaron un 74 % en 2018, alcanzando apenas USD 3,119 millones. Ante este panorama, Estados Unidos redujo el área sembrada de soya de 90,2 a 76,1 millones de acres y los precios descendieron a menos de USD 8 por bushel. En respuesta, el gobierno implementó un paquete de ayuda de USD 12,000 millones (Choe, Hammer y Montgomery, 2018) y buscó diversificar sus mercados hacia destinos como México, la Unión Europea, Egipto e Indonesia (ver Tabla 3).Tras la firma del acuerdo Fase Uno en 2020, China incrementó nuevamente sus compras de soya, lo que impulsó las exportaciones globales de EE. UU. a USD 25,522 millones en ese año y a USD 34,392 millones en 2022.

Entre los principales aumentos destacan Egipto (+452 %), México (+131 %), la Unión Europea (+69 %) y Japón (+85 %). En 2022, China alcanzó un valor de importación de USD 17,868 millones, el más alto en los últimos seis años, favorecido por la sequía en Sudamérica y la guerra en Ucrania (Foreign Agriculture Service Agriculture Export Year Book, 2022).

Tabla 3. Principales mercados de exportación de soya estadounidense según valor comercial, 2017–2022 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Foreign Agriculture Service USDA6 y U.S. Census Bureau Trade Data – BICO HS-10, USDA Soybean Export Highlights 2021.7

A continuación, la Figura 1 muestra cómo ha cambiado la participación de China en las exportaciones de soya de Brasil y Estados Unidos entre 2004 y 2023. Se observa claramente cómo Brasil fue ganando protagonismo en el mercado chino, especialmente a partir de 2018, mientras que la participación de Estados Unidos disminuyó drásticamente durante el periodo de mayores tensiones comerciales, con una recuperación parcial en los últimos años.

6 Véase Foreign Agriculture Service (2022). https://www.fas.usda.gov/sites/ default/files/2023-05/2022-Yearbook.pdf

7 Véase Foreign Agriculture Service (2021a). https://www.fas.usda.gov/soybean-2021-export-highlights

Méndez

Figura 1. Participación de China en las exportaciones de soya de Brasil y Estados Unidos, 2004–2023

Fuente: Elaboración propia y utilizando datos de USDA.

Cadenas de suministro estadounidenses por código armonizado

Entre 2018 y 2022, las compañías Gavilon Grain, The Delong Co. y Perdue Agribusiness LLC lideraron las exportaciones de productos de soya desde Estados Unidos, junto con las conocidas multinacionales del grupo ABCD (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus).En cuanto a los productos exportados (según el sistema armonizado – SA), se identificaron ocho grandes grupos (ver Diagrama 3), siendo el estado de Illinois —particularmente Chicago, IL— el principal punto de origen de exportación para granos y harina de soya, clasificados bajo los códigos 120100, 120190 y 120810. Además, se observó una expansión en el comercio de aceite de soya (código 150710), especialmente vinculado al auge de los biocombustibles, con Arabia Saudita como uno de los principales destinos. Los puertos de Long Beach y Los Ángeles, California, fueron las terminales de embarque más utilizadas durante este período (ver Diagrama 4), mientras que Indonesia, Arabia Saudita y Japón se destacaron como destinos frecuentes de los envíos.

Diagrama 3. Productos de soya por código armonizado

Fuente: Elaboración propia de la autora de la investigación.

Diagrama 4. Cadena de suministro de las exportaciones de productos de soya de Estados Unidos, 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Import Key

Compañías multinacionales

Las empresas ABCD ejercen una influencia significativa en la economía brasileña y tienen capacidad de ejercer influencia sobre los gobiernos mismos. Son actores clave en el mercado de commodities agrícolas. En la Figura 2 observamos que Bunge y

Méndez Toro et al

Cargill son las empresas que han dominado el comercio. En el año 2018 Bunge se colocó indudablemente como la compañía exportadora más importante con un aumento en valor comercial de un 39% en comparación con el año anterior. Además, gigantes como COFCO en China y numerosos operadores más pequeños han incursionado en este sector (dos Reis et al., 2024). COFCO International ha jugado un papel importante en la exportación de soya en América Latina desde su adquisición de Noble Agri y Nidera en 2014. En 2018, exportó alrededor de 9 millones de toneladas de Brasil, Argentina y Paraguay, convirtiéndose en el tercer mayor exportador de soya en Paraguay. Estas empresas brindan a los agricultores desde la semilla inicial hasta el fertilizante y los agroquímicos necesarios para el cultivo. Posteriormente, compran la soya cosechada y la almacenan en sus propias instalaciones de almacenamiento (Murphy, Burch y Clapp, 2012). Sin embargo, su poder, dominio e influencia no se detiene ahí. Las ABCD son actores clave en la logística y el transporte de las mercancías agrícolas que manejan. Operan sus propios sistemas de transporte, como lo son el sistema ferroviario y barcos, lo que les permite tener un manejo de sus flotas y a su vez control casi total sobre el movimiento de productos agrícolas, incluida la soya. Algunos ejemplos notables incluyen a Cargill Ocean Transportation y Louis Dreyfus Amateurs, que son parte integral de sus operaciones logísticas. Además, Bunge opera sus propias barcazas para el transporte fluvial, lo que ilustra aún más la extensión de su presencia en la cadena de suministro (Murphy, Burch y Clapp, 2012).

Durante el periodo de estudio (2018-2020) las compañías multinacionales Cargill y Bunge desempeñaron un papel crucial, actuando tanto como compradores y suplidores en esta dinámica comercial. Además de estas multinacionales, empresas locales como Amaggi también contribuyeron de manera significa a la reestructuración de la cadena de suministro de soya en Brasil. Las multinacionales ABCD desempeñan un papel excepcionalmente influyente en la industria de la soya en Brasil (ver Figura 2). Estas empresas controlan una parte significativa de las ventas de soya brasileña, alcanzando un impresionante 63,9%. Además, tienen un dominio notable sobre la capacidad de molienda en el país, controlando la mitad de esta (Medina, 2022). Por otro lado, el capital nacional en Brasil tiene un control aproximado del 30,7% del mercado comercial de soya, lo que ilustra la gran influencia

que ejercen las ABCD en comparación con las empresas locales (Medina, 2022). Un ejemplo del alcance de estas gigantes es el hecho de que empresas como Cargill, ADM y Bunge, no solo representan más del 60 por ciento del financiamiento total de la producción de soya en Brasil, sino que también están involucradas en prácticamente todas las etapas del proceso agrícola, lo cual mantiene a estas con un grado de dominio muy marcado (Murphy, Burch y Clapp, 2012).

Figura 2. Compañías exportadoras de soya brasilera según valor comercial, 2017–2020 (USD)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trase

En la siguiente figura se observa que el puerto de exportación más utilizado en Brasil durante el periodo 2017-2020 fue Santos. En 2022, Santos continuó siendo el principal puerto exportador de soya en Brasil, seguido por el puerto de Paranaguá (Salin, 2023). Esto indica que los principales puertos exportadores han mantenido una tendencia consistente en su liderazgo dentro del sector.

Tanto el gobierno de Brasil y empresas internacionales continúan priorizando proyectos de infraestructura de transporte que faciliten la exportación y la competitividad en las cadenas de suministro. Brasil sostiene en gran medida su competitividad mejorando continuamente su infraestructura de transporte para reducir los costos de transporte. Varios proyectos ferroviarios importantes que se están considerando incluyen la carretera norte-sur (EF-151), el Ferrocarril de Integración Oeste-Este (EF334) y el Ferrocarril Ferrogrão (EF-170), que será adyacente a la BR-163 y está se espera que alivie las condiciones del tráfico en

la BR-163 al servir como ruta alternativa para las exportaciones de soya y maíz (He, De Paula y Zhang, 2021 p.19). El desarrollo y modernización de la infraestructura, como la pavimentación de carreteras, apertura de rutas de ferrocarril y sistemas de transporte en general, han permitido una mayor eficiencia en la distribución y exportación de la soya brasilera.

Figura 3. Puertos de exportación en Brasil según valor comercial, 2017-2020 (USD)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trase

Efectos de las tarifas en la reestructuración de las cadenas de suministro

1. Diversificación de mercados

Uno de los cambios más evidentes en la cadena de suministro fue la diversificación de mercados de exportación, especialmente para los productos que solían tener a China como su principal destino. Debido a las tarifas del 25% impuestas por China a los granos de soya y otros productos derivados, las exportaciones a ese país disminuyeron drásticamente en 2018. Granos de soya (120100): China, que en 2017 representaba la mayor parte de las exportaciones de granos de soya estadounidenses ($12.2B), redujo sus importaciones en 2018, lo que llevó a los exportadores a buscar nuevos mercados. Durante este periodo, México y Egipto aumentaron sus compras de granos de soya, lo que ayudó a mitigar parte del impacto de la pérdida de mercado en China. En los años siguientes, las exportaciones a China se recuperaron parcialmente, pero los nuevos mercados como México y Egipto siguieron siendo importantes.

2. Crecimiento de mercados regionales para soya americana

Además de buscar mercados fuera de China, hubo un notable crecimiento de mercados regionales cercanos a EE.UU. México es el segundo mercado de soya entera más grande para EE. UU., así como un importante mercado para la harina y el aceite de soya (USSEC, 2022).

Las exportaciones a México aumentaron, lo que sugiere que EE.UU. fortaleció sus lazos comerciales en la región para compensar las pérdidas en Asia. Canadá también fue un mercado importante, especialmente para productos como la salsa de soya, lo que refleja una mayor integración regional en la cadena de suministro agrícola.

3. Dependencia de Brasil a China

Durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Brasil consolidó su dependencia del mercado chino al convertirse en su principal proveedor de soya, con más del 80% de sus exportaciones destinadas a China en 2018. Este fortalecimiento de la relación comercial fue clave para Brasil, pero también lo dejó altamente vulnerable a las fluctuaciones de demanda y tensiones políticas en el mercado chino.

Conclusión

En esta investigación, una hipótesis se confirma, y una de ellas solo de manera parcial. Los hallazgos reflejan que la guerra comercial efectivamente impactó la dinámica de flujos de las cadenas de suministro de la soya, aunque por un periodo breve de tiempo. Durante el periodo 2018-2019, se observó una reestructuración significativa en las importaciones de soya desde Brasil hacia China, alterando los patrones comerciales y debilitando el mercado estadounidense. Esta reestructuración fue una respuesta de China a los aranceles impuestos a las importaciones de soya estadounidense en el marco de la disputa comercial. Además, China continuó fortaleciendo sus lazos con Latinoamérica, especialmente con Brasil. Un hallazgo adicional como parte de la reestructuración de las cadenas de la soya fue la incursión de Rusia en el mercado chino como proveedor de soya, lo cual se alinea con la estrategia de China en el marco de la iniciativa Belt and Road (Heslip, 2023). Por otro lado, aunque el mercado estadounidense se debilitó entre 2018-2019 no continuó

esa tendencia gracias a la diversificación de mercado y el aumento en las compras chinas. Estados Unidos, a su vez, fortaleció sus suplidores incluyendo nuevos actores en el mercado de soya en Latinoamérica, Asia y Europa. Los aranceles impuestos por China en 2018 tuvieron un impacto significativo en las exportaciones de granos de soya de Estados Unidos, reduciendo su volumen de 31.6 mil millones a 12.9 mil millones de kilogramos y provocando una caída del 76% en el valor de las exportaciones a China. Esto representó pérdidas estimadas de $27 mil millones para la agricultura estadounidense, siendo la soya responsable del 71% de estas pérdidas. Sin embargo, la industria se adaptó redirigiendo exportaciones a mercados alternativos como México y Egipto. Con el acuerdo de la Fase 1 en 2020 y la implementación de exenciones arancelarias, las exportaciones estadounidenses comenzaron a recuperarse, demostrando la relevancia del mercado chino como socio clave.

Durante la revisión de la literatura, se identificó que los gobiernos han implementado diversas estrategias políticas para mitigar los efectos de la guerra comercial en el comercio de la industria de la soya. Un ejemplo de ello es la Orden Ejecutiva 14017, cuyo propósito es reducir las interrupciones en las cadenas de suministro globales. Estas respuestas incluyen medidas como subsidios, acuerdos comerciales e inversiones en nuevos mercados. Como parte de las recomendaciones para futuras investigaciones, resulta pertinente analizar la efectividad de estas políticas en la mitigación de los impactos comerciales derivados del conflicto, así como identificar áreas que requieran intervenciones adicionales para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro vinculadas a la soya y a su vez la seguridad alimentaria global.

Asimismo, se sugiere incorporar fuentes de datos adicionales provenientes tanto del sector empresarial como de entidades gubernamentales, lo cual podría enriquecer significativamente el análisis y aportar mayor precisión a los resultados. También se recomienda ampliar el alcance geográfico de los estudios, incluyendo a otros actores clave en el comercio internacional de soya, como Argentina—tercer mayor exportador mundial y líder en harina de soya para alimentación animal—y México, segundo principal importador de soya procedente de los Estados Unidos. La inclusión de otros países permitiría explorar otros

aspectos del fenómeno en estudio y adoptar nuevos enfoques que anteriormente no se habían abordado debido a limitaciones de datos. Dado a lo previamente discutido, tres sugerencias para futuras investigaciones incluyen:

1. Se insta a llevar a cabo futuras investigaciones que incluyan una mayor diversidad de datos y consideren la inclusión de países como Argentina y México, para profundizar el análisis de las dinámicas globales en el comercio de la soya y sus implicaciones políticas y económicas.

2. Investigar las implicaciones de las políticas comerciales y agrícolas en esta nueva etapa del liderazgo de Trump (o cualquier otra administración relevante). Esto incluye analizar cómo las decisiones políticas futuras pueden influir en las relaciones comerciales entre Estados Unidos, China y Brasil, así como en la estabilidad de las cadenas de suministro globales de soya.

3. Ampliar los estudios hacia otros commodities estratégicos, como maíz, trigo y arroz, para evaluar cómo los conflictos geopolíticos afectan diferentes cadenas de suministro agrícolas utilizando bases de datos de comercio internacional.

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los problemas estructurales de la pesca artesanal y de sus comunidades en colombia

Adriana R. Cadena Cancino1

Introducción

Las comunidades pescadoras, desde el neolítico, poco a poco se asientan en las orillas de los cuerpos de agua y construyen toda una estructura económica basada en los frutos del agua y una superestructura resultante de las interacciones de los habitantes de los asentamientos cuyas costumbres, usos, creencias, tradiciones, normas, instituciones, órganos de poder, técnicas, conocimientos, expectativas y experticias conforman su ser social.

El desarrollo de esas fuerzas productivas, en este contexto claras y determinantes y que se relacionan con las artes de pesca y demás aditamentos necesarios, determina la interacción y mutua dependencia entre los miembros de la comunidad y con los de otras poblaciones similares o con quienes periódicamente se aproximan a intercambiar y/o adquirir productos o solicitar unirse al grupo.

Colombia posee una gran riqueza de fuentes hídricas, tanto así que varias investigaciones de carácter ambiental estiman que el país cuenta con el 60% de los páramos de mundo y cerca de 31.702 humedales entre los que se encuentran arrecifes, estuarios, manglares, marismas, ciénagas, meandros, lagunas, chucuas y pantanos (Jardín Botánico de Bogotá, s.f.).

En lo que concierne a las fuentes hídricas que suponen producción pesquera, según el Instituto de Investigaciones

1 El siguiente documento fue presentado para el ingreso como Miembro Correspondiente de la Autora ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

Marinas y Costeras -Invemar- (2005, p.5), Colombia posee en el Mar Caribe una línea de costa de 1.642 km y un mar territorial de 524.981 km2; en el Océano Pacífico cuenta con una línea de costa de 2.188 km y 367.823 km2 de mar territorial; mientras que en el Área Insular tiene 52 km de línea de costa.

La cuenca del Magdalena recibe aguas de cerca de 500 afluentes por ambas orillas y más de 5.000 arroyos y quebradas; la cuenca del Orinoco está formada por más de 436 ríos y más de 2.000 torrentes; la vertiente del Pacífico la conforman más de 200 ríos; el río Amazonas es alimentado por cerca de 1.100 afluentes (aunque solo algunos están en territorio colombiano y el río Sinú recibe las aguas de tres ríos y de un número importante de pequeños cauces (Procolombia, 2022).

Se estima que hay alrededor de 1.900 ciénagas, con una extensión de 7.800 km cuadrados, que se ubican principalmente en las tres regiones cenagosas que posee el país: las llanuras de bajo Magdalena, del río Atrato y del bajo río Sinú. “De las ciénagas existentes, el 82% se encuentran en la región Caribe” (Aguilera, 2011, p.9)

La riqueza hídrica colombiana podría posicionar al país como de gran importancia pesquera. Sin embargo, contrariamente a la lógica, la pesca en Colombia sufre graves problemas estructurales.

La pesca artesanal en Colombia está rezagada frente a países de América del Sur; por ejemplo, mientras la pesca artesanal chilena tuvo una producción total en 2021 de 3.900.000 toneladas (Oceana, s.f.), y la de Perú una de 6.600.000 de toneladas (Ministerio de la Producción, 2022), la pesca artesanal en Colombia para ese mismo año produjo tan solo 62.123 toneladas (Duarte et al., 2022).

Un ejemplo claro de la caída de la producción de la pesca artesanal en Colombia se puede observar en el comportamiento de la pesca en la cuenca del Magdalena, la cual ha sufrido graves problemas ecológicos y ambientales a causa de la deforestación, desecación, minería, ganadería, cultivos extensivos, y obras de infraestructura que no han respetado la dinámica hídrica, apropiación indebida de territorios del agua, desviación de ríos, taponamiento de caños, entre otras causas, que han llevado a que la producción pesquera hubiese caído de manera acelerada. Tanto

fue así, que “en 1976, el potencial pesquero se estableció entre 80.000 y 120.000 toneladas año, representado por 26 especies comerciales de un total registrado de 167… La disminución de la producción desembarcada y registrada entre 1974 y 2009 fue del orden de 85%, estando identificadas 30 especies con algún grado de amenaza. En la década de los setenta la cuenca aportaba entre el 77% y el 95% de la pesca continental y respecto a toda la pesca nacional registrada ha pasado del 69% al 18,63% en 2009” (Lasso et al., 2011, p. 22).

La caída de la producción pesquera, y las consecuencias que esto conlleva para las familias pescadoras colombianas, nos ha llevado a preguntarnos: ¿cuáles son las causas estructurales de la crisis del subsector pesquero2 artesanal en Colombia?, además de cuestionarnos ¿si las comunidades pesqueras podrían superar la situación de crisis generalizada por la que atraviesan? Al tratar de responder las preguntas, tenemos como hipótesis principal que los pescadores artesanales atraviesan por una crisis social, económica, ambiental y productiva causada por la gran desigualdad que ha suscitado el sistema de producción capitalista en el sector rural y por la falta de reconocimiento de la identidad política de las familias que se dedican a la pesca artesanal en Colombia.

Como objetivos de la investigación nos planteamos 1) Identificar teóricamente la situación de la pesca artesanal en Colombia; 2) Analizar la situación económica, productiva, ambiental y social por la cual atraviesa la pesca artesanal; y 3) Proponer soluciones a la crisis de la pesca artesanal y de sus comunidades.

Metodológicamente, se empleará la observación experimental productora de estadísticas reales y fidedignas y el análisis estructural y de la dinámica habitacional, cualitativa y cuantitativa, comportamental y de interrelacionamiento de los pescadores artesanales habitantes de las riberas de los ríos y mares colombianos, que permitirán establecer una semblanza a profundidad de necesidades y carencias, gracias a lo cual se podrán diseñar políticas públicas de carácter social y económico que, en el marco de lo establecido y ordenado por la Constitución Política y las leyes colombianas, permitan quebrar el círculo

2 Se habla de subsector pesquero, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256 de 1991, por los cuales se rige la pesca en el país.

vicioso del atraso, la miseria y la trampa de la pobreza endémica de estos colombianos y sus familias.

La aproximación teórica para abordar la situación del subsector pesquero en Colombia

Las familias pescadoras colombianas atraviesan por una serie de situaciones socio-económicas adversas, que permiten que se puedan identificar con variables propias del subdesarrollo, como son: bajo ingreso per cápita, desempleo, informalidad, marginación, desnutrición, presiones militares ilegales, desestabilización, colonización, analfabetismo, invasiones, presiones, entre otras (Díaz, 2000, pp. 19 -21).

En su libro, Pedro Agustín Díaz Arenas plantea que el atraso no genera estados dramáticos y resulta fácilmente superable; mientras que el subdesarrollo trata de alteraciones estructurales y funcionales graves en el orden vital, por lo que se asimila a la existencia de una atrofia. (Díaz, 2002, p.36).

En este sentido, podemos identificar al subsector pesquero colombiano como un damnificado del desarrollo, de los intereses existentes de unos pocos, pues “los hombres no sólo proceden según su saber sino de acuerdo a sus intereses” (Díaz, 2002, p.16), lo que ha sido la máxima expresión de la existencia de un patrón de mercado neoliberal acumulador, que ha impactado fuertemente la estructura rural de la pesca, donde sobreviven prácticas ancestrales que riñen con las acciones realizadas por el capitalismo que todo lo ha vuelto mercancía, impactando fuertemente a la naturaleza y al modo de desarrollo de los pescadores.

La construcción de carreteras, hidroeléctricas, industrias, agricultura y ganadería extensiva, gran minería, entre otras actividades, han llevado a la degradación sistemática de los ecosistemas acuáticos donde se reproduce y vive el recurso pesquero.

El profesor Fals Borda (2002), empleó el concepto de “cultura anfibia”, término inicialmente acuñado por Luis Striffler, usado para designar donde se encuentra la cultura de los pescadores artesanales, lo que en resumen está vinculado

“con un complejo de conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo del ambiente natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de producción agropecuaria, de la pesca y de la caza... Contiene elementos ideológicos y articula expresiones psicosociales, actitudes, prejuicios, supersticiones y leyendas que tienen que ver con los ríos, caños, barrancos, laderas, playones, ciénagas y selvas pluviales; incluye instituciones afectadas por la estructura ecológica y la base económica del trópico, como el poblamiento lineal por las corrientes de agua, las formas y medios de explotación de los recursos naturales, y algunas pautas especiales de tenencia de tierras” (p.21b).

Esta cultura anfibia, propia de los pescadores artesanales, se ha mantenido en los territorios del agua, lo cual ha arraigado en las grandes brechas entre la modernidad de la ciudad y el atraso económico de la ruralidad, pues en Colombia el colonialismo, basado en la esclavitud y el feudalismo, nunca tuvo una transición hacia el sistema productivo industrial capitalista, lo cual llevó en primera instancia al atraso y podríamos decir que también a la marginalidad.

González Casanova (1965, p. 89) define marginalidad como

“el marginalismo, o la forma de estar al margen del desarrollo del país, en no participar en el desarrollo económico, social y cultural, el pertenecer al sector de los que no tienen nada, es particularmente característico de las sociedades subdesarrolladas” .

Mientras que para el Centro de Desarrollo Económico y Social de América Latina -DESAL- “son los grupos sociales, que no obstante ser miembros de la sociedad de un país, no llegan a penetrar en la intimidad de sus estructuras… han quedado al margen del proceso de modernización” (Bennholdt, s.f, p.1507)”, conceptos que se relacionan directamente con campesinos, pescadores e indígenas.

En este sentido, para Cepparo (2014) la marginalidad puede implicar

“la dificultad en la accesibilidad, el alejamiento a las poblaciones más dinámicas y la restricción de las

Los problemas estructurales...

características físicas del territorio… Las presiones para la inserción en el mundo globalizado, el desequilibrado sistema político y socioeconómico local y regional, la irregular secuencia de las decisiones públicas y privadas, los tradicionales rasgos culturales de la comunidad, la resistente actitud personal y colectiva frente a los cambios, a los riesgos, a los problemas, entre otras tantas opciones de manifestación”.

Más “la no pertenencia o no participación en el circuito regional y la total o casi total exclusión del mercado nacional” (Germani, 1980, p.14-15). Con el agravante de que, en Colombia, la ruralidad ha sido permeada por una violencia histórica que no ha permitido llevar a cabo una reforma agraria, lo que ha dificultado lograr una transición económica hacia la modernidad en la ruralidad en el país, hechos por los cuales desde los años 40 se gestó la violencia guerrillera, como producto de la expropiación de los campesinos por parte de grandes terratenientes.

Para la comprensión del fenómeno social y productivo del sector pesquero colombiano, es importante entrelazar la teoría de la modernización (relacionada con el accionar de las personas) y la teoría de la marginalidad económica (relacionada con las relaciones sociales de producción y la desigualdad de las relaciones económicas).

El ensayo sobre Marginalidad en América Latina de DESAL (1969, p.227), se acerca a la situación por la que atraviesa el campo colombiano, aunque no es del todo preciso, pues si bien hay problemas fuertes como “la existencia de regímenes de tenencia de la tierra, la falta de participación activa (que le impide el acceso a la educación, a la información y a la cultura), la estructura del poder imperante (los grupos gobernantes se han confundido con los terratenientes), la dispersión y el aislamiento geográfico”, no es del todo cierto que el campesinado esté incapacitado para organizarse, pues en Colombia se vienen dando procesos sociales que han buscado la reivindicación política, social, cultural, ambiental y económica de dicha población, que por ejemplo a través del acto legislativo 001 de 2023, ha logrado que se modifique el Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, a través del cual la población campesina logró ser reconocida como una población sujeto de derechos y de especial protección constitucional; sin embargo, el estado de marginación en el campo se mantiene.

Esta situación de marginalidad pone en evidencia los problemas estructurales que tiene la población pesquera frente a los procesos de transición económica y productiva y la consecuente situación de pobreza y de miseria.

No resulta simple la transición de una formación social a otra, ya que existen arraigos culturales- económicos- sociales que responden a un modo de desarrollo productivo particular, que puede ser que esté alejado de los propios objetivos del capitalismo y por esto se pueden evidenciar problemas estructurales en la concepción del desarrollo, pues son diametralmente diferentes.

La tesis

Nuestra tesis radica en que la situación de marginalidad de la pesca en el territorio colombiano tiene su génesis en las propias características de los individuos que tienen un nivel de participación política y económica muy limitada, aunado a los procesos de acumulación capitalista que han llevado al deterioro del sector.

El desarrollo capitalista ha tenido varias etapas, que han ido en contravía del progreso de la ruralidad, pues inicialmente su núcleo se centró en la industria y en el trabajo asalariado, cuestiones casi ajenas al campo colombiano, que más bien tiene raíces feudales y coloniales y cuenta con altísimos niveles de informalidad.

Después de la segunda revolución industrial se da un importante crecimiento a partir del desarrollo del taylorismo y fordismo, que aunado a políticas contracíclicas que estimularon la demanda a partir de las posturas teóricas de Keynes, logró un estado de bienestar que se desmontó en los años 70 y 80 y con ello el desarrollo del posfordismo, la imposición de la globalización económica, que pone al sistema financiero como el núcleo del sistema capitalista, que se caracteriza por la desregulación, la privatización, la fragmentación productiva, la apertura económica y de mercados, la proliferación de acuerdos comerciales y el establecimiento de las cadenas globales de valor, que llevan a la especialización de países como China y México que se centran en la producción industrial; y a los países desarrollados como los generadores de innovación y desarrollo, tecnología y servicios especializados.

La globalización económica, centrada en los grandes capitales financieros, concede grandes ventajas a los oligopolios para ingresar a los países en vía de desarrollo, que a partir de la figura de la Inversión Extranjera Directa pueden obtener concesiones para explotar materias primas, dominar los mercados de commodities, afectando de paso los ecosistemas acuáticos, como por ejemplo la generación de energía hidroeléctrica, la explotación de petróleo, oro, carbón, entre otros, contaminando las aguas y con ello han contribuido en gran medida a la reducción del recurso pesquero.

El modo de producción capitalista ha afectado fuertemente al sector pesquero a través de la proliferación de acuerdos comerciales y ampliación de mercados, que han llevado a sustituir pescado colombiano con pescado extranjero (ver cuadro 6), lo cual implica una respuesta del mercado a una solución de falta de disponibilidad de alimento, pero que afecta en gran medida el logro de la restauración de los ecosistemas acuáticos y de los medios de vida de las familias pescadoras, generando pobreza y miseria.

Tan grave es la falta de disponibilidad de pescado en Colombia, que a 2022 se tuvo que importar más del 50% del pescado que se requiere para suplir el mercado interno (ver cuadro 3). Luego, la marginalidad en la comunidad pesquera tiene su origen en la falta de una reivindicación política, así como en los efectos de la economía de mercado, a la que poco le interesa el bienestar de los ecosistemas naturales ni de las comunidades, que no han sido beneficiarios de los spillovers que argumenta la teoría neoliberal.

El trasegar político-jurídico de la pesca artesanal en Colombia

Es importante resaltar que la pesca en Colombia ha sido una actividad desarrollada fundamentalmente por indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes históricamente han sido rezagados respecto de las políticas de desarrollo, lo que ha llevado a que la pesca artesanal no fuese contemplada como una actividad relevante para el desarrollo del país.

Si bien la pesca artesanal en Colombia se remonta a antes de la colonia, no fue sino hasta 1938 que se creó el Instituto de Piscicultura y Pesquería, a través de la Ley 154, el cual no funcionó por falta de recursos (Moreno, 2018, p. 351).

Para 1953 con el Decreto 2269 se le otorgó a la Armada Nacional funciones de vigilancia, control y expedición de licencias para la pesca marítima y es en 1957 con el Decreto 376, que se dan las bases legales para la administración de la pesca, pues allí se “establecen normas para la vigilancia, conservación, mejoramiento, comercio, movilización, exportación e importación de productos pesqueros” (Decreto 376, 1957); Decreto que fue modificado por la Ley 13 de 1990 o Estatuto de Pesca3, que es la norma que rige la pesca en Colombia.

Para Romero Matos (2012, pp. 46-47), a partir de la creación de diferentes institutos adscritos al Ministerio de Agricultura, se adelantaron acciones en asuntos pesqueros sin que fuesen dirigidas específicamente hacia el sector, las cuales no tuvieron una acción coherente con el desarrollo pesquero, como en los casos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), Corporación Financiera de Fomento Agropecuario y de Exportaciones (COFIAGRO) y la Empresa Comercializadora de Productos Perecederos, EMCOPETER. En 1968, a través del Decreto 2420 se creó el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA), adscrito al Ministerio de Agricultura, donde se ubicó la pesca artesanal.

Rivera (1987) informa como para 1982 existieron en Colombia 32 cooperativas de pescadores, pero que rápidamente fueron liquidadas, dados los conflictos existentes entre la idiosincrasia del pescador y su falta de preparación en el manejo de empresas y la burocracia del gobierno de turno, que planteó constituirlas bajo una mirada desde Bogotá, desde el INDERENA.

En este punto es muy importante abordar los procesos organizativos del orden nacional de la pesca artesanal, pues han sido fundamentales en la incidencia sobre la formulación de políticas para el subsector. En 1977 fue creada la Asociación

3 Es importante mencionar que la Ley 13 del 15 de enero de 1990, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca, declara en su Artículo 3° a la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social; Ley reglamentada posteriormente por los Decretos números 2256 de 1991y 4181 de 2011. Al declararse la actividad pesquera como de utilidad pública se está acorde con los principios que fundamentan el Estado Social de Derecho con base en el Artículo 1° de la Constitución Política.

Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia -ANPAC- y cuarenta años después, en 2017, se creó la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia -COMENALPAC.

En 1977, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de pescadores de Colombia, al cuales asistieron 65 comunidades, según lo relata Rivera (1987) y de este encuentro resultó la ANPAC, a través de la cual se logró visibilizar la pesca artesanal

“y para 1980 el Ministerio de Agricultura constituye la Comisión Nacional de Pesca, como órgano consultor del gobierno al cual fueron llamados los pescadores artesanales a través de la ANPAC… En la tercera asamblea nacional en 1982, se propicia una alianza con algunos empresarios de la industria pesquera… con lo cual en 1985 se concluye con la formulación de un anteproyecto de Ley Marco para la pesca, en el que se contempla la creación del Instituto Nacional de la Pesca, la Corporación Financiera para el Desarrollo de la Pesca y el Fondo Nacional de Fomento Pesquero” (Rivera, 1987).

De todo lo anterior solo se materializó la creación del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura- INPA el 15 de enero de 1990, mediante la Ley 13 y que fue liquidado en el año 2003 a través del Decreto 1293, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Las funciones del INPA fueron trasladadas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER, creado en 2003 y liquidado en 2015 a través del Decreto 2365. Sin embargo, previo a la liquidación del INCODER (hoy dividida entre las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)) las funciones de pesca y acuicultura pasaron a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, creada el 3 de noviembre de 2011 a través del Decreto 4181, la cual entró en funcionamiento a partir de 1 de enero de 2012.

Es importante resaltar que el pescador artesanal no ha sido tenido en cuenta como un sujeto relevante dentro de las decisiones políticas nacionales ni regionales. El sujeto pescador ha sido tan invisibilizado en la política nacional, que no fue reconocido en la Constitución Política de 1991, a pesar de que dicha Carta Magna es conocida como la “Constitución de los Derechos Humanos”.

Es tan grave la falta de reconocimiento político del pescador y de la importancia de la actividad que ejerce, que por ejemplo en el Decreto Ley 624 de 1989, a través del cual se expidió el Estatuto Tributario en el Art. 158 rezaba:

“DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN EN EL SECTOR

AGROPECUARIO. Serán considerados como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, en sus coeficientes de amortización, las inversiones en construcción y reparación de viviendas en el campo en beneficio de los trabajadores; igualmente, los desmontes, obras de riego y de desecación; la titulación de baldíos, construcción de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación y mejoramiento de fincas rurales” (Decreto Ley 624, 1989).

Esta nefasta deducción en el sector agropecuario fue derogada solo hasta 2016 a través de la Ley 1819, lo cual demuestra una vez más que la pesca y la calidad de vida de las familias que viven de la actividad parecieran no ser algo importante para el Estado, pues, al contrario, pareciera que se buscara su eliminación. Este polémico Artículo atentó contra la misma Constitución Política en los artículos 8, 58, 63, 79, 80 y 95, todos ellos relacionados con el buen uso de la naturaleza y de los bienes públicos y por supuesto afectó la calidad de vida de las familias que viven de la pesca, sobre todo de aquellos que viven en la parte continental.

Es de anotar que la Ley 13 de 1990 está desactualizada y tiene falencias como la propia definición de pescador (Art. 59) que determina al pescador como “… toda persona que habitualmente se dedique a la extracción de recursos pesqueros, cualesquiera sean los métodos lícitos empleados para tal fin”, pues no refleja la importancia política ni cultural del sujeto pescador, por lo que desde las organizaciones de pescadores se está proponiendo reconocer al pescador como “un sujeto que tiene una relación directa con el agua, el cual generalmente carece de tierra y fundamenta su actividad con expresiones culturales, organizativas y familiares que le permiten ejercer el manejo sustentable de los ecosistemas y recursos pesqueros, de los cuales depende su forma de vida, trabajo y reproducción social”, ya que allí se comprende su modo de organización y modo de producción particular.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, en respuesta a la sentencia STP 2028-2018 de la Corte Suprema de Justicia, propuso una definición para el campesinado, que en nuestro concepto aún es muy limitada para dar alcance a la inclusión del pescador artesanal dentro de la misma, por lo que se tendrá que seguir insistiendo en una definición acorde con las necesidades de reconocimiento político del pescador, para que sus derechos y garantías sean tenidos en cuenta y se logren superar las condiciones de vulnerabilidad de la población pesquera que identificó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (2019, 1): “(i) medio ambiente, (ii) ingresos, (iii) salud, (iv) condiciones laborales y (v) la marginalización política” (FAO, 2019).

Un ejemplo de la poca importancia que le ha dado la institucionalidad al pescador fue la no materialización del Art. 62 de la Ley 13 de 1990, que contemplaba una seguridad social especial para la población de pescadores, que es lo que ha impulsado desde 2022 el Grupo Interinstitucional de Protección Social para la Pesca -GIPRO- de la FAO en Colombia, creado para impulsar la “protección social”4 de los pescadores artesanales colombianos.

Si bien la Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Solidaridad, este es inoperante para los pescadores artesanales, pues dadas sus condiciones actuales de vida, la casi plena informalidad del subsector y sus bajos ingresos como producto de la actividad que alcanzan precariamente para la subsistencia, no pueden hacer una contribución para acceder al sistema de pensiones en ninguna de las modalidades previstas por la norma. No obstante, la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro

4 La FAO (2019, 2) define la protección social como “el conjunto de políticas y programas que abordan las vulnerabilidades económicas, ambientales y sociales de la inseguridad alimentaria y la pobreza mediante la protección y la promoción de los medios de vida”, y promueve la construcción de sistemas integrales e inclusivos de protección social para la población rural en sus tres grandes componentes: la protección social no contributiva (o asistencia social), la protección social contributiva (o seguridad social) y las políticas y regulaciones del mercado laboral para garantizar el empleo decente”.

La seguridad social responde, según FAO (2019), a los programas contributivos que están dirigidos “a proteger a la población contra los imprevistos que afectan el bienestar o los ingresos de acuerdo con riesgos propios de cada etapa del ciclo de vida y la ocupación laboral. Dichos programas van desde seguros de salud, pensión, cesantías, protección contra riesgos profesionales, caja de compensación, entre otros.

asigna un monto mensual de $225.000 pesos para los mayores de 80 años de edad que no gocen de pensión, a partir de julio de 2025, que, si bien es un gran logro, aún sigue siendo muy bajo para garantizar una vida digna.

En la lógica de buscar una mejor calidad de vida para los pescadores artesanales, se crea la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia -COMENALPAC5-, la cual nació para defender los derechos de los pescadores artesanales, pues en 2016 cursaba en el Congreso de la República el proyecto de Ley sobre Pesca Ilegal, el cual pretendía modificar el código penal con el fin de poder enviar a pescadores a la cárcel de uno a cinco años sin posibilidad de excarcelación por cualquier irregularidad o “delito” que cometiera el pescador, aun conociendo que la caída del recurso pesquero no ha sido por acción de los pescadores artesanales, sino por un gran número de externalidades negativas que se han ejercido hacia los ecosistemas acuáticos, tales como contaminación, pérdida de conectividad, desviación de ríos, riachuelos, taponamiento de caños, obras de infraestructura que se han hecho sin respetar la dinámica hídrica, hidroeléctricas, minería, agricultura, desecación de humedales aprovechados por ganadería, entre otros.

Esta situación de alto nivel de hostilidad contra los pescadores artesanales hizo que se diera la primera movilización de pescadores de río, mar, ciénagas y embalses y así se realizó la primera Asamblea Nacional de Pescadores, que posteriormente llevó al nacimiento de COMENALPAC.

Frente al proyecto de Ley de Pesca Ilegal, Comenalpac intervino a través de la movilización y logró echar para atrás el cambio del código penal, se introdujeron cambios en la definición de pesca de subsistencia de la Ley 13, y se logró la transición para alcanzar la formalización de pescadores, de lo cual resultó la primera caracterización y formalización de pescadores artesanales en Colombia que se realizó entre 2019, 2020 y 2021; labor a partir de la cual se logró formalizar cerca de ciento veinte mil (120.000) pescadores artesanales.

A partir de allí, se da inicio al reconocimiento de la importancia de los pescadores y, junto con la Defensoría del Pueblo, se

5 Ver en www.comenalpac.com

Los problemas estructurales...

logró sacar la primera cartilla de derechos de los pescadores artesanales, con los que se les reconoce su dimensión social, ambiental, política, económica y cultural.

Se hicieron recorridos defensoriales por diversas partes del país; se realizaron programas de radio y documentales de la pesca artesanal, con el fin de llamar la atención pública sobre el gran deterioro de los ecosistemas acuáticos y la disminución sustancial de los recursos pesqueros en el país.

Las federaciones de pescadores del río Magdalena, pertenecientes a COMENALPAC, acompañaron a la Fundación Alma en la acción sobre la búsqueda del reconocimiento de la pesca artesanal en el río Magdalena como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación.

La Confederación, entre los años 2020 y 2021 hizo parte del “Comité del Paro”6 y junto con las Dignidades Agropecuarias, logró la instalación de la Mesa de Dignidad Pesquera, con la cual se conformó la primera mesa de diálogo y de negociación entre el gobierno y el subsector pesquero artesanal, que dio paso posteriormente a la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca Artesanal, creada a través de la Resolución 488 de 2023.

Por otro lado, la Confederación a través de la sentencia T163 de 2024, logró iniciar un proceso de reconocimiento de derechos de pescadores y de la importancia de la restauración y recuperación de ecosistemas asociados a la pesca. En esta sentencia se logró que se reconocieran los daños ejercidos sobre el complejo cenagoso de Cascaloa, por la pérdida de conectividad a causa de la construcción de una carretera. Con esta acción, ochenta y dos (82) ciénagas deberán ser restauradas en el Municipio de Magangué. Este es un hito histórico, pues se puede considerar el inicio de la restauración y reconocimiento de la importancia de las familias pescadoras y de los ecosistemas que emplean para su sustento.

El mismo gremio incidió fuertemente para que se aprobara la Ley 2268 de 2022, a través de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia, reconociendo la

6 El Comité Nacional de Paro fue una organización civil formada por grupos heterogéneos que participan en las protestas en Colombia de 2021.

importancia del subsidio a pescadores en tiempos de veda (pues existen 37 vedas que duran entre un (1) mes y 5 (cinco) meses, a través del SEDEVEDA, además de obligar a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a avanzar en los temas de ordenamiento pesquero; se busca que el Ministerio de Ambiente atienda los proyectos de restauración ambiental a través de los pagos por servicios ambientales en bienes públicos para pescadores artesanales y se garantice la seguridad social completa.

En el ejercicio de incidencia política, COMENALPAC buscó que en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida 2022-2026”, se reconociera la territorialidad denominada “Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios”, que es el inicio de la construcción de un verdadero ordenamiento alrededor del agua en Colombia y, finalmente, valdría la pena mencionar, las acciones realizadas para que durante el gobierno de Gustavo Petro, fueran reconocidos los pescadores en el Acto Legislativo 001 de 2023, que modificó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, que buscó el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.

Estos dos últimos logros mencionados se trabajaron conjuntamente con el campesinado colombiano, a través de la Convención Nacional Campesina, instancia de la cual fue fundadora COMENALPAC y a través de la cual se obtuvo un asiento en la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, que se estima será el espacio más importante de concertación entre el gobierno y el campesinado frente a los temas de desarrollo de la ruralidad.

Por supuesto, faltan pasos por dar, como lograr que Colombia ratifique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales y se pueda dar una agenda internacional, con el fin de posicionar y reconocer el estatus y las dimensiones del pescador artesanal en los diferentes convenios, convenciones, acuerdos, entre otros.

Es importante resaltar que ha habido procesos de gran importancia para el sector pesquero como el Grupo Interinstitucional y Comunitario para la Pesca Artesanal -GICPA, así como otros procesos regionales de pescadores y otras redes recién creadas, que han contribuido a mejorar la visibilización del

Los problemas estructurales...

sector pesquero en el país. Sin embargo, no haremos énfasis en los mismos, por no tener su marco de acción claro en el ámbito nacional.

En definitiva, podemos decir que se ha podido avanzar con los instrumentos de política para el reconocimiento de la importancia del sujeto pescador, pero aún falta acceder al poder político para poner en funcionamiento los derechos reconocidos y poder avanzar en los asuntos económicos y sociales de las familias del subsector.

Un análisis cuantitativo de la situación económica y social en la que se encuentran los pescadores artesanales colombianos

Del total de pescadores artesanales

En los últimos años, el subsector pesquero artesanal ha sufrido cambios importantes frente al número de personas que ejercen la actividad, dada la disminución del recurso pesquero y también por la degradación de los diferentes cuerpos de agua y porque la actividad no brinda las garantías necesarias para mantener una suficiente calidad de vida de quienes la ejercen.

A través del cuadro 1, sustentado en cifras de los tres procesos de caracterización, formalización y fortalecimiento asociativo que realizó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), y la coordinación de las organizaciones de pesca artesanal, entre los años 2019 y 2022, derivado de un compromiso adquirido por la AUNAP a través de la Ley de Pesca Ilegal (Ley 1851 de 2017, Art. 2, Parágrafo 3), podemos observar que la Cuenca del Magdalena posee el mayor número de pescadores de Colombia (54.462), además de evidenciar que los pescadores marítimos (30.315) son menos que el total de pescadores continentales (86.013). Si bien este proceso parte de una caracterización que no nos garantiza el número total de pescadores existentes en el país (a la que adicionalmente le faltó la caracterización de la zona del Catatumbo), dada la corresponsabilidad entre las organizaciones de pescadores que participaron en el proceso se puede sugerir que mínimo el 90% de los pescadores fueron tenidos en cuenta logrando alta

rigurosidad técnica, pues hasta el momento nunca en el país se había dado un ejercicio estadístico nacional de tal magnitud.

Algunos artículos y la AUNAP contemplan la existencia entre 250.000 y 300.000 pescadores artesanales (Nuevo Siglo, 11 de abril de 2024), pero lo cierto es que el proceso de caracterización mencionado es el ejercicio más cercano para ver la realidad de la actividad.

Cuadro 1. Aproximación del número total de pescadores artesanales colombianos

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020, 2021 y 2022). Elaboración propia.

También es importante destacar el papel de la mujer en la pesca (primer eslabón de la cadena), pues ha habido factores que han impedido que el número sea mayor, como por ejemplo el cuidado de la familia, hasta factores de idiosincrasia cabalística,

además de faltar en el estudio una caracterización más profunda de las mujeres que se dedican a la pesca de piangua, que se da de manera exclusiva en el Pacífico colombiano, por lo que el número de mujeres en la zona puede ser mayor.

Del proceso mencionado, se estima que en la zona marítima (Atlántico, Pacífico) junto con quienes ejercen la actividad en la zona de Hidroituango, el 19,15% de los encuestados fueron mujeres; mientras que entre los encuestados en los ríos Magdalena, Sinú, San Jorge y Cauca, las mujeres que participan en la pesca sumaron 11,2% y en las zonas comprendidas por la Orinoquía, Amazonía, ríos Atrato y Ranchería y Canal del Dique, el porcentaje femenino fue de 26,4%. De esta manera se puede decir que, del total de encuestados, las mujeres pescadoras a nivel nacional participan en promedio con el 15,9%.

Es importante resaltar que a través de la Ley 2268 de 2022 se estableció que se adelantará un censo de pescadores artesanales dirigido por el DANE, por lo que se espera se confirmen las cifras presentadas en el presente trabajo.

¿Y la producción pesquera en Colombia? Cuadro 2. Total producción pesquera artesanal entre 2012 y 2022. En toneladas.

Fuente: SEPEC. Elaboración propia. 2012.

En el Cuadro 2, podemos ver como para 2012 el registro de la pesca artesanal, por ejemplo, en la Cuenca del Magdalena fue tan solo de 3.455 toneladas, y recordando la investigación de Lasso (2021), el potencial pesquero en 1976 en la Cuenca se estimaba entre 80.000 y 120.000 toneladas. Esta situación advierte que en Colombia la producción de pesca artesanal está en declive, si bien es muy importante para la seguridad alimentaria de las familias pescadoras, a pesar de que se pudo observar una leve recuperación a partir de 2019.

Cuadro 3. Producción y consumo de pescado en Colombia en 2022

Producción pesquera año 2022

Total producción Toneladas/año

Total producción pesca artesanal

Total

Consumo per cápita de pescado en Colombia 9,6 kg/año

Total exportaciones de pescado ** 35.719

Total población*** 51.870.000

Toneladas de pescado requeridas para 2022 497.952

Total producción de pescado en Colombia 282.941

Pescado producido - pescado exportado 247.222

Total pescado

Elaboración propia. Fuentes: *https://www.contextoganadero.com/regiones/ conozca-algunas-cifras-del-sector-acuicola-en-colombia **https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/ Colombia-Cuenta-con-30-mil-Toneladas-de-Pescado-Para-la-Semana-Santa. aspx

***Fuente: Banco Mundial

Nota: Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP, 2022), el consumo de pescado para el año 2022 se ubicó en 9,6 kilos/per cápita, por lo que se elaboraron los cálculos basados en esta cifra.

El Cuadro 3 nos demuestra que en 2022 la acuicultura superó en 3,9 veces la producción de la pesca artesanal, así como también que Colombia requiere importar 250.730 toneladas de pescado para cubrir la demanda interna, lo cual significa que no tenemos seguridad alimentaria, ni soberanía alimentaria en cuanto a la proteína de pescado y dependemos en más del 50% del comercio exterior.

Cuadro 4. Exportaciones de pescado desde Colombia hacia el mundo. Año 2022. En miles de USD.

EXPORTACIONES DE PESCADO DESDE COLOMBIA HACIA EN MUNDO. AÑO 2022. EN MILES DE DÓLARES

Especies

Tilapia

Truchas

Atunes de aleta amarilla y otros

Langostas

Para

reproducción o cría industrial

Cabezas, colas y vejigas natatorias

Arawana plateada

Salmones de Pacífico

Monto en miles de USD$ Países

95.485

14.268

Estados Unidos, Reino Unido, México, Perú, Canadá, Chile, España, Ecuador, Cuba, China, Irlanda

Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Chile.

9.791 Guatemala, Ecuador, España, Italia, Japón, Panamá y Canadá

4.342

Estados Unidos, Francia, España, Chile, Ecuador, Aruba

437 Venezuela, Estados Unidos, Tailandia

418 Hong Kong

386 Estados Unidos, Brasil, México. Japón, Tailandia, China, Malasia, Taiwán

256 Alemania y Cuba Cangrejo

Albacoras o atunes blancos

Patudos o ojos grandes

Basa

Rayas de Agua dulce

Hígados, huevas de pescado

Otros

203 Estados Unidos

93 Japón

35 Japón

6 Cuba

6 Tailandia y Japón

4 Guatemala

26.302 Varios países

Total 152.032

Elaboración propia. Fuente ALADI.

Cuadro No. 5. Importaciones de pescado realizadas por Colombia hacia el mundo. Año 2022. En miles de USD.

IMPORTACIONES DE PESCADO DESDE COLOMBIA HACIA El MUNDO. AÑO 2022. EN MILES DE DÓLARES

Especies

Salmones

Bagres o pez gato y Basa

Bonitos de vientre rayado

Tilapia

Atunes de aleta amarilla y otros atunes

Jureles

Camarones de río

Merluzas

Percas del Nilo

Carpas

Patudos o atún ojo grande

Albacoras o atunes

blancos

Arenques

Hígados, huevas y lechas

Camarones, langostinos

Róbalo

Cangrejos

Bacalao

Pez espada

Abadejos de Alaska

Rodaballos

Monto en miles de dólares $ País de procedencia

71.115

33.246

18.653

15.869

5.355

Chile, Noruega, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Dinamarca, Polonia

Vietnam, China, Venezuela y Uruguay

Costa de Marfil, Senegal, Ecuador y México

China, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas

Vietnam, Ecuador, Costa de Marfil, Senegal, Estados Unidos, España, China, Panamá.

2.925 Chile, Ecuador, Portugal y México

601 Venezuela

554 Ecuador, Perú, Panamá y Chile

536 Tanzania y Uganda

473 Argentina, Uruguay

450 Costa de Marfil y Senegal

368 Trinidad y Tobago y Ecuador

203 Estados Unidos

196 Estados Unidos, China, Ecuador e Islandia

180 Venezuela

150 Venezuela, España, Vietnam, Turquía

56 Vietnam, Estados Unidos, Myanmar

39 Chile y Estados Unidos

38 Ecuador

33 Estados Unidos

24 Venezuela, Portugal

Cuadro No. 5. Importaciones de pescado realizadas por Colombia hacia el mundo. Año 2022. En miles de USD.

(Continuación)

IMPORTACIONES DE PESCADO DESDE COLOMBIA HACIA El MUNDO. AÑO 2022. EN MILES DE DÓLARES

Especies

Monto en miles de dólares $ País de procedencia

Bogavantes 20 Canadá

Mantarrayas 17 Chile

Sardinas 11 Estados Unidos

Langosta 3 Estados Unidos

Caballas 2 Ecuador

Otros

Total

Elaboración propia. Fuente ALADI.

148.042 Varios países

299.159 Todos los países

El cuadro 4. nos muestra que para el 2022 Colombia concentró la exportación de pescado en un 62,8% en la tilapia, con destino principal hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, exportó trucha y, en tercer lugar, exportó atunes de aleta amarilla; siendo los dos primeros vendidos por la acuicultura.

A través del cuadro 5. podemos observar que las principales importaciones registradas en 2022 fueron de salmón, proveniente principalmente de Chile, Noruega y Estados Unidos (23,7%); en segundo lugar, se encontró el bagre pangasius proveniente de Vietnam y China (11,11%); en tercer lugar se importaron los bonitos de vientre rayado, provenientes principalmente de Costa de Marfil y Senegal (6,2%), y en cuarto lugar se importó tilapia proveniente principalmente de China y Estados Unidos (5,3%).

Cuadro 6. Balanza comercial del sector pesquero entre 2008 y 2023. En miles de dólares.

Año

Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticosImportaciones miles de dólares CIF-

Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticosExportaciones miles de dólares FOB

Fuente: Elaboración propia. DANE – Colombia Exportaciones e Importaciones Según Arancel.

Frente a los resultados de la balanza comercial en pesca, podemos ver que desde 2012 ha sido negativa y se ha ido incrementando el déficit hasta 2023, tal como se observa en el cuadro 6.

Es así como podemos demostrar que la pesca artesanal está quedando rezagada a nivel productivo por la acuicultura y queda por sentado que el subsector no está recibiendo la atención que requiere, pues la caída de la producción no sólo afecta la soberanía alimentaria, sino que afecta también la calidad de vida de las familias pescadoras y su permanencia, lo cual puede ser grave en el entendido de que, según la OCDE, se estima que 1,5 millones de empleos dependen de la cadena del sector pesquero (OCDE 2016, p.6), lo cual es muy relevante a nivel social.

¿Y las condiciones tecnológicas y productivas de los pescadores artesanales?

El Cuadro 7 nos muestra como a pesar de que el 85,3% de los pescadores caracterizados poseen una embarcación para pescar, las condiciones de las mismas no son las mejores, pues el 63,9% de las embarcaciones son hechas con madera y el 60,2% emplean remo como método de propulsión. Del total de pescadores con embarcaciones, el 28,4% emplean motores fuera de borda y tan solo el 2,3% emplean motores de centro, lo cual nos indica que hay muy pocas embarcaciones aptas para hacer pesca artesanal a más de una milla (en los mares).

Cuadro 7. Características de las embarcaciones de los pescadores artesanales

TOTAL DE PESCADORES DE LOS RÍOS ATRATO, RANCHERÍA, REGIÓN DE LA AMAZONÍA, ORINOQUÍA Y CANAL DEL DIQUE

TOTAL DE PESCADORES RÍO MAGDALENA, SINÚ, SAN JORGE Y CAUCA

TOTAL DE PESCADORES MARINOS DEL PACÍFICO Y DEL ATLÁNTICO

VARIABLES

Pescadores que emplean una embarcación de fibra de vidrio

Pescadores que emplean motores fuera de borda

Pescadores que emplean una embarcación de madera

Pescadores que emplean la embarcación con motor interno

Pescadores que arriendan la embarcación donde pescan

Pescadores que emplean remo en la embarcación

Cuadro 7. Características de las embarcaciones de los pescadores artesanales. (Continuación)

Pescadores que adquirieron la embarcación con crédito

Pescadores que obtuvieron su embarcación con algún proyecto del gobierno

Pescadores que adquirieron una embarcación a través de una ONG

Pescadores que adquirieron su embarcación con recursos propios

matriculadas

Total de pescadores que emplean una embarcación para pescar

Total de Pescadores que Emplean una embarcación para pescar/Total Pescadores Encuestados

Pescadores Encuestados

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020, 2021 y 2022). Elaboración propia.

Los problemas estructurales...

También se destaca como el 47% de las embarcaciones han sido adquiridas por recursos propios y solo el 2,8% de las embarcaciones fueron adquiridas a través de créditos bancarios, lo que puede demostrar la dificultad que tienen los pescadores para acceder a créditos. Otra variable importante a destacar es el poco apoyo recibido por el gobierno, pues tan solo el 1,6% de las embarcaciones fueron adquiridas a través de programas gubernamentales. Así mismo, un elemento que debemos tener en cuenta es que tan solo el 2,1% de las embarcaciones de pesca artesanal están formalizadas.

Las cifras vistas a nivel regional nos muestran como las condiciones tecnológicas de las embarcaciones son más precarias entre los pescadores de los ríos y ciénagas.

¿Y las condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales?

Cuadro 8. Índice de pobreza multidimensional de pescadores artesanales

Región pesquera

Índice de pobreza multidimensional en pescadores artesanales

Caribe e Insular 22,86

Hidroituango 28,81

Pacífico 28,66

Río Cauca 42,39

Río Magdalena 47,37

Río San Jorge 51,84

Río Sinú 48,77

Río Ranchería 41,6

Río Atrato 54,7

Canal del Dique 45,5

Orinoquía 47,3

Amazonía 46,7

Total nacional a 2022 16

Fuente: PNUD-AUNAP, 2019, 2021, 2022. Elaboración propia.

Gráfico 1. Comportamiento del Índice de Pobreza

Multidimensional de Pescadores Artesanales

Índice de Pobreza Multidimensional en Pescadores Artesanales

CARIBEEINSULARHIDROITUANGO PACÍFICORÍOCAUCARÍOMAGDALENARÍOSANJORGE

RÍOSINÚ

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020, 2021 y 2022). Elaboración propia.

El cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional en pescadores artesanales muestra como la situación económica y social de la población estudiada es precaria y está muy por encima del promedio nacional (16). El cuadro No. 8. y el gráfico 1. nos muestran que los peores indicadores de pobreza multidimensional se encuentran en las poblaciones pesqueras asentadas en los ríos Atrato (54,7), San Jorge (51,84) y Sinú (48,77), así como en la Región de la Orinoquía (47,3). También podemos observar que los pescadores que están en las mejores condiciones sociales se encuentran ubicados en la región Caribe y la zona insular.

Multidimensional

Cuadro 9. Componentes del Índice de Pobreza

Hacinamiento crítico

Material inadecuado para paredes exteriores (%)

Multidimensional. (Continuación)

Cuadro 9. Componentes del Índice de Pobreza

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020 y 2021). Elaboración propia. VARIABLE

Fuente: PNUD AUNAP, Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible. DANE

Los problemas estructurales...

El cuadro 9. nos muestra como el porcentaje de analfabetismo en pescadores es muy alto en los departamentos de la Guajira, Chocó y Córdoba. Por otro lado, el Pacífico en general se caracteriza por un bajo logro educativo y de igual manera los pescadores de la Guajira. El desempleo de larga duración es muy alto en Valle del Cauca y los niveles de mayor hacinamiento se pueden observar en los departamentos del Magdalena y de la Guajira.

Cuadro 10. La seguridad social en pescadores artesanales

Variables sociales analizadas

Pescadores que están cotizando a pensiones

Pescadores de los ríos Magdalena, San Jorge, Cauca y Sinú %

Pescadores del Pacífico, Atlántico, Insular e Hidroituango %

Pescadores de la Orinoquía, Amazonía, Ríos Atrato, Ranchería y Canal del Dique

Pescadores que no están cotizando

Pescadores que están en régimen de salud contributiva

Pescadores que están en régimen de salud subsidiada

Los pescadores no tienen acceso a salud en la zona

Posee alguna enfermedad productos del trabajo

encuestados

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020, 2021 y 2022). Elaboración propia.

El cuadro 10 nos muestra que el 95,3% de los pescadores no cotizan a pensiones, mientras que tan solo el 4,2% de los pescadores encuestados manifestaron que cotizan en el régimen de salud contributivo. Estas cifras dan cuenta de la altísima informalidad del subsector, que supera el 95%. Es importante ver que el acceso a salud es alto y se logra a través del régimen subsidiado (89,1%); también es imperativo que el gobierno trabaje en lograr puntos de atención de salud en las zonas rurales dispersas, pues aún el 19,4% de los pescadores manifestaron que no cuentan con servicio de salud donde viven. Frente a los riesgos laborales, los trabajadores informales no tienen acceso; sin embargo, se anotó que en promedio el 8,4% de los encuestados manifestaron haber tenido alguna enfermedad producto de ejercer la actividad pesquera. Se observa que el comportamiento por grupo de regiones es muy similar.

Cuadro 11. Otras variables para considerar que influyen en el bienestar del pescador

Variables

El pescador tiene un centro de acopio cerca

El pescador fabrica sus propias artes de pesca

pobre

El pescador puede comer hasta dos veces al día

El pescador por falta de dinero no consumió ninguna de las tres comidas básicas uno o más días de la semana pasada

Subtotal Ríos Magdalena, Sinú, San Jorge y Cauca

Subtotal Amazonía, Orinoquía, Ríos Ranchería, Atrato y Canal del Dique

Subtotal Pacífico, Atlántico, Insular e Hidroituango

Cuadro 11. Otras variables para considerar que influyen en el bienestar del pescador. (Continuación)

La casa donde vive el pescador tiene pisos en arena o tierra o madera burda en mal estado

La casa del pescador tiene techo de zinc o de asbesto

La vivienda del pescador no tiene alcantarillado

La casa donde vive el pescador es propia

La casa donde vive el pescador tiene energía eléctrica

La casa del pescador cuenta con acue-ducto

La casa del pescador posee sanitario conectado a alcantarillado

La casa del pescador posee cuarto con ducha para bañarse

La casa del pescador emplea leña para cocinar

La casa del pescador cuenta con escritura

Total pescadores encuestados

Fuente: Procesos de caracterización de pescadores. AUNAP-PNUD (2020, 2021 y 2022). Elaboración propia

Uno de los resultados de mayor interés es el de la pobreza subjetiva, pues en promedio el 83,3% se consideran pobres, ubicándose el peor resultado en el grupo de Orinoquía, Amazonía, Ríos Atrato, Ranchería y Canal del Dique. Otro indicador importante es que, en promedio, el 40,3% de los pescadores solo pueden comer hasta dos veces al día. En general, las condiciones de las viviendas donde viven los pescadores son bastante precarias, pues en promedio el 79,4% tienen techos de lata de zinc o asbesto; sólo el 18,2% de las viviendas de los pescadores cuentan con sanitario conectado al alcantarillado y sólo el 14,2% posee cuarto de ducha. En congruencia con el resultado de pobreza subjetiva, con el cuadro 11. se puede observar que las peores condiciones de las viviendas están en la zona de Orinoquía, Amazonía, Ríos Atrato, Ranchería y Canal del Dique. Sin embargo, llama la atención que la zona donde el alcantarillado es muy precario es la zona de la Cuenca del Magdalena, Río Sinú, San Jorge y Cauca. Es de anotar que a nivel nacional se ha avanzado en interconexión eléctrica, ya que el 77% de los pescadores cuentan con el servicio, pero en acueducto el alcance solo es del 42%.

En general podemos decir que la situación de precariedad económica y social de los pescadores artesanales colombianos es evidente, por lo que se demuestra el poco interés que han tenido los gobiernos de turno en invertir en la actividad, lo que ha llevado a que el país tampoco cuente con soberanía alimentaria a pesar de tener una gran riqueza hídrica y un inmenso potencial económico y comercial.

¿Entonces, qué se concluye y recomienda?

Algunas de las principales causas de la crisis por la cual está atravesando la pesca artesanal se pueden resumir en: 1) falta de reconocimiento de las diferentes dimensiones que contempla la pesca artesanal (cultural, ambiental, social, económica y política); 2) la degradación de los ecosistemas acuáticos por condiciones ambientales adversas y externalidades negativas recibidas por contaminación, minería, ganadería, agricultura extensiva; 3) obras de infraestructura que no han atendido la importancia de la conectividad del sistema hídrico, desviación de ríos, taponamiento de caños, sedimentación de ciénagas; 4) la falta de inversión en el subsector pesquero; 5) diferencias marcadas entre el sistema capitalista y las características productivas propias de la pesca artesanal; 6) la falta de garantías sociales y económicas para los

Los problemas estructurales...

pescadores artesanales; falta de acceso al crédito; 7) el comercio internacional como solución para garantizar la demanda interna de pescado; 8) decrecimiento del recurso pesquero en Colombia; 9) sobrepesca; entre otros.

A pesar de la situación de alta vulnerabilidad de la pesca artesanal, desde los tres poderes públicos se ha visto un interés en debilitar aún más al subsector, como por ejemplo con la polémica desatada con la prohibición de la pesca incidental de tiburón, la ampliación inconsulta de áreas protegidas marinas que afecta directamente a comunidades de pescadores artesanales, la prohibición de la pesca deportiva, proyectos de Ley que buscan acabar con el palangre como arte de pesca permitido.

Por otra parte, la autoridad ambiental en el país no invierte en la restauración de los ecosistemas acuáticos, pero sí ha buscado el desplazamiento forzoso de pescadores de zonas declaradas como parques nacionales, que en su esencia han sido ancestralmente empleadas para la actividad pesquera, dejando a comunidades enteras de pescadores sin seguridad alimentaria, con el agravante de que han sido zonas que se han destinado para el servicio del turismo, de los que se lucran grupos económicos poderosos del país.

Los gobiernos de manera equivocada han diseñado políticas que pretenden determinar que la acuicultura es la alternativa para los pescadores artesanales, pues si bien se está hablando de la producción de la misma proteína, las condiciones de trabajo, así como las implicaciones culturales y económicas son totalmente diferentes. Para cultivar pescado se requieren tierras y esto es precisamente lo que los pescadores no poseen; por eso se ha hablado de la “cultura anfibia”, pues incluso muchos de ellos viven dentro del agua en asentamientos palafíticos.

La situación de la pesca artesanal puede mejorar sustancialmente si el Estado llegara a tener una política de restauración y recuperación de los ecosistemas acuáticos y se invirtiera en el desarrollo de la pesca artesanal, con fuentes claras y asequibles de financiamiento y de apoyo, pues los proyectos que hoy reciben los pescadores artesanales no fomentan el desarrollo, sino que enquistan aún más la subsistencia y la pobreza.

También es de gran importancia que se implemente la Ley 2268 de 2022, pues los pescadores requieren que en época de veda de las especies se les otorgue el seguro de desempleo, pues si bien ellos son cuidadores naturales del medio ambiente, también requieren subsistir en estos meses de reproducción de las especies.

Colombia tiene un gran potencial pesquero, pero nunca se ha buscado desarrollarlo y es momento de hacerlo. Evidenciadas las grandes falencias económicas, sociales, culturales, laborales, de ingresos, etc., de las comunidades de pescadores artesanales, salta a la vista la imprescindible necesidad de diseñar y aplicar políticas públicas que les conlleven desarrollo y progreso, insertándolas en la dinámica económica de las localidades y regiones donde residen y visibilizándolas como sujetos con plenos derechos. Es importante que, en los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales, se reflejen programas y proyectos en pro de mejorar las condiciones de vida de las familias pescadoras y por supuesto se requiere un fortalecimiento de las organizaciones del subsector.

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Hacer de tripas corazón. acceso a la comida, soberanÍa alimentaria y regÍmenes alimentarios1, 2

MaribelAponte García y CarlosA. Álvarez Aponte

Hacer de tripas corazón (1996), por Inés Aponte. Medio mixto / 18 x 15″ . Colección personal de la autora.

Introducción

Acceder a la comida en Puerto Rico es una experiencia cotidiana atravesada por la desigualdad, la incertidumbre y la

1 La investigación que sustenta este trabajo fue subvencionada por una beca del Fondo Institucional para la Investigación del Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el marco de una convocatoria vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resultados parciales fueron presentados en la Jornada Acceso a la comida, organizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) en agosto de 2025.

2 Las imágenes incluidas en este capítulo corresponden a obras de la artista Inés Aponte, algunas forman parte de la colección personal de la autora, y otras se reproducen con su autorización.

Hacer de tripas corazón

dependencia. Para muchos hogares, comer implica hacer de tripas corazón con ajustes constantes: reducir porciones, cambiar patrones de consumo, depender de redes familiares, ayudas comunitarias o programas públicos para sostener la alimentación diaria. Esta precariedad no es excepcional ni coyuntural. Forma parte de cómo se organiza históricamente el sistema alimentario en un territorio cuya provisión depende, de manera estructural, de arreglos productivos, comerciales y logísticos definidos fuera de su control.

En economías altamente dependientes de importaciones y expuestas a choques externos, el problema alimentario no puede reducirse a la pregunta de si los alimentos llegan o no a los anaqueles. Remite, de manera creciente, a las estructuras y relaciones de poder que organizan la producción, el comercio y la captura de valor a lo largo de las cadenas alimentarias. Desde esta perspectiva, los patrones de importación, la externalización del procesamiento y la subordinación logística no son fallas coyunturales del mercado, sino expresiones de un modo específico de organizar el sistema alimentario a través de las cuales se reproducen dependencias, asimetrías y vulnerabilidades estructurales.

Para comprender por qué estas formas de acceso precario y dependiente se repiten en el tiempo, este capítulo recurre a la noción de regímenes alimentarios. Más que un concepto técnico, los regímenes alimentarios permiten pensar la alimentación como parte de arreglos históricos relativamente estables que articulan producción, comercio, consumo y poder a escala global y regional. Los regímenes asignan a los territorios funciones diferenciadas —productores, procesadores, plataformas logísticas o mercados de consumo— y definen, en consecuencia, quién decide, quién captura valor y quién asume los riesgos. En países importadores netos de alimentos, como Puerto Rico, estos regímenes tienden a sostener el acceso cotidiano a la comida a través de cadenas largas y altamente externalizadas, donde las decisiones estratégicas se toman fuera del territorio, condicionando tanto la seguridad alimentaria observable como los márgenes reales de soberanía.

La noción de seguridad alimentaria se define como la condición en la que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos

Aponte García & Álvarez Aponte

que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias (FAO, 2009). Este enfoque ha sido fundamental para visibilizar el hambre, medir la inseguridad alimentaria y orientar políticas públicas. Sin embargo, su énfasis en resultados observables — disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad— tiende a dejar en segundo plano las condiciones estructurales y de poder que los producen, particularmente en contextos donde el abastecimiento depende de arreglos comerciales, logísticos y regulatorios definidos externamente. En este sentido, la seguridad alimentaria captura efectos, pero no explica por sí sola los mecanismos estructurales que los generan.

En diálogo crítico con estos límites, la soberanía alimentaria redefine el problema alimentario como una cuestión de control, capacidad de decisión y organización de los sistemas alimentarios. Este enfoque incorpora explícitamente dimensiones como el comercio, las cadenas de valor, la estructura productiva y las políticas públicas, permitiendo analizar cómo se genera, se captura o se pierde valor a lo largo de los sistemas alimentarios. Desde esta mirada, el comercio puede operar simultáneamente como mecanismo de mitigación de vulnerabilidades en el corto plazo y como dispositivo de reproducción de dependencias estructurales en el largo plazo, dependiendo de cómo se inserten los territorios dentro de los regímenes alimentarios dominantes.

La dependencia de importaciones de alimentos constituye un rasgo estructural de numerosos países y economías insulares. Puerto Rico representa un caso particularmente ilustrativo de país importador neto de alimentos, entendido en términos técnicos como un territorio cuyo valor total de importaciones alimentarias supera de manera sostenida el de sus exportaciones, lo que implica una dependencia estructural del comercio internacional para satisfacer el consumo interno de alimentos básicos (FAO, 2009). En el caso puertorriqueño, se estima que aproximadamente el 85 % de los alimentos consumidos son importados, lo que limita severamente la capacidad de respuesta ante choques externos, desastres naturales y disrupciones en las cadenas de suministro (Ayala, 2024).

Esta dependencia estructural convive con niveles persistentes de inseguridad alimentaria. Diversos estudios documentan que alrededor del 33 % de los adultos y cerca del 40 % de los hogares de bajos ingresos experimentan inseguridad alimentaria. Tras el

impacto de los huracanes Irma y María en 2017, estas cifras se incrementaron de manera sustancial, alcanzando más del 55 % de los hogares en general y el 62 % en zonas de bajos ingresos del área metropolitana de San Juan (Santiago-Torres et al., 2019, p. 295). Estos resultados evidencian déficits de seguridad alimentaria, pero también plantean interrogantes más profundas sobre las estructuras comerciales y productivas que los sostienen.

A esta vulnerabilidad se suma una contracción prolongada de la base productiva agrícola. El Censo Agrícola de 2018 documenta una reducción significativa en el número de fincas en Puerto Rico, de 13,159 en 2012 a 8,230 en 2018, con efectos directos sobre el suministro local de alimentos y los ingresos agrícolas. La mayoría de estas fincas son pequeñas —con menos de 100 cuerdas—, de carácter familiar o individual, y generan ingresos anuales por hogar inferiores a los 20,000 dólares, lo que limita su capacidad de inversión, adaptación tecnológica y resiliencia frente al cambio climático (Santiago-Torres et al., 2019). Desde la óptica de los regímenes alimentarios, estos patrones refuerzan una inserción subordinada del territorio en el sistema alimentario global; desde la soberanía alimentaria, restringen la capacidad de capturar valor y de controlar eslabones estratégicos de las cadenas.

En respuesta a estos desafíos, en 2012 un Grupo de Trabajo Interagencial incorporó las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria —disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad— y elaboró la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico como instrumento de referencia para la formulación de políticas públicas. Esta canasta, ilustrada en la Figura 1, incluye 28 productos agrupados en siete categorías: cereales y farináceos; vegetales y granos; frutas; aceites; leche y productos lácteos; carnes y sustitutos; y condimentos. En esta investigación, la Canasta Básica Alimentaria se utiliza como indicador normativo de adecuación nutricional, y como un referente empírico validado del núcleo mínimo del sistema alimentario, a partir del cual es posible analizar comercio, cadenas de valor y sostenibilidad desde una perspectiva estructural.

Fuente: Adaptación de imagen original de la Universidad de Puerto Rico, el Servicio de Extensión Agrícola, y la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, disponible en https://www.uprm.edu/sea/canasta-de-alimentos/

Conviene aclarar que esta Canasta Básica Alimentaria no equivale a la canasta de alimentos tradicional utilizada en estudios de costo de vida. Mientras la canasta tradicional se construye a

Figura 1. Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico

partir de lo que efectivamente consume la población —incluyendo productos altamente procesados y alimentos de bajo valor nutricional—, la Canasta Básica Alimentaria se define a partir de criterios de nutrición, suficiencia y adecuación alimentaria. En lugar de reflejar hábitos de consumo condicionados por ingresos, precios o disponibilidad comercial, esta canasta identifica un conjunto de alimentos considerados necesarios para sostener una alimentación saludable. El objetivo no es medir cuánto cuesta comer “como se come”, sino establecer un referente empírico de los alimentos que deberían garantizarse para una reproducción social digna. Esta distinción es central para el análisis que sigue, ya que permite examinar el comercio y las cadenas alimentarias no desde patrones de consumo precarizados, sino desde un umbral normativo mínimo de alimentación adecuada.

Para analizar estas dinámicas de manera empírica sin reducirlas a indicadores aislados, este capítulo operacionaliza el acceso a la comida a partir de criterios de comercio sostenible y cadenas de valor vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aplicados específicamente a los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico. Estos criterios —que incluyen la capacidad de producción y procesamiento local, la agregación de valor, la estructura productiva, la exposición a riesgos climáticos y las formas de articulación comercial— no se utilizan aquí como metas normativas abstractas, sino como lenguajes analíticos que permiten traducir la soberanía alimentaria en dimensiones observables del sistema alimentario. En este sentido, los ODS funcionan como una herramienta interpretativa que conecta comercio, cadenas de valor y acceso cotidiano a la comida, haciendo visible cómo estas dimensiones estructuran —y limitan— los márgenes reales de seguridad y soberanía alimentaria en un territorio importador neto de alimentos como Puerto Rico.

Pese a la amplia literatura sobre seguridad alimentaria y sistemas agroalimentarios, persiste una brecha analítica en la articulación sistemática entre comercio, cadenas de valor y suministro, y la operacionalización empírica de la soberanía alimentaria, particularmente en economías altamente dependientes de importaciones y vulnerables al cambio climático. Esta brecha ha limitado el desarrollo de enfoques capaces de conectar los resultados observables del acceso a la comida con

las estructuras comerciales, productivas y logísticas que los condicionan, así como de evaluar empíricamente alternativas viables dentro de los regímenes alimentarios existentes.

Este capítulo se propone contribuir a cerrar esa brecha mediante un análisis integrado del comercio alimentario y de las cadenas de valor y suministro, aplicado a los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico. El objetivo central de la investigación es analizar cómo las estructuras del comercio y la organización de las cadenas alimentarias configuran los márgenes reales de seguridad y soberanía alimentaria en un país importador neto de alimentos, situando el acceso cotidiano a la comida dentro de una trama histórica y estructural más amplia.

Para ello, el análisis se apoya en la operacionalización de criterios e indicadores de comercio sostenible y cadenas de valor vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), utilizados aquí como herramientas analíticas —y no como metas normativas— para traducir la soberanía alimentaria en dimensiones empíricamente observables del sistema alimentario. Estos criterios se aplican a la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico como recorte empírico del núcleo mínimo de alimentos que sostienen la reproducción cotidiana de los hogares. Para ello, el capítulo se apoya en un análisis empírico del comercio alimentario y de las cadenas de valor, cuyo diseño metodológico se presenta en un Apéndice, y cuyos resultados se leen en el cuerpo del texto como huellas materiales de relaciones sociales, territoriales e históricas que organizan el acceso cotidiano a la comida. Este capítulo se propone contribuir a cerrar esa brecha mediante un análisis integrado del comercio alimentario y de las cadenas de valor y suministro, articulado a través del método Comercio–Negocio–Cadena (CNC) y de cuatro extensiones analíticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A partir de este enfoque, la investigación se organiza en torno a las siguientes preguntas:

¿Cómo pueden el comercio sostenible y el análisis de las cadenas de valor y suministro ser utilizados para operacionalizar empíricamente la soberanía alimentaria en economías altamente dependientes de importaciones, a partir de los productos incluidos en la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico? ¿De qué

manera el método Comercio–Negocio–Cadena (CNC) permite identificar restricciones estructurales, capturas y fugas de valor asociadas al régimen alimentario dominante, así como márgenes de acción para fortalecer la soberanía alimentaria en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo la aplicación empírica de este enfoque contribuye a distinguir analíticamente entre resultados de seguridad alimentaria y condiciones estructurales de soberanía alimentaria, particularmente en contextos de vulnerabilidad climática y dependencia comercial?

Los elementos empíricos presentados en esta introducción — dependencia importadora, contracción productiva y vulnerabilidad ante choques externos— ponen de relieve una tensión central: la coexistencia de resultados observables de seguridad alimentaria con estructuras persistentes de dependencia y control externo del sistema alimentario. Comprender esta tensión exige situar el caso de Puerto Rico dentro de debates más amplios sobre regímenes alimentarios y soberanía alimentaria. A esa conversación se dirige la revisión de literatura que sigue.

Desde esta mirada, el acceso a la comida deja de ser solo una cuestión de disponibilidad para convertirse en una ventana privilegiada para comprender las formas contemporáneas de dependencia, vulnerabilidad y posibilidad en Puerto Rico y el Caribe.

Coma, (1994), por Inés Aponte. Medio mixto / 18 x 15″. Colección personal de la autora.

Revisión de la literatura

Pensar el acceso a la comida ha sido, históricamente, una forma de pensar el hambre, la escasez y la supervivencia. Durante buena parte del siglo XX, y con mayor fuerza a partir de las crisis alimentarias de los años setenta, la alimentación comenzó a abordarse desde el lenguaje de la medición y como una cuestión de insuficiencia: cuánta comida hay, quién puede acceder a ella, con qué regularidad y bajo qué condiciones. A partir de las crisis alimentarias globales de la década de 1970, este enfoque se institucionalizó en el concepto de seguridad alimentaria, que permitió medir, comparar y visibilizar la magnitud del hambre a escala global (Sen, 1981; FAO, 2009).

La seguridad alimentaria introdujo un lenguaje común para hablar del problema: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Gracias a este marco, fue posible documentar quiénes no comen lo suficiente, quiénes enfrentan inseguridad alimentaria crónica o transitoria, y cómo los shocks económicos y ambientales afectan el consumo cotidiano. En contextos como Puerto Rico, esta literatura ha sido clave para evidenciar los impactos de desastres naturales, crisis económicas y pandemias sobre los hogares más vulnerables (Colón-Ramos et al., 2019; Clay et al., 2021; Rodríguez-Cruz et al., 2022; Xu et al., 2023).

Sin embargo, desde sus orígenes, la seguridad alimentaria cargó con una tensión no resuelta: su fortaleza como instrumento de medición fue, al mismo tiempo, su principal límite analítico. Al concentrarse en resultados observables, tendió a despolitizar las preguntas sobre quién controla los sistemas alimentarios, cómo se organizan los flujos de comercio y dónde se captura o se pierde el valor a lo largo de las cadenas (Patel, 2009). La comida podía llegar —y medirse— sin que ello implicara control territorial, estabilidad estructural o justicia social.

Fue precisamente frente a ese vacío que emergió la teoría de los regímenes alimentarios. A finales de los años ochenta, Friedmann y McMichael (1989) propusieron una lectura que desplazó la atención desde el hambre como resultado hacia la alimentación como parte de configuraciones históricas relativamente estables de acumulación, comercio y poder. En esta perspectiva, los sistemas alimentarios no son neutrales ni espontáneos: están organizados en regímenes que asignan roles diferenciados a territorios, estados, corporaciones y productores.

Desde esta mirada, la dependencia importadora, la concentración corporativa y la subordinación logística dejan de ser “fallas” del sistema para aparecer como resultados coherentes del régimen alimentario dominante. Los territorios dependientes se integran como mercados de consumo, plataformas logísticas o enclaves de procesamiento, mientras las decisiones estratégicas sobre producción, estándares, rutas y financiamiento se toman fuera de su alcance (McMichael, 2009). Comer, en este marco, es una experiencia atravesada por jerarquías globales.

Desde un punto de vista estrictamente técnico, la seguridad alimentaria podría resolverse —al menos en apariencia— mediante la importación sostenida de alimentos. En la medida en que los mercados internacionales funcionen, las rutas logísticas permanezcan abiertas y el poder adquisitivo permita absorber los costos, un territorio puede garantizar disponibilidad y acceso sin producir localmente los alimentos que consume. De hecho, buena parte de la arquitectura institucional de la seguridad alimentaria global se ha construido sobre este supuesto: que el comercio internacional puede compensar déficits productivos internos y asegurar el abastecimiento de poblaciones crecientemente urbanas. Sin embargo, esta solución técnica ha tenido efectos estructurales profundos. Tal como ha documentado la literatura sobre regímenes alimentarios, los programas de exportación de alimentos y la expansión de circuitos comerciales orientados a mercados internacionales contribuyeron, en numerosos países importadores, a desarticular la producción agrícola local, reconfigurar los sistemas alimentarios en función de la demanda externa y subordinar la agricultura a estrategias de posicionamiento comercial. Desde esta perspectiva, la importación de alimentos no aparece como una respuesta neutral al problema del hambre, sino como parte de un arreglo histórico en el que la garantía del acceso se logra a costa de erosionar capacidades productivas locales y reforzar relaciones de dependencia dentro del régimen alimentario dominante.

La soberanía alimentaria surge como una respuesta crítica desde el Sur Global a esta forma de organización del sistema alimentario. Formulada inicialmente por La Vía Campesina en la década de 1990, la soberanía alimentaria reintroduce de manera explícita la pregunta por el control: quién decide qué se produce, cómo se produce, para quién y bajo qué reglas (Vía Campesina,

1996; Patel, 2009). Más que un rechazo al comercio o a la interdependencia, este enfoque cuestiona las condiciones bajo las cuales se insertan los territorios en los sistemas alimentarios globales.

En la literatura contemporánea, la soberanía alimentaria no se plantea como sinónimo de autosuficiencia ni como una alternativa romántica al mercado. Se entiende, más bien, como una capacidad estructural y relacional, que se expresa en el control de eslabones estratégicos de las cadenas, en la captura de valor local y en la posibilidad de sostener el acceso a la comida frente a choques externos (McMichael, 2013). Desde esta óptica, la seguridad alimentaria no se descarta: se reubica como resultado empírico que debe ser explicado, no como principio rector del análisis.

En territorios altamente importadores y con soberanía política restringida, estas tensiones adquieren una materialidad particularmente nítida. La literatura sobre Puerto Rico documenta tempranamente que la vulnerabilidad alimentaria no puede explicarse únicamente por déficits productivos, sino por una trayectoria histórica de reestructuración agrícola, urbanización acelerada y subordinación del sistema alimentario a un patrón económico colonial-industrial (Carro-Figueroa, 2002). En este contexto, la dependencia de importaciones no es un accidente, sino una condición estructural.

Trabajos más recientes han reformulado este diagnóstico desde la perspectiva de cadenas de valor y suministro, desplazando la pregunta desde “cuánto se importa” hacia “dónde se captura el valor” y “qué eslabones permanecen fuera del control territorial” (Aponte-García, 2024). Este giro permite observar que la dependencia alimentaria se reproduce no solo a través de volúmenes de comercio, sino mediante arreglos logísticos, regulatorios y empresariales que externalizan etapas clave del procesamiento y la distribución.

Un elemento central de esta discusión es el papel del comercio y la logística como infraestructuras del régimen alimentario. En el caso de Puerto Rico, las leyes de cabotaje y la arquitectura regulatoria del transporte no operan como simples restricciones externas, sino como mecanismos activos que estructuran costos, rutas, tiempos y concentración de actores. Desde la teoría

Aponte García & Álvarez Aponte

de los regímenes alimentarios, estas regulaciones funcionan como infraestructura material del régimen; desde la soberanía alimentaria, delimitan de manera concreta el espacio de política disponible para reconfigurar cadenas y reducir dependencias.

Pese a la riqueza de estos enfoques, la literatura enfrenta una brecha persistente: la dificultad de operacionalizar empíricamente conceptos como soberanía alimentaria y régimen alimentario sin reducirlos a indicadores tecnocráticos. Tradicionalmente, la medición cuantitativa ha quedado asociada a la seguridad alimentaria, mientras que la soberanía alimentaria se ha tratado como un marco normativo o cualitativo. Esta división ha limitado la capacidad de evaluar grados, contradicciones y márgenes reales de soberanía dentro de regímenes alimentarios existentes.

Aportes recientes han comenzado a cerrar esta brecha al vincular soberanía alimentaria con estructura productiva, reglas comerciales, y organización de cadenas (Bürgi Bonanomi, 2017; Bürgi Bonanomi & Tribaldos, 2021). En América Latina y el Caribe, estudios comparativos muestran que la soberanía alimentaria no implica aislarse del comercio, sino gestionarlo estratégicamente en función de capacidades productivas, captura de valor y resiliencia territorial (Aponte-García et al., 2024).

Asimismo, la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha abierto un lenguaje común para evaluar desempeño y orientar políticas, aunque su uso en la literatura sobre sistemas alimentarios ha sido mayormente normativo. Son escasos los trabajos que emplean los ODS como plataformas analíticas para traducir conceptos críticos —como soberanía alimentaria o alternativas a los regímenes dominantes— en criterios empíricos vinculados a producción, valor agregado, estructura industrial y vulnerabilidad climática.

Finalmente, la literatura revela una carencia sistemática de estudios centrados en territorios insulares y no soberanos, cuya inserción en los sistemas alimentarios globales está mediada por restricciones institucionales específicas. Estos contextos suelen quedar subsumidos en categorías amplias de economías pequeñas o abiertas, sin analizar cómo la ausencia de soberanía política interactúa con los regímenes alimentarios para producir formas particulares de dependencia, captura y fuga de valor.

En conjunto, estos debates muestran que comprender el acceso a la comida exige articular tres niveles de análisis: los resultados empíricos de la seguridad alimentaria, las capacidades estructurales asociadas a la soberanía alimentaria y las configuraciones históricas de poder que describen los regímenes alimentarios. Traducir esta articulación en una estrategia empírica coherente sigue siendo uno de los principales desafíos de la literatura contemporánea. Es en este cruce donde se sitúa la aproximación del presente capítulo.

Qué lata (1994) por Inés Aponte / Acrílico sobre tela / 14 x 17″. Colección personal de la autora.

Del marco interpretativo a la lectura empírica del acceso a la comida

La discusión precedente ha situado el acceso a la comida como una experiencia cotidiana atravesada por relaciones históricas de comercio, producción y poder. A partir de este punto, el capítulo se desplaza hacia una lectura empírica de esas relaciones, no para enumerar datos aislados, sino para seguir las huellas materiales a través de las cuales se organiza, se sostiene y se vuelve frágil el acceso cotidiano a la comida en Puerto Rico.

La lectura empírica que sigue se apoya en un análisis estructural del comercio alimentario y de las cadenas de valor y suministro, cuyo diseño metodológico se presenta en el Apéndice. En el cuerpo del capítulo, ese andamiaje técnico no ocupa el centro del relato: funciona como soporte para interpretar cómo decisiones productivas, comerciales y logísticas se traducen en condiciones concretas de acceso a la comida en los hogares.

En términos empíricos, el análisis se organiza en torno a la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico, entendida no solo como una lista técnica de 28 productos, sino como un recorte socialmente significativo de los alimentos que sostienen la reproducción nutritiva cotidiana. Observar cómo estos productos se importan, se procesan, se distribuyen o se exportan permite identificar nodos de dependencia, espacios donde se captura o se fuga valor, y márgenes —limitados pero existentes— de reconfiguración del sistema alimentario.

Para hacer legible esta estructura, el análisis utiliza criterios de comercio y cadenas de valor vinculados explícitamente a los ODS, sintetizados en el Cuadro 1. En lugar de funcionar como metas normativas abstractas, los ODS operan aquí como lenguajes empíricos que permiten traducir la soberanía alimentaria en dimensiones observables: producción y procesamiento local (ODS 2), valor agregado e industrialización (ODS 9), sostenibilidad y resiliencia territorial (ODS 15), y articulación comercial y cooperación (ODS 17). Estas referencias aparecerán a lo largo de los resultados como indicadores estructurales, no como juicios de cumplimiento.

Cuadro 1. Criterios e indicadores de comercio sostenible y cadenas de valor vinculados a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) para el análisis de la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico

Criterios Indicadores Indicadores de los ODS Fuentes de datos

Tener capacidad de exportación

Agregar valor local

Capacidad exportadora como indicador de producción y/o procesamiento local

Valor agregado según el código NAICS por sectores y subsectores industriales

Ubicarse en áreas afectadas por el cambio climático

Haber sido producidos localmente

Proyecciones de impacto del cambio climático por región

Producción local en sectores agrícolas y agroindustriales

Incluir sectores de pequeños agricultores

Estructura productiva de los sectores

Fuente: Elaboración propia.

17.11.1 Participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales

9.2.1 Valor agregado de la manufactura como proporción del PIB y per cápita; 9.2.2 Empleo manufacturero como proporción del empleo total; 9.3.1 Proporción de industrias a pequeña escala en el valor agregado industrial

15.3.1 Proporción de tierra degradada; 15.4.1 Cobertura de áreas protegidas en zonas de montaña

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo; 2.3.2 Ingreso promedio de productores de alimentos a pequeña escala

Negociado del Censo de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau), comercio con territorios no incorporados

Matriz Insumo–Producto de Puerto Rico (Junta de Planificación, 2022; datos base 2012)

Investigaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

Departamento de Agricultura de Puerto Rico; Censo Agrícola y Censo de Manufacturas de EE. UU.; literatura académica y gris

Censo Agrícola de EE. UU.; literatura académica y gris sobre agricultura agroecológica

Aquí se describen los criterios e indicadores de comercio sostenible y cadenas de valor vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el análisis de la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico . En el Apéndice se presenta el método que permite operacionalizar empíricamente la soberanía alimentaria dentro del marco de los regímenes alimentarios. El método Comercio–Negocio–Cadena (CNC) consta de nueve pasos y cuatro nuevas extensiones analíticas vinculadas con los

ODS, orientados a construir una base de datos integrada sobre comercio, cadenas de valor y suministro de alimentos en Puerto Rico para el año. El uso de datos correspondientes al año 2022 responde tanto a la disponibilidad del Censo Agrícola 2022 como a la necesidad de capturar una fase de recomposición productiva posterior a los huracanes Irma y María. Los resultados se leen como huellas materiales de relaciones sociales, territoriales e históricas que organizan el acceso cotidiano a la comida en Puerto Rico.

Estos criterios no se derivan de metas normativas abstractas, sino que se apoyan en indicadores ampliamente utilizados en el debate internacional sobre desarrollo sostenible. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) operan aquí como lenguajes empíricos de referencia, que permiten traducir dimensiones de la soberanía alimentaria —producción y procesamiento local, valor agregado, estructura productiva, resiliencia territorial y articulación comercial— en observables concretos, sin asumirlos como estándares de cumplimiento.

Estas referencias aparecerán a lo largo de los resultados no como evaluaciones normativas, sino como señales estructurales que ayudan a interpretar cómo se organiza el sistema alimentario y qué márgenes reales existen para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria en un territorio importador neto de alimentos.

Asimismo, los flujos comerciales se clasifican conforme a las Grandes Categorías Económicas (BEC) de Naciones Unidas (Rev. 4, 2018), que distinguen entre bienes destinados al consumo final, insumos intermedios y productos procesados. En este capítulo, las BEC no se utilizan como una taxonomía técnica, sino como una herramienta interpretativa que permite observar en qué punto de la cadena se inserta Puerto Rico: si como territorio productor, procesador, consumidor final o eslabón logístico. La Figura 2 muestra esta relación entre importaciones, exportaciones y componentes de la cadena de valor, haciendo visible cómo el comercio organiza —y limita— la captura de valor local. Las BEC funcionan aquí como un dispositivo analítico que conecta comercio, estructura productiva y soberanía alimentaria.

Figura 2. Puerto Rico: importaciones y exportaciones según Grandes Categorías Económicas, en relación con los componentes de la cadena de valor

Fuente: Elaboración propia, basada en Organización de las Naciones Unidas (2018).

Con este marco, los resultados que siguen se leen como una primera cartografía visible del acceso a la comida. La estructura de las importaciones y exportaciones alimentarias permite observar, de un solo vistazo, qué productos sostienen cotidianamente la alimentación en Puerto Rico y cuáles dependen casi por completo de flujos externos. A diferencia de trabajos previos centrados en la identificación de empresas importadoras y exportadoras específicas, este capítulo privilegia una lectura estructural del comercio y las cadenas alimentarias. El énfasis no está en los actores individuales, sino en los patrones persistentes de inserción, dependencia y captura de valor que se reproducen aun cuando cambian los agentes que operan dentro de las cadenas.

Resultados

Sub-sección 1. Comercio, cadenas alimentarias y dependencia structural

La estructura del comercio alimentario en Puerto Rico se hace visible cuando se observa qué productos llegan, desde dónde llegan y en qué cantidades. Detrás de cada alimento que entra al territorio hay rutas marítimas, decisiones empresariales y arreglos institucionales que rara vez se perciben en la experiencia cotidiana de los hogares, pero que determinan la forma concreta en que se accede a la comida.

La Figura 2 presenta la composición de las importaciones agrícolas de Puerto Rico para el año 2022, organizadas por subcategorías de la Canasta Básica Alimentaria y expresadas en miles de dólares estadounidenses. Más allá de los volúmenes, esta desagregación permite identificar los nodos de dependencia estructural del sistema alimentario: aquellos productos cuya presencia cotidiana en los hogares descansa casi por completo en flujos externos sostenidos.

Qué cuentas (1994) por Inés Aponte. Medio mixto / 16 x 22″. Colección personal de la autora.

3. Importaciones de los productos de la Canasta Básica

Alimentaria, 2022. En miles de dólares estadounidenses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos (2022) y USA Trade Online .

Figura

La primera figura de resultados traduce estas relaciones en una imagen concreta: muestra qué alimentos llegan en mayores volúmenes, desde qué categorías de la Canasta Básica Alimentaria, y cómo esa concentración revela áreas críticas de dependencia del sistema alimentario. Detrás de esas barras y categorías se encuentran rutas marítimas, puertos, decisiones empresariales y arreglos institucionales que rara vez se perciben en la vida diaria de los hogares, pero que determinan la estabilidad —o fragilidad— del acceso cotidiano a la comida. A partir de esta visualización inicial, el análisis avanza para desentrañar cómo estas estructuras comerciales configuran los márgenes reales de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio. Es a partir de esta lectura que se examina, en primer lugar, la estructura general de las importaciones y exportaciones alimentarias y, posteriormente, las trayectorias sectoriales específicas que revelan las tensiones entre seguridad alimentaria, soberanía limitada y dependencia estructural.

Las cifras muestran una concentración marcada de importaciones en categorías centrales para la alimentación diaria. En el grupo de carnes y sustitutos, la carne de res y la pechuga de pollo encabezan los valores importados. Esta dependencia externa en la provisión de proteínas animales no responde únicamente a preferencias de consumo, sino a la desarticulación histórica de las cadenas locales de producción y procesamiento, así como a la inserción subordinada del territorio en circuitos de distribución dominados por actores externos. En términos prácticos, esto significa que una parte esencial de la dieta cotidiana depende de decisiones tomadas fuera del territorio y de rutas logísticas largas y frágiles.

Algo similar ocurre en la categoría de cereales y almidones, donde el pan y el arroz destacan como los principales productos importados. Ambos forman parte de la base alimentaria de numerosos hogares y, al mismo tiempo, ocupan posiciones críticas dentro de la cadena: son altamente sensibles a disrupciones logísticas, aumentos en los costos de transporte y restricciones comerciales. Su peso en las importaciones revela cómo el régimen alimentario organiza el acceso a alimentos básicos a través de flujos externos, aun cuando existen capacidades productivas y de procesamiento parciales en el territorio.

En el caso de leche y productos lácteos, el patrón es particularmente revelador. El queso concentra el mayor valor

de importación dentro de la categoría, pese a que Puerto Rico mantiene producción local de leche. Esta brecha entre producción primaria y procesamiento pone de relieve un mecanismo clásico de fuga de valor: las etapas de mayor valor agregado se realizan fuera del territorio, mientras el consumo local depende de productos ya transformados. La comida llega, pero el valor generado a lo largo de la cadena se captura en otros lugares.

No todas las categorías presentan el mismo grado de dependencia. Las importaciones de frutas como papayas, melones y mangos son relativamente bajas, lo que sugiere una mayor cobertura del consumo mediante producción local o regional. De forma similar, los condimentos muestran valores de importación reducidos. Estos contrastes indican que la dependencia externa no es homogénea, sino selectiva: se concentra en productos estratégicos del régimen alimentario y no necesariamente en aquellos donde existen capacidades locales consolidadas.

En conjunto, la Figura 3 evidencia que la estructura de las importaciones agrícolas de Puerto Rico descansa de manera desproporcionada en carnes, cereales básicos y productos lácteos procesados. Estas áreas constituyen puntos críticos de vulnerabilidad del sistema alimentario, ya que cualquier disrupción en las rutas, los costos o la disponibilidad externa se traduce rápidamente en presión sobre el acceso cotidiano de los hogares.

Desde esta base, el análisis introduce la capacidad de exportación no como un objetivo normativo, sino como un indicador estructural de producción, procesamiento y articulación de cadenas. Exportar, desde la lógica de los regímenes alimentarios, señala la existencia de capacidades organizativas que permiten insertarse en circuitos comerciales más allá del mercado interno, y constituye una dimensión operativa de la soberanía alimentaria.

Los datos de 2022 muestran que el sector agrícola y agroindustrial de Puerto Rico presenta capacidades exportadoras diferenciadas. La Figura 4 ilustra este perfil. El pan destaca como el principal producto exportado, con valores cercanos a los 45 millones de dólares, seguido por el arroz, con exportaciones que superan los 35 millones. Otros productos relevantes incluyen los mangos y la leche. Estos resultados confirman que los productos con algún nivel de procesamiento local tienden a exhibir mayor capacidad exportadora, subrayando el papel central de la agregación de valor.

4. Exportaciones de los productos de la Canasta Básica Alimentaria, 2022. En miles de dólares estadounidenses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos (2022) y USA Trade Online .

Figura

Sin embargo, el perfil exportador también revela límites claros. Productos agrícolas producidos localmente, como plátanos, calabazas y yuca, muestran valores de exportación marginales o inexistentes. Esta disparidad apunta a restricciones en el acceso a mercados, insuficiencia de capacidades de procesamiento o dificultades para integrarse en cadenas regionales y globales. Desde la soberanía alimentaria, estos patrones indican márgenes estrechos de control sobre la cadena, incluso cuando existe producción primaria.

La coexistencia de una alta dependencia importadora en productos estratégicos —como carnes y queso— con una capacidad exportadora selectiva en otros rubros pone de manifiesto una desconexión estructural entre producción, procesamiento y consumo. El caso del queso es emblemático: se importa en grandes volúmenes, mientras la leche se exporta, evidenciando un cuello de botella crítico en el procesamiento local.

Estos resultados se vinculan directamente con el ODS 17.11.1, que busca aumentar la participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales. Si bien Puerto Rico muestra capacidad exportadora en productos procesados, la persistencia de exportaciones mínimas en productos primarios y la elevada dependencia importadora subrayan la necesidad de estrategias orientadas a fortalecer el procesamiento local y reducir las vulnerabilidades del régimen alimentario.

La agregación de valor local se examina con mayor detalle mediante la clasificación de importaciones y exportaciones según las Grandes Categorías Económicas(BEC) y su correspondencia con los componentes de la cadena de valor y suministro. Los flujos comerciales se concentran en las categorías BEC 112 (consumo final), BEC 122 (bienes procesados) y BEC 21 (insumos primarios), asociados con la Figura 2.

En la categoría BEC 112 predominan productos importados para consumo directo —como carne de res, pechuga de pollo, leche, avena y arroz—, lo que indica un procesamiento mínimo local. La categoría BEC 122 agrupa productos como carne, pan, queso, pescado, margarina y arroz, que han pasado por algún nivel de procesamiento previo. La presencia de estos productos revela una dependencia estructural de importaciones incluso en

etapas de mayor valor agregado, limitando la contribución de la manufactura local al producto interno bruto. La categoría BEC 21, que incluye insumos como la sal, pone de relieve una dependencia transversal que atraviesa múltiples etapas de la cadena.

Estos patrones se relacionan con los ODS 9.2.1 y 9.3.1, al mostrar cómo la importación de alimentos procesados restringe el potencial de la manufactura local y la participación de pequeñas y medianas industrias agroalimentarias en el valor agregado industrial.

El análisis de valor agregado local, basado en las Tablas de Insumo–Producto de 2012 (año más reciente disponible), permite identificar los vínculos hacia atrás y hacia adelante del sector agrícola con el resto de la economía. A pesar de las limitaciones temporales de los datos, los resultados muestran que la agricultura ocupa un lugar estructural clave, tanto como proveedora de insumos para la manufactura de alimentos como en la demanda final y las exportaciones. Estos encadenamientos confirman que existen bases productivas reales, aunque su potencial se ve limitado por la estructura del régimen alimentario y la externalización de etapas críticas de procesamiento.

Finalmente, el análisis incorpora la dimensión del cambio climático como un condicionante estructural adicional. Las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y los estudios sectoriales muestran que la reducción de la precipitación y el aumento de las temperaturas afectarán de manera diferenciada a las regiones agrícolas de Puerto Rico, estrechando aún más los márgenes de soberanía alimentaria. Aunque el café no forma parte de la Canasta Básica Alimentaria, su análisis ilustra cómo los impactos climáticos pueden desarticular cadenas productivas completas, afectando ingresos rurales, disponibilidad de alimentos y estabilidad económica. La integración de datos del USDA y de las Estimaciones de Resiliencia Comunitaria muestra que estas vulnerabilidades se concentran en territorios ya afectados por desventajas socioeconómicas.

Estos hallazgos se vinculan con los ODS 2 y 15, subrayando que la adaptación climática no es solo un desafío ambiental, sino una condición necesaria para ampliar los márgenes efectivos de soberanía alimentaria.

Pruebita (2017) por Inés Aponte. Dibujo en tinta y papel/ 14 x 17″. Colección personal de la autora.

En conjunto, los resultados muestran que la dependencia importadora, la capacidad exportadora selectiva, la limitada agregación de valor local y la creciente vulnerabilidad climática no son fenómenos aislados. Constituyen manifestaciones empíricas de un régimen alimentario que estructura el sistema alimentario de Puerto Rico. Al mismo tiempo, estos patrones permiten identificar puntos de intervención concretos —desde el fortalecimiento del procesamiento local hasta la reconfiguración de cadenas— que podrían ampliar los márgenes operativos de la soberanía alimentaria dentro de un contexto estructuralmente restringido. Esta lectura muestra cómo el comercio y las cadenas permiten traducir la soberanía alimentaria en dimensiones empíricamente observables del sistema alimentario.

Resultados

Sub-sección 2. Cuatro microhistorias sectoriales del acceso a la comida

Si la estructura agregada del comercio revela los contornos generales del régimen alimentario, las trayectorias sectoriales permiten observar cómo esa estructura se encarna en cadenas concretas, territorios específicos y experiencias cotidianas diferenciadas. Las siguientes cuatro microhistorias no constituyen estudios sectoriales convencionales, sino lecturas estructurales de cómo la dependencia, la captura y la fuga de valor se manifiestan en la vida material del sistema alimentario puertorriqueño. Leídas desde el método Comercio–Negocio–Cadena (CNC), estas trayectorias sectoriales permiten identificar con precisión las restricciones, capturas y fugas de valor que estructuran el régimen alimentario dominante.

El Cuadro 2 sintetiza comparativamente estas trayectorias; el texto que sigue reconstruye los mecanismos que las producen. Como se sintetiza en el Apéndice II, los cuatro sectores muestran trayectorias diferenciadas en términos de captura de valor, control de la cadena y márgenes de soberanía. Los elementos empíricos detallados que sustentan estas microhistorias —capacidad productiva, agregación de valor, inserción comercial, resiliencia y control de la cadena— se presentan de manera sistemática en el Apéndice II; aquí se reconstruyen los mecanismos que producen esas configuraciones.

Cuadro 2. Síntesis comparativa de cuatro sectores agrícolas clave en Puerto Rico

Sector Rasgo estructural dominante

Carne de res Alta dependencia de importaciones

Pan y galletas

Agricultura hidropónica y orgánica

Queso

Sector agroindustrial exportador

Producción local orientada a sustitución de importaciones

Estructura híbrida (importación–exportación)

Principal fortaleza

Producción local existente y base de consumo estable

Alta capacidad de exportación y procesamiento local

Alta resiliencia climática y apoyo a pequeños productores

Potencial de valor agregado y exportación regional

Principal limitación

Baja capacidad exportadora y escaso valor agregado local

Débiles encadenamientos hacia la agricultura local

Escala limitada y dependencia de insumos importados

Insuficiente articulación con el sector lechero local

ODS más directamente vinculados

ODS 2, ODS 9

ODS 9, ODS 17

ODS 2, ODS 9, y ODS 15

ODS 2, ODS 9, ODS 17

Fuente: Elaboración propia con base en U.S. Census Bureau (2022), USDA (2024), ImportKey, Market Inside, United Nations (2018) y USA Trade Online

Carne de res: proteína cotidiana bajo dependencia structural

La carne de res ocupa un lugar central en la dieta cotidiana de numerosos hogares en Puerto Rico. Está presente en mesas familiares, comedores escolares y establecimientos comerciales, y su disponibilidad suele darse por sentada. Sin embargo, detrás de esa normalidad se despliega una cadena larga y altamente intermediada que conecta el consumo local con decisiones productivas, sanitarias y logísticas tomadas fuera del territorio.

Los datos muestran una alta dependencia importadora, acompañada de una baja captura local de valor. Desde la perspectiva del régimen alimentario, este patrón es coherente: la producción primaria, el procesamiento, la estandarización sanitaria y el control de mercado se concentran externamente, mientras el territorio participa principalmente en los eslabones finales de distribución y consumo.

Desde la soberanía alimentaria, la vulnerabilidad no reside únicamente en el volumen importado, sino en la posición funcional que Puerto Rico ocupa dentro de la cadena. La externalización

de las etapas intensivas en valor reduce la capacidad territorial de intervenir sobre precios, calidad, resiliencia y estabilidad del abastecimiento. La comida llega, pero el control sobre su recorrido es limitado.

Este patrón se ve reforzado por las restricciones del régimen comercial-logístico. Las leyes de cabotaje afectan directamente los costos, las rutas disponibles y la flexibilidad del transporte, concentrando la captura de valor en eslabones específicos y generando fugas asociadas a sobrecostos regulatorios. Desde el CNC, estas dinámicas se traducen empíricamente en concentración logística, dependencia de actores externos y escaso margen para políticas de sustitución de importaciones con integración productiva local.

Ampliar los márgenes de soberanía alimentaria en este sector requiere intervenir en los eslabones de procesamiento, infraestructura de frío, trazabilidad y compras institucionales, conectando producción local con estabilidad del acceso (ODS 2) y fortalecimiento industrial (ODS 9). La soberanía alimentaria en este sector solo podría ampliarse mediante el fortalecimiento de eslabones hoy ausentes —infraestructura de frío, procesamiento local, compras institucionales— articulados con el ODS 9, y con efectos indirectos sobre la estabilidad del acceso (ODS 2).

En el sector de la carne de res, la dependencia estructural también se expresa con claridad en la separación entre proveedores internacionales y empresas importadoras locales. Entre los proveedores externos se encuentran grandes conglomerados agroindustriales de América Latina y otros mercados, como Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda., Agrícola Ariztía Ltda., BRF S.A., São Salvador Alimentos S.A., Cooperativa Central Aurora, Coasul Cooperativa Agroindustrial, Avenorte Avícola Cianorte Ltda. y Seara Alimentos Ltda. Estas empresas concentran la producción, el sacrificio y el procesamiento primario, operando a escalas que definen precios, volúmenes y estándares sanitarios. El ingreso de estos productos al mercado puertorriqueño es gestionado por empresas importadoras e intermediarias con operaciones locales o regionales, como North Western Selecta Inc., Ariztía USA Inc., Integrated Global Logistics LLC, Interra International México y Lamex Agrialimentos. Estas firmas controlan la logística, los contratos de suministro y la colocación mayorista.

Finalmente, los compradores y distribuidores internos — Supermercados Econo, Ballester Hermanos, Méndez & Co., Medina & Medina— conectan estas importaciones con el consumo cotidiano. Esta estructura deja a los productores locales de ganado en una posición periférica: aunque existen fincas ganaderas, el control de la cadena y del valor se concentra fuera del territorio, reproduciendo una soberanía alimentaria altamente limitada.

Pan y galletas: éxito exportador y la paradoja de la integración subordinada

El pan y las galletas cuentan otra historia. A diferencia de la carne de res, este sector muestra una alta capacidad exportadora, sustentada en infraestructura industrial, cumplimiento regulatorio y organización empresarial. Puerto Rico exporta pan y productos de panadería a mercados externos, evidenciando que el territorio puede insertarse competitivamente en cadenas alimentarias más amplias cuando el valor se genera en el procesamiento.

Sin embargo, esta trayectoria encierra una paradoja estructural. El dinamismo exportador del sector se sostiene, en gran medida, sobre insumos importados, con encadenamientos débiles hacia la agricultura local. Desde la perspectiva de los regímenes alimentarios, esto constituye una forma de integración subordinada: se exporta valor manufacturero sin transformar la base productiva que alimenta el consumo interno.

El resultado es un sector que puede exhibir éxito comercial sin ampliar significativamente la soberanía alimentaria. La capacidad industrial no se traduce automáticamente en control territorial sobre la cadena, ni en reducción de la dependencia importadora de insumos críticos. Este patrón refleja una trayectoria histórica de industrialización orientada al mercado externo y al consumo importado, documentada ampliamente en la literatura sobre Puerto Rico (Carro-Figueroa, 2002).

El potencial soberano del sector reside en reconfigurar encadenamientos hacia atrás —sustitución progresiva de insumos, acuerdos con productores locales, rediseño de la cadena— aprovechando capacidades existentes (ODS 9) y articulación comercial (ODS 17). El desafío no es producir más pan, sino reconfigurar encadenamientos, sustituyendo insumos críticos y fortaleciendo vínculos con productores locales (ODS 9; ODS 17).

El sector de pan y galletas muestra una arquitectura más híbrida, donde la producción local coexiste con una fuerte dependencia de insumos y productos importados. Entre los proveedores internacionales figuran empresas panificadoras y de confitería como Europastry Internacional S.L.U., Brioche Pasquier Recondo, Galletas Gullón S.A., Colombina S.A., M. Dias Branco S.A., St Pierre Group y Continental Baking Company Ltd., que exportan productos terminados o semielaborados, así como tecnologías e insumos clave.

Las empresas importadoras —muchas veces vinculadas a grandes grupos de distribución— incluyen agentes y firmas comerciales como Furlanis Food Corp., Comex Bakery S.L.U. y operadores regionales que gestionan contratos, certificaciones y logística.

En el territorio, los compradores, procesadores y distribuidores locales —Holsum de Puerto Rico, Ballester Hermanos, Medina & Medina, Universal Products PR, Goya de Puerto Rico, Karina Bakery Inc.— articulan la producción local con mercados internos y externos. Aunque el sector presenta capacidad exportadora, esta se sostiene sobre cadenas donde el control de insumos, tecnologías y estándares permanece mayormente fuera de Puerto Rico, limitando la captura de valor local y la soberanía productiva.

Agricultura hidropónica y orgánica: ruptura parcial y resiliencia localizada

La agricultura hidropónica y orgánica introduce una trayectoria distinta. Estos sistemas priorizan producción local, circuitos cortos de comercialización y una mayor presencia de pequeños productores. En la experiencia cotidiana, suelen asociarse con frescura, cercanía y estabilidad relativa del suministro, especialmente en contextos de disrupción logística.

Desde la lectura de los regímenes alimentarios, este sector representa una ruptura parcial. No elimina la dependencia estructural del sistema alimentario, pero reduce la exposición a shocks logísticos y comerciales, y fortalece el control territorial sobre ciertos eslabones de la cadena. Su contribución a la soberanía alimentaria se expresa en la combinación de producción local, resiliencia climática y captura de valor a escala reducida.

No obstante, una lectura crítica evita idealizaciones. La agricultura hidropónica y orgánica mantiene dependencias relevantes en insumos, tecnologías, nutrientes y equipos, muchos de ellos importados. El aporte del CNC consiste en visibilizar estas dependencias y mostrar cómo pueden convertirse en vulnerabilidades ante interrupciones externas. Este sector demuestra que la soberanía alimentaria no es un estado absoluto, sino una gradación, medible a través de control relativo, resiliencia y encadenamientos. Su análisis requiere integrar datos productivos, comerciales y territoriales (ODS 2, 9). La soberanía alimentaria aquí se manifiesta como proceso, no como estado final: combinación de producción local, y captura parcial de valor (ODS 2).

En la agricultura orgánica e hidropónica, la distinción entre proveedor e importador adquiere una forma particular. Aquí, los alimentos se producen localmente, pero los proveedores internacionales controlan los insumos estratégicos: semillas, soluciones nutritivas, sistemas de riego y tecnologías especializadas, provistos por empresas como Litoral Regas Comercio e Apoio à Agricultura y HMHA Consulting Group Limited.

Las importaciones se concentran, por tanto, en insumos y no en el producto final, lo que reduce la dependencia alimentaria directa, pero mantiene una dependencia tecnológica y comercial.

Los compradores y distribuidores locales —Hidropónicos del País, Eco-Cultivos PR, Productos Cartinami, Cosechas del Campo, Hidropónicos del Caribe— operan mayormente en circuitos cortos, mercados especializados y consumo local. Este sector muestra márgenes más amplios de soberanía alimentaria, aunque limitados por escala, costos y acceso a tecnologías controladas externamente.

Queso: una cadena híbrida y la brecha del procesamiento

El sector del queso condensa una contradicción reveladora. Puerto Rico importa grandes volúmenes de queso, pero al mismo tiempo exporta productos lácteos. Esta coexistencia sugiere que el problema no está en la demanda ni en la producción primaria, sino en la estructura de la cadena.

Desde el régimen alimentario, el queso ilustra cómo se permiten nichos de procesamiento y exportación, mientras se

& Álvarez Aponte

mantiene la dependencia estructural para el consumo interno. Operacionalmente, la soberanía alimentaria en este sector se juega en la articulación con el sector lechero local: capacidad de procesamiento, economías de escala, logística de frío, certificación sanitaria y coordinación institucional.

Las restricciones comerciales y logísticas inciden directamente sobre la viabilidad de sustituir importaciones mediante producción y procesamiento local. La cadena se mantiene fragmentada, con fugas de valor persistentes y márgenes limitados de intervención territorial. Implicación estructural: cerrar la brecha del procesamiento permitiría reducir dependencia importadora, fortalecer encadenamientos y ampliar la captura local de valor (ODS 2, 9, y 17). Ampliar la soberanía alimentaria en este sector requiere intervenir en los eslabones de mayor valor agregado —procesamiento, certificación, logística de frío— articulando producción primaria y agroindustria (ODS 9; ODS 12; ODS 17).

El sector del queso evidencia con nitidez la diferencia entre producir y controlar la cadena. Los proveedores internacionales —Friesland Campina Cheese, Spanish Cheese S.L., José Luis Seco Navedo e Hijos S.L., Audens Food S.A., Millán Vicente S.L.U., General Noli Spain, Roger & Roger— concentran el procesamiento industrial y la estandarización del producto.

Las empresas importadoras gestionan el ingreso regular de estos quesos procesados al mercado puertorriqueño, mientras que los compradores y distribuidores locales —Medina & Medina, Quintana Hermanos, Ballester Hermanos, Empire Foods, Liana Foods, Méndez & Co., Puerto Rico Supplies— controlan la distribución interna.

Este patrón resulta estructuralmente contradictorio: Puerto Rico produce leche, pero importa la mayor parte del queso que consume. La cadena se quiebra precisamente en el eslabón de mayor valor agregado, evidenciando una fuga sistemática de valor que limita tanto la soberanía alimentaria como el desarrollo agroindustrial local.

Síntesis sectorial: microhistorias de un mismo regimen

En conjunto, estas cuatro microhistorias revelan un patrón común: la vulnerabilidad alimentaria no depende únicamente de cuánto se importa, sino de cómo se organiza la inserción en

las cadenas de valor y suministro. Las diferencias sectoriales muestran trayectorias específicas, pero todas están condicionadas por un mismo régimen alimentario-comercial que estructura dependencia, captura y fuga de valor.

Estas historias no remiten a fallas coyunturales, sino a trayectorias de largo plazo de política pública, organización productiva y regulación del comercio. Al reconstruirlas desde el comercio, las cadenas y el territorio, el análisis conecta directamente la estructura del sistema alimentario con la experiencia cotidiana del acceso a la comida.

La comparación entre los cuatro sectores analizados revela que la soberanía alimentaria no depende únicamente de si un alimento se produce localmente o se importa, sino de quién controla los distintos eslabones de la cadena y desde dónde se toman las decisiones clave. En los sectores de carne de res y queso, la producción primaria puede existir —ganadería y lechería local—, pero el control del procesamiento, la estandarización y la distribución permanece en manos de proveedores externos y empresas importadoras, lo que desplaza el valor agregado fuera del territorio y reproduce una dependencia estructural. En estos casos, la seguridad alimentaria puede sostenerse mediante importaciones estables, pero la soberanía alimentaria queda severamente limitada por la pérdida de control sobre los eslabones estratégicos de la cadena.

El sector de pan y galletas presenta una configuración intermedia. Aquí existe una base productiva y de procesamiento local con capacidad exportadora, pero esa inserción se apoya en insumos, tecnologías, recetas industriales y estándares controlados por proveedores internacionales, así como en redes de importación y distribución concentradas. El resultado es una forma de integración subordinada: el territorio participa activamente en el régimen alimentario, pero bajo condiciones que restringen la autonomía productiva y la captura plena de valor. La soberanía alimentaria aparece, así, como parcial y condicionada, dependiente de arreglos comerciales y logísticos definidos fuera del País.

En contraste, la agricultura orgánica e hidropónica muestra que cuando el control del producto final y de la comercialización permanece mayormente en manos locales, los márgenes de

soberanía alimentaria se amplían, aún cuando persista una dependencia significativa de proveedores externos de insumos y tecnologías. En este sector, la dependencia no desaparece, pero se desplaza: no se expresa principalmente en el alimento que llega a la mesa, sino en los medios para producirlo. Esta diferencia es crucial, porque abre espacios para la reorganización de cadenas, la construcción de circuitos cortos y la retención de valor en el territorio, aunque dentro de límites estructurales claros.

Leídas en conjunto, estas trayectorias sectoriales muestran que la soberanía alimentaria no es un atributo binario, sino una relación variable que se configura según la posición que ocupa el territorio dentro de los regímenes alimentarios dominantes. Allí donde los proveedores externos controlan producción y procesamiento, la dependencia es profunda y la fuga de valor sistemática. Allí donde el control local se concentra en el producto final y en la distribución, aun con dependencia tecnológica, emergen márgenes más amplios de decisión. Esta lectura comparativa permite comprender que los regímenes alimentarios operan no solo a través del comercio de alimentos, sino mediante la distribución diferenciada del control sobre proveedores, importadores y mercados, definiendo así los límites reales de la seguridad y la soberanía alimentaria en Puerto Rico.

Discusión

Las microhistorias sectoriales reconstruidas en la sección anterior permiten volver a una pregunta fundamental: ¿qué significa, en la práctica, acceder a la comida en un territorio altamente dependiente de importaciones? Leídas en conjunto, no describen sectores aislados ni desempeños particulares, sino distintas formas en que un mismo régimen alimentario se manifiesta en la vida cotidiana, en los hogares y en los territorios. Leída en conjunto, la evidencia empírica muestra que el análisis del comercio y de las cadenas de valor, aplicado a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, constituye una vía concreta para operacionalizar la soberanía alimentaria en contextos de alta dependencia importadora.

La Canasta Básica Alimentaria funciona aquí como un hilo conductor empírico y social. No se trata solo de una lista de productos, sino de un retrato condensado del sistema alimentario cotidiano: aquello que sostiene la alimentación diaria de la

Fritas (1993) por Inés Aponte / Medio mixto / 30 x 17″

Aponte García & Álvarez Aponte población. Al seguir estos productos a través del comercio y las cadenas de valor, los resultados muestran que el acceso a la comida se organiza, en gran medida, fuera del territorio, mediante flujos largos y estructuras sobre las cuales Puerto Rico ejerce un control limitado.

Desde esta perspectiva, la seguridad alimentaria aparece con claridad como un resultado empírico contingente. La comida llega; los anaqueles se llenan; la Canasta Básica puede sostenerse mientras las rutas funcionen y los costos se absorban. Sin embargo, las microhistorias de la carne, el pan, la agricultura hidropónica y el queso revelan que esta estabilidad descansa sobre arreglos frágiles, altamente dependientes y desiguales. La seguridad alimentaria describe lo que ocurre; no explica por qué ocurre así ni cuán sostenible es ese arreglo en el tiempo.

Es en ese punto donde la soberanía alimentaria adquiere sentido analítico. Lejos de entenderse como autosuficiencia o cierre al comercio, los resultados la muestran como una capacidad estructural: la posibilidad efectiva de decidir sobre eslabones clave de las cadenas, capturar valor localmente y reducir vulnerabilidades. En Puerto Rico, esa capacidad se encuentra sistemáticamente constreñida por la posición funcional que ocupa el territorio dentro de cadenas largas y reguladas externamente.

La lectura desde los regímenes alimentarios permite situar estas trayectorias sectoriales en una historia más amplia. La dependencia importadora, la desconexión entre producción primaria y procesamiento, y la coexistencia de exportaciones con alta dependencia doméstica no son anomalías coyunturales. Son expresiones coherentes de un régimen que asigna al territorio el rol de mercado de consumo y nodo logístico, mientras externaliza las decisiones estratégicas y la captura de valor.

Las microhistorias muestran, además, que esta inserción no es homogénea. El sector de pan y galletas evidencia que es posible exportar y competir internacionalmente sin fortalecer la base alimentaria local; la agricultura hidropónica y orgánica revela rupturas parciales que reducen vulnerabilidad sin eliminar dependencias; el queso expone una brecha crítica de procesamiento; la carne de res condensa la dependencia proteica cotidiana. Estas diferencias no contradicen el diagnóstico estructural: lo matizan y lo hacen visible.

Desde el punto de vista metodológico, el enfoque Comercio–Negocio–Cadena (CNC) permite traducir estas relaciones históricas y sociales en observables empíricos sin reducirlas a métricas tecnocráticas. El análisis del comercio de la Canasta Básica, la clasificación funcional de las cadenas y la lectura de valor agregado muestran cómo la soberanía alimentaria puede operacionalizarse como posición dentro de la cadena, y no como atributo normativo abstracto. El desplazamiento del detalle técnico al Apéndice refuerza esta lectura: los datos acompañan la interpretación, no la sustituyen. El método Comercio–Negocio–Cadena (CNC), articulado con criterios vinculados a los ODS, permite hacer visibles estas restricciones y fugas de valor no como fallas coyunturales, sino como expresiones estructurales del régimen alimentario, así como identificar márgenes —limitados pero reales— de reconfiguración.

Las extensiones analíticas vinculadas a los ODS funcionan aquí como un puente entre estructura y acción. El ODS 2 aparece asociado no solo a la disponibilidad de alimentos, sino a la estabilidad estructural del acceso; el ODS 9 revela los límites de la agregación de valor local; y los ODS 17 iluminan las tensiones entre comercio, sostenibilidad y dependencia del sistema alimentario. En conjunto, los ODS dejan de ser un marco normativo externo para convertirse en una lente analítica integrada.

Un hallazgo central de la discusión es que el comercio no puede tratarse como un canal neutral. En el caso de Puerto Rico, el régimen comercial y logístico —incluidas las normas de cabotaje— emerge como una infraestructura activa del régimen alimentario. Estas regulaciones organizan rutas, costos, tiempos y concentración de actores, condicionando directamente los márgenes reales de intervención sobre las cadenas alimentarias. Así, el acceso cotidiano a la comida se encuentra atravesado por decisiones políticas y económicas que operan a gran distancia de los hogares que dependen de él.

Desde una perspectiva histórica, esta configuración refuerza trayectorias de largo plazo de dependencia y fragmentación productiva. Desde una perspectiva social, se traduce en precariedad cotidiana para amplios sectores de la población, aun cuando los indicadores agregados de disponibilidad puedan parecer favorables. Y desde una perspectiva territorial, limita la capacidad de responder de manera autónoma a crisis climáticas, logísticas o geopolíticas.

En conjunto, la discusión muestra que pensar el acceso a la comida exige conectar la experiencia cotidiana con las estructuras históricas que la producen. La Canasta Básica Alimentaria permite observar esta conexión con particular claridad: lo que se come cada día está íntimamente ligado a cómo se organiza el comercio, quién controla las cadenas y qué valor se captura o se pierde en el proceso. Desde esta mirada, la soberanía alimentaria no aparece como una consigna abstracta, sino como una pregunta concreta sobre futuro, resiliencia y justicia social. Esta distinción, visible a

Aponte García & Álvarez Aponte

Bombones (2014) por Inés Aponte Tinta sobre papel 14 x 17”

lo largo de los resultados, confirma que seguridad y soberanía alimentaria no son sinónimos, sino dimensiones analíticamente distintas que pueden coexistir en tensión dentro de un mismo sistema alimentario.

Conclusiones

Acceder a la comida hoy: límites estructurales y horizontes posibles

Este capítulo partió de una experiencia aparentemente sencilla —comer todos los días— para mostrar que, en territorios altamente dependientes de importaciones, ese acto cotidiano está atravesado por historias largas de comercio, regulación y poder. En Puerto Rico, la comida suele estar disponible en los anaqueles, pero ese acceso descansa sobre una arquitectura frágil: rutas largas, decisiones externas y cadenas alimentarias que el territorio controla solo parcialmente. La seguridad alimentaria puede sostenerse en el corto plazo; la pregunta que queda abierta es ¿a qué costo estructural y con qué futuro?

Los resultados muestran que la Canasta Básica Alimentaria funciona como una ventana privilegiada para observar esta tensión. Al seguir sus productos a través del comercio y las cadenas de valor, se evidencia que la dependencia importadora no es homogénea ni accidental, sino selectiva y estructural. Carnes, cereales y lácteos procesados concentran vulnerabilidades críticas; frutas y ciertos rubros locales revelan márgenes de control más amplios. En todos los casos, el acceso cotidiano está condicionado por la posición funcional que Puerto Rico ocupa dentro de un régimen alimentario que externaliza etapas clave del procesamiento y la captura de valor.

Desde esta lectura, la seguridad alimentaria se confirma como un registro empírico indispensable: permite medir la precariedad, documentar la inseguridad alimentaria y visibilizar desigualdades. Pero, por sí sola, no explica por qué el acceso es frágil ni cómo se reproduce la dependencia. La soberanía alimentaria, entendida de manera operativa y relacional, aporta esa explicación: no como autosuficiencia idealizada, sino como capacidad estructural para decidir, producir, procesar, capturar valor y sostener resiliencia frente a choques económicos, logísticos y climáticos.

Las microhistorias sectoriales cerraron esta brecha entre estructura y experiencia. La carne de res mostró cómo la proteína cotidiana depende de cadenas largas y altamente intermediadas; el pan y las galletas revelaron la paradoja de exportar sin fortalecer la base alimentaria local; la agricultura hidropónica y orgánica expuso rupturas parciales que reducen vulnerabilidad sin eliminar dependencias; el queso condensó la brecha crítica del procesamiento. Juntas, estas historias confirman que no es solo cuánto se importa, sino cómo se organizan las cadenas, lo que define los márgenes reales del acceso a la comida.

Un hallazgo transversal del capítulo es que el comercio no actúa como un canal neutral. En Puerto Rico, el régimen comercial y logístico —incluidas las normas de cabotaje— emerge como una infraestructura activa del sistema alimentario. Organiza rutas, concentra actores, eleva costos y delimita opciones. Así, la vida cotidiana de los hogares queda vinculada a decisiones que se toman lejos de la mesa donde se come. Reconocer este vínculo es fundamental para pensar alternativas realistas y socialmente ancladas.

El enfoque Comercio–Negocio–Cadena (CNC) permitió traducir estas relaciones en evidencia empírica sin perder su espesor histórico y social. Al articular comercio, cadenas de valor y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el análisis mostró que los ODS pueden operar como lentes analíticas, no solo como metas normativas: el ODS 2 se vincula con la estabilidad estructural del acceso; el ODS 9 con la captura de valor y la industrialización alimentaria; los ODS 12 y 17 con la organización del comercio y la sostenibilidad; el ODS 15 con la vulnerabilidad territorial y climática. Esta integración ofrece un lenguaje común para conectar diagnóstico y acción.

Desde una perspectiva social, el capítulo sugiere que fortalecer el acceso a la comida sin transformar las estructuras que lo sostienen reproduce la precariedad. Aumentar importaciones o gestionar emergencias puede aliviar la escasez inmediata, pero no amplía los márgenes de decisión territorial. En cambio, intervenir en el procesamiento local, los encadenamientos productivos, la logística y la gobernanza del comercio abre posibilidades para reducir dependencias y distribuir mejor los riesgos.

De cara al futuro, la agenda que se desprende de este análisis es tanto puertorriqueña como caribeña. Territorios insulares, economías pequeñas abiertas y regiones con soberanía restringida comparten vulnerabilidades similares: dependencia importadora, exposición climática y rigidez logística. Avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes exige políticas que reconozcan estas condiciones estructurales y exploren alternativas regionales, cooperación intra-caribeña, fortalecimiento del procesamiento local y uso estratégico del comercio.

Análisis futuros podrán profundizar en la identificación de actores empresariales específicos y en sus estrategias de inserción, pero el objetivo aquí ha sido establecer primero el marco estructural dentro del cual dichas estrategias adquieren sentido.

En términos de investigación, el capítulo apunta a tres líneas prioritarias: profundizar el análisis del comercio y la logística como infraestructuras del acceso alimentario; ampliar el uso de datos micro-logísticos para identificar actores, rutas y nodos críticos; y desarrollar estudios comparativos entre territorios insulares del Caribe que permitan distinguir patrones comunes y trayectorias divergentes. Estas líneas no buscan respuestas universales, sino herramientas situadas para pensar el acceso a la comida desde la historia y la vida social.

Cerrar este arco narrativo implica volver al punto de partida: comer todos los días. En Puerto Rico, ese acto cotidiano revela tanto la fragilidad como la persistencia del sistema alimentario. Pensarlo desde la soberanía alimentaria y los regímenes alimentarios no es un ejercicio abstracto; es una forma de interrogar el presente y de imaginar futuros donde el acceso a la comida sea menos precario, más justo y más decidido desde el territorio.

Apéndice A

El método Comercio–Negocio–Cadena (CNC): operacionalizar la soberanía alimentaria desde el comercio y las cadenas

Este apéndice presenta el diseño metodológico que sostiene la lectura empírica desarrollada a lo largo del capítulo. Su propósito no es desplazar la argumentación histórica y social del

García & Álvarez Aponte

texto principal, sino transparentar cómo el análisis del comercio y de las cadenas de valor y suministro permite observar las estructuras que condicionan el acceso cotidiano a la comida en Puerto Rico.

El método Comercio–Negocio–Cadena (CNC) se utiliza aquí como una herramienta para operacionalizar empíricamente la soberanía alimentaria dentro del marco de los regímenes alimentarios, tomando como punto de partida los alimentos que estructuran la vida diaria —la Canasta Básica Alimentaria— y siguiendo sus recorridos a través del comercio, la producción, el procesamiento y la logística. El detalle técnico que sigue acompaña, respalda y da trazabilidad a los resultados discutidos en el cuerpo del capítulo.

Diseño general del método

El método CNC se compone de nueve pasos analíticos y cuatro extensiones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En conjunto, estos componentes permiten construir una base de datos integrada sobre comercio, cadenas de valor y suministro de alimentos en Puerto Rico para el año 2022, y traducir conceptos estructurales —dependencia, captura y fuga de valor, control territorial y resiliencia— en observables empíricos.

El punto de entrada del análisis es el criterio de capacidad exportadora (Cuadro 1 del capítulo), entendido no como indicador de éxito comercial, sino como proxy estructural de inserción, control y participación en las cadenas alimentarias.

Los nueve pasos del método CNC

Paso 1. Análisis del comercio de la Canasta Básica Alimentaria

El primer paso examina las importaciones y exportaciones de los 28 productos que integran la Canasta Básica Alimentaria de Puerto Rico, una lista validada elaborada por un Grupo de Trabajo Interagencial. La canasta agrupa productos en siete categorías: cereales y farináceos; vegetales y granos; frutas; aceites; leche y productos lácteos; carnes y sustitutos; y condimentos.

Desde la perspectiva de los regímenes alimentarios, este recorte permite observar cómo el régimen dominante se

Hacer de tripas corazón

materializa en bienes esenciales para la reproducción social, y no únicamente en commodities globales. El uso de datos correspondientes al año 2022 responde tanto a la disponibilidad del Censo Agrícola 2022 como a la necesidad de capturar una fase de recomposición productiva posterior a los huracanes Irma y María.

Paso 2. Clasificación arancelaria mediante códigos HTS

Los 28 productos de la Canasta Básica se clasifican según los códigos del Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS). Esta clasificación permite vincular los alimentos cotidianos con estadísticas de comercio internacional comparables y reproducibles. Este paso traduce empíricamente la relación entre alimentación y comercio: los alimentos se convierten en flujos regulados, sujetos a jerarquías, acuerdos y restricciones que estructuran su circulación.

Este subconjunto adicional se organizó por empresas compradoras y proveedoras, permitiendo establecer relaciones entre actores dentro de las cadenas de valor y de suministro. Los campos de información disponibles en cada una de las bases de datos utilizadas se presentan en el Cuadro A1.

Cuadro A1. Campos de datos relevantes para la implementación de la investigación

Campos de datos relevantes para la implementación de la investigación

Importaciones a Puerto Rico desde el resto del mundo

Importaciones a Puerto Rico desde Estados Unidos

Exportaciones desde Puerto Rico al resto del mundo

Exportaciones desde Puerto Rico hacia Estados Unidos

Nombres de las empresas

Número del conocimiento de embarque (Bill of Lading)

Key

Fecha de salida X X

Código arancelario del producto (HS) X X

Descripción de los bienes X X

Nombre y dirección del consignatario X NO

de los Estados Unidos

Campos de datos relevantes para la implementación de la investigación

Key

Nombre y dirección del remitente X X

Puerto de origen X X

Puerto de descarga o transbordo X X

Puerto de embarque y ubicación X X

Puerto de descarga final X X

Inside USA Trade Online Censo de los Estados Unidos

Valor estimado NO X

Nombre del proveedor (empresa) X X

Nombre del comprador (empresa) X X

Cantidad del producto X X

Valor NO X X

Fuente: Elaboración propia.

Paso 3. Construcción de una base de datos integrada por HTS

A partir de USA Trade Online y del United States Census Bureau, se construyó una base de datos integrada de importaciones y exportaciones de Puerto Rico por regiones y países. De forma complementaria, se incorporaron ImportKey y Market Inside para generar un subconjunto empresarial organizado por códigos HTS. Este paso materializa el componente “Negocio” del método CNC, permitiendo identificar empresas, rutas, puertos y relaciones comerciales que estructuran el control de las cadenas. (Se mantiene íntegro el Cuadro 2 con los campos de datos utilizados.)

Paso 4. Clasificación por componentes de la cadena de valor y suministro

Los datos se reorganizan según los componentes funcionales de la cadena —producción, procesamiento, distribución y consumo— representados en la Figura 2 del capítulo.

Esta clasificación permite observar la posición estructural del territorio dentro de la cadena, identificando ausencias productivas, concentraciones funcionales y dependencias críticas, elementos centrales para operacionalizar la soberanía alimentaria. Este contraste permite observar trayectorias diferenciadas dentro del mismo régimen alimentario, tal como se ilustra en la Figura A1.

Figura A1. Método empleado

Fuente: elaboración propia.

Paso 5. Análisis intensivo de productos seleccionados

Se profundiza en el análisis de productos estratégicos mediante datos de comercio y Bills of Lading, seleccionados según dos criterios estructurales: productos con altas importaciones y alguna capacidad productiva local; productos con importaciones elevadas y capacidad exportadora. Este contraste permite observar trayectorias diferenciadas dentro de un mismo régimen alimentario.

Paso 6. Clasificación según Grandes Categorías Económicas (BEC)

Los flujos comerciales se clasifican conforme a las Grandes Categorías Económicas (BEC) de Naciones Unidas (Rev. 4, 2018), vinculando importaciones y exportaciones con su función económica dentro de la cadena (consumo final, insumos intermedios, bienes procesados).

Las BEC funcionan aquí como un dispositivo analítico que conecta comercio, estructura productiva y soberanía alimentaria.

Paso 7. Evaluación de la capacidad productiva y exportadora

Este paso identifica los productos para los cuales Puerto Rico demuestra capacidad productiva observable, evidenciada

& Álvarez Aponte

por exportaciones, comercio intermedio o inserción en cadenas regionales y globales. La capacidad exportadora se interpreta como señal de control relativo, no como objetivo normativo.

Paso 8. Análisis de participación en los componentes de la cadena

Utilizando datos empresariales de ImportKey, se analiza la participación de productos seleccionados en los distintos componentes de la cadena, así como las relaciones entre compradores, proveedores y rutas logísticas. Este análisis permite identificar concentración, intermediación y dependencia logística, dimensiones clave para comprender los límites empíricos de la soberanía alimentaria.

Paso 9. Mapeo de la posición de Puerto Rico en las cadenas alimentarias

El paso final integra datos de comercio y Bills of Lading para mapear la posición estructural de Puerto Rico dentro de las cadenas de valor y suministro de alimentos, identificando patrones de dependencia, nodos críticos y márgenes potenciales de reconfiguración. Este mapeo constituye la síntesis empírica del método CNC.

Las cuatro extensiones analíticas vinculadas a los ODS

Las extensiones del método permiten traducir la soberanía alimentaria en criterios empíricos observables, sin adoptar un enfoque normativo acrítico de los ODS:

Extensión 1. Diagnóstico estructural del régimen alimentario (ODS 2 y 17)

Identifica patrones de dependencia importadora y concentración de proveedores como manifestaciones empíricas del régimen alimentario dominante.

Extensión 2. Captura y fuga de valor en las cadenas alimentarias (ODS 9)

Evalúa el grado de valor agregado retenido localmente mediante BEC y matrices insumo–producto.

Extensión 3. Vulnerabilidad territorial y restricciones ecológicas (ODS 15)

Integra proyecciones climáticas y datos territoriales para evaluar resiliencia socioecológica.

Extensión 4. Alternativas y márgenes de reconfiguración (ODS 17)

Contrasta el caso de Puerto Rico con experiencias regionales alternativas, para identificar trayectorias posibles dentro de restricciones estructurales.

En conjunto, el método CNC permite hacer visible lo que suele permanecer oculto en la experiencia cotidiana del acceso a la comida: las rutas, los actores, las reglas y las estructuras que organizan la llegada de los alimentos al territorio. Al operar desde el comercio y las cadenas de valor, el método traduce la teoría de los regímenes alimentarios y la soberanía alimentaria en una estrategia empírica coherente, replicable y crítica.

Leído junto al cuerpo del capítulo, este apéndice no constituye un ejercicio técnico aislado, sino el andamiaje empírico que sostiene una reflexión más amplia sobre precariedad cotidiana, dependencia estructural y posibilidades de transformación del sistema alimentario en Puerto Rico y el Caribe.

Apéndice B

Análisis de cuatro sectores clave de la agricultura en Puerto Rico según criterios y objetivos

Criterio / Objetivo

Capacidad de producción local

Agregación de valor dentro de Puerto Rico

Sector de carne de res

Baja producción local; alta dependencia de importaciones.

Limitada; centrada principalmente en procesamiento básico local.

Capacidad exportadora (ODS 17.11)

Mínima; orientada principalmente al mercado local.

Sector de pan y galletas

Producción local moderada, eclipsada por las importaciones.

Moderada, con potencial de aumento del procesamiento local.

Alta, especialmente hacia Estados Unidos y el Caribe.

Agricultura hidropónica y orgánica

Producción local en crecimiento, con potencial significativo.

Alto potencial, particularmente mediante certificación orgánica.

Limitada, con interés creciente en exportaciones orgánicas.

Sector del queso

Producción moderada, con potencial de crecimiento local.

Alto potencial, especialmente en el procesamiento local de productos lácteos.

Moderada, con exportaciones crecientes hacia Estados Unidos y el Caribe.

Criterio / Objetivo

Potencial de sustitución de importaciones

Resiliencia climática (ODS 13.1.2)

Apoyo a pequeños productores (ODS 2.3.2)

Sector de carne de res

Bajo; la dependencia de importaciones sigue dominando.

Vulnerable, con medidas adaptativas limitadas.

Limitado, con tendencia a la consolidación.

Sector de pan y galletas

Moderado, con posibilidades de reducción de importaciones.

Moderada, con algunas vulnerabilidades frente al cambio climático.

Moderado, especialmente entre pequeñas panaderías.

Agricultura hidropónica y orgánica

Alto, especialmente en productos frescos y orgánicos.

Alto potencial para prácticas resilientes al clima.

Alto.

Potencial de resiliencia económica

Bajo, debido a alta dependencia de importaciones.

Alto, gracias a capacidad exportadora.

Alto, con oportunidades de crecimiento local.

Sector del queso

Alto, con potencial para reducir la dependencia de importaciones.

Moderada, con oportunidades de adaptación en la producción lechera.

Moderado, con potencial de apoyo a pequeños productores lecheros.

Alto, con posibilidades de reducir importaciones y ampliar exportaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir del U.S. Census Bureau (2022), U.S. Department of Agriculture (2024), ImportKey, Naciones Unidas (2018) y USA Trade Online.

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regulando la pertenencia en las tierras agrÍcolas de puerto rico

Carol E. Ramos Gerena

María V. King Martínez

Valeria N. Aguirre Mercado

Introducción

La zonificación regula qué usos de suelo pertenecen en la tierra. Asimismo, las ordenanzas de zonificación exponen la intención del Estado respecto a la regulación del uso de la tierra y la consecuente exclusión de usos de suelo, actividades y personas. La zonificación excluyente (o “exclusionary zoning” en inglés) ha sido ampliamente estudiada en contextos urbanos, pero su impacto en tierras agrícolas es menos conocido.

¿Cuál es el rol de la zonificación?

Los gobiernos emplean la zonificación de forma normativa, es decir, para alcanzar un resultado esperado sobre el territorio. En ese proceso, utilizan ordenanzas de zonificación para separar los usos de suelo por propósito, prioridad y función (Stupen, 2017). Además, estas ordenanzas “indican” a los vigilantes reguladores (gatekeepers en inglés)—como los planificadores urbanos y funcionarios de permisos—a los desarrolladores y al público general qué usos de suelo están permitidos y cuáles quedan excluidos (Hopkins & Knaap, 2018). Mediante las ordenanzas de zonificación, los gobiernos prescriben “cómo puede usarse la tierra en un segmento particular del territorio [o qué uso es apropiado], quién debería estar presente y cómo debería lucir el territorio” (Trudeau, 2006, p. 422, énfasis añadido).

Académicos en temas de zonificación han sostenido que “toda zonificación es, en algún sentido, excluyente en la medida en que provee distritos de uso exclusivo del suelo,” y afirman que su “exclusión es una cuestión de grado” (Schmidt & Paulsen, 2009, p. 97). Cuando los gobiernos diseñan distritos de zonificación, trazan límites para controlar qué se incluye

o excluye en la tierra. El control de estos límites puede variar en aspectos como cuán restrictivo o permisivo son para ciertos tipos de usos, y pueden variar en cuán explícita o implícita es esa exclusión tanto para usos, como para actividades y personas. Aunque la literatura existente se centra predominantemente en la zonificación excluyente (“exclusionary zoning”) en contextos urbanos, centrándose particularmente en zonificación de baja densidad y sus repercusiones sobre la vivienda (Lehmann, 2003; Pendall, 2000; Pendall et al., 2018; Pendall et al., 2022; Rothwell, 2011), este escrito busca contribuir al análisis crítico del discurso empleado en las ordenanzas de zonificación y estudiar su impacto excluyente en las tierras agrícolas designadas para la productividad agrícola.

El estudio de la zonificación excluyente en áreas agrícolas es un reto porque actualmente existe una amplia gama de usos asociados con estas tierras. Lejos de configurarse como un distrito categóricamente excluyente, la tierra zonificada para usos agrícolas pudiera admitir diversos niveles de actividades residenciales (para la vivienda de agricultores), comerciales e industriales (para el procesamiento de alimentos y manejo de animales), junto con esfuerzos de conservación (como restauración de cuencas, agroforestería, etc.), iniciativas de producción energética (como biodigestores) y turismo (como el agroturismo). En vez de zonificarse categóricamente para uso agrícola, es posible que más de un uso sea permitido en estos suelos. Sin embargo, el grado de exclusión en la zonificación de tierras agrícolas dependerá de las políticas territoriales de pertenencia de cada territorio. Es decir, depende de las “prácticas y discursos que establecen y mantienen límites discursivos y materiales correspondientes a las geografías imaginadas de una entidad política y a los espacios que la encarnan normativamente” (Trudeau, 2006, p. 421, énfasis añadido). Observar la retórica utilizada en documentos de política pública es una vía para determinar el grado de exclusión pretendido sobre las tierras agrícolas.

Este estudio examina el contexto de Puerto Rico centrándose en cinco versiones de un código de desarrollo territorial denominado Reglamento Conjunto de Permisos1 (2010,

1 Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Ramos Gerena et al 2015, 2019, 2020 y 2022). Bajo la apariencia de un código de zonificación, el Reglamento Conjunto fue formulado por la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) y ha atraído la atención tanto del público como del poder judicial por haberse formulado sin seguir aspectos básicos de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU)2 (véase más adelante la parte sobre el rol de los Reglamentos Conjuntos para un resumen de estas controversias). Este escrito analiza la retórica de cada Reglamento Conjunto (RC) para revelar la intención del gobierno y el posible efecto excluyente de esta política en tierras agrícolas.

Dentro de las cinco versiones del RC solo existe un distrito de zonificación que aplica a las tierras agrícolas de mayor valor en Puerto Rico: el distrito “agrícola productivo” (A-P). La tierra zonificada como A-P se distribuye a lo largo de todo el archipiélago (véase la Figura 1). El distrito A-P está diseñado para las fincas con las mejores clases de capacidad de uso para la producción de alimentos (I–IV), según la clasificación del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Conocer cómo los RC regulan el suelo A-P es relevante porque Puerto Rico tiene una limitada cantidad de tierras fértiles, y estas tierras han sido históricamente afectadas por la expansión urbana (López et al., 2001) y por políticas que minan la agricultura (Carro-Figueroa, 2002). La tierra agrícola productiva es un recurso críticamente limitado en Puerto Rico y resulta esencial protegerlas para incrementar la producción local de alimentos.

Este escrito busca responder tres preguntas: ¿Qué trabajo discursivo realizan estos cinco reglamentos en relación con las tierras agrícolas de Puerto Rico? ¿Qué revelan cada uno de estos Reglamentos Conjuntos sobre la intención del gobierno hacia el suelo agrícola? ¿Cómo configuran estos reglamentos el paisaje agrícola de Puerto Rico y a quién sirven? El escrito procede de

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios

2 La Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU), Ley Núm. 382017, según enmendada, establece el marco jurídico que rige los procedimientos administrativos de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Su propósito es uniformar la reglamentación y adjudicación administrativa mientras fomenta la solución informal de controversias, garantizando la solución rápida, justa, económica y equitativa de los casos bajo consideración de la agencia, siguiendo el estricto cumplimiento del debido proceso y los mecanismos dispuestos de participación ciudadana.

la siguiente manera: primero, se ofrece una breve introducción al rol de las políticas de uso de suelo en la protección de las tierras agrícolas y la definición de quién pertenece o queda excluido de la tierra. Segundo, se presenta un panorama general de la relación entre presiones por el uso de suelo agrícola para producción de alimentos, generación de energía y desarrollo urbano. Tercero, se resumen las políticas que culminaron en los controversiales Resoluciones Conjuntas de 2010, 2015, 2019, 2020 y 2022. Cuarto, se profundiza en las metodologías utilizadas de análisis de políticas públicas (arqueología y genealogía de políticas) para evaluar el discurso de estos cinco documentos junto con expertos en la materia (SME, por sus siglas en inglés) que ayudaron a interpretar el significado del texto. Finalmente, se describen los hallazgos, una discusión y conclusiones.

Políticas territoriales de pertenencia y la protección de las tierras agrícolas

Las personas pertenecen a los territorios y a la tierra de múltiples maneras. Según Brubaker (2010), Crowley (1999) y Mee y Wright (2009) existen los criterios formales e informales de pertenencia en y a la tierra. En cuanto a los criterios informales, estos comprenden las afirmaciones y el sentido de conexión personal con la tierra que las personas construyen mediante tradiciones culturales, afiliación a grupos y otras dinámicas sociales (Crowley, 1999). En contraste, los criterios formales de pertenencia están mediados principalmente por los Estados naciones a través de la ciudadanía y las fronteras territoriales (Yuval-Davis, 2016), que regulan internamente quién pertenece, quién es permitido y quién es considerado “propio” (Brubaker, 2010; Crowley, 1999).

En este escrito, nos enfocamos en los criterios formales de pertenencia, y el rol del Estado en definir pertenencia a través del uso “propio” de la tierra mediante ordenanzas de zonificación. Los Estados articulan los límites del espacio y del paisaje mediante herramientas de zonificación (Trudeau, 2006) implementadas al amparo de las facultades inherentes de policía del Estado (“police power”) (Bettman, 1923). En el contexto de los Estados Unidos, el poder de policía otorga a los gobiernos municipales autoridad para regular el uso de la propiedad (y de la tierra) con el fin de prevenir daños a la salud, la seguridad y la moral, y promover el bienestar general (véanse Keystone Bituminous Coal Association

v. DeBenedictis, 480 U.S. 470 (1987); Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926)).

La zonificación regula la pertenencia y la exclusión a través de límites discursivos y materiales que identifican prima facie qué (y quién) es bienvenido en un territorio específico. Los usos que se incluyen en los distritos no solo determinan la configuración del paisaje, sino también quiénes serán incluidos, excluidos o incluso expulsados del distrito (Rabin, 1989). Históricamente, estas herramientas regulatorias, técnicas y aparentemente neutrales se han utilizado para crear fronteras de exclusión racistas y clasistas. Dos ejemplos conocidos en Estados Unidos son la zonificación racial explícita, practicada en varias ciudades del sur (Rothstein, 2018), y la sobrezonificación para viviendas exclusivamente unifamiliares (R1), que ha producido acceso discriminatorio a la vivienda por motivos económicos y raciales (Manville et al., 2020; Pendall, 2021). Incluso, se puede argumentar que cualquier distrito de zonificación puede resultar excluyente y afectar adversamente aquello que supuestamente pretende proteger, dependiendo de los usos que permite, su ubicación, la extensión del terreno a la que se le aplique y su relación con otras prácticas públicas existentes en la regulación de uso del suelo.

La capacidad de una herramienta de zonificación de ser excluyente también depende del tipo de control—ya sea restrictivo o permisivo—de los usos de suelo que la herramienta permite en los distritos. Por un lado, las ordenanzas restrictivas suelen limitar la combinación de usos de suelo posibles en un distrito (Lynch & Duke, 2003); por ejemplo, excluyendo actividades industriales en zonas destinadas a la conservación ambiental. Este tipo de ordenanza ha recibido críticas por su implementación en zonas urbanas, particularmente cuando se utilizan para perpetuar prácticas discriminatorias por motivos racistas y clasistas, especialmente al limitar la vivienda exclusivamente unifamiliar en zonas residenciales (Pendall, 2000). Por otro lado, las ordenanzas permisivas permiten combinaciones de usos, aumentando así la diversidad de usos en una parcela. Este tipo de ordenanzas aumentan la posibilidad de que usos incompatibles compitan por una misma parcela, por ejemplo, permitiendo usos industriales dentro de distritos y espacios de tierra con propósitos de conservación. La zonificación permisiva corre el riesgo de aumentar el valor del suelo, las cargas tributarias asociadas, y la

expedición de permisos de uso de carácter ministerial, a pesar de ser potencialmente incompatibles3. El grado de control que ejerce una herramienta de zonificación varía entre jurisdicciones; no obstante, en todos los casos refleja la intención gubernamental sobre el uso del territorio.

Aunque varía por jurisdicción, la protección de tierras agrícolas es crítica porque las mismas son “un recurso natural insustituible” (Paster, 2004, p. 283). Las tierras óptimas para la actividad agrícola se caracterizan por tener pendientes moderadas, nutrientes disponibles para las plantas, barreras protectoras frente a inundaciones y erosión, acceso confiable a riego y un historial de usos compatibles con la actividad agrícola, entre otros (Freyer et al., 2023; Gould et al., 2017). Reconociendo su irremplazabilidad, algunas jurisdicciones preservan estas tierras, restringiendo la expansión urbana, prohibiendo el desarrollo y limitando actividades no agrícolas sobre estos suelos (Paster, 2004). Asimismo, se preservan mediante políticas que fomentan prácticas agrícolas sostenibles, pues reducen el riesgo de agotamiento del suelo y de contaminación de cuencas, y salvaguardan el acceso a suelos fértiles para las generaciones futuras (Lal, 2015; Smith & McDonald, 1998). Los gobiernos locales pudieran ejercer su poder policial para controlar o redirigir la demanda no agrícola sobre la tierra fértil; además de promover la producción local y sostenible mediante créditos, extensión y aranceles con apoyo estatal (Lesher & Eiler, 1978). En efecto, el Estado pudiera utilizar sus capacidades para limitar o promover usos del suelo (Bettman, 1923). Como sostuvo el Tribunal en Bacon v. Walker, 204 U.S. 318 (1907), “el poder no se limita a suprimir lo ofensivo, desordenado o insalubre; se extiende a tratar las condiciones existentes en el Estado de modo que produzcan el mayor bienestar de su pueblo”.

Proteger las tierras agrícolas a través de la regulación del uso del suelo tiene consecuencias en la pertenencia de las personas que se dedican a la vida agraria, la producción de los alimentos, sus prácticas y los saberes y conocimientos locales que se generan y transmiten al estar estrechamente relacionados con el territorio. Asegurar que las personas agricultoras pertenezcan

3 “Ocurre cuando debe tomarse una determinación sin el ejercicio de discreción ni de juicio fáctico” (Sullivan, 2002, p. 461).

a y permanezcan en las tierras agrícolas, mediante políticas y programas de uso de suelo, asegura, entre otras cosas, que se sostenga una producción de alimentos, se salvaguarde el conocimiento local de producción (Beckford & Barker, 2007) y la posibilidad de transmitirlo a futuras generaciones (Marrero et al., 2022). En cambio, la falta de políticas de zonificación eficaces para la protección de tierras agrícolas puede aumentar la valoración de la tierra, el costo del suelo, y por consecuencia el costo de la producción de alimentos, el precio de esos alimentos y, por ende, limitar el acceso a estos alimentos por los consumidores. Por tanto, es importante proteger la tierra agrícola para promover el bienestar y la salud de toda la población (Smith et al., 2016) y para asegurar que las tierras productivas permanezcan accesibles para las personas agricultoras, tanto en el presente como en el futuro.

¿Destinar el suelo en Puerto Rico para alimentos, energía o desarrollo urbano?

Las tierras agrícolas más fértiles en Puerto Rico han recibido presiones para destinarse a la producción de alimentos, generación de energía, y la expansión urbana. Estas tierras fértiles incluyen “suelos aptos para agricultura mecanizada y no mecanizada—cultivos en hileras y especializados, ganadería, lechería, heno, pasturas y frutales— y áreas adecuadas para la producción forestal, como productos madereros y no madereros, agroforestería y café bajo sombra” (Gould et al., 2017, p. 1). Desafortunadamente, Puerto Rico ha ido perdiendo tierras y fincas agrícolas (Stokes-Ramos, 2023). En 1910, las tierras agrícolas representaban el 94.8% del territorio (2,085,162 acres) con 58,371 fincas, mientras para el 2018, habían disminuido a un 21.6% (473,737 acres) y a 8,230 fincas (Departamento de Comercio, 1910; USDA NASS, 2020).

En parte, esta pérdida de tierras agrícolas se debió a un programa de industrialización que comenzó en 1947 denominado Operación Manos a la Obra. Este programa buscó transformar la economía agraria a un modelo de “industrialización por invitación,” en el cual empresas estadounidenses fueron atraídas a desarrollar industrias en Puerto Rico con amplias exenciones fiscales federales y locales (Guptill, 2008). De esta forma, la extensión del suelo urbano aumentó progresivamente del “1.7% de Puerto Rico en 1951 al 15.4% en 2000”, mientras el suelo

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agrícola disminuyó en un 95% en el mismo periodo (Kennaway & Helmer, 2007, p. 365). El sector agrícola era “implícitamente visto como obstáculo al crecimiento más que como un recurso a proteger” (Carro-Figueroa, 2002, p. 82), mientras que el desarrollo urbano se valoraba como signo de modernidad (Catalá-Oliveras, 2013). En consecuencia, familias rurales fueron desarraigadas del suelo agrícola, lo que ha provocado en la sociedad una sensación de desconexión con la tierra y, por tanto, el País (Carro-Figueroa, 2002).

El impacto que ha tenido este modelo en Puerto Rico es evidente en la edad promedio de los trabajadores agrícolas, actualmente en 60.6 años (USDA NASS, 2020). Según el Censo Agrícola de 2018, esta fuerza laboral—en edad próxima al retiro—es mayoritariamente masculina (88.5%), en gran medida propietaria de la tierra (78%), aunque solo el 50% trabaja en agricultura como ocupación principal. Al combinar esta realidad sociodemográfica con los efectos de los huracanes Irma y María en 2017 (Rodríguez-Cruz et al., 2021; 2022) y la presión de desarrollo en las tierras agrícolas por parte del Estado y la empresa privada, puede esperarse que esta fuerza laboral buscará ingresos alternos, incluyendo destinar sus fincas a usos no agrícolas, de permitirse a través de la regulación del uso del suelo.

Puerto Rico cuenta con una limitada cantidad de tierras aptas para la agricultura y una fuerza laboral envejecida, a la vez que tiene una alta inseguridad alimentaria (Ostolaza et al., 2023), agudizada por desigualdades estructurales (Ginzburg, 2022) y por la dependencia de importaciones sujetas a regulaciones como la Ley Jones4. Al importar más del 80% de sus alimentos (Bezares et al., 2025), las y los puertorriqueños pagan el doble que los residentes de Estados Unidos (Denis, 2017). La pobreza

4 La Ley Jones (Ley de la Marina Mercante, 5 de junio de 1920) impone que los envíos entre Estados Unidos y Puerto Rico utilicen embarcaciones de bandera y licencia estadounidenses, construidas en Estados Unidos, de propiedad mayoritaria de ciudadanía estadounidense y con tripulación mayoritariamente estadounidense. Toda nave de registro extranjero que entre a Puerto Rico debe pagar aranceles, tasas e impuestos punitivos, haciendo de Puerto Rico un mercado cautivo sin competencia extranjera. A modo de ejemplo, un contenedor de 20 pies enviado a Puerto Rico desde Estados Unidos cuesta $3,063, mientras que el mismo envío a Kingston, Jamaica, cuesta $1,687 (Federal Reserve Bank of New York, 2012).

generalizada en Puerto Rico es “más de tres veces mayor que la del conjunto de Estados Unidos” (Vargas-Ramos et al., 2023, p. 3), y esto tiene consecuencias sobre la capacidad de acceso a alimentos.

La tierra es moldeada por quienes tienen tenencia. La tenencia determina quiénes ejercen el poder de decidir sobre los usos autorizados por herramientas de regulación del suelo. La zonificación aplica a quien tenga la tenencia. Sin embargo, las normas de tenencia creadas desde “el siglo XVI, con reglamentos válidos en un contexto colonial de explotación de personas esclavizadas y jornaleras sin acceso al control ni a la eventual formalización del derecho a la tierra en los siglos XIX y XX”, han reproducido la discriminación por generaciones (Fontánez-Torres, 2020, p. 40). Hoy en día, un conjunto de terratenientes pertenecientes a élites económicas, concentran grandes extensiones, son quienes abogan por políticas de uso de suelo y, entre otras cosas, disfrutan de deducciones contributivas agrícolas como agricultores bajo el programa de bona fide (ver más adelante en la sección sobre la segunda excavación, quién pertenece).

En adición a este contexto sociopolítico, se prevé un aumento de la desigualdad de acceso a tierras y alimentos por las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (conocida localmente como Junta de Control Fiscal o JCF), creada bajo la Ley PROMESA en el 2016. El objetivo de la JCF es pagar a los acreedores por una deuda no auditada de $72 mil millones (Garriga-López, 2020; Onís & Lloréns, 2021). Diversos autores señalan que las políticas de la JCF restringen el acceso a “servicios esenciales para la vida como alimentos, vivienda, asistencia educativa y ayuda en desastres” (Villanueva, 2019, p. 189), mientras reducen servicios públicos, beneficios y empleos, e incrementan los impuestos (Bannan, 2016). Ciertamente, la JCF ha impulsado controles financieros adicionales para extraer valor de Puerto Rico (Caban, 2018).

Además de incluir en su plan fiscal el que se apruebe un Reglamento Conjunto, la JCF ha asignado financiación pública para proyectos de placas solares a gran escala en suelo agrícola, elevando preocupaciones sobre la disponibilidad de tierra para la producción local de alimentos. Los 18 proyectos aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico y la JCF contemplan 1,800

megavatios en instalaciones solares industriales que ocuparían entre 13,900 y 16,200 acres en áreas costeras y reservas agrícolas (Nick Grue et al., 2021), a pesar de estudios que demuestran la eficacia de la generación de energía en techos residenciales en Puerto Rico (O’Neill-Carrillo et al., 2019; Parés-Atiles et al., 2020).

Además, la designación del 98% del territorio de Puerto Rico como Zona de Oportunidad en el 2019, conforme a la ley federal de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act5), amplifica el trato preferencial para las ganancias de capital en determinados censos. Este “incentivo”—junto con los estímulos establecidos desde 2012 por la Ley 20/22 (hoy, Ley Núm. 602019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico)— ofrece oportunidades lucrativas y especulativas para ultrarricos (García-López, 2022), en lugar de beneficiar a residentes de los vecindarios aledaños, objetivo de la Zona de Oportunidad (Freedman et al., 2023).

En suma, las cinco iteraciones del Reglamento Conjunto desarrollados por la JPPR para regular el uso del suelo en todo el archipiélago se diseñan en un contexto donde la producción de alimentos, la generación de energía, y el desarrollo urbano compiten sobre una limitada cantidad de tierras fértiles. Además, este contexto está marcado por factores históricos, económicos y normativos que afectan la toma de decisión sobre el uso del suelo, y que pudieran moldear qué uso es apropiado, quién debería estar presente y cómo debería lucir el territorio.

¿Qué rol desempeñan los Reglamentos Conjuntos de Permisos en la política de uso de suelo de Puerto Rico?

El sistema de planificación del uso de suelo de Puerto Rico es único. Involucra al gobierno municipal y el nacional, a través de una consolidación de responsabilidades relativamente reciente

5 La ley federal, Tax Cuts and Jobs Act de 2017 (Pub. L. 115-97) creó el concepto de Zonas de Oportunidad, áreas geográficas clasificadas principalmente como de bajos ingresos y delimitadas por el gobierno federal para atraer inversión privada. Luego del huracán María, 98% del área geográfica de Puerto Rico fue designada como una Zona de Oportunidad, lo que permite que corporaciones (denominadas en la ley como Fondos de Oportunidad Calificados) inviertan su dinero en propiedades dentro del territorio designado. Por ley, estos fondos deben invertir al menos 90% de todos sus activos en propiedades ubicadas dentro de estas zonas y pueden, luego de 10 años, excluir del ingreso tributable la apreciación generada dentro del Fondo al momento de vender o disponer del activo.

y aún en curso. La toma de decisiones sobre el uso del suelo ocurre en ambas escalas y está atada a un legado histórico de colonialismo y disputas de poder.

La Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) se creó en 1942 bajo el liderato de Rexford Tugwell, último gobernador estadounidense nombrado para Puerto Rico. Tugwell procuró implantar su visión antilaissez-faire mediante la centralización de la planificación en una agencia con jurisdicción sobre toda la Isla: la JPPR (Hernández-Márquez, 1986). Desde su inicio, la JPPR ha tenido a su cargo el uso del suelo en todo el archipiélago (Ibid..), aunque principalmente solo se consideraban las áreas urbanas. Sus funciones se revisaron en 1975 mediante la Ley 75, “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, que delegó las responsabilidades de permisos a la Administración de Reglamentos y Permisos (hoy Oficina de Gerencia y Permisos, OGPE). Designada por el gobernador de turno, la JPPR ha supervisado desde entonces la planificación del uso de suelo en unas 3,423 millas cuadradas.

La reforma municipal de 1991 fue uno de los mayores esfuerzos de descentralización de la planificación en el País. Comparable a la Ley Modelo de Planificación Municipal de 1928 en Estados Unidos, Puerto Rico adoptó la Ley de Municipios Autónomos6, que permitió a los municipios elaborar Planes de Ordenación Territorial (POT) y proponer zonificación municipal (calificación) tras su elaboración. Pese a esta ley (que luego fue derogada en agosto de 2020 por la Ley Núm. 107-2020, conocida como el Código Municipal), muchos municipios carecieron de capacidad técnica y financiera para elaborar sus POT, dejando municipios sin zonificar. Para el 2024, 64 de 78 municipios contaban con su POT y 18 con oficina municipal de permisos. En municipios sin institucionalidad local, la JPPR y la OGPE dictan respectivamente la planificación y los procesos de permiso.

A pesar de los esfuerzos de descentralización, la planificación del uso de suelo en Puerto Rico sigue altamente centralizada. Por ejemplo, para que un POT sea aprobado, el mismo debe ser firmado por el director de la oficina de planificación, el presidente de la JPPR, y el gobernador. Este diseño centralizado tanto de

6 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991.

la JPPR como la OGPE ha producido un sistema de permisos ineficiente, sujeto a vaivenes de la administración política (entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático) y a prioridades contradictorias de uso de suelo. Adicionalmente, esta tensión entre la centralización y la descentralización ha incidido en la elaboración de los Reglamentos Conjuntos, como se explica a continuación.

En 2009, la Ley de Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico buscó atender la lentitud y deficiencias del sistema, que afectan particularmente a la industria de la construcción. La alta diversidad de distritos municipales fue juzgada por algunos como ineficiente, lo que motivó llamados a homogeneizar la zonificación de los municipios desde el gobierno central. La reforma de 2009, firmada bajo una administración del Partido Nuevo Progresista, ordenó crear un Reglamento Conjunto (RC) para establecer “nomenclatura uniforme de distritos” en todos los municipios. El primer RC para Obras de Construcción y Uso de Terrenos se elaboró en 2010 por la JPPR, pero el cumplimiento fue desigual entre municipios. Aunque el RC de 2010 procuró crear distritos genéricos, los municipios conservaron su autonomía bajo la Ley 81 de 1991. De hecho, el RC de 2010 establecía: “este reglamento aplicará a toda la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (...) excepto a los municipios que cuenten con un Plan de Ordenación Territorial” (p. 5).

La segunda versión del RC se creó en 2015 bajo una nueva administración en la JPPR, designada por el Partido Popular Democrático. Ese mismo año también se adoptó un nuevo Plan de Uso de Terrenos (PUT) a escala del archipiélago y su mapa correspondiente. Desde 2015, y a diferencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos, Puerto Rico maneja tanto una zonificación a escala nacional (clasificaciones) como la zonificación municipal (calificaciones). El PUT propuso una cantidad significativa de suelo destinado exclusivamente a la agricultura, un total de 637,592 cuerdas7. Tras la aprobación del PUT, todos los municipios disponían de hasta dos años para ajustar sus Planes de Ordenación Territorial (POT) y mapas complementarios, alineados con las categorías de uso de suelo

7 La ley de Reserva Especial Agrícola, Ley Núm. 6-2014, ordenó el uso agrícola de 600,000 cuerdas en Puerto Rico.

del PUT. Si bien la zonificación municipal debía alinearse a las regulaciones nacionales, persisten dificultades para garantizar la uniformidad y el cumplimiento de la zonificación nacional entre los municipios.

Al igual que el RC-2010, el RC-2015 también eximió a los municipios que ya contaban con POT, según se indica en la Regla 3.4 de Aplicabilidad: “Este reglamento aplicará a través de toda la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a toda persona natural y jurídica, pública o privada, o cualquier agrupación de ellas, sobre las cuales el Gobierno de Puerto Rico tenga jurisdicción. No aplicará a aquellos municipios que cuenten con un Plan de Ordenación Territorial aprobado y que no hayan adoptado este Reglamento como su instrumento reglamentario” (p. 6).

Mientras que los RC de 2010 y 2015 eximían a los municipios con POT, los RC posteriores de 2019, 2020 y 2022 han buscado modificar los distritos de zonificación para todos los municipios, incluidos aquellos con POT vigentes. Tanto el RC-2019 como el RC-2020 disponen: “Este capítulo establece y define las diferentes tipologías de distritos de zonificación que regirán en toda la isla (...) con el propósito de establecer usos y distritos de zonificación uniformes para todo Puerto Rico” (p. 260). Los RC de 2015, 2019 y 2020 enfrentaron impugnaciones legales, con sentencias que los anularon (el RC-2020 fue anulado dos veces) por diversas infracciones procedimentales. Al momento de esta publicación, el RC-2022 estaba bajo escrutinio público, mientras la JPPR publicó un RC de Emergencia para uso interino. Aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que la versión vigente es el RC-2010, esto sigue siendo ambiguo en la práctica8. Pese a las anulaciones, la JPPR bajo las últimas administraciones ha decidido continuar utilizando el RC-2020, lo que ha conllevado la concesión de un número significativo de permisos (más de 200,000) de forma ilegal por la Oficina de Permisos (Microjuris, 2023).

Similar al RC-2019 y RC-2020, el RC-2022 ordena explícitamente que “todos los municipios que tengan un Plan de Ordenación Territorial (POT) aprobado o que no lo tengan

8 Martínez Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) y QMC Telecom, 2023 TSPR 75, 2023 DTS 075.

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deberán armonizar sus distritos a la nomenclatura establecida en este Reglamento” (Junta de Planificación de Puerto Rico, 2022, p. 374). Además, dispone que:

Todos los municipios, con la asistencia de la Junta de Planificación, iniciarán un proceso de revisión de los Datos Geoespaciales contenidos en su POT, con el propósito de armonizar los Distritos de Zonificación descritos en la sección anterior que sean nuevos en sus planes (...). No obstante, en aquellos casos en que los POT existentes sean similares a lo aquí contemplado, la aplicación de este reglamento será inmediata en todo aquello que no sea contrario a los objetivos y políticas públicas descritas en el POT vigente (pp. 376–377).

La planificación del uso de suelo en Puerto Rico se caracteriza por luchas de poder entre el centralismo y la municipalidad. En esta lucha de poder, se debate si la zonificación debe ser uniforme o adaptada a las particularidades de cada uno de los 78 municipios, si se le reconoce la autonomía municipal o se planifica el territorio desde la JPPR. Además, en este debate se pulsea la prelación entre herramientas de regulación del suelo, como: el PUT de 2015, los POT, y otros planes especiales a escala regional y barrial (como la Zona Cárstica). Cada cambio o anulación de los RC por la pasada década ha impuesto una reconfiguración en la adopción de nuevos procedimientos y estándares en los municipios, tornando la implementación de la normativa confusa, irregular y plagada de excepciones.

En el Tomo VI de cada uno de los RC se establecen los distritos de zonificación. Entre estos distritos, existen solamente dos que regulan las tierras agrícolas: el distrito Agrícola Productivo (A-P) y el distrito Agrícola General (AG). El análisis de estos documentos se enfocó en los distritos A-P. Es importante estudiar el contenido de estos distritos dentro de cada uno de los RC porque estos distritos están específicamente diseñados para las tierras agrícolas más valiosas por su productividad. Estas tierras incluyen las reservas agrícolas. Los RC establecen que este distrito corresponde a las tierras clasificadas en las clases de mayor capacidad de uso (I–IV) según el NRCS del USDA. En contraste, el distrito AG se aplica a tierras clasificadas como V–VIII, las cuales presentan limitaciones en su capacidad agrícola productiva. La Figura 1 muestra la localización de todas las tierras designadas como A-P según el RC-2019—la única versión de

los RC que incluyó un mapa de distritos para poder observar la distribución y el cambio de los distritos propuestos. Según este mapa, el suelo A-P en Puerto Rico abarca 488,515 acres, o el 22% del territorio.

Figura 1: Ubicación de las tierras agrícolas zonificadas como A-P según el RC-2019 para Puerto Rico (ArcGIS Pro).

Métodos: Excavaciones en el análisis de documentos de política pública

El análisis cualitativo empleado en este trabajo se basa en la evaluación de los RC de 2010, 2015, 2019, 2020 y 2022. La selección de los RC para este estudio por encima de otros instrumentos regulatorios del uso de suelo responde al alcance que de forma incremental pretenden estos instrumentos al ser convertidos por la JPPR en una política comprensiva aplicable a todas las parcelas de todos los municipios en Puerto Rico. En adición, este estudio se enfoca en el discurso contenido en cada RC en el Tomo IV y la sección específica de los distritos A-P, en lugar de realizar un estudio de caso de su implementación y resultados. De esta forma, se explora cómo la naturaleza normativa de los RC podría influir en las decisiones futuras de permisos en todo el terreno que sea calificado como A-P en Puerto Rico.

Dado a que la interpretación del discurso en los RC se presta para conclusiones diversas, se realizaron entrevistas semiestructuradas con personas expertas de Puerto Rico en el tema (“subject matter experts” o SME). A través de un reclutamiento intencional, se invitó a SME por su historial

Regulando la pertenencia...

evaluando y comunicando sobre los RC. Un total de cinco SME accedieron a evaluar la sección de A-P del Tomo VI en los cinco RC. Estos profesionales son expertos en planificación municipal, arquitectura, abogacía ambiental, incluso experiencia previa como miembros de la JPPR, como planificadores municipales y miembros del Comité Asesor Multisectorial de la JPPR a cargo de examinar el mapa de zonificación de 2019.

El análisis utilizó como datos las transcripciones de las entrevistas y las secciones de cada RC correspondiente al distrito Agrícola Productivo (A-P), ubicadas en las siguientes 22 páginas: RC-2010 (pp. 424–426), RC-2015 (pp. 409–411), RC-2019 (pp. 357–361), RC-2020 (pp. 435–439) y RC-2022 (pp. 499–504). Todos los RC se obtuvieron del sitio web de la JPPR (https://jp.pr. gov/nuevo-reglamento-conjunto/).

Para extraer la información de los RC se utilizó la arqueología de políticas y la genealogía de políticas, según explicado por Gale (2001). La arqueología de políticas sugiere “excavaciones” del texto para indagar por qué se incluyen o excluyen ciertos elementos. Combinando este enfoque con el marco de las políticas territoriales de pertenencia, cada SME y la autora principal examinaron por qué algunos usos de suelo se incluyen y otros se excluyen del distrito A-P. Asimismo, se trazó la genealogía de políticas (Gale, 2001) a lo largo del tiempo para identificar tendencias discursivas entre los cinco RC.

La extracción de datos estuvo guiada por la literatura en políticas territoriales de pertenencia, que plantea que las ordenanzas de zonificación prescriben “cómo puede usarse el suelo [o qué uso es apropiado], quién debería estar presente y cómo debería lucir” (Trudeau, 2006, p. 422, énfasis añadido).

Cada SME revisó las 22 páginas correspondientes al distrito A-P en cada RC y respondió a una serie de preguntas. En la primera “excavación,” contestaron qué usos se incluyen o excluyen; en la segunda, “quién” puede pertenecer; y en la tercera, “cómo” se transformaría el paisaje mediante el discurso incluido en el texto. Finalmente, se identificaron patrones y discontinuidades a través de los cinco RC para este distrito.

Las entrevistas se realizaron de manera virtual y por separado entre febrero y mayo de 2023. Cada entrevista duró, en promedio, de 70 a 80 minutos. En cada entrevista, los SME respondieron las

preguntas teniendo proyectada en la pantalla de sus computadoras las páginas correspondientes al distrito A-P de cada RC. Se le pidió a cada SME que fundamentaran sus respuestas en su interpretación de cada documento, su experiencia trabajando con políticas de uso de suelo y respondiendo a las preguntas como lo haría un guardián regulatorio (“gatekeeper”) que interpretaría el documento al momento de otorgar un permiso en tierras agrícolas zonificadas como A-P en Puerto Rico.

Finalmente, se analizaron los datos con un análisis temático (Braun & Clarke, 2006). Los datos de este estudio fueron las 22 páginas de RC correspondiente al distrito A-P y cinco transcripciones de las entrevistas con los SME. El proceso analítico implicó “una progresión desde la descripción—para mostrar patrones en el contenido semántico y resumirlos— hasta la interpretación, en relación con la literatura previa” (Braun & Clarke, 2006, p. 84). Las respuestas se codificaron manualmente en tres formas: qué, quién y cómo (véase la siguiente sección), y los temas se identificaron, organizaron y analizaron a nivel semántico—“sin buscar nada más allá de lo dicho o escrito” (p. 84). Previo a publicar este escrito, las cinco personas expertas que participaron de las entrevistas revisaron el borrador final para corroborar la exactitud de lo expuesto en este escrito.

Regular la pertenencia en las tierras agrícolas

Los hallazgos se presentan en tres secciones: 1) qué, 2) quién y 3) cómo. Cada sección corresponde a una “excavación” que profundiza en la retórica de cada RC para responder qué se incluye/excluye (arqueología de políticas) y cómo cambió este discurso entre cada una de las iteraciones del documento a través del tiempo (genealogía de políticas).

Primera excavación: ¿Qué pertenece?

Para contestar qué usos son apropiados o pertenecen en el distrito A-P, se evaluó el listado de usos y la variación de este listado en cada versión del RC (véase la Figura 2). Es importante notar que el listado de usos varía, a pesar de que el distrito mantiene la misma denominación (A-P) en las cinco versiones. Entre los usos permitidos en distritos A-P, el RC-2010 y RC-2015 incluye usos agrícolas (ganadería, agroindustrial, empaque, procesamiento y molinos) y residenciales (vivienda unifamiliar). El RC-2010 también permite molinos eólicos en suelo agrícola productivo.

A diferencia del RC-2010 y RC-2015, los RC-2019, RC-2020 y RC-2022 incorporan usos no relacionados a la producción de alimentos, tales como usos residenciales (vivienda de 1-2 familias y segundo piso), comerciales (cannabis, manufactura y agrohospedería), industriales (proyectos de energía renovable a escala industrial), turísticos (“bed and breakfast”, alojamiento suplementario a corto plazo, agroturismo y ecoturismo) y otros usos mediante consulta. A la misma vez, estos tres RC permiten usos agrícolas adicionales como pesca, plantas ornamentales, crianza de animales, haciendas agrícolas, procesamiento y manufactura de productos agrícolas, productos medicinales, aromáticos, energéticos o sus derivados, crianza de ganado, de aves, de animales domésticos y de caza, apiarios, acuicultura, producción de cosechas, forrajes, forestales, maderas, plantas medicinales y productos agroecológicos.

Ninguno de los RC define o describe el listado de usos antes mencionados. No hay glosarios ni apéndices que definan, por ejemplo, qué es una “agrohospedería” o “energía renovable”. Los usos se presentan en una lista (2010 y 2015) o en tabla (2019, 2020 y 2022) dividida en tres columnas principales: “agricultura, residencial y otros.” Sin embargo, los usos permitidos exceden esas tres categorías. Es decir, “bed and breakfast” y “agrohospedería” aparecen bajo uso residencial, cuando este es un uso comercial y un uso turístico, respectivamente. En la Figura 2 se presenta el número total de usos reorganizados en categorías más precisas: agrícola, residencial, comercial, industrial, turismo y otros mediante consulta. Por ejemplo, “bed and breakfast” y “alojamiento suplementario a corto plazo” se reorganizaron bajo turismo en lugar de residencial, para una representación más precisa de los usos permitidos en las tierras agrícolas de mayor valor en Puerto Rico.

Figura 2: Número de usos permitidos en distritos A-P por RC, según seis categorías.

Cuando se comparan genealógicamente, tanto los usos agrícolas y no agrícolas permitidos en el distrito A-P aumentan de 2010 a 2022. No obstante, los SME sugieren que ese incremento de potenciales usos en el mismo distrito intensifica la competencia entre usos incompatibles en suelo zonificado como A-P. Es decir, aunque aumenten usos agrícolas (como aparece en verde en la Figura 2), estos usos competirán por espacio y valor con usos no agrícolas como vivienda, turismo y usos industriales. Para SME 1, “la competencia de usos no agrícolas trae consecuencias negativas para las tierras agrícolas, pues impacta no solo el valor del suelo, sino el valor de lo que producen los agricultores”. A mayor cantidad de usos potenciales, mayor valor adquiere el suelo y, por ende, representa mayores costos en la producción de alimentos.

La nomenclatura (A-P) y la declaración de propósito permanecen constantes, pero cada versión amplía el rango de usos no agrícolas. Para SME 4 esto implica que: “se permiten todas las formas de agricultura y hay que imaginar los extremos, porque no hay definiciones ni criterios”. Del mismo modo, el SME 2 indicó que, desde 2010, no se describe qué implica una vivienda “asociada a actividad agrícola”, por lo que se abre la puerta a cualquier tipo de residencia. Tampoco es clara la distinción entre agrohospedería, agroturismo y “Airbnb”, y no hay límites de ocupación del suelo para proyectos de energía

renovable, cannabis o alquileres a corto plazo. Estos usos resultan especialmente incompatibles porque los RC carecen de parámetros y especificaciones. Sin parámetros de capacidad máxima, el lenguaje se torna permisivo.

Aun con la falta de definiciones y parámetros claros, la expectativa es que los RC apliquen a todas las oficinas municipales de planificación y permisos. Los SME identificaron la falta de parámetros y especificaciones como problemática porque pudieran conducir a error por estas oficinas. Por ejemplo, los SME mencionaron confusión en su interpretación de la columna “otros”. Para algunos, la columna “otros” debía interpretarse como permisos que se aprobarían de forma ministerial (sin necesidad de discreción), mientras para otros SME, los usos que aparecen bajo esta columna requieren mayor discreción. Pese a ello, consideraron que todo uso incluido en el Tomo VI se aplicaría como un uso que será aprobado ministerialmente. Como explicó SME 4, “los usos que vemos en estas tablas se espera que se aprueben sin mayor inconveniente para el proponente y por el evaluador de permisos”.

Los SME catalogaron de “intenciones engañosas” el que se presenten usos incompatibles como compatibles en las tierras agrícolas de mayor importancia en Puerto Rico. Particularmente, resaltaron la inclusión de “energía renovable” como un uso permitido, pero sin precisar escala ni alcance. Es decir, no precisa ni limita si puede ocupar la totalidad de una finca. Los SME sugirieron que la inclusión de proyectos de energía renovable sin especificar su escala y alcance puede prestarse a interpretaciones erróneas en el proceso de permisos. Aunque los usos de suelo para energía renovable podrían dar la impresión de ser un uso sostenible y compatible que ocupa solo una parte de la finca, cuando no existen parámetros de capacidad máxima, este uso podría terminar ocupando toda el área de terreno agrícola. SME 1 señaló: “en los RC, no se adhieren a ninguna definición de lo que es un proyecto de energía renovable, que pueda ayudar a proponentes o a las autoridades designadas a definir el cumplimiento.” Según SME 1, el sector de energía renovable está “siendo favorecido porque pueden comprar terrenos mucho más baratos en suelo agrícola productivo.” SME continuó:

Por ejemplo, están intentando impulsar los Bed and Breakfast y los alquileres a corto plazo como si fueran un

uso residencial cuando no lo son. Más aún, están tratando todos estos usos (no agrícolas) como ‘compatibles’ con la agricultura, sin considerar las implicaciones que tienen como un uso comercial del suelo… tales como recibir visitantes, la necesidad de inversión en nueva infraestructura —como carreteras e iluminación—, la presión de desarrollo que genera sobre la finca y sus alrededores, y el valor estético requerido, entre otros.

SME 2 y SME 1 sugirieron que también es engañosa la manera en la que el RC-2022 utiliza los códigos NAICs9 para categorizar los usos del suelo. Para SME 1, por diseño el RC-2022 asigna de forma incorrecta el código 53111 (arrendadores de edificios residenciales) a alquileres a corto plazo en lugar del 72119 (otros alojamientos para viajeros), lo que sobredimensionaría el impacto económico de un alquiler a corto plazo o Airbnb dado a que se mediría como una actividad residencial de más largo plazo.

Además, el distrito A-P determina los usos posibles en las reservas agrícolas de Puerto Rico. A partir de 2019, el distrito de zonificación A-P explícitamente establece que se aplicará a las tierras agrícolas localizadas dentro de reservas agrícolas protegidas por ley. Aunque la tabla incluida en los RC intenta distinguir entre fincas en reservas y fuera de ellas, según SME 2 la tabla no representa una distinción real, porque “si solo se usa el mapa de los RC, todas aparecen como A-P”. SME 2 añadió que las leyes de reservas agrícolas especifican que las reservas “solo pueden ampliarse, no cambiarse ni reducirse”, y considera que los RC de 2019, 2020 y 2022 están fomentando de manera abstrusa la reducción ilegal de las reservas agrícolas. SME 1 también comentó: “cuando se declara un terreno como reserva agrícola, ese terreno debe contar con la máxima protección posible, con definiciones claras y firmes que restrinjan su uso a ese fin”, una acción que, según SME 1, queda “obviada” por los RC.

Dado que los RC se tornan cada vez más permisivos en el control del uso de suelo en las tierras agrícolas más importantes de Puerto Rico, los SME señalaron que el gobierno envía un mensaje contradictorio a través de estos reglamentos. SME 3

9 Los códigos NAICS (North American Industry Classification System) son un sistema de clasificación industrial utilizado en Estados Unidos, Canadá y México para organizar datos económicos según sectores y subsectores de actividad económica (U.S. Census Bureau, 2022).

explicó que “cuando todo se permite como posibilidad, se pierde un concepto básico de la planificación: la particularidad”. Añadió que, cuando se permite un uso de suelo en un lugar, este debe responder al “territorio y las características del suelo… por ejemplo, las tierras agrícolas deben considerar si están ubicadas en un valle inundable o en una ladera empinada; los distritos de zonificación no pueden aplicarse indiscriminadamente en todo Puerto Rico”. Además, SME 3 señaló que el aumento de usos no agrícolas amenaza las 637,592 cuerdas de terreno identificadas en el PUT exclusivamente para la agricultura.

En esta primera excavación se analizó “qué” está permitido en las tierras agrícolas zonificadas como A-P detallando que se incluye y excluye en los cinco RC. Al examinarse cronológicamente, entre 2010 y 2022, cada iteración va permitiendo un número mayor de usos agrícolas como no agrícolas, incluyendo usos industriales, comerciales, residenciales, turísticos y otros mediante consulta. Estos usos carecen de descripciones, definiciones y parámetros (incluida la extensión máxima de tierra que puede ser ocupada por cada uso) que ayudaría a los guardianes reglamentarios “gatekeepers”) a determinar el cumplimiento. A medida que los RC se vuelven más permisivos con respecto a los usos agrícolas y no agrícolas, los SME destacan un discurso de ambigüedad, que sugiere compatibilidad de usos que no están claramente definidos ni dimensionados, lo que puede dar lugar a interpretaciones y aplicaciones erróneas del documento.

Segunda excavación: ¿Quién pertenece?

El permitir un aumento en usos incompatibles en tierras zonificadas como A-P también puede incrementar la cantidad potencial de personas con intereses diversos en esas tierras. Por ejemplo, agricultores interesados en usos agrícolas y desarrolladores interesados en usos no agrícolas competirán al proponer proyectos sobre terrenos agrícolas zonificados como A-P en Puerto Rico. Esto deja el “quién” pertenece a tierras A-P sujeto a un abanico de posibilidades que dependerá de la demografía, tenencia y las características de cada parcela. Esta segunda “excavación” describe las respuestas de los SME sobre quién pertenece en distritos A-P según los RC.

De primera instancia los SME coinciden en que los agricultores pueden pertenecer a terrenos zonificados como A-P, pero un tipo

particular de agricultor. Particularmente, los SME destacaron a los agricultores bonafide y los dueños de tierras agrícolas, ya que estos pudieran aprovechar y utilizar los usos de suelo adicionales para invertir en sus fincas. SME 4 planteó: “estas (nuevas actividades de uso de suelo) son actividades que podrían generar fuentes adicionales de ingreso para los agricultores y añadir valor al mercado inmobiliario. Es decir, solo si el uso suplementario adicional está atado a un uso agrícola primario”. SME 4 consideró que sería beneficioso únicamente si los agricultores pudieran mantener también la actividad agrícola.

Un SME, exmiembro de la JPPR explicó que durante su gestión notó que muchos agricultores abogaban a favor de intereses de desarrollo y construcción. Este SME señaló: “muchos agricultores bonafide son en realidad del sector de desarrollo y construcción, quienes retienen vastas extensiones de tierra con exenciones contributivas y una actividad agrícola reducida o mínima”. Continuó: “ahí están los Rubí, los Stubbe, todas esas familias… los Sadurní… porque usan esa categoría de agricultor bonafide para retener grandes extensiones de tierra sin pagar los debidos impuestos”.

Según los SME, agricultores por alquiler, de pequeña escala o sin tierra, quedan excluidos porque los RC se adhieren a los derechos de propiedad privada, su uso correspondiente y la autoridad de los propietarios sobre los usos de suelo propuestos. En esencia, solo el dueño de la tierra puede proponer proyectos en su terreno, lo que significa que los agricultores arrendatarios están sujetos al uso de suelo que desee el propietario. En el contexto de Puerto Rico, los dueños más comunes de tierras agrícolas son individuos, corporaciones y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Si un agricultor arrendatario se ve afectado por la decisión de uso de suelo tomada por su arrendador, como sugirió SME 2, “el único recurso del arrendatario es apelar y quejarse según lo establecido en su contrato de arrendamiento”. Todos los usos permitidos en los RC benefician principalmente a los propietarios de tierras agrícolas, especialmente a quienes pueden pagar la inversión, por el aumento del valor de la tierra y sus respectivas contribuciones. SME 1 amplió este punto al señalar que un aumento en los valores de la tierra “también podría beneficiar al gobierno, ya que el aumento en el mercado inmobiliario podría significar más contribuciones sobre la propiedad, si la tasación no

supera el valor exento”. Este punto es importante porque la mayor parte de las contribuciones recaudadas por el gobierno están actualmente obligadas al servicio de la deuda de Puerto Rico.

El segundo tipo de respuesta provista por las SME incluyó a los desarrolladores de los sectores de construcción, turismo y energía renovable. Un exmiembro de la JPPR afirmó: “los desarrolladores compran tierras agrícolas porque fácilmente pueden convertirlas en urbanizaciones residenciales… Esto incluye a la familia Fonalledas, dueños de Plaza Las Américas”. Preocupado por las prácticas inescrupulosas de desarrolladores, SME 1 añadió que estos usos “beneficiarían a las personas que promueven Airbnb, especialmente a aquellos que son acaparadores de propiedades”.

Asimismo, SME 5, señaló que, aunque resulta difícil examinar quién puede pertenecer a las tierras zonificadas como A-P sin enfocarse en un caso específico, vale destacar que “el Negociado de Energía de Puerto Rico ha aprobado Acuerdos de Compra y Operación de Energía, como parte del primer tramo de Solicitudes de Propuesta, con corporaciones extranjeras que pretenden establecer plantas solares a escala industrial en tierras agrícolas valiosas, en detrimento del desarrollo agrícola del país”. SME 5 compartió que algunas de estas corporaciones extranjeras, provenientes de Delaware y Florida, incluían: Ciro One Saline LLC, Ciro Two Salinas LLC, Convergent Coamo Energy Storage LLC, Guayama Solar Energy LLC, Pattern Barceloneta Solar LLC, Pattern Vega Baja Solar LLC y Solarblue Bemoga LLC.

En esta segunda excavación se muestra que, aunque no existe un consenso claro entre los SME, los RC ciertamente abren la puerta a usos no agrícolas (y, por ende, a no agricultores) en tierras agrícolas productivas de Puerto Rico. Desarrolladores y especuladores competirán con los agricultores por estas tierras. Los agricultores de fincas familiares, arrendatarios, corporaciones, agricultores bonafide y agricultores sin tierra se verían afectados de manera diferente por los sectores de la construcción, el turismo y la energía renovable. La lucha por pertenecer a la tierra agrícola productiva variará dependiendo de la tenencia y el poder de inversión, pero el discurso utilizado por los RC normaliza esta pugna en todas las tierras zonificadas como A-P.

Tercera excavación: ¿Cómo debería lucir?

Esta tercera excavación aborda cómo los usos permitidos configuran un paisaje agrícola particular para Puerto Rico, así como los procesos administrativos y de gobernanza que lo posibilitan. Esta excavación parte de un reconocimiento del contexto socioeconómico por el que ha atravesado Puerto Rico entre el 2010 y 2022. Un contexto de huracanes, terremotos, y dónde los residentes cargan con un aumento en costos y una reducción de servicios esenciales para la ciudadanía (especialmente tras PROMESA), crea las circunstancias para que los RC se traduzcan en una rápida conversión de suelos agrícolas productivos hacia usos incompatibles como urbanos, comerciales, turísticos e industriales.

Los SME compartieron que esperarían una transformación acelerada de las tierras agrícolas en Puerto Rico. Según los SME, el paisaje agrícola proyectado por los RC deja toda la tierra zonificada como A-P, incluidas las reservas agrícolas, vulnerable a presiones de desarrollo. Con una aparente disponibilidad de las tierras más aptas para la producción de alimentos para el desarrollo urbano, convierte a las mismas en fuente de especulación y urbanización. Para SME 1, la JPPR está utilizando los RC para impulsar una transformación agrícola sin la discreción ni la evaluación necesarias de los procesos de toma de decisiones. SME 1 señaló: “los RC están comercializando las tierras agrícolas de manera ministerial, evitando el proceso de evaluación de permisos, cambiando el carácter del paisaje y limitando la rentabilidad de la actividad agrícola”. SME 1 advirtió que esto conlleva una “presión de desarrollo agresiva y un aumento en el valor y costo de la tierra” con características para la productividad agrícola. El ritmo y la magnitud de esta presión de desarrollo se verán amplificados por la agilización de permisos y evaluaciones (a través de permisos otorgados de manera ministerial) y por la aplicación homogénea de los RC en todo Puerto Rico.

SME 2 añadió que le preocupa que las tierras agrícolas en Puerto Rico ya estaban amenazadas, pues existen pocos controles sobre lo permitido, incluso relacionado a actividades agrícolas.

SME 2 compartió: “Puerto Rico tiene muy pocos controles para el uso de prácticas no ambientales y para la aplicación de pesticidas y fertilizantes. En Puerto Rico esto es un sálvese quien pueda, y en los terrenos zonificados como A-P, esto estaría permitido

porque no lo regula.” Los RC de 2019, 2020 y 2022 incluyen como uso permitido a la agroecología (que no favorece el uso de pesticidas sintéticos), pero en lugar de fomentar y promover prácticas agrícolas sostenibles al incluir estos usos, la retórica de los RC convierte la agroecología, e incluso la agricultura en general, en un uso opcional dentro de los terrenos zonificados como A-P.

También los SME prevén una rápida parcelación. SME 2 señaló que los usos residenciales, sin el requisito de “asociación con actividad agrícola”, incentivarían la subdivisión de terrenos y una mayor urbanización del paisaje agrícola. SME 2 detalló que los agrimensores han abogado incisivamente por la parcelación de terrenos, ya que constituye una de sus principales fuentes de ingreso. Explicó: “si divido una finca de 100 cuerdas en 100 fincas de una cuerda, se me permite una vivienda en cada una de esas parcelas de una cuerda, independientemente de si es la residencia de un agricultor.” En otras palabras, la parcelación de tierras convertiría un paisaje agrícola primario en un área residencial parcelada. SME 3 añadió que “la parcelación de tierras agrícolas reduce su capacidad de ser tierras productivas.” Y explicó: “por eso varios países restringen la parcelación de tierras” como parte de su regulación.

La interpretación de los RC por parte de oficiales de planificación y permisos, y de quién ocupe esas posiciones, también impactará cómo se transforman las tierras agrícolas. SME 1 señaló que el RC de 2015 otorga poderes discrecionales al director de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE)—un puesto designado por el gobernador y que no requiere licencia ni peritaje en planificación—para determinar el cumplimiento de todas las variaciones de uso de suelo y su correspondiente evaluación respecto al máximo beneficio económico que se le pueda dar a la propiedad. Además de la interpretación de este director, los SME consideraron problemático que los guardianes reglamentarios en oficinas de planificación municipales y de permisos deban decidir si un permiso requerirá un proceso discrecional, una excepción o aprobación ministerial cuando esto no queda claro en el documento. De manera similar, estos guardianes reglamentarios tendrían que decidir si la escala propuesta del proyecto cumple con los criterios de uso de suelo adecuado para tierras agrícolas productivas y si el uso está alineado con los propósitos de las

Ramos Gerena et al reservas agrícolas. SME 1 consideró: “cuando se le da tal poder discrecional a una sola persona —sin proveer criterios claros de evaluación—, el gobierno le está dando un cheque en blanco.” Según el RC de 2015, la persona designada era el director de la OGPE y, desde el RC de 2019, este rol fue asignado a inspectores privados autorizados.

La ausencia de definiciones y parámetros claros, junto con el tecnicismo del lenguaje de la zonificación, puede propiciar transformaciones con escasa participación comunitaria. Además, SME 2 sugirió que lo más deplorable del paisaje agrícola que proponen los RCs es que la población de Puerto Rico podría aceptar esta transformación debido a la retórica engañosa de los RCs. “Ellos [la JPPR] usan conceptos ‘eco’ para tratar de mercadear el Reglamento Conjunto. Conceptos como ‘agroecología, agrohospedería, ecohospedería’, e incluso ‘energía renovable’ dan la impresión de una transformación sostenible,” compartió SME 2. Incluso cuando los RC se refieren a guías de diseño, SME 2 explicó que “los proyectos de ecoturismo, ecohospedería y agrohospedería deben cumplir con las Guías de Diseño para Instalaciones de Ecoturismo y Turismo Sostenible de la Compañía de Turismo y la Compañía de Agroturismo,” pero la “compañía de turismo y el DMO [Destination Marketing Organization] son muy laxos en cuanto a los criterios para clasificar cualquier hospedaje como agro- o eco-hospedería”.

Como ejemplo de la naturaleza técnica de la zonificación, SME 1 explicó el papel que jugarían las “exclusiones categóricas” en discurso de los RC para esta transformación:

Este concepto [de exclusiones categóricas] aparece en las últimas versiones de los RC, pero también está definido por el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Las exclusiones categóricas son un proceso para pasar por alto o ignorar la evaluación ambiental requerida, y en su retórica los últimos RC dicen que “si el permiso se concede de manera ministerial, significa que automáticamente se aprueba una exclusión categórica”. Así que, si se hace agrohospedería en tierras agrícolas, es un proceso ministerial porque lo añaden como uso permitido en el RC. Lo que significa que, si yo fuera el proponente del proyecto, no tendría que hacer evaluaciones ambientales porque automáticamente califica para una exclusión categórica. Wow… no puedo

creer que estoy diciendo estas cosas, y que alguien realmente me entienda.

Además de los guardianes regulatorios y los desarrolladores, los RC también podrían poner a los agricultores a jugar un rol en la conversión de fincas agrícolas valiosas hacia usos urbanos. SME 1 señaló: “los RC convierten a los agricultores casi en corredores de bienes raíces, porque tienen un catálogo demasiado amplio de alternativas que no necesariamente fomentan el uso agrícola primario”, y anticipa que los agricultores estarán “negociando con planificadores, con proyectos de energía renovable, agrohospederías, hoteles y Airbnb… que se están aprobando de manera ministerial”. En lugar de restringir la parcelación o el cambio de uso en las tierras más productivas, la conversión de estas tierras podría estar sujeta a la presión económica que enfrenta el dueño de la finca. Como lo plantea SME 1, el RC, en esencia, obliga a los dueños de fincas a “buscar alternativas de ingreso, como paneles solares” para pagar impuestos, que se destinarán al servicio de la deuda.

En esta tercera excavación se respondió “cómo” se transforma el paisaje agrícola en Puerto Rico. En esencia, los SMEs sugieren que los RC provocarán una conversión acelerada de tierras agrícolas, impulsada por diversos factores, incluyendo la influencia de los guardianes regulatorios, la limitada comprensión comunitaria de este tema complejo y la creciente presión de desarrollo que enfrentan los agricultores. Mientras, los agricultores son forzados a usar la tierra como una mercancía para generar ingresos —parcelando terrenos, alquilándolos para proyectos de energía renovable a escala industrial o para Airbnb y alquileres a corto plazo—, la consecuencia potencial para el paisaje agrícola en Puerto Rico es una urbanización acelerada, deforestación y pérdida irreversible de suelo fértil. Esto también representa un desarrollo turístico acelerado que genera un paisaje agrícola exclusivo e idealizado para el disfrute de visitantes temporeros.

Discusión

Pese al aumento de literatura sobre zonificación excluyente, la exclusión de actividades agrícolas y de agricultores en suelos A-P sigue subestudiada. Mientras parte de la literatura aboga por eliminar zonificación restrictiva como la R1 para facilitar la densificación, este trabajo subraya la necesidad de diseñar

políticas no uniformes, sensibles al contexto. Como ilustra este escrito, las políticas de zonificación permisivas también pueden volverse excluyentes para ciertos grupos y usos del suelo.

Los RC analizados resultan excluyentes para usos agrícolas y agricultores debido a un discurso ambiguo, incompleto y equívoco que desatiende las diferencias territoriales en un territorio de 3,423 millas². En particular, el A-P—488,515 acres, 22% del territorio—se aplica por igual a bosques tropicales, montañas, llanuras costeras y áreas periurbanas y urbanas. Al permitir usos no agrícolas en suelos valiosos para la agricultura, incluidas reservas, se promueve la conversión campo-urbano y se disminuye la pertenencia de generaciones presentes y futuras de agricultores.

Si bien el discurso de los RC no es el único responsable de la transformación del paisaje, es una herramienta central para JCF, OGPE y JPPR porque regula qué y quienes pertenece al suelo. Con fondos posdesastre y presiones de PROMESA, el discurso oficial impulsa el suelo agrícola productivo como mercancía para generar ingresos y atender obligaciones fiscales.

¿Quién pertenece? La respuesta se oscurece por la retórica ambigua de los RC, la discrecionalidad de porteros poco informados y las inequidades del sistema alimentario. Los usos no agrícolas podrían brindar oportunidades a ciertos propietarios con capacidad de inversión, pero forzar a otros a vender, arrendar o urbanizar. En general, hacer competir a agricultores con desarrolladores o relegarlos como arrendatarios de proyectos de renovables a escala industrial disminuye su pertenencia en las tierras idóneas para la agricultura.

En esencia, el “cómo” se ve afectado por políticas (des) reguladas que distorsionan el imaginario, las relaciones sociales y las condiciones materiales del paisaje agrícola de Puerto Rico. Al permitir ocupaciones parciales o totales por usos no agrícolas, no limitar la parcelación y admitir todas las formas de agricultura, se arriesga la pérdida de la estética rural tropical, no solo en el territorio físico sino en el imaginario colectivo.

Este estudio tiene limitaciones: no incluye perspectivas de desarrolladores ni de personas agricultoras sobre los usos propuestos. Investigaciones futuras podrían estudiar casos

Regulando la pertenencia...

empíricos, propiedad y demografía, y el uso de la discreción por planificadores, inspectores y funcionarios.

Conclusiones

Este escrito examinó el distrito A-P en cinco códigos (RC-2010, 2015, 2019, 2020 y 2022) para comprender qué usos se permiten, quién pertenece y cómo se vislumbra el paisaje agrícola. Con arqueología y genealogía de políticas y el marco de pertenencia territorializada, se realizó un análisis temático que revela la intención normativa gubernamental y a quién sirve. Sostenemos que diseñar un distrito A-P uniforme y permisivo en todo el archipiélago tiene el riesgo de excluir la agricultura y a los agricultores del ya limitado suelo disponible. Además, los criterios formales de pertenencia de los RC representan una discriminación dirigida por el Estado que impide a ciertas personas agricultoras aportar a la producción local de alimentos y a la preservación del suelo fértil. La política (de)territorializada de pertenencia de los RC no salvaguarda las fincas ni a quienes las trabajan y promueve la conversión campo-urbano mediante un A-P implícitamente permisivo y equívoco. Para sostener la pertinencia de las herramientas normativas a favor de la protección de fincas, las políticas deben priorizar y proteger a las personas agricultoras presentes y futuras.

Agradecimientos

Agradecemos a las cinco entrevistadas/os y a los comentarios y las sugerencias de la Dra. Samina Raja, el Dr. Emmanuel Frimpong Boamah y la Dra. Marion Werner. También agradecemos los comentarios de dos revisores anónimos que dieron comentarios en la versión publicada en inglés en la revista Land Use Policy. Finalmente, agradecemos sugerencias y comentarios de la planificadora Marisol Rodríguez-Rivera, PPL, las sugerencias del Dr. Rolf Pendall, el apoyo de SIG de Erik Woyciesjes y la retroalimentación del UB Food Lab.

Financiación

Este trabajo recibió apoyo de la Robert Wood Johnson Foundation, a través del programa Health Policy Research Scholars. La fuente de financiación no participó en el diseño o la implementación del estudio, ni en la decisión de someter el artículo para publicación.

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(re) comunalizar las tierras de puerto rico en camino a la soberanÍa alimentaria*

Érika Fontánez Torres Mariolga Reyes Cruz

El Gran Jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El Gran Jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlas? Carta del Gran jefe Seathl del pueblo Swamish a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América.

Los encierros, las expulsiones y los acaparamientos que se han reproducido por siglos en todos los continentes del planeta han generado la explotación de la gente-naturaleza y la crisis climática que enfrentamos hoy. Ante esta larga historia de catástrofes, la emergencia climática nos presenta un punto de inflexión: reimaginamos otras relaciones posibles que sostengan la vida en el planeta o perecemos como especie. Entre todos los futuros posibles que podemos imaginar, la (re)comunalización de la tierra se presenta como un camino en el que nos podemos encontrar para gestar otras vidas en solidaridad, armonía y equidad. En esta ponencia presentaremos el caso de Puerto Rico: un grupo de islas en el corredor de los huracanes que cruzan por el Caribe, atravesadas por la experiencia de más de 500 años de colonialidad (aún territorio de los Estados Unidos).

Hacemos un breve recuento histórico sobre la tenencia de la tierra en esta vieja colonia, las luchas por el derecho a lo

* Esta ponencia fue presentada en la Conferencia sobre Acaparamiento Global de Tierras, Land Deals Politics Initiative / Iniciativa sobre las Políticas de Transacciones de Tierras (LDPI), del 19 al 21 de marzo de 2024, en Bogotá, Colombia.

(Re) comunalizar las tierras...

común, y el camino andando para recomunalizar tierras urbanas y rurales. Cerraremos nuestra intervención con un estudio de caso, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), haciendo hincapié en el potencial que tiene recomunalizar para alcanzar la soberanía alimentaria potenciando las transiciones justas frente a la crisis climática.

Entre la historia, la realidad material y la ficción

The employment system, the arrangements for buying and selling real estate, and the supplies of money and credit are socially constructed and sustained through the exercise of government’s coercive power (Somers and Block, 2014).1

Para hablar de la tierra en el Caribe es necesario ver el colonialismo y el racismo como “vectores fundamentales del capitalismo y de la modernidad occidental”.2 La formalización de la tierra en el Puerto Rico colonial caribeño como en otros contextos latinoamericanos y del sur global, tuvo como telón la economía esclavista y la de quienes tenía contacto directo con la tierra y el trabajo agrícola en jornaleros y asalariados.3 Los orígenes de la formalización de la tierra y quienes no tuvieron acceso al control ni a la eventual formalización del derecho a las tierras en los siglos XVIII y XIX requirieron contornos jurídicos que se fraguaron desde concepciones coloniales, racistas, clasistas y patriarcales a partir de entendidos sobre lo que era apropiable, incluyendo seres humanos, y aquellos que eran dignos de convertirse en propietarios y los que no, según estas concepciones.4 Como afirma Brenna Bhandar, el régimen jurídico propietario tomó la forma de los intereses de quienes tuvieron la tecnología y el capital a su alcance para producir y explotar los recursos.

Tamanisha Johns (2020) se refiere a las naciones del Caribe como contextos diversos en que, en el mejor de los casos, se

1 Margaret Somers y Fred Block, “The return of Karl Polanyi”, Dissent, 2014. https://www.dissentmagazine.org/article/the-return-of-karl-polanyi/

2 Curiel en referencia a las aportaciones de Aimé Césaire. Curiel, 93.

3 Juan A. Giusti y Michel Godreau Robles, “Las concesiones de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI-XX: Un estudio jurídico”, Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico 62 (1993), 351.

4 Véase Brenna Bhandar, Colonial lives of property: Law, land, and racial regimes of ownership (Durham: Duke University Press Books, 2018).

Fontánez Torres & Reyes Cruz

ejerce una “soberanía holográfica”, es decir, una “soberanía que existe solo de nombre cuando se cede territorio, se renuncia a impuestos y la política económica interna está determinada por las condiciones impuestas por gobiernos extranjeros e instituciones de crédito”.5 En el Caribe, como en el sur Global, los poderes coloniales se mantuvieron con seria influencia en la región, ya fuera directa o indirecta. Pero en el caso de Puerto Rico, el poder colonial todavía se mantiene formal y jurídicamente. El Congreso y los tribunales de los Estados Unidos ejercen a diario en Puerto Rico un burdo poder colonial que mantiene bajo una ficción jurídico-política de democracia, un capitalismo racial, colonial y del desastre que ha mantenido en sitio años de inseguridad económica y social. Los y las habitantes del archipiélago de Puerto Rico han lidiado más recientemente con políticas neoliberales que se traducen en el desmantelamiento y la privatización de los servicios esenciales, así como medidas de austeridad impuestas por el Congreso de los Estados Unidos que tiene poderes plenarios y que delegó en la creación de una Junta de Supervisión (Control) Fiscal6, la gobernanza del País para el pago de una cuestionable deuda pública billonaria.7 Actualmente los bonistas acreedores de deudas exigen en los tribunales el embargo de los bienes del Estado para satisfacer su deuda y leoninas políticas de incentivos contributivos y dinámicas para los bienes raíces promueven la compra de tierras y propiedades a extranjeros. Se concentra más la tierra, se está desplazando a la población, se pierden tierras de valor agrícola.8 Además, hay un 50% de tierras en la informalidad

5 John, “Racialized financial exclusion in the Anglophone Caribbean”, 228.

6 La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico fue creada por el Congreso de los Estados Unidos bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016. https://oversightboard.pr.gov/

7 Más de 70,000 millones en deuda pública y 50,000 millones en pensiones públicas pendientes. La Junta que gobierna se compone de siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro ex officio nombrado por el Gobernador de Puerto Rico. Véase Yasmín Colón Colón y Rolando Emmanuelli Jiménez, Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act “PROMESA”, 1st edition (Editorial del Derecho y del Revés, 2016).

8 “El desplazamiento es la orden del día: líderes de comunidades desplazadas exigen la derogación de la Ley 22” (2022, mayo 27), El Nuevo Día. https:// www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/el-desplazamiento-es-la-orden-deldia-lideres-de-comunidades-desplazadas-exigen-la-derogacion-de-la-ley-22/; Joel Cintrón Arbasetti (2021, abril 8), “Las leyes 20 y 22 crearon una casta de intermediarios que gestiona exenciones contributivas”, Centro de Periodismo Investigativo. https://periodismoinvestigativo.com/2021/04/las-leyes-20-y-22crearon-una-casta-de-intermediarios-que-gestiona-exenciones-contributivas;

(Re) comunalizar las tierras...

y esto afecta de forma diferenciada a las mujeres.9 Los problemas de tenencia y titularidad de tierra se han ido agravando durante décadas.10 La crisis económica “ha desembocado en una segregación socioeconómica que inevitablemente crea serios obstáculos para la movilidad social y aumenta las posibilidades de desplazamiento en las comunidades pobres e informales”.11 A esto se añade que la crisis del mercado hipotecario y la gran cantidad de ejecuciones de hipotecas desde el 2008 ha convertido a las mujeres en principales víctimas.12

El pueblo de Puerto Rico está asediado por una nueva ola de expulsiones, desplazamientos y acaparamientos, donde el ingreso promedio per cápita es de $15,637 anuales, los alquileres a corto plazo ya representan más del 30% del total de unidades de vivienda disponible en algunos pueblos costeros,13 y el costo promedio de una propiedad está en los $181,000. En un País que importa más del 85% del alimento disponible, las dinámicas de acaparamiento también inciden en el derecho a la alimentación sana y en la posibilidad de que quienes cultivan tengan vidas dignas. En Puerto Rico el 76% de las fincas generan menos de $10,000 anualmente.14 Entre el período del 1940 y el

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9 Véase Érika Fontánez-Torres, Casa, suelo, título: Vivienda e informalidad en Puerto Rico (San Juan, P.R.: Ediciones Laberinto, 2020).

10 Raúl Santiago-Bartolomei, “Apuntes para un marco de planificación y política pública para la vivienda en Puerto Rico” (Centro para la Nueva Economía, 12 de octubre de 2018); Raúl Santiago-Bartolomei y Deepak Lamba Nieves, “Tenencia de la tierra y asentamientos informales: algunas experiencias internacionales y sus lecciones para Puerto Rico” (Centro para la Nueva Economía, 2019). https:// grupocne.org/.

11 Ver nota 10.

12 “Doble sufrimiento: Mujeres víctimas de violencia doméstica ante ejecuciones de hipotecas», In REV (blog), 19 de marzo de 2020. http://revistajuridica.uprrp. edu/inrev/index.php/2020/03/19/doble-sufrimiento-mujeres-victimas-de-violenciadomestica-ante-ejecuciones-de-hipotecas/; «Más vulnerables las mujeres ante ejecuciones hipotecarias» (2019, septiembre 14), El Nuevo Dia. https://www. elnuevodia.com/negocios/finanzas/nota/masvulnerableslasmujeresanteejecucion eshipotecarias-2517718/; «Ejecuciones hipotecarias afectan más a las mujeres”, Noticel. https://www.noticel.com/economia/top-stories/20190914/ejecucioneshipotecarias-afectan-mas-a-las-mujeres/.

13 Raúl Santiago Bartolomei, (2024). Mitos y realidades de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. [Ponencia]. Encuentro “Nos quedamos: Alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico”, San Juan, Puerto Rico.

14 Census of Agriculture. (2018). Farms, land in farms, farms by size, tenure

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2018, se observó una reducción del 74% del terreno destinado para la agricultura y una consolidación de las fincas productivas restantes.15

Podríamos identificar genealógicamente cinco momentos clave en lo que al acceso o concentración de tierras se refiere después de la conquista de las islas de Borikén (Puerto Rico) por los españoles: la formalización jurídica de la tierra en el periodo colonial español; el cambio de soberanía colonial a la estadounidense y el monocultivo azucarero; la reforma agraria del siglo XX; la expropiación de tierras para fines militares y de expansión urbana; y la transformación colonial neoliberal. A continuación, ofrecemos algunos rasgos de estos periodos y cómo impactan en el problema de la concentración y falta de acceso a la tierra.

La formalización jurídica de la tierra en el periodo colonial español

La formalización de la tierra y la propiedad privada en Puerto Rico tiene sus raíces en las Leyes de Indias, en la figura de las concesiones de la Corona16, la repartición de hatos y estancias en la época colonial, en la aplicación del Código Civil de España extensivo a la Isla y en la adopción de la Ley Hipotecaria que permitió la inscripción de ciertas fincas. Este proceso jurídicocolonial marcó las pautas para reglamentar la distribución de la tierra y validar la tenencia de tierras de colonizadores a expensas de los colonizados.

Desde del siglo XVII la repartición del territorio fortaleció el crecimiento de la clase terrateniente propietaria de grandes extensiones de tierra habitadas por agregados, jornaleros y familias sin derechos sobre los lugares que habitaban y trabajaban.17 La concesión de títulos y concesiones a partir de la

of principal operator, and type of organization: 2018 and 2012. https://www.nass. usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Outlying_Areas/Puerto_Rico/ prv1.pdf

15 Censos Agrícolas del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) del Departamento de Agricultura de EE. UU (USDA) de los años 1940-2018. https://estadisticas.pr/index.php/en/inventario-de-estadisticas/censo-de-agricultura

16 Según Fernando Picó, la mediana para las concesiones de la Corona eran cien cuerdas de terreno. Fernando Picó, Historia general de Puerto Rico, 4ta edición (San Juan, P.R.: Ediciones Huracán, 2008), 201.

17 Joaquín Santiago González. (1989). El régimen de la propiedad rural en

Cédula Real Española de 1778 y la reforma de tierras dispusieron la entrega de títulos a los vecinos de hatos que se dividirían según las condiciones de productividad y el pago de contribuciones.18 Según el historiador Fernando Picó, los trámites para la otorgación de títulos fueron “lentos, litigiosos y, por ende, costosos”, lo que hizo que algunos renunciaran a sus predios antes de asumir los costos.19

La hegemonía de la formalización jurídica de la propiedad, que asumimos como algo natural, nos hace olvidar que antes de la formalidad estuvo la posesión, pues se trata del control fáctico de la cosa, pero la posesión de quienes más cerca estaban de la tierra y la trabajaban no fue validada jurídicamente de la misma forma que fue adquirida jurídicamente validada por quienes tenían el poder y las condiciones para ello. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX se estableció el sistema de jornaleros mediante disposiciones legales. Los agregados “sin-tierra” pasaron a ser arrendatarios o jornaleros asalariados y quienes no figuraran en una de estas dos categorías debían abandonar la tierra que habitaban y trasladarse a los pueblos.20 Picó describe esta transición como “una ficción legal” ya que, si bien la intención era crear un sistema de obligaciones y deudas, la mayoría de los jornaleros pasaron a ser arrendatarios; es decir, “en la práctica, los arrendatarios vinieron a ser los mismos agregados de antes”.21

Las dinámicas que influyeron en la formalización, titulación y distribución de la tierra determinaron en gran medida -acaso hasta el Puerto Rico contemporáneo- quiénes son dignos o no de convertirse en propietarios y, más aún, quienes se convierten en sujetos jurídicos con derechos.22

El cambio de soberanía colonial a la estadounidense y el monocultivo azucarero

Como en otros países de América Latina, el tema de la distribución de la tierra ha sido muy estudiado, en particular, el periodo de cambio de soberanía colonial de España a

Puerto Rico: Patrones de tenencia de tierra en Aibonito, 1750-1898 (Tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico), 65-66.

18 Picó, Historia general de Puerto Rico, 171.

19 Ver nota 18.

20 Picó, Historia general de Puerto Rico, 191.

21 Ibid.

22 Bhandar, Colonial lives of property, 4.

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Estados Unidos, ocurrido en 1898, la extensión de las políticas estadounidenses del Nuevo Trato a Puerto Rico y la adopción de la reforma agraria puertorriqueña mediante la Ley de Tierras.23 Algunos estudios se enfocaron en los cambios hacia el monocultivo azucarero controlado por corporaciones estadounidenses y en cómo quedó distribuida la tierra también en beneficio de ciertos terratenientes locales, los provenientes de la antigua metrópoli y las corporaciones azucareras estadounidenses.24 César Ayala y Rafael Bernabe (2018), destacan que antes de 1898 “casi ninguno de los habitantes rurales tenía títulos de propiedad” y los arreglos de tenencia “permitían cierto acceso a la tierra para propósitos de subsistencia”, lo que empeoraría luego hacia “condiciones mucho más severas de dependencia salarial”.25 Ayala, experto en el análisis de la concentración y acceso de tierras en el periodo del cambio de soberanía de España a Estados Unidos, señala que las crisis políticas y económicas que acaecieron en el siglo XX tuvieron un impacto en la nostalgia colectiva puertorriqueña que provocó un falso imaginario de una legión puertorriqueña propietaria de su tierra en el antaño, algo que Ayala desmitifica26 desafiando la noción normalizada de que los agricultores puertorriqueños perdieron sus tierras por la

23 “Sylvia Álvarez Curbelo, “La mirada en la tierra: El imaginario de los propietarios antillanos en la década de los 20”, Revista Interamericana, 18(1), 53; César J. Ayala y Laird W. Bergad, “Rural Puerto Rico in the early twentieth century reconsidered: Land and society 1899-1915”, Latin America Research Review, 37(2), 65-97; Rafael Bernabe y César Ayala, Puerto Rico en el siglo americano: Su historia desde 1898 (San Juan, P.R.: Ediciones Callejón, 2018), 59; 61;7579;261-266; Rubén Nazario Velasco, El paisaje y el poder: La tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín (San Juan, P.R.: Ediciones Callejón, 2014); Ismael García Colón, Land reform in Puerto Rico (Gainsville, Florida: University Press of Florida, 2009); Rubén Nazario Velasco,“Pan, casa, libertad: De la reforma agraria a la especulación inmobiliaria”, en Luis Muñoz Marín: Perfiles de su gobernación (San Juan, P.R.: Fundación Luis Muñoz Marín, 2003), 146-65; James Dietz, Historia económica de Puerto Rico (San Juan, P.R.: Ediciones Huracán, 1986); A. G. Quintero Rivera, Patricios y plebeyos, burgueses, hacendados, artesanos y obreros: Las relaciones de clase en el Puerto Rico de cambio de siglo, 1. ed, Colección La nave y el puerto (Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1988); A. G. Quintero Rivera, La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico: El capitalismo y el proletariado rural ([S.L: s.n, 197d. C.).

24 Ayala y Bergad, “Rural Puerto Rico in the early twentieth century reconsidered: Land and society 1899-1915”. Bernabe y Ayala, 59-60. A la misma conclusión llega el historiador Rubén Nazario Velasco en su libro El paisaje y el poder: La tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín

25 Bernabe y Ayala, Puerto Rico en el siglo americano: Su historia desde 1898, 59.

26 Ayala y Bergad, “Rural Puerto Rico in the early twentieth century reconsidered: Land and society (1899-1915)”.

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expansión de corporaciones estadounidenses lo cual ocasionó un supuesto proletariado rural desterrado. Evalúa tres instancias que arrojan luz a la transición económica de la coyuntura: un impuesto sobre la tierra, el impacto de corporaciones azucareras foráneas y el cambio porcentual de propietarios terratenientes.

Concluye que el impuesto a la tierra fomentó el que disminuyera la concentración de la tierra, lo que a su vez provocó que hubiese un número mayor de propietarios de tierra y una reducción en el tamaño de las fincas.

The advent of the land tax has been interpreted as having led to large scale alienation of land, particularly by small-scale farmers who were supposedly forced to sell because they did not have the capital to pay the tax. Yet the first decade of U.S. rule over Puerto Rico was characterized by the growth of small farms rather than their expropriation. The new land tax placed pressures on the largest landowners with idle lands either to put them into productive use or to sell them. Rather than accelerating the concentration of property, the tax led to the parcelization of large farms, an increase in the number of property owners, and a decrease in average farm size. The effect of the tax was to accelerate the incorporation of land, already highly concentrated at the time of the U.S. invasion, into the rapidly expanding market economy (7071).

Ayala y Bernabe señalan que a principio de siglo diversos sectores comenzaron a denunciar “los males resultantes de la concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos y el desplazamiento de los pequeños agricultores por las grandes corporaciones”, sin embargo “la concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos era un legado del régimen español y no el resultado del impacto de la ocupación estadounidense sobre una masa de pequeños propietarios”. Esta noción, explican, es una “idealización retrospectiva, no una descripción realista de la sociedad puertorriqueña antes de 1898”.27 Indican que los cambios en la economía modificaron “la posesión de las tierras, la distribución de ingresos, la migración interna y los asentamientos”, así como “la redistribución de la propiedad de los bienes de producción”.

27 Puerto Rico en el siglo americano: Su historia desde 1898, 75-76.

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Ahora bien, el que hubiese un mayor número de propietarios no significó que estos fueran los trabajadores de la tierra ni agricultores a pequeña escala. Para 1910, muchas más personas de la ruralía lograron ser propietarios de tierra, pero para el campesinado agregado que vivía en estas zonas no hubo cambio significativo en tenencia. Más bien hubo un cambio socioeconómico hacia la proletarización al trasladar la modalidad del trabajo a una asalariada:

The unfolding process of proletarianization, in the sense of the incorporation of individuals as wage workers into the sugar economy, took place in a population that was already dispossessed. The conditions of wage earners working in rural endeavors (including sugar) and usufruct rights changed significantly in the first decade of the twentieth century, as dispossessed rural inhabitants relied more on their wages as their only source of income, while garden plots and usufruct rights succumbed to the expanding sugar fields (P. 76).

En el fondo ni en el régimen colonial español ni en el nuevo régimen colonial, las familias campesinas ni quienes más directamente trabajaban la tierra se convirtieron en tenedores seguros de la tierra. Habría que esperar a las primeras décadas del siglo XX para atisbar una nueva promesa de relación con la tierra.

La reforma agraria del siglo XX y la transformación moderna de Puerto Rico

La pequeña reforma agraria de Puerto Rico se implantó en 1941 mediante la Ley de Tierras, una de las leyes más comentadas y de mayor impacto en su historia.28 Tuvo entre sus

28 Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941. Mario Villar Roces, Puerto Rico y su reforma agraria (Río Piedras: Editorial Edil, 1968); Rubén Nazario Velasco, “Pan, casa, libertad: De la reforma agraria a la especulación inmobiliaria”, en Luis Muñoz Marín. Perfiles de su gobernación (San Juan, P.R.: Fundación Luis Muñoz Marín, 2003), 146-65; Ismael García Colón, Land reform in Puerto Rico (Gainsville, Florida: University Press of Florida, 2009); Ismael García Colón (2002). Hegemony, land reform, and social space in Puerto Rico: Parcelas, a land distribution program for landless workers, 1940s–1960s (Disertación doctoral, University of Connecticut), http://search.proquest.com/docview/304798995/ abstract/64B2492F4471438APQ/1; La Voz del Centro, “La visionaria Ley de Tierras de 1941”, http://www.vozdelcentro.org/mp3/Prog_540.mp3; Raúl Gándara, “La Ley de Tierras de Puerto Rico, la Autoridad de Tierras y su obra”, en Curso de economía y problemas sociales de Puerto Rico del profesor Cándido Oliveras

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objetivos principales proveer tierra a los “agregados” para cultivo y a personas que carecieran de lugar donde enclavar su vivienda. La Ley dispuso dos mecanismos principales: la creación de la Autoridad de Tierras, que se encargaría de la expropiación a propietarios que tuvieran el dominio de más de 500 acres; y la distribución de tierras repartidas en parcelas a los agregados y sus familias para uso de vivienda, fincas familiares destinadas a pequeños agricultores dedicados a la producción de alimentos de autoconsumo y fincas de beneficio proporcional arrendadas por el Estado a agricultores y agrónomos para el desarrollo de la producción agrícola a mayor escala.29 Pero originalmente la Ley no incluía la prohibición de enajenar los usufructos y, como resultado, algunas de las parcelas terminaron en manos de quienes no eran agregados y abrió paso a la especulación de la tierra. En palabras de Rubén Nazario (2003),

“el derecho que Muñoz reclamó, como un derecho de modernidad y dignidad, a nombre del pueblo, no lograría articularse legalmente como propiedad comunal, ni aún como propiedad privada sujeta a intereses sociales, sino como propiedad privada absoluta. Quedó abierto un flanco en las luchas culturales para resignificar la tierra que posibilitarían su plena conversión en mercancía de real estate”.30

La reforma agraria duraría poco y su impacto no sostendría una nueva distribución más justa de la tierra.

En esta década se destaca también la creación de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico,31 y el comienzo de la expropiación de tierras para fines militares y urbanos. Sobre la década de 1950, existen múltiples trabajos, sobre todo antropológicos, que detallan las condiciones de vida de (Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1942); Rubén Nazario Velasco, El paisaje y el poder: La tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín (San Juan, P.R.: Ediciones Callejón, 2014); Gilberto Concepción de Gracia, “Land Authority of Puerto Rico”, George Washington Law Review 12 (1944), 302.

29 Las pequeñas fincas individuales de subsistencia recibieron poca atención en la legislación final, en comparación con el mecanismo de las fincas de beneficio proporcional.

30 Rubén Nazario Velasco, “Pan, casa, libertad: De la reforma agraria a la especulación inmobiliaria.”, en Luis Muñoz Marín. Perfiles de su gobernación, 146–65. San Juan, P.R.: Fundación Luis Muñoz Marín, 2003, 162.

31 Mediante la Ley Núm. 213 del 12 de mayo de 1942.

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las personas sin tierra32 y las ocupaciones urbanas producto de la falta de acceso a la tierra y la vivienda. Un estudio antropológico clásico titulado The People of Puerto Rico: A Social Research Center Study (1956) documentó la distribución de la tierra en varias regiones del País considerando las clases con mayor poder económico y, en particular, a quienes no contaban con medios ni títulos de propiedad.33 Asimismo, entre 1959 y 1960, la antropóloga Helen Safa llevó a cabo una investigación cualitativa en la que señala que más del 70% de los residentes de su área urbana de estudio provenían de sectores rurales, eran obreros agrícolas y muchos habían vivido como agregados: “Muy pocos de los residentes del arrabal poseían tierras en el área rural; y si las tuvieron, ya hacía tiempo las habían perdido. Muchos se veían obligados a vender sus terrenos, según las cosechas o a su destrucción a causa de un huracán, como ocurrió en la región cafetalera de las montañas, que produjo la emigración en la década de 1940 a 1950.34 Como parte de su investigación, Safa destacó la informalidad y la titularidad: “Los residentes nunca obtienen título legal de la tierra, que sigue siendo propiedad pública, pero las casuchas se compran y venden por medio de transacciones legales en todos sus aspectos. Incluso el gobierno compensa a los residentes por la pérdida de sus hogares en los procesos de eliminación de arrabales”.35 Sobre la titularidad de tierras, Rafael Ramírez (1977), otro antropólogo que documentó a finales de la década de 1960 la informalidad y la falta de acceso a las tierras, señala que había dos formas de “adquirir” una casa: construir en un solar vacante que no hubiese sido reclamado u ocupado antes o comprar un solar ya existente donde se hubiera construido una casa.36 Ya a fines de esa década, la política pública comienza a cambiar y prioriza la importancia de la titularidad formal37 en detrimento de otros derechos de uso como el usufructo. De

32 Benji Doniger, Pedacito de tierra, Puerto Rico: División de Educación para la Comunidad (DIVEDCO), 1952. https://www.youtube.com/watch?v=9WIeoqKlcLQ.

33 Julian Steward, The People of Puerto Rico. A Study in Social Anthropology (Chicago: University of Illinois Press, 1956).

34 Ibid., 37.

35 Ibid., 25.

36 Ibid.

37 Alameda Lozada y Rivera Galindo, “La vivienda de interés social en Puerto Rico”, 18.

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hecho, entre 1940 y 1970 la tasa de titularidad en la Isla es mayor que la de Estados Unidos.38

A raíz de la crisis de vivienda acontecida a finales de la década de 1960, comienza una ola sistemática de ocupaciones de tierras, nombrado por los grupos como “rescates” de terrenos urbanos. La mayoría de ellos eran considerados bienes patrimoniales públicos, aunque también los había privados. El fenómeno de los rescates —nombrados en ese entonces “invasiones” por las autoridades— se manifiesta en ciertos periodos: entre el 1968 y el 1972 y luego entre el 1972 y el 1976, se replica durante la década de 1980 y continúa en los años posteriores a 1990.39 En 1975, los desahucios masivos auspiciados por el gobierno (al principio sin orden judicial) contra rescatadores de terrenos generan protestas y presión pública, lo que da paso a la aprobación de la Ley Núm. 132 de 197540, que legalizó muchas de las ocupaciones de tierras.

La expropiación de tierras para fines militares y de expansión urbana

Si bien el poder de expropiación en Puerto Rico fue utilizado en la década del 1940 para hacer cumplir la limitación de principio de siglo que impedía a las corporaciones ser propietario de más de 500 acres, otras expropiaciones tendrían un impacto quizás mayor en el paisaje de cómo se distribuye la tierra hoy día. Pero lo cierto es que, en la antesala a la reforma agraria de 1941, se organizó un Comité de tierras para que se hiciera cumplir la Ley de los 500 acres con el propósito de eliminar los latifundios41. No obstante, esa reforma y los casos de expropiación duraron muy pocos. A la vez que se repartían tierras, se expropiaron miles de cuerdas en diversas partes del archipiélago para establecer bases militares en San Juan, Juana Díaz, Ceiba, Culebra, Vieques, Sabana Seca y Ponce. A estas expropiaciones se añadieron las realizadas para las nuevas instituciones modernas incluidas, carreteras, autopistas, infraestructura, la Universidad

38 Ibid., 19.

39 Liliana Cotto Morales, Desalambrar (San Juan, P.R.: Editorial Tal Cual, 2006); véase también Linda Colón Reyes, Pobreza en Puerto Rico: Radiografía del proyecto americano (San Juan, P.R.: Editorial Luna Nueva, 2005).

40 Cotto Morales, Desalambrar, 112.

41 Fundación Voz del Centro, Entrevista a Dra. Josefa Santiago: Expropiación de tierras en Puerto Rico (1939-1943), http://www.vozdelcentro. org/2016/10/30/719-la-expropiacion-de-tierras-en-puerto-rico-para-usos-militares-1939-1943/

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de Puerto Rico y otras obras que implicaron el desplazamiento de comunidades y el uso de terrenos para planes viales.

A partir de la primera década del siglo XXI también se identifican desplazamientos comunitarios paulatinos e indirectos vinculados al uso del poder de expropiación. En esta ocasión, se justifican con narrativas neoliberales ancladas en el desarrollo económico, la revitalización urbana y la provisión de viviendas para sectores con gran poder adquisitivo. Producto de este proceso y de la organización comunitaria se funda la Coalición de Comunidades Unidas Contra el Atropello y las Expropiaciones (conocida por sus siglas CCUCA) formada por los barrios Los Filtros, Juan Domingo y Mainé de Guaynabo, la Barriada Morales de Caguas y los Defensores del Río Guaynabo, que entre otras cosas llevaron a cabo un proceso de cabildeo en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.42 Como parte del proceso, y junto con otras comunidades que también comienzan a sufrir el impacto de los desplazamientos en el 2009, se organiza la Coalición Cero Desalojos integrada por comunidades en riesgo de desplazamiento, expropiación o desalojo. El impacto territorial del uso de la expropiación como mecanismo de concentración de tierras y la falta de acceso a ellas por parte de la población, es un tema que requiere más investigación.

La transformación colonial neoliberal

La década de 1980 asiste a un cambio paradigmático sobre el papel del Estado en las políticas económicas y sociales. En términos del acceso a tierras comienza el Programa de Venta de Solares para familias de la zona rural que por su condición socioeconómica no cualificaban para convertirse en usufructuarios de un solar bajo el Título V de la Ley de Tierras. Algunos proyectos se vendían a desarrolladores privados para construir “viviendas de interés social”. Como este ejemplo muchos otros, con el objetivo de traspasar las iniciativas gubernamentales para el acceso a solares, tierra y vivienda al sector privado. Según las exposiciones de motivos de varias de las leyes al respecto, las variaciones en el tope del precio de venta son necesarias para que “continúe siendo atractiva para el sector privado, ya que como es sabido el aumento en los costos de construcción no hace económicamente viable invertir en la construcción de viviendas de

42 Ibid., 9.

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interés social y recuperar los costos de la inversión”.43 Las últimas décadas del siglo XX establecen el terreno para la privatización de servicios esenciales, desregulación de protección de suelos, desmantelamiento de las instituciones públicas y los procesos de permisos y desregulación de la protección ambiental.

Asimismo, el nuevo siglo se inaugura con una de las más acuciantes crisis económicas en la historia del país: 1) la crisis global de la burbuja en el mercado hipotecario del 2008 en adelante; 2) la declaración de la quiebra del país provocada por una deuda billonaria, que desemboca en términos de política pública en la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal en el 2016; 3) el impacto del huracán María en el 2017. La crisis provoca “un extraordinario descenso poblacional” ocasionado por la falta de oportunidades de empleo, la situación financiera de las personas afectadas y la incapacidad del pago de deudas. El mercado de propiedades suscita un altísimo número de ejecuciones de hipotecas cuyas cifras son mayores a cuatro dígitos,44 la pérdida de hogares, desahucios, desplazamientos urbanos, las expropiaciones y la pérdida de viviendas causadas por el desastre climático45. Podemos identificar cuatro tendencias o circunstancias: 1) ante la crisis global generada por el modelo político-económico neoliberal, las políticas gubernamentales en lo que refiere a vivienda y acceso a la tierra son insuficientes y no atienden los

43 Ley Núm. 84 del 5 de junio de 2011.

44 Marín Aponte, Lladó Martínez y Alameda Lozada, 72.

45 “Tiene rostro femenino el desahucio de viviendas en Puerto Rico”. (2018, agosto 7). El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/ nota/tienerostrofemeninoeldesahuciodeviviendasenpuertorico-1893731/; Luis José Torres Asencio. (2017, marzo 24). “La vida desahuciada”, 80 grados. http://www.80grados.net/la-vida-desahuciada/; Leysa Caro González. (2016, marzo 6). “La tragedia del desahucio”. El Nuevo Día. http://www. elnuevodia.com/noticias/locales/nota/latragediadeldesahucio-2170721/; “Despunte en desahucios agrava la crisis de vivienda en el país”. El Nuevo Día https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/despunteendesahuciosagravalacrisisdeviviendaenelpais-2439603/; “La Cámara de Representantes investigará procesos de desahucios en la isla”. (2019, septiembre 7). El Nuevo Día. https:// www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/lacamaraderepresentantesinvestigaraprocesosdedesahuciosenlaisla-2516417/; “Arrendadores presentan opciones ante el desahucio”. (2018, agosto 7). El Nuevo Día. http://www.elnuevodia.com/ noticias/locales/nota/arrendadorespresentanopcionesanteeldesahucio-2439836/; “Advierten sobre peligro de desahucio contra 54 mil familias de residenciales”. El Vocero de Puerto Rico. http://www.elvocero.com/gobierno/legislatura/ advierten-sobre-peligro-de-desahucio-contra-mil-familias-de-residenciales/article_4777f952-42df-52f7-879d-9bf7d0b17ed8.html

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retos de disponibilidad, acceso y adecuación; 2) mientras la crisis continúa y empeora, ninguno de los gobiernos ofrece soluciones; 3) las medidas de austeridad ejecutadas por el modelo neoliberal han profundizado más la crisis mientras la financiarización de la tierra es un fenómeno global; 4) las políticas públicas adoptadas para invitar al capital extranjero incluyen protagónicamente legislación para el otorgamiento de incentivos contributivos a quienes compren tierras en las islas de Puerto Rico para entre otras cosas residencias, plataformas de alquileres a corto plazo o la especulación inmobiliaria.

(Re)Comunalizar las tierras: asomos de alternativas a la crisis

¿Qué hacer ante esta historia de expulsiones, desplazamientos y acaparamientos amparados por la colonialidad capitalista y sus múltiples ficciones jurídico-políticas? ¿Qué respuestas están emergiendo en Puerto Rico que resignifican nuestra relación con la tierra no como una propiedad/mercancía sino como condición básica para la vida? Para quienes sufren histórica y cotidianamente la precarización de lo más básico para gestar vidas dignas, imaginar y crear estructuras alternas (nuevas ficciones dentro del marco legal existente) que salvaguarden su derecho a permanecer es un paso importante para transitar a otras formas de organizar la vida centradas en la justicia, la cooperación y la solidaridad. El giro hacia la comunalización (“commoning”46) de la tierra abre caminos para satisfacer las necesidades de vivienda y alimento liberando la tierra y quienes la habitan de la especulación y las deudas insostenibles. Como recalca Ana Méndez de Andés, “si el análisis de los comunes es de una relevancia vital hoy es porque son entendidos como herramienta de organización política frente a la descomposición de las instituciones del Estado del Bienestar y a la privatización y financiarización general de la vida”.47

En Puerto Rico, uno de los proyectos más exitosos en el nuevo siglo ha sido la creación de un plan de desarrollo integral elaborado desde bases comunitarias para atender las necesidades de una de las primeras comunidades informales de la capital cuyos orígenes

46 G. Giacomo D’Alisa, Bienes comunes: Las estructuras que conectan. Ecología Política, 2013, https://www.ecologiapolitica.info/?p=8209

47 Ana Méndez de Andés, (2015). Las formas del común. En El procomún y los bienes comunes. Economistas sin Fronteras, Dossier EsF Núm. 16.

(Re) comunalizar las tierras...

datan de la década de 1930. Organizaciones comunitarias del sector Caño Martín Peña lograron la aprobación en el 2004 de una ley especial que crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y un Fideicomiso de Tierras Comunitarias conocido como Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.48

Para garantizar la tenencia segura y vivienda asequible, evitar el desplazamiento y promover la justicia ambiental, seleccionaron el mecanismo legal de los Fideicomisos de Tierras Comunitarias (FTC o Community Land Trust en inglés) para lograr la tenencia colectiva de la tierra y viviendas asequibles.

Los FTC son corporaciones privadas sin fines de lucro con fines públicos, que poseen terrenos para protegerlos de la especulación del mercado a beneficio de una comunidad establecida en un lugar y administrar la tierra y sus activos comunitarios (ej., vivienda, espacios comunales y comerciales, huertas comunitarias) de forma participativa a largo plazo, para garantizar los usos establecidos por la comunidad por generaciones.49

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña es el primer fideicomiso de este tipo en Puerto Rico. El uso de esta estructura legal en Puerto Rico fue soñada al fragor de las luchas para expulsar a la Marina del Ejército de los Estados Unidos de la isla-municipio de Vieques. El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña ha ganado premios y reconocimientos a nivel local e internacional, incluyendo el Premio Mundial del Hábitat otorgado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015.50 Su gesta ha inspirado la formación de otros FTC incluyendo el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), el primer FTC agrícola de Puerto Rico.

Los primeros FTC en Puerto Rico fueron gestados para proteger comunidades empobrecidas amenazadas por planes de desarrollo que les excluyen y les expulsan de los barrios que habitan. Fundado a fines del 2019, el FiTiCAS es el primero cuyo

48 Ley Núm. 489 del 4 de septiembre de 2004. Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.

49 International Center for Community Land Trusts. ¿Qué es un fideicomiso de tierras comunitarias (CLT)? https://cltweb.org/es/what-is-a-community-land-trust/

50 World Habitat. Caño Martín Peña CLT/Fideicomiso de la Tierra - Puerto Rico. (s. f..) https://www.youtube.com/watch?time_continue=443&v=mNbjXzgnR88

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propósito principal es impulsar la soberanía alimentaria Puerto Rico protegiendo tierras cultivables a perpetuidad como bienes comunes para asegurar el acceso justo y equitativo a la tierra a generaciones de agroecólogos sin tierra ni capital.51 El FiTiCAS fue creado, sin tierra ni capital, por un grupo de gente activa en el movimiento agroecológico, cooperativista, en los ámbitos de la conversación ambiental, la planificación y los FTC. El FiTiCAS responde a la necesidad de crear instituciones alternas para asegurar el acceso justo y equitativo a la tierra frente al capitalismo del desastre que se instala en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María. En la tradición de los FTC, la estructura constitutiva del FiTiCAS establece que quienes habitan las tierras protegidas integrarán sus estructuras de gobernanza democrática y participativa cuidando los bienes comunes para su uso y disfrute presente sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Estas bases abren el espacio para soñar colectivamente cómo asegurar la tenencia de la tierra y la vivienda sin que ésta pase por las lógicas de la propiedad privada individual (legado colonial capitalista). Esperanzadas más de 70 personas y entidades se han registrado para ingresar al FiTiCAS.

En mayo del 2023, una pareja octogenaria de ambientalistas donó la primera finca que recibe el FiTiCAS para poner en marcha en Común Agroecológico protegido por un FTC en Puerto Rico. La donación de la finca Las Perdices, 32-cuerdas en el pueblo montañoso de Ciales, representa un parteaguas que muestra que otros acuerdos son posibles. Con este primer territorio protegido, el FiTiCAS comienza a co-crear la planificación para el manejo integral de la tierra y el diseño participativo de los procesos de ingreso, co-custodia y gobernanza, poniendo a prueba las ideas, principios y valores que les guían al calor de la praxis.

La historia de la desposesión, las expulsiones y los acaparamientos no puede desligarse del proyecto colonial moderno capitalista, patriarcal y racista. Enfrentar sus manifestaciones contemporáneas requiere de imaginarnos otros acuerdos, otras relaciones entre la gente y la tierra, otros futuros, donde la sostenibilidad de la vida esté al centro. La comunalización de la tierra representa un camino a andar, con sus propias paradojas

51 Mariolga Reyes Cruz. Salir de esta cosa escandalosa: Ecofeminismo y decrecimiento para vivir bien. Pactos Ecosociales en Puerto Rico https:// pactosecosocialespr.com/

(Re) comunalizar

y tensiones, pero otro camino al fin desde donde alimentar y construir imaginarios emancipadores. Como señaló la escritora india Arundhati Roy (2011) al calor del movimiento Occupy Wall Street,

… we must pay close attention to those with another imagination: an imagination outside of capitalism, as well as communism. We will soon have to admit that those people, like the millions of indigenous people fighting to prevent the takeover of their lands and the destruction of their environment – the people who still know the secrets of sustainable living – are not relics of the past, but the guides to our future (Arundhati Roy).52

Epílogo

Meses luego de presentar esta ponencia, el FiTiCAS divulgó los hallazgos de una investigación cualitativa sobre los retos sistémicos y estructurales que enfrentan los pequeños y medianos agricultores de Puerto Rico en el acceso a tierras cultivables. El informe analiza la situación actual que confirma con los censos la tendencia al acaparamiento de tierras53 y concluye con llamados a la acción desde un enfoque integral para promover la sostenibilidad agrícola abordando la crisis climática como parte esencial del desarrollo de Puerto Rico.

La investigación socio-jurídica, titulada Acceso a tierras agrícolas: política pública actual y experiencias, señala el alto nivel de discreción en los procesos de arrendamiento, financiamiento y venta de terrenos de parte de las distintas agencias e instituciones encargadas, tanto públicas como privadas.54 La falta de tenencia segura y de capital es uno de los principales desafíos que enfrentan los agricultores a pequeña escala para acceder a las tierras agrícolas y garantizar la permanencia de sus proyectos en

52 Arun Gupta. Arundhati Roy: ‘The people who created the crisis will not be the ones that come up with a solution’. The Guardian, 2011. https://www.theguardian.com/world/2011/nov/30/arundhati-roy-interview

53 “Durante el periodo entre 1940 y el 2018, se ha visto una reducción del 85% del total de fincas agrícolas y del 74% del terreno destinado a la agricultura. En la actualidad, el sector agrícola aporta menos del 2% del Producto Nacional Bruto, en comparación al 36% que aportaba en la década de 1950. Este proceso de abandono del campo aumenta nuestra vulnerabilidad en relación a la alta dependencia de las importaciones de alimentos, que actualmente ronda entre el 85% y 90% de los alimentos disponibles”.

54 https://drive.google.com/file/d/1FpXVuSGfXnRjXeO7CBxc9jMuirsqevgl/view

Fontánez Torres & Reyes Cruz

las tierras que cultivan. Este nivel de discreción de agencias que tienen el control de tierras que en un principio fueron concebidas para atender la situación podría aplicarse en favor del desarrollo de la agricultura sostenible en términos ecológicos y económicos.

El estudio evaluó la legislación y reglamentación vigente y concluye que no hay nada que le impida a estos organismos gubernamentales actuar en beneficio de los pequeños y medianos agricultores acoplándose a sus necesidades particulares.

Algunas acciones podrían ser el ajuste de los cánones de arrendamiento y de los tiempos de repago según la realidad de proyectos a pequeña escala (por ejemplo, las fincas disponibles en la Autoridad de Tierras tienen un tamaño que varía entre 50 y 500 cuerdas, pero los agricultores agroecológicos trabajan con alrededor de 5 a 10 cuerdas), invertir en infraestructura básica (la mayoría de las tierras no cuenta con infraestructura), arrendar a grupos de productores y financiar la compra colectiva de tierras.

Como señala el comunicado de prensa en la página del FiTiCAS: “El informe destaca la dificultad de los agricultores sin capital para acceder a tierras públicas cultivables, particularmente debido a la preferencia por la agricultura industrial a gran escala y el monocultivo por parte de las agencias gubernamentales. La situación se complica aún más para los proyectos agroecológicos, que proponen métodos alternativos de agricultura sostenible a escalas más pequeñas, aún cuando sus prácticas están avaladas internacionalmente para alcanzar la sostenibilidad alimentaria y mitigar el cambio climático. Esta realidad se ve reflejada, por ejemplo, en el tamaño y las condiciones de las fincas públicas disponibles”.55

Algunas de las recomendaciones del Informe de hallazgos son:

1. Llevar a cabo una Reforma Agraria Integral que actualice las leyes y políticas relacionadas con la distribución de tierras adaptándose a la realidad actual de los agricultores y considerando los desafíos que presenta la especulación y el acaparamiento de tierras, así como el endeudamiento.

2. Integrar la agricultura como una prioridad en la agenda

55https://www.fideicomisoagricola.org/noticias/investigacin-revela-desafos-en-el-acceso-a-tierras-para-pequeos-y-medianos-agricultores-en-puerto-rico

(Re) comunalizar las tierras...

de Puerto Rico, estableciendo políticas que promuevan la sostenibilidad agrícola y mayor inversión pública a favor de la agricultura a pequeña escala, incluyendo la infraestructura necesaria para facilitar la producción agrícola en tierras públicas en desuso.

3. Hacer valer el Plan de Uso de Terrenos, los Planes de Ordenamiento Territorial y las Reservas Agrícolas limitando la discreción de las estructuras gubernamentales de otorgación de permisos en cuanto a los cambios de uso de los terrenos agrícolas.

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el reverdecer del movimiento agroecológico en puerto rico

Virgen Cáceres Cruz

Puerto Rico ha experimentado un renacer en su agricultura. Así lo reconocen funcionarios del gobierno, empresarios/ as y agricultores/as. Durante los últimos años, un sinnúmero de personas, particularmente jóvenes, han participado en la agricultura con entusiasmo en especial luego de los huracanes Irma y María ocurridos en el 2017 (Díaz, 2020; Ortíz-Blanes, 2021; Álvarez, 2018). Muchos/as se han unido al movimiento agroecológico y trabajan la tierra de una manera más armónica utilizando criterios de sustentabilidad social (Álvarez, 2018).

El Gobierno de Puerto Rico (GPR) ha atribuido el resurgir al apoyo, que este ha estado brindando a los/las agricultores/as, a través de diferentes iniciativas desarrolladas para ayudarlos. (GPR, 2020, p.1, parr.2). Sin embargo, esta explicación- sobre el resurgir de la agricultura- ha contrastado con lo expuesto por el movimiento agrícola en general. En ese sentido, en el 2021, una coalición de organizaciones, dedicadas a la agricultura, denunciaba que las guías, de algunos programas, no correspondían a la realidad de Puerto Rico sino de Estados Unidos (Díaz, 2021).

En este artículo se entiende que, sin descartar las buenas intenciones ni las aportaciones que algunos funcionarios gubernamentales hayan tenido para ayudar a los/las agricultores/ as en Puerto Rico, en última instancia estos programas son parte de procesos de hegemonía que buscan integrar a los /las agricultores/as a proyectos que responden a lógicas políticas, económicas e ideológicas del crecimiento económico y social (Gonzales & Manzanal, 2019), los cuales contrastan con los procesos de desarrollo local y comunitario propuesto por el movimiento agroalimentario.

Para comprender el aumento de personas que participan de la actividad agrícola, es necesario examinar otros factores y procesos que han mediado en el renacer del movimiento agroecológico. En este artículo se conceptualiza la agroecología como un movimiento social. Se plantea que para comprender la acción social es necesario comprender los factores históricos, sociales y subjetivos en que esta se inscribe. Se argumenta que algunos factores tales como la crisis económica y fiscal y las políticas públicas que han atentado contra la población- tanto en la vida cotidiana como en momentos de crisis naturales- han incidido en la reactivación de varios movimientos sociales en Puerto Rico en particular del movimiento agroecológico. Se parte de la premisa de que dado el menosprecio que en Puerto Rico se le ha dado al trabajo agrícola, desde mediados del siglo XX, la práctica misma de esta constituye una forma de resistencia social.

Son pocas las publicaciones en las ciencias sociales que dan cuenta de la agroecología como un movimiento social, lo que trae como consecuencia el que no sea estudiado, se enseñe o divulgue en las universidades como tal. A su vez, es posible que este se estereotipe u homogenice o se confunda con otros movimientos sociales. Las ciencias sociales han estado enfocadas en saberes eurocéntricos, por lo que se ha dejado excluidos a la mayor parte de sus protagonistas (Sanhueza; Carte & Maya, 2022). Aún predominan algunas concepciones occidentalizadas, asociadas al iluminismo originadas en el siglo XVIII, que perpetúan el mundo agrícola como uno atrasado propio de sociedades menos desarrolladas. Se insiste en concepciones reduccionistas de la realidad en la que los fenómenos son vistos como la suma de las partes. Con ello, se ha desechado la visión integradora que concibe a los seres humanos y la naturaleza como parte de sistemas inteligibles y donde el todo sea considerado más allá que la suma de las partes. (Álvarez, 2018). En ese sentido, al decir de Hecht (1999), “han existido pocas oportunidades para que las intuiciones desarrolladas en una agricultura más holística se infiltraran en la comunidad científica formal” (p.15).

Este artículo se fundamenta en dos investigaciones. La primera, ocurrida entre el 2018 y el 2020 luego de que los huracanes Irma y María impactaron a toda la población del País, Un grupo de investigadores/as de diferentes disciplinas conformamos el

grupo de investigación: Una mirada transdisciplinaria al problema de sostenibilidad alimentaria como propuesta en la actualidad puertorriqueña. La segunda se basa en un proyecto común de investigación, en el que participo actualmente, donde se estudia las acciones colectivas y las demandas de los movimientos socioespaciales y socioterritoriales de América Latina y el Caribe en una perspectiva crítica y comparada.

Los movimientos sociales son fenómenos complejos. Por tal razón su análisis requiere de varios abordajes y perspectivas disciplinarias. Para propósitos de estructurar este artículo, en primer lugar, se presenta brevemente el contexto económico, fiscal y político de Puerto Rico, en especial, a partir del 2017. En segundo lugar, se expone el impacto de los huracanes Irma y María en la vida humana, e infraestructura. En tercer lugar, se muestra las huellas de los factores previamente mencionados en la situación alimentaria, la agricultura y el movimiento agroecológico. Además, se exponen algunos factores y procesos que han mediado en el resurgir de la agricultura; en particular, en el movimiento agroecológico.

Contexto socioeconómico y político que antecedió al renacimiento de la agroecología en Puerto Rico

Crisis estructural y fiscal

Uno de los elementos que ha mediado para la ocurrencia de estas movilizaciones ha sido la crisis histórica estructural capitalista, sistémica y civilizatoria en un contexto coyuntural de crisis fiscal que se evidenciaba desde el 2006. Por mucho tiempo, el gobierno tomó prestado generando una deuda de sobre 70 billones de dólares a entidades crediticias (Primera Hora, 2016). Alegando resolver la crisis fiscal, han invocado la razón de Estado para implantar políticas neoliberales y de austeridad. Además, han buscado privatizar y reducir el gobierno. En realidad, se han amparado en sugerencias realizadas por asociaciones de empresarios.

Con estas leyes, han dado un impulso sin precedentes a la precariedad laboral, la reducción y el despido de empleados públicos, como en el 2009; así como recortar sustancialmente el salario y los pagos de pensiones (Estudios Técnicos Inc., 2018). En particular, han legislado (Santiago, 2017) para reducir los derechos laborales lo que ha representado un retroceso en

los derechos laborales y por ende las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. También, han buscado eliminar las resistencias y criminalizar la protesta social (Cáceres, 2017).

Según los datos de la Encuesta sobre la Comunidad (Red State Data Center de Puerto Rico, SDC-PR, 2019), los diez años, previos a la pandemia del COVID-19, la tasa de pobreza se mantuvo alta en 36 municipios del País (implantada en el 2009). La tasa de desempleo para los/las jóvenes ha sido la más alta. En el año natural 2020 fue de 8.9%, un aumento de 0.6% con respecto al 2019 (8.3%). Para ese año los/las jóvenes reflejaron la tasa de desempleo más alta entre la población en edad de trabajar: 16 a 19 años (19.4%), 20 a 24 años (19.0%) (DTRH, 2021a).

Vale aclarar que, por su carácter colonial como territorio de Estados Unidos, el País no ha podido declararse en bancarrota para renegociar su deuda con los acreedores como lo han realizado otros países o incluso estados de EE. UU. Por el contrario, el Congreso de los Estados Unidos creó e impuso al País la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que responde a ese organismo y es la encargada de la reestructuración y el pago de la deuda (Emmanuelli & Colón, 2017). Los poderes ejecutivo y legislativo se han basado, luego del 2016, en las directrices de la Junta de Control Fiscal; a su vez, recibiendo su respaldo en la implantación de las políticas neoliberales y de austeridad (Cáceres, 2017). Esto ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida de la población que vive en Puerto Rico, ya que se prioriza en su pago y no en los servicios públicos esenciales como la salud y la educación pública.

Impacto de los huracanes Irma y María en la infraestructura, la vida humana y la situación alimentaria

El 6 y el 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico experimentó los huracanes Irma y María, de categoría 4 y 5 respectivamente. Más allá de la fuerza que presenten estos fenómenos atmosféricos existen diversos factores, por ejemplo, de naturaleza económica y política, que pueden incidir en el impacto diferenciado que estos tengan sobre diferentes aspectos de la vida humana, la infraestructura y la situación alimentaria. Lo mismo sucede con diferentes sectores, comunidades dentro de un mismo país. El impacto del huracán podrá variar en función del estado

económico, los recursos disponibles, la localización geográfica, la infraestructura, la preparación, la respuesta del país, etc. De esto dependerá las consideraciones sobre si existe un desastre, es considerado natural o creado, producto de procesos y consecuencias socioambientales.

La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, conocida en inglés como UN Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR (2002) define un desastre como “un grave trastorno del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales generalizadas que superan la capacidad de la población afectada para resolverlas por sí sola” (Rukandema & Gürkan, 2003, p.1).

Rukandema & Gürkan distinguen entre desastres naturales y los provocados por el ser humano, no obstante, plantean que, aunque algo parezca producto de un desastre natural, puede ser producto indirecto de actividades humanas que han afectado el medio ambiente creando una mayor vulnerabilidad de las comunidades locales. Sepúlveda & Fuentes (2023) aportan otra perspectiva al debate al plantear que los desastres no son una consecuencia exclusiva de factores naturales sino más bien procesos y consecuencias socioambientales. Para estas autorías, los desastres son el resultado de la combinación de poblaciones vulnerabilizadas por las desigualdades vividas y los fenómenos naturales. Quarantelli (2015), añade que el foco del análisis sobre los desastres debe estar puesto en el proceso que permite que algunos factores físicos generen en tragedias y no exclusivamente en el agente causal tales como la fragilidad de las estructuras físicas o la naturaleza. En este artículo se coincide con Sepúlveda & Fuentes (2023) y con Quarantelli (2015) al también otorgar importancia a las factores y procesos sociales en la ocurrencia de los desastres.

Impacto de los huracanes Irma y María en la vida humana e infraestructura

Aunque los fenómenos atmosféricos pueden afectar potencialmente a todos/as las personas, no inciden en todas las personas de la misma manera (Alemán,2018) ya que existen personas en una situación de mayor vulnerabilidad social. En ese sentido, se estima que el 48%, casi la mitad de la población en Puerto Rico vivía en condiciones de pobreza al momento del

huracán. De esto, el 6% eran niños/as menores de 5 años y un 15% personas mayores de 65 años; el 20.4% de la población, no institucionalizada, poseía algún tipo de discapacidad. Además, existían 3,445 personas sin vivienda las cuales no tuvieron un lugar donde almacenar sus alimentos y medicamentos. Así mismo, había personas carentes de permisos necesarios, para estar en el País, los cuales no buscaron ayudas ni servicios, por miedo a ser deportadas o arrestadas; en instituciones; así como comunidades aisladas geográficamente.

La ayuda que llegaba al País, en el 2017, provenía de familiares o se gestaban, gracias a las alianzas, de organizaciones locales con organizaciones en los Estados Unidos (Rivas, 2017). Esto a pesar de que el gobierno había recibido fondos para la ayuda para los damnificados. Vale señalar, que luego de nueve años, aún hay muchas personas que no tienen techos ni viviendas seguras. Según se reveló en el primer informe hecho por la Comisión para la Erradicación de la Pobreza del Senado, tras el paso del huracán María el 20 de septiembre, la tasa de pobreza en el País incrementó de 44,3 por ciento a 52,3 por ciento (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2018).

Como producto de vientos, que fluctuaron entre 155 y 282 millas por hora, hubo embalses, lagos, ríos fuera de su cauce y mares por encima de su nivel. Esto trajo como consecuencia el que se perdieran viviendas, escuelas, hospitales, torres eléctricas y de comunicación, puentes, carreteras, autopistas y miles de empleos. Hubo represas destruidas, y/o a punto de colapsar; falta de agua, combustible, energía eléctrica, y de comunicaciones. Hubo bloqueos de caminos por árboles, casas, techos, muebles, postes y cables del tendido eléctrico; así como acumulación de aguas estancadas, escombros y basura (Narayan, 2017).

Los huracanes no inciden sobre las entidades, industrias ni renglones de la economía de igual forma (Alemán, 2018). En junio de 2018 la firma de consultoría Estudios Técnicos Inc. realizó un estudio para la Asociación de Industriales de Puerto Rico sobre los daños provocados por ambos huracanes. Estos se desglosaron de la siguiente manera: la electricidad y las comunicaciones se calcularon en 1.6 billones y 567 millones de dólares respectivamente. Referente al agua, se cree que el impacto destructivo alcanzó los 75 millones. Con respecto a la transportación se consideró que el costo por concepto de su

deterioro alcanzó los 120 millones de dólares. En términos de las viviendas y otras estructuras, se estimó entre 16,594 millones el costo de los daños. En el gobierno, la merma se atribuyó en 1,168 millones. Los daños a la agricultura se calcularon en 145 millones.

No obstante, Estudios Técnicos Inc. (2017) aclaró que el impacto económico negativo, como producto del huracán María, continuaría aumentando a medida que se retrasase la infraestructura crítica para el País. En general, este estudio concluyó que el estimado preliminar de daños fluctuó entre 16 y 20 millones de dólares a los que había que agregarle 1 millón por concepto de pérdida de salarios de trabajadores/as. Asimismo, esta empresa aclaró que el estudio focalizó en la destrucción y no los costos por concepto de reparación de estructuras públicas y privadas. Tampoco consideró los gastos por la especulación y que alguna producción jamás será recuperada, como en el caso de los hoteles en la industria turística. En realidad, el impacto por concepto del huracán puede persistir por muchos años (Hsiang & Narita, 2012).

Tras el huracán, utilizándose el alegato de la existencia de un estado de emergencia (EFE, 2017), Puerto Rico experimentó uno de los momentos de mayor corrupción y mala administración de fondos públicos de su historia, y los pagos desmedidos a contratistas y funcionarios estatales, aun en medio de la crisis (Sosa & Valentín, 2019); el secuestro de las ayudas; la excusa de la destrucción del huracán para privatizar, incluyendo la corporación de energía eléctrica del País; el despojo de recursos naturales y edificaciones importantes. (El Nuevo Día, 2019). Hubo comunidades sin agua ni luz por un año lo que llevó a la muerte directa e indirecta de muchas personas que necesitaban de este servicio para sus tratamientos. Los hospitales carecían de energía eléctrica.

Cabe mencionar que Puerto Rico es un país mayor con el veinte por ciento (20%) de ancianos, muchos de los cuales requieren de oxígeno, y otros equipos para sobrevivir. Por otra parte, los mercados lucían vacíos o cerrados. Las filas para la gasolina o el gas eran interminables siendo prioridades, en estos servicios, los/las funcionarios/as del gobierno estatal y federal (Costa, 2018).

No había comunicación en el País por lo que las personas no sabían si sus familiares estaban vivos. El estado ni siquiera se ocupó de los sectores más empobrecidos. Hubo un completo abandono de las comunidades más aisladas. En particular, hubo falta de acceso a: medicinas y hospitales, agua y alimentos incidiendo en la inseguridad alimentaria y la salud de muchas personas; así como la falta de tratamientos médicos y posiblemente en las muertes de personas. Expertos/as en Puerto Rico e integrantes del Center for Disease Control and Prevention (CDC) plantearon que en Puerto Rico hubo una epidemia de leptospirosis, aunque fue negada por las autoridades gubernamentales de Puerto Rico (Sutter & Sosa, 2018).

Para evitar las críticas, y no poner en evidencia la falta de preparación del gobierno con respecto a los huracanes, el exgobernador Ricardo Roselló minimizó las cifras de muertos. En el 2018, el Milken Institute School of Public Health realizó un estudio con la colaboración del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR en el que se encontró que la cifra de muertos era de 2,975 personas aproximadamente (Milken Institute School of Public Health, 2018). El mandatario comisionó a la Universidad de Harvard, que estimó que la cifra de muertos/as sobrepasaban la cantidad de 4,000 y la cantidad de 67 muertos fijada por el gobierno (Milken Institute School of Public Health, 2018; Kishore et.al., 2018). Vale indicar que los/las muertos/as fueron colocados en vagones durante meses (AFP, 2018). Lo anterior hizo que algunas personas visualizaran al primer ejecutivo y al gobierno, en general, como insensibles al dolor humano. De acuerdo al estudio de mortalidad de GWU, muchas de las muertes ocurridas durante y posterior a María pudieron haberse evitado con una mejor preparación y respuesta de las autoridades gubernamentales. Se encontró fallas sistémicas como actos negligentes del gobierno de Puerto Rico y el federal; así como de la industria hospitalaria.

Impacto de los huracanes Irma y María en la situación alimentaria

Para entender la situación alimentaria de Puerto Rico, se requiere enmarcarla en un entorno local y mundial; así como desde perspectivas que consideren aspectos coyunturales e históricos. Además, es necesario observarla, desde múltiples disciplinas. Se requiere de varias aproximaciones e interpretaciones sabiendo que al carecer de la totalidad de saberes siempre habrá margen

para la incertidumbre (Morín, 1990). Asimismo, debe vincularse a las tendencias y hallazgos locales con lo que sucede en el resto del mundo. No obstante, para acotar el tema de estudio, en este artículo se abordará los aspectos locales más recientes. Si bien Puerto Rico comparte problemas alimentarios -similares al resto del mundo- en particular el Caribe y América Latina producto de la colonización y el coloniaje- también presenta características, y problemas particulares. Además, las tendencias y problemas globales no necesariamente se manifiestan, inciden o impactan en los mismos periodos en todos los países.

En esta sección se expone la situación alimentaria en Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María. Se pondrá énfasis en la agricultura; particularmente en sus practicantes o productores (Mobjӧrk, 2010) por entender que estos constituyen la respuesta principal al problema alimentario en Puerto Rico. Mattei (2018) ha identificado varios los factores que, desde su perspectiva, han agravado la seguridad alimentaria, entre estas, destaca las políticas públicas, por ejemplo, el Acta Jones y las leyes de cabotaje; leyes federales y locales que han promovido e incentivado a compañías de monocultivos para establecerse en la Isla; así como la revolución industrial de Puerto Rico (Operación Manos a la Obra) en la que se promovió el que muchos trabajadores agrícolas pasaran a formar parte de la manufactura. Luego de la industrialización, que se desarrolló post guerra en el País, declinó la siembra lo que tuvo un impacto en el empleo (Resumen Latinoamericano, 2017). En 1950, la producción agrícola en Puerto Rico empleó 36.2% de la fuerza laboral (Álvarez, 2018).

González (2008-2009) ha afirmado que, en Puerto Rico, el recurso tierra se le ha dado un mal uso y se ha sido administrado como si fuera infinito. Entre el 1978 y el 2007, Puerto Rico perdió casi el 50% de sus terrenos de uso agrícola. Desde el 2008, González ha alertado a sectores académicos y gubernamentales que, de continuar esa tendencia, Puerto Rico podría perder la totalidad de sus tierras agrícolas. Según esta autora se necesitaría entre 750,000 a 5 millones de cuerdas y que Puerto Rico ya no contaba con esa cantidad de terrenos. De acuerdo con Comas (2016), los/as puertorriqueños/as deben aspirar a tener, un 40% (por ciento) de su propia comida si desean mejorar su seguridad alimentaria.

Diferentes administraciones políticas han tratado de cambiar la clasificación de terrenos y debilitar las protecciones al ambiente con la finalidad de favorecer los intereses de los grandes inversionistas. Permanecen 56 mil 652 cuerdas de terreno reservadas para la agricultura lo que representa el 11.6% del total. Existen 50 mil 274 cuerdas de terreno que son pastizales lo que constituye un 10.3% del terreno. Hay 31 mil 574 cuerdas de bosques y maleza no usadas para cultivo, lo que implica un 6.5% del total del terreno (Censo de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 2018). También hay 26 mil 554 lotes de terreno utilizados para casas, edificios, y caminos lo que implica el 5.4% del terreno (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2020).

A pesar de que el informe de Estudios Técnicos Inc. (2017) no contempló la agricultura en su informe y las implicaciones humanas; diversas autorías (Norton, Alwang & Masters, 2006) han afirmado que la alimentación inadecuada es un factor limitante al crecimiento y desarrollo de los países. La agricultura, en tanto actividad económica, también incide en la fuerza laboral. Si los habitantes no cuentan con los abastos de alimentos que precisan, inocuos y nutritivos a tono con sus preferencias, “su participación en la fuerza laboral se verá limitada o impedida” (González, 2008-2009, p. 105). De esta forma, se limitan los recursos humanos necesarios para la producción, en 1990 las cifras correspondientes fueron 1.7% y 3.7% (p.194).

En septiembre, del 2017, el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Orteaga estimaba el perjuicio en el área agrícola en 780 millones, alrededor de 300,000 por cada campo. Flores refiriéndose a la primera década del siglo XXI, destacaba que los campos ejercieron interés en la población reviviendo y aumentando la producción entre un 3% y un 5% en los últimos 6 años, garantizando con ello la propia sobrevivencia del campo. De acuerdo a Flores, aunque Puerto Rico exportaba el 85% de lo que consumía, durante los huracanes, se perdió el 80% de los alimentos que se cultivaban en la Isla. (Resumen Latinoamericano, 2017). El secretario afirmó que estos productos representaban ingresos a través de divisas ya que se exportaban un 15% de sus cosechas. Con posterioridad este indicó que el 95% del consumo agrícola es importado (Díaz, 2018).

Mattei (2018) ha argüido que, luego del huracán, las importaciones aumentaron entre un 95% a un 98% lo que se considera inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se define como: “la insuficiente ingestión de alimentos que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo)” (FAO, 2019, parr. 2). Por el contrario, la seguridad alimentaria se define, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), como el acceso físico, económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimentarias y sus preferencias con el objetivo de llevar una vida activa y sana y tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos variados y saludables (FAO, 2019). Sin embargo, existe un concepto más amplío, y que debería ser la meta de todo país, es el de soberanía alimentaria. Este se define como el derecho a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos ecológicamente por métodos sustentables y el derecho a definir nuestro sistema agrícola lo que incluye un sistema justo para los/ as trabajadores/as y los/as consumidores/as (Álvarez, 2018).

Cabe señalar, que además de experimentar inseguridad alimentaria, Puerto Rico también atravesó por una emergencia alimentaria, luego de los dos huracanes. Según el Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un país se encuentra en situación de emergencia alimentaria cuando:

“en un determinado año no puede colmar con sus propios recursos el déficit de alimentos provocado por un desastre y necesita, por tanto, ayuda alimentaria externa. De faltar dicha asistencia, la población o una parte importante de la misma se vería gravemente desnutrida o, en casos extremos, expuesta al hambre” (Rukandema & Gürkan, 2003, p.1).

El huracán María develó y a su vez, agravó la situación alimentaria de Puerto Rico. Prueba de esto es la declaración de crisis humanitaria, realizada por las autoridades federales, funcionarios del gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Defensa Federal; así como medios de comunicación en el que estuvo implícito el reconocimiento de un problema alimentario. (US Army Corps of Engineers, U.S. Army Corps of Engineers

Headquarters Website, 2022, 2017; Narayán, 2017). La crisis humanitaria “se entiende como una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia” (Cañada et al., 2010, p, 115). Aunque hay diferencias, en cuanto a la definición de lo que constituye crisis humanitaria, existe consenso en que, para que esta ocurra, deben presentarse cuatro indicadores: 1. Niveles de mortalidad y malnutrición; 2. Contagio de enfermedades e inicio de epidemias; 3. Vacíos en la respuesta por agua, comida, sanidad y refugio y 4. Emergencia alimentaria. Cabe señalar que los huracanes son procesos sociales y ambientales que se repiten a lo largo del tiempo. Al ubicarlos en las coordenadas históricas y sociales podemos entender cómo estos exacerban muchos de los problemas sociales que ya ocurrían en Puerto Rico (Alemán, 2018), incluyendo los alimentarios. De hecho, las crisis humanitarias, como las ocurridas en Puerto Rico, suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa donde una serie de factores preexistentes (pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios básicos), potenciados por un detonante de un fenómeno natural o un conflicto armado multiplican sus efectos destructivos (Cañada et al., 2010, p.115). Puede entenderse que durante el huracán y posterior a este hubo una gran cantidad de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad en Puerto Rico (Padilla et al., 2016). Esta última entendida como la presencia de factores que hacen que las personas corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria o malnutrición (FAO, 2019).

Posterior al huracán María, el problema alimentario empeoró ya que los productos que venían de otros países, de nuestra región, tales como: República Dominicana, Dominica y San Martín también fueron afectados por los huracanes. (Resumen Latinoamericano, 2017). El gobierno de EE. UU. tomó control del combustible, colocando soldados con armas largas en las filas de las gasolineras, lo que generó filas y desesperación. Algunos municipios, estuvieron sin luz por meses, incluyendo el de la capital; mientras otros tardaron alrededor de un año. La ausencia de combustible afectó a los comercios. Además, la mayor parte de los supermercados y restaurantes tardaron semanas, y meses en iniciar operaciones. Algunas empresas jamás volvieron a abrir por falta de energía o generadores para hacerlos funcionar. Los pocos comercios que lo lograron mostraron escaparates carentes de víveres y alimentos (Resumen Latinoamericano, 2017).

La falta de control político sobre los puertos y carencia de políticas públicas que protejan la producción local y la calidad de los alimentos, que entran al archipiélago, también ha representado retos para la seguridad alimentaria. Existe dependencia de un solo puerto de entrada (Jacksonville) desde donde sale el 88% de los alimentos que salen de Estados Unidos hacia Puerto Rico y navegan 1300 millas naúticas, bajo riesgo, de cualquier situación catastrófica. La exsecretaria de agricultura Mirna Comas ha calculado, en 16 días, el tiempo para que en Puerto Rico se agoten los suministros de carne y 21 para que se terminen los alimentos enlatados, en caso de no recibir abastos de este puerto.

Otro factor que contribuyó a la vulnerabilidad alimentaria fueron los errores en los procesos de transportación y distribución de los alimentos. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad Nacional (FEMA) fue criticada por problemas de logística con los alimentos (De la Rosa, 2018). Se puso en evidencia durante estos desastres, en las que la escasa ayuda que llegó semanas más tarde, por parte del gobierno de EE. UU., fue comida propia de otros contextos culturales, de escaso valor nutritivo, sin que cumpliera con las normativas alimentarias de EE. UU. Esto a pesar de que se suponía que la ayuda alimentaria siguiera las guías dietéticas de ese país. (Milken Institute School of Public Health, 2018; El Nuevo Día, 2018).

De acuerdo con el New York Times (2018), los problemas con la ayuda se debieron a que Estados Unidos no tomó en cuenta la pobreza existente en Puerto Rico ni consideraron el que muchas personas en el País no contaban con ahorros ni créditos. El Programa Nacional de Seguros de Inundaciones es administrado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad Nacional. Estos establecieron que las solicitudes para cualificar a las ayudas tenían que realizarse por internet o teléfono cuando, como hemos señalado, el País estuvo sin luz ni comunicaciones por meses lo que supuso un gran desafío, sobre todo para aquellas comunidades que quedaron incomunicadas.

Cabe considerar que Puerto Rico recibió menos fondos y más tarde que otras jurisdicciones de Estados Unidos a pesar de que sufrió daños económicos enormes. (Mc Sorley et al., 2024; Sutter & Sosa, 2018). En el 2019, aún quedaban sobre 30,000 personas

cuyas casas tenían toldos en lugar de techos (Cortés, 2019). Por el contrario, quedaron sumergidas en una mayor pobreza, afectando con ello su seguridad alimentaria. Aunque Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos cuyo gobierno paga el seguro a la administración federal (Peña, 2014), en medios noticiosos (New York Times, 2018) se reconocía que esta agencia tuvo problemas en ayudar a la gente para que recuperaran sus hogares y fueran funcionales luego del desastre.

La carencia, la falta de acceso y la mala alimentación fueron factores que incidieron en las muertes post María o en la prevalencia e incidencia de enfermedades. Vale indicar que no solo los comercios, sino muchos pueblos, y por ende familias, tardaron en recuperar la energía eléctrica alrededor de un año (Campisi & White, 2018) y lo que incidió en el deterioro de los alimentos. Luego del huracán María, la situación económica de algunas zonas montañosas empeoró ya que muchos de estos lugares no tuvieron agua ni luz hasta un año después del desastre. Muchas comunidades rurales quedaron incomunicadas.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el patrón migratorio no solo ha sido hacia Estados Unidos, también ha sido interno extendiéndose hacia zonas metropolitanas y urbanizadas del País. En muchos casos, la migración ha venido acompañada de actitudes negativas hacia el migrante, que proviene de zonas agrícolas, por las condiciones materiales en que se encontraba previo a esta y por su identidad cultural (Moya & Puertas, 2008).

En Puerto Rico, por ejemplo, los/las agricultores/as han sido vistos como un sector atrasado, y analfabeto e ignorante. Por muchos años, ha existido la mentalidad de que el trabajo agrícola es de personas pobres o de escasa escolaridad.

Los procesos de colonización y coloniaje- tanto bajo el régimen español como el de los Estados Unidos- fueron socavando los cimientos para la agricultura agroecológica. A partir de los años ochenta, el País ha sido una sede importante para la producción de biotecnología transgénica. A través de diferentes mecanismos estas compañías han violado la ley de los 500 acres, limitación constitucional establecida con el propósito de proteger la tierra cultivable del capital (Vázquez, 2015). De la década del cincuenta a la de los noventa se perdieron más de 1 millón 355 mil 517 cuerdas. En el 2014, el valor de la producción de las semillas

transgénicas aumentó a $86 millones que ocupaban 4 mil cuerdas (Álvarez, 2018).

Gran parte de la población en Puerto Rico vive en zonas que de alguna manera contiene algún grado de urbanización. y es posible que las zonas urbanizadas hayan continuado aumentando. Esto supone numerosos desafíos para la búsqueda de empleo, reducción de la pobreza y hallar la comida para la población más pobre (Martinuzzi.; Gould; Ramos; Quiñonez, & Michael, 2008). Los sectores urbanos también han sido descuidados por el gobierno en términos económicos, alimentarios y apoyo a la agricultura. Durante el huracán, en la zona metropolitana algunas comunidades colocaron letreros pidiendo ayuda por estar sin comida y sin agua. Las propias organizaciones que generalmente brindaban ayuda alimentaria carecieron de abastos suficientes para suplir la demanda de alimentos. (Unidos por Puerto Rico, 2019). En este contexto, hay que entender la importancia que cobra la agricultura urbana y los huertos para el País ya que al menos el 52% de la población del País vive en zonas con algún grado de urbanización. Este número tiende a ampliarse ya que en la medida que los terrenos productivos se dividen entre diferentes dueños/as se limita el uso agrícola. Asimismo, las ciudades se expanden y se plantea la necesidad de contar con suelo urbanizable para nuevos pobladores.

El resurgimiento de la agroecología como movimiento social

Aunque los orígenes del movimiento agroecológico pueden trazarse desde la década de los setenta, en Puerto Rico ha tenido una mayor visibilidad a partir de la primera década del siglo XXI, sobre todo a partir del huracán María. En forma paradójica, la situación económica, política, social, ambiental y alimentariaagrícola, que ha atravesado Puerto Rico; ha convocado a la reflexión, accionar, y a un movimiento que promueve la agricultura y desarrollo sustentable.

El contexto social incidió en que muchas personas se percataran de que la situación alimentaria ha sido uno de los problemas principales en el País y que se necesitaba acción urgente. Si bien las respuestas a la situación alimentaria no se reducen al mundo agrícola, un gran número de personas han visto en este la respuesta principal al problema alimentario en

Puerto Rico. Durante los últimos años, estas personas, entre ellos/as jóvenes, han retomado la agricultura, sobre todo la agroecológica, con entusiasmo (Ortíz-Blanes, 2021). Aunque en sus orígenes, la agroecología fue definida como las bases científicas para la agricultura ecológica, actualmente este término se utiliza “para nombrar una estrategia que es simultáneamente una tecnología agraria, un movimiento social y un pensamiento político” (Álvarez, 2018, p.283). La agroecología se usa como elemento para construir la soberanía alimentaria y herramienta de lucha desde el ámbito local ante los cambios que degradan el ambiente y los sistemas agroalimentarios.

Los/as integrantes del movimiento agroecológico trabajan la agricultura de una manera más armónica con la naturaleza lo que ha propiciado el que esta tenga una capacidad mayor de sobreponerse a los huracanes que el monocultivo (Mattei, 2018). Además, visualizan su trabajo como una aportación para lograr la soberanía alimentaria del País. Esta última se refiere al derecho a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos ecológicamente por métodos sustentables, y a definir el sistema agrícola lo que incluye que este sea uno justo para los/ as trabajadores/as y los/as consumidores/as (Álvarez, 2018).

La educación, componente esencial del movimiento agroecológíco desde un marco de derechos (de patrimonio, territoriales y comunitarios) de las colectividades locales, ha sido una pieza clave para preparar nuevos/as agricultores/as y huerteros/as comprometidos/as con el ambiente y la agricultura sostenible y la solidaridad con las comunidades aledañas. También se requiere para promover la valoración y el respeto de saberes, trabajos y prácticas milenarias y ancestrales de agricultores/as que han contribuido a conservar los suelos y el ambiente. Como parte de los saberes milenarios, se encuentra el uso de prácticas basadas en la biodiversidad. Esta es el producto de metodologías campesinas para seleccionar y mejorar cultivos y razas para hacerlas más resistentes en condiciones ambientales más diversas (Álvarez, 2018). Álvarez argumenta que “la biodiversidad genera estabilidad sistémica, seguridad económica y sustentabilidad en el uso de los recursos” (p. 184). Este autor afirma que la agrodiversidad contribuye a la producción sostenible de alimentos y de otros productos agrícolas. Además,

“aporta al apoyo biológico a la producción” (p. 185) y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades.

Durante la década de los cuarenta, el País fue industrializado basado en incentivos contributivos, urbanización y rezago de la agricultura (Álvarez, 2018). A pesar de que esto no tuvo los resultados esperados en términos de generación de empleos, se continuó con el proyecto manufacturero y se disminuyó la actividad agrícola, tendencia que continuarán durante los años siguientes (Irizarry, 2022). A partir de los años setenta, del siglo XX, el sector industrial cambió a uno de capital más intensivo el cual ha aportado pocos empleos. En el periodo de 1980-2002, el sector financiero se convirtió en el segundo de importancia, mientras el comercio ocupó el tercer lugar. La realidad es que-al decir de Manzanal (2017, p.17), “desde que comenzó a pensarse el desarrollo y el espacio como parte constituyente del accionar político del Estado, no se han podido superar los principales escollos que impiden la sustentabilidad del desarrollo”.

La revolución verde, desarrollada a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue un experimento financiado por fundaciones norteamericanas, los Estados, Naciones Unidas y el Banco Mundial. Estas entidades integraron modelos y estructuras verticalistas de investigación, formación técnica y extensión agraria lo que sirvió de fundamento al actual agronegocio. Esta consistió en el desarrollo de variedades y sistemas de producción estandarizados lo que requirió de cambios drásticos en los contextos agronómicos y sociales para poderlos adaptar a la tecnología que degradó la tierra. Si bien el uso de tecnología genética generó el aumento en la producción de alimentos, también aumentó la dependencia de maquinaria, grandes cantidades de riego, abonos químicos y acceso a semillas mejoradas, de difícil adquisición para los pequeños campesinos. Aunque los agricultores tuvieron acceso a ciertos préstamos, estos exigían el uso de estas semillas y de fertilizantes químicos. A largo plazo, muchos terminaron perdiendo las semillas tradicionales y la tierra (Álvarez, 2018)

De acuerdo con Álvarez (2018), la agroecología surgió a finales los años setenta en respuesta a la crisis generada en los campos por los procesos de la industrialización agrícola. La misma tuvo como antecedente el movimiento ecológico de esos años el cual buscaba la convivencia humana en armonía con la

naturaleza. El movimiento ecologista criticó al modelo desarrollista industrial por su impacto en el medio ambiente, la salud humana y la agricultura. Se comenzó a revalorar los conocimientos indígenas y campesinos por tener un enfoque más integral.

En esa década, los movimientos estudiantiles, el movimiento Jipi y el socialismo aportaron al movimiento agroecológico sus ideas filosóficas, políticas humanistas, pacifistas y la búsqueda de equidad respectivamente. Esta tomó del movimiento ambientalista su crítica a la racionalidad científico-técnica y su uso en la agricultura y la unió a una nueva ética ambiental desarrollada al interior. También la agroecología fue influenciada por el movimiento de regreso al campo en búsqueda de alternativas de vida más solidarias basadas en la cooperación y ayuda contra el frente del panorama mundial conflictivo de la guerra fría, el consumerismo y las transnacionales (Álvarez, 2018).

En el 1989, en Puerto Rico, se fundó la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica, principal agrupación de producción agroecológica; la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, responsable por la organización de uno de los primeros mercados orgánicos en San Juan; y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología– Capítulo de Puerto Rico (SOCLA).

La evolución de la agroecología, como práctica de producción agrícola, a un movimiento social y político ocurrió al formar parte de la Vía Campesina, una agrupación con presencia internacional que reúne 150 organizaciones en más de setenta países. Cincuenta y dos productores agroecológicos de Puerto Rico participaron en los talleres de formación de organizaciones políticas y sociales de América Latina (Serrano, 2017). Para el movimiento agroecológico de Vía Campesina es medular la recuperación de la soberanía alimentaria. Hay una oposición al capitalismo y a los regímenes corporativos. El campesinado es considerado el sujeto o protagonista por excelencia hacia la transición ecológica ya que sin su movilización esto sería imposible (Gonzales et al). La sincronicidad política con los movimientos sociales latinoamericanos en la defensa de los conocimientos tradicionales del campesinado se hizo evidente (Serrano, 2017). Al expandir sus lazos con la Vía Campesina, Boricuá se convirtió en un movimiento transnacional (Almeida, 2020).

Al igual que el resto de América Latina, el movimiento agroecológico de Puerto Rico se originó en resistencia a las políticas y procesos de modernización por parte del Estado y las corporaciones en el sector agrícola. Es decir, desde sus orígenes, el movimiento ha estado en resistencia. Es uno revolucionario a nivel de epistemologías, tecnologías y aspectos sociopolíticos (Altieri & Toledo, 2011). El movimiento de Puerto Rico no es homogéneo, sino que está compuesto por grupos con diferentes visiones y grados de participación política (Serrano, 2017). El desarrollo rural y de los agricultores forma parte de la agenda política en la búsqueda por mejorar las respuestas ante los desafíos ambientales y ecológicos (Serrano, 2017). Además, es un factor importante para el desarrollo social de las comunidades locales.

En su interés por entender la agencia de los sujetos históricos, López (1992) anticipaba, en la década de los noventa, nuevas formas de vivir y trabajar en Puerto Rico las cuales representaban rupturas con lo que hasta ese momento había sido otra forma de vida. Tal era el caso de muchos desempleados y subempleados, por ejemplo, estudiantes, y amas de casa, sobre todo a partir de la crisis del capital internacional. También identifica el que, cada vez con más frecuencia, aparecían rupturas con respecto a “las formas de vivir y trabajar (López, 1992 p.1,) consolidándose las modalidades que desde inicios de la década de los setenta existían como marginales y que ya en la década de los noventa se presentaban como comunes en el País.

Esta crisis consolidaba nuevos sectores sociales (precarios), que antes existían, aunque con menos notoriedad. De acuerdo con López, en la vida cotidiana no solo se cristalizaba el poder, sino que también emergían resistencias. Aunque López identificaba diferentes ejes de su subjetividad, destacaba el carácter transgresivo, resistente y contestatario en estos y su desconexión parcial y estructural de las relaciones de mercado; en los cuales lo importante es la singularidad de su propia existencia, la dignidad de su particularidad y el significado de las cosas, ante todo.

En Puerto Rico el movimiento agroecológico fue despuntando a partir de la crisis de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, los factores ocurridos en la segunda década, de este siglo, tales como los económicos, políticos, sociales y “naturales”ya mencionadas- han contribuido a que una mayor cantidad

de comunidades, en particular las agrícolas, se organicen, autogestionen y desarrollaren vínculos de solidaridad entre ellas y con otros grupos.

Luego de los huracanes Irma y María, en el 2017, se mostró la dependencia de alimentos provenientes de otros países; el acceso a un solo puerto para recibir las mercancías en el País; la exposición de comunidades a productos químicos y tecnologías que amenazan la salud y la de los suelos; la falta de apoyo a la agricultura, el cambio climático; el aumento de demanda y encarecimiento de alimentos para el consumo humano. Así mismo, el mal manejo de comida, agua, suministros básicos, donaciones, irregularidades en los contratos, con las compañías que se alegaba restaurarían el servicio de energía eléctrica, entre otros.

El 24 de julio de 2019, tras 12 días de protestas continuas, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia al cargo de gobernador de Puerto Rico (Mazzei & Robles, 2019). Unos días antes de las protestas, se filtró y divulgó un chat en el que participaban el gobernador, integrantes de su gabinete y personas que forman parte del grupo empresarial del País. La divulgación de estos mensajes reveló que el gobernador y el funcionariado de su administración, permitieron que personas ajenas a la esfera estatal accedieran a información privilegiada, ejercieran influencias y tomaran decisiones indebidas en el gobierno para su propio beneficio y de contratistas que se vinculan a su partido político (Valentín, 2020; El Nuevo Día, 2018).

Además, estas personas también usaron lenguaje misógino y homofóbico para referirse a figuras públicas, periodistas y opositores políticos, entre otros. Así mismo, hubo burlas y menosprecio que denotaban insensibilidad ante las sobre 4,000 muertes, ocurridas luego de los huracanes, cifra que el gobierno insistió en negar por casi un año. Se hizo público que funcionarios de confianza del gobernador, realizaron actividades partidistas en horarios de trabajo; utilizaron recursos del gobierno para propósitos privados y orquestaron la manipulación de sondeos electorales en redes sociales y medios de comunicación (Valentín & Minet, 2020). El chat puso de manifiesto cómo pensaban verdaderamente estos políticos, cuánto se distanciaban de la imagen pública y cómo utilizaban el poder.

Los movimientos sociales y grupos que participaron en estas protestas mostraron formas insospechadas y variadas de acciones colectivas y resistencias logrando la renuncia del gobernador de Puerto Rico en el verano del 2019. Bajo la consigna: “Ricky Renuncia” diversidad de grupos y personas participaron por doce días consecutivos de múltiples acciones colectivas, en Puerto Rico y otros países, las cuales incluyeron: círculos de oración y meditación, marchas silenciosas, cartelones, pancartas, pintadas, uso de marionetas y zancos, fotos, grabaciones y mensajes en redes sociales, cacerolazos, lecturas de poemas, teatro, bandas musicales, grupos de rap, plena y bomba, coreografías, toques y rituales de diferentes religiones afrocaribeñas, creación y participación en medios de comunicación alternativos y redes, concentraciones masivas, protestas, marchas silentes o amenizadas por música jíbara, nueva trova, bomba, plena, reguetón, salsa, pintadas en el cuerpo, “perreos combativos”, bicicletadas, movilizaciones a caballo, en motocicletas, protestas de buzos, personas en diferentes embarcaciones de .navegación, rescate de escuelas, desobediencia civil, paros, bloqueos de carreteras, pedradas, enfrentamientos con la policía, entre otros (López, 2019).

Estas acciones colectivas sirvieron para que los movimientos sociales y personas de diferentes edades, partidos, religiones, y géneros expresaran su indignación, entre estos los agricultores (Organización Boricuá de Agricultura de Puerto Rico, 2019). Sin embargo, estas no fueron las únicas formas de resistir y accionar. Además de esta forma política abierta de protestar hubo resistencias encubiertas. En el sector agrícola, un sinnúmero de personas retomó los campos, particularmente luego de los huracanes con el propósito de trabajar en la agricultura y contribuir a la soberanía alimentaria.

Algunos sectores gubernamentales y analistas de la política se sorprendieron con las reacciones, la magnitud, la creatividad y la heterogeneidad de grupos y personas que participaron en las movilizaciones durante este proceso. Sobre todo, estaban asombrado/as con lo que parecía ser una serie de movilizaciones espontáneas y autoconvocadas de miles de personas, algunas de ellas sin vínculo con la política partidista ni experiencias de militancia con grupos y movimientos sociales. Al centrar su atención solo en los elementos político-partidistas,

no encontraron respuestas, ya que olvidaron otros factores y procesos que también intervinieron en la acción colectiva. Estos sectores obviaron que, pese a que operan diferentes estructuras de dominación; también los subordinados tienen algún grado de libertad y exhiben diversos tipos de resistencias y estrategias (Foucault, 1976) en diferentes situaciones históricas y culturales bien definidas. Las explosiones populares son solo una parte de la política.

Aunque importantes, las relaciones de dominio entre dominados y dominantes, estas no se definen exclusivamente por las relaciones de producción/explotación. Si bien las personas objeto del dominio, no se atrevan a rechazar de manera abierta las condiciones de subordinación, siempre encuentran espacios para la oposición y el reclamo al discurso dominante (Scott, 2004; Silva, 1988). Estas contraponen un discurso contrahegemónico, una disidencia al margen del discurso oficial de las relaciones de poder que busca romper con el estatus quo. Las relaciones de dominación no son solo un enfrentamiento de ideas, son también un proceso de subordinación arraigado en prácticas materiales. De hecho, Scott afirma que cada acto de dominación se vincula a un acto de apropiación material bien sea a través de impuestos, granos, dinero o servicios. De la misma manera, las resistencias relacionadas con las ideas de dominación no pueden separase de las luchas en contra de la explotación, ambas se apoyan mutuamente., aunque las primeras por su naturaleza permanecen al margen. El discurso oculto alterno alimenta la práctica de la resistencia, lo que afina el camino para las revoluciones cuando el escenario y el momento lo permitan (Scott, 2004; Valle, 2019). Esto se realiza a través de un discurso y de prácticas ocultas o infrapolíticas que representan una crítica a la autoridad (Scott, 2004; Silva, 1988).

A pesar de la situación general, en que se ha encontrado el País, durante los últimos años, y en medio de ese cuadro desolador, desde el corazón de la tierra y las comunidades, latía una esperanza renovada. Un sinnúmero de personas y grupos trabajaron en la reconstrucción de sus comunidades (Álvarez, 2018). Las organizaciones comunitarias, ya existentes, continuaron aportando sus servicios y cercanía emocional. Su facilidad para el establecimiento de alianzas con fundaciones y grupos en Puerto Rico y Estados Unidos facilitó el que se pudieran

recibir ayudas que fueron canalizadas a las comunidades (Rivas, 2018). Rivas (2018) expone como, pasadas las primeras semanas, algunas comunidades comenzaron a planificar iniciativas que incluían la reforestación y la agricultura sustentable.

Con el transcurrir de los días y los meses, sin que se viera ninguna acción del gobierno a favor de las comunidades, muchos sectores del País comprendieron que no podían contar con este y se organizaron en pequeña escala para las limpiezas de sus comunidades, rescate de planteles escolares, lotes de tierras baldíos, creación de comedores comunes, cuido de niños, localización de medicamentos, gas para la comida, búsqueda y filtración del agua, reparación y construcción de viviendas, creación de acueductos comunitarios y agricultura sostenible; así como otros proyectos que involucraban la economía solidaria y la protección ambiental. (Ayala, 2022; Costa, 2018). Siguiendo la argumentación de Scott, los rescates de lotes y escuelas constituyen, por ejemplo, formas de resistencias contra lo que ha sido el acaparamiento de terrenos o de edificios de una comunidad.

Abandonados por meses por el Estado, compartieron el dolor por sus muertos y lo perdido, pero recuperaron la esperanza de que ellos/as mismas podían gestar una comunidad y un país diferente. En muchos casos, ya no había nada que perder y mucho ganar: amistades, gente en la que se podía confiar, y un nuevo sentido de vida. Entre estos, destacan grupos de estudiantes egresados/as universitarios/as, que antes participaban en las protestas universitarias y los cuales buscaban otras formas de resistir. Desde las comunidades y organizaciones, estos/as han construido proyectos autogestionados y solidarios en los que tanto la formación política, como la praxis han cobrado un lugar importante.

Desde estas microexperiencias y microrealidades cotidianas de los sectores populares y los movimientos sociales han emergido tácticas de resistencias a la dominación y la exclusión que, aunque anónimas, se incorporaron a los procesos organizativos y la protesta. La estructuración de estos procesos organizativos a través de organizaciones, entre otras cosas, facilitó el fortalecimiento de identidades y acciones sociales lo que ha dado una mayor visibilidad a los movimientos sociales (Torres, 2009). Es con la articulación de estas microsituaciones que podemos

organizar un cuadro global de la realidad (Zemerman, 1989) y entender las diferentes maneras de protestar.

Para los movimientos sociales las acciones colectivas concertadas y la toma de decisiones sobre asuntos públicos, que se desarrollaron por la vía no institucional, tuvieron la intención de influir en el movimiento histórico de la sociedad (Cadena-Roa, 2016) presentando unas demandas que, por lo general, están dirigidas Estado. Al ser este el interlocutor de sus demandas, se desarrollan en el ámbito de lo político. Sin embargo, es necesario aclarar que no todas las personas que participaron en movimientos sociales han tenido la intención de generar transformaciones mayores. Cadena-Roa atribuye a las acciones sociales el ser desarticuladas y espontáneas, aunque denoten descontento social. Bobbio, Maleucci & Pasquino señalan que lo que distingue a los comportamientos colectivos de los movimientos sociales es el grado y el tipo de cambios que intentan provocar en el sistema; así como los valores y la integración interna. Mientras otros autores, como Riechmann & Fernández (1994) establecen diferencias entre la protesta social y los movimientos sociales. En general, las autorías, antes mencionadas, aducen que la protesta social se refiere a una acción espontánea en la que los episodios o las acciones colectivas están menos estructuradas que en los movimientos sociales. Añaden que la protesta no posee duración ni estructuras comunicativas.

Estas diferencias establecidas entre protestas y movimientos sociales son, por lo general, problemáticas ya que nos ubica en el debate de determinar cuándo una acción colectiva es espontanea o si hay una acción que no sea planificada en algún sentido (Schuster, 2005). En relación a este último, algunas autoras han planteado que, aunque las personas objeto del dominio, no se atrevan a rechazar, de manera abierta, las condiciones de subordinación, la expresan en otros espacios sociales (Scott, 2004) o del lenguaje (Silva, 1988) una disidencia al margen del discurso oficial de las relaciones de poder. Esto se realiza a través de un discurso oculto que representa una crítica a la autoridad (Scott, 2004) el cual hay que considerar en un contexto histórico y social. Warner (2011), plantea que el debate sobre las acciones colectivas no tiene fin. Para esta autora, no existe ni existirá una teoría única sobre las diferentes formas de acción colectiva como tampoco una definición de aceptación general. En su opinión, esto

se debe a las características del propio objeto de estudio. En este sentido, la autora argumenta que los movimientos sociales se caractericen por su fluidez y se encuentran atravesados por otros procesos sociales. Asimismo, estas formas de acción colectivas y resistencias se encuentran en un proceso de autoformación y autodefinición. Es decir, se encuentran en un continuo rehacerse y repensarse.

Lentamente, gracias a todos estos esfuerzos, el País se levantaba y recuperaba la “normalidad”, que, desde el gobierno, se proyectaba llena de mentiras y corrupción, un engranaje de espejos, medias verdades y falsedades. Si bien existía un gran descontento social, coraje, e indignación por la mala administración y corrupción de los fondos públicos de personas claves del gobierno, fue la insensibilidad y las burlas, ante el sufrimiento de la gente del País, lo que colmó la situación. Los corruptos y mentirosos quedaron en evidencia propiciando la movilización social.

La subjetividad ha sido un factor importantísimo en estas movilizaciones sociales (Torres, 2009). Castell (2015), desde abordajes sociopsicológicos, plantea que, en cuanto su origen, los movimientos sociales son espontáneos y se desencadenan por una pequeña indignación relacionada con un acontecimiento concreto o bien porque se ha llegado al límite de la repugnancia ante el comportamiento de los gobernantes. Estos nacen de un llamado a la acción que pretende crear una comunidad de prácticas insurgentes. El autor argumenta que los movimientos sociales se inician con una emoción que se transforma en acción. Sin embargo, para que se constituya un movimiento social es necesario que esa emoción pueda concertar con la de otros individuos. Así, los movimientos sociales, principalmente el feminista y el estudiantil, los/las trabajadores/as, los/las artistas, y los grupos religiosos, incluyendo los que practican religiones sincréticas, y personas en su carácter particular, entre otros se sintieron vinculados y convocados a participar de las protestas.

Las redes sociales también fueron fundamentales para estas convocatorias. Estas contribuyeron a transformar el miedo el permitiendo el encuentro autónomo, la deliberación y la coordinación virtual con otras personas que pensaban lo mismo sobre las élites del gobierno y que estaban hastiados de estas situaciones (Castell, 2015). Bastaba que alguien convocara, a

través de las redes sociales, para reunirse frente a La Fortaleza, residencia del gobernador o se autoconvocaban para resistir (Itriago & Itriago, 1999; Cintrón, 2018). También se organizaron asambleas horizontales locales, sin presencia de los partidos políticos en la que se planificaban acciones. Pero la resistencia no ocurrió solo en estas movilizaciones. También ocurrieron en las comunidades, los campos y en los huertos gestando nuevas formas de vivir.

Según Castell, los movimientos sociales generan un modelaje que los hace replicarse. Suelen ser movimientos sin líderes, aunque los haya. Esto debido a su desconfianza, de la mayor parte de los integrantes, hacia cualquier forma de delegación del poder. La norma es el autogobierno por los propios integrantes. Este procedimiento organizativo representa, a su vez, un objetivo político. La unidad es clave para la constitución de una comunidad. Para Castell, los movimientos sociales son autoreflexivos sobre quiénes son, cuáles son sus objetivos, qué tipo de sociedad aspiran, etc. Anhelan cambiar los valores de la sociedad, entre estos y suscriben el valor de la autonomía entendiendo por ello, al decir de Castell (2015, p.250) “la capacidad de un actor social para convertirse en sujeto defendiendo su acción alrededor de proyectos construidos al margen de las instituciones de la sociedad, de acuerdo con los valores e intereses del actor social”.

No obstante, esta indignación estuvo precedida por procesos de formación política en las propias comunidades. La formación puede darse en cualquier contexto, más allá de: las propias organizaciones, movimientos sociales y populares. Ni siquiera tiene que iniciarse entre personas adultas ni haber una escuela. Tampoco tiene que tener un horario ni un/a docente en el sentido convencional. En cualquier instancia puede usarse. Esta praxis transformadora de la realidad, si bien no es espontánea, desborda lo formal ocurriendo en un proceso continuo. Cuando estos valores, visiones de mundo, subjetividades y prácticas se internalizan forman parte de la vida personal y cotidiana de los practicantes. Para los movimientos populares y sociales la formación política es central para socializar saberes y valores, promover compromisos y mantener la coherencia en las prácticas de sus militantes. Según Zemerman (1989) se entiende por político “la articulación dinámica entre sujetos, prácticas sociales y proyectos, cuyo contenido especifico es la lucha para dar

dirección a la realidad en el marco de opciones viables”. De ahí que para que haya formación política tiene que haber una relación del sujeto con el colectivo. Es en el trabajo con los/las otros/as, a través de estas microexperiencias comunitarias y vecinales, las personas se proyectan, identifican, y aprenden diversos saberes y van generando una conciencia colectiva sobre las desigualdades, las opresiones, y las injusticias que viven. Así mismo, se va generando un compromiso emancipatorio con el colectivo y capacidades para denunciar y expresar enojo e indignación, pero también para resistir y accionar.

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Zemelman, H. (1989). De la historia a la política. La experiencia de América Latina. México: Siglo XX & la Universidad de Naciones Unidas.

territorios: la comida, la imagen y la memoria1

Libia M. González López

Este apartado en nuestra antología se centra en la visualidad y como el arte ha registrado a través del tiempo nuestra memoria colectiva con relación al hambre, los alimentos producidos en nuestra tierra y el acceso a la comida por parte de nuestra población diversa. Esta relación la hemos visto ya en algunos artículos previos a través de los trabajos de Jennifer Solivan Robles y de Maribel Aponte García en los que ambas investigadoras se apoyan en el arte del pasado y el presente para documentar resistencias y tradiciones en obras como las de Francisco Oller y Cestero e Inés Aponte García.

Puerto Rico comparte con otras islas y regiones caribeñas una historia de pobreza, explotación de monocultivos- caña de azúcar, el tabaco, el café y el plátano-, entre otros. También un paisaje común intervenido por políticas imperiales y afectado a la vez por fenómenos naturales, el cambio climático y las migraciones. Compartimos flora, fauna y paisaje, así como muchos manjares conservados a través de generaciones que como ecos del tiempo prevalecen en lo que llamamos típico o criollo, aunque en las diferentes islas y países sean nombrados de manera diferente. Esta cultura ancestral la recorremos a veces sin saber nombrarla y está presente en nuestras canciones y en el arte que exalta o denuncia la escasez. A través del cartel serigráfico o la pintura se cuelan los cafetales, el ‘buche’ de café negro, la caña y el guarapo, el pitorro, el maví, el bibí –elixir de las quenepas–, la “china” (naranjas), las toronjas y los limones dulces y amargos, las acerolas y grosellas, las piñas, el tamarindo, las parchas y el agua de coco, los lulos, el jobo, los anones, el zapote y el corazón entre muchos tantos otros. De modo que entre ritmos, cantos y

1 Agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico , a Poli Marichal Lugo y a Charles Juhász-Alvarado el habernos facilitado algunas de las imágenes de su colección que se citan en este apartado.

visualidades sentimos el paisaje campesino, obrero y urbano, atesorado, pensado y cuestionado.

Efectivamente las miradas de nuestros artistas a través de los siglos evidencian nuestras crisis, fortalezas, festejos en las cosechas, manjares confeccionados en los fogones y los cambios en nuestra alimentación cuando para comer se dependió más de las importaciones de alimentos. El arte a su vez nos coloca frente a la evolución del trabajo agrícola, la manufactura y la fábrica, así como los diversos escenarios en los que hombres, mujeres y niños se embarcaron en las faenas de la huerta para producir y crear alimentos con nuevas tecnologías o practicando la agroecología. Esta vinculación hambre-comida-territorio es por lo tanto uno de los temas más trabajados por el arte en nuestro país. Sea en la pintura, el grabado, el dibujo, la ilustración o la fotografía para revistas como la de la Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico, Extensión Agrícola, la Asociación de Agricultores o la de la Estación Experimental Agrícola, el trabajo artístico documentó procesos relacionados a nuestra dieta y a las transformaciones de la alimentación en las familias puertorriqueñas. El mural, el cine, las canciones y las instalaciones igualmente difunden a través del ojo y a veces los olores nuestras crisis y la sensibilidad de la gente herida por la desigualdad, el desalojo, o su coraje en defensa de la comida, el techo y nuestros recursos naturales.

Mujeres y hombres en la faena, nuestra religiosidad con sus ofrendas de flores y frutas en los altares, la confección del bonche de hierbas, raíces y olores para el conjuro o como remedio medicinal, todo ello es y ha sido captado por el arte. Lo mismo las desigualdades y violencias, las crisis alimentarias, la emigración, las escenas del desastre o lo fétido en nuestro entorno lo grita el performance y las artes en nuestra Isla y en el Caribe. Se trata de una sociomemoria a través del leguaje plástico que nos ha legado un patrimonio artístico a través del cual podemos trazar un recorrido histórico sobre la denuncia, nuestras mesas y los espacios transformados por el consumo, la erosión o la desolación. Pensemos y miremos, por ejemplo:

El icónico Velorio o Baquiné del pintor Francisco Oller (18831917), que da cuenta de la dieta campesina: maíz, plátanos, arroz y el codiciado lechón cuelgan del techo de la casa de campo sobre el cuerpo del niño muerto y sobre los personajes que festejan el baquiné. De manera similar en los bodegones de piñas, mangos,

González López

guanábanas y aguacates del mismo artista ensaya y refleja la frescura y belleza de nuestros frutos tropicales.

Obras como las de Ramón Frade (1875-1954) en su conocido Pan nuestro (1904), muestra el tradicional rácimo de plátano verde que comparado al pan es uno de los principales alimentos del Jíbaro pobre al que el artista destaca en su paisaje solitario y seco.,

La Mixta de Francisco “Fran” Cervoni (1913-2001), da cuenta de la dieta del obrero trabajador en un ambiente más urbano en torno a la mesa en la que almuerzan un plato uniforme de arroz con habichuelas y carne.)(Ver imagen 4)cuenta de la dieta del obrero trabajador en un ambiente más urbano en torno a la mesa en la que almuerzan un plato uniforme de arroz con habichuelas y carne.)

En una pintura más contemporánea el artista Arnaldo Roche Rabell (1995-2018) nos presenta la antítesis de La mixta en su pintura Isla vacía. Con el paisaje privilegiado del Condado en San Juan, Roche elabora una metáfora sobre la ausencia. Muestra una mesa donde los comensales ya se han ido destacando una calavera de ganado en una escena solitaria y fantasmal. La misma hace referencia a la hambruna y a los éxodos post huracán María en Puerto Rico.

Y hablando de éxodos y del ir y venir de nuestra gente en sus intentos de pasar en sus equipajes algunas sabrosuras de la tierra natal (panas, batatas, ñames, pasteles, café, papayas, guanábanas, guayabas, mangos, …) en el El Jardín de los frutos Prohibidos/Zona Franca (2002) de Charles Juhász-Alvarado, el artista exalta una selección de relatos de personajes y sus maniobras para esconder o camuflajear los frutos prohibidos por las leyes de agricultura federal. En esta instalación monumental nuestros frutos forman parte de ese drama de identidad que aflora en los migrantes y en nuestro particular contexto insular y colonial. Entre fotos, objetos, cojines estampados, mapas y videos el artista recrea ese aeropuerto-jardín de Isla Verde a manera de un paraíso vigilado que también es burlado. Ese espacio de tránsito donde se vende nuestra imagen gozosa y exuberante como destino turístico, es intervenido por la autoridad que apunta hacia el despojo de la memoria en el goce del gusto que provocan saborear la patria en la distancia a través de sus

manjares. De esta manera el artista trabaja un jardín colorido y abundante que es un despliegue de lo prohibido y a la vez elogio a la burla sobre lo absurdo. Las narraciones en los paneles, las imágenes fotográficas, las tarjetas postales y el mapa de ese enorme recinto muestran y dejan ver resistencias, seducción y afirmaciones de identidad caribeña, tropical y puertorriqueña.

Nuestra dependencia de las importaciones de alimentos, por otro lado, es tema de crítica social en otras obras de artistas jóvenes. Rafael Miranda Mattei (1984) elabora en Happy Colonials (2015) una crítica social a través de una colección de dibujos en guache sobre papel, en la que destaca el protagonismo comercial de la marca Goya y sus productos enlatados en nuestra dieta diaria. Tal y como lo indica Alexandra Méndez García, curadora asociada de la exposición Trópico Agridulce presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, MAC, 2026), la empresa Goya buscó importar el gusto criollo y se fue expandiendo en lo Estados Unidos y Puerto Rico desde la década de 1930 en la medida que aumentaban la migración puertorriqueña, dominicana y centroamericana.

Con mayor presencia en el entorno público e internacional la obra de arte contemporánea denuncia la inseguridad alimentaria, así como crea nuevas narrativas sobre el género y la ancestralidad en la preservación de nuestra dieta original. Después del huracán María y de la pandemia del COVID-19 la comida es tema central en obras llevadas a espacios del arte como el MOMA en Nueva York o el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. En el filme Foodtopia, después de todo el territorio (2021) de Mulowayi iyaye Nonó y Mapenzi chibale Nonó (Carolina, Puerto Rico) conocidas como Las nietas de Nonó, las artistas documentan su propia experiencia durante la pandemia de Covid19 practicando la caza y la recolección de alimentos, legados de nuestra cultura ancestral afrocaribeña. (https://www.moma.org/magazine/articles/717).

Siguiendo esta misma línea Macha Colón, en su vídeo Recetario (2018) hace un acopio de entrevistas a mujeres inmigrantes dominicanas sobrevivientes de violencia doméstica. En el video la artista conversa con las mujeres afrocaribeñas mientras muestra como mediante la confección del majado y el fuego éstas preservan el apego a las tradiciones culinarias de su país de origen. (Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, MAC-CP 1018).

La solidaridad y el bien común igualmente ha sido consigna e imagen particularmente a través del cartel serigráfico. Somos vecinos, trabajemos juntos (1947-1948) de Wifredo Colón, Aquí servimos solidaridad de Javier Maldonado O’Farill (2017), Buena alimentación, Buena salud, Mayor Aprendizaje de Rafael Tufiño (1975), son solo algunos de tantos carteles producidos desde la primera mitad del siglo XX hasta el presente para denunciar, convocar, educar y promover nuestra seguridad alimentaria.

Como gesto solidario en favor de estos valores es grato reconocer también el grabado sobre Las panas prestado por la artista Poli Marichal Lugo para el cartel de nuestra Jornada Acceso a la Comida. De manera complementaria la imagen elaborada para la portada de este libro de la artista puertorriqueña

Ana Rosa Rivera Marrero reúne simbólicamente muchos de los temas presentes en esta antología: los frutos de la tierra, las tradiciones del cultivo, la mesa como espacio de encuentro y ausencia, y las huellas del desplazamiento y la sobrevivencia. Entre transparencias, rastros vegetales y figuras humanas en tránsito, la artista construye un paisaje emocional donde alimento, territorio y sociomemoria colectiva permanecen profundamente entrelazados. La figura de personas y estudiantes haciendo fila para recoger alimentos evoca además las experiencias recientes de precariedad e inseguridad alimentaria vividas en Puerto Rico, así como las redes de solidaridad y apoyo articuladas desde los comedores comunitarios y universitarios. La mesa vacía, colocada en primer plano, permanece entonces como signo simultáneo de carencia, espera y posibilidad de encuentro colectivo.

La mesa como en esta obra de Ana Rosa Rivera Marrero actúa como plataforma y centro de encrucijadas para la imaginación. Es el lugar que atrae la mirada tanto por la disposición de los objetos, la abundancia o la precariedad de lo que se exhibe, así como el frío o el calor de esos alimentos que pueden ser servidos. De la misma manera que lo sagrado se destaca en un altar, la olla, el plato, la mesa o su vestido activa papilas gustativas, misterios y narrativas como lo hemos visto en la mesa de Roche pero también la de Samuel Sánchez quien destaca La olla sobre piedras y un ardiente fuego en el centro de la mesa o en, La mesa está puesta, de Luis Maisonet en la que humo, manjar y mantel invitan. (https:// www.mapr.org/es/arte/obra/la-mesa-esta-puesta), como también invita Julia en la cocina (óleo sobre lienzo, 1941) de Miguel Pou y Becerra. (Colección del Museo de Arte de Puerto Rico).

La mesa está puesta (2009-2010), de Luis Maisonet (1952), Colección Museo de Arte de Puerto Rico, (https://www.mapr.org/es/arte/obra/la-mesa-esta-puesta)

El Pan Nuestro, Ramón Frade(1875-1954). Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña, https://artsandculture.google.com/story/

TAXx9gWQYG_dIA?hl=es-419

El Velorio, Francisco Oller( 1833 –1917), Colección Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico.

González

Isla vacía, Arnaldo Roche (1995-2018), Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, https://www.facebook.com/museomacpr/posts/arnaldo-roche-rabell-es-uno-delos-pintores-neo-expresionistas-m%C3%A1s-importantes-d/1378963607609528/

Jardín de frutos prohíbidos / ZONA FRANCA, 2002. Charles Juhasz-Alvarado (1965), representación de Puerto Rico en la La Bienal de São Paulo, 2002.

Jardín de frutos prohíbidos / ZONA FRANCA, 2002. Charles Juhasz-Alvarado (1965), representación de Puerto Rico en la La Bienal de São Paulo, 2002.

Jardín de frutos prohíbidos / ZONA FRANCA, 2002. Charles Juhasz-Alvarado (1965), representación de Puerto Rico en la La Bienal de São Paulo, 2002.

Happy Colonnials (2015), Rafael Miranda Mattei (1984), Instalación en Trópicos Agridulces, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, https://www.museomac.org/arte/exhibiciones/tropico-agridulce

González López

Somos vecinos, trabajemos juntos, Wifredo Colón (1947-1948), cartel serigráfico, Colección Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico.

Aquí servimos solidaridad(2017), Javier Maldonado O’Farill, cartel serigráfico, Colección Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico.

González López

Buena alimentación, Buena salud, Mayor Aprendizaje (1975), cartel serigráfico Rafael Tufiño (1922-2008). Colección Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico.

La mixta, Francisco, “Fran” Cervoni (1913-2001), Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña.

González López

La olla. Samuel Sánchez Herrera. 1960, óleo sobre sobre masonite. Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña

Recetario (2018), Macha Colón (Gisela Rosario Ramos) Instalación en Trópicos Agridulces, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, https://www. museomac.org/arte/exhibiciones/tropico-agridulce

López Dos panas, Grabado, Poli Marichal Lugo (1955), www.polimarichal.com

González

biografÍas de autores

Valeria N.Aguirre Mercado esestudiantedelprogramaconjunto de Juris Doctor y Maestría en Planificación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee una Maestría en Política Comparada por la University of British Columbia (Canadá) y un Bachillerato en Ciencias Políticas y Literatura Inglesa de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Su formación interdisciplinaria le ha permitido articular el derecho, la planificación territorial y la justicia ambiental en proyectos de análisis de política pública, participación ciudadana y planificación urbana sostenible. Entre sus temas de interés se encuentran la vivienda asequible, los fideicomisos de tierra, la gestión democrática del suelo y los derechos colectivos sobre los bienes comunes.Hacolaboradoeniniciativasdeinvestigaciónaplicaday proyectos de extensión universitaria orientados al fortalecimiento de comunidades resilientes en contextos urbanos y rurales. Su trabajo se encamina a la creación de marcos legales y de planificación que promuevan la equidad social, la sustentabilidad ecológica y una participación ciudadana incidente en la toma de decisiones territoriales.

Carlos A. Álvarez Aponte es ingeniero industrial por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, donde completó su grado con distinción académica. Actualmente cursa una Maestría en Ingeniería Industrial con concentración en Transportación y Logística. Su trayectoria combina la investigación cuantitativa, la modelación de datos y el análisis de cadenas de suministro en contextos insulares y de riesgo climático. Ha colaborado en estudios sobre comercio internacional, cadenas de valor y seguridad alimentaria junto a equipos multidisciplinarios del Centro de Investigaciones Sociales, desarrollando modelos de visualización de datos sobre comercio exterior y vulnerabilidad logística. Su investigación más reciente examina la resiliencia de las cadenas de suministro frente a eventos extremos y conflictos geopolíticos,conelobjetivodeproponerestrategiasdemitigación y adaptación para el Caribe. Durante su formación universitaria

Biografías de autores

también se destacó como atleta de halterofilia en la Liga Atlética Interuniversitaria, obteniendo múltiples medallas para el Recinto de Mayagüez. Su trabajo busca integrar la ingeniería con la economía aplicada para promover una logística sostenible y robusta en la región.

Maribel Aponte García es economista e investigadora afiliada al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es autora de siete libros y múltiples artículos arbitrados sobre cadenas de valor y suministros, integración económica y desarrollo sostenible. Ha desarrollado los conceptos de Nuevo Regionalismo Estratégico (NRE) y del Método Cadena–Negocio–Comercio (CNC), ampliamente citados en los estudios de comercio internacional desde el Sur Global. Ocupa el primer lugar en el ranking institucional de la Universidad de Puerto Rico y nacional (Puerto Rico) en su disciplina según el AD Scientific Index, y se encuentra entre el 3 % de las personas científicas más citadas de América Latina y el top 200 mundial en comercio internacional. Funda y dirige el Proyecto sobre Comercio Internacional, Cadenas y Geopolítica, desde el cual coordina investigaciones sobre petróleo, alimentos, finanzas, sanciones, y logística crítica, entre ellas La geopolítica de los hidrocarburos y los BRICS Plus y América Latina y el Caribe en BRICS+. Nuevo Regionalismo Estratégico y Geopolítica del comercio y de las cadenas de suministro. Primera mujer en ser galardonada con el Premio a la Trayectoria (2023) de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y con dos primeros lugares en convocatorias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), además de reconocimientos de fundaciones en Puerto Rico, Europa, Estados Unidos y Canadá. Su trabajo integra teoría, datos y geopolítica en torno a soberanía, energía y comercio global.

Virgen Cáceres Cruz, es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde se desempeña como auxiliar de investigación III. Entre 1984 y 2006 formó parte del Proyecto CERES (Centro de Estudios, Recursos y Servicios a la Mujer), adscrito al CIS, que contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la política pública sobre mujeres y género en Puerto Rico. Fue co-coordinadora de este proyecto entre 1998 y 2001, participando en estudios pioneros sobre

Biografías de autores

violencia doméstica, hostigamiento sexual, salud física y mental de las mujeres, maternidad, tecnologías reproductivas, salud ocupacional, envejecimiento, raza y racismo. Ha publicado libros, capítulos y artículos en revistas académicas sobre violencia de género, trabajo y reforma laboral, juventud, diversidad cultural, vejez, sostenibilidad alimentaria y movimientos sociales, así como informes de investigación institucional y materiales divulgativos para comunidades. Ha coordinado grupos de trabajo sobre vejez, raza y relaciones raciales en la Facultad de Ciencias Sociales, y ha presentado sus investigaciones en congresos y conferencias en América, Europa, el Caribe y Oceanía. Su trayectoria combina investigación rigurosa, compromiso con los derechos de las mujeres y una sostenida labor de divulgación y formación comunitaria.

Adriana Rocío Cadena Cancino es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y una de las voces más reconocidas en la investigación sobre integración económica y soberanía productiva en América Latina. Es doctora en Procesos Políticos y Sociales de América Latina y autora de, entre otros libros, Cadenas globales de valor en minerales estratégicos suramericanos: el caso del litio y El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos: un tratado de asimetrías.

Su trayectoria combina investigación académica, gestión institucional y defensa de las comunidades costeras. Como fundadora y directora de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia, ha liderado programas de recuperación ecológica y fortalecimiento organizativo del sector pesquero. En 2025 recibió el Premio Campeón de la FAO a la Sostenibilidad Pesquera, máximo reconocimiento internacional a la innovación comunitaria en el ámbito marino-costero. Ha ocupado cargos de dirección en entidades de planificación y desarrollo productivo, impulsando políticas orientadas a la equidad social y la valorización del trabajo artesanal. Su labor teórica y práctica promueve la integración regional y la defensa de los bienes comunes como pilares para la soberanía económica y ecológica de América Latina.

Érika Fontánez Torres es catedrática en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña Teoría del Derecho y Derecho Civil Patrimonial. Es Juris Doctor por la

Biografías de autores

Universidad de Puerto Rico, posee una Maestría en Derecho (LL.M.) de la London School of Economics and Political Science y un Doctorado en Filosofía Político-Jurídica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha litigado y asesorado en casos de interés público vinculados a defensa ambiental, vivienda y justicia territorial. Su investigación aborda las intersecciones entre derecho, filosofía política, bienes comunes y justicia climática. Es autora de El derecho a lo común: bienes comunes, propiedad y justicia climática (2023), Derecho, acción y política en Hannah Arendt (2020) y Casa, suelo y título: vivienda e informalidad en Puerto Rico (2020). En colaboración con Mariolga Reyes Cruz ha estudiado procesos de recomunalización de tierras agrícolas, destacando su potencial transformador para la soberanía alimentaria. Ha sido visiting scholar en los programas de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de Princeton University y University of Michigan. Su trabajo combina rigor teórico y compromiso ético, situando el pensamiento jurídico en el centro de los debates contemporáneos sobre ecología, democracia y justicia social.

Libia M. González López es investigadora y directora del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Facultad de Ciencias Sociales, y catedrática del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un Doctorado de Historia y un diploma en Relaciones Exteriores de la Universidad de Paris I-Sorbonne, Francia. Su tesis doctoral se centró en Historia cultural e intelectual y en su tesis trabajó la Elite Ilustrada y el imaginario sobre lo nacional: 1876-1930. A lo largo de su carrera como investigadora se ha centrado y ha realizado estudios sobre historia y memoria e historia e imagen. Como parte de estos acercamientos ha investigado el uso de la imagen fotográfica en la historia documental de Puerto Rico y Estados Unidos entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y sobre la imagen fotográfica como un medio de creación, documento y memoria de un “mirar rural”- sobre la sociedad rural de la región interior montañosa de Puerto Rico. Ha realizado publicaciones sobre las construcciones intelectuales de la identidad nacional en Puerto Rico; las migraciones en y hacia Puerto Rico y el Caribe durante los siglos XIX y XX; la relación entre imagen e historia y los usos de la fotografía en la circulación del “sujeto/imagen” del paisaje rural y urbano, entre otros.

Biografías de autores

Carlos J. Guilbe López es catedrático del Departamento de Geografía e investigador afiliado en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo su Doctorado en Geografía en la University of Wisconsin–Milwaukee. Su labor académica abarca la planificación regional, la ordenación territorial y la geografía urbana y cultural. Ha publicado extensamente sobre historia de la planificación, usos del suelo y pensamiento geográfico en revistas especializadas de América y Europa, y fue miembro de la junta editorial de The Professional Geographer de la American Association of Geographers. Su libro Pensamiento geográfico en el nuevo milenio: Puerto Rico en la globalización es texto de referencia en universidades y escuelas del País. Actualmente coordina el Atlas Deportivo Digital de Puerto Rico, proyecto pionero que integra geografía, cultura y deporte como expresiones del territorio y la identidad. Su investigación combina análisis espacial, trabajo de archivo y reflexión crítica sobre las transformaciones socioambientales contemporáneas, contribuyendo a repensar la geografía como disciplina aplicada al desarrollo sostenible, la justicia territorial y la planificación participativa.

María V. King-Martínez es trabajadora social, asistente de investigación y estudiante de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP) donde cursa una maestría con énfasis en Ambiente y Sociedad. Su trabajo se centra en la justicia ambiental y restaurativa, el afrofeminismo, el liderazgo comunitario, la protección de tierras agrícolas y la soberanía alimentaria. Ha colaborado con las comunidades de Río Piedras, La Perla y calle Loíza en sus huertos comunitarios y esfuerzos hacia la defensa del territorio y permanencia ante el desplazamiento..

Tatiana Méndez Toro es economista especializada en economía agrícola, agroecología y desarrollo sostenible. Egresada del Recinto de Río Piedras con Doctorado en Comercio Internacional, posee además una Maestría en Ciencias Agrícolas con concentración en Economía Agrícola y una Licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo, ambas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Fue beneficiaria de las becas Gilman y Freeman Asia, con estancias en la Universidad de Oulu en Finlandia y la Universidad de Thammasat en Tailandia, así como del Programa de Becas

Biografías de autores

para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente (PBDT 2022) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Actualmente se desempeña como Especialista en Economía Agrícola en el Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Mayagüez, donde apoya a agricultores y comunidades rurales en planificación agroempresarial, mercadeo digital y estrategias de valor añadido. Ha colaborado con el USDA-NASS en el Censo Agrícola de Puerto Rico, y se ha desempeñado como instructora, coordinadora de programas y asistente de investigación en la Universidad de Puerto Rico. Sus intereses abarcan el agroturismo, el comercio agrícola, la inteligencia artificial aplicada y la sustentabilidad, con énfasis en herramientas digitales para mejorar la productividad, el acceso a mercados y la resiliencia económica del sector agrícola local y regional.

Jaime R. Pagán-Jiménez obtuvo su doctorado en antropología (2005) en la Universidad Nacional Autónoma de México y su bachillerato en artes con concentración en antropología (1994) en la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras. Es investigador docente del Centro de Investigaciones Sociales de dicha institución y es director del Laboratorio de Etnoecología y Paleoambientes Humanos adscrito a la misma entidad. Entre los años 2012 y 2023 fue director de investigaciones e investigador senior en arqueología y paleoetnobotánica de Cultural Heritage and Plantscape Research y de Universiteit Leiden, ambas, en los Países Bajos. Fue investigador en paleoetnobotánica del Real Instituto Neerlandés de Estudios del Sureste Asiático y el Caribe (Leiden, Países Bajos) e investigador senior del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Entre los años 2010 y 2021 fue investigador colaborador del Institut National de Recherches Archéologiques Préventives de Francia en la Guyana Francesa y en el Caribe Francés y también de la Unité Mixte de Recherche Écologie des Forêts de Guyane del Centre National de la Recherche Scientifique de Francia. Jaime ha desarrollado investigaciones y actividades enfocadas en comprender los orígenes de la producción de plantas alimenticias en el Neotrópico, y en estudiar las dinámicas socioambientales derivadas de los procesos de dispersión humana de algunas plantas económicas en las Américas. Durante los pasados 29 años sus investigaciones paleoetnobotánicas, arqueológicas y antropológicas se han centrado en la Guyana Francesa, en Ecuador, en Belice y en casi todas las islas del Caribe. Paralelamente, Jaime ha debatido internacionalmente sobre el contexto sociopolítico de las

Biografías de autores

prácticas disciplinarias de la arqueología utilizando enfoques analíticos y reflexivos anticoloniales. Sobre todos estos temas, Pagán-Jiménez ha publicado más de 60 capítulos y artículos científicos en libros o en revistas académicas como el Boletín de Antropología Americana, la revista Science, y Journal of Archaeological Research. Además, ha publicado 3 libros.

Carol E. Ramos-Gerena Carol E. Ramos Gerena obtuvo su doctorado en Planificación Urbana y Regional con énfasis en Planificación de Sistemas Alimentarios (2025) en la Universidad de Búfalo del State University of New York (SUNY), su maestría en Planificación Ambiental (2020) en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y su bachillerato en Biología (2014) en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Actualmente es profesora adjunta de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Nacida y criada en Puerto Rico, Carol se ha comprometido en aportar a la agroecología, las políticas de uso de suelo y la soberanía alimentaria. Durante casi dos décadas ha trabajado en colaboración con organizaciones comunitarias, agroecológicas y proyectos de restauración ambiental enfocados en fortalecer sistemas alimentarios más justos y sostenibles en Puerto Rico y el Caribe. Es cofundadora del Puerto Rican Food Systems Research Collaborative y ha participado en múltiples iniciativas de planificación participativa, educación agrícola y fortalecimiento de capacidades comunitarias vinculadas al acceso a tierras agrícolas y la protección del territorio.

Entre los años 2020 y 2025 se desempeñó como coordinadora de investigación del Food Systems Planning and Healthy Communities Lab de la University at Buffalo, donde colaboró en proyectos multisectoriales relacionados con política alimentaria, gobernanza territorial y sistemas alimentarios comunitarios Estados Unidos. Su trabajo académico examina cómo las políticas de uso de suelo afectan lo que comemos, la producción local de alimentos y las formas en que las comunidades se relacionan con el territorio. Además, explora cómo la educación sobre tierra y alimentación puede servir como herramienta para promover la equidad, la justicia ambiental y transiciones hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Biografías de autores

Su trabajo busca promover condiciones materiales y políticas que sostengan la continuidad de la vida agraria y la protección del territorio. Sobre estos temas ha publicado artículos académicos, módulos para Coursera, podcasts, capítulos de libro e informes técnicos, además de participar en conferencias y espacios de formación en Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos..

Víctor Quiñones es profesor retirado de Mercadeo en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y egresado de la Universidad de Nueva York (NYU). Sus líneas de investigación comprenden el mercadeo de servicios, el emprendimiento y la responsabilidad social empresarial, con atención a modelos de negocio éticos, sostenibles y socialmente responsables. Ha publicado artículos y estudios de caso en revistas y congresos internacionales, y ha participado en foros sobre innovación, sostenibilidad y gestión del valor en organizaciones de servicios. Fue miembro del comité asesor de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades, impulsando sinergias entre gestión cultural, economía creativa y desarrollo local. En el salón de clase integra metodologías activas y aprendizaje experiencial en temas de estrategia de servicios, comportamiento del consumidor y marketing social. Actualmente desarrolla proyectos sobre emprendimiento con propósito, medición de impacto y diseño de experiencias orientadas al bienestar colectivo, con especial interés en ecosistemas empresariales de Puerto Rico y el Caribe, así como en el rol del sector privado en la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Asimismo, colabora con iniciativas interdisciplinarias que vinculan el mercadeo con la salud pública, la educación y la cultura, explorando cómo las estrategias de comunicación pueden apoyar cambios de conducta y proyectos de desarrollo anclados en la justicia social.

Mariolga Reyes Cruz es psicóloga comunitaria, documentalista ecofeminista y directora ejecutiva del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS), del cual es cofundadora. Se formó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde obtuvo su Doctorado en Psicología Comunitaria como becaria de la Ford Foundation. Su trayectoria articula investigación-acción participativa, agroecología y justicia climática, con énfasis en autogestión rural, defensa de los bienes comunes y equidad de género. Ha sido profesora universitaria,

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asesora en políticas públicas de soberanía alimentaria y facilitadora de procesos de educación popular en comunidades rurales y urbanas de Puerto Rico.

Su práctica integra enfoques feministas y decoloniales para replantear la relación entre tierra, trabajo de cuidados y economía solidaria, apoyando procesos de organización comunitaria y de recuperación de territorios para proyectos agroecológicos. Entre sus líneas actuales se encuentran el diseño de instrumentos jurídicos comunitarios para la protección de tierras agrícolas, el desarrollo de modelos de gobernanza con participación multisectorial y la documentación audiovisual de experiencias de resistencia territorial, agroecología y defensa del agua y del suelo en distintos puntos del archipiélago puertorriqueño. También ha acompañado procesos de reconstrucción justa tras desastres, documentando aprendizajes comunitarios y prácticas de cuidado que responden a la crisis climática desde la solidaridad y la creatividad colectiva.

Ramón Rosario-Luna es investigador afiliado al Centro de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Especialista en teoría crítica, epistemología y pensamiento marxista, examina la relación entre capitalismo, tecnología y crisis ecológica desde una perspectiva interdisciplinaria que vincula filosofía de la ciencia, historia del pensamiento y ecología política. Ha sido editor de Apuesta: Revista Alternativa de Política y Cultura y autor en Umbral y en la Revista de Ciencias Sociales, entre otras publicaciones. Su investigación reciente aborda la economía política del desastre ecológico, la reificación y los límites del crecimiento en el capitalismo contemporáneo, proponiendo marcos analíticos para comprender las raíces estructurales de la crisis ambiental y las posibilidades de transiciones socioecológicas justas. En docencia, desarrolla cursos de metodología, teoría social y crítica de la modernidad, alentando la reflexión ética y política sobre producción científica, desarrollo, naturaleza y emancipación. Sus trabajos buscan contribuir a una comprensión rigurosa de las tensiones entre acumulación de capital, vulnerabilidad ecológica y proyectos de futuro orientados al bien común. Sus proyectos recientes vinculan debates sobre decrecimiento, planificación democrática y alternativas postcapitalistas, aportando marcos conceptuales

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para imaginar políticas públicas y movimientos sociales orientados a la sostenibilidad y la justicia.

Jennifer Solivan Robles es historiadora del arte y catedrática auxiliar en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se formó en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo Maestría y Doctorado en Historia del Arte Medieval, y en la Universidad de Puerto Rico, donde completó un Bachillerato en Historia del Arte. Ha sido investigadora visitante en The Warburg Institute, en Londres, y beneficiaria de becas nacionales e internacionales para proyectos sobre iconografía medieval, patrimonio cultural e historia visual del Caribe. Su trabajo académico explora los vínculos entre arte, memoria e identidad, así como los procesos de circulación, traducción y resignificación de motivos visuales entre Europa y el Caribe. En su práctica docente promueve metodologías de análisis visual y lectura crítica de imágenes para conectar historia, estética y sociedad, fomentando el uso del arte como herramienta de reflexión histórica y política. Actualmente desarrolla líneas de investigación sobre circulación de motivos icónicos, patrimonios en disputa, museografía crítica y educación artística en contextos de crisis y transformación social. Entre sus intereses actuales destacan las intersecciones entre patrimonio, género y colonialidad, así como las disputas en torno a la conservación, apropiación y representación del legado artístico en contextos caribeños.

Emilie V. Viqueira Keller es economista y doctoranda en Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el Bachillerato en Economía en la Universidad de California, Berkeley, y la Maestría en Planificación en la Universidad de Puerto Rico, donde recibió el Premio Osvaldo Ruiz Villarrubia. Su investigación se centra en política industrial, reindustrialización verde y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, con énfasis en economía circular, diversificación productiva y estrategias de transición justa hacia modelos de baja emisión de carbono. Ha sido profesora en los departamentos de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y consultora en proyectos de desarrollo regional orientados al fortalecimiento del tejido productivo local y a la promoción de sectores emergentes sostenibles. Además de su trayectoria académica, fue atleta destacada de tenis,

Biografías de autores representando a Puerto Rico en competencias centroamericanas y panamericanas, donde obtuvo medallas y reconocimientos internacionales. Actualmente trabaja en un marco comparado de políticas económicas sostenibles entre América Latina, el Caribe y Europa, con el objetivo de proponer instrumentos que articulen competitividad, equidad social y protección ambiental. Su trabajo combina análisis cuantitativos y enfoques institucionales comparados, y busca contribuir al diseño de políticas que fortalezcan la resiliencia económica y ecológica de los territorios desde una perspectiva de justicia social.

En tiempos en que la inseguridad alimentaria se ha convertido en uno de los retos sociales más complejos para las universidades y el mundo, el acceso digno a la comida trasciende la necesidad fisiológica para convertirse en un asunto de justicia social, equidad y derechos humanos. En Puerto Rico y el Caribe, donde convergen los efectos de la desigualdad económica, los desastres naturales, la inflación y la vulnerabilidad social, hablar de seguridad alimentaria implica también hablar de memoria colectiva, resiliencia comunitaria y responsabilidad institucional. Trabajos como el Informe Final del Estudio de Necesidades del Estudiantado subgraduado y graduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, (2025) reveló datos impresionantes sobre la inseguridad alimentaria, donde uno de cada cuatro estudiantes la experimentó. De igual forma, las investigaciones recientes sobre el tema, han advertido cómo la inseguridad alimentaria impacta directamente la salud física, emocional y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, limitando sus oportunidades de desarrollo integral.

Desde esa realidad surge el proyecto del Comedor Universitario, Mesa Abierta en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, como una respuesta humana, solidaria y profundamente transformadora frente al hambre silenciosa que experimentan muchos estudiantes universitarios. Más que un comedor, Mesa Abierta se convirtió en un espacio de dignidad, encuentro y esperanza; un proyecto que articuló voluntades institucionales, organizaciones comunitarias, entidades privadas, estudiantes, docentes y ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo. Su impacto trascendió la distribución de alimentos: logró sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de reconocer el acceso a la comida como un componente esencial para la permanencia estudiantil, el éxito académico y la salud mental.

La experiencia del Comedor Universitario, Mesa Abierta reafirma que, las universidades no solo son centros de producción de conocimiento, sino también espacios llamados a promover la justicia social y el cuidado colectivo. Tal como señala Alice Waters, “la comida es una forma de ver la vida y no solo una necesidad fisiológica”, reconociendo que alimentarse dignamente también constituye una experiencia educativa, cultural y humana. A estas palabras, añado que, en el contexto universitario, resulta paradójico abordar el éxito estudiantil ignorando el hambre que enfrentan nuestros estudiantes. En ese sentido, el Comedor Universitario, Mesa Abierta representó una pedagogía de solidaridad activa: una red de apoyo que permitió a cientos de estudiantes continuar sus estudios con la tranquilidad de tener acceso a una comida caliente o a alimentos básicos para sus hogares.

Este texto invita a reflexionar sobre el acceso a la comida desde la historia, la memoria y la seguridad alimentaria, reconociendo que los pueblos que protegen la alimentación de sus comunidades construyen también sociedades más justas, resilientes y humanas. La experiencia del Comedor Universitario, Mesa Abierta demuestra que, aun en medio de las crisis, siempre existen posibilidades para sembrar esperanza desde la empatía, la colaboración y el compromiso social.

Dra. Mayra B. Charriez Cordero 22 de mayo de 2026