COHRE A Place In The World - Spanish

Un Lugar en el Mundo El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia domĂŠstica

Los casos de Argentina, Brasil y Colombia

COHRE Secretaría Internacional 83 Rue de Montbrillant 1202 Ginebra Suiza tel.: +41.22.7341028; fax: +41.22.7338336 E‐mail: cohre@cohre.org Web: www.cohre.org © Copyright 2010 Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (Centre on Housing Rights and Evictions – COHRE) Un lugar en el mundo: El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia doméstica. Los casos de Argentina, Brasil y Colombia ISBN: 978‐92‐95004‐63‐4 Todos los derechos reservados.

Preparado por: María Victoria Ricciardi y Mayra Gómez Fotografías: COHRE

Un Lugar en el Mundo El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia domĂŠstica Los casos de Argentina, Brasil y Colombia

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CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 3 SUMARIO EJECUTIVO........................................................................................................ 4

1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 8

2. COMPRENDIENDO EL ALCANCE DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN AMÉRICA LATINA: DEFINICIONES Y CIFRAS .................................................................................... 11 3. EL DERECHO A LA VIVIENDA DE LAS MUJERES Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: UNA CONEXIÓN IMPRESCINDIBLE.......................................... 17 3.1

LAS NORMAS INTERNACIONALES ............................................................................. 17

3.2

LAS NORMAS REGIONALES..................................................................................... 26

3.3

LA LEGISLACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA REGIÓN .......................................................................................................... 29

4. SIN SALIDA: LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES VIOLENTADAS EN ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA ....................................................................................................... 38 4.1

VIOLENCIA DOMÉSTICA, CONDICIONES DE HÀBITAT Y VIVIENDA: LA DEPENDENCIA ECONOMICA Y EL ACCESO A LA VIVIENDA....................................................................................... 39

5.

4.2

PROPIEDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: EL ESTATUS DE LAS MUJERES Y SU POSIBILIDADES DE DESARROLLO .............................................................................. 42

4.3

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LOS OPERADORES DEL DERECHO: LA RUTA INTERMINABLE ....... 45

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 52

ANEXO: CUADRO RESUMEN: PRESCRIPCIONES DE VIVIENDA EN LAS LEYES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA REGIÓN .......................................................................... 56

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AGRADECIMIENTOS La iniciativa sobre el derecho a la vivienda y mujeres del Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) desea expresar su profundo agradecimiento a todas y todos quienes nos asistieron en la elaboración de este informe: a la organización Themis, encargada de la tarea en Porto Alegre, Brasil; a la Fundación Razonar en la localidad de Moreno, Argentina; a la Lic. Liliana Bernal Vargas y a Claudia Acosta en Villavicencio, Colombia; y a la organización Adescop, la Asociación AsoyMujer y la Mesa de Mujer y Conflicto Armado en Bogotá, Colombia. Todas nos brindaron generosamente su tiempo y ayuda para este informe.

Deseamos brindar nuestro agradecimiento también a las expertas y a los expertos en temas de violencia doméstica y género con los que hemos hablados, a las organizaciones de mujeres y a las académicas que colaboraron con su tiempo para este informe. También quisiéramos darles las gracias a las expertas en políticas de vivienda y de mujeres, a los funcionarios y funcionarias encargados de llevar adelante los programas de lucha contra la violencia doméstica y a las encargadas de refugios que gentilmente nos brindaron su tiempo. A todas y todos, nuestro agradecimiento por compartir generosamente sus experiencias, visones y recomendaciones con nosotros.

Quisiéramos agradecer a los miembros del Programa Américas de COHRE, quienes nos brindaron su asistencia y colaboración en nuestras visitas a los diferentes países y a la invalorable colaboración y apoyo de Victoria Flores Beltrán, quien colaboró en la búsqueda de la información y en la realización de este trabajo.

Por último, deseamos reconocer a esas mujeres que nos relataron sus experiencias personales de violencia en sus hogares para este informe, con la esperanza de que sus historias pudieran ayudar a lograr un cambio donde todas las mujeres puedan vivir en su hogar propio en seguridad, paz y dignidad. Viviendo en los barrios informales de Buenos Aires, Bogotá y Porto Alegre, ellas nos dedicaron sus valiosas horas, sentándose con nosotras y explicando honestamente los obstáculos formidables que enfrentan cuando intentan salir de una situación violenta. Dedicamos a este informe a esas valientes mujeres que estuvieron dispuestas a contarnos sus experiencias; sin quienes este trabajo no tendría sentido. A todas ellas, nuestro sincero agradecimiento.

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SUMARIO EJECUTIVO

“No tener recursos para pagar un alquiler ni dinero para hacer frente a los gastos fueron factores que agravaron mis circunstancias de vida. ‘¿A dónde iba a ir?’ me preguntaba, ¿cómo iba a mantener a mi familia? me preguntaba….” ‐ Una mujer victima de la violencia doméstica de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina

La investigación de COHRE en Argentina, Brasil y Colombia revela que la falta de acceso a una vivienda adecuada, incluyendo refugios de emergencia para mujeres maltratadas, impide que las víctimas puedan escapar de sus agresores. De las experiencias de las mujeres entrevistada por COHRE surge claramente lo importante que es para ellas saber a dónde pueden ir cuando deciden romper el círculo de la violencia doméstica. Este problema afecta especialmente a mujeres pobres que viven en barrios informales que carecen de medios económicos independientes, y que simplemente no tienen ningún lugar donde puedan encontrar seguridad. De hecho, para las víctimas de la violencia doméstica, la vivienda no es un asunto periférico, ni una cuestión que se puede posponer para resolución en el futuro. Al contrario: la falta de una solución para esa situación puede ser determinante para decidir continuar en una relación violenta o no. Para muchas mujeres, solo cuando están frente a una enorme crisis o frente a violencia extrema, con riesgo de vida, hace q salgan de los lugares que habitan sin ninguna alternativa presente. La situación actual, en donde las mujeres tienen que elegir entre una vida en la calle, o una vida con un maltratador violento, es completamente inaceptable e intolerable. Es una situación que va en contra de las normas internacionales de derechos humanos, y que debe ser abordado y corregido por los gobiernos como una cuestión prioritaria.

Cuando COHRE preguntó: ¿cuáles son las soluciones?, las víctimas de violencia doméstica fueron claras en sus respuestas: Los gobiernos deben responder de manera eficaz y coherente al problema generalizado de la violencia doméstica, y deben garantizar que las mujeres que huyen de la violencia tengan acceso a una vivienda adecuada y segura.

Bajo los estándares del derecho internacional de derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica tienen el derecho a vivir libres de violencia, y a tener acceso a protección jurídica. Del mismo modo, las víctimas de la violencia doméstica también tienen derecho a obtener los recursos necesarios para mantenerse y a sus hijos, incluyendo el derecho a una vivienda adecuada. El derecho a una vivienda adecuada va más allá de disponer de un techo sobre la cabeza ‐ es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Este concepto es fundamental para cambiar a la situación de las mujeres que sufren violencia en sus propios hogares. Sin embargo, a pesar de las protecciones que existen, COHRE ha aprendido que la realidad para muchas mujeres sigue siendo muy diferente.

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Durante demasiado tiempo, el vínculo entre la violencia doméstica y el derecho a la vivienda adecuada ha sido en gran parte ignorado. Sólo recientemente esta cuestión ha llamado la atención de los mecanismos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En este informe, COHRE investiga si las políticas públicas diseñadas para combatir a la violencia doméstica han tenido en cuenta el derecho a la vivienda de las mujeres, en particular en Argentina, Brasil y Colombia. El resultado ha sido que casi nunca. Aunque la mayoría de los países en América Latina tienen tasas sorprendentemente altas de violencia doméstica, las opciones para encontrar una vivienda alternativa y segura, para las mujeres que huyen de situaciones violencia, son casi inexistentes.

La mayoría de las mujeres que habían sufrido violencia nos dijeron que, en casos de emergencia como por ejemplo después de un episodio de violencia, no tenían otra alternativa que irse a vivir con un amigo o un familiar por un período de tiempo. Pero, cuando pasaba el tiempo, y ellas se encontraban incapaces de asegurar un lugar alternativo ‐ ni siquiera una solución de vivienda provisional ‐ estas mujeres no tienen otra opción que volver a ir a vivir con sus abusadores. Una mujer en Colombia que fue a vivir con sus padres después de ser golpeada por su compañero nos explico: “Cuando mi papa se quedo sin trabajo se agravó mi situación económica y viviendo en otra ciudad me tocaba recurrir a él, y a veces me manejaba con eso.” Incluso para aquellas mujeres que fueron capaces de acceder a unos de los pocos refugios disponibles para mujeres maltratadas, sus experiencias ponen de relieve que ‐ mientras que estos refugios de emergencia proporcionan un servicio fundamental a las mujeres ‐ estos refugios no son iguales a una solución de vivienda permanente para las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Reconociendo estos vacíos en las políticas, COHRE presenta y refleja las experiencias vividas por las mujeres maltratadas en Argentina, Brasil y Colombia. Sus historias y testimonios ilustran el hecho de que la violencia doméstica es una realidad muy compleja y dolorosa para muchas mujeres. No siempre es fácil para las mujeres dejar a sus maltratadores, por diversas razones ‐ pero estamos firmemente convencidos de que la falta de una vivienda alternativa no debería de ser una de esas razones. Las entrevistas con las mujeres víctimas de violencia en sus hogares muestran que no sólo es crítico que las mujeres tengan un lugar seguro para irse en casos de emergencia, pero que también es crítico reconocer más generalmente sus derechos a la vivienda.

Esto significa, por ejemplo, garantizar la exclusión de la casa de los maltratadores, y el derecho de la víctima a permanecer dentro de la casa familiar, aún cuando no sea la propietaria, al menos hasta que ella sea capaz de acceder a una vivienda alternativa.

También significa asegurar que las mujeres que viven en asentamientos informales tengan seguridad jurídica de la tenencia, y que la policía proteja eficazmente a las mujeres que viven en estas comunidades.

Por último, COHRE ha buscado a través de este trabajo presentar recomendaciones a las instituciones internacionales de derechos humanos y a los gobiernos, para que las autoridades competentes que actúan en los distintos niveles tengan en cuenta el derecho de las mujeres a una vivienda adecuada en el diseño de las políticas y programas destinados a combatir la violencia doméstica. Del mismo modo, creemos

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que también es fundamental para las políticas y programas de vivienda integrar, reflexionar y visibilizar las necesidades inmediatas y de largo plazo de las víctimas de violencia doméstica.

En términos de estructura, el estudio cuenta con dos partes principales: La primera parte de este informe está destinada a analizar el marco normativo a nivel internacional, regional y nacional de los países elegidos en materia de violencia contra las mujeres y la conexión con la problemática de vivienda. Está integrada por una parte central dedicada a presentar los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia y vivienda. En segundo lugar, se presentan los estándares de la región, la legislación y la jurisprudencia regional. En tercer lugar, se analiza la legislación y políticas públicas de los tres países elegidos en materia de violencia y vivienda. Previamente, se ofrece un panorama sobre la situación de las mujeres en la región. La recolección de datos para esta sección estuvo basada en documentos, informes y artículos producidos por organismos internacionales, regionales y nacionales. En especial, los datos y estadísticas utilizadas provienen de organismos internacionales y regionales. Se recurrió, asimismo, al análisis y la información producida por organismos y organizaciones expertas en la temática para analizar la legislación, programas y políticas. Finalmente, esta información fue complementada por las entrevistas con funcionarias y funcionarios en los países elegidos y la información producida por los organismos oficiales de cada país.

La segunda parte del informe da cuenta de la experiencia de las mujeres en los tres países elegidos. La metodología diseñada para relevar las experiencias de las mujeres se basó en el trabajo de campo realizado en las ciudades de Bogotá y Villavicencio en Colombia, en la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Moreno de la Provincia de Buenos Aires en Argentina, y en Porto Alegre en Brasil. El trabajo de campo incluyó 60 entrevistas con mujeres afectadas por la violencia doméstica, de carácter semi‐ estructurado, en los tres países y la realización de ‘focus groups’ con mujeres que sufrieron violencia. COHRE recurrió a organizaciones de mujeres y trabajadoras sociales que trabajan directamente con estas mujeres para llevar adelante el trabajo en profundidad y relevar las experiencias. Los siguientes temas fueron los relevados en las entrevistas: la relación entre vivienda y la violencia doméstica, el problema de la dependencia económica, el problema del acceso a la justicia y los operadores del derecho, las experiencias en los refugios y la situación de las mujeres en situaciones de desplazamiento.

Es importante destacar que se conversó con mujeres que han sufrido o sufren relaciones violentas pero que ya han recibido contención de alguna agrupación. Los relatos de las mujeres resaltarán así la importancia del empoderamiento y la solidaridad con otras mujeres y grupos. Por su parte, el estudio se limitó a conocer las experiencias de mujeres de estratos bajos (de muy bajo a bajos niveles de ingresos).

Aunque la violencia doméstica es un fenómeno que cruza a todas las clases sociales, y afecta a distintas mujeres, en esta oportunidad nos centramos en aquellas que acuden a servicios estatales por ayuda y para las cuales la vivienda constituye un bien de trascendental importancia. Por último, cabe destacar que también relevamos las

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experiencias de mujeres que viven en situaciones de hábitat informal. Aunque el estudio no está centrado en este eje ‐ y entendemos que esa relación deberá ser estudiada en profundidad ‐ daremos cuenta de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres que viven en condiciones informales.

Las siguientes son las recomendaciones de COHRE, los cuales se elaboran en más detalle en la quinta sección de este informe. COHRE recomienda: 1.

El desarrollo de las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada con perspectiva de género, especialmente por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, y los otros órganos internacionales de derechos humanos. En particular, estas normas deben desarrollar e ilustrar el vínculo entre el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a vivir libre de violencia en el hogar, y establecer protecciones concretas para las víctimas de la violencia doméstica en relación a la vivienda adecuada.

2.

Fortalecer a la legislación sobre violencia doméstica a nivel nacional, en particular, para que esta legislación garantice explícitamente el derecho a una vivienda adecuada a las víctimas de la violencia doméstica. Las leyes contra la violencia doméstica deben reconocer el derecho a una vivienda adecuada de las víctimas de la violencia doméstica. Estas políticas deberían garantizar a las mujeres que huyen de este abuso un lugar adecuado y seguro para vivir, con sus hijos si los tienen, y el mínimo de recursos financieros que les permita mantener un nivel de vida adecuado.

3.

Incluir análisis de información, datos y documentación sobre el acceso de las mujeres a una vivienda alternativa, segura y adecuada dentro de los estudios, encuestas y otras investigaciones sobre la violencia doméstica, llevado a cabo por los Estados u organismos internacionales y regionales.

4.

Fortalecer a la legislación sobre los derechos de vivienda a nivel nacional y garantizar que las víctimas de violencia doméstica tengan prioridad en los programas de vivienda.

5.

Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica, incluyendo las órdenes de protección.

6.

Establecer mecanismos y estrategias para aumentar la concienciación sobre el problema de la violencia en el hogar e informar a las mujeres sobre sus derechos, incluido su derecho a una vivienda adecuada.

7.

Desarrollar políticas y programas sobre temas de vivienda y violencia doméstica que son sensibles a las necesidades de mujeres vulnerables, como las mujeres que viven en barrios informales o las mujeres que sufren el desplazamiento, reconociendo que las mujeres no son un grupo homogéneo.

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1.

INTRODUCCIÓN

Cuestión (COHRE): “¿Que necesitaba para poder salir de la situación?”

Respuesta (Mujer): “…un lugar agradable, seguro y atractivo en el que me sintiera cómoda y que me motivara a quedarme y no volver a la vivienda del agresor.” ‐

Entrevista de COHRE con una mujer víctima de violencia doméstica de Bogotá, Colombia

Sabemos que una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres es la violencia en el interior de su familia, es decir la violencia intrafamiliar o violencia doméstica.1 Por esta razón, esta violencia puede ser vista como una crisis de derechos humanos. La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia dentro de la pareja.2 Tradicionalmente la violencia contra las mujeres en la relación de pareja se asocia al ámbito doméstico, tradicionalmente considerado privado, en tanto ámbito inaccesible para las leyes y el Estado. La violencia doméstica contra las mujeres ha sido interpretada como un instrumento de poder de carácter funcional respecto del sistema de género dominante, destinado a reforzar la autoridad masculina y a velar por el cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia y el hogar.

Para la iniciativa sobre el derecho a la vivienda y mujeres de COHRE, la necesidad de centrar nuestros esfuerzos en investigar esta temática en la región de América Latina surgió con claridad a partir del informe global realizado en 2008 sobre Mujeres, Urbanización y Asentamientos Informales: Examinando sus Causas y Consecuencias (‘Women, Slums and Urbanisation: Examining the Causes and Consequences’).3 Para ese informe, la iniciativa investigó la situación de las mujeres en los asentamientos informales de algunas de las ciudades más importantes del mundo. En el caso de Latinoamérica, las ciudades elegidas para el estudio fueron San Pablo en Brasil y Buenos Aires en Argentina, donde se relevaron las experiencias de las habitantes de los asentamientos informales. Durante la investigación, una de las problemáticas relatadas con mayor frecuencia por las mujeres de los asentamientos fue la de haber sufrido o la de estar sufriendo situaciones de violencia, en especial de violencia doméstica. Los testimonios hablaban de la dificultad de salir de situaciones de violencia por no tener, 1

Existe distintas forma de describir la violencia sufrida por las mujeres a manos de sus parejas o familiares ‐ ya sea esposos, compañeros o ex parejas como también por otros familiares en los espacios íntimos. Para este reporte utilizaremos el término violencia doméstica, en coincidencia con la utilización en documentos regionales como en los documentos de órganos internacionales. De todas formas conocemos las críticas y la expansión del término violencia intrafamiliar.

2 Informe del Secretario General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, UN Doc. A/61/122/Add.1 (2006). Para el caso de Argentina ver: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Informe sobre género y derechos humanos, (Buenos Aires: 2009).

3 Este informe esta disponible en: http://www.cohre.org/store/attachments/Urbanisation_Report.pdf 8

literalmente, a dónde ir. En estos casos, la situación se veía agravada por la situación de informalidad en la que habitaban estas mujeres lo que las dejaba casi sin protección legal para reclamar sus derechos a la propiedad y a la vivienda, además de dificultar el acceso a los operadores de justicia encargados de defenderlas. A partir de esa investigación y del desarrollo de esta temática por parte de organismos especializados de Naciones Unidas, es que entendimos que nuestra iniciativa de COHRE ‐ como especialista en temas de mujeres y vivienda ‐ debía enfocar sus esfuerzos en la región en profundizar lo realizado en torno a este problema.

El presente informe nació de esta necesidad de dar cuenta de esta intuición compartida, tanto por quienes trabajamos con temas de vivienda y mujeres como por quienes trabajan sobre la temática de la violencia contra las mujeres.4 La intuición se centra en la inmediata relación entre las condiciones de habitabilidad, el acceso a la vivienda y la violencia contra las mujeres. La hipótesis ‐ que pretende verificar la relación entre vivienda y violencia contra las mujeres ‐ puede formularse en dos ejes.

El primero, nos interpela acerca de la relación entre las condiciones inadecuadas de hábitat y sus efectos sobre las relaciones intrafamiliares. En forma de pregunta aparece de la siguiente manera: ¿son las condiciones inadecuadas de hábitat factores agravantes en situaciones de violencia doméstica? El segundo, se centra en la importancia de la vivienda como herramienta para superar situaciones de violencia, es decir: ¿la falta de vivienda alternativa o lugar para vivir es un factor crucial para salir de las relaciones violentas? Estas preguntas fundamentaron la realización de este informe y son las que intentarán ser respondidas a lo largo de las siguientes páginas.

La realización de un informe de esta naturaleza, dedicado a una temática de gran complejidad, susceptible de ser analizado desde distintas aristas, miradas y enfoques requería de una precisión en sus objetivos que hiciera viable la tarea emprendida.

Al enfrentar la realización del presente informe nos encontramos con una primera realidad: en las últimas décadas la problemática de la violencia contra las mujeres, por su gravedad, ha recibido muchísima atención por parte de la comunidad internacional.

El tema ha sido tratado, analizado y teorizado por expertos y expertas, académicos y académicas, organismos internacionales, regionales y nacionales, organizaciones de mujeres y demás. Con el fin de no trastabillar con este espectro tan amplio es que desde un principio surgió la necesidad de enfocar claramente los objetivos de nuestro trabajo a partir de nuestra experiencia como organización especializada en el derecho a la vivienda. En consecuencia el trabajo no tiene entre sus objetivos centrarse en los desarrollos en materia de violencia contra las mujeres sino más bien centrarse en la relación entre violencia y vivienda específicamente. Es el cruce de estas dos variables lo que constituirá el objeto de este reporte.

Así este informe tiene una triple finalidad: en primer lugar, realizar un diagnóstico sobre el tratamiento, realizado a niveles internacional y regional y en la legislación de tres países de la región, del elemento vivienda en las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, en particular de la violencia doméstica. En segundo lugar, analizar con base en el trabajo de campo realizado por COHRE en Argentina, Brasil y 4

Ver: Westendrop, Ingrid. Women and Housing: Gender Makes a Difference,’ (Amsterdam: School of Human Rights Research, 2007).

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Colombia, las experiencias de las mujeres y la importancia que ellas le asignan a la vivienda en su lucha contra la violencia doméstica. Por último, y a partir de un análisis de lo relevado, producir una conclusión y ofrecer recomendaciones para que los gobiernos de la región incorporen este factor en el diseño de sus políticas de lucha contra la violencia y de vivienda. El informe también tiene por objetivo ser una herramienta valiosa tanto para las organizaciones de mujeres como para quienes se dedican a la promoción del derecho a la vivienda.

Por último, debemos aclarar que la elección de estos tres países está relacionada, por un lado, con la trayectoria de COHRE en la región. Argentina, Brasil y Colombia son países foco y es en ellos en donde concentramos buena parte de nuestras actividades como iniciativa. Resultó lógico aprovechar nuestra experiencia y fortalecer a nuestro trabajo en esos países. A su vez el reporte pretende, con sus limitaciones, dar cuenta de una situación regional y entendimos que las diferencias de los países en torno a los avances realizados en la temática de violencia contra las mujeres constituye una buena forma de brindar una visión regional. Así, Brasil ‐ a través del caso María Da Penha ‐ sirvió como ejemplo de un país con claros avances; en Colombia descubrimos discusiones importantes sobre cómo arbolar la temática y a la vez permitió analizar la situación de mujeres especialmente vulnerables, como las mujeres en condición de desplazamiento; y, por su parte, Argentina, permitió pensar los desafíos pendientes.

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2.

COMPRENDIENDO EL ALCANCE DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN AMÉRICA LATINA: DEFINICIONES Y CIFRAS

“Hace años que padezco la violencia por parte de mi pareja, insultos, maltratos, golpes y estallidos. Hace años que lucho contra esta situación, hoy en día casi no nos hablamos, apenas nos dirigimos la palabra. Yo vivo encerrada en mi cuarto y el en el suyo pero no podemos separarnos ….”

-

Una mujer victima de la violencia doméstica de Bogotá, Colombia

Los expertos coinciden en que la violencia doméstica es uno de los principales problemas en la región de América Latina y que, lejos de disminuir, va en ascenso.

Entre el 30 y el 60 por ciento de las mujeres en la región, dependiendo del país, han sufrido violencia doméstica. Un Estudio Multipaís de la Organización Mundial de la Salud sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer señala que: “En la mayoría de los entornos examinados, más del 75% de las mujeres que habían sido víctimas de violencia física o sexual desde los 15 años informó haber sufrido maltrato a manos de su pareja.5 En todos los países, las mujeres son las principales víctimas de violencia al interior de la familia y esta se manifiesta de múltiples formas, que pueden superponerse o alternarse entre las siguientes: Violencia física (el uso de la fuerza física o la coerción, como ejemplos: empujones, cachetadas, puñetazos, quemaduras, golpes, cortes, agresión con armas, etc.); Violencia sexual (el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros compartimientos sexuales indeseados); Violencia psicológica (la degradación intensa y continúa, a través de la manipulación y la intimidación, para controlar los comportamientos o las acciones de otra persona, resultando en el desmoronamiento de la identidad y del auto‐respecto); Violencia económica6 (una serie de mecanismos de control y vigilancia en relación con el uso del dinero, junto con amenazas de no

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El estudio tiene como objetivos los siguientes: estimar la prevalencia de la violencia contra la mujer, y especialmente la violencia física, sexual y psíquica infligida por su pareja; evaluar la vinculación existente entre la violencia infligida por la pareja y una serie de síntomas y eventos relacionados con la salud; definir los factores que pueden proteger a la mujer o exponerla a una situación de riesgo de violencia por parte de su pareja; documentar y comparar las estrategias y los servicios que utilizan las mujeres para afrontar la violencia infligida por su pareja. El estudio fue realizado en distintos piases del mundo, de la región fueron examinados Brasil y Perú. Organización Mundial de la Salud (OMS), Estudio Multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, (Ginebra: OMS, 2005).

6 Esta forma de violencia está incluida en la legislación de Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Argentina, entre otros países.

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proveer recursos económicos).7 El control y el acceso a la vivienda puede ser una de las formas de manifestación de la violencia económica.8 De acuerdo a datos de La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el 21,5% de la mujeres en Bolivia, el 19,1% en Colombia, el 13,7% de Perú y 29% en Méjico de entre los 15 y 49 años, han sufrido violencia económica por parte de sus parejas.9 La medición de este tipo de violencia es esencial tanto para dimensionar el fenómeno de la violencia doméstica como para medir la pobreza de las mujeres. De acuerdo a la CEPAL: “en la medición de la pobreza se debe tener particularmente en cuenta la violencia económica, es decir cuando se niega a la mujer el acceso o control de los recursos, se le impide ejercer el derecho a trabajar remuneradamente, situaciones que reducen o anulan la capacidad femenina de tomar decisiones, lo cual se vincula directamente con el supuesto de hogares armónicos y sin conflictos en que se sustenta el método de medición de la pobreza, por lo que la violencia se mantiene invisible.”10 Numerosa bibliografía11 da cuenta de las dificultades que existen a la hora de medir o registrar las cifras de mujeres que sufren de violencia, en particular de violencia doméstica. Buena parte de los datos sobre violencia doméstica provienen de los registros – más o menos unificados dependiendo el país – de los operadores de salud, bienestar social, justicia y seguridad encargados de asistir a las víctimas. El análisis y el procesamiento de estos datos es fundamental para conocer la gravedad del problema y diseñar políticas públicas de lucha contra la violencia. Por ello no debe perderse de vista que esas cifras ofrecen un panorama parcial, ya que quedan por fuera todos los casos de mujeres que por diversas causas no han recurrido a ningún servicio de asistencia.12 Por este motivo es importante que los países avancen en la 7

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, Octubre de 2007, p. 29.

8 Villaverde, Maria Silvia, ‘La violencia doméstica es una violación de los Derechos Humanos, Régimen jurídico de la violencia familiar en la Provincia de Buenos Aires, Decreto reglamentario 2875/05 de la ley 12.569. Anexos I–A y B,’ Revista LexisNexis Buenos Aires, Sección Investigaciones, N° 5/2006, pp. 491‐540.

9 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) y the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Eliminating gender‐based violence, ensuring equality ‐ ECLAC/UNIFEM regional assessment of actions to end violence against women in the Caribbean, No. LC/CAR/G.764, December 2003.

10 ECLAC y UNIFEM, Op. cit.

11 Ver por ejemplo: CEPAL, Op. cit, p. 26.

12 Respecto de este punto vale la pena recordar que la Recomendación General número 12 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, insta a los Estados para que: “se incluya en los informes periódicos al Comité los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones y malos tratos, y datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer.” Por su parte, la Recomendación General número 19 del Comité hace referencia a la necesidad de que los Estados implementen sistemas de información para conocer la situación de las mujeres en los siguientes términos: “Los Estados Partes deben alentar la recopilación de estadísticas e investigación de causas y efectos de la violencia, así como la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.” Consagra también para los Estados el deber de “informar sobre todas la formas de violencia contra la mujer incluyendo datos acerca de la frecuencia de cada una y de los efectos en las mujeres víctimas.”

Igualmente, la Convención Belém Do Pará establece que se debe: “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, 12

instrumentación de métodos complementarios, como el de las entrevistas cualitativas u otros, que puedan ser útiles para recabar información completa sobre un problemática de difícil visibilización.

Debido al tema de nuestro estudio, nos centramos en aquellos datos que revelan la interdependencia entre violencia y dependencia económica. Es necesario tener en cuenta que, a raíz de que los distintos países utilizan diferentes metodologías, no es posible realizar conclusiones comparativas aunque sí se puede apreciar los distintos niveles de avances en la producción de datos de Argentina, Brasil y Colombia.

En Colombia, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,13 las mujeres son las más afectadas por la violencia doméstica y el rango de edad en el se que registran mayores casos es en el de los 25 a los 29 años. En el 43% de los casos las agresiones dejaron en la víctima politraumatismos. Algunos datos resultan también ilustrativos de la vinculación entre hogar y violencia: el 44,8% de las víctimas se encontraba realizando alguna actividad en el hogar al momento de sufrir las agresiones. Por otra parte, los domingos es el día en el que se registra la mayor cantidad de abusos y por la noche el horario en el que se denuncia la mayor cantidad de hechos, datos que constituyen claros indicios sobre la vinculación entre la permanencia en el hogar y el número de agresiones. El dato más contundente proviene de la distribución espacial de los hechos: la vivienda es el escenario más común para todas las formas de violencia intrafamiliar. En los casos de maltrato de la pareja representó el 76,7% sobre el total de los escenarios, lo cual demuestra un vínculo inseparable entre vivienda y violencia.

Por su parte, La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Profamilia (ENDS) en 2005 halló, en materia de violencia física conyugal, que el 39% de las mujeres alguna vez casadas o unidas reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o compañero. Este resultado representa una disminución de solamente dos puntos porcentuales cuando se lo compara con los resultados obtenidos en la ENDS en 2000.

El 85,4% de las mujeres violentadas tuvo alguna lesión como consecuencia de la agresión. La encuesta también muestra que el 16% de las mujeres denuncian que sus esposos o compañeros las amenazan con quitarles el apoyo económico y en el 19% de los casos controlan como gastan el dinero.

Por último, sorprende que el 76% de las mujeres maltratadas físicamente no haya acudido a ninguna parte a fin de denunciar la agresión de la que fue objeto. Los sitios a donde más frecuentemente acuden las mujeres que sí denuncian son: inspecciones de policía (9%), comisarías de familia (8%), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (4%), fiscalías (5%) y juzgados (2%).14

sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.”

13 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Violencia Intrafamiliar, Colombia 2007 (Bogota: 2007).

14 Encuesta Nacional de Demografía y Salud Profamilia (ENDS), Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (Bogota: 2005), pp. 313‐335.

13

En Brasil, una de cada cuatro mujeres en ese país había sido víctima de violencia doméstica.15 Desde 2001, ya se estimaba que cada 15 segundos una mujer era golpeada por su marido, compañero, enamorado y/o ex pareja; cada 15 segundos, también, una brasileña era impedida de salir de su casa, mientras otra era forzada a tener relaciones sexuales contra de su voluntad. Estadísticas disponibles en la actualidad y registros en las jefaturas policiales especializadas en crímenes contra la mujer apuntan que un 70% de las agresiones ocurren dentro de la casa y el agresor es el propio marido o compañero; más de 40% de los actos de violencia resultan en lesiones corporales graves como consecuencia de puñetazos, golpes, patadas, quemaduras, golpizas y estrangulamiento. Cerca del 70% de las mujeres brasileñas asesinadas son víctimas en el entorno de sus relaciones domésticas. De acuerdo a la investigación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, 66,3% de los acusados de homicidio contra las mujeres son pareja de éstas, consolidando la incuestionable dimensión de complejidad, gravedad y profundidad de un fenómeno que requiere de mayor conocimiento y de ser enfrentado en toda su magnitud.

Por su parte, del total de las 2002 mujeres consultada para la Encuesta IBOPE/AVON ‐ “Percepções e Reações da Sociedades sobre a Violência contra a Mulher” del año 2009 ‐ el 56% de las mujeres indican que la violencia doméstica es unos de los problemas que más preocupa a las mujeres.16 A pesar del incremento del conocimiento de la Ley María da Penha y de que el 44% acredita que la ley ya está teniendo efecto, la mayoría descree sobre la eficacia de la protección policial y judicial para las víctimas de violencia doméstica. Asimismo, uno de los datos más preocupantes es que el 17% de las mujeres señalan que no abandonan a sus agresores por miedo a morir si rompen la relación, mientras que un 24% no lo hacen por la falta de condiciones económicas para vivir sin el agresor, constituyendo esta la causa más importante. Detrás figuran la responsabilidad en la crianza de los niños, la falta de autoestima, la vergüenza por admitir que se es agredida y la separación, entre otras. Este dato muestra de forma incontrastable que, cuando se consulta, la interdependencia entre pobreza y el círculo de violencia aparece como un claro problema para las mujeres.

Por último, analizar la situación de Argentina no es tarea fácil ya que existe un déficit en la producción de datos e información por parte de los distintos organismos encargados de lidiar con la problemática de la violencia doméstica.17 Una buena noticia constituye la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de crear la Oficina de Violencia Doméstica,18 bajo su órbita. Desde septiembre de 2008 la Oficina ha comenzado la recolección y procesamiento de datos relativos a procesos de violencia doméstica llevados adelante por los juzgados nacionales de Capital Federal. Las 15

Contrainforme de la Sociedad Civil al VI Informe Nacional Brasileño a la CEDAW. Período 2001‐ 2005, Brasil y el cumplimiento de la CEDAW, (Brasilia: Julio 2007).

16 Pesquisa IBOPE/Instituto AVON, Percepções e Reações da Sociedades sobre a Violência contra a Mulher, 2009.

17 De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional “la realidad es que no existen datos exhaustivos sobre la magnitud y las características de la violencia contra las mujeres.” Amnistía Internacional, Muy tarde, muy poco, Mujeres desprotegidas ante la violencia de género en Argentina; prioridades de acción para el Estado Argentino, (Buenos Aires: Amnistía Internacional, 2008).

18 Los objetivos de la Oficina se encuentran descriptos en la Acordada 33/2004 de la Corte Suprema de la Nación Argentina, de fecha 22 de septiembre de 2004.

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primeras cifras arrojadas por la Oficina de Violencia Doméstica19 indican que del total de las 7300 personas afectadas, el 82% son mujeres. El 41% de las consultas se realizaron durante días del fin de semana o feriados el resto durante la semana. El 40% de las mujeres afectadas pertenecen a estratos bajos mientras que el 32% son de estrato medio y el 19% medio bajo. En el 24% de los casos se señalaba como una característica especial el ser inmigrante. Mientras que la violencia entre parejas fue la más denunciada, así el 26% de los casos se trataba de relación entre cónyuges, otros 26% entre concubinos y un alarmante 31% de los casos señalaban a sus ex parejas como los abusadores. En relación al tipo de violencia, en el 90% de los casos se registro violencia psicológica, en el 70% de los casos violencia física y un 30% de los casos indicaron violencia económica y un 14% violencia sexual. La cifra de violencia económica es reveladora de la dependencia económica que padecen las mujeres.20 Por su parte, un Informe de Amnistía Internacional21 señala que en los primeros diez meses de 2008, en la Argentina se produjo la muerte de al menos 110 mujeres a manos de un miembro de su propia familia, de una pareja o de una ex pareja. Según cifras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la línea telefónica de ayuda para la violencia familiar recibió, tan sólo en la Capital Federal, 5665 llamadas en los primeros seis meses y en los juzgados de familia se recibieron 5152 denuncias de violencia familiar.22 En la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un Informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en el 2006, en las comisarías de la mujer y la familia, se recibieron 26.631 denuncias de violencia intrafamiliar y en el 83% de los casos las víctimas eran mujeres.23 El Consejo Nacional de la Mujer, órgano de aplicación de los programas de lucha contra la violencia doméstica, lleva adelante un Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar Contra la Mujer.24 En el marco de ese programa se produce el ‘Boletín Informativo: Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar Contra la Mujer (SIMVFCM).’ Los últimos datos de avance son de 2007 y aunque sólo releva datos de cuatro localidades, es un de los pocos registros de datos existentes a nivel nacional. De acuerdo al Boletín, de la totalidad de los casos (3771 registrados) surge que la mayoría de las mujeres había sufrido violencia por más de 20 años, con 19

Datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2008 hasta septiembre de 2009.

20 En este punto, quisiéramos hacer mención al esfuerzo de la Oficina de Violencia Doméstica en relevar la situación de vivienda de las mujeres que llegan a la dependencia. La Oficina ha comenzado a considerar esta variable entre los datos que releva. Una vez en imprenta está publicación la Oficina nos dio la importante noticia de que estaban los primeros resultados a partir de la inclusión de esta variable.

Lamentablemente, no pudimos acompañarlos en esta publicación pero si queríamos mencionar el importante esfuerzo de la Oficina.

21 Amnistía Internacional, Op. cit.

22 ELA, Op. cit, p. 310.

23 Ibidem, p. 314.

24 Los datos presentados provienen de Servicios integrantes de la red de usuarios del Instrumento de Registros de Casos de Violencia Familiar contra la Mujer que coordina el Consejo Nacional de la Mujer (total de casos informados: 3171). El Informe recopila datos de las mujeres que buscaron asistencia en los Servicios de Asistencia de Tigre, Provincia de Buenos Aires; Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut; Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Santiago del Estero y un centro de Lanús.

15

excepción de la provincia de Santiago del Estero, en donde el mayor porcentaje consultaba al servicio de asistencia dentro del año de estar expuesta a situaciones de violencia y donde también el 80% de las consultantes habían realizado la denuncia judicial. Asimismo, el Informe revela que el 51% de la mujeres en el distrito de Tigre, el 69% en Santiago del Estero, el 39,9% en la ciudad de Comodoro Rivadavia y el 59% en el partido de San Isidro habían sufrido violencia económica desnudando claramente el padecimiento de este tipo de violencia en la vida de las mujeres.

Lamentablemente, al momento de la realización de este informe no se habían generado datos o estadísticas que permitieran demostrar la relación entre vivienda y violencia. Un Informe producido por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género donde entrevistaron a mujeres víctimas de violencia refleja que un 8% de las entrevistadas (866 en total) había recibido asistencia a través de la provisión de alojamiento o refugios.25 Es recomendable que esta variable sea tenida en cuenta en las futuras recolecciones de datos, entendiendo que una recolección completa, veraz y sistemática de la información es una obligación fundamental a la que tiene que dar cumplimiento el Estado Argentino.

25

ELA, Op. cit, p. 327.

16

3.

EL DERECHO A LA VIVIENDA DE LAS MUJERES Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: UNA CONEXIÓN IMPRESCINDIBLE 3.1

LAS NORMAS INTERNACIONALES

“La violencia contra la mujer afecta directamente a las viviendas de las sobrevivientes. En muchos casos, las sobrevivientes de violencia han permanecido en situaciones en las que son vulnerables a agresiones debido a incapacidad para encontrar alojamiento adecuado. Las sobrevivientes de violencia que se encuentran en régimen de alquiler sufren a menudo desalojos de su vivienda y discriminación en las solicitudes de alojamiento.” ‐ Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División para el Adelanto de la Mujer Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer (2009)

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),26 adoptada en 1979 por las Naciones Unidas, fue el resultado de un lento pero progresivo reconocimiento de los derechos de las mujeres en el sistema de Naciones Unidas. El Tratado no contenía una referencia explícita acerca de la violencia hacia la mujer, situación que se modificó con la Recomendación General número 12 del Comité CEDAW adoptada en 1989, donde se interpretó varios de los artículos de la Convención como protectivos contra la violencia de género. Este logro tuvo sus orígenes en la Campaña Global27 sostenida por el movimiento de mujeres durante la década del 80, que dio sus frutos en la Conferencia de Viena de 1993 en la cual se reconoció que las violaciones a los derechos de las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, resultó en la adopción ese año de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (DEVAW). La DEVAW enfatiza que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales y en donde los derechos de las mismas se reconocen como parte de los derechos humanos universales, inalienables e indivisibles.

Esto también había sido establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que a través de la Recomendación número 19 ratificó la relación entre discriminación y violencia, al decir que “en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en sexo, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos

26

Argentina, Brasil y Colombia han ratificado a la Convención.

Para mayores detalles sobre la evolución de este concepto ver el informe: The United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, 15 Years of the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences (1994‐2009), A Critical Review, (Geneva: 2009).

27

17

que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad.”28 El caso de la Sra. A.T. c. Hungría (2003), frente una situación brutal de la violencia doméstica, es particularmente ilustrativo sobre la cuestión del derecho a la vivienda en el contexto de la violencia doméstica. En este caso, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consideró que medidas inmediatas y eficaces eran necesarias para garantizar la integridad física y mental de la víctima y su familia, así como para garantizar un hogar seguro, sostén de sus hijos, y asistencia legal. El Comité también consideró que un sistema de emergencia de vivienda adecuada debe ser puesto en marcha para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de la violencia doméstica.29 El Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, lo cual que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes,30 también ha señalado la importancia del derecho a la vivienda para las mujeres victimas de violencia doméstica. En su observación general número 16, el Comité reconoció que: El género afecta al derecho igual del hombre y la mujer a disfrutar de sus derechos. El género alude a las expectativas y presupuestos culturales en torno al comportamiento, las actitudes, las cualidades personales y las capacidades físicas e intelectuales del hombre y la mujer sobre la base exclusiva de su identidad como tales. Las hipótesis y las expectativas basadas en el género suelen situar a la mujer en situación desfavorable con respecto al disfrute sustantivo de derechos, como el de actuar y ser reconocida como un adulto autónomo y con plena capacidad, participar plenamente en el desarrollo económico, social y político y tomar decisiones sobre sus circunstancias y condiciones propias. Las ideas preconcebidas sobre el papel económico, social y cultural en función del género impiden que el hombre y la mujer compartan responsabilidades en todas las esferas en que lo exige la igualdad.31 Sobre el derecho a la vivienda, el Comité hizo una conexión crítica entre la capacidad de las mujeres a buscar protección contra la violencia doméstica, y el disfrute de su derecho a la vivienda. En este sentido, el Comité consideró que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “… obliga a los Estados Partes, en particular, a proporcionar a las víctimas de violencia en el hogar, que son principalmente mujeres, el acceso a un alojamiento seguro.”

28

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General número 19 sobre ‘Violencia contra la mujer,’ 11° período de sesiones, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994).

29 Sra. A.T. c. Hungría, CEDAW Comunicación No. 2/2003, UN Doc. CEDAW/C/32/D/2/2003 (26 enero 2005).

30 Argentina, Brasil y Colombia han ratificado al Pacto.

31 El Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, ‘observación general número 16, artículo 3: La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales,’ UN Doc. E/C.12/2005/4 (2005).

18

A mediados de los 90, en concordancia con el desarrollo del derecho a la vivienda realizado por parte de los órganos de las Naciones Unidas, se comenzó a dar tratamiento a la problemática de las mujeres y la vivienda, destacando así la necesidad de incorporar perspectiva de género en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Por ese motivo, la Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (anteriormente el principal órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos) a partir del año 2000 adoptó una serie de resoluciones en las que se reconoce que las mujeres sufren discriminación en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y problemas en el acceso a una vivienda adecuada. Aquí la Subcomisión expreso su profunda preocupación “por el hecho de que unas condiciones de vida y de vivienda inadecuadas e inseguras contribuyen a la violencia contra las mujeres, están entre sus causas y son a menudo su consecuencia, y porque la falta de seguridad de tenencia de las mujeres, que es consecuencia de la violencia en el hogar así como de prejuicios por motivos de sexo en las leyes, costumbres y tradiciones, que niegan a las mujeres la posibilidad de alquilar, poseer o heredar tierras y propiedades, expone a las mujeres al peligro de quedar sin hogar y sin tierras.”32 Se exhorta, además, a los gobiernos a proporcionar a las mujeres información y educación sobre recursos jurídicos y derechos humanos en torno a la vivienda y a la violencia doméstica como también a promulgar y hacer cumplir leyes y medidas que protejan a las mujeres contra la violencia.

El creciente tratamiento en el sistema internacional de la violencia contra las mujeres condujo a la elaboración de documentos, trabajos y reportes sobre las causas, consecuencias y sobre las distintas formas que adopta esta violencia. La violencia contra la mujer procede de numerosas causas y se manifiesta en una serie continua de formas múltiples, muchas veces interrelacionadas y recurrentes. La Relatora Especial anterior sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Radhika Coomaraswamy, señaló que la política de vivienda está directamente relacionada a situaciones de violencia.33 Ella explico: “La vivienda también es una cuestión que atañe a la mujer. Las mujeres que dependen económicamente de su pareja o sus familiares suelen enfrentarse al dilema de resignarse a los abusos o quedarse sin hogar. Hasta un 30% de mujeres se ven obligadas a regresar al hogar del que huyeron por culpa de la violencia doméstica porque no hay instalaciones donde acogerlas.” 34 Así, las mujeres que son financieramente dependientes enfrentan el dilema de vivir una vida de abuso o quedarse sin vivienda. Si la violencia doméstica se presenta como un fenómeno tan extendido, es en parte debido a que las mujeres dependen de sus parejas para tener 32

La Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ‘La mujer y el derecho a una vivienda adecuada y a la tierra y la propiedad,’ resolución de la Subcomisión 1997/19, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1997/19.

33 Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos,’Adición: La política económica y social y sus efectos sobre la violencia contra la mujer,’ UN Doc. E/CN.4/2000/68/Add.5. Este informe es un documento importante producido por la Relatoría en torno a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y su relación con la violencia hacia las mujeres. Algunos especialistas consideran que la Relatoría ha concentrado su trabajo en las violaciones a los derechos políticos y que sería deseable un mayor énfasis en el desarrollo de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

34 Ibidem, párrafo 69.

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un lugar donde vivir y por esta razón soportan abusos durante tiempos indefinidos, en especial cuando tienen hijos e hijas. Lo mismo fue señalado por la Relatora en sus misiones en diferentes países al tratar el problema de la violencia doméstica.35 En 2009, el informe de la próxima Relatora Especial, Yakin Ertürk, sobre ‘Economía política de los derechos de la mujer,’ señaló que: Pese a que conforme al artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los Estados deben garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales por la mujer, los gobiernos rara vez han integrado los factores socioeconómicos en sus respuestas legislativas y normativas a la violencia contra la mujer. ‘Cuando se consideran las cuestiones relativas a los derechos humanos de la mujer, generalmente se piensa en la violencia contra la mujer y no en la pobreza, la vivienda, el desempleo, la educación, el agua, la seguridad alimentaria, el comercio y otras cuestiones económicas y sociales conexas.’ En consecuencia, la separación de la violencia contra la mujer, dentro del movimiento en pro de los derechos humanos, de la lucha más amplia por la igualdad social y económica ha hecho que se le considere el único problema que enfrenta la mujer.36 La Relatora Ertürk destacó que en ningún lugar del mundo las mujeres gozan de igualdad en materia de derechos sociales y económicos, ni de igual acceso a los recursos productivos y enfatizó la importancia que en la lucha contra la violencia de la mujer es necesario comprender que la dominación patriarcal no solo se expresa a través de la coerción sino también a través de las estructuras de producción y reproducción que gobiernan la distribución y la utilización de recursos, beneficios, privilegios y autoridad dentro del hogar y la sociedad en su conjunto.37 De forma tal que la violencia contra las mujeres no podrá eliminarse mientras la desigualdad estructural permanezca inalterada en la sociedad.38 Sobre la relación con el derecho a la vivienda adecuada, la Relatora estableció: “El derecho a una vivienda adecuada está inherentemente relacionado con el derecho a la propiedad, a la tenencia de la tierra y a la herencia. (…) La propiedad es un activo para el sustento de la vida que puede generar ingresos, además de seguridad. La tenencia de la tierra brinda a las mujeres tanto derechos económicos como oportunidades para evitar situaciones de vulnerabilidad y a la vez realza su poder de negociación en la familia y en la sociedad en general.”39 Al analizar la problemática del estatus legal de la mujer se alertó sobre cómo el lugar económico y social que ocupa puede afectar la capacidad o estatus legal de la misma, 35

Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, Addendum: Report on the mission of the Special Rapporteur to Brazil on the issue of domestic violence (15‐26 July 1996), UN Doc. E/CN.4/1997/47/Add.2, párrafo 2.

36 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Economía política de los derechos de la mujer, UN Doc. A/HRC/11/6/Add.1, del 11 de mayo de 2009, párrafo 23.

37 Ibidem, párrafo 48.

38 Ibidem.

39 Ibidem.

20

aún cuando gocen de igualdad formal. Con respecto a la vivienda, factores como la histórica desigualdad en la distribución de la propiedad, la falta de acceso al crédito y las diferencias de ingreso dificultan las posibilidades de las mujeres de acceder al sector de la vivienda formal, perpetuando su condición de inferioridad y dejándolas expuestas a condiciones de hábitat en los sectores informales, además de dificultar las posibilidades de vivir separadas de sus parejas.

El Secretario General de las Naciones Unidades, a través de su informe estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer,40 manifestó que la categorización de la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos tiene consecuencias importantes. El reconocimiento de la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos impone sobre los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de incumplimiento. Es deber de los Estados tomar medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. De tal modo, la exigencia de que los Estados tomen todas las medidas adecuadas para responder a la violencia contra la mujer deja de ser una facultad discrecional y se convierte en una obligación exigible.41 El Secretario General también mencionaba el problema de la vivienda en las situaciones de violencia. Así señalaba: Los Estados tienen el deber general de promover la igualdad de hecho entre las mujeres y los hombres y elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas para proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres. Ello es particularmente importante en los lugares en que las mujeres pueden correr un mayor riesgo de violencia debido a los obstáculos que les impiden gozar de derechos tales como los derechos a la vivienda, la educación o el empleo. La obligación de los Estados no se limita a reaccionar ante los actos de violencia contra la mujer, sino que también comprende el descubrimiento de las pautas de desigualdad que pueden desembocar en actos de violencia y la adopción de medidas para corregirlas.42 Además llamaba la atención sobre la necesidad de incorporar una perspectiva sensible a la problemática de la violencia contra las mujeres en otros aspectos del derecho, entre ellos el del derecho a la vivienda, y se incluía entre las recomendaciones a los Estados que “aseguren los derechos de la mujer a la herencia, la propiedad, la vivienda y la seguridad social, en el ámbito de los derechos económicos y sociales.”43 Por su parte, el anterior Relator de las Naciones el derecho a la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, describe la estrecha vinculación entre el derecho a la vivienda y la violencia contra la mujeres en los siguientes términos: “La violencia contra las mujeres y el derecho a una vivienda adecuada se encuentran conectados, en el sentido de que la violación de uno puede ser la causa o factor contribuyente para la violación del otro. La violación del 40 41 42 43

Informe del Secretario General, Op. cit.

Ibidem, p. 39.

Ibidem, p. 87.

Ibidem.

21

derecho a una vivienda adecuada puede tener efectos e impactos similares, en términos de depravación, desventajas y discriminación hacia las mujeres.”44 El Relator sobre el derecho a la vivienda adecuada también se ocupo de la relación entre el derecho a la vivienda y la violencia doméstica en los diversos Informes sobre las mujeres y la vivienda adecuada.45 A su vez se le encomendó al Relator de la vivienda a realizar un informe sobre las mujeres y la vivienda adecuada. El primer Informe fue suscripto en el año 2003 y un segundo en 2005. El Relator encontró que: “…es necesario prestar especial atención a algunos grupos o categorías de mujeres que son más vulnerables que los otros, que corren un mayor riesgo de perder sus hogares o de padecer las consecuencias de unas condiciones inadecuadas de vida y de vivienda, entre ellas las víctimas de la violencia doméstica. En la mayoría de los países, desarrollados o en desarrollo, la violencia doméstica es una causa fundamental de que algunas mujeres se vean privadas de una vivienda y supone una amenaza real para la seguridad física de las mujeres y para la seguridad jurídica de la tenencia. Muchas mujeres aceptan permanecer en situaciones violentas porque se enfrentan a una vida sin un hogar si se oponen a la violencia doméstica” (énfasis nuestra).46 El Relator mostró especial preocupación por la vinculación entre vivienda adecuada y violencia y enfatizó la importancia de trabajar en ello en colaboración con otros organismos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y los otros relatores especiales. En concordancia, y con el fin de recabar información para el informe de 2005, en el año 2003 se llevaron adelante unas consultas regionales sobre el vinculo entre violencia hacia las mujeres y el acceso a una vivienda adecuada.47 Las consultas tenían entre sus objetivos poder analizar el vínculo entre violencia y vivienda a fin de desarrollar los contenidos normativos del derecho a una vivienda adecuada. La consulta en Asia estuvo centrada en cinco cuestiones fundamentales que afectan la vida de las mujeres y una de ellas fue la violencia doméstica.

44

UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, Miloon Kothari, Proceedings of the Asia Regional Consultation on the interlinkages between violence against women and women`s right to adequate housing, (New Delhi: October 2003), p. 12 (la traducción es nuestra).

45 Estudio realizado por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación, Sr. Miloon Kothari, presentado de conformidad con la resolución 2002/49 de la Comisión, UN Doc. E/CN.4/2003/55, 3 de marzo 2003.

46 Ibidem, párrafos 26 y 27.

47 UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, Op. cit. Así aparece expresado en la consulta: Using the concept of violence against women, as an inroads to understanding the ways in which women experience violations of their right to adequate housing, was incredibly powerful as a lens for understanding the contexts within which women’s rights are violated. What was most apparent was the predominant use of violence against women, as a tool of patriarchal systems and structures, which prevented women from claiming their right to housing and perpetuated a culture of silence over women. Many women continue to live in a culture of fear and insecurity, perpetuated by the use of violence and the impunity of State and non‐State actors for these actions. What was also recognised was the critical impact that inadequate housing can have in terms of being a contributing factor to making women more vulnerable to gender‐based violence.

22

Las conclusiones más desatacas de esta consulta del Relator fueron las siguientes:48 ‐ La violencia contra las mujeres y el derecho a la vivienda están conectados en el sentido de que la violación de uno puede ser la causa o bien ser un factor que contribuya a la violación del otro. La violación del derecho a la vivienda adecuada para las mujeres o los actos de violencia puede tener similares efectos e impacto en ellas, causándoles depravación, desventaja y discriminación. La violación del derecho a la vivienda puede ser a su vez un acto de violencia y viceversa. La naturaleza de la violencia sufrida por las mujeres, en especial cuando su derecho a la vivienda se encuentra violado, refuerza la noción sobre la urgencia de que las interconexiones entre ambos sean combatidas. ‐ La causa principal de que las mujeres sufran violaciones al derecho a la vivienda adecuada y actos de violencia es el estatus inferior o el rol subordinado que les es atribuido. Por ello es importante enfocarse en la desigualdad estructural que las afecta. El marco proporcionado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a través del desarrollo del concepto de igualdad sustantiva y la discriminación de género puede ayudar a reconocer y enfrentar la desigualdad estructural y otras violaciones al derecho a la vivienda y situaciones de violencia que sufren las mujeres. ‐ El recurrir a la idea de interseccionalidad, a través de la cual se reconoce que las experiencias discriminadoras son el resultado de cuestiones relacionadas con el género y otros factores (por ejemplo, condición de migrantes, casta, clase, raza, etc.) provee una oportunidad para intervenciones relevantes y comprensivas entre los grupos que poseen identidades distintas. ‐ Los estándares internacionales de derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los estados pueden fortalecerse a través de la integración de los diferentes modelos de no discriminación e igualdad usados en los Pactos (Ej. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial) y a través de la aplicación del mejor estándar posible. Con el uso del mejor estándar posible los derechos de las mujeres no son descuidados ni subestimados sino reafirmados y fortalecidos. Trabajar con una amplia variedad de estándares internacionales en derechos humanos crea una base legal más amplia.49

48

UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, Op. cit, p. 13 (la incorporación es textual aunque no incluye la totalidad de los párrafos que han sido acortados, la traducción es nuestra).

49 Respecto al concepto normativo del derecho a la vivienda se enfatizaron los siguientes aspectos: El concepto de vivienda debe ampliarse a distintos tipos de acomodamientos, en los cuales se deben garantizar todos los elementos constitutivos del derecho a la vivienda, incluyendo que se garantice seguridad para las mujeres contra el abuso y la violencia; El concepto de seguridad debe incluir, seguridad física, mental, y psicosocial, reflejando los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres; El elemento de privacidad se necesita entender de una manera donde puede ser invocado para combatir a la violencia doméstica; El elemento de acceso a los servicios debe incluir explícitamente las comunicaciones ya que constituyen un elemento esencial par las personas en sus residencias, 23

Es importante destacar el esfuerzo de esta consulta por dotar de contenido normativo al derecho a la vivienda adecuada desde una perspectiva de género. Si bien en las últimas dos décadas el derecho a la vivienda adecuada ha recibido atención y ha tenido un importante desarrollo como derecho humano autónomo,50 es importante destacar que las normas internacionales sobre derecho a la vivienda adecuada han sido formuladas en términos neutrales desde el punto de vista del género,51 y que a pesar de los crecientes esfuerzos todavía queda mucho trabajo pendiente en este sentido.

El derecho a la vivienda es considerado como uno de los elementos de un derecho más amplio, el derecho a un adecuado estándar de vida. Esta amplia caracterización es importante ya que sirvió para extender el derecho a la vivienda más allá del derecho a tener un techo sobre la cabeza, incluyendo el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.52 El entendimiento amplio del derecho a la vivienda adecuada es esencial para la experiencia de las mujeres que sufren violencia al interior del hogar, ya que si el disfrute de vivienda adecuada significa que los ocupantes deben vivir en seguridad, paz y dignidad, las situaciones donde no se goza de esas condiciones son contrarias a la interpretación legal del derecho y constituyen una violación del mismo.53 Pondremos aquí darle énfasis en dos de los elementos constitutivos del derecho a la vivienda: seguridad en la tenencia y habitabilidad. 54 SEGURIDAD LEGAL DE LA TENENCIA: este aspecto fue desarrollado por el Relator de la Vivienda en su Informe sobre mujer y vivienda adecuada. El Relator estableció: El logro de la seguridad jurídica de la tenencia reviste también una importancia vital para la mujer; sin ella se ven afectadas de forma desproporcionada por los desalojos forzosos y los programas de reasentamiento, la demolición de barrios marginales, la violencia doméstica, etc. Cuando las mujeres son obstaculizadas por la existencia de leyes, políticas, costumbres o prácticas culturales de gozar de seguridad en la tenencia, las posibilidades de abandonar un compañero abusivo se limitan. Cuando no hay refugios disponibles, cuando las que deciden abandonar su vivienda no encuentran alternativas salvo la calle o el hábitat informal por falta de seguridad en la tenencia, las relaciones violentas tienen particularmente al hacer posible a las mujeres acceder a servicios públicos de salud, educación, información y posibilitar el acceso a asistencia en caso de sufrir violencia doméstica.

50 El derecho a la vivienda se encuentra incluido en los diversos tratados internacionales de derechos humanos y su contenido desarrollado a través las Observaciones Generales números 4 y 7 del Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales. Estos son los dos documentos más importantes para el desarrollo del derecho a la vivienda. Por supuesto deben incluirse las resoluciones y recomendaciones de los distintos órganos de las Naciones Unidas como los órganos de los sistemas regionales en el desarrollo del derecho a la vivienda.

51 Rebecca, Cook y otros, Salud Reproductiva y Derechos Humanos, (Bogotá: Profamilia‐ Oxford, 2005), p. 29.

52 Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, Observación General número 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), UN Doc. E/1992/23.

53 Paglione, Gulia, ‘Domestic Violence and Housing Rights: A Reinterpretation of the Right to Housing,’ Human Rights Quarterly 28, (John Hopkins University: 2006), p. 126.

54 Ibidem.

24

más posibilidades de perdurar. Al analizar la situación de las mujeres en distintas regiones en el mundo, la mayoría de las veces son los hombres los que poseen la tenencia. La desigualdad de jure o de facto limitan las posibilidades de las mujeres de comprar, heredar o poseer su vivienda, violando el derecho a gozar de seguridad en la tenencia, pilar del derecho a la vivienda.”55 El goce de seguridad legal de la tenencia es esencial para combatir la desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres, afirmando el derecho de las mujeres a vivir una vida de forma independiente.

HABITABILIDAD: la habitabilidad de la vivienda está claramente relacionada con la seguridad y la protección, es por ello que es esencial para las víctimas de violencia doméstica. El elemento de habitabilidad se relaciona con la posibilidad de que la vivienda se constituya en un espacio que proteja a sus habitantes de distintos riesgos y que les garantice seguridad física. Una interpretación amplia y sensible a la perspectiva de género debe incluir los riesgos al interior de la vivienda ya que es evidente que un hogar con violencia no es seguro ni habitable y por lo tanto constituye una violación al derecho a la vivienda adecuada. Además, la vivienda para ser habitable debe tener acceso a servicios públicos, en especial a servicios de comunicación y conexión con áreas centrales que permitan a las mujeres víctimas de violencia acceso a los servicios de asistencia.

Aunque ha habido importantes avances en el tratamiento del derecho a la vivienda y se han concentrado esfuerzos para identificar las claves y estrategias para vincular este derecho con otras áreas, en el caso de la violencia contra las mujeres todavía queda mucho por delante. Los esfuerzos para continuar con el desarrollo integral de los derechos humanos, el vínculo entre el goce de derechos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres y la lucha contra la violencia deben seguir estrechándose ya que no se lograrán unos sin los otros. Es esencial que los órganos de aplicación de los distintos tratados adopten esta visión, vinculando el derecho a la vivienda con los principios de no discriminación e igualdad, el derecho a la subsistencia, a la salud y al medio ambiente, educación, alimentación e información y que los incorporen en sus recomendaciones. Al mismo tiempo, es necesaria la adopción, por parte de los Estados, de políticas que tomen en cuentan la satisfacción de estos derechos de forma integra y refuercen la noción de interdependencia de los derechos. Por último, es imprescindible que en los futuros desarrollos del contenido del derecho a al vivienda se adopte perspectiva de género para que se incluyan cuestiones que afectan a las mujeres dentro de los elementos constitutivos del mismo y no tan solo en los márgenes.

55

UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, Op. cit, p. 130 (la traducción es nuestra).

25

3.2

LAS NORMAS REGIONALES

“La situación se pone muy difícil, ya que vivimos todos, con mucha gente, en un gran casa, yo no podía irme. A lo sumo podía irme a otro cuarto, pero el me buscaba, yo no sabía que hacer, teníamos un bebé recién nacido. Ir a la justicia no me parecía, era el padre de mi hija. Entonces, busqué protección en el resto de las personas de la casa, y muchas veces me iba, por tiempo hasta que el no estuviese. Era muy difícil esta así. Después de un tiempo entendió que no podía estar más en la casa, hoy estoy con sola con mi hija.” ‐

Una mujer victima de la violencia doméstica de Porto Alegre, Brasil

El sistema regional en las Américas registra un notable avance en la visibilización de la problemática de la violencia doméstica y en su regulación normativa. Es la única región en el mundo que ha adoptado un instrumento dedicado específicamente a combatir la violencia contra las mujeres, lo que la constituye en una de las regiones más avanzadas en estos términos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,56 conocida como Convención de Belém do Pará, se aprobó por La Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) en el año 1994. Su Preámbulo declara que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Se trata del único instrumento internacional de carácter vinculante destinado a combatir la violencia de género y ha servido de marco para la modificación de los códigos penales y para la formulación de leyes contra la violencia hacia la mujer en la región.57 En su primera parte incluye la definición de violencia contra la mujer. El Capítulo II, relativo a los derechos protegidos, establece, en su artículo 3º que: “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”

En el Capítulo III, sobre “Deberes de los Estados,” condena toda forma de violencia contra la mujer. Los Estados Parte convienen adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, mediante la inclusión en su legislación interna de normas penales, civiles y administrativas que harán más efectiva a la Convención; el establecimiento de procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia y que incluyan, entre otros: medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a los mismos, así como los mecanismos judiciales y administrativos para asegurar a la mujer acceso al resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces, etc. Además los Estados Parte convienen adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, que incluyen programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres, modificar los patrones socioculturales, diseñar programas de educación formales y no formales apropiados a 56 57

Argentina, Brasil y Colombia han ratificado a la Convención.

CEPAL, Op. cit, p. 79.

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todos los niveles del proceso educativo, fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás encargados de la aplicación de la Ley, suministrar servicios especializados apropiados para su atención (incluyendo refugios), facilitar a la mujer objeto de violencia el acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación; garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, y evaluar la eficacia de las medidas para su prevención, sanción y eliminación, etc. Además, prevé como mecanismo de control que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida pueda presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del Artículo 7 de la Convención.

De esta manera, los países de América Latina que han asumido el compromiso de su aplicación, cuentan con una herramienta excepcional para combatir la violencia contra la mujer en todas sus formas.58 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”) Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Claramente, la adopción de la Convención de Belém Do Pará ha sido un gran avance para la región. Ejemplo de ello es que los tres países foco de este estudio, Argentina, Brasil y Colombia, han incluido en su legislación en materia de violencia contra la mujer 58

Consejo Nacional de la Mujer, La Mujer y la Violencia en la República Argentina, (Buenos Aires, 2004), p. 10.

27

los principios y lineamientos de la Convención. La ley argentina garantiza la protección de todos los derechos reconocidos en la Convención, la ley colombiana establece que los principios de la Convención servirán de guía para la interpretación y aplicación de la ley. La ley de Brasil, denominada Ley María Da Penha en homenaje a la mujer que luchó el caso en los foros internacionales, operó importantes cambios en la legislación de la violencia en cumplimiento con lo establecido por la Convención y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso mencionado.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe Nº 54/01, Caso 12.051 Maria da Penha Maia Fernandes contra Brasil 16 de abril de 2001 I. Resumen El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una denuncia presentada por la señora Maria da Penha Maia Fernandes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Latino Americano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), (en adelante “los peticionarios”), basada en la competencia que le acuerdan los artículos 44 y 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 12 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará o CMV).

La denuncia alega la tolerancia por parte de la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil” o “el Estado”) de la violencia perpetrada en su domicilio en la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, por Marco Antonio Heredia Viveiros en perjuicio de su entonces esposa Maria da Penha Maia Fernandes, durante años de convivencia matrimonial, y que culminó en una tentativa de homicidio y nuevas agresiones en mayo y junio de 1983. Maria da Penha, como producto de esas agresiones padece de paraplejía irreversible y otras dolencias desde el año 1983. Se denuncia la tolerancia estatal por no haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor, pese a las denuncias efectuadas. Se denuncia la violación de los artículos 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos); 8 (Garantías Judiciales); 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos II y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración”), así como de los artículos 3, 4(a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g); 5 y 7 de la Convención de Belém do Pará. La Comisión tramitó reglamentariamente la petición.

Dado que el Estado no ofreciera comentarios a la misma, pese a los repetidos requerimientos de la Comisión, los peticionarios solicitaron se presuman verdaderos los hechos relatados en la petición aplicando el artículo 42 del Reglamento de la Comisión. En este informe la Comisión analiza los requisitos de admisibilidad y considera que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46(2)(c) y 47 de la Convención Americana, y 12 de la Convención de Belem do Pará.

28

En cuanto al fondo de la cuestión denunciada, la Comisión concluye en este informe, redactado de acuerdo con el artículo 51 de la Convención, que el Estado violó en perjuicio de la señora Maria da Penha Maia Fernandes los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento y en los artículos II y XVII de la Declaración, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Concluye también que esta violación ocurre como parte de un patrón discriminatorio respecto a tolerancia de la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil por ineficacia de la acción judicial.

La Comisión recomienda al Estado que lleve a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal del autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la señora Fernandes y para determinar si hay otros hechos o acciones de agentes estatales que hayan impedido el procesamiento rápido y efectivo del responsable; recomienda también la reparación efectiva y pronta de la víctima, así como la adopción de medidas en el ámbito nacional para eliminar esta tolerancia estatal frente a la violencia doméstica contra mujeres.

Cabe destacar que en el caso, en una de las respuestas ofrecida por el Estado de Brasil y que fue valorada positivamente por parte de la CIDH se informaron medidas tomadas en el campo legislativo, judicial y administrativo, resaltan tres iniciativa: 1) la creación de delegaciones policiales especiales para atender denuncias sobre ataques a las mujeres; 2) la creación de casas refugio para mujeres agredidas; y 3) la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1991 que ha invalidado el concepto arcaico de “defensa del honor” como causal de justificación de crímenes contra las esposas.

Estas iniciativas positivas, y otras similares, han sido implementadas de una manera reducida con relación a la importancia y urgencia del problema.

Fuente: Luz Rioseco Ortega, Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de América Latina y el Caribe, Documento número 75 de La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), (CEPAL: Santiago de Chile, septiembre del 2005).

3.3

LA LEGISLACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA REGIÓN

La adopción de la Convención Belém Do Pará en la región es una demostración contundente de los avances normativos que han experimentado los países de América Latina en torno a la violencia contra la mujer. La mayor parte de los estudios regionales sobre la temática destacan esta evolución. La Comisión Económica para América Latina se refiere de la siguiente forma: A lo largo de la última década, se ha producido una de las transiciones más notables en materia de políticas públicas, ya que no hay otro antecedente similar que muestre el traspaso de una demanda ciudadana al quehacer del Estado de manera tan nítida y definitiva. Si se considera que antes de la Cuarta 29

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) los países no contaban ni con leyes sobre la materia ni con servicios e instituciones especializadas para atender a las mujeres maltratadas, con la excepción de las comisarías especiales creadas en Brasil, se comprueba que estamos ante un avance muy importante.59 Además este informe específica: A nivel nacional, en la mayoría de los países de la región se han promulgado leyes ‘de primera generación’ orientadas principalmente a hacer frente a la violencia doméstica y se han realizado reformas de los códigos penales para combatir algunos delitos sexuales (…). En casi todos los países, se han aprobado leyes especiales o se han modificado los códigos penales para sancionar la violencia intrafamiliar y algunos delitos sexuales. En la actualidad, la mayoría otorga facultades para solicitar y decretar medidas de protección o bien establecer un juicio o procedimiento que termine en una sanción. Gran parte de ellas contempla la violencia física, psicológica y sexual, y sólo algunas consideran la violencia económica o patrimonial. En cuanto a la denominación de las normas, la mayor parte de los países se refiere a violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. Esta categoría – y en algunos casos la legislación misma – pone el acento en la protección de la institución familiar, oscureciendo la protección de la mujer como sujeto. Tales reformas representan un avance en el esfuerzo de fortalecer los derechos de las mujeres y los Estados adquieren, de esta manera, un compromiso como garantes de los bienes jurídicos protegidos por estas leyes.60 A pesar del progreso que esto significa todavía resta mucho por realizar tanto en el aspecto normativo, como en su reglamentación y principalmente en la implementación y adopción de prácticas efectivas para la erradicación de la violencia doméstica. A los fines de este informe hemos analizado la legislación sobre violencia doméstica de los países de la región y las prescripciones en torno a la vivienda. En el anexo complementario a este documento, basado en el Anexo 3 del Documento 75 de la CEPAL, ‘Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de América Latina y el Caribe,’ se encuentran detalladas las prescripciones en torno a la vivienda en la legislación de los distintos países de la región.

El análisis se concentró en tres ejes: en primer lugar, establecer si la violencia económica o patrimonial está incluida como forma de violencia, ya que son las manifestaciones de este tipo de violencia las que afectan ‐ de manera directa ‐ la situación financiera de la mujer, y con ello la posibilidad de tener un lugar para vivir. En segundo lugar, analizar si las medidas cautelares o precautorias contemplan medidas en torno a la vivienda, como, por ejemplo, la exclusión del hogar o la permanencia de la víctima en el mismo o bien si iban más allá, decretando la titularidad a favor de la mujer. En tercer lugar, verificar si existen prescripciones que garantizaran el acceso a la vivienda – de forma definitiva o transitoria – para las víctimas de violencia doméstica.

59 60

CEPAL, Op. cit, p. 78.

CEPAL, Op. cit. p. 79.

30

Sobre el primer punto, diez de los 19 países analizados en la región han incluido entre los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, la violencia patrimonial y/o económica, reconociendo como una forma de abuso la perturbación de los bienes de la víctima y en ciertos casos los comunes que afectan la supervivencia o el bienestar de la mujer. Este reconocimiento es importante ya que la amenaza o la destitución de la vivienda donde se habita deber ser incluida dentro de esta forma de abuso. Por ejemplo, la ley María Da Penha, define la violencia patrimonial como “cualquier conducta que configure retención, sustracción, destrucción parcial o total de sus objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos o recursos económicos, incluyendo aquellos destinados a satisfacer sus necesidades.”

Resta que los jueces y operadores del derecho desarrollen jurisprudencia reconociendo esta forma de violencia y sancionando a quienes la perpetren.61 Al mismo tiempo, es necesaria la capacitación y la sensibilización de las mujeres de la región sobre esta forma de violencia con la finalidad de que aumenten las denuncias y logren mayor protección por parte de la justicia.

En torno a la segunda cuestión, la legislación de los países de la región incluye medidas protectoras a favor de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Entre ellas se encuentran diversas medidas de carácter urgente o cautelar62 que implican decisiones en torno al disfrute de la vivienda o residencia. En principio, todos los países incluyen como medida precautoria o cautelar la posibilidad de que el juez/a u órgano de aplicación decrete la exclusión del hogar. Sobre los tres países estudiados en este Informe: en el caso de Argentina 63 entre las medidas precautorias urgentes para los casos de violencia doméstica, además de las medidas mencionadas para los casos de violencia contra la mujer, el juez/a interviniente64 podrá ordenar, de oficio o a pedido 61

En la Argentina, por ejemplo, existen discusiones jurisprudenciales sobre esta problemática. En este sentido, ver caso B.S.L c. L.J.L s/ denuncia por violencia familiar, Sala H, 2009/09/24. Con nota de Néstor Solari, Cuestiones vinculadas con posterioridad a la exclusión del hogar, La Ley, 19 de marzo 2007.

62 Cabe destacar que en cada país se deberá dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la legislación local, de la materia que corresponda, para el otorgamiento de la medida provisoria o cautelar.

63 Recientemente la Argentina sancionó la ‘Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos que Desarrollen su Relaciones Interpersonales,’ Ley número 26485. La nueva ley de carácter integral tiene como finalidad combatir la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos, siguiendo los lineamientos de la Convención Belém Do Pará y, ha significado un importante avance al adoptar una visión integral, dando visibilidad a las distintas violencias que sufre la mujer. En la actualidad se está en proceso de reglamentar la ley, lo que es urgente para poder ajustar y detallar algunos aspectos de la nueva legislación. Esta ley modifica o bien reemplaza a la ley 24417 de ‘Protección contra la Violencia Familiar’ que regía anteriormente. De acuerdo al art. 42 de la nueva ley: “La ley 24417 será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.” Al momento de la realización de este trabajo operó la modificación de la ley, por lo tanto los procedimientos judiciales fueron estudiados conforme a la anterior legislación. En este acápite, incluimos las prescripciones de la nueva ley (que en muchos aspectos se han mantenido) con los lineamientos establecidos por los tribunales hasta el día de hoy.

64 La ley 24417 establece la competencia de los Juzgados de Familia para entender en los casos de denuncias de violencia intrafamiliar, sin perjuicio de la inclusión de la reforma del Código de Procedimientos Penales para que el juez pueda ordenar la exclusión del hogar del procesado (art. 310) la cual el juez puede ordenar en varios delitos, cuando sean cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, lo mismo que por uniones de hecho, y que las circunstancias del caso presuman 31

de parte, la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma.65 La duración de la medida será establecida por el juez/a de acuerdo a las circunstancias del caso y su duración tiene que estar especificada. Además se contempla la posibilidad de decidir el reintegro de la víctima al domicilio si ésta se había retirado, previo dictado de la exclusión del hogar. Al mismo tiempo, la fuerza pública deberá acompañar a la víctima a su domicilio para retirar sus efectos personales.66 En el caso de Colombia67 la reciente modificación a la legislación sobre la violencia contra las mujeres establece que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño en su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a las que hubiere lugar, al comisario de familia o al Juez de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil de Circuito, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente (artículo 4º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 575 de 2000).

La relevancia de esta norma es que faculta a las Comisarías de Familia además de a las autoridades judiciales a ordenar medidas de protección.68 fundadamente que puedan repetirse. Es decir, que en la Argentina se ha priorizado el ámbito civil sobre el penal para la resolución de las situaciones de violencia intrafamiliar. La nueva ley 26485 establece que: “la presentación de la denuncia por violencia contra la mujer podrá efectuarse frente a cualquier juez/a de cualquier instancia o fuero o ante el Ministerio Público. En forma oral o escrita” (art. 21).

Respecto de la competencia establece que será aquel juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia que se trate (art. 22). Es importante señalar que el juez interviniente podrá ordenar medidas urgentes, aún cuando resulte incompetente.

65 Es importante destacar la posibilidad de decretar la medida inaudita parte, es decir, sin participación en esa instancia del proceso del denunciado.

66 Por su parte, también debe tenerse en cuenta la existencia de las prescripciones relativas a la protección en casos de divorcio o separación vincular, en esos caso, existe una medida de exclusión y atribución del hogar conyugal, contemplada en el art. 231 del Código Civil que en su parte pertinente dispone: “Deducida la acción de separación personal o de divorcio vincular, o antes e ella en casos de urgencia, podrá el juez decidir si alguno de los cónyuges debe retirarse del hogar conyugal o ser reintegrado a él ….”

67 Colombia también realizó una reciente modificación en torno a la legislación sobre violencia contra las mujeres. En junio de 2007 se aprobó el proyecto “por el cual se dictan normas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras Disposiciones.” Aún cuando se han registrado ciertos avances, el proyecto definitivo ha recibido ciertas críticas de las organizaciones de mujeres, en especial debido a la falta de consenso sobre el proyecto y la falta de inclusión de prescripciones en torno a la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

68 Respecto de la idoneidad de las comisarías de familias para intervenir en la problemática, desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se señala: “En el año 2000, la ley 575 modificó la ley de 1996, pues se incorporó la tipificación de la violencia doméstica, el maltrato y la restricción de la libertad física. Si bien esta norma significó un avance en la tipificación de esta agresión, lamentablemente también contiene aspectos que constituyen retrocesos, como el hecho de haber trasladado la competencia del juez de familia, para resolver los casos de violencia doméstica, a las comisarías de familia, con lo que traslada el conocimiento y responsabilidad de esta problemática de una autoridad judicial especializada a una autoridad administrativa con algunas funciones policiales.” Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Dossier sobre violencia en América Latina y el Caribe, (Lima, Perú: 2005) p. 15.

32

En Colombia se ha incorporado la tipificación de los delitos de violencia intrafamiliar,69 por lo tanto las Comisarías de Familia actúan como una instancia administrativa previa a realizar la denuncia ante el juez penal ‐ aunque no es un paso previo obligatorio‐ que permite a las mujeres alertar sobre la situación de abuso y solicitar se tomen medidas sin necesariamente instar la acción penal que conlleva a la sanción del agresor. Como veremos en la siguiente sección, esta posibilidad es considerada como una valiosa herramienta por las mujeres a fin de enfrentar a los agresores. En resumen, en todas estas instancias se tiene la posibilidad, en los casos de violencia intrafamiliar, de que se dicten medidas en forma inmediata y provisional, entre las que se incluye: “Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia” (art. 17).

Además se podrá ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a ésta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad (inciso G, art. 17).

Por su parte la Ley Maria Da Penha en Brasil, sin dudas una de las leyes más avanzadas de la región, determina la creación de juzgados especiales de violencia doméstica y familiar contra la mujer con competencia civil y criminal para abarcar las cuestiones de familia derivadas de la violencia contra la mujer. Asimismo, establece que: el juez/a podrá aplicar, de inmediato, al agresor, en conjunto o separadamente, las siguientes medidas de protección de urgencia, entre otras: alejamiento del hogar, domicilio o local de convivencia con la ofendida (art. 23). Paralelamente el juez/a podrá determinar la reconducción de la ofendida y de sus dependientes al respectivo domicilio, después del alejamiento del agresor. Además el art. 24 establece medidas especiales para la protección patrimonial de los bienes de la sociedad conyugal o de aquellos de propiedad particular de la mujer (entre ellas restitución de bienes indebidamente sustraídos por el agresor a la ofendida; prohibición temporaria para la celebración de actos y contratos de compra, venta y locación de propiedad en común salvo expresa autorización judicial, etc.). Uno de los avances más importantes de la ley ha sido la regulación de la actuación policíaca y judicial en los casos de violencia intrafamiliar, permitiendo una actuación integral e inmediata, y brindando asistencia a las mujeres víctimas. Así se contempla que la policía acompañe a la ofendida para asegurar la retirada de sus efectos personales del local de la ocurrencia o del domicilio familiar.

De los tres países analizados la ley colombiana incluye la prescripción más avanzada en torno al disfrute de la vivienda, ya que posibilita que el funcionario pueda “decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla” (inciso k, art. 17). Esta medida es fundamental y 69

El procedimiento y la tipificación realizada fue objeto de importantes críticas. Ver Hurtado, Cristina, ‘Violencia de género y acceso a la justicia un enfoque desde la perspectiva de género,’ ponencia en V Encuentro de Magistrados de las Altas Corporaciones de Justicia en Colombia sobre La Perspectiva de Género: Nuevos Enfoques en la Legislación y en la Práctica Judicial en Colombia, 2007.

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complementaria de las medidas de exclusión del hogar ya que garantiza el disfrute de la vivienda a la víctima.

Resta todavía analizar la situación en que queda la mujer una vez concluido el plazo en el que opera la medida provisional, en especial en los casos donde el inmueble pertenece al abusador y en los casos de las mujeres que habitan en el sector informal, donde la posibilidad de acceder a los sistemas de justicia no es una opción sencilla ya que se está fuera de la formalidad exigida. La ley de México70 es un buen ejemplo de una normativa que garantiza el derecho a la vivienda de la mujer de forma adecuada.

Esta establece, por un lado, que se puede ordenar la “desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo” y al mismo tiempo permite que se ordene la “posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio.”71 La posibilidad de poder decretar las medidas de desocupación, aún cuando no se pueda acreditar la propiedad, es importante para garantizar los derechos de las mujeres de los sectores informales. Al mismo tiempo que les permite a las mujeres gozar de la posesión exclusiva, elemento fundamental para garantizar la tranquilidad que les permita salir de una relación violenta. La legislación de otros países de la región establece medidas en torno a la tenencia de la vivienda, entre ellos Costa Rica, cuya normativa establece que como medida precautoria se podrá otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, de la casa a la persona agredida; Guatemala contiene una prescripción similar; la ley de Puerto Rico permite ordenar medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la residencia de las partes; y por último la ley de Venezuela indica que se podrá: … ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo.

Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor.72 Por último, resta analizar si las prescripciones en la legislación regional contemplan la problemática del acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Las víctimas de violencia enfrentan una situación de extrema complejidad al intentar 70

México, Ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, Mex. DOF 1‐02‐2007.

Ibidem.

72 República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

71

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salir de una relación abusiva: la necesidad de contar con un lugar donde habitar en la situación de emergencia una vez tomada la decisión de romper la relación violenta. En estas situaciones es que las medidas de exclusión del hogar del agresor pueden ser útiles, ya que priorizan la situación de la mujer y de sus hijos e hijas, dándoles la posibilidad de continuar en la residencia familiar en el momento de crisis. Sin embargo, en muchas ocasiones, las mujeres no pueden continuar en la residencia que habitan, ya sea por la gravedad de los hechos o porque la vivienda es inadecuada o bien porque habitan personas distintas al agresor o simplemente porque no pueden esperar hasta el dictado de la medidas de protección. En estas circunstancias las mujeres deben abandonar el lugar donde residen y salir en búsqueda de amparo. Por ello la existencia de albergues, refugios o casas de medio camino son fundamentales para brindarles protección y contención y principalmente evitar que queden en situación de calle. La legislación de la mayoría de los países de la región contempla la creación de programas de vivienda provisoria para las mujeres. Es importante recordar que así lo establece la Convención Belém Do Pará en su artículo 8.

En el caso de Argentina, el artículo 10 de la ley 26485, establece que el Estado Nacional deberá promover y facilitar la creación de servicios integrales de asistencia a las víctimas debiendo garantizar “instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en los que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o del grupo familiar, debiendo estar orientado a la integración inmediata con su medio familiar, social y laboral.” Además, establece la creación de programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer. Por su parte, la legislación de Colombia estipula que se podrán establecer medidas de protección a fin de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, entre ellas: remitir a la víctima ‐ con sus hijas e hijos ‐ a un centro de recepción de mujeres en situación de violencia o a cualquier institución similar que exista en el municipio. También se establece como un derecho de las víctimas el acceder a los mecanismos de protección y atención, entre ellos, al servicio de albergue. Además, el artículo 21 especifica que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales crearán “(…) centros de recepción de mujeres en situación de violencia como albergues para la guarda de su vida, dignidad e integridad y la de su grupo familiar, por un período máximo de seis meses. La información sobre la ubicación de los centros será reservada para garantizar la protección y la seguridad de las mujeres víctimas y de su grupo familiar. La atención en los centros de recepción será integral, especializada y gratuita.” Por su parte, la ley de Brasil prescribe en su disposición final que se podrán promover centros de atención integral y multidisciplinaria para mujeres (con sus respectivos dependientes) en situación de violencia doméstica y el albergue en casas‐abrigos especiales, de ser necesario (art. 35, ley 11.340). Además, se faculta al juez/a a incluir por un plazo determinado la inclusión de la mujer en situación de violencia doméstica y familiar en el catastro de programas de asistencia del gobierno federal, estatal o municipal.

Sin embargo, los refugios y albergues representan soluciones provisionales destinadas a paliar las situaciones de urgencia que padecen las mujeres abusadas. En efecto, los programas de asistencia, entre los que se cuentan los que regulan los refugios, albergues o casas de medio camino, establecen estrictas condiciones de admisibilidad,

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permanencia y duración afirmando su condición de solución provisional. Al mismo tiempo, pocos son los programas, independientemente de lo previsto en la legislación, que permiten a las mujeres la recuperación o posibilidad de acceso a la autonomía financiera afectando sus posibilidades de acceso a una vivienda. En definitiva, es fundamental que las normas contemplen la creación de programas que posibiliten el acceso a una vivienda definitiva por parte de las mujeres que han perdido su lugar de residencia al romper con una relación abusiva. Ni la legislación de Colombia ni la de Brasil contienen regulación específica en torno a esta problemática. Por su parte, la normativa de Argentina establece que entre los distintos programa de asistencia a las mujeres: “(el Ministerio de Desarrollo Social) celebrará convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia” (art.

11, inciso 2. e). La realización efectiva de este programa es esencial para las mujeres que deben dejar sus hogares y no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda en el mercado formal. La reglamentación de esta norma y los convenios a celebrarse deberían considerar la simplificación y la disminución de los requisitos para que el acceso al crédito se ajuste a la realidad económica de las mujeres del país. Al mismo tiempo sería deseable que las mujeres víctimas de violencia doméstica tuvieran algún nivel de prioridad en la asignación de subsidios y planes de vivienda financiados por el Estado federal, provincial o municipal. Un ejemplo de esto último lo ofrece la ley de Venezuela, que establece: “las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda, a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica en los planes gubernamentales.”

En conclusión, las normas de la región y en especial lo prescripto por las leyes de Argentina, Brasil y Colombia muestran un grado considerable de avance en su contenido normativo y de los mecanismos adoptados para combatir la violencia en los espacios íntimos. No solo son leyes especiales sino que en los últimos años se han aprobado reformas a fin de otorgarle un carácter integral e inclusivo de las distintas formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer. A pesar de las críticas recibidas por la ausencia o la falta de consideración de ciertos aspectos o por continuar con deficiencias pre‐existentes, las normas, en parte, han dado reconocimiento a lo prescripto por los instrumentos internacionales, en especial la Convención Belém Do Pará.

En torno a las prescripciones que permiten garantizar el derecho a la vivienda debe reconocerse un avance normativo. En efecto, muchas de las normas hacen referencia explícita a la problemática y cumplimentan, en diferentes grados, lo establecido en las normas internacionales. Ahora bien, la mayoría de las soluciones propuestas son de carácter provisional o urgente a fin de brindar soluciones ante la crisis y no propuestas de solución definitiva. Asimismo, todavía resta contemplar soluciones para casos frecuentes y altamente sensibles: por un lado, aquellas situaciones donde la mujer no tiene posibilidad de reclamar‐ de acuerdo a las leyes del derecho privado‐ derechos sobre la vivienda. Es decir, aquellos casos donde el inmueble de residencia del núcleo familiar es propiedad exclusiva del agresor,73 ya sea porque ser un bien 73

En la Argentina, la orden de exclusión de la vivienda funciona en todos los casos, aun cuando el denunciado fuese el propietario del inmueble, trátese de un matrimonio o de una unión de hecho. Si la persona afectada ha debido salir de la vivienda por el peligro la misma resolución judicial ordenará el 36

propio, porque no se reconoce el derecho en las uniones de hecho, o bien no se cumplen los requisitos para el reconocimiento. En estos casos, aunque se faculta al juez/a a disponer la exclusión del hogar temporalmente, no se prevé una solución definitiva y el agresor tendrá oportunidad de volver al inmueble una vez cesada la duración de las medidas74 primando el derecho de propiedad del agresor por sobre los derechos de la víctima. En este punto, es esencial resaltar la necesidad de complementariedad de las normas de derecho privados con las normas de protección contra la violencia familiar, en el marco de lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de Argentina, por ejemplo, existen excepciones establecidas al momento de la atribución de la vivienda asiento del hogar conyugal en los casos de divorcio o separación de hecho, que posibilitan la continuidad en el inmueble del cónyuge inocente en algunas circunstancias. Es esencial vincular estas aplicaciones a los casos de violencia doméstica como una ampliación en otro tipo de proceso y no solo los procesos civiles.

Otras de las circunstancias que quedan por fuera de lo establecido en la legislación son aquellos casos de residencia en ámbitos informales, cuando los involucrados no poseen el título de propiedad o título dominial del inmueble de residencia, es decir no gozan de seguridad en la tenencia. Aún cuando la justicia accede a decretar las medidas de exclusión de las residencias informales, es importante que esta posibilidad se reconozca explícitamente en la ley. Por su parte, la informalidad de la vivienda puede dificultar o hacer imposible el reconocimiento judicial de los derechos de propiedad, obligando a las mujeres a permanecer en la situación en la que están por no poder acceder a la justicia. La realidad de las mujeres viviendo en sectores informales debe contemplarse a fin de poder encontrar soluciones apropiadas a sus circunstancias.

reintegro al hogar a quien ha debido retirarse de el por razones de seguridad. Para más detalles sobre su funcionamiento ver: Déborah Paola Galli, ‘Violencia familiar y exclusión del hogar,’ Tesina Nº 289, Universidad de Belgrano.

74 Una de las grandes problemáticas está relacionada con el efectivo cumplimiento de las medidas de exclusión como la situación de vulnerabilidad de la víctima en casos de incumplimientos como una vez cesadas las medidas.

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4.

SIN SALIDA: LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES VIOLENTADAS EN ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA

Hasta aquí hemos presentado algunas de las características de la legislación contra la violencia hacia las mujeres en la región y detallado las prescripciones en torno a la vivienda contenida en ellas. En la sección que sigue nos proponemos describir las experiencias de las mujeres de los tres países que COHRE ha visitado, a fin de reflejar el impacto que tiene en la vida de las mujeres el problema de la vivienda y la realidad que padecen las victimas de violencia.

Hemos descrito la metodología utilizada para el presente informe, y aunque no pretendemos extraer conclusiones de rigor, sí creemos en lo valioso del aporte de los relatos de las mujeres para conocer la profundidad del problema. Para ello nos hemos entrevistado con mujeres víctimas de violencia doméstica que han ofrecido su testimonio para enriquecer nuestro informe. Al mismo tiempo hemos encuestado a 60 mujeres de los tres países. La manera en que hemos organizado esta sección es presentar los problemas comunes a todas ellas, señalando las particularidades surgidas en los distintos países. Al mismo tiempo hemos dedicado una sección especial para la situación de las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia, cuya realidad merece especial atención.

Previo a entrar en el análisis detallado de la información proporcionada por las entrevistadas en torno a la vivienda y la violencia es oportuno informar sobre algunas cuestiones genéricas que presentaron los casos. Ante todo vale aclarar que las conclusiones presentadas son producto de los trabajos con focus groups, entrevistas extendidas y la serie de encuestas semi‐estructuradas realizadas por COHRE. En ocasiones presentaremos los números de las respuestas obtenidos en las encuestas, lo que nos permiten cuantificar algunos datos. Sin embargo, reiteremos: la intención no es mostrar datos o estadísticas sino volcar lo dicho porque creemos que es esencial a la hora de formular recomendaciones de política pública.

Las mujeres entrevistadas fueron, y en algunos casos continuaban siendo, víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar. En los casos relevados las mujeres sufrían violencia de sus parejas hombres. No había un patrón específico sobre la formalidad del vínculo, algunas estaban casadas y otras estaban constituidas en uniones de hechos. El rango de edad fue amplio y la mayoría de las mujeres sufrieron por muchos años el abuso, en general por más de 5 años, en ocasiones muchísimos más. Las mujeres denunciaron sufrir violencia física, psicológica y verbal; sin embargo, en pocas ocasiones se identifico la violencia sexual y la violencia económica. Un dato ilustra la situación: en las entrevistas grupales o en las encuestas era poco frecuente que las mujeres se refirieran a estas situaciones, sin embargo, en las entrevistas en profundidad, cuando se consultaba específicamente sobre esta problemática, algunas mujeres hablaban acerca de la violencia sexual sufrida. Consultadas de forma genérica, las mujeres que conversaron con COHRE explicaron que todavía había mucha vergüenza alrededor de la temática de la violencia sexual y además muchas no la identificaron como una forma de violencia o abuso sino que lo veían como una obligación que debían cumplir.

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En las secciones que siguen presentaremos nuestras conclusiones en torno a la relación entre vivienda y violencia de acuerdo a las experiencias de las mujeres.

4.1

VIOLENCIA DOMÉSTICA, CONDICIONES DE HÀBITAT Y VIVIENDA: LA DEPENDENCIA ECONOMICA Y EL ACCESO A LA VIVIENDA

Una de las problemáticas más importante que sufren las mujeres víctimas de violencia, que es correlativa o bien causa directa de la falta de acceso a la vivienda de las mujeres, es la dependencia económica con el agresor. Como una mujer en Colombia nos explico: “Para viajar y comida y donde dormir, los [gastos] cubría el.” La realidad económica de las mujeres es producto de la discriminación histórica que sufren en las sociedades patriarcales, donde la tradicional división del trabajo, el desigual acceso de las mujeres a la educación, al trabajo formal, la preferencia por el desarrollo de los hijos varones por sobre las hijas mujeres, entre otros factores, han dificultado las posibilidades de acceder a tareas remuneradas en igualdad de condiciones que los hombres. En consecuencia muchas mujeres, en especial las de los sectores de bajos recursos, realizan tareas en los sectores informales o se dedican al cuidado del hogar ‐ cuando no ambos ‐ quedando sujetas a los aportes económicos de sus parejas para cubrir los gastos necesarios para desarrollar la vida de la familia. En el caso de las mujeres entrevistadas por COHRE, de las mujeres de bajos recursos viviendo en barrios informales en los tres países, la mayoría no trabaja a cambio de una remuneración (casi 25% en Argentina y Colombia y el 27% en Brasil) es decir, se dedican a tareas en el hogar.

En muchos de los casos las mujeres relataban a COHRE que eran los mismos maridos o parejas quienes les solicitaban no trabajar o no continuar con el trabajo que tenían antes del matrimonio, llegando incluso a prohibírselos. De las mujeres que trabajaban solo una poca cantidad lo hacía en el sector formal, registrándose casos de empleadas en comercios, salones de belleza o docentes en escuelas, mientras que la mayoría trabajaba en el sector informal, en la venta informal de productos hechos en casa o como empleadas domésticas. En muchas ocasiones estos trabajos no tenían continuidad, dependiendo de la oferta de empleo o de situaciones personales. En consecuencia, la gran mayoría estaba sometida económicamente a su pareja para subsistir. Muchas mujeres reconocen que esta situación las pone en riesgo. Una mujer en Colombia nos dijo que es muy importante cambiar a esta situación: “Aquí las mujeres tenemos un emprendimiento, lo formamos de a poquito, cocinamos y vendemos comida, ahora también cocinamos en eventos. La participación de las mujeres en el emprendimiento es fundamental, ahí entre nosotras, ayudamos a la que tiene problemas de violencia. Le contamos, le decimos que no tiene porque sufrirla, le decimos donde puede recurrir. La violencia es común, en algún momento la sufrimos, los hombres en general no quieren que trabajamos, nosotros vamos por el barrio, uniendo a las mujeres que quieren trabajar... y nuestro emprendimiento crece día a día.”

En efecto, la dependencia económica aparece como la primera causa mencionada por las mujeres de los tres países como el obstáculo principal para romper con la relación violenta. En segundo lugar, y tal la hipótesis planteada por este trabajo, el no tener un

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lugar para vivir más que el hogar compartido con el agresor. En la mayoría de los casos las mujeres que identificaban la dependencia económica como un obstáculo también mencionaban el problema de la vivienda y la falta de hogar alternativo como un problema esencial para salir del círculo de violencia. En tercer lugar, el miedo fue identificado como un impedimento. Como contra cara el apoyo y la contención de familiares, amigos u organizaciones fueron señalados como vitales para las mujeres que pudieron salir del círculo de violencia. Por su parte, las mujeres también incluyeron dentro de los impedimentos, aunque en menor medida, la vergüenza por la situación, la lucha por mantener a la familia unida y las convenciones sociales. Además, muchas de las mujeres, en especial en Brasil, relataron que el no saber a donde recurrir resultó un inconveniente y un obstáculo para salir de la relación violenta.75 COHRE consultó a las mujeres de los tres países sobre la influencia de las condiciones de habitabilidad en la violencia que sufrían.76 Las respuestas fueron esclarecedoras:77 las mujeres que no tenían problemas de hacinamiento o que no vivían en condiciones inadecuadas no identificaron el problema como un factor potenciador de las situaciones de violencia. En cambio, las mujeres de barrios informales que sufren de condiciones de habitabilidad inadecuadas entendían que el hacinamiento, el poco espacio disponible para la cantidad de personas que compartían la vivienda y la falta de privacidad que eso conlleva afectaban negativamente a sus relaciones y potenciaba la tensión y los estallidos de violencia. Las mujeres relataban que los fines de semana, cuando los agresores estaban en el hogar, eran los momentos más difíciles y muchas de ellas hacían esfuerzos por salir como estrategia para evitar posibles episodios de violencia. De todas formas, esta no fue vista como la causa más importante, pues 75

A modo ilustrativo, de las 60 entrevistas semi‐estructuradas realizadas, en donde las entrevistadas marcaban 1 de las 7 opciones identificada como posibles impedimentos para salir de las relaciones violentas, los resultado fueron los siguientes: 30 veces se identificó la opción correspondiente a las dependencia económica, 29 veces la falta de un lugar para vivir, 26 el miedo, 15 el sentirse avergonzada, 14 no saber a donde o a quien recurrir, 10 el luchar por mantener la familia unida y 6 veces otras razones.

76 Al respecto hemos encontrado poca bibliografía que desarrolle esta temática con profundidad.

Una tesis de maestría realizada en Colombia denominada ‘El Hacinamiento como una condición precaria en la habitabilidad de Familias Del Barrio El Amparo Localidad De Kennedy’ llegaba a la siguiente conclusión: “La precariedad habitacional, el hacinamiento y, la falta de un entorno favorable están íntimamente ligados con la violencia, el abuso sexual, la falta de espacios de intimidad personal y relacional, la proximidad con prácticas de vida degradantes como el consumo de drogas, la prostitución (desde temprana edad), la deserción escolar, la agresividad y aislamiento, infecciones por exposición a agentes contaminantes, falta de dignidad, imposibilidad de acceder al mercado laboral, exclusión y segregación socio‐espacial entre otros. Esta problemática no solo necesita de la asignación de algunos recursos para la mejora de las condiciones físicas, requiere de un enfoque de intervención social dentro de la formulación de la propia política pública y con una mirada de derechos a la vivienda digna y a la ciudad.” Tesis preparado por Gil, Acosta, Puerta Restrepro y Aguas Torres, ‘El Hacinamiento Como Una Condición Precaria En La Habitabilidad De Familias Del Barrio El Amparo Localidad De Kennedy,’ Universidad UNAD, p. 149. Al mismo tiempo en necesario destacar que en la presente investigación no se pretendía indagar sobre la causas de la violencia sino preguntar sobre el impacto en las relaciones de las cohabitantes cuando se está en condiciones inadecuadas de hábitat.

77 Esta diferencia es notoria si se compara las respuestas de las mujeres del pueblo de Villavicencio de Colombia (13 mujeres de las 20 entrevistas respondían que los problemas habitacionales no eran un factor importante) que no sufren problemas habitacionales de seriedad y las respuestas de las mujeres de barrios humildes de Moreno y Porto Alegre (en el caso de Argentina 10 de las 20 mujeres respondieron afirmativamente y en el caso de Brasil 9 de las 20).

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otros factores se consideraban más influyentes. Por una lado, el pasar económico de la familias; así las mujeres relataban que en épocas de crisis o estrechez económica se vivían mayores episodios de violencia ya que los maridos o parejas descargaban sus tensiones con ellas en forma de agresiones verbales, con la consecuente escalada en agresiones físicas. En estos casos, los insultos o las agresiones verbales recibidas tenían mucho que ver con el rol de la mujer y con como éste es percibido. Las mujeres eran tildadas de “inútiles” o “malas administradoras” o “gastadoras,” porque el dinero no alcanzaba y en ellas recaía la responsabilidad. Como es obvio, esta violencia afectaba fuertemente su autoestima de modo que sólo una vez que recobraban su independencia, podían ver con claridad la situación. En ocasiones, las mujeres se sentían responsables y culpables de lo vociferado por los agresores. Otra de la circunstancia identificada como causa de agravamiento de la violencia en relación a las condiciones de habitabilidad, tenía que ver con las condiciones de los barrios y el desarrollo de la vida social en el mismo. Las mujeres relataban que el abuso de bebidas alcohólicas era un elemento que disparaba fuertemente la violencia. Al mismo tiempo, los celos y el machismo, muchas veces potenciado por la vida que se desarrolla en los barrios era visto como causal de violencia. En Colombia, por ejemplo, llamó la atención que algunas mujeres relataran que la inseguridad de los barrios podía ser crucial para mantenerse en una relación violenta, ya que las mujeres solas no eran bien vistas y al mismo tiempo estaban más expuesta a sufrir agresiones por parte de extraños, en especial agresiones sexuales y ello podía forzarlas a tener que elegir entre mantener su relación violenta o sufrir las consecuencias de ser una mujer sola en sus lugares de residencia.

En síntesis, algunas conclusiones claves: en primer lugar, las mujeres que padecen condiciones inadecuadas de hábitat claramente lo identificaron como un factor agravante de la violencia en las relaciones intrafamiliares ‐ en particular por la imposibilidad de gozar de privacidad y de tener un lugar en donde ser dejada en paz.

En consecuencia, es importante que se estudie en mayor profundidad esta relación para verificar la importancia de este factor y los efectos en la vida de las personas cuyas viviendas son inadecuadas. En segundo lugar, se extrae la necesidad de que las políticas públicas en materia de violencia doméstica contemplen la especificidad de las mujeres de barrios precarios e informales como también es importante que los planes de vivienda y planes de regularización tengan en cuenta y prioricen a las mujeres. Por otro lado, las mujeres al ser indagadas sobre las causas para permanecer en las relaciones violentas denunciaron tres cuestiones como claves: la dependencia económica (es decir no contar con recursos económicos para desarrollar su vida), la falta de un lugar alternativo y el miedo de enfrentar al agresor. Aunque los datos aquí relevados no son sorprendentes, son cruciales a la hora de dirigir esfuerzos para fortalecer las políticas de lucha contra la violencia doméstica, reforzando programas de ayuda económica para las mujeres. Si bien se requieren acciones que intensifiquen las opciones al corto plazo, éstas deben estar articuladas con soluciones más definitivas, que faciliten el acceso a la vivienda a las mujeres.

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4.2

PROPIEDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: EL ESTATUS DE LAS MUJERES Y SU POSIBILIDADES DE DESARROLLO

“Era un hogar violento, estaba acostumbrado a ello. Cuando me case estuve expuesta a la violencia, pero no era una sorpresa para mí. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que podía ser distinto. Tuve que salir de casa, escaparme, estuve en lo una amiga, mi vecina, salí con mis hijos … me ayudaron a conseguir trabajo. El me perseguía, por eso tenía que irme de casa en casa, llamé a la policía … fue muy difícil.” ‐

Una mujer victima de la violencia doméstica de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Es importante comenzar a señalar las vinculaciones entre la falta de acceso a derechos de propiedad y el riesgo de sufrir violencia por parte de las mujeres. Aún cuando nuestro estudio no puede concluir que el gozar de propiedad disminuye las posibilidades de sufrir violencia que tienen las mujeres, sí podemos afirmar que la falta de recursos y en especial la falta de lugar donde residir influyen en la perduración y prolongación de las situaciones de violencia. En efecto, y como la otra cara de la moneda de los obstáculos para salir de la situación, las mujeres de los tres países señalaron las siguientes como las claves para poder salir del circuito de agresión:78 la primera es de carácter personal y fue poder tomar coraje y superar el miedo; seguidamente las mujeres relataron que una de las claves fue tener un lugar donde ir a vivir o bien poder expulsar al agresor; en tercer lugar las mujeres entrevistadas por COHRE explicaban que fue vital conocer sus derechos y sus opciones. En una gran cantidad de casos la contención social y la red de apoyo fue fundamental para dar con esas claves; los ejemplos de otras mujeres que habían salido de esa situación les sirvieron para tomar coraje, para informarse sobre sus derechos, sobre las autoridades a quienes recurrir y los lugares de estadía alternativa. La ayuda de amigas, vecinas y familiares resultó esencial.

La Situación de las Mujeres en los Refugios Para este informe COHRE visitó a responsables de casas de refugios en Bogotá, Porto Alegre y la Ciudad de Buenos Aires. Los datos son contundentes. En Bogotá existe un solo refugio de carácter privado: el Hogar Michín. En Porto Alegre, también existe un solo lugar específico para mujeres víctimas de violencia: Casa de Apoio Viva María y en la Ciudad de Buenos Aire existen dos casas de medio camino, de carácter estatal, donde las mujeres pueden quedarse durante algún tiempo (en principio no más de 6 meses aunque con excepciones), además de los centros de mujeres donde se puede 78

A modo ilustrativo, de las 60 encuestas, 27 veces las encuestadas señalaron que del relato surgía la opción “tomar coraje y superar el miedo,” 23 veces “un lugar alternativo para ir a vivir,” 21 veces “saber cuáles son los derechos,” 19 veces “ayuda económica para poder salir de la situación,” 17 “alguna autoridad que las asista en la situación” y 6 otros motivos.

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pedir asistencia frente a una situación de violencia. Al mismo tiempo, por cuestiones operativas y por las limitaciones de las políticas de la lucha contra la violencia, los refugios o las casas de medio camino tienen una serie de requisitos para su acceso, que a veces excluyen a ciertas mujeres de estas opciones. En general, se recibe a las que vienen derivadas de otros organismos, por lo que se deduce que estas mujeres ya conocen los mecanismos institucionales y ya solicitaron su apoyo. Hay además restricciones para entrar con hijos varones mayores de cierta edad y límites temporales. En consecuencia, la política de emergencia para las mujeres en la región se presenta como altamente deficitaria frente a la magnitud del problema, dejando esfuerzo el invalorable trabajadote las personas que trabajan y reciben a las mujeres en los refugios.

Los refugios o casas de apoyo son lugares de carácter temporal donde las mujeres reciben apoyo y asistencia por una determinada cantidad de tiempo cuando salen de sus hogares por situaciones de violencia. Durante las entrevistas, las responsables de los centros señalaban que lo que más valoraban las mujeres durante su estadía es la protección recibida y la tranquilidad recobrada, la sensación “de paz” luego de las tensiones vividas y el tiempo que poseen para pensar y revaluar sus vidas. También valoran la asistencia, en particular el apoyo psicológico, y el cuidado que se les brinda.

Aunque esenciales como respuesta ante la emergencia, los refugios constituyen una solución transitoria pero que debe ser mejorada ya que ésta no puede ser la única política que garantice un lugar alternativo. Las condiciones de vida en los refugios dificultan el desarrollo de una vida normal y la permanencia en ellos no puede ser por periodos extensos, es por eso que, muchas veces, cansadas del refugio, las mujeres deciden retornar a sus hogares y retomar la relación con el agresor. Por supuesto que la dinámica del círculo de violencia es independiente de la política de refugios pero el ofrecer a las mujeres mejores opciones para su vida potenciará las posibilidades de romper con la violencia.

COHRE preguntó sobre la situación de tenencia de los inmuebles: ésta variaba entre ser propiedad del matrimonio, propiedad de ambos en uniones de hecho, propiedad del agresor, de la familia de alguno de los miembros de la pareja, o alquilada. La mayoría de las mujeres no contaba con el título de propiedad sobre su vivienda. La falta de seguridad en la tenencia, además, generaba situaciones ambiguas, tenía un gran impacto en la vida de las mujeres de los barrios más pobres, ya que quedan desprotegidas debido a la imposibilidad de recurrir a la justicia por la falta de las formalidades requeridas.

Al mismo tiempo, es necesario llamar la atención sobre un detalle que era recalcado por las mujeres en sus relatos: para muchas mujeres y sus familias, el acceso a la casa donde residían representó un gran esfuerzo económico e incluso emocional y configuraba el único bien con el que probablemente podían contar. Cuando este bien pertenecía a la pareja, el dividir el inmueble aparecía como una opción muy poco conveniente o hasta imposible, ya que con lo que quedaba de la división no alcanzaba para que ninguno pudiera adquirir otro inmueble obligándolos a permanecer juntos, aún cuando hubiera voluntad de separación. Además, el poseer un bien inmueble tenía

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un importante valor simbólico para las familias al que muchas veces les era difícil renunciar. En muchas ocasiones, esta realidad conspiraba también contra la voluntad de las mujeres de denunciar a sus agresores, ya que dejar a sus parejas sin lugar donde vivir se tornaba una gran carga psicológica.

Por último, queda por analizar las posibilidades de las mujeres de acceder a planes públicos de vivienda. Aunque excede el propósito de este informe analizar con detenimiento los planes de vivienda de los países, mencionaremos algunas de las opiniones manifestadas por las mujeres. Solo unas pocas habían conseguido acceder a vivienda social ofrecida por los planes públicos y las dificultades que se presentaban eran variadas: desde la inexistencia de planes de vivienda social, pasando por trabas burocráticas, hasta dificultades para coincidir con los criterios exigidos para ser beneficiaria. También se mencionó el disgusto por la ubicación de las viviendas sociales, alejadas del centro de la ciudad donde las mujeres desarrollan sus vidas. Así, las mujeres no veían estas variantes como opciones reales sino caminos plagados de obstáculos y complicaciones.

Lo cierto es que las políticas de vivienda de los tres países carecen de una perspectiva de género que mida el impacto del diseño en la vida de las mujeres – independiente de algunas iniciativas valiosas – y no encontramos ejemplos que consideren la problemática de las mujeres víctimas de violencia.79 Resulta recomendable, entonces, que no sólo las políticas de lucha contra la violencia doméstica incluyan prescripciones respecto de la vivienda sino también que las políticas de vivienda sean diseñadas con una perspectiva de género y en especial se considere la realidad de las mujeres víctima de violencia, en particular la de las víctimas de violencia intrafamiliar.

79

En un reciente estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), en donde se analizan los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, se señalo lo siguiente en relación con las políticas de vivienda de la región: sobre Colombia, que “la política habitacional actual es excluyente con las mujeres. Una política de subsidios de la demanda de vivienda, sin adecuada intervención del mercado para controlar los precios de la tierra, se traduce en precios de vivienda inflados. Los análisis de economía urbana definen que en gran medida los subsidios van a parar directamente a los bolsillos de los dueños del negocio inmobiliario (…).” Respecto de Argentina especifica que: “los créditos ofrecidos por la banca privada presentan un obstáculo insalvable y es la relación entre el valor de la vivienda y los salarios, pero especialmente agudizado en las mujeres cuyos haberes mensuales son proporcionalmente menores.” Por nuestra parte, podemos agregar que a pesar de la activa política de vivienda llevada por la actual administración y la anterior, ninguno de los programas de vivienda tiene especificidad ni consideración de género o pautas especiales a favor de las mujeres. Hemos conocido experiencias puntuales, en algunos municipios, donde se otorgan prioridad o cuotas especiales para mujeres, por ejemplo mujeres jefas de hogar. Y sobre Brasil que “no existen normas restrictivas para la efectiva realización de este derecho por parte de las mujeres y han sido allanados los obstáculos legales (…).” Además, se señalan algunas iniciativas que dan prioridad a las mujeres, aunque todavía no son representativas una política unificada de todo Brasil.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Sistematización de Estudios Nacionales sobre derechos habitaciones y DESC de las mujeres, (Peru: CLADEM, 2008).

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4.3

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LOS OPERADORES DEL DERECHO: LA RUTA INTERMINABLE

“Recurrí a la Comisaría de Familia para denunciar la violencia y en vez de hacer algo, llamaron al agresor, para que nos amiguemos, por el bien de la familia. Y de hecho, nos atendieron a los dos, y ahí nomás nos dijeron que no era grave, que yo tenía que colaborar, que él era el que trabajaba y entonces yo me tenía que ocupar de las cosas de la casa. Fue terrible, ver como no prestaban atención a mi problema.”

-

Una mujer victima de la violencia doméstica de Bogotá, Colombia

En esta sección relataremos las experiencias de las mujeres que acudieron a las autoridades para recibir atención o para obtener el reestablecimiento de sus derechos frente a la situación de violencia que estaban sufriendo. Por supuesto que es difícil realizar generalizaciones en torno a las experiencias de las mujeres, ya que las distintas circunstancias que viven y las distintas necesidades de cada una de las ellas requieren de reacciones específicas por parte de las autoridades. En efecto, parte del problema confirmado durante nuestra investigación de campo en la lucha contra la violencia doméstica es la falta de respuesta o políticas específicas para las realidades de las distintas mujeres. Una cantidad de variables, entre ellas lugar de residencia, origen, forma y tradiciones en las relaciones con la comunidad, clase social, expectativas sociales y personales, entre otras, determinan en buena medida las necesidades en situaciones de violencia. Aunque en este reporte nos concentramos en presentar algunos de los ejes comunes que encontramos en las entrevistas, lo cierto es que había diferencias importantes‐ aún en mujeres del mismo país y comunidad‐ en las respuestas obtenidas y en las necesidades de las mujeres. Las respuestas y estrategias de carácter genérico diseñadas para luchar contra la violencia intrafamiliar pueden explicar‐ en alguna medida‐ las dificultades para lograr una mayor efectividad.

El problema del acceso a la justicia y las dificultades en el funcionamiento de los operadores del derecho en los casos de violencia intrafamiliar han sido analizados en profundidad por expertos/as regionales y locales y por organizaciones y organismos internacionales.80 No es el objetivo de este informe realizar un análisis de esta problemática ni tampoco detallar las polémicas más importantes en torno a la regulación legal en la materia. Nos centraremos en aquellas cuestiones relativas a la conexión con la problemática de la vivienda.

El funcionamiento de la justicia y la posibilidad de acceder a la autoridades legales es crucial para las mujeres que sufren de violencia en la medida en que son las encargadas de emitir las órdenes de protección anticipadas o las medidas cautelares relativas al goce de las vivienda común. Así, como hemos analizado anteriormente, la legislación de cada país establece las autoridades con competencia para el dictado de estas medidas, los requisitos para su obtención y la duración de las mismas. En esta 80

Ver: Estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 20 enero 2007.

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sección, la intención es presentar las experiencias de las mujeres al momento de hacer efectiva la protección garantizada en la legislación.

Un tema que apareció con fuerza en los relatos en los tres países fue la dificultad para conocer y aprender la ruta de atención para las mujeres víctimas. Es bien conocida la dispersión de los organismos encargados de dar asistencia y la dificultad de conseguir una respuesta integral y no fragmentada de acuerdo a competencia y ámbito de actuación. La Corporación SISMA Mujer de Colombia establecía: La dispersión de autoridades de conocimiento y las instancias previas para acceder a la rama judicial, colocan a la víctima de violencia intrafamiliar ante una carrera de obstáculos en la que los desistimientos son la constante. Antes de alcanzar la judicialización de un asunto de violencia intrafamiliar, la víctima se encuentra ante una serie de entidades sin mayor articulación entre ellas.

Acude a la Policía, a Medicina legal, a Bienestar Familiar, a la Comisaría de Familia, o al juzgado de familia o civil, donde aquella no existe, si es que requiere medidas de protección y también tiene la opción de someter su problema a jueces de paz o conciliadores en equidad.81 Aunque se han introducido reformas en la legislación colombiana desde entonces, lo cierto es que la dispersión institucional persiste y esto obliga a las mujeres a un peregrinaje desgastante en busca de ayuda.82 En particular, las mujeres enfrentaban enormes dificultades a la hora de encontrar lugares alternativos a donde ir a vivir en caso de decidir huir del hogar violento. Las opciones de refugios públicos son pocas y limitadas; la oferta más importante la encontramos en la Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Las mujeres de la zona de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, no tienen apoyo estatal‐ a lo sumo una casa de medio camino de carácter privado‐ lo mismo en Bogotá y Porto Alegre. En estos casos, la contención de la red social fue fundamental. Las que salían del lugar donde vivían encontraban apoyo en amigos, vecinos o familiares y no en la ayuda estatal.83 Estas situaciones provisorias se les hacían muy duro a las mujeres por no tener donde vivir, con las consecuencias esperables como la interrupción en las actividades cotidianas de ellas y de sus hijos/as, además por las penurias económicas que esto conllevaba. En muchos casos lograban entrar en algún plan de asistencia 81

Corporación SISMA Mujer, La sagrada violencia intrafamiliar en Colombia: Aspectos legales, p.

21.

82

Ver el cuadro de ruta de atención incluido en el Informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Promoción y Monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, que muestra a los organismos encargados, sus funciones y las etapas en las cuáles se puede recurrir. También ver la Guía de Recursos para la atención de la violencia contra las mujeres, Ciudad de Buenos Aires y Región Metropolitana Norte que servirá para notar la cantidad de organismos y la dispersión que hay en la atención para las mujeres.

83 La información obtenida en la Secretaría de la Mujer de la Cuidad de Buenos Aires nos informaba que cuando las mujeres recurrían a las casas de las mujeres o los lugares de atención, lo primero que se hacían era tratar de instarlas a que busquen ayuda o contención a través de sus redes sociales y recién ahí se les habilitaba la ayuda de residencia.

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social de tipo genérico84 pero estos representaban una mínima cantidad de dinero y en muchos casos implicaba el cumplimiento de ciertas condiciones‐ relativas al cuidado de los hijos o contraprestaciones laborales‐ que en esas circunstancias complicaban a las mujeres. Además, el recibir ayuda del estado tenía una fuerte carga simbólica para las mujeres que hasta entonces habían vivido del dinero que producía el núcleo familiar.

Por supuesto un gran número de las consultadas nunca había denunciado la situación ni había buscado ayuda sino que intentaron salir por su cuenta. En general la decisión de buscar ayuda y la de denunciar ante la justicia se daba cuando la problemática había alcanzado un grado de gravedad importante y cuando se presentaban situaciones mucho más violentas comparadas con las que ya estaban naturalizadas. Las mujeres consultadas decían sentir mucho malestar ‐o bien culpa‐ por acusar a sus parejas ante la justicia, más cuando podían terminar en la cárcel. Las mujeres también decían sentir vergüenza de admitir la situación frente a amigos y vecinos y otros familiares. En este punto, vale resaltar lo relatado por las mujeres de Colombia, que veían a las Comisarías de Familia, instancia administrativa que puede dictar medidas de protección, como un elemento valioso ya que no significaba recurrir a la justicia penal directamente. De todas formas, también hay que agregar que una gran cantidad relató la mala atención recibida y la falta de sensibilidad hacia sus problemas o los sesgos machistas de quienes estaban a cargo de la atención.

En ocasiones, cuando la situación se tornaba violenta hacia los hijos/as, eso era lo que las motivaba a buscar ayuda. Aunque con distinto grado de efectividad, las medidas de exclusión del hogar resultaron vitales para que las mujeres pudieran enfrentar a los agresores. En los casos en los que se realizó la denuncia, las mujeres solicitaron medidas de exclusión y en la mayoría esto produjo un gran alivio. Las mujeres de Brasil fueron quienes se mostraron más conformes con el funcionamiento de las Comisarías de la Mujer así como también de la justicia; las mujeres de Colombia expresaron que les era fácil recurrir a las Comisarías de Familia y que se les ordene la exclusión, aunque su duración era corta. En palabras de las mujeres: durante un par de días la policía se encargaba de que no el agresor no volviera, pero después reaparecía y la policía ya no se ocupaba más. Por su parte, las mujeres de Argentina expresaron muchas dificultades para acceder a la justicia, por la lejanía de las instituciones judiciales, la pobre atención de las Comisarías de la Mujer (que existen en la Provincia de Buenos Aires y en algunas otras jurisdicciones pero no en todo el país) y la falta de atención a su problemática. De todas formas, en los casos que lograban acceder a la justicia no había dificultades para lograr las medidas de protección de exclusión aunque se sostuvieran durante unos pocos días. Otra cuestión importante es que las mujeres tenían dificultades para sostener el alejamiento del agresor del hogar en las viviendas sobre las cuales no tenían derecho. Las mujeres de barrios informales también sufrían de mayores dificultades para sacar a los agresores de forma permanente por la falta de título formal y las mujeres de zonas marginales encontraban enormes dificultades para acceder a la justicia y lograr que inclusive la policía se ocupe de su problema.

84

Ver Plan Familias y Plan Jefe de Hogar en Argentina, Plan Familias en Acción en Colombia y el Plan Bolsa Familia en Brasil (este Plan ha recibido gran aceptación y un notable alcance).

47

Por supuesto que un análisis del funcionamiento de la justicia es de gran complejidad y se han hecho esfuerzos en ese sentido, pero no es algo tan ambicioso lo que pretendemos aquí sino más bien presentar lo relatado por las mujeres a COHRE. De estas conversaciones es posible extraer alguna conclusiones: se requieren políticas activas que mejoren y recepten las propuestas hechas por la sociedad civil, grupos de mujeres y expertas/os en la materia en relación al funcionamiento de la justicia en casos de violencia, en especial de violencia intrafamiliar, como también garantizar el acceso a la justicia, herramienta esencial para que las mujeres puedan hacer efectivos sus derechos. En segundo lugar, se debe continuar con las políticas de entrenamiento para los operadores del derecho y otras instituciones encargadas de la atención, judicialización y restablecimiento de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y dotar a estas unidades con personal calificado y presupuesto, y establecer en las mismas un protocolo de atención. Las experiencias de los países donde se han establecidos juzgados o departamentos de policías especiales han resultado satisfactorias y por ello deben seguir expandiéndose. En relación con las cuestiones de vivienda, surge de lo investigado que las posibilidades de lograr las medidas de exclusión son altas como también de lograr su cumplimiento, aunque no por todo el tiempo que son necesarias. Muchas veces las mujeres tienen dificultades para lograr la protección por todo el tiempo ordenado y como venimos sosteniendo a lo largo de este informe, se debe evaluar la introducción de mecanismos que impidan que las mujeres queden atrapadas o sin hogar o sosteniendo la relación violenta y esto puede traducirse en la adopción de medidas especiales aún cuando el agresor sea el propietario, al menos hasta que se posibiliten opciones de acceso a la vivienda a las mujeres víctimas de violencia en el espacio íntimo.

Por último es necesario destacar la necesidad de impulsar políticas y establecer mecanismos que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y profundizar las acciones de visibilización de esta problemática. Las mujeres estaban convencidas de que las mejoras en la legislación, los organismos de atención y el diseño de programas resultaban vitales aunque su eficacia no iba ser posible si no se lograba fortalecer y empoderar a las mujeres y capacitarlas en sus derechos y en cómo exigirlos.

La Situación de las Mujeres Víctimas de Desplazamiento Un Informe del Defensor del Pueblo Colombiano85 presenta de esta manera la tragedia del desplazamiento: “es sin duda la mayor tragedia humanitaria que haya vivido el país. Como consecuencia del conflicto armado colombiano más de tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares de residencia en busca de protección para sus vidas, su integridad y dignidad.” El informe explica que: “La condición de vulnerabilidad de la población desplazada se acrecienta más si 85

Informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Promoción y Monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual. El informe del año 2008 es de un importantísimo aporte para el análisis de la temática propuesta, es por ello que basaremos la información proporcionada en este Informe en lo presentado por la Defensoría del Pueblo y lo relatado por las mujeres entrevistadas por COHRE. Al mismo tiempo agradecemos a María Cristina Hurtado responsable del Informe quien nos brindo su tiempo y su experiencia y conocimiento en nuestra vista a Colombia.

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tenemos en cuenta que el 80% de las personas desplazadas son mujeres, niños, niñas y adolescentes, si cerca del 58% de las personas desplazadas son mujeres, si el 55% tiene menos de 18 años y si el 39% de las familias desplazadas están dirigidas por mujeres (…). La situación de desplazamiento se ve agravada por las condiciones sociales, educativas y económicas de las mujeres, así por ejemplo: El 39% de las familias desplazadas están dirigidas por mujeres. El 30% de las adolescentes desplazadas son madres. El 14,5% de las mujeres desplazadas por el conflicto armado no tienen educación El 48% de estas están desempleadas, lo que las ubica en un nivel de desempleo de 8 puntos por encima del total nacional.”86 Así la tragedia del desplazamiento constituye una gravísima violación de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. En especial y de acuerdo al mismo informe, “la situación de las mujeres desplazadas en el país es el resultado de la grave vulneración de sus derechos fundamentales y de la invisibilización de su particular condición de mujer víctima del conflicto armado. En el contexto de violencia política y desplazamiento forzado, la población femenina tiene que asumir los procesos de pérdida y duelo en mayor grado. Generalmente son sus compañeros, sus hermanos o sus hijos las víctimas de muertes violentas o desapariciones, por lo cual se ven obligadas a migrar de sus hogares para huir del miedo y buscar la protección de sus seres queridos.”87 El informe de la Defensoría, que realizó una extensiva investigación de campo en cuatro departamentos del país, indagó sobre la violencia intrafamiliar sufrida por las mujeres víctimas de desplazamiento y estos son algunas de las conclusiones presentadas, previo a explicar que la violencia intrafamiliar se exacerba en circunstancias de depravación económica, crisis humanitaria y por supuesto en condiciones de conflicto armado interno, indicaban que: Impacta el hecho de que de 1.630 del total de las mujeres encuestadas, 606 contestaron que sí (habían sufrido violencia física) es decir el 37,2% y manifestaron que no 1.013 o sea el 62,1%. Por ciudad, Pasto reportó el más alto porcentaje de mujeres víctimas de violencia física con el 43,3%, seguido por Medellín con el 41,6%, Cali con el 34,3%, y Cúcuta con el 29,4%.88 El informe muestra el impacto de la violencia intrafamiliar en las mujeres en condición de deslazamiento. Durante nuestra visita a Colombia nos encontramos con mujeres desplazadas quienes nos contaron sus historias y nos relataron como las condición de desplazamiento agravaba las situaciones de violencia intrafamiliar‐ aunque las mujeres ya sufrían violencia previo al desplazamiento‐ y cómo la llegada a la cuidad, las penurias económicas y la adaptación a la nueva realidad potenciaron la tensión en las relaciones familiares, con su esposos o compañeros. En particular, los hombres padecían mucha frustración, ya que tenían mayores dificultades para conseguir 86

Ibidem, p. 49.

Ibidem, p. 39.

88 Ibidem. p. 168.

89 Ver: Comisión Colombiana de Juristas, Informe sobre la situación del derecho a la vivienda adecuada de la población desplazada en Colombia, 2008.

90 Ibidem.

87

49

trabajo que las mujeres. Mientras que sus capacidades no eran valoradas en el mercado de trabajo, las mujeres se las rebuscaban en el sector informal, por lo cual terminan desquitándose con ellas. Una mujer de Colombia nos explico: “Las mujeres que llegamos a la Ciudad sufrimos mucho la violencia, salimos de nuestros hogares, sufrimos perdidas de seres queridos, llegamos a las ciudades, sin lugar donde estar, nos excluyen. Tenemos que salir a trabajar, las mujeres podemos arreglarnos con trabajitos, eso pone mal a los hombres‐ aunque muchas mujeres están sin sus hombres‐ ellos se frustran, se violentan y hay mucha dificultad para decirlo, para pensar en salir de ello. Una puede estar mucho tiempo así, el apoyo de otras mujeres, los grupos de ayuda es lo que puede ayudar para salir de la violencia. La violencia en el casa puede durar años y años.”

Los nuevos roles a los que debían adaptarse las mujeres y hombres en la ciudad y las dificultades en esta transición impactaban negativamente en las relaciones intrafamiliares. Aún cuando la realidad era que muchas mujeres desplazadas se encontraban solas, esta situación dificultaba las nuevas relaciones que intentaban construir. Las nuevas condiciones de habitabilidad, los espacios reducidos, los barrios informales, y el vivir en condiciones de grandes penurias tenían un impacto adverso enorme y agravador de violencia y tensión en las relaciones familiares.

Por su parte, un Informe de la Comisión Colombiana de Juristas89 reportó sobre las dificultades que enfrentaban las mujeres en condición de desplazamiento a la hora de conseguir vivienda. Las conclusiones del informe son contundentes: El seguimiento a la situación del derecho a la vivienda adecuada de las víctimas del desplazamiento permite llegar a las siguientes conclusiones: El Estado colombiano no ha cumplido su obligación de adoptar de manera inmediata medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada de la población desplazada. Existe una notable omisión en cuanto a la legislación y a políticas que garanticen que dicha población acceda efectivamente a programas especiales de vivienda adecuada en consideración a su condición de víctima de violaciones a los derechos humanos que sobrevive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, Colombia carece de una estrategia nacional de vivienda con objetivos, medios y recursos disponibles orientados a garantizar a la población desplazada el acceso a una vivienda adecuada, de conformidad con los parámetros internacionales de asequibilidad como grupo en situación de desventaja; seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad deservicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables y habitabilidad.

Dicha omisión estatal incluye la ausencia de medidas favorables para los sectores de población desplazada, tales como las mujeres, los afrocolombianos e indígenas.90 Asimismo establece que pesar de las órdenes de la Corte Constitucional y de las recomendaciones de los órganos nacionales e internacionales, el gobierno no ha formulado una política de vivienda específica para la población desplazada y, por lo tanto, la respuesta estatal continúa estando limitada a la oferta de subsidios. Las mujeres víctimas de desplazamiento son un ejemplo de la lucha que llevan adelante

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las mujeres del mundo para lograr el restablecimiento de sus derechos y mejores condiciones de vida en circunstancias de enorme adversidad. En este apartado, querĂ­amos llamar la atenciĂłn sobre la necesidad de evaluar el impacto que tiene su condiciĂłn en una de las formas de violencia que sufren, la violencia intrafamiliar.

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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“El gobierno debe garantizar la calidad de vida y así mismo el destino de todos.”

Una mujer victima de la violencia doméstica de Bogotá, Colombia

Este trabajo ha profundizado la idea del que el acceso a la vivienda es un elemento imprescindible para la lucha contra la violencia doméstica. A pesar de las diferencias, peculiaridades o especiales circunstancias que relataban las mujeres entrevistadas por COHRE, había un claro consenso alrededor de la idea de que se requieren políticas de carácter inmediato que den ayuda económica a las mujeres y les proporcionen un lugar a donde ir en caso de salir del hogar. Pero también reclamaban por políticas que les permitieran acceder a una vivienda, más allá de las situaciones de violencia vividas.

Las mujeres entrevistadas por COHRE en los tres países relataban las dificultades o imposibilidades para acceder a un lugar para vivir, por los crecientes precios de las propiedades, la falta de acceso a crédito, los bajos salarios o el trabajo en el sector informal que les impide cumplir con los requisitos para los créditos o las garantías requeridas para alquilar. Estos factores se combinan para convertir cualquier posibilidad de acceso al mercado de vivienda en remota. Por supuesto, muchas de las mujeres no poseían siquiera el mínimo de los recursos necesarios para acceder a estas opciones y dependían de planes de asistencia estatal para sobrevivir.

Estas mujeres nos dijeron claramente que la posibilidad de perder el lugar donde se habita y la amenaza de quedar en la calle, especialmente cuando están involucrados los hijos e hijas, es un factor determinante para continuar en una relación violenta.

También hay razones para pensar que al menos en condiciones inadecuadas de hábitat, las mujeres y las niñas sufren de mayores obstáculos en el disfrute de sus derechos: ven limitadas las posibilidades de desarrollar su autonomía, sufren mayores amenazas a su integridad personal y en ocasiones conviven con mayores niveles de tensión, debido al hacinamiento por ejemplo, lo que puede derivar en situaciones de violencia. Con todo esto, no quedan dudas sobre la conexión entre vivienda y violencia. En definitiva, creemos que los ejes de nuestra hipótesis son firmes aunque por supuesto quedan tareas pendientes para profundizar la investigación del vínculo entre violencia y vivienda. En particular surge la necesidad de que exista una mayor producción de datos e información sobre estas cuestiones para poder ir delineando en forma más detallada esta problemática.

La vivienda, como nos relatara una mujer en Colombia, es un bien preciado para las familias de estratos bajos y medios de nuestra región; acceder a ella es un sueño para el cual se dedican todos los esfuerzos y los recursos, y el efecto simbólico que conlleva no tiene precio. En esta realidad, el salir de la vivienda, dejar la propiedad o a veces aún pensar en dividirla representa un sacrificio enorme y las mujeres sufren especialmente por ello. La desigualdad en el acceso a la propiedad y al mercado de trabajo combinada con la existencia de un sistema patriarcal que expone a las mujeres

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a la violencia de género, las deja en condiciones de inferioridad para el desarrollo de sus vidas. Estas son los desafíos que hay que enfrentar para lograr un cambio, para que tengan una opción real para dejar las relaciones violentas. Para ello es vital ofrecerles una cosa: un lugar donde vivir, sino muchos de los esfuerzos resultarán en vano.

Con la finalidad de hacer realidad lo planteado aquí y para alentar nuevos desarrollos que permitan a las mujeres luchar contra la violencia doméstica es que realizamos las siguientes recomendaciones. Aunque otras tantas surgen del informe, nos centramos en las cuestiones más importantes: 1.

El desarrollo de las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada con perspectiva de género, especialmente por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, y los otros órganos internacionales de derechos humanos. En particular, estas normas deben desarrollar e ilustrar el vínculo entre el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a vivir libre de violencia en el hogar, y establecer protecciones concretas para las víctimas de la violencia doméstica en relación a la vivienda adecuada.

Las normas de vivienda adecuada en términos generales han sido interpretadas como un lugar para vivir en paz, seguridad y dignidad, seguido por criterios específicos, entre ellos la seguridad jurídica de la tenencia y la habitabilidad. Claramente, las mujeres que sufren violencia en sus hogares no vivan en paz, seguridad y dignidad. Ellas carecen de la seguridad de la tenencia y no podemos decir que sus hogares son habitables. Por lo tanto, una perspectiva de género sobre el derecho a la de vivienda adecuada se debe de desarrollar en una manera que ofrece protección a las mujeres que sufren de violencia doméstica. Aunque ha habido avances importantes en el desarrollo de los derechos de vivienda de la mujer, en el caso del trabajo sobre la violencia doméstica tenemos pasos por delante. Se deben hacer esfuerzos para continuar el desarrollo integral de las normas de derechos humanos, incluidos los que se desarrollan los vínculos conceptuales entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y la eliminación de la violencia doméstica.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros órganos internacionales de derechos humanos también deben solicitar información de los Estados Partes en relación con protecciones para las mujeres víctimas de violencia doméstica en materia de vivienda, y el estado de aplicación de las políticas y programas relacionados con la vivienda destinados a ayudar a este grupo de mujeres. Es igualmente importante para profundizar el análisis de las políticas públicas en materia de vivienda desde una perspectiva sensible al género. Aquí, es importante que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pongan énfasis en el hecho de que las políticas de vivienda que carecen de una perspectiva de género están violando el principio de igualdad entre los géneros conocido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente. También es esencial que el Comité

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para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros organismos internacionales de derechos humanos, piden que los Estados tengan en cuenta el impacto del desarrollo de políticas en materia de vivienda, la tierra y la propiedad, en las vidas de las mujeres, no sólo recomendando la eliminación de las barreras formales, sino más bien acciones concretas con objeto de corregir la desigual distribución o disfrute de los derechos en la realidad.

2.

Fortalecer a la legislación sobre violencia doméstica a nivel nacional, en particular, para que esta legislación garantice explícitamente el derecho a una vivienda adecuada a las víctimas de la violencia doméstica. Las leyes contra la violencia doméstica deben reconocer el derecho a una vivienda adecuada de las víctimas de la violencia doméstica. Estas políticas deberían garantizar a las mujeres que huyen de este abuso un lugar adecuado y seguro para vivir, con sus hijos si los tienen, y el mínimo de recursos financieros que les permita mantener un nivel de vida adecuado.

Las medidas de protección también deben incluir la exclusión del agresor del hogar y el derecho de la víctima a permanecer en el hogar, aún cuando no sea la propietaria, al menos hasta que ella es capaz de acceder a una vivienda alternativa. Es esencial, en este sentido para desarrollar e implementar políticas y programas de asistencia inmediata a las mujeres que necesitan salir de sus casas, o que ya han abandonado sus hogares debido a la violencia doméstica. En resumen, los Estados tienen la obligación de garantizar que las mujeres tengan una vivienda alternativa, adecuada y segura para ellas y sus hijos. Del mismo modo, es esencial que las mujeres reciban la información necesaria sobre los programas de asistencia disponibles, incluidas la relativa al acceso a los refugios de emergencia para mujeres maltratadas. Al mismo tiempo, los Estados deben asegurar la coordinación eficaz entre los servicios de justicia la policía y los organismos dedicados a proporcionar asistencia a las víctimas de la violencia doméstica.

3.

Incluir análisis de información, datos y documentación sobre el acceso de las mujeres a una vivienda alternativa, segura y adecuada dentro de los estudios, encuestas y otras investigaciones sobre la violencia doméstica, llevado a cabo por los Estados u organismos internacionales y regionales.

Los Estados, así como los organismos internacionales y regionales deberían ser alentados a producir datos actualizados y estadísticas sobre la situación de violencia doméstica en la región. Esta información debe incluir datos con respecto el goce de los derechos a la vivienda en el contexto de la violencia doméstica.

4.

Fortalecer a la legislación sobre los derechos de vivienda a nivel nacional y garantizar que las víctimas de violencia doméstica tengan prioridad en los programas de vivienda.

Las políticas de vivienda deben garantizar una atención adecuada a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia doméstica, incluidas las mujeres que viven en

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asentamientos informales, las mujeres desplazadas, o las de otros grupos de mujeres vulnerables. Aquí es fundamental para los Estados establecer programas que den prioridad a la provisión de vivienda adecuada a las víctimas de violencia doméstica, teniendo en cuenta las dificultades particulares que enfrentan. Es esencial incluir una perspectiva de género en los momentos del diseño, de la ejecución y de la implementación de las políticas de vivienda, así como en el momento de la evaluación de esas políticas. En todas las etapas, los gobiernos deberían consultar a las mujeres víctimas de violencia doméstica, así como sus defensores, para asegurar que las políticas de vivienda benefician a las mujeres y no impactan negativamente las vidas de las mujeres. Las políticas de vivienda también deben garantizar la seguridad jurídica de la tenencia para las mujeres.

5.

Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica, incluyendo las órdenes de protección.

Los Estados deberían garantizar la prestación de garantías jurídicas para las víctimas de violencia doméstica, con el apoyo de organizaciones gubernamentales, adecuadamente financiados, coordinados y entrenados, para ayudar a las mujeres que huyen de situaciones de violencia doméstica.

6.

Establecer mecanismos y estrategias para aumentar la concienciación sobre el problema de la violencia en el hogar e informar a las mujeres sobre sus derechos, incluido su derecho a una vivienda adecuada.

Las mujeres han informado de la importancia de la ayuda y orientación que reciben de sus defensores y grupos de apoyo en su lucha contra el ciclo de violencia. Por eso es esencial que los Estados apoyen a estos grupos locales de mujeres y organizaciones que trabajan con mujeres que huyen de la violencia doméstica. Los Estados también deben garantizar que las mujeres víctimas de violencia doméstica y sus defensores tengan acceso a información sobre las protecciones que existen en la ley, incluyendo las protecciones relacionadas con el derecho de las mujeres víctimas de violencia doméstica a una vivienda adecuada y segura.

7.

Desarrollar políticas y programas sobre temas de vivienda y violencia doméstica que son sensibles a las necesidades de mujeres vulnerables, como las mujeres que viven en barrios informales o las mujeres que sufren el desplazamiento, reconociendo que las mujeres no son un grupo homogéneo.

Es importante que los Estados tomen en cuenta los obstáculos específicos en temas de vivienda que enfrentan grupos de mujeres marginadas, y que adopten medidas positivas encaminadas a atender las necesidades de estos diferentes grupos de mujeres. Esas medidas deben basarse en consulta con las mujeres afectadas y sus defensores. Las perspectivas de estas personas son esenciales en el diseño, ejecución, aplicación y evaluación de la legislación, las políticas y los programas contra la violencia doméstica.

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ANEXO CUADRO RESUMEN: PRESCRIPCIONES DE VIVIENDA EN LAS LEYES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA REGIÓN Nota: Este cuadro está basado en el Anexo 3 del Documento Número 75 de La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ‘Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de América Latina y el Caribe.’ de fecha Septiembre de 2005. El cuadro fue actualizado con la incorporación de las nueves leyes sancionadas del 2005 en adelante. Esos países aparecen en colorado. Las columnas grises corresponden a las incorporadas por COHRE para este informe.

País

Argentina

Nombre y N° Ley

Ley N° 26.485

Fecha

14‐04‐ 09

Carácter

Especial

Competencia

Juez que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aunque sea incompetente puede dictar medidas preventivas.

Tipos de violencia

Física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica.

Prescripciones relacionadas con la violencia económica

Medidas de Protección

Medidas cautelares relacionadas con el domicilio de la víctima o el agresor

Art. 5.4. Tipos de violencia: Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de mujer a través de: a. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. c. “…privación de los medios indispensables para vivir una vida digna.

La ley enumera las medidas que puede tomar el/la juez/a.

Puede dictar más de una medida a la vez, pero debe establecer plazo máximo en auto fundado.

Si: Prohibición de acercarcamiento, medidas de seguridad para el domicilio, exclusión del hogar sin importar titularidad, reintegro al hogar de la mujer.

Incluye alguna prescripción en relación a tenencia de la vivienda

No

Establece la creación de programas de temporales de vivienda (refugios, albergues)

Art. 10 inc 6 establece la creación de instancias de tránsito y albergues para la mujer víctima de violencia.

Establece la creación de programas de acceso a una vivienda alternativa (definitiva) “Facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia” Art. 11. 2e Establece en su art. 10 inc 3 la creación de “Programas económicos para el autovalimiento de la mujer.”

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Bolivia

Contra la Violencia en la Familia o Doméstica N° 1.674

15‐12‐ 95

Especial

Juez/a de Instrucción de Familia en comunidades indígenas y campesinas son competentes las autoridades comunitarias y naturales, de acuerdo a la costumbre.

Física, psicológica y sexual que constituyan faltas.

Brasil

Ley N° 11.340

7‐08‐06

Especial

Formas de violencia doméstica y familiar: Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral.

Si

Ley enumera medidas de urgencia, aunque no de forma taxativa puesto que se pueden instrumentar otras existentes en otras leyes.

El/la juez/a puede aplicar una o varias y modificar su decisión durante el proceso (suspendiendo la medida, sumando una nueva, etc.).

Colombia

Ley N° 1257

04‐12‐ 08

Especial

Es competente, por opción de la ofendida, para los procesos Civiles regidos por esta Ley, el Juzgado: I ‐ de su domicilio o de su residencia; II ‐ del lugar del hecho en que se basó la demanda; III ‐ del domicilio del agresor.

Establece también la creación de un Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer.

Juez/a de familia, de no haber, Juez/a civil. Puede

Concepto de daño contra la mujer: daño psicológico,

Art 3 inc d: Pérdida, transformación, sustracción,

La Ley diferencia las medidas que pueden

Ley enumera las medidas cautelantes. Y juez/a no puede establecer su duración más allá del término del proceso.

Si: Prohibir o restringir temporalmente la presencia en el hogar. Restitución al domicilio de la víctima. Inventariar bien muebles o inmuebles de propiedad conyugal. ‐Autorizar el alejamiento de la víctima de hogar y la entrega de sus pertenencias.

Si: alejamiento del hogar, domicilio o local de convivencia con la ofendida; determinar el alejamiento de la ofendida del hogar, sin perjuicio para los derechos relativos a bienes, guardia de los hijos y alimentos; prohibición temporaria para la celebración de actos y contratos de compra, venta y locación de propiedad en común salvo expresa autorización judicial.

No

Exclusión del hogar.

Abstención de penetrar en cualquier lugar

Como medida provisoria: Decidir provisionalmente el

Art. 3 o) Promoverá el establecimiento de hogares temporales de refugio para víctimas de violencia y la creación de instituciones para el tratamiento de los agresores.

Art 23 I: enviar a la ofendida y sus dependientes a programa oficial comunitario de protección o de atención.

Remitir a la víctima y sus hijas e hijos a un centro de recepción de mujeres en

La ley garantiza la habitación y alimentación

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Costa Rica

Ley contra la Violencia Doméstica N° 7586

Marzo 1996

Especial de Protección

acudirse a un/a juez/a de paz a fin de obtener, con su mediación, el cese de la violencia.

daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual, daño patrimonial.

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de traba‐jo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

tomarse en caso de violencia en el ámbito familiar y en otros ámbitos.

La enumeración no es taxativa.

Las medidas pueden ser tomadas en forma provisional e inmediata por la autoridad competente.

donde se encuentre la víctima.

Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar.

Prohibir, por parte del juez de conocimiento, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente.

uso y disfrute de la vivienda familiar.

Juez/a de Familia o Alcaldías Mixtas

Física, psicológica, sexual y patrimonial

Violencia Patrimonial Art. 2 e: “Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo,

Enumeración taxativa.

Duración entre 1 y 6 meses.

Prorrogables por una vez.

Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se resiste, se utilizará la Fuerza Pública. b. Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras, si así lo solicita.

Otorgar el uso

Como Medida Precautoria : Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida.

situación de violencia, si lo hubiere o a un hogar de paso, albergue, ancianato o institución similar que exista en el municipio.

de la víctima de violencia a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto se llevará adelante a través de la contratación de servicios hoteleros o en dependencias de salud. En caso de no aceptarlo la víctima recibirá un subsidio, probando que lo utiliza para ello y teniendo la obligación de asistir a citas médicas y psiquiátricas.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de

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documentos personales, bienes, valores, derechos y recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades… .”

Chile

Ley N° 20.066

22‐09‐ 05

Especial

Si no constituye delito; juez/a de familia

Ecuador

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia N° 103

1995

Especial

Juez/a de familia

Art 5: “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él.”

Física, psicológica y Sexual.

La Ley menciona medidas accesorias a ser dictadas en la sentencia. Éstas tendrán un plazo de entre 6 meses y un año, aunque pueden ser prorrogadas.

Tanto jueces/zas como Comisarios de la Mujer y la Familia, Intendentes, Comisarios Nacionales, Tenientes Políticos y Jueces Penales, están

exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.

Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

“Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia” Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se

patrimonio familiar.

Art. 24 inc.2: Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados.

Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante

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El Salvador

Decreto 902 Reformas: Decretos 892 y 403

28‐12‐ 96

Especial

Juez/a de familia

Física, psicológica, sexual, patrimonial (esta última agregada por la reforma del decreto 892).

Violencia Patrimonial Art. 3. inc D: Acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a que se refiere la presente Ley; daña, pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos, instrumentos o bienes.

facultados para decretar las medidas de amparo que señala la ley.

tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia.

Enumeración taxativa en la ley. La duración de las medidas queda a criterios de el/la juez/a, Cuándo éstas hubiesen caducado la víctima podrá solicitar la prórroga o nuevas medidas.

Orden Judicial a la persona agresora para que salga inmediatamente del domicilio común.

Fijarle a la persona agredida si así lo solicita, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras; Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado, del menaje de la casa de habitación a la persona agredida.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparados al régimen del patrimonio familiar.

Como medida cautelar: Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado, del menaje de la casa de habitación a la persona agredida.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparados al régimen del patrimonio familiar.

convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os especializadazos en la materia.

Art. 10 b. Si la víctima o familiares manifiestan preocupación por su seguridad personal, de la de sus hijos, hijas o cualquier otro miembro de la familia, deberá hacer los arreglos necesarios para conducirlos a un lugar adecuado, donde puedan ser atendidos.

60

Guatemala

Decretos 22‐ 2008 “Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer” Decreto 97‐96

2‐5‐08

Especial

Establece la creación órganos jurisdiccionales especializados.

En tanto no estén en funcionamiento: juez/a penal.

Física, psicológica o emocional, económica, sexual.

Violencia económica.

Art. 3k. e: Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.

Violencia económica Art 8: Violencia económica.

Comete el delito

Están enumeradas en el decreto 97‐96, aunque pueden aplicarse las medidas que establezca el Código penal.

Su duración es de entre unos y seis meses, salvo el allanamiento de morada en caso de peligro para la víctima, establecido en el artículo 7 inc C. Pueden ser prorrogables a pedido de parte.

Decreto 97‐96 Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común.

Si resiste, se utilizará la fuerza pública.

Disponer el embargo preventivo de bienes, del presunto agresor (…)

A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan, conforme a la ley.

Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.

Como medida precautoria Art 7: Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida.

Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.

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de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos: a. Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales. b. Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de cualquier otra naturaleza. c. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus

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Honduras

Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer Decreto N° 132‐97

1997

Especial En 1996 se modificó el Código Penal e incorporó un capítulo de medidas preventivas y penalización.

Juez de Letras o de Paz o de Familia

Física, psicológica, sexual y patrimonial.

actividades habituales. d. Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos. e. Ejerza violencia psicológica , sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar.

La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco a ocho años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.

Art 5 inc. 4 Violencia Patrimonial: Todo acto violento que cause deterioro o pérdida de objetos o bienes materiales de la mujer o del núcleo familiar.

Medidas de seguridad (detienen la violencia y previenen males mayores) Medidas precautorias (previenen la reiteración de

Separar temporalmente al agresor del hogar que comparte con la mujer agredida; Reintegrar al domicilio, a petición de la mujer que ha debido salir del mismo por razones de

Si: Disponer la remisión de la mujer y en su caso, de su familia cercana, a una Consejería de Familia o a una organización no gubernamental.

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México

Mex. DOF 1‐02‐ 2007 Ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia

1‐02‐07

Especial

Psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”

Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima

la violencia mediante reeducación del agresor y aumento autoestima de la mujer) Medidas cautelares (garantizan el cumplimiento de las obligaciones familiares del agresor).

Están enumeradas en la ley, divididas en medidas a De emergencia b Preventivas c De naturaleza civil.

seguridad persona.

Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima.

Como media cautelar: Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

Si. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos (art 54 a 59).

Art 32 inc III Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio.

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Nicaragua

Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal

9 octubre 1996

Modificatoria del Código Penal

Juzgados del Crimen

Física, psíquica y toda alteración en la salud.

Medidas de seguridad o de protección.

Enumeración taxativa para hechos que no constituyen delito sino falta.

Reincidencia: 2 a 6 meses.

Panamá

Ley N° 27 por la cual se tipifican los delitos de VIF y Maltrato de Menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial, y se adoptan otras medidas

16 junio 1995

Modificatoria del Código Penal

Juzgados del Crimen

Física y psicológica

Medidas de seguridad curativas

Si: Prohibir o restringir la presencia de la persona denunciada en el domicilio de la ofendida u ofendido y dentro de un radio mínimo de cien metros.

2. Ordenar la reintegración de la persona ofendida al hogar del que hubiere sido sacada con violencia o intimidación.

Si. Establece que las víctimas “podrán acudir a centros especializados…para continuar su atención y protección temporal.”

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Paraguay

Ley N° 1600

21‐09‐ 00

Especial

Juez/a de Paz

Física, psicológica, sexual

Están enumeradas en la ley.

Durarán hasta que el juez determine su levantamiento, de oficio o a pedido de parte, por haber cesado las causas o por haber concluido el procedimiento.

Art. 2 a: ordenar la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar; Art. 2 d: disponer el reintegro al domicilio de la víctima que hubiera salido del mismo por razones de seguridad personal; excluyendo en tal caso al autor de los hechos.

Perú

Sobre la Política del Estado y la Sociedad contra la Violencia Familiar N° 26.260.

Modificada por N° 26.763

1993 y 1997

Especial

Juez/a civil

Cualquiera

Exclusión del hogar

Puerto Rico

Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica Ley N° 54

15 agosto 1989

Mixto de protección y penal

Aspectos de protección: cualquier Juez/a de Tribunal de Primera Instancia o

Física y psicológica La modificación de la Ley amplió al maltrato sin lesión, la amenaza y la coacción grave.

Física, psicológica, sexual y restricción de libertad

Ordenes de protección.

Enumeración no taxativa La violación de las órdenes de protección

Ordenar a la parte peticionada desalojar la residencia que comparte con la parte peticionaria, independientemente

Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República : .”.coordinar acciones conjuntas de los Servicios de Salud, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, así como de los organismos especializados intergubernamentales y no gubernamentales, para brindar adecuada atención preventiva y de apoyo a las mujeres y otros miembros del grupo familiar, víctimas de violencia doméstica.”

Establece la creación de Hogares de Refugio temporal.

Como medida cautelar Ordenar a la parte peticionada desalojar la residencia que comparte con la parte peticionaria,

Fomentar el establecimiento de albergues para personas víctimas de maltrato.

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Juez/a Municipal Aspectos penales: Juez/a del crimen.

constituyen delito menos grave.

República Dominicana

Uruguay

Ley N° 17514

09‐07‐ 02

Especial

Los Juzgados con competencia en materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia

Física, psicológica o emocional, sexual, patrimonial.

Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción,

La ley estipula 8 medidas, que se suman a las enumeradas en el artículo 316 del Código general del Proceso y toda medida análoga a las

del derecho que se reclame sobre la misma; Ordenar cualesquiera medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la residencia de las partes.

Orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex‐ cónyuge, conviviente, ex‐ conviviente o pareja consensual; c) Interdicción del acceso a la residencia del cónyuge, ex‐ cónyuge, conviviente, ex‐ conviviente o pareja consensual; Interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes propios de la víctima o bienes comunes.

Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del Alguacil. Asimismo, se labrará inventario judicial de los bienes

independientemente del derecho que se reclame sobre la misma; Ordenar cualesquiera medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la residencia de las partes.

Si Orden de internamiento de la víctima en lugares de acogida o refugio a cargo de organismos públicos o privados.

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doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. A su vez entenderán en cuestiones de urgencia. Los juzgados de paz del interior del país tendrán competencia para cuestiones urgentes, como el dictado de medidas de protección.

destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.

enumeradas.

En caso de no determinar ninguna de las medidas, el/la juez/a deberá fundar dicha resolución.

El/la juez/a estipulará dentro de los 10 días una audiencia para evaluar la medida. En caso de no comparecer se dispondrá la conducción de agresor. En caso de no cumplir, el agresor será detenido por un plazo no mayor a 48hs.

La duración de las mismas será determinada por el/la juez/a.

muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de las partes. Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal, en presencia del Alguacil.

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Venezuela

Ley N° 38668

23‐04‐ 07

Especial

Especial

Psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, doméstica, sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud forzada, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes.

Violencia patrimonial y económica: Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones

La Ley enumera 13 medidas de protección y seguridad, que serán de aplicación preferente con relación a otras medidas dispuestas en otras disposiciones legales En todo caso, las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano jurisdiccional competente, bien de oficio o a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederá en caso de existir elementos probatorios que determinen su

3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo.

Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior.

Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para

Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda, a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica en los planes gubernamentales

Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo de que trata el artículo 32 de esta Ley. En los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de de abrigo tendrá carácter temporal “…crearán en cada una de sus dependencias casas de abrigo destinadas al albergue de las mismas, en los casos en que la permanencia en el domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad.”

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económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir.

necesidad. A su vez, la Ley enumera 8 medidas cautelares.

garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor.

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