Experiencias de exigibilidad y resistencia por derecho al territorio

Experiencias de exigibilidad y resistencia por el derecho al territorio Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007

Territorio: vida, dignidad y esperanza de los pueblos

MEMORIAS

TERRITORIO: VIDA, DIGNIDAD Y ESPERANZA DE LOS PUEBLOS Encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia por el derecho al territorio Barrancabermeja, Colombia. 4 y 5 de octubre de 2007

Cinep Carrera 5 Nro. 33A - 08 Teléfono (57-1) 2456181 equipodesc@cinep.org.co Comité Organizador: -Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep -Corporación Región -Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA -Organización Femenina Popular -Organización Indígena de Antioquia -Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo -Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Con el apoyo de: Diakonia Equipo de sistematización y de entrevistas: Espiral – Escritores Públicos para América Latina Diego Escobar Tania Patiño Hanz Quitina Juan José Correa Diana Guerra

Textos: Juan Carlos Morales Sergio Coronado Coordinación editorial: Helena Gardeazábal Corrección de estilo: Álvaro Delgado Luisa María Navas Diseño e ilustraciones: Carlos Cepeda Ríos carlosalguien@yahoo.com

Impresión: Ediciones Antropos Ltda.

ISBN: xxxxxxxxxxxxxx Impreso en Colombia - Printed in Colombia

CONTENIDO PRESENTACIÓN

5

INTRODUCCIÓN 1. Caracterización de las experiencias. Significado de la resistencia

7 11

2. Los desencadenantes. Las milenarias agresiones 3. Los obstáculos 4. Conquistas y estrategias de acción 5. Desafíos y retos

27 35 42

CAMPAÑA POR EL RETORNO MASIVO DE CAMPESINOS DE LA REGIÓN ANTIOQUEÑA

53

18

ASOCIACIONES DE CAMPESINOS COMO MEDIO DE LUCHA POR EL DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO: ASCOBA

61

DESALOJO DE COMUNIDADES DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ

69

ZONA HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ (CIVIPAZ).

Región del Alto Ariari, Departamento del Meta

75

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO EN LA COMUNA 3 DE MEDELLÍN

81

LA DEFENSA DEL RECICLAJE POPULAR EN BOGOTÁ COMO CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA MIRADA DEL TERRITORIO

89

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EN TIEMPOS DE GUERRA… RESISTENCIA PACÍFICA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO.

95

ORGANIZACIÓN Y TRABAJO BARRIAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD

101

LAS MUJERES Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CONFLICTO ARMADO

109

RESISTENCIA INDÍGENA EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

115

EL TERRITORIO DE LOS KANKUAMOS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

123

TABACO: LA RESISTENCIA DE UN PUEBLO CONTRA LA DESAPARICIÓN DE UN TERRITORIO DE LA GUAJIRA COLOMBIANA.

129

TIQUISIO: UN TERRITORIO DE PAZ, RESISTENCIA Y LUCHA POR LA VIDA

139

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA

145

REPRESA LA PAROTA, MÉXICO

147

PANEL TEMÁTICO. MAPAS BÁSICOS

149

PRESENTACIÓN

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Los días 3 y 4 de octubre de 2007 se llevó a cabo en Barrancabermeja el evento: “Territorio: vida y esperanza de los pueblos. Encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio”, con la participación de diferentes representantes y líderes de organizaciones sociales y de experiencias de resistencia y exigibilidad, que hicieron que el intercambio sirviera para evidenciar la importancia que tiene el territorio para las comunidades y para el futuro social y organizativo de los pueblos.

También, se hizo posible que se compartieran experiencias de la apropiación de los espacios y del territorio, ya sea en el ámbito rural o urbano. Se espera que al recoger estas experiencias se contribuya a la reflexión y asimilación de la importancia del respeto de la tierra y el territorio como derecho de las y los colombianos.

En torno a esta problemática Cinep, Corporación Región, ILSA, OFP, OIA, Plataforma Colombiana y Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo como copartes de Diakonia, conjuntamente hicieron posible este encuentro, con el objetivo de propiciar un intercambio de experiencias locales, regionales y nacionales de resistencia y exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio, que permitiera conocer, reflexionar y divulgar alternativas de acción, y avanzar en el desarrollo de estrategias de exigibilidad política, social y jurídica de estos derechos en Colombia.

Fue importante hacer una revisión de lo que significa la tierra y territorio para las diferentes comunidades que componen la realidad política, social y económica del país.

El territorio es donde el espacio físico cobra importancia, se hacen posibles las relaciones sociales y donde se puede y se quiere hacer uso de los recursos. Es así como la tierra y el territorio se deben asumir como un asunto de derechos. La tierra tiene un valor y tiene implicaciones en las relaciones y en la apropiación de los recursos. Pero también encierra dificultades y conflictos cuando diferentes intereses intervienen en un mismo territorio. Es ahí donde se debe pensar profunda y cuidadosamente cuáles deben ser las mínimas condiciones de respeto y exigibilidad de los derechos sobre el territorio. El territorio adquiere un valor especial, pues en él se encuentran recursos naturales estratégicos para el desarrollo, como el agua, la biodiversidad, los minerales, entre otros. Bajo la concepción de los derechos humanos la tierra deja de ser un bien del cual se pueda disponer libremente y se convierte en un derecho fundamental de todos los seres humanos.

Diakonia es una agencia de cooperación sueca que parte del principio que la democratización, el respeto creciente de los derechos humanos y la justicia económica deben ir juntos para construir una base para el desarrollo social sostenible. Diakonia, junto con sus conpartes ha llegado a la conclusión que la pobreza, la opresión y la violencia tiene como causa principal la carencia de una democracia efectiva y la falta de respeto por los derechos humanos.

Durante varios años Diakonia ha mantenido un equipo de trabajo que apoya el desarrollo del programa en Colombia y actúa conjuntamente a través de sus organizaciones copartes, manteniendo los siguientes ejes temáticos:

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1. Democratización y desarrollo local; 2. Equidad de Género; 3. Derechos Humanos; 4. Justicia Económica y Social, y 5. Paz y manejo de Conflictos. Es así como desde Diakonia se apoya iniciativas que relacionan su accionar en estas áreas y a su vez contribuyen en la construcción de una Colombia mejor. Las diversas iniciativas de paz y el fuerte trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y del Movimiento Ciudadano por la Paz, tienen una importante tarea en ayudar a crear herramientas para la superación de los conflictos, crear alianzas, fomentar la justicia social y el entendimiento de que todas las personas son sujetos de derechos.

Adicionalmente, dentro del programa de Colombia se promueven actividades anuales conjuntas que se coordinan entre las copartes tratando de fortalecer alianzas y sinergias en los ejes temáticos ya mencionados. Como iniciativas de las contrapartes, en 2006 surgió la idea de hacer un intercambio de experiencias que llamaran la atención sobre las dificultades que trae el respeto de la tierra y el territorio en Colombia en medio del conflicto armado y los diferentes intereses que se interponen y cruzan en las comunidades y las organizaciones sociales.

INTRODUCCIÓN

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1 Darío Fajardo, Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Bogotá, ILSA, 2002. p. 21.

La tierra y el territorio son conceptos que se relacionan y complementan. En palabras de Darío Fajardo: Tierra y territorio son conceptos íntimamente relacionados.

Por tierra se entiende la base física y productiva de un territorio. Por territorio se entiende el conjunto y representaciones que se construyen a partir de la tierra.1. La tierra tiene un valor y tiene implicaciones en las relaciones y en la apropiación de los recursos. El territorio se compone por las relaciones que construyen los miembros de una comunidad con el entorno natural. La tierra y el territorio son la base de la existencia y de la subsistencia de las comunidades y poblaciones que construyen sus relaciones sociales, culturales y ambientales a partir del espacio físico. Por lo tanto, la tierra y el territorio son por definición un asunto de derechos humanos, en la medida que de ellos depende la vida misma.

Por lo tanto, los conceptos de la tierra y el territorio, también encierran dificultades y conflictos, cuando en él intervienen diversos intereses, específicamente, cuando esos intereses son contrapuestos y no complementarios.

Es ahí donde conviene pensar profunda y cuidadosamente cuáles deben ser las mínimas condiciones de respeto y exigibilidad de los derechos sobre el territorio.

En la base de esos conflictos está el hecho de que el territorio adquiere un valor especial, pues es depositario de recursos naturales estratégicos para el desarrollo: agua, biodiversidad, minerales y otros. La utilización de esos recursos tiene una prerrogativa si se observa desde la concepción de los derechos humanos: la tierra deja de ser un

bien del que se puede disponer libremente y se convierte en un derecho fundamental de todos los seres humanos.

Desde la perspectiva de los derechos, se expusieron en Barrancabermeja varias experiencias colectivas de resistencia y exigibilidad por el derecho al territorio. Para recoger y sistematizar las experiencias, se recurrió a una metodología de mapas temáticos, de tal forma que la sistematización se hiciera de una forma guiada y visible, que permitiera evidenciar las diferentes realidades cruzando la información que todos los participantes compartieron durante el encuentro.

Este trabajo de sistematización se fundamenta en que todas las experiencias y procesos compartidos en el encuentro, desde su situación local hasta su relación global, tienen mucho que enseñar, sugerir e indicar en la comprensión de los problemas que viven sus habitantes sobre los diferentes territorios del país. El objetivo fue identificar el conjunto de las experiencias locales para valorizar los procesos que cada una de las organizaciones sociales y las personas que las componen viven y construyen cotidianamente.

Los mapas temáticos son un método de trabajo y un dispositivo de organización colectiva del conocimiento al servicio de una comunicación más abierta, democrática, justa y solidaria. Es mucho más que una herramienta técnica, se trata de un instrumento práctico para organizar de manera más clara y precisa lo expresado, debatido y propuesto durante el encuentro.

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Como se verá, con los mapas temáticos se logra retomar los principales puntos de identificación de cada una de las experiencias compartidas, además de sus enseñanzas, las causas que las originaron, sus características, los obstáculos, sus conquistas, estrategias de acción y los desafíos y retos que se han propuesto sus protagonistas.

Las categorías con las cuales se sistematizó el encuentro fueron cinco:

DESENCADENANTES DE LA EXPERIENCIA (CAUSAS) - PREVIO

Causas que originaron el inicio de la experiencia (combates, amenazas, quema de pueblos, asesinato de líderes, proyectos económicos) y los agentes responsables.

CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA – DURANT

OBSTÁCULOS EN EL PROCESO DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA

Sectores sociales (campesinos, pescadores, pobladores urbanos, desplazados), componente étnico o de género, región geográfica en la que se desarrolla la experiencia y tipo de acciones que se promueven para la exigibilidad y resistencia (acciones administrativas, jurídicas, políticas, sociales y económicas).

Dificultades, contradicciones, limitaciones que se han encontrado luego de haber iniciado experiencias de exigibilidad y resistencia.

CONQUISTAS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Estrategias que han permitido mantener la vigencia de la experiencia, logros alcanzados y consecuencias positivas.

DESAFÍOS Y RETOS

Mecanismos y alternativas de solución a las contradicciones y limitantes que se han presentado en el curso de las experiencias, estrategias de acción para el futuro.

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En el encuentro participaron un total de catorce experiencias, representativas de diferentes regiones de la geografía nacional, de diversos sectores sociales y una experiencia internacional.

Cada uno de los mapas temáticos está compuesto de estas cinco categorías de análisis; usualmente el nombre de la experiencia o panel de contextualización temática se encuentra en el centro del óvalo y las categorías en los bordes del mapa. Cada uno de estos óvalos se encuentra dividido en cinco partes con el nombre de la categoría fuera del borde del mismo.

Cuando se trata de una compilación, las categorías que estaban fuera del óvalo pasan al centro y el nombre de las experiencias compiladas se visualiza al borde del óvalo.

De esta manera, se realizaron 5 paneles temáticos y el resultado de la compilación de los mismos, según las cinco categorías, fue de 25 mapas cartográficos, que, sumados a los 11 mapas básicos del primer día (4 de contextualización y 7 de experiencias) más 8 mapas del segundo día del encuentro, nos da un total de 44 cartografías temáticas del evento que demuestran la complejidad y la riqueza temática del mismo.

3. Se pueden comparar las cartografías de las compilaciones, para visualizar las diferencias frente a las mismas categorías o al contrario, para contrastar las experiencias en la manera de asumir los contenidos y significados de las ideas expresadas en las categorías.

4. Se pueden comparar todas las experiencias a la luz de una sola categoría.

5. Se pueden comparar las diferencias o similitudes existentes entre las concepciones teóricas y la realidad de las experiencias.

En fin, son innumerables las posibilidades de lectura y comprensión de las cartografías; quizá lo más importante es que pueda ser de utilidad para preservar la memoria y enriquecer las experiencias pasadas, presentes y futuras en la construcción, mantenimiento, defensa y resistencia del territorio.

Algunas claves para leer las cartografías:

En esta publicación presentamos los mapas temáticos que se recogieron de la presentación de las experiencias y del panel temático de contextualización, del cual participaron expertos en los temas de medio ambiente, legislación, desarrollo y la construcción del territorio en espacios urbanos. También presentamos las fichas de las entrevistas que se realizaron a los representantes de las organizaciones y comunidades que participaron en el encuentro.

1. Se pueden leer de manera transversal, es decir tratando de identificar por categorías las ideas y experiencias expuestas.

2. Se pueden leer sólo las compilaciones, para contrastar los diferentes puntos de vista de un panel.

El texto se divide en dos partes.Inicialmente encontrarán los mapas temáticos de cada una de las categorías que se abordaron durante las presentaciones. Los mapas están precedidos por un texto introductorio que pretende

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ambientar la lectura de los mismos. Así encontrarán cinco textos introductorios y el conjunto de los mapas de cada una de estas categorías.

En la segunda parte de la publicación encontrarán los mapas temáticos de cada una de las experiencias, en donde se pueden leer las cinco categorías simultáneamente por cada una de las experiencias. Estos mapas están acompañados de la ficha de entrevista que realizó el equipo de sistematización a los representantes de las organizaciones y comunidades que presentaron su experiencia durante el encuentro.

Queremos agradecer al equipo de Escritores Públicos, quienes realizaron la labor de sistematización del evento.

A ellos y ellas debemos la existencia tanto de los mapas temáticos, como de las entrevistas que realizamos a los participantes. De igual manera extendemos nuestro agradecimiento a todas las organizaciones que participaron en la realización del evento, especialmente a la Organización Femenina Popular quienes nos abrieron las puertas de Barrancabermeja. Esperamos que este trabajo sea útil y se convierta en una herramienta útil para los procesos de exigibilidad del derecho al territorio en Colombia.

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1. Caracterización de las experiencias. Significado de la resistencia

El encuentro “Territorio: vida, dignidad y esperanza de los pueblos” se caracterizó por la diversidad de experiencias presentadas. Se escucharon relatos de variados sectores de la sociedad colombiana, provenientes de diferentes regiones de la amplia geografía de nuestro país.

Allí se reconoció la mirada de campesinos y campesinas, de indígenas, de afrocolombianos, de mujeres, pobladores urbanos y personas desplazadas.

En la voz de las propias experiencias, el territorio se entiende como un espacio donde se vive interactuando con el medio ambiente y tejiendo la cultura y la sociedad.

Es decir, como algo más que el lugar en donde se puede dormir, comer, descansar y estar en familia.

Visto así, la noción de territorio construida por las comunidades se contradice con la visión mercantil, que lo destaca, al territorio, más que como un espacio vital,

como mercancía o depositario de riquezas enajenables.

Esa visión se corresponde con la idea de desarrollo que domina hoy en la sociedad. La contradicción entre lo que entienden las comunidades por territorio y la visión mercantil en boga salió al aire en la presentación de todas las experiencias.

Las comunidades que se encuentran en medio del conflicto consideran que la resistencia y la autonomía frente a los actores del conflicto son estrategias de supervivencia que alimentan la construcción de sus territorios. La resistencia se nutre de la concepción espiritual que del territorio tiene la comunidad; además, se busca reivindicar la vida y los derechos humanos como principios integrados. En algunos casos, en la resistencia hay un reconocimiento histórico de las raíces de la comunidad y de sus luchas ancestrales.

La resistencia que desarrollan las comunidades es, por sí misma, un rasgo distintivo esencial de todas las experiencias que participaron en el encuentro. Es una forma de autorreconocimiento con varios significados, que varían también en complejidad. Van desde el hecho sencillo de permanecer en el territorio, permanencia inequívocamente entendida como el disfrute individual y colectivo del derecho a ser libres, hasta los procesos que involucran la toma de decisiones y el autogobierno en las comunidades, definidos por algunas como “poder popular”. En todos los casos, la resistencia sólo es posible con un trabajo colectivo que a su vez posibilita las dinámicas organizativas en las comunidades.

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VIENEN JUNTOS De la mano de la resistencia llegan otros aprendizajes.

En su curso, se persigue la vinculación de otras comunidades o grupos de población no necesariamente afectados por los mismos agentes y situaciones de agresión contra el territorio. Con ello se tratan de fortalecer nexos de solidaridad con la problemática que se enfrenta. Gracias a estos lazos se logra impulsar acciones de incidencia frente al Estado, que, en ocasiones, participa directa o indirectamente, en la agresión.

Además, de la resistencia en los territorios se derivan dinámicas sociales con propósitos diversos, entre ellos, los siguientes: • Defender los derechos de las mujeres y la comunidad.

• Definir estrategias para enfrentar las presiones del Estado o demás agentes agresores.

• Defender el derecho a la vida y a existir en el territorio.

• Generar y apropiarse de espacios de incidencia con respecto a su participación en la gestión de recursos.

• Elaborar planes de desarrollo propios.

• Fortalecer la formación política o de otro tipo, de personas y colectividades.

En los mapas conceptuales que se encuentran a continuación se puede observar detalladamente cómo se construye el concepto de territorio y cómo se alimenta esa definición con la diversidad de características de las experiencias que participaron en el encuentro.

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2. Los desencadenantes.

Las milenarias agresiones.

A partir de esta certeza histórica se generan situaciones paradójicas, por ejemplo, que se enfrenten entre sí pobladores afectados por esas injusticias. Así, por citar un caso, que los campesinos víctimas de desplazamiento se lancen a colonizar territorios indígenas.

Las experiencias de resistencia y de exigibilidad compartidas en el encuentro tienen un hecho en común: se desencadenan a partir de históricas agresiones contra los territorios.

Los atropellos incluso son centenarios: llegaron con los conquistadores, la Iglesia, los criollos blancos colonizadores, con los actores armados y paramilitares de ayer y hoy, con los evangelizadores. Por eso, las comunidades insisten en que la resistencia no inicia con lo que hoy sucede sino que tiene más de 500 años.

En este sentido, los desencadenantes primarios de la resistencia y de la exigibilidad, que generan la situación de iniquidad en el campo son la injusta repartición de la tierra y el desconocimiento de los derechos de los pueblos sobre sus territorios.

En el contexto actual, la política rural, hoy expresada en el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007), profundiza la situación de exclusión que se vive en el campo.

Un ejemplo del papel perverso del Estatuto en cuanto a los desencadenantes históricos, es la posible creación de escrituras en notarías que legalizan las posesiones ilegales de los territorios de los pobladores rurales.

Al escuchar a los y las líderes acerca de sus historias de resistencia en los territorios, se evidenció la oposición que existe entre lo que entienden las comunidades por territorio y la lógica que se encarna en las políticas y las acciones del Estado. Estas últimas, en favor de la idea dominante de desarrollo. La oposición se expresa precisamente en las agresiones que enfrentan las comunidades rurales (indígenas, afrocolombianas, campesinas) en cuanto al vínculo con su territorio.

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LAS EMBESTIDAS DE HOY Y LOS MÉTODOS Las agresiones actuales provienen principalmente de los grupos armados, el Estado y las empresas transnacionales.

Explotar como sea, con el argumento del progreso El Estado y las empresas mencionadas se empeñan en imponer megaproyectos de explotación del territorio (hídricos, de agrocombustibles o mineros, por ejemplo).

Es decir, quieren implantarlos de manera forzada y sin consultar a las comunidades.

Tienen varias estrategias para conseguirlo: la coacción permanente para el abandono de las tierras, la fragmentación de las comunidades para debilitar la resistencia y la expropiación de territorios comunales. Esos mecanismos se acompañan muchas veces de la inoperancia administrativa y judicial para atender las quejas y reclamos de los afectados.

A esta ruptura del vínculo cultural se añade la alteración de la geografía, el paisaje y el entorno que traen consigo las intervenciones (forzadas, impuestas e inconsultas) de las empresas y del Estado, en los territorios. Se desvían ríos, se genera erosión, desforestación y contaminación, ocurren inundaciones artificiales, se dañan caminos. Eso sucede, por ejemplo, con la construcción de obras de infraestructura. Es otra faceta de una misma estrategia de desvinculación profunda de la comunidad con el territorio: se destruye o transforma el territorio para que vaya perdiendo significado y capacidad en la reproducción de la vida cultural, espiritual, el sustento alimentario, los recursos naturales y el ambiente sano para la comunidad.

La contradicción entre las ideas de la comunidad sobre el territorio y las de los agresores tienen un planteamiento de fondo sobre lo que es el “progreso social”. A las comunidades se les dice que al permitir estas explotaciones sobre sus territorios se propicia el “desarrollo regional y de sus gentes”. Es decir, en aras de ese desarrollo, se separa a los pueblos de sus territorios y ese progreso es completamente intangible para ellos. Así es que se materializa la contradicción.

Afrentas militares Sorprende especialmente la búsqueda deliberada de la ruptura del vínculo entre la comunidad y su territorio, para alcanzar el control territorial y debilitar paulatinamente la resistencia. Se trata de destruir patrimonios culturales y simbólicos de los pueblos (por ejemplo, los cementerios), lo que resquebraja los anclajes culturales de los pobladores con su territorio.

La exigibilidad y la resistencia por el derecho al territorio se desencadenan entonces por las agresiones que provocan los “proyectos de desarrollo” en los territorios. Pero hay una estrategia adicional con la que se pretende facilitar la apropiación de los territorios y de sus recursos: es la estrategia militar, que es justificada desde la oficialidad

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con el argumento de la lucha contrainsurgente y/o contra el tráfico de drogas. ¿Cómo es que esas estrategias facilitan la apropiación?

Las comunidades se ven envueltas en operativos conjuntos de las fuerzas armadas y grupos paramilitares, masacres, detenciones masivas, desapariciones, asesinatos selectivos, fumigación de cultivos de uso lícito y pancoger, bloqueos alimentarios, desplazamientos forzados, expropiaciones de bienes y restricciones a las actividades comerciales y sociales. De esa manera, se rompen los circuitos económicos campesinos y comienzan a implementarse actividades “foráneas”, extrañas a las costumbres y a las culturas. Los campesinos solo tienen una salida y es vincularse en calidad de mano de obra a las nuevas actividades y circuitos económicos.

Las agresiones militares generan desplazamiento, pobreza y muerte. Los grupos armados insisten en integrar a las comunidades en el conflicto armado como carne de cañón, situación que persiste aun cuando la comunidad resista.

En los relatos se constató el hecho de que tanto en el escenario rural como en el urbano, los territorios son parte del proyecto de consolidación político-social del paramilitarismo y que eso se ha fortalecido por la impunidad derivada de la llamada desmovilización y la inserción social de esos grupos genocidas.

Complejo escenario de la resistencia Las comunidades se debaten en circunstancias que hacen muy complejas sus experiencias de exigibilidad y de resistencia por el derecho al territorio. Son circunstancias que tienen elementos favorables y desfavorables, contrapuestos, que deben sortearse a un mismo tiempo.

En primer lugar, el Estado abandona deliberadamente a las comunidades en medio de sus problemáticas. Las instituciones responden poco o nada a las crisis económicas recurrentes, que vulneran principalmente a los pueblos.

Ahora bien, tener que desplazarse del propio territorio produce desarraigo y terror. Mientras más tiempo permanecen las comunidades alejadas de los lugares en los que se han forjado, las nuevas generaciones crecen sin sentido de pertenencia y construyen uno nuevo en relación con el lugar que ahora ocupan. Eso significa que mientras esto ocurre con las personas más jóvenes, las generaciones anteriores viven el nuevo sitio como un espacio de exilio forzoso.

Por lo tanto, las comunidades se enfrentan a una situación paradójica: por una parte, ante las agresiones, se generan y se potencian la resistencia y las acciones de exigibilidad por el derecho al territorio, las estrategias de lucha se diversifican y la comunidad emerge del anonimato para buscar apoyos. Pero a la vez, esas situaciones que desencadenan el levantamiento de las comunidades, conducen al debilitamiento de la identidad como pueblos,

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en especial por la situación de las nuevas generaciones.

Se establece entonces una lucha contra el tiempo, en la que se corre el riesgo de caer en el desarraigo total frente a su territorio.

obligó a abandonar sus territorios rurales con el ánimo de buscar medios para su subsistencia en la ciudad. Algunos hacen parte de recientes olas de marginalización y desplazamiento.

En la ciudad

Estas comunidades son altamente discriminadas, víctimas de la mal llamada limpieza social y muchas se encuentran en los límites entre el campo y la ciudad. En estos escenarios se expresa más agudamente el conflicto armado, la política de seguridad y además se observa directamente esa discriminación entre lo rural y lo urbano.

También en los ámbitos urbanos aparece la contradicción entre lo que entienden los pobladores por progreso y lo que se estima desde el Estado y desde las políticas económicas.

Los territorios urbanos también son escenarios de disputa entre los intereses de modernización y seguridad de las ciudades y la garantía de los derechos de los pobladores urbanos, que reclaman su derecho a la ciudad. Allí, las comunidades han sufrido desalojos administrativos, justificados en los modelos de urbe que se imponen forzosamente y que en algunos casos se traducen en la reubicación en zonas periféricas de las ciudades.

En los centros urbanos, los habitantes de sectores populares enfrentan la presencia y disputa de actores armados en sus territorios. Así, las ciudades se dividen en dos, aquellas que sufren las consecuencias del conflicto armado y de la violencia endémica, en donde las disputas territoriales de los actores generan graves violaciones de derechos humanos para sus pobladores y, simultáneamente, la otra ciudad, aquella que no se entera de lo que ocurre en la primera.

Los pobladores urbanos son también herederos de un historial de pobreza, abandono y exclusión social, que los

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3. Los obstáculos

Eso se agudiza con la dinámica de globalización económica y política. Los territorios son cada vez más espacios de conexión entre mafias, grupos paramilitares, políticos, Estado, latifundistas y empresas trasnacionales, en contra de los derechos de las comunidades.

2. Otra gran dificultad que enfrentan las comunidades en sus procesos de resistencia y exigibilidad es que el Estado fomenta las disputas en su seno.

Los obstáculos se refieren a las limitaciones o dificultades que encuentran las organizaciones y comunidades para adelantar la resistencia y las experiencias de exigibilidad por el derecho al territorio. Estos obstáculos se relacionan constantemente con los desencadenantes de esos procesos (es decir, con las causas que originaron el inicio de las experiencias: combates, amenazas, quema de pueblos, asesinato de líderes y proyectos económicos). También, con los agentes responsables. Es decir, al tiempo que son desencadenantes, en algunos momentos se convierten también en obstáculos.

Entre los obstáculos referidos por las experiencias tenemos: 1. Intereses que existen sobre los territorios. Este es un obstáculo que comparten los casos presentados. Los territorios pueden ser áreas de interés militar para los grupos armados en el contexto del conflicto armado, áreas de interés económico para las empresas trasnacionales apoyadas por el poder nacional y los poderes locales, o zonas estratégicas para poderes internacionales.

3. La falta de reconocimiento de las comunidades y la invisibilización de su situación por parte del Estado y de la opinión pública son factores que atentan contra la continuidad de los procesos de exigibilidad. Incluso el desconocimiento de los derechos de las comunidades se justifica por el “desarrollo nacional” y la protección del interés general. En este sentido se construyen falsas contradicciones entre los intereses de los pobladores rurales que defienden su derecho a la tierra y al territorio, y los gaseosos intereses generales de la mayoría de los habitantes del país.

4. En el Estado de Derecho, todas las actuaciones de las autoridades públicas deben sustentarse en normas públicas. No obstante, las comunidades encuentran obstáculos cuando las acciones u omisiones de las autoridades contravienen normas legales que les reconocen derechos a ellas, o cuando no acatan órdenes provenientes de los ámbitos judiciales que buscan la protección de los derechos colectivos.

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El incumplimiento de las normas favorables a las comunidades es un obstáculo en el proceso de exigibilidad del derecho al territorio en Colombia. Las normas sólo se acatan cuando representan intereses adversos a los de los pobladores rurales. Es el caso del bloqueo a la norma constitucional de ampliar o fortalecer los resguardos indígenas: con endebles argucias jurídicas se niega esta posibilidad, aunque hay una enorme cantidad de normas constitucionales y tratados internacionales que obligan al Estado a satisfacer las demandas territoriales de estas y otras comunidades rurales.

5. Las comunidades y organizaciones tienen mucha dificultad para acceder a las instancias judiciales pues desconocen los mecanismos y carecen de la asistencia técnica necesaria para lograrlo. En el caso de las comunidades indígenas, hay limitaciones de tipo idiomático o de comprensión de las lógicas occidentales con que opera el Estado.

6. Todas las experiencias expuestas señalan que se obstaculiza la participación de las comunidades en asuntos tan importantes como las discusiones de los planes o proyectos que afectan su territorio. Ocurre también que aunque se permite esa participación en las discusiones, a la postre se desconocen los acuerdos pactados con las comunidades. Eso está muy asociado con la incoherencia entre las autoridades locales y las nacionales o entre las instancias oficiales que participan en las discusiones y decisiones.

7. Adicionalmente, los procesos de exigibilidad y resistencia son debilitados por la represión estatal o de otros actores de importancia regional, los señalamientos, las detenciones ilegales, las judicializaciones, las desapariciones, los desplazamientos, las amenazas, los asesinatos, las decisiones judiciales o normativas desfavorables y, en ocasiones, en contravía de los mandatos constitucionales.

Los líderes y lideresas que asumen la representación de estos procesos son víctimas de criminalizaciones y judicializaciones que afectan a los procesos mismos.

8. La fragmentación o división de la comunidad también debilita los procesos de resistencia y por ello, son obstáculos en su desarrollo. Los agentes armados dividen a las comunidades y también lo hacen los políticos y los religiosos. Estos últimos tratan, además, de aplacar el espíritu reivindicativo de los pueblos mediante el llamamiento a la inacción y el conformismo.

Las empresas transnacionales también dividen a la comunidad utilizando el soborno, las amenazas y las ofertas engañosas. Las transnacionales, en connivencia con el Estado y los paramilitares, penetran, dislocan y arrasan los territorios con sus “proyectos productivos”; se apropian de aquéllos, los transforman, los vacían de riqueza material, cultural o natural, de modo que los destruyen y eso conduce al desarraigo de las comunidades.

Eso es lo que ha ocurrido con la producción extensiva de palma aceitera y en la explotación de bosques maderables. En medio de la marginalización y la exclusión

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social, la exigibilidad y la resistencia se dificultan significativamente, pues los esfuerzos de las comunidades y de los pobladores se dirigen preferentemente a satisfacer las necesidades básicas más urgentes, entre ellas, el alimento. De desencadenantes, que se extienden en el tiempo y se agudizan, se transforman en obstáculos.

9. Las comunidades reconocen la importancia del apoyo de organizaciones nacionales e internacionales a sus procesos. Sin embargo, en oportunidades, este apoyo es insuficiente y se requeriría de un mayor acompañamiento a estas iniciativas. Esa es una situación que manifestaron todos los participantes en el encuentro.

10. Es también compartida la dificultad de articular las experiencias entre sí y con otros sectores de la sociedad.

Esto último permitiría fortalecer sus bases sociales y mejorar su capacidad de incidencia política y social.

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4. Conquistas y estrategias de acción

Durante el encuentro, los participantes también hicieron referencia a logros y conquistas alcanzadas durante los procesos de exigibilidad y resistencia por el derecho al territorio. Unos y otras se resumen a continuación: 1. Muchos ven el surgimiento y continuación de los procesos de resistencia, en sí mismos, como una conquista, dada la oposición y represión que han sufrido, la exclusión social e, incluso, una victimización negativa en medio del conflicto armado.

2. Las conquistas se materializan en acciones concretas, que pueden ir de lo reivindicativo a lo propositivo. Algunas de las más relevantes son: • Acciones de retorno de comunidades desplazadas a sus territorios.

• Creación de zonas humanitarias.

• Permanencia en los territorios resistiendo a la represión y la guerra.

• Preservación de los recursos de la comunidad y redistribución de lo producido comunalmente.

• Compra de tierras mediante auxilios de la cooperación internacional.

• Fortalecimiento de redes y generación de proyectos de vida.

• Creación de propuestas alternativas para el control y disfrute del territorio.

• Consecución de fallos judiciales favorables a los intereses de las comunidades.

• Creación de pactos ciudadanos.

• Resistencia a los desalojos urbanos.

• Preservación de espacios simbólicos o de encuentro.

• Movilizaciones.

3. Los procesos de resistencia y exigibilidad han logrado ser incluyentes, de manera que han fortalecido las organizaciones que los sostienen.

4. Las dinámicas de resistencia y de exigibilidad han tenido la virtud de generar reflexión y actividades de formación y capacitación. Esto abarca tanto el problema inmediato que desencadenó la experiencia, como otros asuntos vitales para la comunidad y la organización social: • La recuperación de la identidad y la memoria histórica.

• El fortalecimiento del sentido espiritual de la acción comunitaria.

• Escuelas de formación en temas como equidad y género, derechos humanos integrales y liderazgo.

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5. Las comunidades han buscado abrirse campo en espacios locales y regionales de participación política e incidencia. Para ello, presentan propuestas ante las administraciones municipales, reformulan los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y actúan en otros escenarios de negociación.

6. Algunas organizaciones de nivel nacional se han fortalecido como interlocutoras políticas y han mejorando la capacidad de negociación con actores cuyos intereses son adversos a los de las comunidades. También han adquirido destrezas para solicitar e interponer recursos administrativos y judiciales. Esto permite cualificar su participación en escenarios de negociación.

7. También se han consolidado mesas de interlocución con autoridades administrativas de diferentes niveles (municipal, departamental y nacional).

8. Hay logros en el escenario mundial. Algunas organizaciones han llevado sus casos ante instancias judiciales internacionales, de manera que promueven procesos jurídicos de exigibilidad, o han logrado denunciar la violación del derecho al territorio en los países donde se encuentran las sedes de las empresas transnacionales. También han creado espacios de interlocución con embajadas, de modo que se han conseguido recursos para financiar retornos o proyectos, provenientes de la cooperación internacional y el acompañamiento permanente de otros países.

9. Los encuentros e intercambios de experiencias siempre han sido una conquista. Gracias a ellos, se han conseguido apoyos de organizaciones sociales, se han abierto espacios de incidencia y acción política (incluso en la dinámica electoral) y en algunos casos se ha logrado la interlocución directa con los agresores, especialmente, con los actores armados.

La administración de estas conquistas y su evaluación frente a las dificultades, y obstáculos que han enfrentado las comunidades y las organizaciones definen en buena medida la agenda de retos y desafíos.

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5. Desafíos y retos

DESAFÍOS ORGANIZATIVOS

Podemos observar cinco tipos de desafíos: • Desafíos preventivos.

• Desafíos organizativos.

• Desafíos de concienciación y formación de las comunidades y organizaciones.

• Desafíos de acciones directas de las comunidades.

• Desafíos de incidencia.

• Consolidación y fortalecimiento de las organizaciones, redes y dinámicas de resistencia y exigibilidad. Esto es preciso hacerlo aun cuando las comunidades se encuentren fuera del territorio al que se tiene derecho y cuya restitución se está exigiendo.

• Generación de lazos de solidaridad con organizaciones nacionales o internacionales que puedan apropiarse y apoyar las experiencias de exigibilidad y de resistencia.

DESAFÍOS PREVENTIVOS Básicamente se trata de impedir nuevas agresiones contra la comunidad afectada o contra comunidades vecinas. Se pueden utilizar con ese propósito herramientas de denuncia y visibilización de la situación que están enfrentando (por ejemplo, acciones urgentes, denuncias en medios de comunicación) y otras de protección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)2 de la Defensoría del Pueblo.

DESAFÍOS DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN • En la reflexión se reconoció la importancia de varios aspectos: − Recuperar y preservar la memoria histórica. − Alcanzar el protagonismo de las mujeres. − Rescatar las tradiciones de los territorios, la lengua propia y determinantes culturales del tejido social.

2 El Sistema de Alertas Tempranas –SAT–, es un instrumento diseñado por la Defensoría del Pueblo para monitorear y adver tir las situaciones de riesgo de la población civil en relación con el conflicto armado. En desarrollo de su misión el SAT acopia, verifica y analiza información de diferentes fuentes, identifica y valora las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que afectan los derechos fundamentales de las comunidades, elabora documentos de análisis estructural y emite informes de riesgo sobre factibles violaciones masivas de los derechos humanos, con el fin de que las autoridades competentes coordinen sus acciones y brinden una atención integral y oportuna a la población civil afectada. Tomado de: www. defensoria.org.co

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• Es fundamental fortalecer la espiritualidad ligada al territorio y el arraigo por él. El arraigo tiene gran importancia, si se tiene en cuenta que puede incitar a las nuevas generaciones a alimentar la resistencia, aún en los casos en que se encuentren lejos del territorio ancestral.

• Es importante también satisfacer las demandas por espacios pedagógicos, de reflexión y discusión sobre temas como formación política, derechos humanos integrales, recuperación cultural y participación y generación de planes de vida o desarrollo alternativos.

DESAFÍOS DE ACCIONES DIRECTAS • Las acciones más importantes son permanecer en el territorio o recuperarlo. En este último caso, si el propósito no es exitoso, es preciso por lo menos buscar la reubicación y que ésta corresponda a los deseos, aspiraciones y necesidades de la comunidad.

• Urge controlar el usufructo del territorio; eso significa que desde el mismo territorio o en los lugares donde se adelanta la resistencia, se defiendan la autonomía económica y las estrategias también económicas que han permitido a las comunidades seguir existiendo. En ese sentido, tienen gran relevancia los proyectos productivos que se adelanten autónomamente.

• Las organizaciones y comunidades deben estructurar estrategias que les permitan enfrentar y revertir acciones amparadas por el Estado en contra de los territorios y

de sus legítimos ocupantes. Se requiere que estas estrategias sean lo más integrales posibles, que promuevan las diferentes facetas de la exigibilidad (social, política y jurídica) y la movilización social.

• En el catálogo de amenazas a los intereses de las comunidades y organizaciones, que al tiempo se convierten en desafíos de resistencia y exigibilidad, están el Código de Minas, el Estatuto de Desarrollo Rural, el Tratado de Libre Comercio, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA; la producción de agrocombustibles, los megaproyectos impulsados por empresas trasnacionales, la profundización del conflicto armado y las políticas de ordenamiento territorial. En los territorios urbanos, además, se elevan los impuestos sobre la propiedad, aumentan los desalojos forzados y se encarecen los servicios públicos.

• Las comunidades también comienzan a planear estrategias de construcción de poder territorial desde lo local. En esa tarea participan todos los sectores sociales involucrados con el territorio (indígenas, campesinos, afrodescendientes), reconociendo la heterogeneidad y las miradas alternativas (que aspiran a la integridad) al modelo de desarrollo que impera.

DESAFÍOS DE INCIDENCIA • En el sentido de la incidencia, surge el reto de la dignificación y la inclusión social de las actividades desarrolladas por las experiencias; alcanzar el reconocimiento,

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por parte del Estado, de las comunidades y sus procesos; así como del vínculo existente con sus respectivos territorios.

• Se debe buscar que la administración de justicia y las autoridades públicas respeten las decisiones que favorecen la resistencia.

• Es preciso conseguir que se sancione a quienes han sido agentes de la agresión que desencadenó la experiencia de resistencia y exigibilidad.

• Una importante estrategia de incidencia consiste en ampliar y profundizar la capacidad de participación de las comunidades y los procesos en la formulación de las políticas que puedan incidir en la relación entre aquellas y su territorio; por ejemplo, los POT, las políticas ambientales, las políticas distritales que afectan a la población urbana.

• Las experiencias de exigibilidad y resistencia por el derecho al territorio también se fortalecen si se hace seguimiento y monitoreo tanto a las agresiones, como a los compromisos y acuerdos establecidos con el Estado y a los fallos judiciales favorables o adversos (nacionales e internacionales), entre otros. Esto permite, además de apreciar el desarrollo de las conquistas y la indicación de nuevos desafíos, anticipar nuevas amenazas, incumplimientos o agresiones por parte de quienes ofician como agentes de las violaciones.

Los desafíos presentados pueden colaborar en la definición de agendas de las comunidades y organizaciones que llevan dinámicas de exigibilidad y resistencia por el derecho al territorio. Si bien se ve, y según los contextos particulares, los retos formulados sugieren la visibilización de su problemática y la transformación de la situación de violación de sus derechos en una de garantía, realización y pleno ejercicio de los mismos.

Como quiera que sea, del intercambio de experiencias sale a flote una verdad diáfana: la defensa y exigibilidad del derecho al territorio es una lucha que va más allá del apego a un lugar enraizado en la historia de las comunidades. Es, indudablemente, un esfuerzo cotidiano que debe fortalecerse y readaptarse día a día para que la vida, la dignidad y la esperanza de los pueblos no nos sea arrebatada de repente.

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPERIENCIAS

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1. TÍTULO:

CAMPAÑA POR EL RETORNO MASIVO DE CAMPESINOS DE LA REGIÓN ANTIOQUEÑA

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA QUE LUCHA POR EL RETORNO DE LOS CAMPESINOS DESPLAZADOS A SUS TIERRAS.

Asociación Campesina de Antioquia. Campaña de Retornos Masivos: Fernando Madrigal (abogado de la entidad); Email: luifer121@yahoo.es (Medellín, Colombia).

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

En los últimos quince años se ha producido en Colombia el desplazamiento forzado de cerca de tres millones de personas, como consecuencia del auge tanto del paramilitarismo como del narcotráfico. En el último año este fenómeno se extendió a cerca de 353.120 víctimas, a quienes les han sido violados repetidamente sus derechos fundamentales. Datos estadísticos emanados recientemente de entidades gubernamentales y no gubernamentales indican que diariamente son desplazadas entre 862 y 1.623 personas, lo que permite entender que estamos en medio de una crisis humanitaria de vasto alcance.

La región oriental del Departamento de Antioquia tiene una ubicación estratégica en términos económicos, porque goza de la cercanía al río Magdalena, arteria principal del transporte fluvial del país, pertenece al centro-norte del territorio nacional, de apreciable desarrollo industrial, y ofrece tierras aptas para la actividad agrícola. Pero este departamento no es excepción en materia de desplazamiento forzado y violación de derechos humanos. De hecho, ha sido una de las zonas que más ha sufrido en carne propia los desastrosos estragos del conflicto armado que soporta la nación desde hace más de cuatro décadas.

El desplazamiento forzado, por su magnitud y características, constituye el principal problema humanitario que experimenta actualmente Colombia. No solamente encarna una de las más graves violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos de la población, sino que, al destruir las bases de la organización social, contribuye a incrementar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población. Esto último ocurre, en particular, como resultado de la disminución de los ingresos económicos de las familias afectadas y del efecto que tiene el desplazamiento en la capacidad de desarrollar su propio proyecto de vida. Los hogares desplazados son altamente vulnerables. Según las cifras, de cada 100 hogares en esa situación, 31 se encuentran en condiciones de pobreza extrema y 54 están bajo el umbral de la indigencia.

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De esta forma, las familias desalojadas de una misma región llegan a la ciudad en busca de mejores condiciones económicas y terminan por dispersarse. Una vez allí, las cosas no son fáciles porque no encuentran las herramientas para sobrevivir en un ambiente social que no es el suyo. Sin embargo, en no pocas ocasiones el temor del regreso pesa más que el deseo de recuperar sus tierras. Las circunstancias en las que los campesinos huyen de sus viviendas son de las más inhumanas que se hayan visto en los últimos años; los grupos paramilitares los asesinan, los torturan y los amenazan para que abandonen todo. El interés de los grupos armados en que la gente se marche de sus casas es el de tomar el control del territorio con fines esencialmente económicos: establecer cultivos de uso ilícito, hacer cesión de tierras a los latifundistas, participar en megaproyectos agropecuarios viciados por la procedencia de sus fondos, contribuir al exterminio de las guerrillas.

Frente al ambiente de guerra que se vive en el campo surgen nuevas alternativas para ayudar a la población que ha sido desterrada. La asistencia jurídica y el acompañamiento que prestan las organizaciones sociales contribuyen de una forma u otra a que las personas resistan mediante su propia organización, con la puesta en marcha de acciones legales encaminadas a garantizarles el retorno a sus terruños. La Asociación Campesina de Antioquia (ACA) maneja un proyecto llamado Campañas de Retornos Masivos, que principalmente busca que todas las personas que fueron sacadas por la fuerza de sus estancias retornen a ellas con garantías legales de seguridad.

La ACA se asienta en Medellín, la capital de Antioquia, y su principal función es asegurar que la comunidad campesina desplazada sea orientada, apoyada y acompañada mediante procesos organizativos; mientras eso ocurre, se busca que estas personas, hasta donde sea posible, puedan pasar una existencia digna en las ciudades, es decir, que reciban seguridad alimentaria y que los menores tengan acceso a la educación escolar.

Uno de los casos más emblemáticos lo relata el abogado de la ACA, Fernando Madrigal, respecto del municipio de Angelópolis, situado en el suroeste antioqueño. Esa “ciudad de ángeles” está ubicada a solo 48 km. de Medellín. Es un pequeño poblado que descansa al borde de una majestuosa reserva natural, El Romeral, que le sirve de límite natural con el vecino municipio de La Estrella. En esta franja de tierra se formó entonces la vereda El Romeral. En Colombia vereda no es camino o senda sino una división administrativa de los municipios. Esta zona, de inmenso valor para empresas madereras y mineras, fue el epicentro del desplazamiento forzado de la comunidad emprendido por los paramilitares.

Los campesinos que habían colonizado ese territorio entonces baldío en la década de 1960 lucharon durante largo tiempo para que el gobierno, a través del ente estatal competente (el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), les

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titulara las tierras mediante adjudicación, cosa que terminó ocurriendo de manera parcial, a favor de algunos campesinos.

Así las cosas, en 1997, cuando los grupos paramilitares comenzaron a regir en la zona, se desencadenó el desplazamiento forzado de la población de Angelópolis y, con él, el drama de decenas de familias que lo perdieron todo. Su destino fue Medellín, el único lugar donde sus vidas eran menos vulnerables. El objetivo de estas treinta y cinco familias era luchar por un futuro retorno, cosa que a simple vista se veía cada vez más lejos, ya que constantemente recibían la noticia de que algunos de sus terrenos habían sido titulados a terceros; retirar tales resoluciones de titulación se hacía muy difícil porque los trámites tenían alto costo.

Como forma de legitimar el destierro de estas familias, en el año 2002 el Estado, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), tituló a favor de una empresa maderera gran parte de las tierras (80 hectáreas), lo que llevó a que se agudizara aún más la situación de las familias de Angelópolis desplazadas en Medellín. En 2006, casi diez años después de haber sido expulsados de sus predios, los campesinos ya estaban perdiendo las esperanzas de cualquier clase de retorno; de hecho, algunas familias habían terminado por resignarse y hacer el duelo para adaptarse a la vida de la ciudad.

Pero otros no permitieron que sus esperanzas se dilatasen con los problemas. Al contrario, con el acompañamiento de la ACA iniciaron el protocolo de retorno, expusieron resueltamente ante las instituciones estatales su voluntad de regresar valiéndose de todas las herramientas jurídicas de que disponían. La respuesta del Estado fue la indiferencia; siempre han acostumbrado responder negativamente a las peticiones de retorno, con la excusa de la inseguridad reinante en las zonas. Pero en el mes de junio de 2007 la alcaldía de Angelópolis expidió un parte positivo de seguridad, y en consecuencia formalizó la viabilidad del regreso a la vereda. Las familias se prepararon para hacer un retorno parcial el día 7 de septiembre de 2007, pero a solo dos días de realizar el ingreso la administración municipal manifestó que no era posible hacerlo porque el parte de seguridad se había vencido.

Sin el ánimo de dar más largas al asunto, la decisión de regresar a sus tierras ya había sido tomada. En ese día, 28 campesinos ingresaron a sus tierras con acompañamiento internacional, de la ACA y de algunos medios de comunicación que, entre otras cosas, no han vuelto a hacer seguimiento del proceso de los campesinos que se reinstalaron en sus posesiones.

Finalmente, catorce hombres cabeza de familia que al retornar a su heredad encontraron todo destruido y cubierto por la maleza, hoy por hoy están rehaciendo nuevamente sus viviendas de igual forma que sus caminos, y cultivando alimentos para garantizarles seguridad y soberanía alimentaria a sus familias.

58 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 6. COMENTARIO:

El camino que sigue es incierto para los campesinos de Angelópolis. Pese a todo, aparece la constante de todos los desplazados: seguir resistiendo para ofrecer a sus hijos un territorio en paz y libre de intereses externos. Volver a sus hogares es un derecho fundamental, y luchar por mantener sus tierras es una forma de resistir a la injusticia social.

El volumen de población colombiana desplazada actualmente por la violencia se incrementa cada vez más. Es una realidad a la que hemos venido acostumbrándonos, en tal medida, que el hecho de que los medios de comunicación así nos lo muestren ya hace parte de nuestra cotidianidad. En las noticias diarias aparecen cifras de desplazamientos, asesinatos, fosas comunes de desaparecidos, pero en ningún momento se está informando adecuadamente a la población acerca de quiénes son las víctimas de la tragedia, por qué, cómo y para qué ocurrió todo eso. Son preguntas básicas no respondidas en los medios de prensa.

La verdad es que la población desplazada queda oculta y sin la atención necesaria cuando logra arribar a las ciudades. En la oscuridad y la impunidad va quedando la razón por la cual esos seres fueron arrancados de sus hogares y sus pertenencias por un conflicto ajeno a sus planes de vida y en el cual se entrelazan intereses del Estado, de sectores económicos regionales y de grupos armados ilegales.

Para los campesinos el territorio constituye su pasado, su presente y su futuro, y después de diez años de lucha por volver a sus tierras del suroeste antioqueño la mayoría de ellos no perdió el sueño de retornar. Al contrario, continúan moviéndose dentro de un proceso organizativo y con acompañamiento internacional y jurídico.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Territorio, desplazamiento forzado, exigibilidad.

Colombia, América Latina.

Medellín, oriente antioqueño.

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11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Hanz QUITIÁN; hanz.quitian@gmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, fax.(57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

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1. TÍTULO:

ASOCIACIONES DE CAMPESINOS COMO MEDIO DE LUCHA POR EL DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO: ASCOBA

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

EXPERIENCIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA REGIÓN DEL BAJO ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

Entrevista a: Jacqueline MORENO. Riosucio, Chocó. Presta apoyo a Ascoba y es promotora de la Oficina de Comunidades Negras de Riosucio.

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos de la historia contemporánea. Desde la década de 1950 se comienza a vivir un periodo de guerra —algunos lo han denominado “guerra contra la sociedad”— que en los años 60 ve aparecer grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), por nombrar algunos, y más adelante, entre las décadas de 1970 y 1980, los grupos contrainsurgentes denominados paramilitares.

Como resultado de lo anterior, Colombia se ha convertido en uno de los países con tasas más altas de violaciones a los derechos humanos, cuyo fenómeno más significativo durante los últimos decenios ha sido el desplazamiento forzado de población. Este problema ha originado diversos procesos de exigibilidad y resistencia respecto del derecho al territorio por parte de las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas que han sido arrojadas de sus tierras.

A partir de la Constitución de 1991 la exigibilidad del territorio cobró una nueva dimensión jurídica y legislativa, que respaldó constitucionalmente las luchas de las minorías étnicas. Para las comunidades afrodescendientes el reconocimiento de su estatus como sujetos políticos ha implicado el respaldo legislativo, jurídico e internacional, necesario para luchar contra el desarraigo y por la defensa de sus tradiciones étnicas y culturales.

La ubicación geoestratégica y la riqueza natural y minera del Bajo Atrato, situado al noroccidente del Departamento del Chocó, propiciaron que entre 1995 y 1996 se recrudeciera el conflicto armado en esa zona. La región cuenta, entre otros, con dos municipios ubicados en el Urabá chocoano y que han estado entre los más afectados: Riosucio y Carmen del Darién. La mayor intensidad del conflicto provocó nuevas incursiones de los grupos armados, que trastornaron una vez más el orden público a causa ante todo de los asesinatos cometidos entre la población y de la agudización del desplazamiento de las comunidades. Como consecuencia de todo esto, el 17 de octubre de 2003, con el apoyo del Centro

64 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

de Investigación y Educación Popular (Cinep), se creó la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), cuyo objetivo principal es la defensa de la vida y el fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, a fin de que ellas ganen autonomía y alcancen una mejor calidad de vida. María de Jesús Mendoza es promotora de la Oficina de Comunidades Negras de Riosucio y trabaja también apoyando la labor de Ascoba. Jacqueline nació en el corregimiento de La Madera, que pertenece a Riosucio y está a orillas del río Truandó. Ella es buena conocedora de la situación que aqueja al municipio.

El drama de la población del Bajo Atrato empezó cuando, a mediados de los años 90, arribaron a la zona grupos guerrilleros y paramilitares que buscaban tener control sobre ese territorio. No se hicieron esperar los bloqueos económicos adelantados por los grupos armados en los centros de abastecimiento de la población campesina, así como las amenazas a la comunidad y los asesinatos selectivos. Como resultado del dominio de estas agrupaciones, todo el Bajo Atrato ha sido escenario de horrendas experiencias de desplazamiento forzado. En los cursos de los ríos Truandó, Salami, Jiguamiandó y parte del Atrato las familias fueron dispersadas; unas se desplazaron hacia la zona de Mutatá y otras hacia el casco urbano de Riosucio, e incluso algunos habitantes se marcharon a otros departamentos del país. Como resultado, los principales problemas que afrontan hoy las comunidades adscritas a Ascoba son los constantes desplazamientos forzados, la presencia de grupos armados (Farc, paramilitares y Ejército), la proliferación de cultivos ilícitos y la explotación de los terrenos y los recursos naturales por parte de empresas multinacionales, como ocurre con los cultivos de palma aceitera.

Para Jacqueline, la creación de Ascoba ha significado un logro que ayuda al fortalecimiento de los consejos menores de las comunidades. No obstante, los obstáculos que han tenido que sortear a lo largo de su proceso de exigibilidad y resistencia no han sido pocos. La presencia de los actores armados en las comunidades ha impedido persistentemente su retorno al territorio del que fueron despojadas, y su cercanía a los hogares constituye un riesgo permanente para los habitantes de la región, dado que los enfrentamientos entre los grupos en pugna se producen junto a la población campesina. El segundo gran obstáculo que ha enfrentado Ascoba reside en el abandono estatal. El Estado ha adelantado proyectos tales como Familias en Acción o Familias Guardabosques, que supuestamente buscan el retorno de las comunidades a sus tierras originales, pero que, contrariamente a lo esperado, se han formulado a partir de las concepciones del gobierno y no con base en las expectativas de la comunidad directamente afectada. Por ese motivo, y en relación a la erradicación de cultivos de uso ilícito, Ascoba emitió en 2006 un comunicado en el que reafirma su preocupación por el programa de Familias Guardabosques: “Que miembros de las comunidades se dediquen a la erradicación manual de dichos cultivos es involucrarlos directamente en el conflicto armado, puesto que la región del Bajo Atrato se encuentra aún en disputa y los cultivos de uso ilícito son un instrumento de financiación de la guerra. Tememos, entonces, por la

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seguridad de las personas o de las familias que están en el Programa de Familias Guardabosques, puesto que, conocedores de la forma como operan los actores armados, indudablemente serán declarados ‘objetivo militar’. Como Ascoba, reiteramos que no nos oponemos a la erradicación de los cultivos de coca en nuestros territorios, sino a la forma en que se está implementando este proyecto”, afirma el documento.

Es cierto que la población de Riosucio experimenta un proceso de desarrollo que ha logrado avances de consideración.

Prueba de ello es el fortalecimiento de la organización comunitaria y el retorno paulatino de la población desplazada. Pero asimismo esas familias son conscientes de que todavía enfrentan no pocos desafíos por delante. En ese sentido, Jacqueline afirma que para que tales procesos tengan la trascendencia que buscan y requieren urgentemente las comunidades, es ineludible la creación de una red social que canalice las experiencias y las organizaciones para enfrentar la violación de derechos humanos que está inmersa en la expropiación de la tierra. “Debemos cuidar nuestro territorio no solo como propiedad sino como medio necesario para vivir”, afirma. Por eso, uno de sus desafíos más importantes —además del de continuar fomentando el retorno seguro a los territorios originales— es hacer mucho más visible la lucha y lograr un verdadero reconocimiento de sus derechos mediante la intervención solidaria de los aliados internacionales.

Jacqueline sostiene que “Para nosotros el territorio es ese espacio donde se genera vida. El territorio es ese conjunto que engloba todo lo que tiene que ver con nuestro proceso cultural. Allí nos realizamos como personas con autonomía.

El territorio es diferente a la tierra, el territorio es el todo, que engloba incluso la identidad cultural; la tierra es el espacio físico para sembrar, mientras que el territorio es la única razón de ser de los pueblos”. Por eso las comunidades de Riosucio han creado asociaciones de negritudes que promueven la autonomía de la comunidad negra. Jacqueline, por su parte, ha desarrollado un acompañamiento profundo con el proceso de exigibilidad de las mujeres de la población. Para ella, “las mujeres somos más constantes en los procesos que los hombres: nosotras tenemos perseverancia”. Por esta vía, las mujeres líderes de la región han recuperado y fortalecido las habilidades de la comunidad como forma de resistencia, y como resultado de su labor se han creado restaurantes comunitarios y se ofrece capacitación microempresaria.

6. COMENTARIO:

Es evidente que en Colombia se hacen muchos intentos de exigibilidad y resistencia del territorio, cada uno de ellos conducido por la respectiva comunidad étnica. Riosucio es solo uno de esos ejemplos. Para estas comunidades, el desarraigo que implica el desplazamiento forzado no está determinado por un sentimiento de apego al espacio netamente físico para cultivar y vivir; implica además una amenaza a las tradiciones y sentimientos de pertenencia cultural, que desarticula brutalmente comunidades tanto de indígenas como de afrodescendientes y mestizos.

66 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

Las poblaciones del Bajo Atrato han sido excluidas históricamente por el Estado, no solo en cuanto a la toma de decisiones que las afectan directamente sino también en cuanto a su desarrollo como comunidad. Pues bien: estas experiencias de exigibilidad y resistencia han demostrado en el pasado y están demostrando hoy que las poblaciones del campo tienen toda la capacidad para manejar sus asuntos de manera autónoma. Es necesario apoyarlas y darles el respaldo que se merecen. Así como los habitantes de las grandes ciudades, las comunidades étnicas y campesinas están constituidas por ciudadanos colombianos que contribuyen diariamente a promover el desarrollo del país. Ellos hacen parte de la diversidad que caracteriza a la nación colombiana. Por lo mismo, hacer conscientes a los habitantes de las ciudades de la guerra que se vive a diario en los campos es una tarea imperiosa.

De gran relevancia para estas comunidades resulta el hecho de que, pese a tanta violencia y tantos casos de desplazamiento, las comunidades se mantengan firmes en su proceso de resistencia por la vida y la exigibilidad de sus territorios.

Esa actitud saca a la luz, una vez más, la verdad de que los sentimientos de pertenencia y las tradiciones que ha forjado una comunidad a lo largo de su historia son experiencias que crean identidad cultural y procesos de construcción nacional. Las organizaciones de estas comunidades y su lucha son una viva muestra de que la sociedad civil combate con sus propios medios la guerra que afronta el país.

7. NOTAS:

El nombre de la entrevistada ha sido cambiado por motivos de seguridad.

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se realizó en el evento Territorio: vida y esperanza de los pueblos, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio que tuvo lugar en Barrancabermeja el 4 y 5 de octubre de 2007. Algunas fuentes de consulta son: Ascoba (2006, julio), comunicado “Bajo Atrato” [en línea], disponible en: http://www.ascobacolombia.org/, recuperado el 9 de octubre de 2007; Sergio Andrés Coronado Delgado (2006, diciembre), “El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia”, en Controversia, No. 187.

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO:

Conflicto armado, desplazamiento forzoso, organización comunitaria, derecho fundamental a la tierra y al territorio.

Colombia, América del Sur.

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10. LOCALIZACIÓN:

Localización: Bajo Atrato, Departamento del Chocó, Municipio de Riosucio.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Escritor Público: GUERRA TIBOCHA, Diana, dianisgt@yahoo.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax.(57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

68 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

1. TÍTULO:

DESALOJO DE COMUNIDADES DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS CERROS PARA LA EXIGENCIA POLÍTICA, SOCIAL Y JURÍDICA DE SUS DERECHOS A LA TIERRA, AL TERRITORIO Y A LA CIUDAD.

Entrevista a: Héctor Hugo ÁLVAREZ CUBILLOS, cel: (57-1) 313-8577733, hhac2000@yahoo.com. Investigador del Cinep y doliente de la problemática de los Cerros Orientales.

4. FECHA:

12 de diciembre de 2007.

5. TEXTO:

Bogotá, capital de Colombia, cuenta con un ordenamiento territorial dividido en veinte localidades. Cinco de ellas están ubicadas a lo largo de los cerros orientales de la ciudad: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme. Ocupan 14.116 hectáreas de los cerros, cuentan con 61 barrios y suman 100.000 habitantes. Sus pobladores son principalmente urbanos y populares, principalmente de los estratos más bajos, 1 y 2, aunque también figura población de las franjas 3, 4 y 5, y así mismo pobladores rurales, entre quienes aparecen comunidades que están asentadas en ese territorio desde hace cincuenta o sesenta años; incluso algunas provienen de finales del siglo XIX –más específicamente, del año de 1895.

Lo cierto es que tales poblaciones llevan alrededor de tres años afrontando una amenaza de desalojo que los ha conducido a realizar una serie de acciones encaminadas a dar vida a un proceso colectivo de exigibilidad del derecho a la tierra, al territorio y a la ciudad, al mismo tiempo que a crear un ambiente de resistencia frente a las causas que provocan su vulneración. Como producto de esta actitud, y por iniciativa de algunos líderes afectados, se creó la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, un espacio de encuentro y construcción de conocimiento que busca identificar la realidad social de sus pobladores. La Mesa está constituida por las comunidades afectadas, con sus líderes a la cabeza; por habitantes que adelantan procesos territoriales con jóvenes, personas adultas y Madres Comunitarias, y por tres ONG comprometidas con esta lucha: el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Planeta Paz y Enda América Latina.

Héctor Álvarez es un investigador del Cinep y un doliente de la problemática, puesto que vive en San Cristóbal Sur, barrio del suroriente de la ciudad, en una de las viviendas amenazadas de desalojo en cualquier momento.

Héctor ha hecho parte de la Mesa de los Cerros Orientales desde su inicio y es quien nos relata el desarrollo de esta experiencia.

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Durante los tres últimos años el proceso se ha caracterizado por una intención de exigencia política, social y jurídica que apela a la Resolución 1141, mediante la cual se adoptó el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Dicho proyecto busca retirar a los pobladores de lugares donde han creado relaciones y redes simbólicas y afectivas. Los habitantes de los Cerros han construido una sensibilidad ambiental a partir de su cotidianeidad. Prueba de ello es el mejoramiento del hábitat del sector en comparación con lo que había veinte años atrás. Su lucha no es contra las autoridades sino contra la vulneración de sus derechos territoriales, culturales, sociales y económicos, derechos que fueron adquiridos en el curso de su convivencia histórica con una enorme reserva geográfica protectora de la ciudad.

El trasfondo real del asunto descansa en los intereses privados y particulares que bullen en torno a los proyectos de construcción de viviendas de interés social para los estratos 3 y 4. Sus promotores consideran que los actuales habitantes, en su mayoría de estratos 1 y 2, no están pagando justamente el goce de los privilegios que ofrece esta zona: la altura, el aire más puro, el paisaje del bosque y la misma vista panorámica sobre la ciudad. Tales factores, a la vez, se convierten en un elemento determinante, en términos legales, para que las comunidades luchen por su derecho a una vida digna.

Quienes promueven el desalojo de las familias originales no tienen en cuenta los problemas que para estos pobladores implicaría una reubicación, con su cauda de impactos físicos, económicos, psicosociales y culturales. El proyectado traslado de estas personas a viviendas indignas, levantadas en la periferia de la ciudad y demasiado pequeñas (como ya han demostrado ser en casos semejantes), provocaría además un impacto directo en la construcción del territorio intervenido, entendiendo el territorio como el resultado de las relaciones económicas, simbólicas y afectivas que alimentan problemáticas comunes que obran más allá del barrio o la localidad.

Los habitantes de los Cerros han presentado a la administración distrital de Bogotá dos propuestas encaminadas a impedir el desalojo: primero, el trazo de una serie de lineamientos de política pública, y segundo, una iniciativa llamada Pacto de Bordes. En ellas los habitantes se autodefinen como protectores de los bosques y se comprometen, tanto a mantener el límite de construcción que existe actualmente, como a detener la proliferación de edificios e incluso casas de más de dos pisos. Uno de los principales puntos del Pacto de Bordes contempla la propuesta de los ecobarrios, o reordenamiento urbano barrial, consistente en la creación de barrios amables, que cumplan claramente el objetivo de la preservación ambiental y en donde se implementaría, tanto la agricultura urbana (como forma de subsistencia), como los senderos ecológicos con recorridos guiados por los mismos habitantes de estos barrios.

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Con orientación de la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, las comunidades han realizado varias movilizaciones callejeras y participado en audiencias públicas donde han presentado derechos de petición que buscan incidir en la construcción del ordenamiento territorial, pero hasta el momento no han alcanzado logros significativos. Sin embargo, han constituido tres comisiones especiales de concientización, educación y apoyo a las comunidades afectadas: la Comisión Pedagógica, la Comisión Jurídica y la Comisión de Comunicación, las cuales vienen adelantando lo que los habitantes mismos denominan democratización de la información, ya que por conducto de estos grupos de trabajo —especialmente del de comunicación— las decisiones tomadas se socializan en asambleas y expediciones sobre el terreno.

Los pobladores cuentan actualmente con una iniciativa de apoyo del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo que les brinda una posibilidad de denuncia internacional encaminada a crear exigibilidad jurídica en defensa de sus derechos mediante el uso de la presión política sobre el gobierno del Distrito. Ahora sus retos principales se centran en alcanzar una incidencia real, tanto en la formulación de las políticas distritales como en la ley orgánica de ordenamiento territorial.

6. COMENTARIO:

Las experiencias de exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio como un derecho humano fundamental son numerosas en nuestro país, y más todavía en el conjunto de países latinoamericanos. En términos generales, sus características son muy similares. Por ejemplo: la amenaza a la identidad cultural de cada comunidad por la pérdida del territorio (desarraigo), los sentimientos de pertenencia cultural íntimamente relacionados con la posesión del territorio o el hecho de que todas las comunidades conserven una concepción espiritual del territorio —íntimamente relacionada con la identidad—. Las causas originarias de las amenazas a estas comunidades son diversas y difieren entre la ciudad y el campo, especialmente por efecto del conflicto armado interno que soporta Colombia. Aun así, la vulneración de este derecho ha sido y es una constante de la vida social.

Uno de los problemas más grandes que enfrentan estas experiencias de exigibilidad y resistencia es que su lucha no es mayormente conocida del grueso de la población, lo cual obliga a las comunidades afectadas a mantenerse en pie por sí mismas, bregando constantemente por repeler la fuerte corriente que las amenaza. La mayoría de ellas ya se ha puesto en contacto con entidades de orden nacional e internacional, que las apoyan y capacitan, como ocurre en el caso que comentamos con las tres ONG y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero sigue siendo de vital importancia la difusión de sus problemas, de sus estrategias de lucha y de sus logros, ya que de ese modo su resistencia no estará aislada sino que se complementará con los procesos vividos por otros sectores sociales y otras organizaciones, todo lo cual contribuirá a despertar la solidaridad de la ciudadanía en general.

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8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló con base en el evento Territorio: vida y esperanza de los pueblos, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio efectuado en Barrancabermeja el 4 y 5 de octubre de 2007.

Ordenamiento territorial, Cerros Orientales, medio ambiente, derecho a la tierra, desalojo de comunidades.

Colombia, América del Sur. Cerros Orientales, Bogotá.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

GUERRA TIBOCHA, Diana, dianisgt@yahoo.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TÍTULO:

ZONA HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ (CIVIPAZ). Región del Alto Ariari, Departamento del Meta

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

ORGANIZACIÓN CAMPESINA QUE AFIRMA SU DERECHO A LA VIDA, A LA MEMORIA Y AL TERRITORIO EN LA REGIÓN DEL ALTO ARIARI (META).

Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz).

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

El Departamento del Meta está situado en la parte centro-oriental de Colombia, en la región de la Orinoquia. Su fisiografía varía desde las tierras de páramo y laderas de la Cordillera Oriental hasta las vegas y planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare; comprende además los paisajes de altillanura, con vegetación de sabana y bosque primario, y posee grandes cuencas hidrográficas donde reina un clima templado que las convierte en terrenos muy productivos y eficaces para todo tipo de cultivo.

En las zonas rurales del Meta ha existido una relación muy estrecha entre campesino y territorio, en la que la tierra provee el sustento de los habitantes. Esa relación llega a tal punto, que los habitantes son capaces de prever los cambios del clima con solo observar el cielo; la reciprocidad entre el territorio y el campesinado no se reduce al ámbito económico sino que se extiende a una vivencia más profunda y espiritual.

Se podría decir que el territorio y quienes lo habitan son un solo cuerpo, y cuando esta unión se rompe los directos lesionados son los campesinos, que sienten que se les quita la vida entera. Así lo expresa una pobladora del municipio de El Castillo, en la región del Alto Ariari, quien, junto a más de setecientas familias, se vio forzada a abandonar sus tierras como consecuencia de acciones militares y paramilitares que se iniciaron en enero de 2002 en desarrollo de la operación “Conquista”, impulsada por la llamada Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Brigada 7 del Ejército, un mes antes de la ruptura de la llamada “zona de despeje”, donde se desarrolló el diálogo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-EP. Pasada la operación militar y a partir del 15 de mayo de 2002 las estructuras paramilitares, con la complicidad de la fuerza pública, se entregaron a los mayores excesos. Entre 2002 y 2006 cometieron cerca de doscientos crímenes de lesa humanidad en la zona rural de El Castillo, con desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas y un bloqueo económico que obligó al desplazamiento forzado de los pobladores de 18 veredas asentadas en la parte alta del municipio.

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La región del Alto Ariari, surcada por la Cordillera Oriental y el parque natural de Sumapaz, posee grandes cuencas hidrográficas de clima templado, favorable para la habitación y el cultivo de la tierra, y en los años 80 y 90 esta región padeció la persecución y exterminio de los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. A partir de 2002, con el pretexto de acciones contrainsurgentes, sobre sus pobladores se desencadenó una nueva violencia, esta vez dirigida a desterrarlos de sus heredades.

Ya desplazadas en Villavicencio, capital del Meta, algunas personas resueltas y persistentes, como Reinaldo Perdomo Hite, iniciaron un proceso de regreso al Alto Ariari. Poco a poco construyeron una propuesta que presentaron al gobierno nacional en el marco de las medidas cautelares otorgadas a su favor por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh). Ante la ausencia de respuesta del Estado, desde junio de 2005 iniciaron un proceso de retorno con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Misión Claretiana de Medellín del Ariari y la solidaridad de ciudadanos y ciudadanas de España, Canadá y Estados Unidos, entre otros. El regreso se inició, pero ya no estaba presente uno de sus principales animadores, Reinaldo, quien había sido asesinado en agosto de 2003 por las mismas estructuras armadas que lo habían obligado a desplazarse.

Cuando iniciaron el retorno, las familias damnificadas empezaron también a proteger sus tierras y a exigir la declaratoria de desplazamiento en el marco del Decreto 2007, y simultáneamente entraron a trabajarlas. Reinaldo sigue en su memoria, junto a Lucero, Yamid, Eider y decenas de campesinos y campesinas asesinados y desaparecidos, cuyo recuerdo anima el camino de la comunidad, de sus niños y jóvenes, de sus mujeres y sus hombres que, como ocurre con Lorenzo Quiguanas, lograron cumplir su sueño de vivir y morir de muerte natural en su terruño.

El acompañamiento y la solidaridad internacional crearon las bases para la instauración de una zona humanitaria, que el 18 de marzo de 2006 permitió que 23 familias estuvieran mucho más cerca de sus fincas. Precisamente las zonas humanitarias son espacios claramente delimitados que posibilitan la resistencia civil en medio del conflicto armado; apoyadas en el derecho humanitario tanto como en el acompañamiento nacional e internacional, las zonas constituyen una nueva estrategia de defensa de la vida frente a las políticas estatales.

La zona humanitaria de Civipaz, que hace parte de las ocho que actualmente existen en Colombia, fue adquirida con ayuda de amigos de organizaciones nacionales e internacionales solidarias y fue edificada por los mismos campesinos, que poco a poco han convertido ese terreno de vida en una propuesta de sociedad y producción alternativa, autosufi-

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ciente. La idea central al crear esta zona fue la de hacerse visibles ante el país y el mundo, lo que les ha permitido estar protegidos y poder trabajar en sus fincas.

Finalmente, está presente siempre la fuerza movilizadora, la persistencia y la esperanza de los campesinos que, como los del Alto Ariari, siguen resistiendo pese a las constantes amenazas que a diario reciben, las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Batallón 21 Vargas entre 2006 y 2007, las nuevas formas de control militar y social. Por eso la afirmación de derechos integrales está ligada a la tierra, esa que, cada vez que pueden, visitan por unos cuantos días para levantarla poco a poco. Cultivan con semillas orgánicas y están edificando nuevamente sus ranchos, creando mecanismos propios para proteger las fincas, delimitándolas, convirtiéndolas en explotaciones agroecológicas. Pero lo más importante que está ocurriendo es que las nuevas generaciones están siendo educadas en la idea de la lucha por la tierra, lo que les permite reforzar de alguna manera su memoria para tenerla presente como instrumento de resistencia constante y futura.

6. COMENTARIO:

La falta de presencia real y justa del Estado en las comunidades ha sido una constante en la historia colombiana. Los ciudadanos no han gozado de la garantía de sus derechos y en cambio han sido excluidos del proyecto de nación por medio de políticas y de proyectos que solo benefician a una porción reducida de la población: la clase dirigente y los grandes latifundistas, que cada vez quieren más y más tierras para beneficio propio.

En la actualidad estas políticas y proyectos son adelantados por el Estado con la permisividad y la legitimación de los grupos paramilitares, que actúan conjuntamente con las Fuerzas Militares sobre la población, matando, torturando, amenazando y desterrando a los pobladores de sus tierras, dejándolos muertos en vida.

La gran labor de los campesinos ha consistido en poner a producir sus tierras y vivir de sus frutos. Cuando se les despoja de ellas y tienen que huir a los cascos urbanos, sus vidas pierden el horizonte, arrojadas a un ámbito que no es el suyo y en el que son despreciados y no reconocidos.

Esos dramas muestran que habitamos un territorio sin Estado o, si se quiere, que tenemos un Estado enemigo de la mayoría de la población del país. Por un lado, parece evidente que el gobierno casi nunca está dispuesto a colaborar con los campesinos para que retornen a sus tierras y, antes bien, no tiene en cuenta sus peticiones y deniega las garantías ciudadanas; por otro lado, el Estado se enfrenta a la población y convierte las tierras campesinas en predios baldíos o en supuestas reservas naturales.

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No obstante, la resistencia popular emerge con la fortaleza y la gallardía que caracterizan al llanero y mediante la creación de organizaciones, como ocurre con la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz), que busca el retorno masivo de las familias desplazadas a sus tierras, de manera segura, con el acompañamiento internacional y mediante la creación de zonas humanitarias.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Arraigo, retorno, desplazamiento forzado, zona humanitaria, resistencia.

Colombia, América Latina.

Zona Humanitaria Civipaz, área rural del municipio de El Castillo, Departamento del Meta, Colombia.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Hanz QUITIÁN, hanz.quitian@gmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TÍTULO:

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN LOCAL DE DESARROLLO EN LA COMUNA 3 DE MEDELLÍN

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL USO Y LA VISIÓN DEL TERRITORIO

Entrevista a Astrid TORRES, coordinadora del trabajo sobre el Plan Local de Desarrollo de la Comuna 3 de Medellín, Fundación Sumapaz, Medellín, Tel. (57-4) 2165697, Cel. 3167400008, anim4783@hotmail.com

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

Una de las ciudades más grandes de Colombia es Medellín, que está dividida en zonas, corregimientos y comunas. La zona nororiental se compone de cuatro comunas y entre ellas aparece la Comuna 3, habitada en un gran porcentaje por población de los estratos 1 y 2. Casi la mitad de sus 175.400 habitantes vive con menos de dos salarios mínimos mensuales (alrededor de 485 dólares).

La Comuna 3 es además uno de los territorios de la ciudad que recibe mayor cantidad de población desarraigada de la región. Tiene 19 barrios formalizados y tres reconocidos como tales solo por la comunidad: Brisas del Jardín, Altos del Jardín y La Honda. La Honda está conformado principalmente por población desplazada, proveniente sobre todo del Departamento de Antioquia, y comparte el territorio con uno de los barrios reconocidos, de nombre La Cruz, por lo cual se le conoce como un sector de este último.

En jurisdicción de la Comuna 3 surgió la iniciativa de construcción del plan local de desarrollo de la comuna, en el marco del programa de Presupuestos Participativos, como instrumento tanto de participación como de negociación presupuestal para definir y aclarar la inversión. El programa en mención se desarrolla en el espacio comunal de los Consejos Consultivos, al cual asisten más de doscientas mujeres y hombres líderes de diferentes sectores de la comuna. El proceso comenzó en 2006 con el acompañamiento de la Fundación Sumapaz. Una de las coordinadoras de este trabajo, Astrid Torres, narró la experiencia y expresó sus puntos de vista sobre el proceso.

En palabras de Astrid, el territorio de la Comuna 3 se ha concebido por las personas que trabajan en esta iniciativa como el espacio en donde se construyen colectiva e intersubjetivamente distintas maneras de hacer vida, de sentir y de nombrar, y en donde, además, confluyen intereses y formas variadas de hacer. Es un ámbito en el que unos y otros se hacen visibles y demuestran sus intereses, el lugar donde nace el sentido de pertenencia.

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Cuando se comprende lo que ocurre en este territorio es posible hacer una larga lista de obstáculos y problemáticas asociados a su desarrollo. La presencia de algunas organizaciones que son fruto de la reingeniería del paramilitarismo en Medellín ha impulsado un proceso de captación social, de ruptura entre los megaproyectos sociales y la realidad.

Una es la ciudad proyectada y otra es la ciudad vivida, y adicionalmente a ello aparecen el desarraigo, la exclusión, la pobreza y la marginalidad. Tanto el Estado como las administraciones municipales incumplen sus compromisos con los derechos humanos de la población y de hecho se niegan a incorporarlos en las políticas públicas que proclaman, políticas que, de esa manera, terminan siendo perjudiciales sobre todo para la población marginal. Ejemplo de ello es que en la Comuna 3 no hay suficiente cobertura de salud y educación, el Sisben no ha funcionado y el derecho a la educación superior aparece totalmente vulnerado, a lo cual se agrega la precariedad de la vivienda y la falta de acceso a los servicios públicos básicos.

Los instrumentos de la planeación, compuestos por una serie de requerimientos concebidos por etapas, no contemplan las visiones y los deseos de la población porque la administración no garantiza la continuidad de los procesos; generalmente se queda en el diagnóstico y su gestión no arroja cosas tangibles, que es lo que la gente espera.

Además, ¿cómo empezar un proceso colectivo de participación y exigibilidad cuando las personas no se reconocen como sujetos de derechos? ¿Cómo enfrentarse a la vieja mentalidad del cacicazgo, la dependencia y el individualismo, así como a la resistencia a construir un proceso diferente?

Si a esta situación problemática le sumamos el hecho de que en el área de la Comuna 3 se despliegan simultáneamente demasiadas intervenciones y procesos, que a su vez tienden a caracterizarse por su falta de continuidad, este balance podría concluir, a primera vista, con el desánimo generalizado. Pero, al contrario de una visión pesimista de la situación, ella plantea una serie de retos en el proceso de la planeación participativa.

Por eso el panorama, que para algunos es desalentador, no ha detenido el proceso de la construcción del Plan Local de Desarrollo, con el cual se ha buscado concebir el futuro del territorio diez años hacia adelante, así como emprender acciones de exigibilidad con relación a su desarrollo.

El proceso se ha caracterizado por ser una labor colectiva de planeación local. Se ha hecho una reflexión sobre qué es la participación y cómo se logra, sobre los actores de la participación y las apuestas para el futuro. Uno de los objetivos principales ha sido introducir y consolidar el enfoque de los derechos humanos en las acciones de planeación participativa,

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 85

para que los habitantes se reconozcan como sujetos de derechos. También se orientó la formación política de líderes y lideresas en los temas de participación, derechos humanos y exigibilidad, introduciendo la importancia de mecanismos políticos como las movilizaciones y los recursos jurídicos y promoviendo la consolidación del trabajo en red.

La labor colectiva ha sido bastante dinámica. Se han realizado talleres sobre planes locales y DD. HH. como eje del desarrollo, pasando del discurso de la planeación a una retroalimentación basada en las necesidades de los actores sociales presentes. De ahí surgió la idea de construir la Mesa del plan local, para lo cual se eligieron los gestores y se consolidó dicho escenario de participación.

Una de las orientaciones ha sido la de cuestionar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) teniendo presente la defensa del derecho al hábitat. El POT contempla algunas zonas de alto riesgo que, a juicio de Astrid, son más bien de alto costo para el Estado, que no ha mostrado voluntad política para invertir allí. Debido a esto se han expedido órdenes de desalojos sustentadas en un POT muy cuestionado, mientras se presentan casos de omisión del Estado e incluso muertes por deslizamientos.

El proceso comunitario busca construir posibilidades de desarrollo alternativo, enderezado a que las personas se reconozcan como sujetos de derechos, y en la vía colectiva encontrar, hacia el año 2016, maneras más dignas de habitar el territorio. A la población se la prepara para que asuma sus problemas, promoviendo el desarrollo de su capacidad de usar mecanismos de exigibilidad y justicia e incrementando así la autonomía de las comunidades en los diferentes espacios.

Aun con los inconvenientes, la solidaridad hace parte todavía de la forma como se relacionan sus habitantes, y una de las metas es lograr mayor integración entre los sectores de la comuna, sobre todo con los de la parte alta del área, que suelen ser los más apartados; para algunos de ellos solo hay acceso por senderos y en muchos la participación suele ser muy baja. Construir un territorio sostenible implica además introducir proyectos de agroecología, huertas familiares y soberanía alimentaria, para generar ingresos y facilitar el acceso a alimentos, cuya carencia afecta actualmente a numerosas familias.

Sin minimizar las condiciones adversas y las dificultades, el proceso ha contado con la participación regular de más de 130 organizaciones, que muestran a la comunidad como la gran protagonista, capaz de acogerlo como un proyecto de vida y que en los consejos consultivos asume la defensa del plan local e impulsa la posibilidad de hacerlo efectivo.

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Lograr que un proceso de trabajo en el territorio se haya mantenido durante dos años en medio de tantas condiciones adversas ya es un avance importante, y la gente ha comenzado a hablar de derechos humanos vinculándolos con el tema del desarrollo. El trabajo con organizaciones tradicionales y no tradicionales y con habitantes no organizados representa un punto básico para el objetivo de la participación. Astrid explica que ahora la Fundación considera fundamental construir un observatorio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), los cuales forman el núcleo de cualquier política pública contemporánea.

6. COMENTARIO:

Frente a problemas tan complejos como el manejo del territorio en zonas habitadas por población en condiciones de marginación y vulnerabilidad, los procesos de intervención y las iniciativas que se promueven para transformar las circunstancias pueden quedarse cortos. Sin embargo, la historia de un pueblo se va construyendo poco a poco y la fatiga y las frustraciones que a veces causan los incipientes resultados, así como el aumento de los aspectos negativos, han de ser superadas por la necesidad y el interés de mejorar las condiciones de personas que a primera vista no tienen elementos para cambiar las cosas; si se tiene en cuenta la magnitud de los problemas que afrontan, vale la pena continuar los esfuerzos.

Hablar de una experiencia sobre las dificultades del territorio urbano implica reconocer los efectos de la larga y compleja cadena histórica del desplazamiento forzado en nuestro país. Una cosa son los procesos típicos de migraciones del campo a la ciudad y otra la manera desfavorable como los pobladores de zonas marginadas de las ciudades han tenido que habitar en esos lugares. El desafío incluye, además del desarraigo, las acciones dirigidas a modificar su percepción del lugar vital, si se considera que las áreas habitadas de los territorios urbanos marginales son, además de agrestes, marcadamente distintas en cuanto a forma, amplitud del espacio habitable y calidad de vida, en relación con los lugares de origen de las miles de personas que allí se refugian.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Participación, Plan de Ordenamiento Territorial, desplazamiento forzado, marginalidad, planeación.

Colombia, América Latina.

Medellín.

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 87

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Tania PATIÑO, taniaepv@hotmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

88 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

1. TÍTULO:

LA DEFENSA DEL RECICLAJE POPULAR EN BOGOTÁ COMO CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA MIRADA DEL TERRITORIO

90 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

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2. SUBTITULO:

3. FUENTE:

LA VISIÓN DE LO TERRITORIAL, ACCIONES Y REALIDADES DE ESTA ACTIVIDAD.

Entrevista a: Federico PARRA, (57-1) 3383141, endacol@etb.net.co Promotor social y asesor de proyecto en Enda Colombia – Medio Ambiente y desarrollo en América Latina.

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

En una ciudad como Bogotá, con más de siete millones de habitantes, una parte representativa de la población se dedica a la labor de reciclar material extraído de las basuras. Las personas que realizan esta actividad se enfrentan diariamente a condiciones laborales extremas e indignas, no cuentan con una remuneración justa por su trabajo y están sometidas a diversos procesos de discriminación por parte del conjunto de la sociedad hacia ellos. La forma en que desempeñan el oficio del reciclaje se ha caracterizado más por el trabajo individualizado y por una precaria o inexistente organización.

A esto se suma que en los últimos años, en el marco de la promoción de un modelo de ciudad que tiende a la exclusión de ciertos sectores, ha prevalecido un fuerte enfoque privatizador de los servicios de aseo y reciclaje que interfiere directamente en el único medio de subsistencia de cientos de personas.

Mediante la experiencia de trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina (Enda) con grupos de recicladores se ha ido construyendo una visión integral de lo que para ellos es el territorio y la manera en que se desarrolla la actividad allí. Este proceso ha incidido en la transformación de algunos elementos que tienden a caracterizar el reciclaje en Bogotá y además ha servido para profundizar en la comprensión de la problemática de las familias que dedican su vida a este oficio del cual dependen completamente.

Cuando comenzó el proceso de acompañamiento a la población recicladora, el escenario inicial estaba constituido en 1997 por un número reducido de organizaciones que además eran muy débiles. En la mayoría de los casos la actividad se realizaba de manera individual lo que alimentaba la competencia entre los recicladores y no era funcional al fortalecimiento de lazos de solidaridad. Entre las dificultades propias de este oficio la visión de lo inmediato intercedía en la posibilidad de pensar en la formalización y la organización de su trabajo. Adicionalmente, las relaciones domésticas o internas de las familias de los recicladores presentaban problemáticas muy complejas.

92 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

Teniendo en cuenta este contexto inicial, se encontró la necesidad de emprender procesos de formación para la consolidación de una base social, la adopción de valores organizacionales, así como promover la importancia del trabajo en equipo y enriquecer las experiencias productivas.

En cuanto a la visión de los recicladores en Bogotá se propuso la realización de acciones para transformar su imagen y mejorar los mecanismos de comunicación masiva para su posicionamiento como actores importantes de la ciudad, a la vez que se promovían procesos de autorreconocimiento. También se orientaron esfuerzos hacia la caracterización de la situación socioeconómica de la población y su actividad a fin de encontrar y determinar alternativas para sus problemas, por ejemplo, frente a los conflictos presentados en la concepción y defensa de lo territorial.

Dado que era muy importante realizar alianzas para la formulación de una política pública de manejo de los desechos de la ciudad, se gestionó un modelo de recolección que consistía en la entrega solidaria de material por parte de los habitantes de los estratos más altos de la ciudad (4, 5 y 6) y se realizó un acompañamiento permanente en terreno fortaleciendo la figura de los facilitadores de la misma comunidad y los espacios de concertación.

Frente al tema del fortalecimiento de las organizaciones la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) lideró el proceso con el acompañamiento de Enda y se emprendieron medidas de reacción frente a la dramática situación desprendida de acciones de “limpieza social”.

A partir del año 2000 se inició el proceso de reciclaje solidario en el cual participaron tres asociaciones de recicladores en dos localidades de la ciudad. Mediante el trabajo llevado a cabo se diagnosticaron los puntos críticos, se identificaron las rutas de recolección y las formas en que se hacía la labor. Pero además desarrollaron acciones de formación en hábitos para incentivar el uso de tapabocas, guantes y uniformes. En esta etapa lograron establecer consensos para que no se presentaran disputas ente ellos por el territorio y el nivel de ingresos creció en 200% para 2001 lo que representó una mejora en las condiciones de vida aunque los problemas del escenario doméstico persistían, por ejemplo, se incrementó el consumo de bebidas alcohólicas y por el contrario no subieron los índices de educación.

Frente a la característica de liderazgos clientelistas en este sector de la población se promovió la escuela de liderazgo. En 2002 se llevó a cabo la segunda etapa del proceso y se corrigieron errores de acuerdo con los aprendizajes, tal como lo fue el caso del reciclaje en la fuente (dentro de las viviendas) porque se terminaba convirtiendo en un negocio para los conjuntos residenciales que optaban por vender los desechos a grandes empresas eliminando la fuente de trabajo de estas personas.

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 93

Desvirtuando la idea de que los recicladores afean o echan a perder la ciudad y que por tanto deben ser expulsados de ella para garantizar la seguridad. La fundamentación de las acciones y los procesos han partido de la idea de que el territorio es por encima de todo una construcción, en la medida en que las personas se apropian de este mediante el ejercicio precisamente de la territorialidad, su defensa, uso, ocupación, transformación y significación. Como lo explica Federico Parra, “la calle como un espacio prioritariamente público es un escenario de disputas” y en este sentido se explica la complejidad de apropiarse de lo que supuestamente no debe ser apropiado. Por esto se priorizó la aplicación del enfoque de DDHH tanto de los recicladores como de los demás habitantes de la ciudad, lo que a su vez comienza a desentrañar preguntas tales como ¿frente a quién debe hacerse esa defensa del espacio público?

Precisamente dentro de las acciones enfocadas a la defensa del territorio con la concepción amplia del derecho a la ciudad y por tanto a sus bienes, sus servicios y su espacio público se encuentran entre otras el fortalecimiento de los procesos de exigibilidad jurídica frente al código de policía que prohibió el reciclaje en la calle. Se interpuso una tutela y una demanda por inconstitucionalidad y se promovió la mesa de inclusión de población recicladora como mecanismo de control social. Además, con la intención de pasar a una posición propositiva se presentó el proyecto del sistema operativo de reciclaje cuyos estudios llegaron hasta el nivel de prefactibilidad. Sin embargo, dicha propuesta no se ejecutó porque la administración distrital prefirió mantener la seguridad jurídica por encima de otros intereses y no quiso enviar a la empresa privada el mensaje de cambio de reglas de juego. Adicionalmente se emprendieron muchas acciones jurídicas contra el plan maestro de residuos y se aprobó un proceso de acciones afirmativas en el cual 23 organizaciones de recicladores participaron con acompañamiento uno a uno.

Largos y complejos procesos saturados de valiosos aprendizajes. Una normativa que incluya la defensa de la población recicladora frente a la apropiación territorial y su expulsión, las acciones afirmativas, la mesa de inclusión en el Plan maestro de manejo de residuos, el trabajo conjunto con la ARB, la caracterización de la población recicladora de la ciudad y un circuito económico del reciclaje en la ciudad de carácter participativo, además de un avance en el cambio de formas de discriminación en los escenarios propios del oficio. Estos son resultados concretos que invitan a continuar y profundizar el proceso a las personas que se comprometieron, trabajaron y creyeron que la construcción de estas alternativas que valorizan el trabajo del reciclador, de la mano de iniciativas que promueven una nueva concepción sobre los derechos en la ciudad y la apropiación del territorio son posibles y tienen sentido en una urbe como Bogotá.

94 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 6. COMENTARIO:

En las grandes ciudades tendemos a hacernos invisibles entre unos y otros. A diario actuamos como si los demás no estuvieran, desconocemos al otro internándonos cada vez más en un mundo individualizado. Esto sería sólo una característica más del complejo mundo de las sociedades si no fuera porque este desconocimiento del otro implica una concepción excluyente de las realidades, circunstancias y problemas de grandes mayorías de la población que tienen vulnerados muchos de sus derechos. El derecho al trabajo en este caso se vincula estrechamente con la concepción del territorio urbano y las reglas que de esta se desprendan. En este sentido es necesario revisar ciertas concepciones que no dan respuestas acertadas a los desafíos de las sociedades contemporáneas. Ponernos de acuerdo en que el reciclaje trae grandes beneficios para la ciudad y que las personas que ejercen este oficio no solamente dependen de el como fuente de trabajo, si no que también contribuyen a que la ciudad sea más humana y habitable.

7. NOTAS:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrollo en el evento Territorio: vida y esperanza de los pueblos.

Encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de Octubre de 2007

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Reciclaje, Territorio urbano.

Colombia, América Latina Bogotá

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

PATIÑO, Tania, taniaepv@hotmail.com Cinep, carrera 5 #33ª/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax.(57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TÍTULO:

EN TIEMPOS DE GUERRA… RESISTENCIA PACÍFICA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

96 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 97

2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

LA LABOR ORGANIZATIVA DE LAS SOCIEDADES CAMPESINAS EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO.

Entrevista a un miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol). San Pablo, Bolívar, Colombia.

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

El desarrollo de economías mineras, agrícolas, ganaderas y petroleras ha hecho del Magdalena Medio colombiano una de las regiones más productivas del país. Las cuantiosas ganancias de estas economías, así como la excelente productividad del territorio, han ocasionado la masiva presencia de compañías multinacionales y de organizaciones guerrilleras y paramilitares. La confrontación armada entre las partes por los intereses fincados en la zona convirtió a esta región en una de las más violentas del país. Los altos índices de violencia, de desplazamiento forzoso, de pobreza, etc., contrastan con el importante movimiento económico que durante años ha registrado la región. El conflicto social se agravó a mediados de los años noventa, con la llegada de los grupos paramilitares y su régimen de terror; estos grupos, decididos a obtener a toda costa extensos territorios para la siembra de cultivos ilícitos, han llevado a cabo un sinnúmero de asesinatos, secuestros y desapariciones, principalmente contra el campesinado.

En este contexto de desigualdad social y violencia surgió la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), que es un esfuerzo organizativo de las familias campesinas de la zona enderezado a la reivindicación de sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y al territorio. En sus primeros años la Federación surgió como una asociación de familias de pescadores, mineros y campesinos en general, que reclamaban mayor atención del Estado central ante el abandono del que eran víctimas. La salud, la educación y las vías de comunicación fueron las principales exigencias de esta primera asociación. Sin embargo, los atropellos que comenzaron a sufrir varias familias campesinas (principalmente por el dominio del territorio), tanto por parte de los grupos armados ilegales como de las fuerzas militares de la Nación, obligaron a los coordinadores de la Asociación a organizarse colectivamente para defender sus derechos humanos fundamentales, tales como la vida y el territorio.

Como era de esperar, las acciones de denuncia que empezó a organizar la Federación, como movilizaciones y paros pacíficos, amenazaron la relativa estabilidad de la que gozaban en la zona los grupos ilegales e incluso el mismo Estado.

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De esa manera, a la extensa lista de los campesinos asesinados por el cruce de balas entre la guerrilla y los paramilitares (estos últimos respaldados a veces por los militares), comenzaron a sumarse líderes sociales y campesinos miembros de Fedeagromisbol y de otras organizaciones campesinas. El conflicto se radicalizó desde 1996 con el surgimiento de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, dispuestos a ocupar extensos lotes de tierra campesina para aumentar el negocio del narcotráfico y así consolidar su posición geoestratégica ante la guerrilla.

Los miembros de la Federación hacen parte de esa inmensa mayoría de colombianos que han tenido que convivir con la rudeza del conflicto interno del país y que, sin embargo, pese a las amenazas, se han mantenido en su tierra por la defensa del territorio y de los derechos de la comunidad. Con mucha amargura recuerdan a los compañeros y amigos de la Federación que han sido asesinados en los últimos años; aluden también a la persecución de la que aún son víctimas los miembros del colectivo por parte de los paramilitares, y aunque reconocen que viven con miedo por lo que pueda pasarles a ellos y a sus familias, continúan trabajando activamente con el fin de hacerle honor a la memoria de los compañeros caídos y defender la legitimidad de las tierras que laboran.

En varias ocasiones hacen referencia al significado que el territorio tiene para la comunidad y al hecho de que, desde sus ancestros, la tierra ha sido ese elemento sagrado que les ha permitido la subsistencia. Hablan de la necesidad de defender sus tierras incluso con la vida, ante la avanzada de los grupos armados ilegales y la indiferencia del gobierno.

Es fácil entender la permanente negativa de las familias miembros de la Federación a abandonar sus territorios ante las presiones que reciben. Cuando se les pregunta sobre el compromiso de la Federación de defender el territorio responden: “Si nuestra generación no hace nada, nadie lo hará”.

A la presión que han ejercido los grupos paramilitares para arrebatar sus bienes a las comunidades campesinas hay que agregar otro problema: los megaproyectos económicos del gobierno nacional. Desde hace un par de años el gobierno viene aprobando ciertos proyectos a empresas multinacionales que, de acuerdo con sus planteamientos neoliberales, proponen la implantación de grandes cultivos de un solo producto en terrenos que, históricamente, han sido aprovechados por las sociedades campesinas para sus distintos cultivos de primera necesidad. La situación de Fedeagromisbol se agrava porque, aparte de enfrentar las amenazas de los ilegales, deben librar otra batalla con quien se supone que debería proteger los intereses del trabajador campesino: el Estado colombiano. El panorama no es fácil. No obstante, gracias a labores persistentes de los líderes de la Federación, los campesinos continúan unidos y organizados en la defensa de su tierra y su vida.

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 99

Afortunadamente, como resultado del trabajo organizado de sus miembros y del respaldo de algunos organismos internacionales, Fedeagromisbol se ha consolidado como un importante organismo social que trabaja activamente por la defensa del territorio y de los derechos humanos de sus habitantes. Resistiendo en medio del conflicto, los campesinos del Magdalena Medio esperan que el gobierno pueda dar pronta solución a sus problemas, ya sea en lo referente a la libertad de operación otorgada a los grupos paramilitares o bien a la aprobación de megaproyectos productivos que ocasionarán hondo perjuicio a las economías campesinas tradicionales. De todas maneras, con o sin la colaboración del Estado, en la Federación están preparados para continuar resistiendo.

6. COMENTARIO:

Para evitar que se continúen tiñendo de sangre las iniciativas de los campesinos de Colombia encaminadas a la defensa de sus derechos fundamentales, es de vital importancia que sigan extendiéndose las redes de las organizaciones sociales, tanto en las regiones como en las naciones. El acompañamiento internacional sigue siendo el mejor garante para la defensa de los derechos humanos en un país donde el gobierno no solo los ignora sino que, en muchos casos, encabeza la lista de los mayores violadores de las libertades individuales. La atipicidad del caso colombiano en materia de violaciones de los derechos humanos debería ser un factor que motivara el aumento de estudios e investigaciones por parte de aquellos países que ya han logrado superar procesos de violencia. El caso de los miembros de Fedeagromisbol y su experiencia directa en medio del conflicto armado permite pensar en la necesidad de que las organizaciones sociales promuevan encuentros que establezcan un espacio de diálogo e intercambio de experiencias. Ante las diferencias entre los gobiernos y las contradicciones internas entre las organizaciones oficiales supranacionales, considero que es necesario que estos encuentros se continúen haciendo, ojalá por iniciativa de la sociedad civil.

7. NOTAS:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Territorio, paramilitares, comunidad, megaproyectos.

Colombia, América Latina.

San Pablo, Bolívar.

100 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Juan José CORREA, correa_afro@hotmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TITULO:

ORGANIZACIÓN Y TRABAJO BARRIAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD

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2. SUBTITULO:

3. FUENTE:

PORQUE BOGOTÁ Y SU RIQUEZA NATURAL ES ASUNTO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Entrevista a: PEÑA, Dora. Coordinadora del Área Urbano-regional de la Fundación Investigación, Educación, Desarrollo - Fidhap, Fidhap@tutopia.com (Bogotá, Cundinamarca, Colombia).

4. FECHA:

20 de febrero de 2008.

5. TEXTO:

La pasividad del Estado colombiano para asumir las responsabilidades básicas de la población vulnerable, fue la que impulsó a un grupo de profesionales de la ciudad de Bogotá a crear la Fundación para la Investigación, Educación y Desarrollo - Fidhap, como una alternativa para brindarle una mejor calidad de vida a los sectores sociales más desprotegidos de la sociedad colombiana. El proyecto como tal, busca ser un garante para la defensa de los derechos humanos fundamentales, así como una alternativa para la defensa del medio ambiente y de la vivienda digna.

Las primeras labores de Fidhap estuvieron encaminadas a la búsqueda de recursos económicos, que permitieran la realización de proyectos de mejoramiento de viviendas de interés social. Reconocidas organizaciones europeas y nacionales, facilitaron los recursos para que Fidhap pudiera trabajar en zonas de difícil acceso dentro del territorio nacional. La labor de la Fundación consistía, en primera instancia, en entregarle a familias campesinas, urbanas y desplazadas, principales beneficiarios del proyecto, la materia prima para la construcción o el mejoramiento de sus viviendas. Sin embargo, los fundadores de la organización fueron conscientes de que su labor no podía limitarse a la simple entrega de materiales de construcción; de esta manera, empezaron a realizar proyectos de acompañamiento a las comunidades con el fin de fortalecer las organizaciones populares, barriales, etc. En este sentido, Fidhap brindó la asesoría a las comunidades en lo referente a la planificación barrial, organización comunal y métodos para la exigencia de los derechos humanos. De acuerdo con sus políticas para la defensa del medio ambiente, la Fundación también desarrolló proyectos ambientales enfocados al fortalecimiento de los sujetos sociales, la apropiación cultural, la productividad territorial y la generación de políticas públicas encaminadas a la defensa de los recursos naturales de los territorios, así como al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Los programas de esta organización están dirigidos a la población más vulnerable que por su delicada situación, no cumplen con los requisitos exigidos para acceder a programas gubernamentales de vivienda (tener empleo, un predio, y algún dinero), bienestar social y demás.

104 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

De un tiempo para acá, específicamente desde los años noventa, las acciones de Fidhap se han ubicado específicamente en las áreas urbanas y rurales del sur de Bogotá. En este esfuerzo por conocer la geografía de la ciudad, a sus ciudadanos y sus problemáticas, ha sido de crucial importancia la labor de Dora Peña. Esta reconocida investigadora, que hace parte del colectivo de Fidhap, conoce muy de cerca todas las problemáticas de la ciudad, en lo referente al medio ambiente, ya que desde hace muchos años vive en las zonas que se han visto perjudicadas por los megaproyectos contaminantes promovidos por los gobiernos locales, nacionales y por algunas multinacionales. En este sentido, Dora valora más que nadie la posibilidad que ha tenido para trabajar por el bienestar y por los derechos de su comunidad.

El accionar de Fidhap en los últimos años, no le da tanta prevalencia al problema de las viviendas de interés social, sino que, de acuerdo con las problemáticas identificadas en la zona sur de la capital de la República, se ha centrado en la formación de conciencia entre la comunidad para que se organice y actúe en pro de la defensa de las reservas naturales que les atañen y de sus bienestar social. Como se ve, la defensa del medio ambiente, con un enfoque territorial sigue siendo un eje central dentro del accionar de la Fundación. El primer logro en esta nueva etapa, se remonta a finales de los años noventa cuando, gracias a la presión ejercida por Fidhap y otras organizaciones reconocidas, ONG y vecinos de la reserva natural “Entre nubes”, se logró que el Concejo de Bogotá y la Alcaldía Mayor reconocieran dicho espacio como parque ecológico distrital de conservación natural, lo cual garantizaba la absoluta protección de sus recursos. Esta primera experiencia, le demostró a la Fundación Fidhap y a su equipo de trabajo, lo que era capaz de lograr la comunidad, siempre y cuando estuviera organizada, bien asesorada, y dispuesta a defender los derechos sobre su patrimonio.

La victoria de “Entre nubes” motivó e impulsó a la organización para continuar trabajando en la defensa del medio ambiente, mediante la formación de conciencia grupal y ciudadana.

Años después, una nueva problemática comenzaba a visualizarse en la ciudad de Bogotá: la cuenca del río Tunjuelo.

Este importante río nace en las parte altas, en el páramo de Sumapaz, atraviesa 7 localidades del sur, y desemboca en el río Bogotá, famoso por su altísima contaminación. Se calcula que más de 2.5 millones de bogotanos se encuentran asentados en la cuenca de este río; la mayoría de éstos, viven en condiciones de miseria y pobreza. Pese a que la contaminación de esta importante red hídrica es un problema de antaño, de tiempo atrás empezaron a aparecer en escena nuevas problemáticas (minería, relleno sanitario, inundaciones, derrumbes, aguas contaminadas) que alarmaron a la comunidad afectada obligándola a organizarse a favor de la defensa del río; en este proceso, fue de vital ayuda la labor de Dora Peña, Gloria Narváez y Alfredo Ordóñez en representación de Fidhap. Identificado el problema, la Fundación procedió a convocar a una mesa de diálogo abierto a los distintos representantes de los barrios y demás organizaciones, con el fin de establecer la directriz que se iba a adoptar para lograr hacer oposición a la Alcaldía y a los empresarios pri-

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vados, en su intento por favorecerse de los recursos de la cuenca. Tras muchas reuniones y debates, el consenso general reflejó la necesidad de todos los vecinos de trabajar conjuntamente y bajo una única bandera en la Mesa Interlocal, por la defensa del medio ambiente (sin importar que fuese de regiones aledañas), y por los problemas de la zona, en un solo territorio; la cuenca del río Tunjuelo.

Detrás de todo este movimiento de participación social, se puede dilucidar claramente la labor organizativa de Fidhap. Cuando se le pregunta a Dora, sobre cómo debe ser el trabajo para generar conciencia entre la población para que esté dispuesta a ejercer su rol activo dentro de la sociedad de la que hace parte, ella hace hincapié en la necesidad de concientizar a la gente de su papel como ciudadano, como constituyente primario, por ende, su responsabilidad y su compromiso para resolver los problemas que envisten a la urbe y a la comunidad. En este proceso de concientización, continúa Dora, es de suma importancia que la gente tenga presente que los derechos humanos no se reclaman, sino que se ejercen, ya que todo Estado tiene la obligación de cumplir a cabalidad con los derechos de sus ciudadanos.

Ante tal estado de organización y acción, los resultados a favor de la comunidad no se hicieron esperar; el extenuante y a veces riesgoso trabajo en equipo de las distintas organizaciones campesinas, barriales, sindicales, etc., ha logrado que distintos megaproyectos hayan sido frenados, replanteados o renegociados con las distintas autoridades distritales.

Estas leves pero importantes victorias, han sido cruciales para las intensiones de Dora y demás miembros del proceso, de expandir los métodos de participación ciudadana a los distintos lugares de la ciudad, principalmente a las zonas más vulnerables. Es gracias a estas intensiones que, desde hace cinco años aproximadamente, fue constituida la “Asamblea Sur” como un inmenso proceso de los distintos sectores de la sociedad del sur de Bogotá; ONG, sindicatos, profesores, estudiantes, campesinos, organizaciones barriales, entre otros, hacen parte de la Asamblea. Pese a que la prioridad es la defensa del territorio de la cuenca, de sus condiciones ambientales y sociales, hay espacio para que cada sector exprese sus inconformidades, y reciba la solidaridad y el acompañamiento del resto de los ciudadanos que hacen parte del proceso.

En este sentido en el 2004, Asamblea Sur, con el concurso de las comunidades aledañas a la zona minera del valle del Tunjuelo, evitó el desvío del río en más de 4 Km., lo cual solo beneficiaba a la minería multinacional y ponía en alto riesgo a más de 40 barrios del sur; en el 2005, se convocó a una Audiencia Pública del Tunjuelo, a la que asistieron más de 5.000 personas; un número demasiado alto si se tiene en cuenta que hacía algunos años la organización barrial en la zona era mínima, dicha audiencia buscó generar un proceso de concertación con la Alcaldía Mayor sobre la grave problemática de esta zona de la ciudad; así mismo en el año 2006 posterior a varios paros realizados por

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la comunidades afectadas, Asamblea Sur detuvo la expansión de más de 200 Has. del relleno sanitario Doña Juana, evitando el desalojo de más de 100 familias campesinas de la vereda Mochuelo Alto en Ciudad Bolívar y modificó por primera vez el POT de Bogotá. Actualmente este proceso, con la Fundación Fidhap avanzan en temas como Operación Nuevo Usme, acueductos veredales, áreas protegidas, impacto de la minería y otros que continúan afectando la población del sur de Bogotá.

Sin embargo, en los últimos meses, pareciera como si el gobierno de la ciudad estuviera empezando a recompensar al sur de la ciudad, por todos los años en los que la intervención distrital en la zona, se limitó a la construcción de basureros, a la usurpación de los recursos minerales, y al envío de todas las aguas negras de la ciudad. De un tiempo atrás, los habitantes de algunas zonas del sur de Bogotá han visto cómo han sido instalados nuevos parques, centros de salud, mercados, bibliotecas, colegios, y han sido pavimentadas ciertas vías. Esto no hubiera sido posible, sin la efectiva y oportuna organización de la comunidad. Como investigadora de Fidhap y como habitante del sur de Bogotá, Dora siente orgullo por los logros obtenidos por la comunidad, pero es consciente que aún hay muchas batallas por librar por la defensa del hábitat y del medio ambiente. Sin embargo, está claro que mientras se sigan fortaleciendo los procesos comunitarios de organización y cooperación, cada vez será más fácil y más gratificante la lucha.

6. COMENTARIO:

La presente experiencia invita a cuestionarse acerca de sí en la sociedad moderna, son tratados en igualdad de condiciones los distintos sectores y estratos que componen el todo de una ciudad. Seguramente, en la mayoría de las ciudades esto no sucede; sin embargo, sí sería interesante analizar en cuáles ciudades hay una política que reconozca, o valore, a los barrios de la urbe que deben convivir con las aguas negras, los desechos de basura, entre otras formas de contaminación producida por toda la ciudad.

De otro lado, también es necesario realizar la siguiente pregunta: ¿Sí un Estado no vela por sus conciudadanos ni por sus necesidades básicas insatisfechas (por ejemplo, el derecho a una vivienda digna), entonces quién debe hacerlo?.

Es a partir de este cuestionamiento, que es posible divisar la magnitud del trabajo realizado por la Fundación. Asimismo, hay que resaltar la capacidad para hacer tomar conciencia a los distintos sectores que de una forma u otra se ven afectados por una problemática determinada. Insistirle a la gente sobre la necesidad de que asuma un papel mucho más activo, y menos pasivo, sobre los asuntos que afectan a su comunidad y a su entorno, es muy importante para que ésta se comprometa y apoye los procesos sociales que se puedan realizar.

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 107

Por último, es útil señalar la importancia que tiene el hecho de que la Fundación Fidhap esté acompañando y monitoreando periódicamente, a los procesos sociales que se vienen realizando en los barrios. Téngase en cuenta que una ruptura de dichos procesos, puede ser fatal para las aspiraciones de la comunidad, ya que la división puede ser aprovechada por las fuerzas institucionales para la libre realización de sus megaproyectos, sin la oposición de la comunidad. También es importante que se continúe educando a las nuevas generaciones; al fin y al cabo, recaerá en ellos la responsabilidad de velar por los intereses de la comunidad.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Espiral, Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina.

Campesinos urbanos, barrios, sectores populares, reserva natural, trabajo ambiental Colombia, América Latina Bogotá, Cundinamarca

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

CORREA, Juan José, correa_afro@hotmail.com Cinep, carrera 5 #33ª/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax.(57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

108 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

1. TÍTULO:

LAS MUJERES Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CONFLICTO ARMADO

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

ACCIONES Y REACCIONES DE UNA ORGANIZACIÓN FEMENINA EN COLOMBIA

Entrevista a Gloria Amparo SUÁREZ, coordinadora regional de la Organización Femenina Popular (OFP), Barrancabermeja, Colombia, femenina@colnodo.apc.org

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

Asentada en el corazón del Magdalena Medio, región central de Colombia caracterizada por la rudeza del conflicto armado que sufre el país, la ciudad de Barrancabermeja es reconocida no solo por ser el puerto fluvial petrolero más importante del país, sino igualmente por la masiva presencia de organizaciones guerrilleras y grupos paramilitares en su entorno.

Atraídos por las riquezas provenientes de la actividad petrolera, estos últimos llegaron a la ciudad a mediados de los años 90, y desde entonces han perpetrado numerosas masacres y asesinatos selectivos. Las organizaciones sindicales, gremiales y sociales en general han sido las principales víctimas de estos grupos armados ilegales. Sin embargo, y pese a la falta de garantías civiles, distintas organizaciones sociales se han mantenido en la zona trabajando por el respeto y la defensa de los derechos humanos.

Una de estas agrupaciones es la Organización Femenina Popular (OFP), que en los años 70 surgió en Barrancabermeja con el nombre de Club de Amas de Casa. En su fundación participaron mujeres cabeza de familia que, preocupadas por la situación social de la ciudad, decidieron unirse bajo la figura de una organización de carácter popular con el fin de luchar por la satisfacción de las necesidades básicas de la población desfavorecida (principalmente femenina), a saber: la salud integral, la seguridad alimentaria y la vivienda. En los primeros años de labores fue de vital importancia el acompañamiento que les brindaron algunos miembros de la Iglesia local. Cuando las fundadoras del Club empezaron a obtener los primeros logros como organización, se dieron cuenta de la posibilidad de extender su servicio social a nuevos actores y a nuevos problemas ciudadanos, principalmente en el área de la defensa de los derechos humanos. Así apareció la Organización Femenina Popular.

Gloria Amparo Suárez tenía catorce años cuando decidió ingresar a la organización. Pese a que solo era una niña, Gloria comenzó a sentirse a gusto con el trabajo comunitario que venían adelantando las primeras fundadoras y de esa manera entendió que su labor social estaría vinculada al servicio de las mujeres. Recuerda que en sus primeros años la organización era prácticamente una familia, ya que la mayoría de las mujeres inscritas se conocían entre ellas y lleva-

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ban a las reuniones a sus hijas, hermanas, sobrinas, nietas. Con el tiempo, la organización fue creciendo a medida que sus fundadoras comenzaron a convocar a nuevas voluntarias y a acercarse principalmente a las mujeres víctimas del conflicto armado. El buen andar de la organización permitió a Gloria y a su equipo extender la presencia de la OFP a algunos municipios aledaños, donde la guerra irregular también había hecho de las suyas.

En los primeros veinte años de la organización la situación transcurrió en relativa calma. Sin embargo, no faltaron algunos roces con el gobierno. El alto impacto social que empezaron a tener las movilizaciones y demás protestas de la OFP dentro de la población barranqueña mortificó a las autoridades locales, acostumbradas a ignorar los intereses básicos de la población desprotegida. La situación empeoró con la llegada de los grupos paramilitares a mediados de los años 90, los cuales prontamente se consolidaron en el territorio y dieron inicio a un radical y represivo proceso de control social. Proceso que se caracterizó por la realización de masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales y de jóvenes, expropiaciones de tierra, persecuciones y amenazas. Todas estas acciones agravaron notoriamente el problema del desplazamiento forzoso. En su lucha por la defensa de los derechos humanos fundamentales de la mujer, la OFP no pudo escapar a la arremetida paramilitar.

Consternada, como si no pasara el tiempo, Gloria recuerda con tristeza el día en que los paramilitares asesinaron a una mujer perteneciente a la OFP. Pese al repudio que dicho acto causó entre la agrupación, días después fueron eliminados otra afiliada y un profesor de danza que voluntariamente daba clases a las mujeres. Semejantes actos de barbarie fueron una clara señal de que la OFP estaba siendo perseguida por los grupos paramilitares. La situación se tornó todavía más dramática por la absoluta displicencia de los organismos del Estado. Hay que decir que la fortaleza de la OFP ha sido la solidaridad de los movimientos sociales, de las mujeres en especial, y de la comunidad internacional.

Gloria, que actualmente es una coordinadora de la OFP, no escapó de las amenazas. Afortunadamente para ella y su familia, logró continuar en su apuesta por la vida. Consciente de la situación que ha atravesado la OFP en los últimos años, ella reconoce que el proceso de resistencia no violenta no ha sido fácil; la muerte de compañeros y las constantes amenazas de que son víctimas han atemorizado a buena parte de las mujeres. Sin embargo, los deseos de continuar trabajando por el bienestar de la población femenina vulnerable y el pueblo han podido más que el temor ante las amenazas de los paramilitares. Cuando se le pregunta a Gloria por qué, pese a los peligros, no ha desistido de su labor, ella responde que el esfuerzo “vale la pena hacerlo porque todas somos una familia y estamos juntas en esto”.

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Actualmente el trabajo de la asociación se basa en la realización de movilizaciones y campañas de no violencia que utilizan la simbología como mecanismo de resistencia. Las acciones más significativas han sido la “campaña contra el miedo” y la conocida como “no entregar las llaves”. Esta última surgió a partir de la negativa de las coordinadoras a entregar a los paramilitares la sede de la organización, conocida como Casa de la Mujer. Gracias al apoyo internacional, la OFP se ha consolidado como una importante organización popular que, en el día de hoy, ya cuenta con más de 3.000 mujeres afiliadas en Barrancabermeja, el resto del Magdalena Medio, Neiva, Bogotá, Cartagena y algunos municipios de Santander. El respaldo internacional ha sido vital para que la OFP se relacione con redes de organizaciones sociales que operan dentro y fuera del país.

En la determinación de vencer las adversidades atrás mencionadas, la Organización Femenina Popular ha logrado consolidarse como una exitosa agremiación que defiende la paz del territorio y los derechos humanos. Han sido más de 35 años de trabajo, de entrega voluntaria por el bienestar y el acompañamiento de las mujeres y sus hijos, principalmente de las víctimas del conflicto armado interno. Con el paso del tiempo, estas mujeres continuarán trabajando con sus propias manos, día a día, por aportar su granito de arena a la construcción democrática que tanto necesita la nación.

Gloria estima que su trabajo comunitario en la OFP debe continuar porque, al igual que sus compañeras, sabe que tiene el compromiso de construir una realidad diferente para sus hijos.

6. COMENTARIO:

En las mujeres de la OFP hay que admirar el valor y las ganas que tienen de continuar trabajando por la población femenina desprotegida. Para que eso siga siendo posible es necesario que no se detenga el acompañamiento de las organizaciones internacionales de derechos humanos, ya que, como lastimosamente ocurre, el Estado colombiano es incapaz de garantizarles, por lo menos, la seguridad. Tal acompañamiento tiene la tarea de seguir trabajando por los encuentros entre las distintas organizaciones femeninas y de derechos humanos que luchan en el mundo. Qué bueno sería que el ejemplo de trabajo colectivo y organizativo de la OFP sirviera de inspiración para el surgimiento de nuevas organizaciones femeninas, tanto en las regiones como en los países en los cuales las mujeres siguen siendo víctimas de los conflictos armados e incluso de sus propios compañeros de vida. En un país como Colombia, escenario de una violencia tan arraigada y una muy alta tasa de violación de los derechos humanos, esfuerzos como el de la OFP son admirables. Más aún, es importante resaltar el hecho de que esa organización esté esforzándose día a día por construir mujeres líderes en el hogar y en la sociedad, dispuestas a asumir su responsabilidad social como sujetos de derechos en su papel de madres, esposas y ciudadanas.

114 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Mujeres, madres, organización popular, violencia.

Colombia, América Latina.

Barrancabermeja, Santander.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Juan José CORREA, correa_afro@hotmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, tel. (57-1) 245-6181, fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TÍTULO:

RESISTENCIA INDÍGENA EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

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EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 117

2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS EMBERA-KATÍOS FRENTE AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y EL DESARROLLO DEL MEGAPROYECTO MINERO MANDÉ NORTE.

Entrevista a líder indígena. Departamento de Antioquia, Municipio de Frontino, Resguardo Chaquenodá. Coordinador zonal de Frontino-Murrí: Organización Indígena de Antioquia (OIA).

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

La lucha por el derecho a la tierra y al territorio ha sido y es una constante para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas colombianas a lo largo de la historia de nuestro país. El territorio se constituye como un derecho humano fundamental reconocido como necesario para el desarrollo integral de una comunidad. La vulneración de este derecho tiene sus raíces en el problema agrario del país, el conflicto armado y la construcción de megaproyectos (mineros, petroleros, de represas, etc.).

En el occidente del Departamento de Antioquia conviven tres de los 85 pueblos indígenas del país: los Embera (con tres de sus grupos lingüísticos: Katíos, Dóvida y Chamí); los Tule, también conocidos como Cunas, y los Zenú. El pueblo Embera-Katío habita un territorio que incluye la sabana costera caribe, la región del Pacífico y el oriente de Panamá; se calcula que su población es superior a 60.000 habitantes, de los cuales cerca de 13.000 se encuentran en Antioquia.

Este pueblo se ha visto obligado a resistir desde hace más de quinientos años los agravios del hombre blanco a su territorio y a sus habitantes. Han definido como forma de resistencia —y supervivencia— la movilización permanente en sus territorios y la organización, y recientemente adoptaron como sus principales estructuras políticas los cabildos comunitarios y las organizaciones regionales. Actualmente, los dos problemas principales que afrontan en el occidente de Antioquia son el conflicto armado y el desarrollo del megaproyecto minero llamado Mandé Norte, que afecta directamente los territorios de los municipios de Murindó y Carmen del Darién, con una incidencia muy importante en los de Vigía del Fuerte, Frontino y Urrao, todos los cuales hacen parte de lo que se ha denominado Chocó Biogeográfico.

El líder indígena entrevistado para este trabajo pertenece al pueblo Embera-Katío, nació en el Resguardo Chaquenodá, asentado en el municipio de Frontino (Antioquia), tiene 42 años de edad y conoce perfectamente la experiencia que

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ha sufrido su pueblo. Fue jornalero de un campesino hasta que cumplió los veinte años, momento en el cual se unió a la creación del Comité Coordinador Indígena de Antioquia, hoy Organización Indígena de Antioquia (OIA). El Comité nació en 1981 como consecuencia de las luchas indígenas que se vivieron a escala nacional en las décadas de 1970 y 1980 por la recuperación de tierras, la titulación de los resguardos, el respeto a la identidad cultural y la constitución de los cabildos indígenas. En 1982 se realizaron las primeras reuniones con líderes que promovían la organización de la naciente OIA; en 1985 se eligió el Comité Coordinador Indígena de Antioquia como el primer organismo autónomo regional; en diciembre de 1987 tuvo lugar el primer Congreso Indígena de Antioquia y para el año de 1997, en el marco del tercer Encuentro Indígena Regional, el movimiento adoptó la figura de asociación de cabildos denominada Organización Indígena de Antioquia. Dentro de las estrategias de pervivencia de esta organización aparece la implementación de la etnoeducación, entendida como un proceso de formación indígena y de construcción permanente, que se apropia de ciertos conocimientos occidentales necesarios para la defensa de sus derechos y además profundiza prácticas organizativas y culturales: historia, conocimientos ancestrales y lengua propia.

El entrevistado es uno de los líderes que se formó en este proceso y actualmente se encuentra terminando décimo grado de bachillerato. Sostiene que sin lugar a dudas la construcción del megaproyecto minero Mandé Norte es una grave amenaza para las comunidades indígenas de la zona, pero aún así el principal problema que afrontan en este momento es el conflicto armado interno. Los indígenas, quienes han asumido una postura de resistencia y autonomía frente a esa tragedia colombiana, se encuentran atrapados en medio del enfrentamiento de los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas armadas estatales, todos los cuales, de manera sistemática, han venido señalándolos como objetivo militar, razón por la cual se han presentado asesinatos y masacres de líderes indígenas, promotores de proyectos y miembros de la comunidad en general. El Ejército considera a los indígenas como colaboradores de la guerrilla, mientras que la guerrilla los califica de “gobiernistas de derecha” y hace amenazas en contra de su gestión comunitaria. Nuestro entrevistado estima que entre la guerrilla y el Estado han asesinado a 120 indígenas.

A la amenaza constante que deben afrontar las comunidades aborígenes asentadas en la región se suma ahora la ejecución del proyecto Mandé Norte. Se trata de un plan por medio del cual el gobierno colombiano, a través de Ingeominas, otorga a Muriel Mining Corporation, empresa de origen estadounidense, nueve títulos mineros para la exploración y explotación de las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno (metal esencial utilizado como materia prima para la aleación de aceros especiales). Mandé Norte está ubicado en el costado noroccidental de Colombia, más exactamente en una jurisdicción que comprende los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia).

Desde 1972 se han venido desarrollando estudios de prospección en los municipios de Murindó, Frontino y Dabeiba

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(Antioquia), así como en Riosucio (Chocó), sin consultar con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios, grave falta, puesto que no se han realizado estudios de impacto tanto ambiental como cultural y territorial. El problema directo que esto ha originado para las comunidades indígenas, sobre cuyos territorios se suscribieron los contratos, es que ellas no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas con anterioridad al otorgamiento de los mismos, como es el caso del resguardo Frontino, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti recibió la concesión de 2.645 hectáreas para la exploración y explotación de cobre y oro, actividades que, como era de suponer, afectan directamente la vida de la comunidad.

La forma como se ha venido desarrollando el proyecto Mandé Norte desde 1972 es una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas, más exactamente del literal a del artículo 6 de la Ley 21 de 1991, según el cual los gobiernos deberán “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. De conformidad con dicha ley se aprobó el Convenio No. 169, sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, efectuada en Ginebra en 1989.

Pero, contrario a lo consignado, ni las comunidades afectadas ni la OIA han sido consultadas y el proyecto Mandé Norte afecta a cerca de siete resguardos indígenas de los municipios mencionados atrás, al tiempo que vulnera los derechos de la población afrodescendiente de Carmen del Darién y Murindó, que pertenecen respectivamente al Chocó y Antioquia.

Nuestro entrevistado recuerda que la Constitución de 1991 otorgó a los pueblos indígenas numerosas herramientas y facultades para la defensa de sus derechos fundamentales, pero agrega que el gobierno no ha tenido una postura clara frente a tales derechos, ya que se ha centrado en limitar o derogar los derechos adquiridos constitucionalmente por las comunidades indígenas, mediante la expedición de normas inconsultas y la implementación del modelo de desarrollo neoliberal.

Dentro de los logros alcanzados por las comunidades en la resistencia al proyecto minero Mandé Norte se encuentran la realización de tres Asambleas Comunitarias Interétnicas, conjuntamente con mestizos y afrodescendientes, y el contacto con entidades internacionales como la Organización Sueca de Cooperación Internacional (Diakonía), Christian Aid, Trocaire y la Unión Europea, que les ofrecieron capacitación en temas de Derecho Internacional Humanitario, en sesiones que terminaron el 31 de mayo de 2007. El líder indígena entrevistado recibió la capacitación completa, gracias a lo cual organizó un Comité de Paz Interno, conformado por seis hombres y seis mujeres indígenas de su comunidad, como estrategia de defensa y resistencia en el territorio. Es importante resaltar que la OIA también tiene comités de paz en otras zonas del Departamento, que defienden la autonomía territorial con base en su mandato: “Frente al fusil, la palabra”.

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Son grandes los obstáculos que ha debido sortear el conjunto de comunidades indígenas de la OIA para mantenerse en pie frente a la grave situación humanitaria que vive el país: las amenazas por parte de los grupos paramilitares y guerrilleros de la zona y las diferencias suscitadas entre las comunidades campesinas y afrodescendientes frente a la concepción y explotación del territorio. Este punto es muy importante, puesto que, para los indígenas, el territorio es un concepto espiritual, es la madre de todo, es el ente sin el cual no podemos vivir ni respirar. Estas comunidades tienen un vínculo muy fuerte, de carácter simbólico, con la tierra y el territorio: “A la madre tierra hay que cuidarla”. Con mayor razón cuando lo que se ha puesto en evidencia es lo contrario: “A nuestro territorio quieren explotarlo como la farmacia del mundo, aprovechando nuestro conocimiento ancestral”.

6. COMENTARIO:

A lo largo de la historia de nuestro continente, los pueblos indígenas han sido los más afectados por los agravios de la cultura occidental, y a pesar de eso sus estrategias de resistencia les han permitido sobrevivir. Las comunidades indígenas han tenido capacidad de adaptación frente a la cultura dominante. Lo admirable de esta estrategia es precisamente que no se han dejado absorber sino que han sabido ajustarse, han tenido capacidad de transformación para sobrevivir manteniendo todavía hoy, en el siglo XXI, su lengua y sus tradiciones ancestrales.

Tal es el caso de los Embera, pueblo que conserva su propia organización política, su lengua (Embera) y sus tradiciones, al punto de que incluso hoy en día los mayores que habitan en la selva temen a cualquier hombre “blanco”, a quien relacionan con un colonizador (español). Este pueblo ha logrado desenvolverse en los modelos cambiantes de políticas estatales, sin permitir la asimilación cultural —entendida ésta como un proceso negativo de deculturación y despersonalización, esto es, de absorción—. Y en este sentido han logrado resistir gracias a que ellos mismos se han preocupado por estudiar sus derechos, las políticas gubernamentales y nuestro idioma, con el fin de usarlos como herramientas para su pervivencia como pueblo. Su proceso de resistencia es más admirable aún si se tiene en cuenta que lo han mantenido durante cinco siglos.

Son muchos los logros que estas comunidades han alcanzado por medio de la Organización Indígena de Antioquia, pero sus metas hasta ahora van a mitad de camino. Sus desafíos más inmediatos en el contexto actual son los de mantener su autonomía política, social y cultural, preservar sus territorios y recursos naturales y lograr un acompañamiento continuo por parte de la comunidad internacional, en especial frente al conflicto armado interno, que ha sido y sigue siendo su problema principal en las últimas décadas. De hecho, durante esta entrevista se denunció la presencia del Ejército en los resguardos del occidente antioqueño y el señalamiento, las amenazas y el hurto de pertenencias y víveres de las comunidades en los últimos meses. Y así mismo la puesta en marcha de proyectos como el de Mandé Norte, que

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están amenazando no solo su derecho a la tierra y al territorio sino también la existencia de un lazo ancestral que ha caracterizado a sus comunidades desde el inicio de su existencia: la Madre Tierra.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento Territorio: vida y esperanza de los pueblos, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio efectuado en Barrancabermeja el 4 y 5 de octubre de 2007.

Resistencia indígena, conflicto armado, megaproyectos, identidad cultural, autonomía.

Colombia, América del Sur. Antioquia, Frontino, Resguardo Chaquenodá.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

GUERRA TIBOCHA, Diana, dianisgt@gmail.com Cinep, Carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

122 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

1. TÍTULO:

EL TERRITORIO DE LOS KANKUAMOS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

124 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

LA RUTA DE LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD KANKUAMA Y EL CAMINO DE REGRESO A LA CONSTRUCCIÓN DE SU CULTURA INDÍGENA

Entrevista a Wilfran GUTIÉRREZ, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Resguardo Indígena Kankuamo. Casa Indígena, Avenida Hurtado, Tel. (57-5) 5374221. Valledupar, Cesar, organizacionkankuama@hotmail.com

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

La Sierra Nevada de Santa Marta es una cadena montañosa que se eleva desde el Mar Caribe y que en el curso de no más de 50 kilómetros alcanza casi 5.800 metros de altura; es la formación montañosa litoral más alta del mundo. En este territorio habitan en la actualidad cuatro pueblos indígenas: Ijkas (Arhuacos), Kogis, Wiwa Arzarios y Kankuamos. De los cuatro, el último se encuentra ubicado en la parte más baja de la Sierra y en la zona con mayor acceso a la montaña, lo que facilitó el proceso de pérdida de la cultura de esta etnia.

Frente a su debilitamiento como pueblo indígena y a su fuerte “occidentalización”, muchos Kankuamos se pusieron en la tarea de recuperar su identidad indígena. Este proceso no es común, y sin embargo, desde 1997, fueron legitimados como etnia y en 2003 su resguardo fue reconocido en el contexto jurídico de Colombia.

Una vez obtenida la titulación de su territorio, precisamente cuando el conflicto armado en la zona arreciaba, el proceso de recuperación de la identidad kankuama no ha sido nada sencillo. Para ellos esto significa lograr su unidad y el control de su territorio, consolidar sus espacios de autonomía y tener en sus manos el control social para que se respeten sus propias normas, sin olvidar su concatenación con las del Estado colombiano, con la pretensión de que ellas no puedan ser tachadas de inconstitucionales.

Por el hecho de que en la parte baja de la Sierra Nevada, entre los corregimientos de Raíces y Badillo —precisamente en la parte que fue designada como zona de ampliación del resguardo kankuamo—, ha habido presencia de grupos armados insurgentes, las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizaron en el reciente pasado una serie de incursiones contra la población kankuama. Entre 2003 y 2005 se produjo el mayor desplazamiento de indígenas, y solo en el año 2003 fueron asesinadas aproximadamente 48 personas de la etnia. Esto no impidió que quienes se mantuvieron en su tierra comenzaran un proceso de consolidación del resguardo indígena.

126 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

Pese a la situación de violencia, los indígenas elevaron una serie de denuncias ante diferentes instancias de la Justicia, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las respectivas autoridades territoriales (alcaldía, gobernación). Sin embargo, estos recursos no fueron suficientemente eficaces para frenar las acciones de aniquilamiento de que estaban siendo víctimas. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) apoyaron al resguardo y llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con lo cual en 2003 obtuvieron la aprobación de medidas cautelares. La Cidh “solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Kankuamo, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio”.

Posteriormente, en julio de 2004, la Corte Interamericana tomó determinaciones provisionales enderezadas a la protección de los kankuamos, que fueron ratificadas en enero de 2007 a pesar de los intentos del gobierno colombiano para que fueran suspendidas. Según el coordinador de derechos humanos del resguardo, su efecto principal ha sido la disminución notable de los asesinatos selectivos de los Kankuamos. Este hecho, a su pesar, también ha traído nuevos problemas para la comunidad, porque la presencia permanente de la fuerza pública en la región ha hecho que las jóvenes del resguardo se relacionen con los soldados del Estado, que generalmente tienen la costumbre de engañarlas. Hay casos de embarazos no reconocidos que han sido denunciados ante los superiores castrenses sin mayores consecuencias, lo cual, en vez de favorecer, obstaculiza la reconstrucción social de la comunidad agredida.

Los esfuerzos por la recuperación del territorio han sido complicados. El caso de Murillo, una de las doce comunidades del resguardo, puede ser un buen ejemplo para entender lo que allí ocurre. Este territorio, hasta la fecha, se encuentra deshabitado. Era una región principalmente ganadera y en las fincas cercanas había abundante bosque de madera industrial. Pero los altos índices de violencia obligaron a la gente a abandonar paulatinamente esos parajes, y finalmente sus fincas y casas. Según el relato, los grupos paramilitares entraron, extrajeron toda la madera, fueron llevándose el ganado y saquearon las viviendas a medida que iban quedando vacías. En el año 2005 la Defensoría del Pueblo y Acción Social programaron el retorno, pero a último momento, cuando la gente ya estaba lista para emprender el regreso a sus antiguas posesiones, alegaron que no había condiciones y que no podían garantizar la reinstalación de los indígenas, ya agotados por la vida de la ciudad. De todas maneras algunos hicieron el retorno, aunque, a causa de que la ayuda inicial prometida para el mantenimiento de las personas no fue suministrada, muchos de ellos se vieron precisados a regresar nuevamente a Valledupar, capital del Departamento del Cesar y uno de los principales municipios de la región de la Sierra Nevada. En verdad, después de cinco años de abandono, las fincas ya estaban echadas a perder, el monte cubría terrenos agrícolas y los cultivos habían desaparecido completamente.

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Sea como fuere, el proceso interno de reorganización del pueblo kankuamo ha seguido adelante. El fortalecimiento del cabildo mayor y de las comisiones locales, el apoyo a los cabildos de cada comunidad y la realización de formación espiritual en los sitios sagrados donde se hace el pagamento indígena, han permitido que se dinamice el trabajo para llegar a la consolidación del gobierno propio, que además intenta propiciar la unidad de los pueblos aborígenes.

Naturalmente, los obstáculos no han sido pocos. En relación con el proceso de fortalecimiento organizativo, las congregaciones religiosas evangelistas (Iglesia Pentecostal, Emaús, Cuadrangular, Testigos de Jehová, etc.), no comparten el pensamiento de los indígenas y en sus discursos ponen en contraposición a la gente que ha participado en el proceso, porque algunos tienen debilidades y no están seguros de sus condición étnica. Para ellos el territorio es el lugar donde el individuo desarrolla sus derechos e impulsa su dinámica creativa. “Individuo sin territorio es como si no tuviese corazón”, afirma Wilfran. El territorio es fundamental porque allí están tendidos los hilos que sirven de comunicación entre lo material y lo espiritual, y en especial ese territorio está demarcado por la línea negra imaginaria entre puntos sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta.

6. COMENTARIO:

Un pueblo indígena se resiste a desaparecer. Su territorio es instrumento de fuerza pero a la vez el origen de la disputa.

Sus logros se convierten en desafíos y a veces en obstáculos. Su autonomía tiende a depender del sistema hacia el cual se reclama. Una experiencia como muchas otras, llena de paradojas: en medio de una violencia extrema se logra la titulación del territorio y esto imprime nuevas fuerzas para continuar con el proceso de recuperación de la entidad étnica destrozada. El Estado se resiste pero él mismo ofrece instrumentos para que los indígenas puedan acceder a su propio territorio. El Estado debe proveer seguridad, pero de ahí provienen también muchos de los problemas que enfrentan los Kankuamos. Hay otros actores frente a los cuales se debe resistir: los grupos armados ilegales y otras etnias que no comparten del todo el proceso kankuamo de reconstrucción de su cultura, y hasta se debe resistir en el seno mismo del resguardo para que los Kankuamos no se rindan, no se vayan y se convenzan de fortalecer sus pasos hacia la legítima reafirmación de su pueblo indígena, que como primera condición exige la defensa de su territorio ancestral.

7. NOTAS:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

128 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Participación, recuperación de identidad, resistencia, exigibilidad.

Colombia, América Latina.

Sierra Nevada de Santa Marta.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Tania PATIÑO, taniaepv@hotmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

1. TÍTULO:

TABACO: LA RESISTENCIA DE UN PUEBLO CONTRA LA DESAPARICIÓN DE UN TERRITORIO DE LA GUAJIRA COLOMBIANA

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

UNA HISTORIA DE SOBREVIVENCIA FRENTE A LOS EMBATES DE LAS TRANSNACIONALES.

Entrevista a un miembro de la comunidad de Tabaco.

4. FECHA:

5 de octubre de 2007.

5. TEXTO:

El líder comunitario que entrevistamos, es un hombre menudo, aproximadamente de un metro sesenta y ocho de estatura. Sus manos curtidas y su rostro triste reflejan las vicisitudes conflictivas por las que ha tenido que atravesar. Él se define como un hijo adoptivo de Tabaco, un pequeño corregimiento del municipio de Hatogrande, en el Departamento de La Guajira, región semidesértica asentada en el extremo norte de Colombia. Al norte, el Mar Caribe baña las costas de este territorio; al sur está el Departamento del Magdalena, que abriga un emporio hotelero del país, y al nororiente está Venezuela, vecino poderoso por sus riquezas petroleras.

Tabaco era como un oasis en la península de La Guajira. Allí se cultivaban productos de pancoger como mangos, plátanos y hortalizas y se cazaban aves y otros animales silvestres que contribuían a la seguridad alimentaria de los campesinos de la región, en su mayoría afrodescendientes y mestizos. Tal era el conjunto de riquezas naturales, económicas y sociales que conformaban el entorno de los tabaqueños, que en circunstancias propicias y razonables deberían ser justificaciones claras y concretas para que los pobladores se sintieran felices. Sin embargo, la riqueza de su contexto fue su propia condena.

En las décadas de los años ochenta y noventa se inició la explotación carbonífera del Cerrejón por parte de la empresa estatal Carbones de Colombia (Carbocol), en consorcio con la multinacional norteamericana Intercol, filial de la Exxon-Mobil. Posteriormente la empresa se fue privatizando aún más, y lo que inicialmente se presentaba como un bien de capital mixto y de interés público, poco a poco fue perdiendo ese carácter, sobre todo a partir del ingreso al consorcio de la inglesa BHP-Billiton, la Anglo-American de Sudáfrica y la suiza Glencore, a la cual el gobierno colombiano vendió sus acciones en Carbocol. Entre tanto, la compañía norteamericana Intercol también era vendida al consorcio multinacional, que ahora controla más de la mitad de las exportaciones colombianas de carbón y el 70 % de sus reservas de ese mineral.

132 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO

El Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande del mundo. Allí se extrae carbón térmico, muy estratégico, porque se emplea mayormente para generar energía eléctrica. Los principales mercados de la exportación del mineral son Estados Unidos y Europa. Colombia posee las mayores reservas de carbón de Latinoamérica y es el quinto exportador de carbón térmico del mundo. Para la economía nacional, el carbón se consolida como el segundo renglón de exportación, después del petróleo.

Eso ha tenido consecuencias. Lo que era campo abierto se fue transformando rápidamente en una gran mina. La apacible vida rural de los habitantes se vio trastornada por la operación de grandes maquinarias, volquetas de dimensiones extraordinarias (la llanta de uno de estos aparatos puede tener seis metros de diámetro), y hasta una vía férrea se construyó para transportar el carbón extraído hasta el puerto marítimo de embarque, que tampoco existía. Todo ello en un país que desde los años 70 del siglo pasado acabó con sus ferrocarriles.

Los habitantes de todos los pueblos y caseríos y los pobladores de la parte norte de la península se ven de esta manera envueltos en la lógica extrema de superexplotación por parte del consorcio multinacional. Tal ocurre con la comunidad indígena Wayúu, la comunidad de Roche, la de Chancleta, la de Patilla, todas ellas corregimientos ubicados en el municipio de Barrancas, al igual que la comunidad de Remedios. Ellas están entre las más afectadas. Como se sabe, las empresas mineras generalmente operan mediante la apropiación del entorno, esto es, comprando y expropiando las tierras de manera circular, para ir ampliando el radio de acción de la excavación. Así van cercando los predios expropiados y por ende aquellos de los campesinos que quedan en el interior de su círculo fronterizo, para quienes entra a regir la restricción a la libre circulación de los personas. Cultivos, casas, animales y enseres son atrapados dentro del espacio de explotación de la empresa, sin la posibilidad de que sus dueños accedan a sus tierras ahora secuestradas ni puedan servirse de ellas.

En la década de los años noventa el crecimiento de la mina de carbón llegó a los territorios donde se asentaba Tabaco, que estaba estratégicamente ubicado, muy cerca de uno de los pocos ríos de la región, el Ranchería. Entonces comenzaron los hostigamientos a la población para presionarla a vender sus tierras a precios irrisorios. Los empresarios construyeron un aeropuerto privado muy cerca del corregimiento y propusieron una negociación directa entre la empresa y cada uno de los propietarios de los lotes del pueblo y el territorio aledaño. De esa manera fue más fácil dividir a la comunidad, para frenar el proceso de resistencia que se estaba gestando frente al abuso, el desplazamiento y el desarraigo provocados por la ampliación de la explotación carbonífera.

EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO • 133

Entre 1995 y 2002, año este último en el que desaparece Tabaco, la empresa multinacional puso en marcha una serie de estrategias para apoderarse del territorio. Como cuenta nuestro entrevistado, terminaron por arrebatar a los pobladores lo más preciado que tenían: su tierra, su cultura, sus costumbres, su vida cotidiana y su historia compartida. Pese a todo, él y otras familias siguen firmes en el proceso de resistencia frente al desarraigo impuesto por la empresa.

En 1997, cuando se supo de las intenciones de la empresa de apoderarse de todas las tierras que conformaban el pueblo y sus alrededores, este dirigente comunitario advirtió sobre la estrategia que estaba promoviendo la multinacional en el sentido de convencer a las personas más influyentes de Tabaco y de la organización comunal para que vendieran sus posesiones a los precios ofrecidos por los compradores. Cuando todavía no había terminado el periodo de la Junta Comunal de la que él hacía parte, la empresa, mediante artimañas jurídicas, entronizó a un nuevo presidente de esa organización.

Con el cambio de presidente de la Junta la situación se complicó. La empresa prometió comprarle su casa a mayor precio que las de sus vecinos y le encargó la tarea de facilitar las negociaciones con el resto de la comunidad de Tabaco. El hombre se convirtió así en el “correveidile” de la empresa, y entre 1997 y 1998 convenció por lo menos a 110 familias, de unas 400 que conformaban el conjunto de la comunidad tabaqueña. Nuestro entrevistado, al igual que otros tantos, se retiraron de la Junta en 1998, al constatar que no existían garantías para el ejercicio de la Acción Comunal, y a cambio de eso se propusieron reorganizar la resistencia contra la expropiación de sus tierras.

La empresa siguió en su empeño de apropiarse de los predios y de toda la tierra, y en los años 1998 y 2001 utilizó todos los recursos jurídicos disponibles para debilitar el frente de quienes se negaban a vender. La idea era expropiar sus tierras mediante la declaración de utilidad pública y social sobre el predio llamado Tabaco, sin indicar siquiera el nombre, el domicilio y la residencia de toda la comunidad que habitaba el territorio. Efectivamente, después de muchas acciones de tipo legal, por cierto nada transparentes, esgrimieron un fallo emitido en 1999 por un juez de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, fallo que había sido aplicado en agosto de 2001, y así lograron expropiar las viviendas y los predios de los vecinos que aún quedaban en Tabaco.

La gente de Tabaco recuerda con tristeza los días 9 y 10 de agosto de 2001 como si hubieran pasado ayer. Los guardias de Cerrejón, reforzados por la policía y el ejército del Estado, “llegaron con sus armas, maquinarias y carros” a expulsar a las familias, tumbar las casas y retirar todas las pertenencias que estaban dentro de las mismas, para llevarlas a bodegas

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de propiedad del consorcio minero, de donde muy pocas han logrado ser recuperadas por sus propietarios. Sin embargo, en el proceso jurídico no entraron todas las viviendas y algunos predios ubicados en el sector rural. Como lo señala otro miembro de la comunidad, en su caso se dieron cuenta de que la expropiación contenía errores en el señalamiento de los linderos y los guardias no pudieron sacarlo de su posesión, cosa que ocurrió también a otros vecinos.

La infamia de esta historia se profundiza. Como no podía hacer una nueva expropiación, la empresa multinacional optó por invocar la denominada “servidumbre minera”, que citaba jurídicamente la reglamentación dictada en 1996 y ratificada en el artículo 168 de la Ley 685 de 2001, la cual establece, entre otras cosas, que “las servidumbres en beneficio de la minería son legales o forzosas (…) es decir, se imponen aún contra la voluntad de los dueños o poseedores, o de las mejoras que se encuentren dentro de los predios afectados, recibiendo los perjudicados la remuneración económica pertinente a los daños que la actividad minera ocasione. Esta retribución la recibirán de parte de los mineros”.

Entre tanto, la empresa, para evadir la retribución económica a la que estaba obligada, y de común acuerdo con el alcalde de Hatonuevo, decidió que este alcalde hiciera la entrega de dicha servidumbre en nombre de todos los vecinos del corregimiento de Tabaco. Así se hizo, con la patética justificación de “recuperar el espacio público”. De esta manera, y ante la mirada impotente de los habitantes que quedaban en el lugar, el 28 de enero de 2002 desapareció Tabaco. Dejó de existir legalmente mediante un procedimiento sustentado en acciones judiciales totalmente parcializadas a favor de la empresa y apoyadas por la policía y el ejército. Algunas familias poseían predios en la parte rural del corregimiento, pero de ellos también fueron desalojadas por la aplicación de esta misma figura jurídica, aunque con carácter de “servidumbre rural”, que simplemente legitimó la inequidad del poderoso consorcio empresarial contra unos humildes pobladores que cometieron el error de haber vivido, sin saberlo, en un territorio estratégicamente rico para la explotación capitalista.

El líder comunitario y su familia salieron sin nada de donde lo habían tenido todo: sueños, ilusiones, amigos, vivienda, hábitos de vida y cultura que compartían con los habitantes de esta comunidad y que le daban valor humano al territorio que perdieron. Cuatro meses después, en mayo de 2002, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia expidió una sentencia enderezada a resarcir los daños ocasionados a la comunidad y en la que ordenaba al alcalde municipal de Hatonuevo que en el término máximo de 48 horas iniciara los trámites correspondientes para materializar soluciones efectivas tendientes a establecer la construcción de la infraestructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda en favor de los miembros de la comunidad de Tabaco, y para que atendiera a las necesidades de vivienda y educación de los pobladores menores de edad.

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Hoy, cinco años después, no se ha cumplido con nada de lo ordenado en esa sentencia. Por el contrario, los habitantes de la comunidad no han tenido ningún apoyo de parte de las autoridades de Hatonuevo, y a cambio de ello sí existe mucha discriminación. Por esa razón nuestro entrevistado y su familia, compuesta por cuatro hijos y su esposa, tuvieron que trasladarse a otro corregimiento, llamado Albania, donde un propietario les ofreció alojamiento en una casita de cuatro por cuatro metros, de una sola pieza. Allí residieron durante seis meses sin ningún tipo de ayuda. Ni siquiera fueron reconocidos como desplazados, y menos aún tuvieron en cuenta que ellos procedían de una población negra que estaba cobijada por una legislación especial, la Ley 70 de 1993, que protege a tales comunidades y les otorga autonomía en el manejo de sus territorios.

Entre 2003 y 2006, un familiar les cedió un terreno en el mismo municipio de Albania, pero como dicha persona tenía trabajo con la empresa minera, cuando supieron que él y su familia estaban alojados allí presionaron al familiar para que el líder y su familia salieran de esa propiedad. Por fin, en el año 2007, nuestro entrevistado logró levantar una vivienda rudimentaria en un lugar llamado Cuestecita, también en jurisdicción de Albania, quizá como una manera de resistir y sobrevivir relativamente cerca de lo que había sido su tierra y su vida.

Para este líder comunitario, ahora el territorio es como algo ajeno. Afirma que después de esta experiencia aprendió que, como persona, ese puede ser un territorio, pues es lo único que le queda, pero que nunca será lo mismo. Sus hijos y en general su familia extrañan mucho su tierra, los paisajes, los arroyos, la antigua dieta alimentaria. Lo positivo entre tanta injusticia es haber logrado sobrevivir. Por lo menos ahora, después de tanta resistencia de los tabaqueños, las comunidades guajiras que corren el mismo riesgo de desaparecer ya tienen en su haber esta experiencia de aguante y que la empresa transnacional está comenzando a hablar a la gente de otra manera. Tal vez en algún momento la justicia de la historia les devuelva sus sueños con creces, porque dignidad les sobra, como se observa en la suerte corrida por los líderes de Tabaco y sus familias.

Queda claro que el punto más urgente de este proceso de lucha es la reclamación y recuperación de sus territorios, pero también que otras comunidades que están en grave riesgo de sufrir similar atropello tengan la capacidad de resistir y de valorar el ejemplo de lo que realizaron los tabaqueños.

6. COMENTARIO:

Territorio, vida y dignidad son los tres elementos más importantes de esta experiencia de resistencia. No cabe duda de que se debe replantear la acción de las empresas que, obrando en conjunto con las autoridades locales, nacionales y

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globales, terminan por legitimar la injusticia de la explotación, la extracción y la desolación de los territorios por encima de las personas que los habitan, de sus culturas, esperanzas y sueños.

En el caso que nos ocupa, la reconstrucción de esta experiencia nos puede señalar muchas cosas frente la idea que se tiene de un territorio, que no debe ser entendido simplemente como una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. Más bien, debe ser visto como un complejo de relaciones sociales bióticas en las cuales la cultura, las costumbres y la vida cotidiana hacen de este espacio algo tan valioso como la misma vida que las habita. No se trata solamente de explotar la tierra, se trata de construir en el respeto, de preservar la diversidad y de posibilitar la dignidad por encima de los intereses económicos.

Un cuestionamiento fundamental surge en retrospectiva con relación a esta experiencia, y es sobre la verdadera utilidad del sistema de justicia de nuestro país. No hay la menor duda de que muchos de los fallos que se emitieron en contra de la comunidad de Tabaco estaban viciados por la corrupción y la deficiente interpretación que algunos de los jueces de nuestra nación conciben sobre lo que es o no es justo. Algunas de las sentencias favorables a la comunidad no fueron cumplidas, ni por la empresa ni por la autoridades encargadas ni por el Estado en su conjunto. ¿Será porque nuestra sociedad no tiene consolidado un mínimo moral de acción y protección que opere como regulador en beneficio de los más débiles?

Al consorcio multinacional le cabe la mayor responsabilidad; al Estado, su falta de voluntad para apoyar a las comunidades en el momento en que lo necesitan; al sistema de justicia, su precaria mirada sobre a quien debe defender, y quizá a la sociedad en su conjunto, la necesaria sensibilización para comprender que lo que pasa es grave y que si no se actúa será peor.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Resistencia, territorio, dignidad, explotación carbonífera.

Colombia, América Latina.

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10. LOCALIZACIÓN:

La Guajira.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Diego ESCOBAR, diegoesco@gmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

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1. TÍTULO:

TIQUISIO: UN TERRITORIO DE PAZ, RESISTENCIA Y LUCHA POR LA VIDA

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2. SUBTÍTULO:

3. FUENTE:

LA RESISTENCIA COMUNITARIA DE UN MUNICIPIO DEL SUR DE BOLÍVAR (COLOMBIA)

Entrevista con una representante de los jóvenes en el Comité Operativo de Tiquisio.

4. FECHA:

5 de octubre 2007.

5. TEXTO:

Tiquisio es un municipio situado en el sur del departamento de Bolívar, en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, que corre entre los departamentos de Bolívar, Antioquia y Sucre y es paso estratégico para todos los actores armados que se disputan el control territorial de los valles aluviales existentes entre los ríos Cauca y Magdalena. La diversidad y la riqueza biogeográfica de la región han sido un atractivo más para los promotores del conflicto, que actúan en contravía de los procesos ciudadanos adelantados por los habitantes de la región.

Esta situación obligó al campesinado agredido a crear una organización para defenderse, y así nació el Comité Operativo de Tiquisio. Una líder que hace parte de ese organismo en representación del sector juvenil afirma que lo que interesa a los habitantes del municipio es que todos entiendan que este ha sido un territorio de paz, resistencia y lucha por la vida. De ahí que el proceso ciudadano que ahora promueven sus habitantes tenga tanta importancia, porque, como ella nos cuenta, la estructura organizativa de su comunidad es enteramente representativa. Desde el año 2000 está coordinada por el sacerdote Rafael Gallego, cuenta con asesoría pedagógica y está orientada por un comité operativo del que hace parte la mayoría de personas de la comunidad. Tiene como objetivo, además de la ejecución del proceso ciudadano, la veeduría y el seguimiento de los proyectos sociales que se adelantan.

En el municipio la agricultura ha sido tradicionalmente una importante fuente de sostenimiento económico de la comunidad; sobresale el cultivo de arroz, plátano y maíz, que inclusive llegó a combinarse con labores de ganadería incipiente, que luego se perdieron. Entonces llegó la década de los años ochenta, cuando se supo de la existencia de minas de oro en la región. Con el descubrimiento del precioso metal también llegó la delincuencia común, que, sumada a la guerrilla que ya estaba asentada allí desde finales de los años setenta, lo que antes era un remanso de paz empezó a convertirse en un polvorín.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se habían ubicado estratégicamente en los extremos rurales del municipio y solo de vez en cuando hacían presencia en la cabecera

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municipal. Pero la delincuencia que se originó con la explotación del oro abrió al ELN la oportunidad de posicionarse en la comunidad, porque ese grupo ayudó un poco a frenar el crecimiento del bandidaje común y la gente comenzó a reconocerlo como factor de convivencia, debido al gran abandono en que el Estado mantenía a la región, ya que las instituciones encargadas de atender los problemas sociales de la comunidad estaban ausentes y era mínima la presencia de la fuerza pública. Las tropas del Ejército cruzaban el territorio municipal una vez al mes y la Policía, cuando se hacía presente, lo hacía en la cabecera municipal, de tal suerte que cuando ella desaparecía todo era la locura.

Dadas las condiciones sociales que se vivían, el territorio se volvió totalmente propicio para la proliferación de la guerra. Los grupos guerrilleros comenzaron a disputarse el control territorial, se iniciaron los secuestros, el “boleteo”, el robo de ganado, etc. Como si fuera poco se presentó una división muy fuerte en los mandos medios de estas organizaciones subversivas, que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), agrupación que en su afán de protagonismo asedió a los mismos habitantes, reclutando a los jóvenes y desplazando a algunas familias localizadas en las veredas.

Para colmo de males, en el año de 1997 entraron al paraje los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque inicialmente el Ejército había hecho presencia durante una semana. Una vez abandonado el terreno, llegaron los “paras” vestidos con uniformes del Ejército, con el mismo camuflado, y los habitantes de Tiquisio se sintieron cada vez más desolados, porque ahora se retiraban las AUC y entraba la guerrilla, y así sucesivamente.

En 1998 se produjeron enfrentamientos bastante graves entre paramilitares y guerrilleros. Fueron ocho días seguidos de disputa militar y los helicópteros del Ejército ayudaban a las AUC arrojándoles armamento para sacar del terreno a los subversivos. Después de esto aparece una grave escasez de alimentos, comienzan a ocurrir los desplazamientos de los campesinos y con cada incursión nueva de los actores armados en disputa sube el nivel de violencia en todo el territorio.

En 2000 aparentemente los paramilitares se hacen al control territorial. Se creía entonces que las cosas iban a estar mejor. Sin embargo, las AUC toman represalias aún más fuertes en contra de lo que ellos consideraban la base social de la guerrilla: asesinan, desplazan y roban, hasta que en 2002 vuelven y entran los guerrilleros haciendo lo mismo en contra de las personas y las familias que aceptaban hablar o tratar con el Ejército y los “paras”. En el año 2003 el ERP asesina a una madre comunitaria y a un albañil, además de enseñar una lista con nombres de personas para matar.

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La crisis humanitaria que se vivía ya no daba espera. El padre Gallego y la organización comunitaria de Tiquisio tocan a las puertas en todas partes y denuncian ante las entidades nacionales e internacionales los enfrentamientos y la impotencia de la sociedad civil de la región sometida al asedio y el fuego cruzado de todos los actores de la guerra. Los párrocos y el obispo de la diócesis de Magangué respondieron positivamente a este llamado, se hacieron más frecuentes las visitas episcopales y en una ocasión el prelado incluso se quedó a dormir en la casa cural de Tiquisio, con el añadido de que uno de los soldados apostados en la iglesia del lugar lo mandó a callar porque sus ronquidos no lo dejaban dormir. Fue un acto de irrespeto que mostró de manera sencilla las relaciones entre la comunidad y las fuerzas armadas del Estado, al mismo tiempo que el desconocimiento de las normas establecidas por el DIH sobre la necesaria distancia que deben observar las tropas para no involucrar a los civiles en el conflicto armado.

La diócesis de Magangué redactó una carta que denunciaba la grave crisis de violencia que padecía la comunidad, las arbitrariedades de la guerrilla y de las AUC y la connivencia entre el Ejército y los paramilitares. Esto no le gustó al comando militar, que respondió con ataques contra el sacerdote, lo cual hizo que algunas organizaciones sociales entraran a apoyar el proceso ciudadano adelantado en la región.

Entre 2003 y 2007, dada la situación de crisis humanitaria de la región de Tiquisio, entran a intervenir el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Delegado de la Alta Comisionada para la Paz de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y comienzan a realizarse talleres de análisis de la realidad regional, se documenta todo el proceso y se decide el apoyo a la organización comunitaria.

El fortalecimiento del trabajo ciudadano en favor de Tiquisio empieza a ser identificado como un proceso ciudadano por la paz, en defensa de la vida y del territorio, y a partir de entonces se implementa una Escuela Campesina y entran a apoyar la gestión asociaciones como la Organización Femenina Popular (OFP), de Barrancabermeja, el Cinep, la Campaña Nacional contra Minas, el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) y la Defensoría Regional de Barrancabermeja, entre otras.

Este respaldo imprime nuevas fuerzas a la organización comunitaria de Tiquisio, que trabaja con los jóvenes, los adultos y los mayores. Así se promueve una escuela para la equidad de género y se instala una emisora comunitaria.

Como lo planteaba con alegría la joven de nuestra entrevista, la determinación de quedarse en su territorio a pesar de todo fue la mejor decisión, porque ella no lo concibe solamente como un espacio físico-geográfico sino igualmente como el ser de cada quien que puede estar con los otros y en los otros.

144 • EXPERIENCIAS DE EXIGIBILIDAD Y RESISTENCIA POR EL DERECHO AL TERRITORIO 6. COMENTARIO:

Un territorio no se puede entender si no se comprende la actitud y el pensamiento de la gente que lo habita. En Tiquisio, desde el inicio del conflicto, la organización comunitaria fue un aliciente para seguir resistiendo frente a todas las adversidades: las de la delincuencia, las de los actores armados, las del desconocimiento, las que producían desesperanza, etc. Los campesinos siempre supieron que por nada del mundo abandonarían su espacio vital, y eso los motivó para que en los malos momentos tuvieran la fuerza y la convicción de que sobrevivirían como comunidad.

Se debe recalcar el papel desempeñado por la Iglesia en el sur de Bolívar, y más específicamente el del sacerdote y la diócesis de Magangué, que apoyaron a la comunidad a pesar de las amenazas de los grupos armados ilegales y del Ejército. Tal vez lo que mejor mantiene unida a esta comunidad es la fuerza de la razón colectiva, que les planteó que sin territorio no hay vida ni esperanzas, pero que las esperanzas y la vida valen la pena cuando se cultivan con los otros y en los otros.

7. NOTAS:

8. PALABRAS CLAVE: 9. GEO: 10. LOCALIZACIÓN:

Esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento “Territorio: vida y esperanza de los pueblos”, un encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de octubre de 2007.

Resistencia, territorio, dignidad, acción ciudadana, participación.

Colombia, América Latina.

Departamento de Bolívar.

11. ESCRITOR PÚBLICO: 12. ORGANISMOS:

Diego ESCOBAR, diegoesco@gmail.com Cinep, carrera 5 # 33-A/08, Bogotá, COLOMBIA, Tel. (57-1) 245-6181, Fax. (57-1) 287-9089, www.cinep.org.co

TÍTULO:

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA

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TÍTULO:

REPRESA LA PAROTA, MÉXICO

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PANEL TEMÁTICO MAPAS BÁSICOS

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