Revista Plural Joven número segundo Septiembre 2020

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Universidad Nacional de Mar del Plata Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional

REVISTA PLURAL joven Año 1, Número 2 - septiembre 2020

Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Derecho – 25 de Mayo 2855/65 – Piso 3 - 7600 Mar del Plata - Argentina Revista Electrónica - Año I – N. 2 Director: Favio Farinella Septiembre de 2020 – ISSN 2684-0431

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REVISTA PLURAL joven

SUMARIO

Septiembre de 2020 – ISSN 2684-0431 EDITORIAL Publicada por:

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REVISTA PLURAL joven

Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional

SECCIÓN INVESTIGACIÓN

@cidiir

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REDES SOCIALES Y LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD Matías Javier Penas

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PRODUCCIÓN TRANSGÉNICA EN ARGENTINA Y LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Juan Cruz Caik

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DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO A HUELGA: UNA DISPUTA VIGENTE Fiorella Dinelli Quesada

Mar del Plata, República Argentina

DIRECTOR Favio Farinella

CONSEJO EDITORIAL Eduardo Hooft Pedro López Martucci Ana Vernetti Gabriel Raba Mariel Martin Romina Manzo

SECCIÓN ESTUDIOS CINE 33

COORDINACIÓN Valeria Sol Barboza EDICIÓN Lucía Florencia Duarte

FICCIÓN Y FEMINISMO. SIMBOLISMO Y SU CORRELACIÓN CON LA REALIDAD María Belén Morrone

JURISPRUDENCIA 41

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DERECHO ANIMAL. UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA JUSTICIA ARGENTINA Gimena Cordenons

Editorial

P

lural Joven es la revista de alumnos y jóvenes graduados que estudian e investigan diversas áreas del derecho con el fin de ofrecer el producto de su trabajo al servicio de la comunidad. Está pensada para difundir la escena emergente y, asimismo, aportar al estudio académico, a través de la producción constante de contenido. Por otro lado, Revista Plural Joven, es un suplemento autónomo, de trabajo en equipo y de forma colaborativa, editado por el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata.

derechos humanos que trae aparejada la actual y creciente producción transgénica en Argentina. Cerrando esta sección, Fiorella Dinelli Quesada, nos introduce al necesario análisis, debate y reflexión de una disputa que presenta antecedentes de larga data: la controvertida relación entre derecho a la educación y derecho a huelga de docentes en nuestro país.

Inauguran la sección Estudios, dos ensayos diversos en cuanto a su temática y abordaje.

Por un lado, María Belén Morrone, nos acerca al cine, a través de un hábil y dedicado análisis de la serie televisiva “The handmaid's tale” y sus vínculos con los feminismos. Por el otro, y para cerrar, la abogada Gimena Cordenons, nos presenta una legislación poco explorada, la del Derecho Animal, lo hace por medio del abordaje y estudio de un caso de maltrato con actuales reveces judiciales que resultan interesantes analizar.

La revista lanza su segundo número, luego de varios meses de trabajo en la construcción de conocimiento. Conserva su clásica sección Investigación y, ante la necesidad de dar espacio a todas las manifestaciones del arte y del conocimiento aportadas por sus autores, estrena una nueva: sección Estudios. Su característica distintiva es la de ser flexible y adaptar su denominación en función al contenido, todo ello, sin perder su objetivo principal: el compromiso con la diversidad.

Tenemos el agrado de compartir con ustedes la segunda edición del suplemento, esperamos nos acompañen y disfruten de este trabajo hecho con la convicción de quienes creen en lo que hacen: el equipo Revista Plural Joven.

En la sección Investigación, encontraremos tres artículos. El primero de ellos, escrito por el abogado Matías Penas, quien atiende con destreza la cuestión de las redes sociales y cómo estas, subsumidas a corporaciones tecnológicas, menoscaban nuestro derecho a la intimidad. Por su parte, Juan Cruz Caik, nos trae un artículo donde explora con pericia las vulneraciones a los 3

Investigación

Redes sociales y la violación al derecho a la intimidad

Penas, Matías Javier

Resumen

E

n un mundo tan conectado, los usuarios estamos expuestos constantemente a sufrir una vulneración de nuestra intimidad. No solo nos exponemos al realizar alguna

publicación en internet, sino que la mayor parte de nuestra información es tomada por los gigantes digitales sin que sepamos, siquiera, cuándo ni cómo.

El presente artículo abordará el fenómeno de las redes sociales y el uso de la información, tomando como referencia las 3 (tres) plataformas más reconocidas en la actualidad: Facebook, Twitter e Instagram.

Palabras claves Información – Big data – Redes sociales – Derecho – Aplicaciones

Social media and the infringement of our privacy Abstract In a such connected world, users are constantly exposed to suffer an infringement of our privacy. We are not only exposing us with the things we share on internet, in fact the most part of our information is obtained without our knowledge. We have no idea when or how that happened.

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In this article I´ll board the topic of social media and the use of the information, taking as a reference three of the most recognized platforms at present: Facebook, Twitter and Instagram.

Keywords Information – Big data – Social media – Law - Apps

Redes sociales y la violación al derecho a la intimidad

1. Introducción Desde el momento que descargamos una aplicación en nuestro teléfono móvil y, sin que tengamos acabada idea de lo que está ocurriendo, estas comienzan a tener acceso a gran cantidad de datos, tales como: modelo de celular, características, aplicaciones instaladas, interacciones con las mismas y con el propio teléfono, entre otros permisos.

La información comienza a ser recopilada incluso antes de que entremos a la app y esta circunstancia se encuentra explicada en las políticas de privacidad de cada red social, es decir, las propias plataformas nos anticipan que, al crearnos un usuario, ellas recabarán toda esta información.

Sin embargo, el verdadero problema está en los usos que las empresas tecnológicas les dan a estas enormes cantidades de datos y cómo ello afecta nuestra intimidad.

2. “Quien tiene la información tiene el poder”1 Una vez que ingresamos en estas plataformas, el primer paso para navegar por ellas, es crear una cuenta para la cual tendremos, obligatoriamente, que introducir nuestro nombre,

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Hobbes, T. (1989). Leviatán; La materia forma y poder de un estado eclesiástico y civil (1ª. Ed.) Madrid: Alianza

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edad, e-mail, y, optativamente, datos como número de teléfono, institución educativa o universidad, lugar de trabajo, entre otras.Creado nuestro usuario, y luego de “iniciar sesión”, todas las publicaciones que hagamos en estasredes sociales -al igual que ocurre con YouTube- pasan a ser propiedad de dichas plataformas; ello se perfecciona al momento de presionar el botón publicar. Esto se debe a que, al crearnos la cuenta, estamos concediéndoles una licencia sobre absolutamente todo lo que publiquemos, de modo que ellos pueden hacer uso y explotación total de todas nuestras publicaciones, así sea la foto de nuestra mascota o un video de cumpleaños.

Leamos el siguiente fragmento de los términos de servicio de Twitter: Al enviar, publicar o mostrar contenido a través de los servicios, nos otorga una licencia mundial, no exclusiva, libre del pago de derechos (con derecho a sublicencia) para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho contenido en todos y cada uno de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles, conocidos ahora o desarrollados con posterioridad2.

No requerimos de un análisis exhaustivo para considerar a esta cláusula, por lo menos, abusiva. El problema radica en que nos obliga a conceder esta licencia de explotación gratuita sin tener opción alguna. La obligatoriedad viene dada por el hecho de que, en caso de no aceptar esta política, nos vemos impedidos de utilizar y navegar por cualquier red social.

Estas mega corporaciones han obtenido todo tipo de datos de sus usuarios, incluso pueden saber nuestra ubicación exacta, en tiempo real, si tenemos activado el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Pero la pregunta es: ¿por qué estas empresas están tan interesadas en obtener todo ese caudal de información? Pues, porque esa información solo tiene relevancia dentro del gigante mar de datos llamado “Big Data”.

“Big Data” es un término que se refiere al gran volumen de datos que circulan en internet, que dadas sus características es difícil su captura o estudio por los métodos convencionales (base de datos o estadísticas) y se debe recurrir a nuevos métodos. Estos “grandes datos, 2

Términos de servicio de Twitter: (https://twitter.com/es/tos).

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datos masivos (…) que están hasta en la sopa”3, son los que conforman la ola de información, que de ser analizada correctamente puede traer grandes beneficios empresariales, políticos, económicos, etc. Lo que hacen estos gigantes digitales es analizar toda información que obtienen, para luego, mejorar sus propios servicios, crear anuncios inapp y utilizarlas para su posterior venta.

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A continuación, desarrollaré los 3 (tres) casos previamente citados, sin que ello implique el análisis total de su alcance.

a- Mejora de servicios Se analizan todos los datos obtenidos, como el comportamiento de los usuarios, formas en las que interactúan con la aplicación o su teléfono celular, cómo se relacionan entre sí, la franja etaria de usuarios más activos, etc. Lo recién mencionado, es solo una minúscula parte de toda la información que estudian para entender cuáles son los intereses, gustos y preferencias de los usuarios y así lanzar un nuevo servicio5 o mejorar los existentes.

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Escudero, Walter Sosa (2019), Big Data, Buenos Aires: ed.: Siglo Veintiuno.

Google imágenes 5 Por servicio se entiende a una funcionalidad dentro de la propia aplicación. Por ejemplo: los juegos de Facebook, las historias de Instagram (añadidas en 2016) o la posibilidad de transmitir en vivo en Twitter.

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“En Argentina, el 87% de las personas que acceden a internet lo hacen a través de un Smartphone”6.Esto explica que, en los últimos años, estos servicios que ofrecen las plataformas, estuvieron en su mayoría destinados a dispositivos móviles, dado el altísimo consumo que tienen las redes sociales en teléfonos celulares.

Estas grandes empresas manejan cifras astronómicas, teniendo así en su base de datos muchísima más información con un grado de precisión mucho más alto que cualquier país del mundo incluso acerca de sus propios habitantes. Esto les es posible dado el altísimo consumo de redes sociales que hay alrededor del globo.

b- Anuncios in-app Todos estos datos también sirven para que los anuncios que difundan estas plataformas sean ultra segmentados. Así, cualquier negocio que esté interesado en poner anuncios en Facebook, Twitter o Instagram puede elegir específicamente a qué tipo de público quiere llegar. Graficando lo enunciado, podemos pensar en el ejemplo de una heladería, cuyo dueño paga anuncios en Facebook para aumentar sus ventas. Lo que hará la red social, será segmentar y especificar su alcance, de manera que llegue solo a aquellas personas que se encuentren dentro de esos algoritmos: personas con capacidad de compra, que vivan en Mar del Plata y que su rango etario sea entre 25 y 55 años. ¿Cómo lo logra? Eso solo es posible dada la gran cantidad de información que recopilan estas empresas acerca de los usuarios.

c- Venta de información Este tal vez sea el lado oscuro de la Big Data. ¿Qué empresario o político no estaría interesado en las opiniones, hábitos, lugares de reunión, comportamientos, etc., de millones de consumidores o votantes? Lógicamente querrán adquirir estos datos de gran relevancia para ellos, aunque esto importe el desembolso de un gran caudal de dinero; todo ello, sin mencionar que aquí ya entraríamos en terreno de la ilegalidad.

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IV Octubre - Mobile Life, (2018), recuperado de: http://www.latinspots.com/files/Institucional_LatinSpots/IVOctubreMobilelife18.pdf

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3.1. Facebook y la venta de información Un caso muy reciente respecto a la venta información fue el de Facebook, ocurrido en 2018, en el cual el CEO y fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, tuvo que declarar ante el Senado de Estados Unidos sobre el reconocido caso de Cambridge Analytica 7. Allí se acusaba a Facebook y a la mencionada empresa de manipular indebidamente información de 87 millones de usuarios para influenciar las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y el referéndum del Brexit de ese mismo año.

En el año 2014, Cambridge Analytica contrata al profesor de la Universidad de Cambridge, AleksanderKogan, para idear un sistema que les permita obtener información relevante de una gran cantidad de usuarios. Kogan crea una aplicación Thisisyour digital life, que era un test online que se presentaba como una herramienta de investigación. A los usuarios se les pagó entre 2 y 5 dólares para tomar este detallado cuestionario sobre personalidad e intereses políticos y para completar el mismo se les exigía iniciar sesión en Facebook y otorgarle algunos permisos a la app, como recoger información sobre la actividad del usuario, acceder a la ubicación y sus contactos en la red social.

Alrededor de 270 mil perfiles hicieron este test, y como solicitaba acceso a los datos de los amigos de quienes lo realizaron, se llegó a recabar información de casi 90 millones de usuarios.

Esta información fue enviada a Cambridge Analytica sin el permiso de los usuarios, quienes aceptaban que su información se recopilara para fines académicos, pero no con otro propósito. Importante es mencionar que también se recopiló la información de los amigos de quienes habían participado del test, quienes desconocían por completo las prácticas y los intereses ocultos detrás la sutil maniobra. Todos estos datos sirvieron para generar anuncios personalizados en Facebook, que buscaban influenciar las decisiones políticas del electorado y crear un algoritmo predictivo sobre el comportamiento de los usuarios en dicha red social.

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Empresa creada en el 2013 dedicada al análisis, minería y comunicación de datos para procesos electorales.

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Por ello, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ordenó a la red social pagar $5.000 millones de dólares como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios; esta multa económica impuesta a una empresa tecnológica es considerada la más grande de la historia. A su vez la Comisión norteamericana obligó a “la gran F” a modificar su estructura de gobierno con el fin de que haya un mayor control respecto a la información y privacidad de los usuarios. Ahora Facebook debe remitir informes cada trimestre a agentes externos a la compañía en relación a la información que manipula y transmite a terceros. A su vez, la compañía fue obligada a reforzar sus certificaciones respecto a las aplicaciones de terceros que desean usar la información de los usuarios de Facebook.

Corresponde mencionar que, pese a los esfuerzos, sigue sin existir un límite respecto a los datos que la compañía manipula y transfiere a terceros.

3. 2. La masividad de Facebook a nivel mundial Actualmente, la red social número uno de usuarios en todo el mundo es Facebook con 2,271 millones, luego se encuentra YouTube con 1,900 millones, y tercero encontramos a Whatsapp con 1,500 millones. En cuanto a datos nacionales, acorde a las estadísticas, en Argentina el 93% de los internautas utilizan YouTube, y un 91% utilizan Facebook y WhatsApp.8

En el año 2020 las empresas We Are Social y Hootsuite publicaron estadísticas respecto a la audiencia que consume las publicidades dentro de Facebook, allí puede observarse que Argentina ocupa el top 20 de países con mayor audiencia. De hecho, del total de argentinos con acceso a internet, el 91% utiliza Facebook, siendo alrededor de 34 millones de usuarios.

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Estadísticas presentadas por Hootsuite (empresa dedicada a la gestión de redes sociales y análisis de datos), 2019.

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Se sabe que el tiempo de uso promedio de redes sociales es más alto en países latinoamericanos, estando el argentino promedio alrededor de 3hs. 18min. al día navegando por las mismas. Por ello es que las redes son un gran canal para cualquier empresa.9

4. La vulneración al Derecho a la intimidad

Es ahora momento de preguntarnos: ¿implica toda esta información que las redes sociales manejan sobre nosotros una vulneración al derecho a la intimidad? Considero que, si bien al momento de presionar el botón “acepto los usos y condiciones” estamos consintiendo y aceptando las políticas de datos que tiene la empresa, otorgándoles derecho sobre nuestra información, cuando las plataformas manipulan indebidamente dicha información de sus usuarios incumpliendo su propia política de privacidad, violan nuestro derecho a la intimidad.

En el recién mencionado caso de Facebook, su conducta fue totalmente contraria a la ley, dado que vendió información de millones de personas sin que estas dieran su consentimiento, es decir, los usuarios aceptaban las políticas de privacidad, pero en ninguna cláusula o apartado de las mismas se mencionaba que esa información sería utilizada para fines políticos.

Resulta necesario considerar que, si bien las redes sociales nos solicitan que aceptemos sus políticas, está comprobado que la mayoría de los usuarios no se detiene a leerlas. El Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS) de España, destaco que más del 85% de los españoles admiten no leer las políticas de privacidad de las páginas que visitan 10. Esto nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante: ¿es suficiente la mera presión de un clic para exteriorizar la voluntad de aceptar de modo expreso, que tamaña cantidad de información personal -y extremadamente precisa- sea tomada, utilizada e incluso comercializada? Desde mi punto de vista, y tomando como referencia el hecho de una gran mayoría de usuarios no

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Según estudio publicado por las empresas tecnológicas We are Social y Hootsuite (2020).

Según estudio publicado por CIS España, (2020), Madrid.

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se detiene a leer estas políticas, considero que no. Sin embargo, ¿qué otra manera existe de resolver esta cuestión?

5. Conclusión Los casos mencionados parecen confirmarnos que estamos totalmente expuestos, que el precio a pagar por utilizar la tecnología – utilizo el término “tecnología” dado que la violación a la privacidad no la detentan solo de las redes sociales, sino que desde cualquier teléfono móvil o computadora también se está constantemente recopilando nuestra información personal- es permitir y sucumbir al poder de las empresas para que tomen de nosotros toda la información que deseen. Pero, ¿acaso no existe alguna manera de limitar o proteger nuestros datos sin dejar de utilizar estos servicios?

A luz de lo expuesto, considero que no, al menos en el presente, debido a que los gigantes tecnológicos tienen muchísima influencia y por, sobre todo, poder. Es por ello que, resulta difícil pensar en controlar la información que recopilan y el destino que le dan a las mismas, llegando a convertirnos, simplemente, en un número dentro de enormes sistemas de cómputos.

Por último, te invito a hacer la siguiente reflexión: si estás leyendo este artículo desde Google Chrome, entonces será necesario que sepas que Google ha obtenido esa información y ahora sabe de tu interés por las redes sociales, la Big data o el derecho; si lo estás haciendo desde tu Smartphone, entonces, las redes sociales que tengas instaladas sabrán, en función de tu edad e intereses, los anuncios que más se adecuan a tu perfil. Esto mismo es aplicable a toda computadora o dispositivo tecnológico con el que inicies sesión.

Incluso si leíste esto desde una computadora ajena y luego lo mencionás a alguien cerca de tu celular, Google o Apple -dependiendo el sistema operativo que tengas- lo detectarán gracias al micrófono que está constantemente activo y enviando información a través de sus complejísimos algoritmos.

Entonces, podríamos reformular el interrogante y plantearnos: ¿la privacidad sigue existiendo?

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Investigación

Producción transgénica en Argentina y la vulneración a los Derechos Humanos

Caik, Juan Cruz

1. Resumen

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l presente trabajo procura, en principio, exponer acerca del origen de la producción transgénica y su ingreso a nuestro país. Analizar la problemática subyacente de este

método de obtención de alimentos, que, en definitiva, consiste en obtener altos rendimientos de producción a partir de la utilización de semillas genéticamente modificadas. Es preciso cuestionarse qué regulación hay al respecto y si son suficientes los recursos para llevar un debido control por parte del Estado. En definitiva, ¿se puede garantizar que estos alimentos no ocasionen problemas a la salud de los consumidores finales?

Sin perjuicio de dar respuesta a estos interrogantes, procuro -a lo largo de este artículoinducir al lector a preguntarse si, como consecuencia del sistema productivo implementado en nuestro territorio, se vulneran derechos de carácter constitucional e internacional por parte del Estado Argentino, y apelar a una necesaria reflexión con miras a futuros planteamientos que nos arriben, tal vez, a posibles soluciones.

2. Palabras claves Producción Alimentaria –Desarrollo Científico- OGM- Legislación – Derecho.

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Transgenic production in Argentina and the violation of Human Rights 3. Abstract The present work tries, in principle, to expose on the origin of the transgenic production and its entrance to our country. Analyze the underlying problems of this method of obtaining food, which, in short, consists of obtaining high production yields from the use of genetically modified seeds. It is necessary to question what regulation there is in this regard and whether the resources are sufficient to carry out due control by the State. In short, can it be guaranteed that these foods do not cause health problems for end consumers? (Juan, it was too many questions. I made a clipping, see what you think).

Without prejudice to answering these questions, I try - throughout this article - to induce the reader to ask whether, as a consequence of the productive system implemented in our territory, constitutional and international rights are violated by the Argentine State, and appeal to a necessary reflection with a view to future proposals that may lead us to possible solutions.

4. Keywords Food production - Scientific Developmen -OGM - Legislation – Law

Producción transgénica en Argentina y la vulneración a los Derechos Humanos

5. Introducción La industria alimenticia se ha desarrollado considerablemente en estos últimos años, pero esto no significa que estemos mejorando nuestra calidad de vida.

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¿Qué sucede con los alimentos indiscutiblemente sanos; esos que los médicos recomiendan ingerir diariamente? ¿Cómo se traduce el importante desarrollo de la industria alimenticia en detrimento del sabor de los productos y la sobrecarga de químicos presentes en ellos?

Un mercado de frutas y verduras puede ser lo más parecido a una ronda de reconocimiento policial, con una única diferencia: las pruebas que nos deberían indicar hacia dónde agudizar la mirada no son invisibles. De hecho son lo que tenemos todo el tiempo ante nuestros ojos: manzanas perfectas, uvas del tamaño de pulgares, tomates tallados de un rojo casi plástico, lechugas que parecen arreglos florales.1 Alimentos que no saben a nada, que no huelen a nada, que duran hasta lo imposible y ni siquiera se machucan aunque los transporten semanas enteras en camiones hacia los más recónditos lugares de nuestro país.

Alimentos que cargan el peor de los delitos: estar rociados de venenos que nadie controla.

Las frutas y verduras son la prueba más contundente de lo que puede hacer la información en los consumidores. Son tantas las sospechas alrededor de estos productos que en los últimos años floreció un gran negocio orientado a lo natural y orgánico que se multiplica en ferias, mercados y encuentros monotemáticos donde la comida, especialmente, las frutas y verduras son reinas de un nuevo menú de moda2. Ante esta nueva modalidad, el interrogante que se plantea es qué encuentran los consumidores que recurren a estos mercados, si se trata realmente de alimentos orgánicos o todo proviene de un mismo lugar y, en definitiva, lo único que se garantiza con esta nueva diversidad son distintas experiencias de compra.

En Argentina la toxicidad de un veneno, que por bioacumulación indefectiblemente llegará al consumidor, se establece según un polémico proceso que se consolidó en nuestro país en la década de los noventa, años donde se le abrió la puerta grande a la industria química internacional sin medir las consecuencias. Aparecieron, así, nuevos actores que impactaron a nivel económico, social, político y ambiental en nuestro país: las Corporaciones agroquímicas transnacionales. A modo de ejemplo, podemos mencionar a Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow Agroscience, entre otras que intentan controlar la

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Caik, J. C. y Colantonio C., (2015), Comer para Morir, Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, Mar del Plata.

2 Robin, Marie-Monique, (2012), El veneno nuestro de cada día, La Plata: Editorial de la Campana.

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agricultura del mundo, a través de la promoción y la venta de paquetes tecnológicos, que fertilizan el dinero de los productores y esterilizan nuestro suelo, paquetes tecnológicos que matan las plagas y, con ellas, la vida natural.

6. La Producción Transgénica Los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra especie. Gracias a la biotecnología se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarle de alguna cualidad especial de la que carece.3 De este modo, los organismos genéticamente modificados (OGM) pueden resistir plagas, tolerar mejor las sequías, o resistir algunos herbicidas.

6.1. Origen Las técnicas de “transgénesis” (producción de transgénicos) fueron utilizadas por primera vez en los animales en 1981 y al cabo de poco tiempo en las plantas. Las primeras pruebas con cultivos transgénicos de tabaco se llevaron a cabo casi de forma simultánea en Francia y en los Estados Unidos en 19864 y, unos años más tarde, en 1992, se comenzó a cultivar en China una planta de tabaco transgénico resistente a ciertos virus, cuya comercialización fue iniciada en 1993.5 Por lo que podemos advertir, que desde 1996 hasta la fecha, en muchos países, pero de forma particular en los Estados Unidos, Canadá y Japón hacia al mundo, ha sido continua y progresiva la aparición de marcas de cereales modificados genéticamente.

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Definición que expone la Organización Mundial de la Salud.

Brian Halweil, (2007), Still no free lunch. Nutrient levels in U. S. food supply eroded by pursuit of high yields, Organic Center.

5 Benbrook, Charles M., (2005), Elevating Antioxidant Levels in food though organic farming and food processing, Organic Center.

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6. 2. Objetivo económico El asunto de los alimentos transgénicos no es más que una cuestión de mercados. Si bien los defensores de la producción de alimentos transgénicos insisten en mencionar el eslogan sobre la potencial intención de paliar el hambre en el mundo por parte de estos avances científicos, la realidad muestra que ni el hambre ha desaparecido ni la tecnología de los alimentos transgénicos está en manos públicas, sino en manos privadas que buscan hacer con ello un negocio.

Esto significa una sola cosa: la producción de alimentos transgénicos busca mejorar la propia competitividad del producto sin fijarse realmente en el verdadero objetivo de la producción, que es el de generar alimentos nutritivos y eficientes. Así, la calidad del alimento ha dejado lugar al rendimiento, algo que obedece más a razones económicas que nutricionales. 7

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Alimentos, Google imágenes.

Pesticide Exponsure in Children (2012), Council on Environmental Health, American Academy of Pediatrics.

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6. 3. El Impacto ambiental por la siembra de alimentos transgénicos Es menester aclarar que los posibles efectos sobre el medio ambiente a partir de la producción de un alimento se deberían considerar caso por caso y no podría por sí solo agotar su tratamiento en este trabajo, pero, indiscutidamente, los alimentos que generan un mayor debate son los obtenidos a partir de las semillas genéticamente modificadas donde máximamente se centra la discusión.

El principal daño medioambiental se origina con las prácticas agrícolas tradicionales que incluyen el clareado y la deforestación, en zonas que antes no tenían aptitud agrícola, y que a partir de la implementación de esta semilla se va a poder sembrar.

Por otro lado, los OGM pueden afectar al ambiente con los servicios asociados a su producción, como lo son la utilización de herbicidas o plaguicidas, que resultan necesarios para el desarrollo de la semilla y que precisamente son las mismas empresas multinacionales que los distribuyen y venden. Asimismo, estos constituyen los agroquímicos que se requieren para tal tipo de siembra, cerrando así un negocio de comercialización y venta por parte de las compañías perfecto.

Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, cuya implementación a la hora de sembrar una semilla transgénica es necesaria su implementación siendo su objetivo principal el de mantener y conservar los cultivos. Pero en el afán de cumplir con este objetivo, muchas veces se pierde de vista los efectos nocivos que estos agroquímicos pueden provocar en su uso excesivo o desproporcionado. Y no importa el uso que se le dé a los mismos, porque ya sea que se empleen para proporcionar nutrientes químicos, para matar insectos o microorganismos, para eliminar las malezas u hongos de los cultivos, los productos agroquímicos generan importantes grados de contaminación y pueden desencadenar serios problemas de salud en las personas que están en contacto con ellos, que habitan en las vecindades donde el agroquímico se utiliza o hasta se ven afectados los propios consumidores de dichos productos.

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7. Las Corporaciones Agroquímicas Transnacionales Las técnicas de manipulación genética en sí mismas conllevan cierta peligrosidad específica, pero el problema es el contexto legal, político y económico en el que se emplean, y los intereses a los que sirven.

El problema no es la biotecnología en sí misma, sino la biotecnología de las multinacionales. En realidad, parece que los intereses comerciales de un puñado de grandes empresas se han antepuesto a los intereses de salud pública y protección ambiental comunes a la mayoría de la sociedad.

Es, por lo tanto, resultado de un lógico análisis que el sistema produzca alimentos baratos, ignorando o minimizando los riesgos de todo tipo, con el objeto de abaratar el valor de la fuerza de trabajo e incrementar así las rentas del capital.

8. El marco regulatorio en la República Argentina La Argentina carece de una legislación específica e integral para regular la producción, importación, exportación, transporte, almacenamiento, comercialización y uso de agroquímicos, por lo que dicha regulación es realizada principalmente mediante el dictado de decretos, resoluciones u otros instrumentos legales.

Diversas provincias sancionaron instrumentos legales para la Protección de la Salud Humana, los Recursos Naturales y la Producción Agrícola, que implican el uso de los productos químicos y biológicos. Entre tales instrumentos, en algunas provincias existen los que prevén la exigencia de una Receta Agronómica Obligatoria 8 para la comercialización de productos considerados de mayor riesgo para la salud humana y la biodiversidad. Otros ordenamientos prevén que, si una vez introducidos al mercado, el organismo de aplicación detecta su toxicidad para los seres vivos y el medio ambiente, debe “(…) En casi todas las provincias del país es obligatoria la presentación de al menos una receta. Pero hay heterogeneidad, ya que todavía no hay una ley nacional. Entonces, cada provincia legisló según sus criterios.

Donde ya hay importantes controles para la aplicación y compra de productos es en Córdoba y Entre Ríos. En cambio, hay casos como Santa Fe o Buenos Aires en las cuales solo se exige receta de compra, y hay otros casos en los cuales no hay exigencias de receta ni para la compra ni para la aplicación de productos…”

Recuperado de: https://www.clarin.com/agricultura/agricultura-agroquimicos_0_BJGlI41Kw7g.html 8

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suspenderse la venta y por lo tanto el uso del producto cuestionado, o bien el establecimiento de restricciones al uso del mismo.

En definitiva, todo parece insuficiente al no hallarse, como anteriormente mencioné, una legislación uniforme en todo el territorio nacional y una política general mancomunada y análoga de todas las Provincias.

Aunado a lo anterior, Argentina ha adherido a numerosos instrumentos internacionales que contemplan la problemática, entre ellos, se destacan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12) como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (artículos 10, 11 y 12) –de los cuales Argentina es parte, y que actualmente por medio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, dichos Pactos tienen jerarquía constitucional.

En la actualidad, el SENASA, es el responsable de regular el uso de plaguicidas. Tiene como objetivo el implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, es quien elabora normas y controla su cumplimiento, asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino, dentro de las normas internacionales exigidas.

Asimismo,

planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

Para lograr la garantía de calidad que comprende la inocuidad y eficacia de la sanidad animal y vegetal, el organismo realiza incontables acciones, pero, pese a la cantidad excesiva de potestades y obligaciones y al extenso territorio que recae bajo su jurisdicción, hacen que esta entidad se torne un tanto ineficiente.

Al relacionar la legislación vigente con la posibilidad de implementar una adecuada supervisión “in situ”, debe destacarse la escasa disponibilidad de recursos humanos y materiales para la ejecución de las tareas que dicha supervisión exige. Es decir, la significativa insuficiencia de infraestructura y de personal calificado, es la causa principal de

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la ineficiente ejecución de las normas legales por la autoridad de aplicación de ellas. 9La explicación de la ausencia de control del estado, respecto a la producción de alimentos modificados genéticamente tiene diversas versiones y sigue generando hasta la fecha innumerables interrogantes.

9. Conclusión Durante la última década, la temática sobre los OGM, ha cobrado importancia en nuestro país, generando un debate entre las empresas trasnacionales que los producen, y las organizaciones ambientalistas de derechos humanos de agricultores, científicos y expertos en distintas disciplinas.

En este contexto internacional de discusión acerca de los efectos que pueden generar los transgénicos en los aspectos mencionados, las sucesivas administraciones nacionales argentinas mediante dictámenes vinculantes y políticas desarrolladas han terminado, en definitiva, favorecer a las empresas de origen extranjero que comercializan estos productos y que propugnan este sistema de producción, simplemente por la autorización que tienen estas para la comercialización de las semillas sin hacer un estudio verdaderamente independiente e integral sobre sus riesgos.

En cuanto a los derechos humanos, no tenemos que olvidar que no deben concebirse de forma aislada, sino que son interdependientes, por lo que el incumplimiento de las obligaciones relativas a esos derechos impacta a otros. Como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos humanos “Varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales”.10

“Argentina: Laboratorios registrados por el SeNaSa. Las auditorías y controles de preinscripción a los laboratorios que evalúan los agrotóxicos son secretos”, (2011), Red Nacional de Acción Ecologista Argentina, RENACE Informa, Buenos Aires.

Lowy, Claudio (2011), Consulta Pública del SeNaSa, Otra vez propone no cuidar la salud de las personas, RENACE, Buenos Aires.

10 Continúa diciendo la CIDH. “(…) Por lo tanto, “existe una relación directa entre el ambiente físico en el que viven las personas, y los derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad física: el ejercicio del derecho 9

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Así, ineludiblemente, la violación a los derechos reconocidos constitucional e internacionalmente como lo son al medio ambiente sano y a la salud, termina teniendo una significación importante ya que repercute en la vida e integridad personal.

En definitiva, es necesario reafirmar que los derechos mencionados con anterioridad son efectivamente, vulnerados. Por un lado, por todos los efectos que los transgénicos pueden tener en caso de que los seres humanos sean expuestos a los herbicidas utilizados en cada etapa de su producción, como así también de aquellos individuos que no intervengan en el ciclo de obtención pero que indefectiblemente sean simples consumidores, y en ese caso también concurre la posibilidad de que la salud de las personas pueda verse perjudicada.

Por todo lo expuesto, resulta notorio que el estado argentino es contradictorio ya que incumple las disposiciones emanadas de la propia Constitución Nacional donde se compromete a garantizar y proteger el derecho a “gozar de un medio ambiente sano” y la correspondiente tutela al “derecho de los consumidores y usuarios”. Cabe destacarse que también adhiere Argentina a numerosos instrumentos internacionales, que tienen jerarquía constitucional, y contemplan la problemática donde indefectiblemente también se infringen.11 En conclusión, todo parece indicar que el modelo de producción agrícola desarrollado actualmente en el territorio nacional lejos está de la tan anhelada soberanía alimentaria. La negativa a implementar un modelo de producción basado en los organismos genéticamente modificados por parte de los países “del primer mundo” que desarrollaron la semilla en un a la vida y a la seguridad e integridad física está necesariamente vinculado y, de diversas maneras, depende del entorno físico (…)”.

11 Constitución de la Nación Argentina. [Const]. Arts. 41; 42; 75 inc. 22. 1994 (Argentina).

-A/HRC/37/59. Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 24 de enero de 2018.

- Se han dedicado numerosos estudios a los derechos humanos y el medio ambiente. A este respecto, se encuentran resúmenes muy útiles en el estudio analítico elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ACNUDH), A/HRC/19/34 y Corr. 1, que el Consejo observó con aprecio en su res. 19/10, y en un informe conjunto elaborado por el ACNUDH y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, titulado “Los derechos humanos y el medio ambiente: Río + 20”.

También cabe señalar que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha interpretado que el derecho a la protección de la salud recogido en el art. 11 de la Carta Social Europea incluye el derecho a un medio ambiente saludable. Véase la demanda 30/2005, “Marangopoulos Foundation for Human Rights c. Greece”, decisión sobre el fondo (2006), párr. 195.

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primer momento y su intento de comercialización en países con economías más deprimidas podría acercarnos a responder algunos interrogantes respecto a cuán transcendental es la crecida exponencial de la producción a costa de un impacto negativo socio-ambiental, todo ello, claro, sin importar la calidad de lo que producimos.

Esto nos lleva a aseverar la conveniencia de valernos del potencial indiscutible de nuestro suelo y desarrollar políticas integrales a nivel nacional tendientes a implementar un sistema de producción orgánica. De esta manera, la demanda internacional de estos productos originaría valor agregado y, consecuentemente, un alza en la generación de empleo. Resta mucho por transitar aún, la discusión recién comienza.

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Investigación

Derecho a la educación y derecho a huelga: una disputa vigente

Dinelli Quesada, Fiorella

1. Resumen

E

l derecho de huelga, al igual que otros derechos, no es absoluto y por esa razón no debe afectar derechos del mismo rango constitucional. Esto es algo que se encuentra

ausente en la legislación chubutense y también en la nacional. Los docentes ejercen su derecho de huelga durante todo el tiempo que lo consideren necesario. Mientras tanto, la educación de miles de estudiantes que se ven imposibilitados de concurrir a clases se encuentra en un estado de completa incertidumbre.

2. Palabras claves Educación – paro docente – derecho a huelga – reclamo de sueldos – conflicto de derechos

Right to education and the right to strike: a current dispute

3. Abstract The right to strike, like other rights, is not absolute and for that reason it should not affect rights of the same constitutional rank. This is something that is absent in the chubutense and national legislation. Teachers make use of their right to strike for as long as they deem 24

necessary. Meanwhile, the education of thousands of students, who are unable to attend classes, is in a state of complete uncertainty.

4. Keywords Education – teacher strike – right to strike – wage claim – conflict of rights

Derecho a la educación y derecho a huelga: una disputa vigente 5. Introducción ¿Cuántas veces hemos escuchado que docentes hacen paro en reclamo de sus derechos? En la Argentina esto se ha hecho costumbre porque es una situación que ha tenido lugar en distintas provincias durante décadas, siendo Chubut la provincia que más paros docentes tuvo en el año 2019.

La provincia patagónica es una las más ricas en recursos y con mayor potencial de desarrollo, pero, lamentablemente, en el año 2019 atravesó una crisis económica a partir de la cual el gobierno se vio impedido de pagar los salarios a los docentes del sector público educativo.

Así comenzaron a surgir conflictos políticos entre el gobierno y las organizaciones sindicales quienes reclaman el pago correspondiente por los meses trabajados y el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno en los acuerdos pactados con los docentes.

En este escenario conflictivo, resulta gravemente afectado el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario que a causa de los incumplimientos de las obligaciones que tiene el estado provincial y también por la falta de

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compromiso docente, generó que miles de ellos se vieran impedidos de acceder al servicio educativo.

A través de este texto, buscamos que los lectores comprendan la gravedad de la situación vivenciada por los estudiantes de la provincia de Chubut al verse imposibilitados de educarse durante tanto tiempo como consecuencia de los paros realizados por los sindicatos docentes, y que así también entiendan la importancia del cumplimiento del derecho a la educación.

En base a este contexto conflictivo, explicaremos cómo y por qué se confronta el derecho de huelga con el derecho a la educación, qué exigen los docentes y cuáles son los fundamentos de su protesta.

Por último, trataremos nuestra postura sobre el responsable o los responsables por la vulneración del derecho a la educación.

6. Chubut: una provincia en llamas 6.1. El seno del conflicto No ha sido la primera vez que los y las docentes de la provincia de Chubut han tenido que salir a las calles ejerciendo su derecho de protesta ante los reiterados incumplimientos del estado. Sin embargo, cabe decir que el año 2019 fue un año que se destacó ante las evidentes faltas por parte del gobierno chubutense en el cumplimiento de sus obligaciones estatales. Ese año los docentes se comprometieron a luchar por sus derechos y a ponerse firmes ante esta actitud reticente del gobierno.

El plan de lucha docente comenzó a principios de julio de 2019 con el primer paro que se llevó a cabo en la ciudad de Esquel, por medio del cual se reclamó la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de junio, aumento de sueldos para que haya actualización con respecto a la inflación, para no perder poder adquisitivo; pago en tiempo y forma de los salarios; pago del FONID (incentivo docente); cumplimiento de acuerdos paritarios: aplicación de la cláusula gatillo; mejoras de las condiciones edilicias de las escuelas; el pago tardío del medio aguinaldo del primer semestre de ese mismo año y el funcionamiento 26

irregular y parcial de la obra social Seros1. Los reclamos continuaron con la realización de distintos paros en toda la provincia que se extendieron durante el resto del año; también se llevaron a cabo reuniones paritarias entre los docentes y estatales para tratar de arribar a una conciliación sobre los temas antes mencionados.

2

6.2. Derecho a huelga: ¿un derecho que afecta a un servicio público esencial?

El derecho a huelga es un derecho con rango constitucional que además se encuentra reconocido en múltiples tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso de la Nación como La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.

A través de la huelga los y las docentes protegen sus intereses legítimos ante vulneraciones frente a las que se encuentran expuestos. Sin embargo, ejercer este derecho produce el menoscabo de otro: el derecho a la educación.

1

El Chubut. (2 de julio de 2019), En plenario de delegados ATE Esquel decidió adherir al paro provincial de 96 horas. Cholila online. Recuperado desde https://cholilaonline.com/2019/07/en-plenario-de-delegados-ateesquel-decidio-adherir-al-paro-provincial-de-96-horas.html.

2 Reclamo Atech Chubut, Google imágenes

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Es importante recordar que el derecho a la educación también tiene rango constitucional, conforme surge del artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, que impone a las provincias la obligación de asegurar "la educación primaria"; el artículo 75, inciso 19, que incorpora los principios de "gratuidad y equidad de la educación pública estatal" y los diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22 del texto constitucional (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

Cada vez que los docentes hacen paro significa protestar durante las horas de clase, privando a los estudiantes del servicio educativo. La adopción de esta medida entraña el origen de un conflicto de derechos fundamentales, el cual debe ser solucionado en resguardo a la población en condiciones de más vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes de las escuelas públicas de nuestro país.

Ya en el año 1991 La Nación en su editorial del 3 de octubre (“Los límites del derecho de huelga”) sostuvo que: El derecho de huelga, admitido por la Constitución como medida de defensa de los intereses de un sector determinado de la comunidad, requiere un mínimo contexto de razonabilidad y no puede significar, en ningún caso, la privación de servicios sociales de primera necesidad.3 Tissenbaum4 señalaba que el problema esencial de los servicios públicos es el de mantener la regularidad de su prestación, pues su interrupción, por cualquier causa y con mayor razón por la huelga, provoca un estado de evidente alteración en el funcionamiento de la vida colectiva, provocando un malestar social superior por su trascendencia a la paralización del trabajo que genera como hecho directo la huelga.5

Bravo, Héctor Félix, (1996), “Una confrontación de relevancia: Derecho de huelga vs. Derecho de aprender”. Academia Nacional de Educación. Pág. 9.

4 Tissenbaum, Mariano Rubén, (1898 – 1986). Abogado, profesor universitario y laboralista argentino de reconocida autoridad en el campo del derecho del trabajo y la seguridad social.

5 Prado, Walter Andrés, (2018), “El derecho a huelga en la actividad docente: Su impacto en las remuneraciones”. Tesis final de graduación. Universidad Empresarial Siglo XXI Abogacía.

3

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Ahora bien, una de las discusiones que se viene dando desde hace varios años es si el derecho a la educación es un servicio público esencial.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los servicios educativos no son servicios esenciales porque si los mismos no son prestados, no dañan ni deterioran la vida humana como tal, ni la salud o la seguridad de las personas6.

En oposición a esta postura, el derecho comparado es muy generoso al considerar a la educación como servicio esencial, tal es el caso de la Constitución de Ecuador que en su artículo 326 dispone: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] inciso 15) Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación". Del mismo modo la ley peruana nº 28988, en su artículo 1º, dispone expresamente: "Constituyese la Educación Básica Regular como un servicio público esencial.".

Tenemos que tener en cuenta que el carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales.

Es por esto que, no estando de acuerdo con la postura de la OIT, consideramos que la educación es un servicio público esencial, en tanto es un servicio de suma relevancia y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el estado 7 porque a través del ejercicio de la educación se satisface el interés general de los miles de estudiantes de escuelas públicas de aprender y educarse en tiempo y forma.

Así, los servicios educativos constituyen una categoría de servicios de importancia trascendental ya que su interrupción prolongada puede generar afectaciones irreparables para la formación educativa.

6

Zablotsky, Edgardo, (6 de agosto de 2019), La educación es un servicio público esencial. El economista.

Recuperado desde https://www.eleconomista.com.ar/2019-08-la-educacion-es-un-servicio-publico-esencial/.

7 Ley nacional 26.206 de Educación, Artículo 2: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado”, Buenos Aires, Argentina, 14 de diciembre de 2006.

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6. 3. Los responsables de la educación Volviendo al escenario conflictivo en Chubut, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario se vieron imposibilitados de ejercer su derecho a la educación durante el período de cuatro meses, el cual inició luego del receso invernal y finalizó a mediados de noviembre.

En verdad, cuesta mucho razonar la cantidad de tiempo que los estudiantes no pudieron asistir a clases con normalidad pues, en este sentido, creemos que este plazo prolongado de tiempo para ejercer el derecho a protestar constituye un abuso de derecho en virtud del cual una parte protagonista del conflicto lucha por sus propios intereses y por los intereses de la parte contraria pero absurdamente menoscaba los derechos de esta última.

Si bien el gobierno chubutense es el principal responsable de garantizar tanto el derecho de los docentes como el de los estudiantes, creemos que para minimizar la confrontación entre ambos derechos se necesita una suerte de cooperación de la parte más fuerte, luego del estado, en el conflicto, los y las docentes. Ellos son quienes por medio del ejercicio de su derecho a huelga pueden decidir cuándo y cuánto tiempo ejercerán el mismo. Sin embargo, hay que recordar que ningún derecho, salvo el de la vida, es absoluto. En este sentido, debemos remarcar que las leyes de la provincia de Chubut o las nacionales8 que hacen referencia a las huelgas docentes, no establecen límites temporales para su ejercicio ni tampoco establecen límites ante eventuales vulneraciones a derechos constitucionales. Esto permite que los docentes hagan paro durante el tiempo que ellos entienden necesario, lo cual es absurdo.

Consideramos que, además del estado, los docentes son éticamente responsables del cumplimiento del derecho a la educación como, y a modo de ejemplo, los médicos de la vida de los pacientes, como los policías de la seguridad de los ciudadanos o como los bomberos de la integridad física de las personas y del cuidado de sus bienes. En estos casos ejemplificativos, cuando el estado no les garantiza a estos profesionales su derecho a un salario mínimo, vital y móvil, por ética y por el compromiso que han asumido como tales,

8

Por ejemplo, la Ley VIII- Nº 20. Estatuto del personal docente del Ministerio de Educación; Ley 14.786.

Conflictos del trabajo.

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deben continuar ejerciendo su profesión de manera regular para proveer y garantizar la vida, la seguridad y la integridad física de las personas.

De esta manera, consideramos que, así como los profesionales mencionados deben seguir garantizando esos derechos ante los incumplimientos del estado, los docentes también deben hacerlo. Esto no quiere decir que deban tolerar la actitud reticente del estado o que no puedan protestar, pues como ya dijimos anteriormente, todos los trabajadores tienen derecho a protestar, siempre y cuando no se vulneren derechos ajenos.

Para que el ejercicio del derecho a huelga no vulnere a la educación, creemos que es necesario un cambio en la legislación provincial y nacional a los fines de que se reconozca a la educación como un servicio público esencial.

En primer lugar, consideramos que debería modificarse la Ley de Educación de la Provincia del Chubut (VIII Nº 91), y en particular su artículo 4º para que se le agregue que, durante el período provincial de escolaridad obligatoria, la educación sea un servicio público esencial. De esta manera, este derecho no podría verse restringido durante el ejercicio del derecho a huelga.

En segundo lugar, pensamos que también es preciso una modificación a la ley 25.877 en su artículo 24 para que se le incorpore en su segundo párrafo como servicios esenciales a la educación.

Sin embargo, no solo se hace imprescindible un cambio legal sino, también, un cambio de medidas por parte de los docentes para que puedan seguir protestando por sus intereses, pero sin dejar de cumplir con el período obligatorio de clases. De esa manera, se mantendría un equilibrio entre derechos y ninguno estaría por encima de otro.

Para terminar, manifestamos que, a diferencia de los sindicatos docentes, los niños no pueden tomar medidas de fuerza para defender sus derechos. Más allá de los justos reclamos docentes, es necesario que los líderes sindicales no tomen a la educación de los niños como servicio de retención ante los incumplimientos del estado porque ello constituiría un entrometimiento arbitrario.

Consideramos que el derecho a la educación no debe ser protagonista de una conminación destinada a exigirle al estado el cumplimiento de sus obligaciones. Esto no solo va dirigido 31

a los sindicatos docentes sino también a todos aquellos que se sujetan de la educación para reclamar otros derechos. Los conocimientos que aprendan los niños, niñas y adolescentes en el día a día son los que determinarán el futuro de un país. Sin ellos, ¿qué expectativas podemos tener del nuestro?

7. Conclusión El conflicto desatado en la provincia de Chubut entre los docentes y el estado hizo que se dejara de lado a la educación de miles de estudiantes para resolver, mientras tanto, los problemas que se suscitaron entre ambos bandos, adoptando una postura contraria a los principios de la Constitución Nacional.

El hecho de que los docentes hayan elegido reclamar por sus intereses profesionales por un período de cuatro meses ininterrumpidos, significó abusar de su derecho legítimo a protestar, afectando el ejercicio de un servicio público esencial, la educación.

Nuevamente, es importante remarcar que el estado no es el único responsable en hacer valer el cumplimiento del derecho a la educación, ya que ante una crisis educativa se hace necesaria la ayuda de los docentes, quienes no deben dejar de brindarles a los estudiantes los conocimientos básicos que necesitan para su desarrollo intelectual.

Para evitar que se afecte este derecho de tal manera, remarcamos que debería efectuarse una modificación de la Ley de Educación de la Provincia del Chubut (VIII Nº 91) y también el art. 24 de la ley 25.877 para que establezcan que la educación es un servicio público esencial.

Por último, pensamos que no debe considerarse a este hecho como uno más, si no que es imprescindible entender la gravedad del mismo. Vulnerar el derecho a la educación implica producir daños a sujetos débiles que no tienen ninguna posición de poder en esta disputa, en la que los únicos que toman decisiones son los docentes y el estado. De esta manera, no debemos dejar de reiterar que, a la educación, como bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento jurídico, no hay que dejarla en segundo plano como objeto utilizado para la arbitrariedad

a

los

fines

de

solucionar 32

conflictos

de

intereses

Estudios. Cine

Ficción y feminismo Simbolismos y su correlación con la realidad

Morrone, María Belén

Introducción The handmaid's tale es una serie televisiva distópica de corte feminista, basada en la novela “El cuento de la criada” de Margaret Atwood de 1985. Dicha ficción, de trama oscura y estremecedora, expone la opresión que sufren las mujeres tras la imposición de un régimen teocrático, conservador y fundamentalista religioso, que suprime las libertades y derechos sociales. El argumento visibiliza temas que actualmente se encuentran en boga como los derechos individuales, el feminismo, la libertad sexual y la religión.

La obra se convirtió en un icono de expresión política y social. Cientos de mujeres en todo el mundo, han utilizado la vestimenta de las criadas como mecanismo de protesta, en pos de la igualdad de derechos. La frase en latín “nolite te bastardes carborundorum” (no dejes que los bastardos te carbonicen), se transformó en mantra para aquellas manifestaciones en contra de la discriminación y la violencia de género.

El objetivo de este artículo será realizar un breve análisis acerca de la serie “The Handmaid’s tale”, símbolo mundial de lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se hará la exploración de la ficción desde del derecho, y se examinará el modo en que se abordan determinados tópicos como los derechos individuales, el feminismo, la libertad sexual, la igualdad, la religión y la política.

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Simbolismos y su correlación con la realidad The handmaid’s tale. Sinopsis Tras una guerra civil en Estados Unidos, el sistema democrático es derrocado por un grupo de fanáticos religiosos que crea la “Republica de Gilead”, caracterizada por un sistema represivo y dictatorial. Bajo este régimen y a causa de la baja tasa de natalidad, las féminas son clasificadas según su capacidad para concebir. Las fértiles, denominadas criadas, son asignadas a los hogares de los altos cargos de gobierno y sometidas a constantes violaciones, ya que su misión es la de procrear niños. Las Marthas realizan tareas domésticas; las tias entrenan y educan a las criadas; las sumisas esposas de los comandantes administran sus hogares y las no fértiles, son enviadas a trabajar a las Colonias, donde mueren a causa de enfermedades provocadas por la polución de los residuos tóxicos a los que están expuestas.

La nueva legislación prohíbe a las mujeres tener propiedades, autonomía económica y personal, realizar actividades intelectuales; como así también, todo tipo de comunicación que no sea con sus propietarios. El régimen controla incluso, su alimentación, vestimenta y actividad sexual. Quienes no cumplen con las estrictas normas o realicen actos que contraríen al sistema impuesto son castigadas con la ejecución publica, la mutilación o desterradas a las Colonias.

La historia de la protagonista se desarrolla alrededor de sus memorias, mediante la utilización de numerosos flashbacks que recrean la vida anterior al nuevo sistema: un trabajo, un esposo, una hija, una vida. June Osborne (Elizabeth Moss) es una criada que intenta sobrevivir a este despótico régimen, conformando la resistencia, con la esperanza de encontrar a su hija y recuperar la tan preciada libertad.

Ficción vs realidad No resulta dificultoso advertir, en este mundo ficticio, cuantiosos tintes de realidad. En el prólogo del libro, Atwood, refiere a sus propias normas donde, una de ellas, consistía en no 34

incluir en él ningún suceso que no hubiese ocurrido en lo que, James Joyce, llamaba la “pesadilla” de la historia.

La autora para componer este futuro distópico, detuvo su análisis en varios hechos históricos: el gobierno de Reagan, la Revolución islámica en Irán, el robo de niños durante la dictadura argentina, el muro de Berlín y la actuación de la Gestapo en la Alemania nazi, la esclavitud, entre otros.1 Se vio influenciada, además, por el contexto sociopolítico existente al momento de realizar su obra. En 1985, el feminismo ya se había consagrado como un movimiento social de carácter internacional2 y se encontraba en auge la segunda ola, que luchaba por la igualdad de facto, la sexualidad, la familia, el trabajo y los derechos de reproducción de la mujer3; reivindicando principalmente el derecho al voto de las mujeres.

Política y religión La serie expone las consecuencias de la implantación de un sistema basado en creencias religiosas que suprime los derechos individuales, principalmente el de las mujeres y divide la sociedad en castas. Este uso de la religión, como fachada de la tiranía, evidencia los tratos crueles e inhumanos que sufren las mujeres, amparados en normas puritanas y en las sagradas escrituras.

Haciendo un parangón con nuestra historia, es indiscutible la injerencia que detenta y ha detentado la religión, tanto en la política, como en las estructuras de los distintos ordenamientos jurídicos. A modo de ejemplo es preciso mencionar la influencia que tiene tal componente sacro en las formas de gobierno de los diferentes Estados: el anglicanismo en Inglaterra, la Iglesia ortodoxa en Rusia, el budismo en Tailandia, el Lamaísmo en Bután, la Religión tradicional Han en China, el Sintonismo en Japón, entre otros.

Atwood, Margaret, (1985), The handmaid’s tale, Cánada: Ed. Salamandra.

De Miguel, Ana, (2013), "Los feminismos en la historia”. Recuperado desde: https://acoca2.blogs.uv.es/files/2013/12/Los-feminismos.pdf 3 Suarez Llanos, Maria Leonor, (2002), Teoría Feminista, Política y Derecho, Madrid: Ed. Dykinson 1 2

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Siguiendo tal patrón, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 2º, establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano", otorgándole preeminencia por sobre las demás y posibilitando, de alguna manera, que la misma se inmiscuya en debates públicos, como aquellos que versan sobre ética y moral, diversidad sexual e, incluso, en la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

La necesidad de un estado laico que no incida en el foro interno de las personas, ni que suprima los derechos individuales, está haciendo mella en nuestra sociedad. Recientemente, una creciente presión social encaminada a lograr la secularización, presionó a la Iglesia a desistir de ciertos aportes estatales.

Libertad sexual En la ficción, las prácticas sexuales están únicamente destinadas a la reproducción y son heterosexuales; la homosexualidad, considerada como “traición al género”, es condenada con la pena de muerte. La división de roles de las féminas, según la capacidad para concebir y la supresión del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, nos traslada a la actualidad. El aborto y la anticoncepción, peccatis, están prohibidos.

En nuestra legislación, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran amparados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes nacionales.

Por un lado, los derechos sexuales refieren a la posibilidad de decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, a acceder a información sobre cómo cuidarse, disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas.

Por el otro, los derechos reproductivos aluden a la oportunidad de decidir, en forma autónoma y sin discriminación, si tener o no hijos, con quién, cuántos y cada cuánto

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tiempo; a recibir información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y al acceso gratuito al método elegido.4 La aprobación de la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario en julio de 2010, convirtió a Argentina, en el primer país de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. A mi juicio, el hecho de adjetivarlo supone, en cierto modo, una distinción con el simple matrimonio.

En 2012, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género, que estipula el derecho de toda persona a ser identificada en todos los documentos conforme a la identidad auto percibida y el derecho de modificar la apariencia o la función corporal, siempre que ello sea libremente escogido. Esto demuestra un gran avance y un despertar de la conciencia social.

Tristemente, en muchos países la homosexualidad, está prohibida y se sanciona con prisión o, incluso, con pena de muerte. En otros, aunque no está penada, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

Actualmente, un objetivo central de los movimientos feministas es la despenalización del aborto. En Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita soviética y en la mayoría de los países europeos, el aborto es legal a petición de la mujer durante cierto período de gestación. Por el contrario, nuestro código penal lo tipifica como delito en los artículos 85, 86, 87 y 88, estableciendo excepciones, cuando exista peligro para la vida o la salud de la madre y en caso de violación.5 El fracaso del Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2018, demuestra que el camino hacia su legalización, se encuentra colmado de obstáculos políticos, sociales y culturales. Sin perjuicio de ello, la postura favorable del nuevo gobierno, quien ha abordado el tema como un problema de sanidad pública, presagia la posibilidad de lograr tal prerrogativa.6

4

Derechos sexuales y reproductivos (s.f.), Recuperado desde: htps://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/derechos 5 F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva, (2012), SAIJ. 6 DR/MC, (31 de diciembre de 2019), Aborto legal: Alberto Fernández quiere que se discuta en 2020, Perfil, Recuperado desde: https://www.perfil.com/noticias/politica/aborto-legal-alberto-fernandez-quiere-que-sedebata-en-2020.phtml

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Igualdad The handmaid`s tale reflexiona sobre el poder y el dominio masculino. Explora, además, los roles de sexo de la mujer y las formas de ganar independencia en el contexto de un estado teocrático totalitario.7 Según la escritora, “el control de las mujeres y sus descendientes ha sido la piedra de toque de todo régimen represivo de este planeta”.8 La brega por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ha sido un reclamo histórico del feminismo, movimiento que en los últimos años ha adquirido gran trascendencia y repercusión mundial.9 La eliminación de toda dominación y violencia sobre las mujeres, constituye la medula ósea de toda pretensión feminista. Numerosas han sido las conquistas obtenidas en beneficio de la mujer, tales como el derecho a la educación, al voto, al trabajo, la igualdad ante la ley, a ocupar cargos de gobierno, entre otras.

En materia internacional, la sanción de convenios y pactos como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Protocolo Facultativo CEDAW y la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo del Cairo (1994) poseen jerarquía constitucional en nuestro país, tras ser incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional en el año 1994. A nivel nacional, es menester mencionar la Ley de Trata de Personas10, Ley de protección integral a las mujeres 11, Ley de parto humanizado12, Guía de atención post- aborto, Plan para la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral13, Ley de cupo femenino14, Ley de delitos contra la Integridad Sexual15, Creación de un sistema de instancias justificadas por razones 7

Howells, Coral Ann, (2006), Margaret Atwood's Dystopian Visions: The Handmaid's Tale and Oryx and Crake, The Cambridge Companion to Margaret Atwood, New York: Ed. Coral Ann Howells.

8 Atwood, Margaret, The handmaid’s tale, Prólogo, Ed. Salamandra.

9 Amorós, C., y De Miguel Álvarez, A., (2007), Teoría feminista: de la Ilustracion a la globalizacion, Ed.: Minerva, 2a. ed.

10 Ley nacional 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a la víctima, Buenos Aires, Argentina, 9 de abril de 2008 11 Ley nacional 26.485 de Protección integral a las mujeres, Buenos Aires, Argentina, 11 de marzo de 2009.

12 Ley nacional 25.929 de Derechos de padres e hijos durante el trabajo de parto, Buenos Aires, Argentina, 25 de agosto de 2004 13 Decreto nacional 254/98, Plan para la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral, Buenos Aires, Argentina, 9 de marzo de 1998.

14 Ley nacional 24.012 de Cupo femenino. Código electoral nacional. Buenos Aires, Argentina, 6 de noviembre de 1991.

15 Ley nacional 25.087 de Delitos contra la integridad sexual, Buenos Aires, Argentina, 14 de abril de 1999.

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de gravidez16, Ley 25.584 que prohíbe en los establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas17. Sin embargo, sus efectivas aplicaciones siguen siendo limitadas y desiguales en las distintas jurisdicciones del país.18

Conclusión La ficción televisiva, objeto de análisis, exhibe la angustia, desesperación y terror de vivir en una sociedad gobernada por una republica dictatorial, donde impera la falocracia.

Gilead, es una sociedad machista, donde las mujeres son sometidas a los hombres, incluso aquellas consideradas líderes.

The handmaid’s tale refleja la realidad de muchas mujeres oprimidas e invisibilizadas alrededor del mundo. El dominio de los hombres por sobre las mujeres en la vida pública y social, es visible en nuestra sociedad, principalmente, en aquellas culturas conservadoras y tradicionalistas.

Los movimientos feministas de todo el mundo han logrado un avance en la capacidad de actuar de las mujeres, en distintas áreas como los medios de comunicación, las organizaciones sindicales, asociaciones, ONG, entre otras. En el ámbito de la política, el acceso a los cargos públicos es mayor, con respecto a la década pasada. Sin embargo, aún estamos muy lejos de alcanzar la igualdad de género. Un ejemplo de esta disparidad se puede observar en las cifras que exhibe la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto al salario. Las mujeres detentan ingresos inferiores a los hombres y poseen escasas oportunidades de ascenso.

16

Ley nacional 25.273 de Enseñanza general básica, polimodal y superior no universitaria, Buenos Aires, Argentina, 29 de junio de 2000.

17 Ley nacional 25.584 de Educación, Ciclo escolar a alumnas embarazadas, Buenos Aires, Argentina, 11 de abril de 2002.

18

Informe recuperado desde: http://feim.org.ar/wpcontent/uploads/2017/04/EPU2017_InformeCoalicionONGArgentina.pdf

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Otro ejemplo que es dable mencionar, es el androcentrismo del lenguaje. Tema actualmente en auge, y lucha del feminismo, que propone lograr un lenguaje inclusivo, incluyente y no sexista.

La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer es un camino difícil de transitar, plagado de obstáculos. Sin embargo, dicha pugna no ha terminado, aún quedan muchas batallas por ganar.

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Estudios. Jurisprudencia

Derecho Animal Un punto de inflexión en la Justicia Argentina Cordenons, Gimena

Introducción Es la primera vez en la historia del derecho argentino que una abogada representa a un animal en juicio. Sucedió en la provincia de Neuquén en el año 2019 como consecuencia de una carrera clandestina de perros galgos, en la cual los animales eran brutalmente maltratados. No solo eran utilizados como fuentes de un negocio ilícito, sino que a su vez se los inyectaba con distintas drogas para mejorar su rendimiento. El Juez de Garantías Dr. Mario Tommasi admitió que Noraly Melo, abogada y directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, represente los derechos de los galgos en juicio. Es una decisión judicial inédita en la República Argentina -con escasos antecedentes en Sudamérica- en la que naturalmente podrán basarse otros abogados que en un futuro pretendan convertirse en representantes legales de animales. Sin embargo, en julio del corriente año el fallo fue revocado por el Tribunal de Impugnación quedando sin efecto la admisión de la querella de Noraly Melo. Dicha impugnación será apelada por la fiscalía ante el Tribunal Superior.

La representación de animales en juicio Los perros fueron encontrados el 14 de julio de 2019 durante un operativo llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Neuquén en Cutral Có, localidad de Plaza Huincul, donde se desarrollaba una carrera de galgos clandestina. En el lugar de los hechos fueron halladas aproximadamente cien personas y muestras de jeringas con las cuales, según se demostró a través de un análisis de sangre y orina a los animales, se les inyectaban fuertes drogas a 41

efectos de incrementar su rendimiento. Cabe aclarar sobre lo anteriormente mencionado, que resulta configurado un severo agravante por el hecho de que se utilizaron sustancias ilícitas sobre seres vivos que lamentablemente carecen de medios para defenderse.

En el exitoso operativo fueron rescatados tres perros galgos. A su vez resultaron imputadas siete personas, acusadas de cometer los delitos tipificados en las leyes Nº 14.346 (1954) y Nº 27.330 (2016), las cuales sancionan el maltrato animal y la organización de carreras de perros en todo el territorio nacional, respectivamente.

Los animales fueron rescatados y trasladados a la capital provincial donde quedaron bajo la guarda de la abogada Noraly Melo, quien se presentó en juicio solicitando se la admita como querellante en representación de los galgos. La defensa se opuso planteando la inconstitucionalidad de las leyes de protección animal y refiriéndose en sus argumentos a los animales como “cosas”. Aseguraron a su vez que el animal no puede comprender, razón por la cual no es centro del ordenamiento jurídico. Por último, concluyeron que un tribunal no aplica sentimientos.

Contrariamente, el fiscal expuso que a partir de la Ley Sarmiento -sancionada en el año 1891 y luego ampliada en 1954- se reconoce a los animales la capacidad de sentir dolor y sufrir, y se prohíbe en forma expresa su maltrato. Sostuvo firmemente que los animales son frecuentes víctimas de tratos crueles, y respaldó el hecho de que se defiendan sus derechos y se los represente en juicio. En ese sentido, el fiscal, expresó: Aquí el ofendido directamente por el delito es el animal. No puede ejercer sus derechos, pero puede sentir, sufrir, por eso la ley lo protege. La única forma de hacer valer los derechos es a través de un abogado. Por eso la querellante puede estar en este proceso.

El Juez Tommasi concluyó que el derecho evoluciona permanentemente y dio lugar a la fiscalía y a la querella admitiendo la representación en juicio de los perros galgos. Resolvió tener por parte querellante a la Dra. Noraly Melo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes Nacionales 14.346 (Maltrato y Crueldad Animal) y 27.330 (Prohibición de carreras de perros en todo el país).

En su resolución expresó: “Aquí los bienes jurídicos protegidos son los animales, sin lugar a ninguna duda, ello no quiere decir que sean entes susceptibles de adquirir derechos y 42

contraer obligaciones, pero si son entes susceptibles de la protección legal que el legislador le ha dado a través de estas leyes, tanto la 14.346 como la 27330.”1 En el mismo sentido, argumentó que "el ser humano es depredador por naturaleza. Si no existieran leyes de protección, la fauna sería tremendamente menor a la que existe". Agregó que no puede aceptar que se diga que las leyes de protección a los animales puedan ser inconstitucionales y que estos “son entes susceptibles de la protección legal. Hace a la dignidad del ser humano la protección de los animales".

Actualidad. Los animales no pueden ser víctimas En el mes de julio del corriente año, el Tribunal de Impugnación de la ciudad de Neuquén, revocó la sentencia dictada por el Juez Mario Tommasi, quien en su resolución dispuso: “1) 1

Jara, Fernando, (4 de julio de 2020), Por primera vez un fallo permite que una abogada represente a tres galgos en una causa por maltrato animal, Infobae, Recuperado desde: https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/04/por-primera-vez-un-fallo-permite-que-una-abogadarepresente-a-tres-galgos-en-una-causa-por-maltrato-animal/

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Tener por parte querellante a la Dra. Noraly Melo y 2) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes nacionales 14.346 (Maltrato y Crueldad Animal) y 27.330 (Prohibición de carreras de perros en todo el país)”2.

La referida impugnación, a pesar de haber ratificado la constitucionalidad de las leyes antes mencionadas, atenta contra los avances logrados en cuanto a la representación de los animales en pos de la protección de sus derechos, en tanto determina excluir a la Dra. Noraly Melo como parte querellante del proceso. En ese sentido, el Dr. Trincheri, argumentó: Respecto a la exclusión de la Dra. Noraly Melo como querellante del proceso: a diferencia de lo postulado por el Fiscal y la pretensa querellante, los art. 60 y 64 del Código Procesal Penal se refieren a personas y no a animales y, en segundo término, únicamente pueden querellar el ofendido directamente por el delito y, muerto aquél, las personas que el mismo art.60 enumera.

Vemos como el Tribunal de Impugnación, en este acto, decretó que los animales no pueden ser víctimas. Por su lado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales de la provincia apelaran esta resolución ante el Tribunal Superior.

Conclusión La decisión del Juez Tommasi marca un hito en la historia del Derecho Animal Argentino, ya que, si bien la ley contra el maltrato animal data del año 1954, el derecho animal sigue siendo considerado como algo nuevo en el ámbito de la justicia. Este precedente permitiría que cualquier abogada o abogado lo pueda invocar para representar a un animal en juicio.

A pesar del gran avance que conllevó la resolución el Juez Tommasi, no se puede desconocer el retroceso que generó su posterior revocación. Cabe destacar la rigurosa aplicación de la ley procesal por parte del tribunal de impugnación, que atenta contra la consolidación de nuevos derechos.

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Neuquén Noticias, (21 de julio de 2020), El tribunal de Impugnación no deja que los galgos tengan abogados, Neuquén Noticias,, Neuquén, Argentina, Recuperado desde: https://noticiasnqn.com.ar/actualidad/impugnacin-no-deja-que-los-galgos-no-tengan-abogados.htm

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Es necesaria una reforma legal o la creación de normativa que haga efectiva su aplicación a casos concretos como el citado, y logre de esta forma la protección de los derechos de los animales. Es preciso comprender que, como sociedad estamos en constante cambio, y no resulta justo que la ley y su interpretación sean tan rígidas. La ley debe evolucionar y su interpretación adaptarse en pos de la protección de los derechos de todos los habitantes de este planeta.

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