Inocencia embestida

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ILUSTRADO POR DIANDRA RODRIGUEZ/@didicolores

la PNP arribaron a la avenida Ferrocarril n.° 159, en Juliaca, dirección del hospedaje Virgen del Carmen. Allí se encontraba D. P. Ch., una adolescente de 17 años, quien confesó que estaba en ese lugar por invitación de su amiga “Keity” para ganar entre 100 y 200 soles por tener relaciones sexuales con varones en las habitaciones de alojamiento. Los policías accedieron al teléfono de la menor y comprobaron la versión de la víctima, quien había sido captada a través del Messenger de Facebook por la usuaria “Keithisita”. Esta persona se encontraba en otra habitación. K. A. T. (18) confesó que estaba en el hospedaje dando servicios sexuales (ella también fue víctima de esnna y continuaba en esa problemática), y que había sido contactada por su amiga “Evelyn”. Los policías también intervinieron a cinco varones de 46, dos de 41, 30 y 26 años que requirieron los servicios sexuales de las víctimas. Este es uno de los muchos casos en las regiones Loreto y Puno, en las que, como en todo el Perú, se ha incrementado este tipo de explotación sexual. Pero, ¿cómo está enfrentando la sociedad peruana este delito?

El “mejor momento” para captar a las víctimas es cuando el gobierno y la policía dejan la puerta abierta por sus deficiencias.

Inocencia Embestida Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Loreto y Puno se dispara durante la pandemia a vista y paciencia de la sociedad y sus autoridades.

En recientes operativos se comprueba la captación por medio de redes sociales.

Escribe: MANUEL BOLUARTE/ ROBERTO MORE L 6 de octubre de 2021, los agentes de la Sección de Inteligencia (Secint) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Juliaca recibieron información sobre un caso de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (esnna) que se producía en un alojamiento ubicado en las inmediaciones de la avenida Ferrocarril con el jirón Cahuide, en la capital de la provincia de San Román. Inmediatamente comunicaron el hecho a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Persona (Fistrap), dirigida por el fiscal Erick Paolo Deza. Los efectivos del Área Especializada contra la Trata de Personas de

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La población prefiere mirar al costado. Incluso cuando la evidencia está a la vista.

AL AMPARO DE LA SELVA Iquitos es conocida por su importante movimiento turístico. Sin embargo, como en el resto del país, el 16 de marzo de 2020 todo se vio paralizado. Esta situación también la vivieron los miembros de la policía y de la fiscalía responsables de enfrentar la explotación sexual de niñez y adolescencia. Con la reactivación de las actividades económicas de la ciudad también vino la de los delincuentes. Pero las autoridades no recobraron la fuerza logística que tenían para combatir a la esnna. De los 35 policías que tenía el Área Especializada contra la Trata de Personas, quedaron poco más de la mitad. Además del jefe de la unidad, 19 efectivos trabajan contra esta problemática. Pero si se tiene en cuenta que ellos trabajan jornadas de 24 x 24, entonces solo quedan 10 policías por día. De sus 15 computadoras, ninguna tiene internet. Y si no cuentan con señal web, menos poseen pro- * CARETAS / MARZO 24, 2022

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En Iquitos se ha instalado la Mesa Regional contra la Trata de Personas y Trabajo Forzoso, cuya presidencia y secretaría técnica está a cargo del Gobierno Regional de Loreto, e integran entidades públicas y privadas como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gobiernos locales (provinciales y distritales a través de las Demuna), Defensoría del Pueblo, entre otros. Pero muchas veces el trabajo queda solo en el papel. Durante la pandemia no se hizo mucho para

a la trata de personas y a la esnna en el país. Entre sus afiliados destacan los dueños de hoteles y restaurantes de la ciudad que advierten a sus huéspedes mediante letreros de la ilegalidad de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. No obstante, este trabajo solo se realiza en Iquitos. Y los delincuentes a la búsqueda de víctimas cada vez salen más del campo urbano para captar a menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad en las comunidades. Y allí está la gran grieta en esta lucha. AL OTRO LADO DEL PAÍS Las ciudades de Puno y de

ción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP. Se organizan por su cuenta. “A los policías siempre los cambian”, reitera Erick Paolo Deza, fiscal provincial de la Fistrap de Puno. “Hay un grupo en Juliaca, que ve todo lo del norte, y hay otro que está en Puno, que ve todo lo del sur. Los del sur no tienen muchos casos, por eso ellos tratan de hacer operativos en toda la zona norte. Claro que tienen Desaguadero e Ilave, pero los cambian. La situación impide la adecuada realización de operativos tanto en Puno como en Juliaca, como en San Gabán o La Rinconada. El último es un centro poblado caracteri-

aunque muy pocos privados. Pero mientras que en la capital de Maynas hay un trabajo constante de la mesa contra la trata, en Puno casi todos coinciden en que la mesa no sirve para mucho. Los periodistas de la región coinciden en que la población prefiere mirar de costado este delito. Coinciden en que la labor de las autoridades, sobre todo de la PNP, es deficiente e incluso desdeñosa. Por otra parte, en Puno la sociedad civil no ha asumido esta lucha que la compromete directamente. Ni en hoteles ni en restaurantes uno encuentra algún letrero concientizador. Las autoridades educativas tampoco capacitan a los ILUSTRADO POR DIANDRA RODRIGUEZ/@didicolores

gramas que permitan investigar la captación de menores a través de las redes sociales, que es la modalidad que proliferó con la pandemia. Además, no tienen un solo vehículo para poder hacer las diligencias. A veces se movilizan en sus propias motocicletas o consiguen alguna unidad, con el riesgo de que se filtre la operación que debería ser secreta. Incluso, esta área no coordina directamente con la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, que tiene la rectoría de la lucha contra este delito en Lima. No existe una estrategia nacional. “Nuestro problema principal es la Policía. No contamos con buenos equipos de investigación. Ya hemos informado a nuestra coordinación, para que se pueda ver la forma de que nosotros trabajemos con el departamento de trata de personas de Lima, ya que ahora son pocos efectivos policiales capacitados”, advierte Paola Hittscher, fiscal provincial de la Fistrap de Iquitos. Apunta, además, a la excesiva rotación que se hace del personal por mandato de la superiori-

Reducción y rotación de equipos policiales es una constante, así como la falta de recursos.

En Iquitos, a diferencia de otros puntos, la sociedad se organizó para atajar el delito.

Fiscales Erick Paolo Deza y Paola Hittscher. Ricardo Valdés de CHS.

dad policial. Quienes ya estaban capacitados para combatir un delito cuyos victimarios suelen escabullirse a menudo, terminan yendo a otras direcciones y hay que empezar de nuevo con los nuevos efectivos que son, por lo general, jóvenes. Y no es la única pata coja en esta lid quijotesca. Hasta el cierre de esta edición, diversas entidades estatales involucradas en el combate a la esnna seguían haciendo teletrabajo. A eso, hay que agregarle que el coronavirus contagió a la gran mayoría de servidores públicos, lo que frustraba o retrasaba la labor investigativa, pero también preventiva de este problema.

concientizar a niños y adolescentes sobre la importancia de conocer este delito. El incremento de la pobreza también produce más víctimas empujadas por sus familiares. Eso se ha visto sobre todo en las comunidades de la amazonía, aquellas donde no llega el brazo de la ley y que aprovechan tan bien los tratantes. En algunos casos la sociedad civil ha decidido tomar al toro por las riendas. En la capital de Loreto funciona el Movimiento Regional Vuela Libre. Esta asociación se formó en Perú en 2014, gracias a la iniciativa de CHS Alternativo, la principal ONG que enfrenta

zado por la presencia de mineros informales que explotan oro. Los bares y night clubs son escenarios de explotación sexual de menores que operan con impunidad. “La policía es la entidad encargada de hacer inteligencia, pero o no tienen carro, o se malogra a cada rato. No tienen medios para investigar, ni tienen cámaras fotográficas y de videoespía. Menos binoculares, videocámaras, cámaras nocturnas”, acota el magistrado. En Puno, también hay una Red contra la Trata de Personas que, al igual que en Iquitos, dirige el Gobierno Regional de Puno e integran diversos sectores públicos,

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Juliaca tienen Áreas Especializadas contra la Trata de Personas. Ambas unidades coordinan con la Fistrap de Puno, cuya sede principal está en Juliaca. Pero ambas también adolecen del mismo problema que en Iquitos: poco personal (Puno, 13 policías; Juliaca, 10); excesiva y continua rotación del personal que impide el profesionalismo adecuado en las investigaciones, y falta de logística. En Puno no tienen movilidad y en Juliaca un auto del año 1995 que funciona cuando quiere. Este es uno de los lugares con más presencia de esnna durante la pandemia. Tampoco coordinan con la Direc-

estudiantes que son los más vulnerables. “Hay una débil institucionalidad para afrontar de manera coordinada, articulada, el problema de la trata de personas”, reconoce el jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona. “La red regional contra la trata no fue suficiente en su implementación, en su funcionamiento, por la pandemia que no ha permitido finalmente concretar los planes. No llegamos ni al 20% o 30 % de la ejecución de las actividades”. Mientras tanto, niñas, niños y adolescentes siguen siendo presas al acecho de los criminales. Q

La lucha de CHS I hay una organización que sigue dando la lucha contra la esnna en el país es Capital Humano y Social (CHS) Alternativo. Ricardo Valdés, director ejecutivo del organismo, habla fuerte sobre una problemática que se agrava en las narices de la sociedad. “En estos últimos años se ha disparado la esnna en línea”, sostiene. “Nueve de cada 10 padres consideran que sus hijos corren algún tipo de peligro como consecuencia de su exposición activa en las redes sociales e internet. Con la presencialidad hay una deuda muy grande del sector Educación para formar a sus estudiantes, a los profesores y la comunidad educativa, sobre los riesgos que se pueden correr con el uso del internet y la tecnología, que son desconocidos”. Revela que en el Perú no existe un cuadro de sanciones e infracciones aprobado por Osiptel para supervisar el cumplimiento de las empresas proveedoras de internet y equipos celulares en materia de instalación de filtros, y que tampoco ofrecen herramientas de prevención. “Los niveles de inversión que hace el Estado con respecto al delito de trata, que ya sabemos tienen vasos comunicantes con la esnna, es absurdo, miserable. No llega ni siquiera a 20 céntimos por persona al año. Ni el valor de un pan, para poder prevenir y combatir el delito y atender a las víctimas de trata de personal. Para esnna el presupuesto es cero”, denuncia. El también exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior considera que falta inversión en tecnología, no se cuenta con tecnología de punta, con base de datos, inteligencia artificial, big data y no hay la posibilidad de intercambiar información. “Estamos a merced de la gran industria del delito, de la economía Q criminal”.

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