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TEMA 1.- INATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN (Tema 14 del libro) 1. EL DEBER LEGAL DE DICTAR RESOLUCIÓN EXPRESA 1.1.- ASPECTOS GENERALES Una de las principales garantías administrativas del procedimiento es el deber legal de resolver en plazo, la Admón no puede en ningún caso abstenerse de resolver. Es un deber de la Administración el dictar resolución expresa “en todos los procedimientos”, cualquiera que sea su forma de iniciación, bien de oficio o instancia de parte. El deber de resolver en todo procedimiento, diferencia dos tipos de resoluciones:  Resolución de carácter formal, resolución que no tiene otro objeto que certificar oficialmente la terminación del procedimiento, para evitar situaciones de incertidumbre, se da en el caso de: la prescripción, la renuncia, la caducidad, el desistimiento y la desaparición por causas sobrevenidas.  Resolución sobre el fondo del asunto, para el resto de los casos. Este deber de dictar resolución expresa, exceptúa dos supuestos: 1. Se refiere a los casos de terminación del procedimiento por pacto convenio. En estos casos el acuerdo entre la Admón y el interesado viene a sustituir a la resolución sobre el fondo del asunto. 2. Esta referido a los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Admón. En estos casos no se somete a consideración de la Admón pretensión alguna, por lo que no hay nada que resolver. 1.2.- PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIOFICAR. 

Por Ley (plazo específico)

 Por Reglamento (plazo máximo)  Por la Ley 30/92 (plazo supletorio -cuando no exista Ley o Reglamento-)

El plazo que dicte la norma reguladora del procedimiento o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Como máximo 6 meses Como máximo 3 meses

Plazo específico para dictar una resolución: El artículo 42 de la L.R.J.P.A.C. no fija un plazo común a todo tipo de procedimientos, sino que se remite a la normativa aplicable a cada procedimiento: el plazo máximo en el que deberá de notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El plazo del procedimiento debe de ser el “mínimo necesario”. Plazo máximo y plazo supletorio para resolver: El artículo 42 de la L.R.J.P.A.C establece que la Admón está obligada a dictar resolución expresa, y a notificarla, en el plazo máximo que señale la norma reguladora de cada tipo de procedimiento. Este plazo no podrá exceder de SEIS meses (plazo máximo), salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea, y si la norma reguladora del procedimiento no fija plazos se entiende que el plazo máximo es de 3 meses (plazo supletorio).

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Este plazo supletorio de 3 meses, a aplicar en defecto de plazo específico afecta tanto a los procedimientos iniciados de oficio como a los solicitados a instancia de parte. Nada impide a las CC.AA a fijar plazos supletorios inferiores para sus procedimientos, sin embargo es cuestionable la fijación de un plazo supletorio general mas dilatado (como sucede en las Islas Baleares con la Ley 3/2003 que fija un plazo de 6 meses) 1.3.- COMPUTO DEL PLAZO PARA RESOLVER Fecha inicial: Para saber en que momento vence el plazo previsto para resolver y notificar la resolución, es preciso determinar la fecha de inicio del computo del plazo. Los plazos cuentan:

▬ ▬

En los procedimientos de oficio: desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos a instancia de parte: desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Si la presentación es indirecta, a través de Correos o de otra Admón, la fecha de presentación tiene valor a efectos de realización de actuaciones dentro del plazo, pero la fecha de iniciación del procedimiento es la de recepción efectiva en el órgano competente para su tramitación. Como la fecha de entrada en el órgano competente, no puede constarle al interesado, estable que en la comunicación que obligatoriamente deben remitir las Administraciones Públicas a los interesados, dentro de los 10 DIAS siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, debe indicarse la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Fecha final: La Admón esta obligada no solo a resolver dentro del plazo, sino que también debe de notificar la resolución dentro de dicho plazo. El plazo de caducidad del procedimiento es el de notificación de la resolución del mismo. Será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. La resolución cuya notificación se haya intentado o haya sido deficiente podrá ser ineficaz, pero evitará que se produzca el silencio administrativo (en particular estimatorio)

2. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 2.1.- CONCEPTO: En los casos de inactividad formal de la Admón para resolver y notificar un procedimiento, el ordenamiento reacciona de dos formas: ▬ En los procedimientos de oficio: En los procedimientos iniciados de oficio por la Admón susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen a los ciudadanos, prevé la técnica de la caducidad por inactividad de la Admón o perención, cuyo efecto consiste en dar por terminado el procedimiento. 2


La caducidad para nada prejuzga el fondo del asunto. Así la caducidad de un procedimiento sancionador, no impide iniciar un nuevo procedimiento respecto de los mismos hechos y sujetos siempre que no haya prescrito la infracción ▬ En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado: en concreto los que la Admón tiene que autorizar o denegar una actividad que se pretende realizar o debe de resolver una solicitud (petición, reclamación, recurso, reconocimientote un derecho) así como en los procedimientos iniciados de oficio donde pudiera derivarse un reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones individualizadas (convocatoria de subvenciones, licitación de contratos) en estos casos no es suficiente dar por concluido el procedimiento mediante la técnica de la caducidad, sino que es preciso dar respuesta sobre el fondo del asunto. Y esta técnica es el silencio administrativo, en virtud del cual, cuando vence el plazo máximo para resolver y notificar sin que la Admón cumpla su deber legal, la Ley concede o deniega lo solicitado por los interesados. El silencio administrativo nace por que la Admón incumple el deber legal de dictar y notificar la resolución expresa en plazo. La técnica del silencio administrativo tiene por objeto servir de garantía administrativa para los ciudadanos frente a dicha inactividad. Deben de diferenciarse dos clases de silencio administrativo

2.2.- CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO Con carácter general se establece que, en todos los casos, los interesados pueden entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo (silencio positivo), aunque en la práctica, hay tantas excepciones, que casi nunca se da. Estas excepciones conducen a desestimar las solicitudes (silencio negativo) cuando: Lo establezca una norma con rango de Ley o norma de Derecho comunitario europeo. • En los procedimientos donde se ejercite el Derecho de Petición. • En aquéllas solicitudes cuya estimación tenga como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. • Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones (no se incluyen en esta fórmula los de revisión de oficio), en los que el silencio tiene efecto desestimatorio (ej: si interpuesto recurso contra un acto administrativo y la Admón no resuelve, su silencio es desestimatorio). No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se ha de entender estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dicta resolución expresa sobre el mismo. •

Por otro lado, también se excepciona la regla precedente en determinados ámbitos 3


sectoriales. En materia urbanística el silencio sólo es positivo cuando el acto o el plan de que se trate son conforme a la legalidad urbanística. En procedimientos de otorgamiento de subvenciones, hay que distinguir: Si su concesión es en régimen de concurrencia competitiva, para procedimientos incoados a partir del 1-1-2001, se considera que tales procedimientos se han incoado de oficio. Para los incoados antes de esa fecha rige el silencio negativo. •

Respecto de los expedientes de concesión directa de subvenciones, se aplica el silencio positivo, con ciertas excepciones, como es el caso de las que se financien con fondos procedentes de la UE. •

Es criterio general que la conformidad o disconformidad a Derecho del acto presunto producido por silencio administrativo, no implica un sentido determinado del silencio. Es decir, si la aplicación de las reglas formales que determinan el sentido del silencio conduce a un acto presunto ilegal, no por ello el silencio varía de sentido. En caso de que se produzca un acto presunto ilegal, la administración pública o, en su caso, el particular, debe emplear los mecanismos impugnatorios oportunos contra el acto, que será anulado o nulo. Especialmente, se prevé que son nulos los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales Silencio administrativo desestimatorio o negativo: El interesado puede considerar que su pretensión ha sido desestimada a los solos efectos de posibilitar la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativo que resulte procedente (art. 43.3). El silencio administrativo no produce un verdadero acto administrativo, tiene por exclusiva función, ofrecer una ficción legal con objeto de hacer efectivo el derecho de tutela judicial, abriendo la vía del recurso que proceda. Los procedimientos por silencio desestimatorio ofrecen al interesado la posibilidad de entender desestimada su pretensión a los solos efectos de posibilitar la interposición del recurso que resulte procedente. En los procedimiento iniciados a solicitud de parte interesada nada impide que el interesado pueda optar, en lugar de recurrir, por reiterar su solicitud, sin que pueda oponérsele la excepción de “acto confirmatorio”, puesto que en puridad no existe acto denegatorio alguno y, de hecho, sobre la Admón sigue pesando el deber legal de resolver (STS de 19.07.06) Silencio administrativo estimatorio o positivo: Significa la aprobación de la pretensión formulada por el particular. El art. 43.3 declara inequívocamente que el silencio administrativo estimatorio tiene a todos los efectos la consideración de un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento. Se trata de un acto (presunto declarativo de derechos, que la Admón solo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos en la Ley

3. SUPUESTOS DE SILENCIO ESTIMATORIO O DESESTIMATORIO 3.1.- PROCEDIMIENTOS INICIADOS A SOLICITUD DE INTERESADO A).- OBSERVACIONES GENERALES Según el art. 43.1, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el 4


vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda. Inicialmente, corresponde a las normas reguladoras de cada procedimiento optar por una u otra modalidad de silencio administrativo. La opción entre una u otra esta orientada por criterios de política normativa. Aunque puede compartirse la pauta general favorable al silencio positivo, lo cierto es que el silencio estimatorio no siempre puede resultar factible o, incluso deseable. El silencio positivo puede ser operativo en el ejercicio de potestades de policía y control, expresadas en actos como autorizaciones, aprobaciones, licencias, etc. Sin embargo, cuando se trata de solicitudes de contenido prestacional (ej: concesión de una prestación económica o el acceso a un establecimiento público), el silencio positivo deja de ser operativo, pues no permite satisfacer por sí mismo la pretensión formulada por el interesado, obligando a éste a instar la tutela judicial. Además en determinados procedimientos, aun siendo factible el silencio administrativo, no es deseable desde el punto de vista de los intereses públicos, pues se trata de controlar actividades que comportan un riesgo potencial para los bienes o intereses públicos como lo es la seguridad y la salud pública, de tal modo que no parece razonable, que por la inactividad de la Admón, puedan realizarse actividades como la instalación de eliminación de residuos radiactivos o una fábrica de explosivos, sin unos controles mínimos previos. Aunque la Admón puede reaccionar contra el acto presunto ilegal, esta anulación puede comportar responsabilidad patrimonial de la Admón, lo cual en la práctica significará que, salvo en casos estrictamente excepcionales, la Admón no revise tales actos, consolidándose el acto presunto ilegal. Finalmente, deben denunciarse ciertas practicas, sobre todo en el ámbito urbanístico, en virtud de las cuales se llevan a cabo por algunas autoridades un uso tácito del silencia administrativo estimatorio con objeto de eludir las eventuales responsabilidades que pudieran generar una resolución expresa ilegal. Por todo ello, debería reconsiderarse la tendencia a la generalización del silencio positivo. B).- SUPUESTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO Supuestos generales: Cuando tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público (ej.:la ocupación de un playa, que es de dominio público, para unas instalaciones recreativas), o la actividad reservada legalmente al sector público. Supuestos específicos: Cuando lo establezca una norma con rango de Ley o norma de Derecho comunitario europeo. En los procedimientos donde se ejercite el Derecho de Petición. Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones (no se incluyen en esta fórmula los de revisión de oficio), en los que el silencio tiene efecto desestimatorio (ej: si interpuesto recurso contra un acto administrativo y la Admón no resuelve, su silencio es desestimatorio). No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se ha de entender estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dicta resolución expresa sobre el mismo. • •

C).- SUPUESTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO ESTIMATORIO Supuestos específicos: Las normas que ordenan los procedimientos administrativos, incluidas las normas reglamentarias, pueden fijar el silencio administrativo estimatorio, salvo los supuestos generales que impone el silencio negativo. Cláusula supletoria: La regla general es que a falta de determinación expresa, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes (silencio positivo) aunque en la 5


práctica, hay tantas excepciones, que casi nunca se da. Estas excepciones conducen a desestimar las solicitudes (silencio negativo). 3.2.- PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO POR LA ADMINISTRACIÓN En los procedimientos iniciados de oficio, se impone necesariamente, sin excepción, la aplicación del silencio negativo, es decir, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones. 3.3.- LA INFORMACIÓN SOBRE EL SENTIDO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO La Ley 30/92, impone a las AA.PP dos deberes de información: 1. De carácter general: Dirigido a los ciudadanos. Las AA.PP están obligadas a publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, la “relaciones de procedimiento”, con indicación de los plazos máximos de duración, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Esta publicación se hará en el D.O. correspondiente, sin perjuicio de su inserción en la página web institucional de la Admón. 2. De carácter particular: Dirigido a los interesados en un concreto procedimiento. Las AA.PP deben informar a los interesados, del plazo máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Esta información debe de facilitarse en la notificación del acuerdo de inicio en los procedimientos de oficio, o en la comunicación que la Admón. debe dirigir a los interesados en los procedimientos a instancia de parte, todo ello, dentro de los 10 DIAS siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación (llamado acuse de recibo de la solicitud). Además se incluye otras informaciones de interés, como lo son: Los medios a los que acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento. En STS, ha declarado, que en tanto las AA.PP no informen a los interesados de los extremos de este precepto, los plazos para la interposición de recursos no empiezan a correr.

4. PERFECCIONAMIENTO Y ACREDITACIÓN DEL SILENCIO 4.1.- PERFECCIONAMIENTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima al interesado que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo según proceda, sin perjuicio de la resolución expresa que la Administración debe dictar. Los procedimientos que tengan asignado específicamente un silencio estimatorio, producen sus efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. Silencio estimatorio: Se perfecciona ope legis (por obra de la ley), por el simple vencimiento del plazo para resolver y notificar, sin que sea preciso que el interesado realice actuación alguna (ej.: solicitud de una licencia de obras) Silencio desestimatorio: La producción del silencio desestimatorio no tiene un carácter automático por el simple trascurso del plazo para resolver y notificar, sino que debe entenderse como una posibilidad que la norma ofrece al interesado y de la que podrá o no hacer uso. Así el interesado podrá elegir entre: ▬ Esperar a que la Admón. dicte una resolución tardía ▬ Reiterar su solicitud o pretensión, abriendo un nuevo plazo de resolución, o 6


▬ Dar por desestimada la pretensión, mediante la interposición del recurso procedente Tanto uno como otra opción no suponen una merma de los derechos y garantitas del interesado. 4.2.- LA CERTIFICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO ESTIMA-TORIO En el caso del silencio administrativo estimatorio, una vez producido el acto presunto, el particular puede acreditar que ha obtenido un acto administrativo por vía del silencio (ej: el promotor que solicita un crédito a una entidad financiera). En tal caso, el art. 43.5 de la Ley 30/92, declara que: “Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días”. En algún caso se impone al solicitante que ha obtenido la autorización o licencia por medio del silencio estimatorio la obligación de comunicar a la Admón el inicio de la actividad con una antelación determinada. El incumplimineto de esta comunicación previa no afecta en absoluta a la perfección del silencio administrativo estimatorio, que tuvo lugar en la fecha del vencimiento del plazo para resolver la resolución, y ello sin perjuicio de que puedan derivarse de dicho incumplimiento otras consecuencias (ej: de carácter sancionador)

5. SILENCIO ADMINISTRATIVO DESESTIMATORIO

E IMPUGNACION

En los casos de silencio desestimatorio, la Ley se limita a prolongar el plazo de 1 mes (art. 115.1) a 3 meses para la formulación de los recursos administrativos contra estas resoluciones, de tal modo que si el interesado no interpone en dicho plazo el recurso procedente, la Admón podrá entender que el particular ha consentido la desestimación de su pretensión por silencio. Sin embargo, la doctrina considera que solución es manifiestamente injusta y contradictoria con el tratamiento que la propia Ley concede a las notificaciones defectuosas, En efecto la Ley, en su art. 58.3 establece que no percluye el plazo para recurrir en el caso del silencio, la notificación es inexistente y es frecuente que no exista resolución alguna, de tal modo que el interesado no dispone ni de la motivación de la resolución (art. 54.1) ni de los medios impugnación de que dispone (art. 58.2 y 89.3), informaciones ambas que son garantías esenciales de la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (art. 24.1 CE), y que deben prestarse a través de la notificación (art. 58.2). El silencio administrativo desestimatorio no tiene lugar por el mero vencimiento del plazo de resolución, sino hasta tanto el interesado manifieste mediante sus actos expresos o tácitos, que considera desestimada su pretensión, lo cual tiene lugar mediante la interposición del recurso administrativo. De este modo el silencio desestimatorio si adquiere la configuración de una garantía jurídica para el ciudadano, de la cual hace uso si así lo desea. La Ley condiciona el inicio del cómputo del plazo para recurrir en vía administrativa a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

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TEMA 2.- EL ACTO ADMINISTRATIVO (Tema 15 del libro)

1. CONCEPTO Acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, emanada de un sujeto de la Admón Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria (definición de Zanobini y completada por Garcia de Enterría) Características: ▬ ▬ ▬ ▬

Es cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo Es unilateral Se encuentra regulado por el Derecho Administrativo Es dictado por una Admón Pública

2. CLASIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Las clasificaciones más relevantes son las siguientes: 2.1.- EN FUNCION DE LA ADMINISTRACION QUE LOS DICTA El acto se enclavará en el régimen jurídico de la Administración que lo dicte. 2.2.- EN FUNCIÓN DE SU CONTENIDO En virtud de este criterio los actos se clasifican en: ▬ Actos favorables, y ▬ Actos desfavorables Actos favorables: Podemos destacar: ▬ Los actos de admisión: que comportan la incorporación de un sujeto al uso de un servicio público, como la matriculación en un centro de educación ▬ Los actos de autorización: como la obtención de una licencia municipal de la apertura de un negocio ▬ Los actos de concesión y otorgamiento: no existe un derecho previo, pero la administración lo crea (ej.: la concesión de uso del dominio público) ▬ Los actos de exención o dispensa: son los que liberan al particular de una obligación normalmente exigible (ej.: exención de un impuesto) Actos desfavorables o de gravamen: ▬ Los actos sancionadores, como las multas ▬ Los actos de prohibición, como la orden cierre de un local 8


▬ Las obligaciones de hacer, como la plantación forzosa de un tipo de cultivo, o la orden de derribo de un edificio ▬ Las expropiaciones y figuras afines ▬ La exacciones fiscales 2.3.- EN FUNCIÓN DE SU MODO DE EXPRESIÓN. Así se distinguen: ▬ Acto expreso: Son aquellos que la Admón efectúa una declaración explicita, dirigida a los particulares. No comporta que necesariamente sea escrito ▬ Acto tácito: Es aquella actuación de la Admón que conlleva implícitamente una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio, que no ha sido exteriorizada de forma expresa. ▬ Acto presunto: Es una situación de inactividad de la Admón a la que se le aparejan determinadas consecuencias jurídicas, es decir, se presume que existe un acto frente a la inactividad de la Admón. 2.4.- EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN QUE OCUPA EL ACTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO El procedimiento administrativo es una sucesión de trámites que desembocan en una resolución final. Así podemos distinguir entre: ▬ Actos de trámite: Son los que se producen a lo largo de un procedimiento administrativo y antes de la resolución del procedimiento. Son los informes, las propuestas, las pruebas, etc. La jurisprudencia los caracteriza como carentes de sustantividad en materia decisoria trascendental, son simples eslabones del procedimiento que integran y complementan el fondo del asunto. ▬ Actos definitivos o resolutorios: son los que ponen fin al procedimiento administrativo. Recogen la respuesta que la Admón adopta frente al problema que se plantea. Son actos definitivos, las licencias, las ordenes, las multas, las subvenciones, etc. En la practica, los actos de trámite suelen denominarse acuerdos, y los actos definitivos, resoluciones. 2.5.- EN FUNCIÓN DE LA IMPUGNABILIDAD DEL ACTO VIA ADMINIS-TRATIVA Como regla general, los actos administrativos definitivos son susceptibles de recurso en vía administrativa, que se presenta ante la propia Admón, que es quien resuelve, caos de no interponerse el recurso administrativo, no será posible impugnar el acto por vía judicial. El art. 109 establece los casos en que los actos agotan la vía administrativa en todas las AA.PP, y son los siguientes: ▬ Los actos dictados por órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que la ley establezca lo contrario. Así habrá que estar a la jerarquía determinada en las correspondientes disposiciones de carácter orgánico. Los actos de un órgano que carezcan de superior jerárquico no ponen fin a la vía administrativa, esta posibilidad solo se utiliza en relación con los órganos públicos dependientes o vinculados a una Admón general. ▬ Los actos que resuelvan un recurso de alzada, ello significa que, una vez interpuesto el recurso de alzada contra un acto, la resolución del recurso pone fin a la vía administrativa, sin que pueda recurrirse nuevamente el acto por vía administrativa, aunque el órgano que lo resuelva tenga superior jerárquico.

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▬ Los actos que resuelvan otros procedimiento de recursos o de revisión de actos, como la resolución de los procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho (art. 102.2), las resoluciones de procedimientos de impugnación que sustituyan al recurso de alzada (art. 107.2) y la resolución del recurso extraordinario de revisión (art 191.3) ▬ Las demás resoluciones de los órganos administrativos, incluso cuando tengan superior jerárquico, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca (ej. un concejal de un ayuntamiento). El art. 109. e), establece que agotan la via administrativa los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la condición de finalizadotes del procedimiento, así como las resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial de las AA.PP (art. 142.6) ORGANO Que No tiene superior jerárquico Que SI tiene superior jerárquico

REGLA GENERAL Los actos SI agotan la vía administrativa Los actos NO agotan la vía administrativa

EXCEPCION Cuando por Ley se establezca lo contrario Cuando por norma (Ley o Reglamento) se establezca lo contrario

Los órganos que agotan la vía administrativa en la AGE, son: ▬ El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno ▬ El Presidente del Gobierno ▬ Los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de sus respectivas competencias ▬ El resto de órganos con rango de Director General o superior, en materia de personal ▬ En los organismos adscritos a la AGE los máximos órganos unipersonales o colegiados de cada organismo, de acuerdo lo previsto en sus Estatutos, salvo que por Ley se disponga otra cosa. Con relación a las CC.AA, serán las propias Leyes de cada Admón las que determinen los órganos que agotan la vía administrativa. Con relación a las EE.LL, de acuerdo con el art. 52.1.a) de la LRBRL, agota la vía administrativa las resoluciones del Pleno, del Presidente o Alcalde-Presidente y la Junta de Gobierno, salvo en los casos excepcionales que la Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la AGE o de las CC.AA. Con arreglo al art. 13.4, sea cual sea las AA.PP actuantes, los actos dictados por delegación se entienden emanados de la autoridad delegante, de modo que cuando una autoridad inferior a otra que agota la vía administrativa dicta un acto por delegación de ésta dicho acto agota igualmente la vía administrativa. 2.6.- EN FUNCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO Así, cabe distinguir entre: ▬ Actos no firmes: son los que aún pueden ser recurridos, bien por vía administrativa, bien por vía jurisdiccional. 10


▬ Actos firmes: son aquellos que no pueden ser objeto de recurso, en cuyo caso también se dice que el acto ha adquirido firmeza. Esta circunstancia puede deberse por hechos diferentes: Por el trascurso del plazo de impugnación sin ejercicio de la acción correspondiente. Cualquier acto administrativo tiene un plazo de impugnación, cuyo trascurso sin el ejercicio de la acción correspondiente determina la imposibilidad de recurrir el acto en cuestión. Los actos administrativos pueden ser objeto de recurso por vía administrativa y seguidamente por vía judicial (la contencioso administrativa) Por haber sido agotados todos los mecanismos de reacción actuables contra el acto. Cuando los particulares han recurrido sucesivamente el acto administrativo, hasta agotar todas las instancias, el acto no resulta ya susceptible de impugnación alguna, y por consiguiente, ha adquirido firmeza. Cuando la firmeza ha sido alcanzada se dice que el acto goza del efecto de cosa juzgada Porque la Ley establezca que es irrecurrible (art. 50.2)

3. ELEMENTOS DEL ACTO AMINISTRATIVO Los elementos de los actos administrativos son aquellos requisitos que debe reunir para que pueda tener validez. Su carencia determina la imperfección o invalidez del acto. Los actos administrativos tienen CUATRO elementos básicos: - El sujeto o elemento subjetivo - El objeto o elemento objetivo - El fin o elemento teleológico o causal, y - Las formas o elemento formal 3.1.- EL SUJETO O ELEMENTO SUBJETIVO El sujeto activo es siempre una Admón Pública. Para que un acto administrativo resulte valido requiere: - Que sea dictado por los titulares del órgano competente - Que el órgano posea competencias administrativas para dictar el acto - Que exista una norma administrativa que le atribuya esa competencia El titular del órgano debe de estar investido, es decir requiere de un nombramiento legal, toma de posesión del puesto o cargo y debe de encontrarse en situación de activo. Si se incumple uno de estos requisitos, se vulnera el principio de legalidad que ha sido infringido debiendo conducir a la anulación del acto uy el principio de seguridad jurídica. La voluntad interna no es un componente esencial, es irrelevante, lo que opine internamente el titular del órgano administrativo no afecta a la perfección del acto; solamente basta que sea dictado conforme a los requisitos subjetivos para que sea plenamente valido y eficaz.

3.2.- EL OBJETO O ELEMENTO OBJETIVO El elemento objeto hace referencia al contenido del acto. El contenido del acto puede ser: - De contenido esencial: ha de darse siempre, sin su concurrencia no existe acto administrativo. Es una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio. - De contenido accesorio: es aquel sin el cual el acto podría seguir existiendo perfectamente. Dentro del contenido accidental puede distinguirse:  La condición  El termino y  El modo 11


Ej: En la solicitud de una licencia de obras, el contenido esencial es en si mismo la licencia, siendo las condiciones, el término o el modo de la misma, su contenido accidental. Conforme al art. 53.2, el contenido de los actos administrativos, ya sea de contenido principal o accesorio, deben de reunir unos requisitos: 1. Debe de ser lícito, ajustado al ordenamiento jurídico 2. Ha de ser adecuado, corresponderse con el fin para el que se dicta 3. El contenido ha de ser determinado o determinable: se debe conocer lo que verdaderamente se pretende con el acto 4. El contenido del acto debe de ser posible. Además, para que un acto administrativo sea valido se exige que concurra un presupuesto en la norma para que tenga una consecuencia jurídica. No es un requisito objetivo, sino que es un requisito previo que condiciona su validez: si no se produce un presupuesto de hecho no puede dictarse un acto. Ej.: para que pueda imponerse una sanción previamente debe de existir una infracción en la norma. La falta de presupuesto de hecho es determinante de un vicio de invalidez que permite la anulación del acto. 3.3.- EL FIN O ELEMENTO TELEOLOGICO O CAUSAL El elemento teleológico hace referencia a la finalidad de la actuación administrativa, es decir, la Admón actúa con la finalidad de satisfacer un interés público. -

La doctrina distingue entre: El fin: sería la finalidad prevista en la norma La causa: es la concreta razón o finalidad por la que se dicta un acto

Para que un acto administrativo sea valido, el fin y la causa deben de coincidir. Cuando se ejercen potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento o son ejercitados por móviles particulares constituye un vicio denominado desviación de poder. Además los actos administrativos han de ser adecuados a los fines que persiguen. Es lo que se denomina principio de congruencia o adecuación del acto, que también invoca al principio de proporcionalidad. Si fuera posible distar diferentes actos administrativos para alcanzar un mismo fin, se elegirá el que resulte menos restrictivo de los derechos individuales. En base a ello, el TC somete a un juicio de proporcionalidad que debe de reunir: -

Juicio de idoneidad: donde analiza si la medida logra el objetivo propuesto Juicio de necesidad: donde no existe otra medida más moderada Juicio de proporcionalidad: la medida debe de ser ponderada o equilibrada

3.4.- LAS FORMAS O ELEMENTO FORMAL El elemento formal hace referencia a los requisitos formales. El cumplimiento de las formas es exigido por la Admón. El cauce formal por el que se produce el acto administrativo es el procedimiento administrativo. Este procedimiento se compone de formalidades: que son los sucesivos trámites que conducen hasta llegar al acto resolutorio. El desarrollo del procedimiento se encuentra presidido por el principio ad solemnitatem plasmado en el art. 53.1, que dice: “Los actos administrativos que dicten las AA.PP, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido”. Su infracción comporta un vicio, que puede alcanzar la anulabilidad o 12


nulidad plena, según la gravedad de la infracción. La forma en sentido estricto es el modo en que la Admón da a conocer los actos administrativos, existiendo las siguientes formas de expresión: - Escrita: es el medio general de producción. Las autorizaciones, sanciones, etc, son requeridas por escrito. Abarca a todo soporte que incluya lengua escrita (telex, fax, ficheros informáticos, correo electrónico, etc) - Oral o verbal: Son los actos que se expresan de palabra. Ej.: la orden de disolución de un manifestación o el cierre de un local por exceso de hora - Mímica y acústica: son los actos que se expresan mediante gestos o sonidos. Ej.: los que efectúan los agentes de tráfico - Automática: son aquellos que se expresan mediante soportes. Ej.: semáforos o señales de tráfico. La forma en que deberán recogerse los actos administrativos es la escrita. Ello se produce mediante documentos administrativos. Según el art. 46.4 dice: “Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas”. El documento es el soporte físico en el que se recoge el acto, puede ser papel, pero cualquier otro (fichero informático) que reúna los requisitos legales. Cuando un acto adquiere la condición de documento público, el ordenamiento el ordenamiento le otorga unas consecuencias y en particular la presunción iuris tantum (admite prueba en contrario) de certeza y veracidad. Así los atestados policiales o las actas de inspección gozan de esta presunción.

TEMA 3.- VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO (Tema 16 del libro)

1. LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS El art. 57.1 dice: “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”. Ló establecido en el art. 57.1, es un presunción iuris tantum, (admite prueba en contrario), es decir, el acto administrativo se presume valido hasta que se anule. Según la gravedad del vicio cometido, se puede distinguir:

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Invalidez: es un vicio de gran trascendencia que supone la eliminación del acto administrativo provoca su invalidez.  Originaria: cuando el propio acto incurre en un motivo de invalidez  Sobrevenida: cuando el acto resulta contrario a Derecho por causas o circunstancia que aparecen en un momento posterior, siendo invalido a partir de ese momento. Ej.: cuando se dicta un acto en aplicación de una norma que Lugo es posteriormente declarada nula. - Irregularidad: es un vicio de escaso relieve que no produce la eliminación del acto administrativo

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2. LOS GRADOS DE INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Dentro de la invalidez existen distintos niveles según la gravedad, así existe: ▬ NULIDAD o actos nulos de de pleno Derecho ▬ ANUALBILIDAD o actos anulables notas:

La nulidad y la anualbilidad son dos categorías que se distinguen por las siguientes

1. La nulidad es un vicio de carácter imprescriptible, en tanto que la anulabilidad prescribe por el transcurso en un determinado plazo de tiempo 2. La declaración de nulidad de un acto tiene efectos retroactivos ex tunc (desde el origen) y la anulabilidad provoca efectos ex nunc (desde que se produce) 3. La nulidad es un vicio insubsanable, no puede entenderse mediante una acción posterior, en cambio los actos anulables pueden ser convalidados, subsanándose sus vicios en determinadas circunstancias 4. La nulidad es un vicio de orden público, puede ser apreciado por el Tribunal que conozca del recurso consta el acto, en cambio, los vicios de una mera anulabilidad han de ser alegados por las partes en el proceso. 3. SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO La nulidad de pleno derecho es la máxima sanción que puede recibir un acto administrativo, por ello los vicios que el ordenamiento contempla como supuestos de nulidad son infracciones de especial gravedad, que atentan contra los principios fundamentales, encontrándose reservada a la ley la determinación de estos supuestos. El art. 62.1, declara que: “Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1. Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, abarcan del 14 al 29 y el 30.2 CE. 2. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Deben de darse DOS requisitos: a. Que la incompetencia sea manifiesta. Ej: el ejercicio por el Estado de una competencia que le corresponde a una Comunidad Autónoma; la adopción de un acuerdo por el Alcalde cuando corresponde al Pleno. b. Que la incompetencia sea por razón de la materia o del territorio. Ej: un acto dictado por el ayuntamiento que resulta de aplicación fuera del territorio municipal.: la imposición de una sanción por una autoridad que carece de potestad sancionadora. 3. Loa actos de contenido imposible 4. Los actos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ésta, contiene DOS supuestos distintos: a. Los actos constitutivos de delito. Ej.: Prevaricar b. Los actos que se dictan como consecuencia de una infracción penal. Ej.: aceptar un soborno dictando un acto injusto no delictivo: la aceptación del soborno es lo que constituye el delito 5. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo. Considerándose como tales: a. La ausencia total de trámite, también llamada vía de hecho b. La tramitación del acto con arreglo a un procedimiento distinto del que corresponde c. La vulneración de un trámite absolutamente esencial del procedimiento. 6. Los actos dictados prescindiendo de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Ej: la aprobación de un acuerdo no incluido en la orden del día. 7. Los actos expresos o presuntos por las que se adquieran facultades o derechos 14


cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición 8. Los que se establezcan expresamente en una norma con rango de Ley 9. Los actos dictados en aplicación de un reglamento ilegal o de normas legales declaradas inconstitucionales.

4. LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS El art. 63.1 dispone: “Son anulable los actos de la Admón que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (son anulables salvo lo dispuesto en el art. 62.1 sobre la nulidad de pleno derecho). Resulta preciso distinguir entre vicios materiales y formales: -Vicios materiales: son determinantes de anulabilidad siempre, salvo que estén contemplados como vicios nulos de pleno derecho. Los actos dictados por infracción a la Ley no son nulos de pleno derecho: la ilegalidad da lugar, como regla general, a la mera anulabilidad del acto. -Vicios formales: Solo provocan la anulabilidad del acto cuando éste carezca de los requisitos formales indispensable para alcanzar su fin o de lugar a indefensión de los interesados (art. 63.2). Por indefensión se entiende la situación en el titular de un derecho se ve imposibilitado para ejercer los medios legales de defensa.

5. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARES La irregularidad es un vicio de muy escaso relieve que no conduce a la eliminación del acto administrativo, y que viene a denominarse “irregularidad no invalidante”. Cuando se produce un vicio, la regla general es la anulabilidad o invalidez simple del acto. El. Ordenamiento jurídico se encarga de precisar los supuestos en que los actos administrativos son irregulares. Entre ellos destacan: -Vicios formales: Por interpretación en sentido contrario del art. 63.2, los vicios meramente formales que no generen indefensión ni supongan requisitos indispensables, constituyen meras irregularidades no invalidante de los actos administrativos -Errores materiales o de hecho: entre los que pueden citarse una suma incorrecta efectuada en una liquidación -Las actuaciones administrativas extemporáneas, es decir, realizadas fuera de plazo

6. EL

PRINCIPIO GENERAL DE CONSERVACIÓN ADMINISTRTATIVOS Y SUS MANIFESTACIONES

DE

LOS

ACTOS

El acto administrativo se encuentra beneficiado por un principio general de conservación: así, el ordenamiento jurídico procura a toda costa su supervivencia, esforzándose en mantenerlos incluso cuando se encuentren envueltos en supuestos de invalidez. 6.1.- LA CONSERVACION EN SENTIDO ESTRICTO El art. 66, dispone: “El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.” Esta es una regla que se proyecta hacia atrás, siendo relativa a los trámites del procedimiento que se hicieron correctamente antes de que se cometiera la infracción que 15


provoca la invalidez del acto: la anulación de un acto solo afecta a los sucesivos en el procedimiento, pero no a lo que se hubieran dictado con anterioridad al momento en el que se produjo la infracción.

Inicio

Alegaciones

Informe

Prueba

Audiencia

Resolución

Si se incurre en un vicio con ocasión del trámite de prueba, se mantendrán los escritos de alegaciones e informes emitidos, continuándose el procedimiento mediante la reapertura del periodo probatorio. Otra manifestación de la conservación aparece recogida en el art. 64.1 que dispone: “La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Esta regla se proyecta haca delante, incidiendo sobre los actos administrativos posteriores a aquel en el que se produjo la infracción, es decir, trámites separables no afectados por la anulación de las actuaciones. En este caso, se exige que la Admón dicte un acto expreso en el que haga referencia a los trámites que se conservan. Ello obedece al principio de seguridad jurídica, que reclama dejar claro, que trámites se repetirán y cuales se conservaran. 6.2.- LA INVALIDEZ PARCIAL El art. 64.2 dice: “La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado”. Este precepto contiene DOS manifestaciones: ▬ Cuando se dicta un acto compuesto, que incluye varias decisiones independientes, puede anularse una de ellas sin afectar a las restantes. Alcanza tanto a los supuestos de nulidad como a los de mera anulabilidad. ▬ Cuando se anula la cláusula accesoria de un acto administrativo, éste último puede seguir siendo válido salvo que la cláusula fuera esencial para el acto mismo. 6.3.- LA CONVERSIÓN Según el art. 65: “Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste”. Se conservan los elementos válidos de un acto inválido, que prestan su apoyo a otro acto distinto, para el que son suficientes los elementos subsistentes tras la anulación. No hay conexión entre uno y otro acto. La conversión es una técnica que procede tanto a actos nulos como a los anulables. Para proceder a la conversión de un acto en otro se precisa de un acto administrativo expreso, mediante el que se efectúe la conversión. 6.4.- LA CONVALIDACION La convalidación es un acto administrativo por el que subsanan los vicios de otro acto administrativo anterior. Dado que la nulidad es un vicio insubsanable, sólo pueden ser objeto de convalidación lo actos anulable. Esta técnica se encuentra contemplada en el art. 67, consiste en el mantenimiento del acto originario, del que se corrigen sus vicios, superando la infracción en que se hubiera incurrido. Ej: la incompetencia jerárquica o la falta de alguna autorización para dictar la resolución. La convalidación solo procede cuando no provoque indefensión. La convalidación solo surte efectos desde que se produce aunque puede desplegar efectos retroactivos, si se cumplen los requisitos señalados en el art. 57.3: “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, 16


asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”.

TEMA 4.- REVISION DE ACTOS Es un privilegio de las Administraciones Públicas que lo tienen atribuido y que les permite anular sus actos sin necesidad de acudir a los Tribunales. Principio de no ir contra actos propios. Cuando los actos contengan algún vicio, la Ley distingue 3 supuestos: - Si el vicio es de nulidad (Nulos de Pleno Derecho)  la Administración autora tiene atribuida la potestad de revisión de oficio para anularlo. - Si el vicio es de anulabilidad y declarativo de derechos  la Administración puede impugnarlo ante la Jurisdicción. - Si el vicio es de anulabilidad pero no declarativo de derechos  la Administración Pública puede revocarlo directamente. El límite de la potestad es que no podrán ser ejercitadas cuando la prescripción de acciones resulte contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Así como cuando haya sentencia judicial firme en contra de la potestad. REVISIÓN DE OFICIO El objeto de este procedimiento (art. 102.1) es la declaración de nulidad de los actos definitivos (no el trámite), que hayan sido firmes o que hayan agotado la vía administrativa. El motivo por el que puede iniciarse este procedimiento es que el acto o disposición adolezca de vicios de nulidad de pleo Derecho y que afecta al art. 62.1. La revisión permite al interesado instar la revisión sin límite temporal. La revisión de oficio se dirige contra los actos administrativos y normas reglamentarias incluidas en un vicio de nulidad de pleno derecho. El procedimiento se inicia de oficio o a instancia del interesado. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La revisión de oficio debe seguir los trámites del art. 102 LPC: -

Audiencia del interesado. Dictamen Preceptivo y Favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la CCAA. Los órganos competentes para ellos son:

-

Consejo de Ministros. Ministros. Secretarios de Estado. 17


-

La resolución debe dictarse en el plazo de 3 meses, en caso contrario el silencio determina la caducidad cuando se inicia de oficio, y de desestimación a instancia del interesado. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD El art. 103 dice: “1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley. 3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.” La declaración de lesividad es un mecanismo con que cuenta la Admón para promover la anulación judicial de un acto administrativo favorable que agote la vía administrativa y adolezca de vicios de anulabilidad. Características: ▬ El procedimiento solo puede anularse de oficio. No cabe que un particular ejerza una acción o interponga una reclamación. ▬ Esta indicado para anular actos favorables que agoten la vía administrativa ▬ La anulación no se alcanza por vía administrativa. El procedimiento se inicia con una declaración de lesividad, efectuada por el órgano administrativo competente. Es un acto administrativo formal por el que se declara lesivo para el interés público otro acto administrativo anterior, dictado por la misma Admón Pública. Solo podrán declararse lesivos los actos definitivos, no los de trámite. La declaración de lesividad deberá producirse como máximo en el plazo de 4 años desde que se dicta el acto, una vez transcurrido el plazo el acto será inatacable. El procedimiento tiene una duración máxima de 6 meses, y de superarse producirá su caducidad. La ADMINISTRACIÓN una vez declarada la lesividad deberá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo, iniciándose con una demanda. Quien tiene legitimación para interponer este recurso es la Administración autora. REVOCACIÓN DE OFICIO El art. 105.1 dice: “Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”. 18


Este precepto restringe la revocación a la función de eliminar actos desfavorables, normalmente porque incurran en motivos de invalidez no alegados por los interesados en vía de recurso, o porque el acto devino firme sin oposición. El modo en como se articula es muy simple, generalmente corresponde instruir al mismo órgano administrativo que dictó el acto a revocar, y que desemboca en una nueva resolución cuy contenido es revocar el acto previo. No está sujeta a plazos, ni sigue un procedimiento especifico de sino general.

TEMA 5.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONCEPTO: Son procedimientos por los que el administrado solicita de la Administración la anulación o modificación de un acto administrativo que le afecta. Por regla general, los actos de trámite no son susceptibles de recursos, si bien los 19


vicios en que concurra podrán ser alegados a la conclusión del procedimiento, mediante un recurso contra el acto resolutorio. No obstante el art. 107.1 permite recurrir los actos de tramite cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: -

Que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. Que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento Que produzcan indefensión. Que produzcan un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos El Recurso se interpone ante la propia Administración autora del acto.

El recurso persigue la modificación o anulación del acto recurrido, donde deben alegarse los vicios, aunque los vicios no podrán ser alegados por quienes hayan sido los causantes de los mismos. Según el art. 110.2 dispone: “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.” Ej: si el recurrente califica el recurso de revisión cuando realmente procede interponer uno de alzada. Se impone la regla de la única instancia, en el sentido de que contra el acto que resuelva un recurso administrativo ya no puede interponerse otro recurso administrativo adicional, sino que únicamente cabe ya acudir a la vía jurisdiccional. RECURSO ORDINARIO. Son los que pueden interponerse contra cualquier acto que no sea susceptible de recurso especial, y que permite basarlos en cualquier motivo de impugnación. Clases de recursos ordinarios: ▬ Recurso de alzada ▬ Recurso de Reposición RECURSO DE ALZADA: Tiene por objeto la impugnación de los actos administrativos que no agoten la vía administrativa. Con la interposición de recurso, además de pretender la anulación de un acto administrativo, el particular puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios que dicho acto le hubiera producido.

No procede interponer recurso de alzada: ▬ Contra actos que pongan fin a la vía administrativa ▬ En los procedimientos en que se hayan previsto recursos que sustituyan al de alzada Cuando un acto administrativo no agota la vía administrativa, la falta de presentación en plazo del recurso de alzada provoca su firmeza dejando al administrado desprovisto de defensa, salvo los medios de revisión de oficio. El carácter preceptivo del recurso supone además, que no puede introducirse en vía de recurso judicial pretensiones que no hayan sido previamente deducidas ante la Admón con ocasión del recurso administrativo. 20


El plazo de interposición del recurso de alzada difiere según se actúe contra una resolución expresa o presunta: ▬ Resolución expresa: el plazo de interposición es de 1 mes ▬ Actos presuntos: el plazo de interposición es de 3 meses. El órgano competente para resolver el recurso es el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. RECURSO DE REPOSICIÓN: El recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido y se resuelve por el mismo órgano. El objeto es que solo se admite frente a actos que pongan fin a la vía administrativa El plazo para interponer este recurso, se rige por las mismas reglas que el recurso de alzada, en cambio el plazo de resolución es el de 1 mes. La Ley establece expresamente que si se interpone un recurso de reposición no podrá interponerse el contencioso-administrativo, hasta que se produzca laz resolución expresa o presunta del procedimiento. El silencio administrativo en este recurso tiene efectos desestimatorios. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabe interponer de nuevo este recurso. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Según el art. 118.1: “1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.” Mediante el recurso extraordinario de revisión no se pueden alegar motivos de ilegalidad del acto que en su día se llevó a efecto a través de un recurso ordinario, pues atentaría contra la firmeza de los actos administrativos. La interposición de este recurso es compatible con la realizadas por vía judicial a través del contencioso-administrativo que se hubieran formulada contra el mismo acto administrativo Es un recurso extraordinario, por tanto, ls motivos de impugnación son de interpretación restrictiva, presentando grandes analogías con el recurso de revisión existente en vía judicial El plazo para interponer el recurso varía en función de la causa por la que se presenta: -

Cuando medie la primera causa (motivo): 4 años a partir de la notificación del acto 21


impugnado. - En las demás causas: 3 meses, a contar desde que se tuviera conocimiento de los datos respectivos. acto.

La competencia para resolver corresponde al órgano administrativo que dictó el

En su tramitación es preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la CCAA. Para su resolución se tendrá en cuenta los motivos de revisión aducidos. Aunque no hace falta si el recurso no se funda en los motivos del art. 118.1, o se hubieran desestimado en el fondo otros recursos iguales. El recurso se entiende desestimado por silencio a los 3 meses siguientes. ANULACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS INTERESADO Recursos:

ADMINISTRACIÓN Revisión de Oficio:

-De Alzada -Reposición -Extraordinarios de revisión

-Actos nulos (102) -Actos anulables  Favorables (Declaración de lesividad) art. 103  Desfavorables (Revocación) art. 105

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apuntes administrativo ultimo examen