EXCEJLENCIA - EDICIÓN 17

3.

El imperativo judicial como fundamento de la armonía social

38.

CONTENIDO CEJ

54.

La Reconfiguración de la responsabilidad civil por productos en la era digital. Análisis del veredicto K.G.M. contra Meta Platforms y YouTube LLC

Sobre la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución

Escrito Por: Raúl Gustavo Ferreyra

CONTENIDO CEJ

Crónica de un colapso anunciado:

EDITORIAL ENSAYO ENSAYO

Evaluación estructural del estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario Colombiano (1998-2025)

24. 6.

CONTENIDO CEJ

El derecho de petición ante la justicia constitucional: Radiografía de la tutela, el desacato y los desafíos de la congestión judicial en Colombia (2020-2025)

48.

INVITADO

¿Quién defiende a la defensa pública en Colombia?

Algunas reflexiones sobre la desnaturalización y desfinanciación del Sistema Nacional de Defensoría Pública

Escrito Por: Iris Marín Ortiz

Jhonny Marcel Díaz

Director Ejecutivo CEJ: Hernando Herrera Mercado | Director Editorial: Andrés Pérez Velasco | Comité Editorial: Cristian Muñoz Castro - Luis Alejandro Perilla Morales - Ana María Mahecha Cruz - Paola Pineda Ramírez - Andrés Pérez Velasco | Diseño y Arte: Joe Alexander Castillo Gómez. | Edición: 17 | Mes: Mayo | Año: 2026 | Versión: Digital | Formato: PDF | ISSN: 2745-2182 ‘‘En línea”. | Para colaboraciones y/o comentarios dirigirse a: Calle 93B # 13-30. Oficina 401 Bogotá D.C., Colombia. | Correo Electrónico: comunicaciones@cej.org.co | El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

68.

La inteligencia artificial en la justicia colombiana: entre la innovación tecnológica y la protección de las garantías fundamentales

Escrito Por:

Augusto Antonio Argel Orduz Karina Paola Méndez Rivera

EL IMPERATIVO JUDICIAL COMO FUNDAMENTO DE LA ARMONÍA SOCIAL

En el complejo tejido de la civilización occidental, pocas imágenes poseen —si nos guiamos por el relato bíblico— la fuerza simbólica del descenso de Moisés del monte Sinaí. Aquellas tablas no contenían sugerencias para una mejor convivencia ni pautas opcionales sujetas al capricho del destinatario. Existe una frase que suele utilizarse en la academia jurídica y en los foros de defensa institucional para recordar la esencia de la autoridad: “Dios no las llamó las diez recomendaciones”. Esta metáfora, lejos de ser un mero recurso retórico, encierra la ontología misma del Estado de Derecho: el mandato legal, y muy especialmente la decisión de un juez no es una invitación al diálogo, sino un imperativo de obligatorio cumplimiento.

En la Colombia de 2026, esta premisa parece estar bajo un asedio constante. La tendencia creciente a filtrar las órdenes judiciales a través

del tamiz de la conveniencia política o administrativa está convirtiendo la majestad de la justicia en una especie de consultoría técnica cuyo destinatario decide si atiende o ignora. Lo que se olvida en esta deriva autoritaria es que el incumplimiento de las providencias no es un simple retraso burocrático; es un precedente destructivo que atenta directamente contra la armonía social, que es, en última instancia, el fin supremo del derecho.

Para entender por qué una sentencia no es una recomendación, debemos acudir a la raíz de la función jurisdiccional. El juez no es un académico emitiendo opiniones; es el depositario de la soberanía popular para decir el derecho y, con igual importancia, para hacerlo ejecutar. La tutela judicial efectiva, consagrada como un derecho humano fundamental, no se agota con el acceso a los tribunales o la obtención de un fallo motivado; su núcleo esencial reside en su efectividad, es decir, en la capacidad real de que lo decidido transforme la realidad material y, en consecuencia, la justicia se haga real y efectiva.

1Todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política. Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011, M.P. Vargas Silva.

La Sentencia C-539 de 2011 de la Corte Constitucional es, quizás, uno de los antecedentes más robustos en esta materia1. En dicha providencia, ese tribunal dejó claro que todas las autoridades, sin excepción, están sometidas al imperio de la Constitución y la ley, lo cual incluye el acatamiento estricto del precedente judicial dictado por las Altas Cortes. El “imperio de la ley” no es solo el texto frío del código, sino la interpretación vinculante que de él hacen los jueces. Para la administración pública, el margen de discrecionalidad frente a una sentencia es nulo; el juez manda y el destinatario obedece, así funciona en los Estados democráticos y no hay razón para que Colombia sea la excepción.

Tratar las sentencias como simples actos retóricos es grave en extremo por el mensaje que se envía a la sociedad. Cuando un ciudadano observa que las máximas autoridades del país eluden, dilatan o cuestionan las órdenes judiciales, se rompe el pacto de confianza que sostiene la convivencia y se habilita el desconocimiento sistemático de las reglas en las que se funda la vida en sociedad. La paz social no es simplemente la ausencia de guerra: es la convicción ciudadana de que los conflictos, independientemente de su dimensión, características o naturaleza, se resuelven mediante reglas preestablecidas y que esas resoluciones son finales e inamovibles.

El incumplimiento genera lo que la doctrina ha denominado un “estado de cosas anormales”. En este escena-

rio, la justicia se vuelve “pronta, pero no efectiva”, o en términos del profesor Eduardo García Máynez, “justa y valida, pero ineficaz”, convirtiéndose en una burla para el ciudadano que espera por un fallo. Este fenómeno es el caldo de cultivo ideal para la justicia por mano propia y la anarquía. Si el Estado se permite el lujo de incumplir lo que le ordena su propio juez, el ciudadano se siente legitimado para hacer lo mismo, fracturando la seguridad jurídica y reduciendo el derecho a una mera declaración de intenciones.

Entre 2024 y 2026, Colombia ha presenciado tensiones institucionales inéditas que evidencian la magnitud de esta situación. Numerosos incidentes de desacato, promovidos por los jueces de la República contra las más altas autoridades del poder Ejecutivo, a raíz de su resistencia a cumplir órdenes de rectificación y retractación, se han convertido en señales de alerta que inquietan tanto por sus efectos inmediatos como por el peligroso precedente que queda para el futuro.

A esto se suma un dato inquietante: el 93% de las apropiaciones presupuestales de la hacienda pública para 2026 son de carácter inflexible, circunstancia que viene siendo utilizada como argumento administrativo para aplazar el pago de sentencias judiciales. Esto ocurre a pesar de que la normativa prohíbe emplear la inembargabilidad de las cuentas de la nación como un escudo perpetuo para eludir el cumplimiento de decisiones judiciales.

Si bien es cierto que el Estado colombiano enfrenta obligaciones colosales y sus fuentes de financiación resultan limitadas, la respuesta ante esta tesitura no puede ser la indiferencia ante el incremento del pasivo contingente del país, sin analizar e implementar alternativas que permitan dar solución a este delicado asunto.

Para restablecer la armonía social, Colombia debe dejar atrás la cultura de la “recomendación” en la que se ha pretendido convertir la decisión judicial expresada en las sentencias, y retornar a la cultura del “mandato” que históricamente ha prevalecido en el país. Es fundamental que el juez cuente con poderes efectivos para hacer respetar su autoridad. Diversos sectores, entre ellos la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), han propuesto fortalecer las consecuencias de los incidentes de desacato y facultar la persecución del patrimonio personal de aquellos funcionarios que, sin justificación, deciden eludir con dolo o culpa grave el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales.

Resulta inadmisible que, después de obtener el reconocimiento judicial de su derecho, el ciudadano, tras años de contienda jurídica, deba emprender un nuevo vía crucis —el proceso ejecutivo— para que la administración cumpla con su deber elemental. La orden judicial debe ser de cumplimiento automático y su desacato debe considerarse lo que realmente es: una grave afrenta al sistema democrático y un atentado contra la

convivencia ciudadana. Asimismo, es injusto que cualquier colombiano, enfrentándose al enorme poder del Estado y armado únicamente con el dicho de la ley y la solidez de sus argumentos, termine siendo burlado incluso cuando la jurisdicción le reconoce el derecho que reclama.

La metáfora de las tablas de la ley nos recuerda que la autoridad solo es legítima cuando es efectiva. Si permitimos que las sentencias judiciales se degraden al nivel de las sugerencias, estaremos desmantelando los cimientos de nuestra civilización. La armonía social no florece en el terreno de la incertidumbre ni en el capricho del gobernante de turno; florece allí donde el derecho se cumple con la misma severidad con la que se dicta.

La CEJ continúa en su labor de guardia permanente del Estado de Derecho, recordando que cada vez que una providencia se incumple, se apaga una luz de esperanza para las víctimas y se abre una brecha por donde se escapa la paz de todos los colombianos. En última instancia, acatar al juez es acatar al pueblo soberano y respetar la promesa de una nación donde la fuerza de los argumentos siempre prevalezca sobre la fuerza de la desobediencia. Dios no las llamó recomendaciones, y — guardadas proporciones— el constituyente de 1991, tampoco lo hizo cuando dotó de obligatoriedad las decisiones judiciales.

CRÓNICA DE UN COLAPSO ANUNCIADO:

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

DEL ESTADO DE COSAS

INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO (1998-2025)

Representación de un juzgado en Colombia.

Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia trasciende el ámbito de una crisis que, simplificando, se relaciona con una infraestructura deficiente o una gestión administrativa con diversas oportunidades de mejora. En realidad, representa una ruptura profunda en el compromiso ético y normativo del Estado Social de Derecho. Este escenario ha sido formalmente reconocido por medio de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) realizada por la Corte Constitucional, primero en la sentencia T-153 de 1998 y posteriormente reiterada, con mayor severidad, en la T-388 de 2013. Ambas sentencias han funcionado como diagnósticos judiciales que revelan una patología social que el Estado no ha logrado remediar de manera efectiva.

A pesar de existir mandatos judiciales claros y de carácter estructural, la realidad de las personas privadas de la libertad (PPL) continúa caracterizándose por una vulneración sistemática de la dignidad humana, la salud, la alimentación y la seguridad. Esta situación, lejos de resolverse, se ha desplazado y agravado en los Centros de Detención Transitoria (CDT), como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde persiste y se intensifica la vulneración de derechos fundamentales asociada al hacinamiento.

LA GÉNESIS DEL DIAGNÓSTICO JUDICIAL, DE LA SENTENCIA T-153 DE 1998 A LA T-388 DE 2013

La sentencia T-153 de 1998 representó un punto de inflexión en la jurisprudencia colombiana al evidenciar que el sistema penitenciario del país no cumplía su función resocializadora, sino que constituía un escenario de “vulneración masiva y generalizada” de derechos fundamentales. La Corte Constitucional, al analizar esta situación, determinó que para ese momento el hacinamiento alcanzaba el 44%, con 42.118 personas privadas de la libertad en instalaciones concebidas únicamente para 29.217 cupos. Frente a este diagnóstico, ese tribunal estableció como remedio constitucional prioritario la intervención en la “infraestructura física” penitenciaria. Bajo esta lógica, se ordenó la adecuación de servicios esenciales, la construcción de nuevos pabellones y la garantía de condiciones mínimas de habitabilidad, partiendo de la premisa de que la carencia de espacios dignos era la raíz principal de la crisis.

Sin embargo, pasados quince años, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-388 de 2013, revisó el primer diagnóstico e identificó que la problemática superaba el ámbito de la infraestructura. Aunque se habían realizado inversiones

importantes y se habían ampliado algunas capacidades, la población carcelaria continuaba creciendo, lo que agudizaba la situación que ya desde 1998 era difícil de resolver. Este hecho llevó a la Corte a considerar que la crisis carcelaria no era solo consecuencia de una insuficiencia física, sino de una política criminal caracterizada por la falta de coherencia y, en ocasiones, marcada por algunas dosis de populismo punitivo. Así, la superación del Estado de Cosas Inconstitucional dejó de ser concebida como un asunto exclusivamente de ampliación de cupos y pasó a depender de una transformación profunda de la

política criminal, orientándola hacia estándares de protección de los derechos humanos.

La sentencia T-388 subrayó que el sistema penitenciario es el último eslabón de una serie de decisiones estatales, que inicia con la criminalización de conductas y culmina con la ejecución de la pena; por tanto, mientras la política criminal permanezca marcada por la reactividad y el castigo basado en la privación de la libertad, ninguna estrategia de ampliación física será suficiente para atender la demanda de cupos o garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad.

Representación de instalaciones de una carcel de Colombia. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

“

“LA

REALIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

CONTINÚA CARACTERIZÁNDOSE

POR UNA VULNERACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DIGNIDAD

HUMANA, LA SALUD, LA

ALIMENTACIÓN Y LA SEGURIDAD”

JUICIO DE CONFORMIDAD INSTITUCIONAL: LA DISCREPANCIA ENTRE EL MANDATO Y LA ACCIÓN. UN ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) han sido objeto de un análisis riguroso que evidencia una preocupante disonancia entre las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y la ejecución de las políticas públicas en materia penitenciaria. Aunque el CSPC fue concebido como el órgano técnico encargado de orientar la política criminal, su accionar no ha traído como resultado cambios relevantes respecto de la situación definida por la Corte.

Por su parte, el Plan Nacional de Política Criminal (2021-2025), recogido en el documento CONPES 4089 del 6 de junio de 2022, constituye un punto de partida en el proceso de articula-

ción entre las distintas instituciones responsables de la política carcelaria y penitenciaria en Colombia. Este esfuerzo, aunque relevante como aporte institucional, surge después de un prolongado periodo de falta de coordinación y rezago institucional. La puesta en marcha de este plan se ve condicionada por un contexto marcado por la saturación de las capacidades estatales y la fragmentación de responsabilidades funcionales, lo que ha dificultado la materialización de las reformas que plantea. Así, el avance representado por el CONPES 4089 se ha enfrentado a obstáculos estructurales que han limitado históricamente la implementación efectiva de políticas públicas en el ámbito penitenciario.

Por otro lado, el INPEC mantiene una estructura administrativa que ha sido criticada por la Corte por su desconocimiento de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Las recurrentes fallas en aspectos fundamentales, como la alimentación, el acceso a servicios de

salud y la seguridad interna, evidencian que el problema trasciende lo presupuestal y radica en una cultura organizacional y en la eficiencia operativa de la institución, que incluso tiene serias dificultades para garantizar la seguridad de sus funcionarios.

La creación de la Unidad de Servicios

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tuvo como objetivo tecnificar la gestión logística de la infraestructura carcelaria, pero este propósito declarado no se ha armonizado con los resultados que hasta ahora se han obtenido. La Contraloría General de la República ha señalado que la USPEC se ha transformado en un obstáculo administrativo para corregir la situación para la cual, paradójicamente,

Representación de una oficina administrativa en una cárcel colombiana.

Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

fue creada. Diversas investigaciones en curso, dan cuenta de presuntas irregularidades tanto en la construcción de nuevas cárceles como en el mantenimiento de infraestructuras existentes, lo que evidencia una problemática estructural que ha limitado el avance efectivo en la mejora del sistema penitenciario.

EVOLUCIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y SU IMPACTO EN LA POLÍTICA CARCELARIA: OSCILACIÓN DE PRIORIDADES Y CONTINUIDAD LIMITADA EN LA POLÍTICA PENITENCIARIA

El análisis del seguimiento a los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) desde 2013 revela una marcada oscilación en las prioridades estatales, lo que ha dificultado la consolidación de soluciones estructurales para el sistema penitenciario colombiano. En el periodo 2014-2018, bajo el lema “Todos por un nuevo país”, el énfasis estuvo puesto en la promoción de la paz y la equidad. Sin embargo, en materia carcelaria, este PND se limitó a dar continuidad a las obras previamente iniciadas, siguiendo las directrices del CONPES 3871 del 3 de noviembre 2016, sin generar transformaciones de fondo en la infraestructura o en la gestión del hacinamiento.

El PND 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, adoptó un discurso más enfático en torno a la “cultura de la legalidad” y prometió una expansión

“

“LAS DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA NO SE RESTRINGEN A LA EDIFICACIÓN DE NUEVOS CENTROS. EL MANTENIMIENTO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES HA RESULTADO IGUALMENTE

significativa de la capacidad carcelaria. Se anunció la creación de más de 9.000 nuevos cupos mediante el CONPES 4082, respaldada por una inversión superior a los 850 mil millones de pesos. No obstante, la realidad de la ejecución contrastó con las expectativas: el avance fue lento y buena parte de las obras inicialmente programadas para concluir en 2022 fueron postergadas para los años 2025 y 2026, perpetuando así el rezago en la atención a la crisis penitenciaria.

El actual PND 2022-2026, titulado “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, ha intentado redirigir la política penitenciaria hacia la “humanización” y la “justicia restaurativa”. En este marco, se han presentado proyectos para la construcción de cárceles con enfoque diferencial —como el indígena y el de género— y se ha promulgado la Ley 2292 de 2023, que

permite sustituir la prisión por trabajo comunitario para mujeres cabeza de familia. Sin embargo, el Auto 1667 de 2025 de la Corte Constitucional hace énfasis en que la implementación de estas medidas ha sido marginal y advierte sobre la persistencia de “inercias administrativas” que continúan obstaculizando el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.

Desde el año 2013, la estrategia del Estado colombiano ha estado centrada en la ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria. En este sentido, se han registrado avances en la construcción de nuevos centros de reclusión en regiones como Riohacha, Magdalena y Risaralda, con la proyección de generar 5.196 cupos adicionales y una inversión estimada en 780 mil millones de pesos.

No obstante, la trayectoria de la política de infraestructura carcelaria evidencia una constante de promesas incumplidas y obras inconclusas o afectadas por irregularidades. Un ejemplo emblemático lo constituye la cárcel de Buga, cuya construcción estuvo paralizada durante seis años y solo fue reactivada en 2025. Este caso resulta ilustrativo de las limitaciones de la USPEC para llevar a cabo proyectos de gran escala y resalta los problemas estructurales en la ejecución de la política de ampliación de cupos.

Las deficiencias en materia de infraestructura no se restringen exclusivamente a la edificación de

nuevos centros. El mantenimiento de los establecimientos existentes ha resultado igualmente precario. Así, en 2025, la Contraloría General de la República reportó que no existía un contrato vigente para la provisión de soluciones tecnológicas en la USPEC/INPEC, lo cual provocó la paralización de audiencias virtuales y la interrupción de trámites administrativos para la gestión de beneficios penales. Esta situación impactó de manera directa la libertad de personas que ya habían cumplido su condena, evidenciando que la ineficiencia administrativa trasciende el ámbito físico y compromete el goce efectivo de derechos fundamentales.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y GENERACIÓN DE CUPOS (2016-2026)

El esfuerzo persistente para la creación de cupos carcelarios ignora la advertencia de la sentencia T-388: el sistema sigue produciendo personas privadas de la libertad a una tasa mayor de la que el Estado puede construir celdas. A partir de la elemental lógica de los hechos, la situación dista de tener solución.

POPULISMO PUNITIVO: EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS Y LA INFLACIÓN PENAL

El juicio de conformidad evidencia una clara disonancia entre lo que la Corte Constitucional ha solicitado y la manera en que el Congreso de la República actúa. Mientras la Corte insiste en la necesidad de adoptar enfoques racionales en materia penal, el Congreso ha respondido con

Representación de la proporción porcentual de conductas punibles.

Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

una tendencia marcada hacia el populismo punitivo. Entre 2013 y 2024, se han impulsado numerosas reformas penales que buscan incrementar los mínimos y máximos de las penas, eliminar beneficios penales y restringir subrogados, especialmente para aquellos delitos que generan gran impacto mediático. Esta postura parte de la premisa de que el aumento de la severidad de las penas constituye el principal mecanismo de prevención del delito, sin considerar que la certeza de la sanción —es decir, la eficacia judicial— resulta mucho más determinante que la magnitud de la pena.

Ejemplos claros de este endurecimiento legislativo se encuentran en leyes como la Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio, y la Ley 1773 de 2016, orientada a castigar las lesiones causadas con ácido y agentes químicos. Ambas leyes han creado tipos penales autónomos con sanciones particularmente drásticas, respondiendo a demandas sociales legítimas, aunque sin un análisis previo sobre su impacto real en el sistema penitenciario ni en la manera en que se establecen como instrumentos útiles para erradicar estas formas de violencia de género de la sociedad. Asimismo, el endurecimiento en las penas se extiende a delitos contra el patrimonio económico; en particular, las penas por hurto calificado y extorsión se han duplicado en las últimas dos décadas.

Resulta indudable que las conductas mencionadas ameritan sanciones privativas de la libertad, pues

quienes las perpetran representan un riesgo real tanto para la sociedad como para la integridad física de las víctimas. No obstante, es fundamental reflexionar sobre qué comportamientos, en realidad, no justifican una respuesta tan severa por parte de la política criminal del Estado. Esta distinción es clave para evitar

el uso indiscriminado de la prisión, reservando las penas más gravosas para los delitos que verdaderamente atentan contra bienes jurídicos fundamentales, y abriendo la puerta a alternativas más proporcionales y eficaces para conductas de menor lesividad.

EVOLUCIÓN DE LA SEVERIDAD PUNITIVA EN EL CÓDIGO PENAL (2000 VS. 2024)

LA PARADOJA DEL SISTEMA PENAL COLOMBIANO: MÁS

PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y MÁS REINCIDENCIA

El sistema penal colombiano enfrenta una contradicción fundamental: aunque hoy hay más personas privadas de la libertad que en cualquier otro momento, la percepción de impunidad sigue siendo alta. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), durante el año 2023 se registraron 1.864.518 noticias criminales en el sistema. Sin embargo,

la gran mayoría de estas (98.1% de las inactivas) nunca avanzaron más allá de la etapa de indagación inicial. Este panorama revela que el sistema funciona en la “captura y encierro” de individuos, especialmente en casos de flagrancia por delitos menores, pero resulta sumamente ineficiente cuando se trata de “investigar y sentenciar” delitos de mayor complejidad o para desestimular la reincidencia.

Ante la imposibilidad del Estado de seguir ingresando personas a cárceles

“

“EN UN PERIODO DE DIEZ

AÑOS, EL INDICADOR

DE REINCIDENCIA HA AUMENTADO EN 8,3 PUNTOS

PORCENTUALES”

nacionales saturadas, se ha permitido la consolidación de un “sistema paralelo” de reclusión en los Centros de Detención Transitoria (CDT). Estos espacios, cuya función legal se limita a albergar personas por un máximo de 36 horas, han evolucionado en la práctica a convertirse en prisiones de facto, donde los sindicados permanecen detenidos durante largos periodos de tiempo.

En 2022, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a estos centros de detención por medio de la sentencia SU-122 de 2022. Las condiciones en los CDT son, por definición, inhumanas y ampliamente documentadas por la Corte: estaciones de policía diseñadas para albergar a 80 personas terminan acumulando 240 detenidos en promedio; las celdas carecen de luz y ventilación, obligando a los internos a dormir por turnos o colgados en hamacas improvisadas; y existe una ausencia

total de servicios de salud, mientras la alimentación de los detenidos depende de sus familias ante la inexistencia de contratos estatales para cubrir estas necesidades.

El Auto 1667 de 2025 ratifica que el uso permanente de estaciones de policía como centros de reclusión constituye una violación sistemática de los derechos fundamentales. Además, el plan de acción del gobierno nacional para resolver esta problemática contempla una ejecución a seis años, lo que anticipa la persistencia de la crisis a largo plazo.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el concepto de reincidencia carcelaria se refiere a aquellas personas que, tras haber cumplido previamente una condena, vuelven a ingresar al sistema penitenciario por la comisión de nuevos delitos. Este fenómeno evidencia que una fracción significativa de la población privada de la

libertad tiene antecedentes de ingreso previo al sistema carcelario, lo que supone retos adicionales para la resocialización y la efectividad de las sanciones penales.

A marzo de 2026, la tasa de reincidencia entre las personas condenadas bajo modalidad intramural alcanzó el 25,8%. Esta cifra representa un incremento considerable respecto a la registrada en marzo de 2016, cuando la reincidencia carcelaria era del 17,5%. En un periodo de diez años, por tanto, el indicador de reincidencia ha aumentado en 8,3

puntos porcentuales, lo que revela la tendencia persistente y creciente de retorno a la privación de la libertad por parte de quienes ya han sido condenados o, por lo menos sometidos a medidas de aseguramiento, con anterioridad.

EL MODELO DE ALTERNATIVIDAD PENAL EN COLOMBIA REQUIERE UNA EVALUACIÓN EXHAUSTIVA

La alternatividad penal, entendida como la posibilidad de imponer sanciones distintas a la privación de la

Representación de instalaciones de una carcel de Colombia. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

“EL SISTEMA PRIVILEGIA

LA PENA PRIVATIVA DE

LIBERTAD INTRAMURAL

NO POR SU EFICACIA

RESOCIALIZADORA, SINO POR UNA INERCIA

QUE CONSIDERA LA CÁRCEL COMO LA ÚNICA

RESPUESTA VÁLIDA

FRENTE AL DELITO”

libertad intramural, ha sido un recurso previsto tanto en el Código Penal como en el Código de Procedimiento Penal. Estas normas contemplan medidas como la prisión domiciliaria y la libertad condicional que, en teoría, deberían contribuir a la descongestión del sistema carcelario y a la resocialización efectiva de los condenados. Sin embargo, en la práctica, el marco legal ha restringido progresivamente su aplicación, excluyendo cada vez más conductas de estos beneficios.

Un elemento central de esta restricción es el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, que establece las circunstancias que devienen en prohibiciones para la concesión de penas alternativas. Esta normativa dificulta que los jueces puedan aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, obligándolos a optar por la privación

de libertad incluso en casos donde las circunstancias permitirían una medida menos gravosa. De este modo, la flexibilidad judicial queda anulada por un marco legal excesivamente punitivo, lo que contrasta con una percepción ciudadana que critica a la justicia por su laxitud particularmente con el tratamiento penal de las personas que cometen delitos asociados a la seguridad ciudadana.

La situación se agrava incluso cuando existen leyes diseñadas para mitigar la presión sobre el sistema penitenciario. Por ejemplo, la Ley 2292 de 2023, orientada a beneficiar a mujeres cabeza de familia, ha tenido un impacto muy limitado. Según el Auto 1667 de 2025, persisten obstáculos que dificultan la aplicación de estas alternativas: los jueces de ejecución de penas imponen barreras adicionales y la falta de articulación por parte de la USPEC impide la implementación de mecanismos de control como los brazaletes electrónicos, indispensables para garantizar el cumplimiento de las sustituciones de pena.

En definitiva, el sistema privilegia la pena privativa de libertad intramural no por su eficacia resocializadora, la cual es casi que imposible en condiciones de hacinamiento, sino por una inercia que considera la cárcel como la única respuesta válida frente al delito. Esta tendencia perpetúa la crisis humanitaria y la sobrepoblación carcelaria, evidenciando la necesidad de evaluar de manera exhaustiva las reglas de alternatividad que hoy rigen en Colombia.

“

“LO QUE

SE

REQUIERE

ES LA ADOPCIÓN DE UNA AUTÉNTICA

POLÍTICA CRIMINAL DE ESTADO, QUE SEA

COHERENTE EN EL TIEMPO, CONSISTENTE

de organismos de la sociedad civil y de la academia en la construcción de indicadores de seguimiento, alertada por la Comisión de Seguimiento en 2025, sugiere un intento de las autoridades por darle una presentación mejor a las cifras de una crisis que, evidentemente, es imposible de ocultar.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: HACIA UNA POLÍTICA CRIMINAL DE ESTADO

El persistente incumplimiento de las sentencias T-153 y T-388 no es un error administrativo; es el resultado de una política criminal que no se armoniza con la situación descrita por la Corte. El Estado, de forma consciente o no, ha preferido enfrentar incidentes de desacato antes que emprender una reforma de su política criminal. La Corte Constitucional ha señalado la existencia de un “bloqueo institucional” donde las entidades se culpan mutuamente: el INPEC culpa a la USPEC por la falta de cupos; la USPEC culpa al Ministerio de Hacienda por falta de recursos; y el Ministerio de Justicia culpa a los entes territoriales por no construir cárceles para sindicados.

Este juego de responsabilidades diluye la obligación del Estado como garante de los derechos de las personas bajo su sujeción. La exclusión

El verdadero camino para superar de manera definitiva el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano exige dejar atrás la lógica reactiva, limitada a respuestas coyunturales o medidas de emergencia. La experiencia ha demostrado que atender únicamente las crisis inmediatas perpetúa la ineficiencia, el hacinamiento y la vulneración sistemática de derechos fundamentales en centros de detención, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.

Lo que se requiere, entonces, es la adopción de una auténtica política criminal de Estado, que sea coherente en el tiempo, consistente en su aplicación y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esta política no puede reducirse a la construcción de nuevas cárceles como única solución, pues la evidencia muestra que la expansión de la infraestructura penitenciaria no ha resuelto el problema de fondo. Por el contrario, la clave está en transformar

el paradigma: se debe encarcelar menos, pero hacerlo mejor, reservando la privación de la libertad para los casos que realmente lo ameriten y apostando por alternativas penales que promuevan la resocialización y el respeto a la dignidad humana.

Solo mediante un enfoque integral, que combine reformas normativas, corresponsabilidad institucional y territorial, fortalecimiento de la resocialización y tecnificación de los sistemas de control y gestión, será posible avanzar hacia la superación real del ECI. De lo contrario, cualquier intento quedará reducido a paliativos temporales, incapaces de erradicar la crisis humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario colombiano.

Representación de instalaciones de una carcel de Colombia.

Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

A marzo de 2026, el INPEC informa que 18.454 personas sindicadas permanecen en reclusión intramural. Llama la atención que algo más de un tercio de ellas lleva al menos 26 meses detenida, aún a la espera de la resolución de su situación jurídica.

PROPUESTAS DE REFORMA ESTRUCTURAL PARA LA SUPERACIÓN DEL ECI

Reforma integral al Código Penal

Una transformación profunda del Código Penal resulta indispensable para depurar el catálogo de delitos y sanciones existentes. Es necesario despenalizar conductas que pueden ser abordadas eficazmente a través de mecanismos alternativos como

Fuente: CEJ

Representación de instalaciones de una carcel de Colombia. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

la justicia restaurativa o el derecho policivo, permitiendo así una solución más adecuada y menos gravosa. Además, se debe establecer un criterio de proporcionalidad auténtico entre el daño social causado y la sanción impuesta, de modo que el sistema penal responda con justicia y equidad a las distintas realidades sociales.

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Racionalización de la Medida de Aseguramiento

La libertad debe ser la regla general durante el proceso penal. Para ello, los jueces tienen la obligación de justificar de manera rigurosa por qué una medida no privativa de la libertad sería insuficiente en un caso determinado. De esta manera, la prisión preventiva se limitaría exclusi-

vamente a situaciones donde exista una verdadera peligrosidad, riesgo de alterar el curso de la investigación, reincidencia o peligro de fuga, evitando así el uso indiscriminado de la detención preventiva y garantizando los derechos fundamentales de las personas procesadas.

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Corresponsabilidad Territorial Efectiva

La gestión de los sindicados debe recaer, en buena medida, en los entes territoriales, quienes tienen la obligación legal de garantizar centros de detención preventiva dignos. El Gobierno Nacional, por su parte, podría proveer incentivos financieros a través del Sistema General de Participaciones y facilitar proyectos tipo de construcción, para que alcaldías y

gobernaciones puedan cumplir con este deber. Una corresponsabilidad efectiva permitirá una distribución más equitativa de las cargas y una mejora sustancial en las condiciones de los privados de la libertad. De igual manera, regular este criterio de corresponsabilidad evitará que la responsabilidad política por la inoperancia tenga dolientes ante la ciudadanía.

Fortalecimiento de la Resocialización

La función de la pena solo adquiere sentido si contribuye a la preparación del individuo para su retorno a la sociedad. Para ello, es fundamental implementar programas de educación, trabajo remunerado y atención real en salud mental dentro de los centros de detención. El modelo

penitenciario debe evolucionar del “castigo aflictivo” hacia la “inclusión productiva”, promoviendo la reintegración social y el respeto a la dignidad humana de quienes cumplen condena.

Tecnificación y descongestión

La implementación de la interoperabilidad de datos entre la Fiscalía, el INPEC y el Consejo Superior de la Judicatura es una necesidad urgente. Un sistema automatizado para el cómputo de penas facilitaría la salida de las personas que ya tienen derecho a la libertad, eliminando la necesidad de trámites judiciales extenuantes y contribuyendo significativamente a la descongestión del sistema penitenciario.

Prevención de la reincidencia mediante programas de atención integral

Se recomienda fortalecer y expandir los programas de acompañamiento dirigidos a la población que recupera la libertad por pena cumplida, con el objetivo de reducir significativamente las tasas de reincidencia. Es fundamental que estas iniciativas incluyan apoyo integral en áreas como empleabilidad, educación, salud mental y reintegración social, para ofrecer oportunidades reales a quienes recuperan su libertad.

Asimismo, es necesario evaluar el incremento de la capacidad y cobertura de programas exitosos como Casa Libertad, que actualmente presenta

resultados positivos, pero resulta insuficiente frente al volumen de personas que salen en libertad por cumplimiento de pena. Ampliar estos esfuerzos permitirá atender mejor las necesidades de esta población y contribuir a la prevención de la reincidencia.

también a los centros de detención transitoria, donde las condiciones siguen siendo deficitarias.

El sistema penitenciario colombiano atraviesa una coyuntura crítica, marcada por la prolongada vigencia del Estado de Cosas Inconstitucional, que supera ya los veinticinco años. Aunque se han implementado reformas legales y se han construido nuevos cupos carcelarios, la problemática central —la deshumanización de la persona privada de libertad— continúa sin resolverse. Esta crisis ha evolucionado y se ha extendido

El análisis entre los mandatos de la Corte Constitucional y la realidad institucional revela una brecha significativa: las normas se orientan a privar de la libertad, pero el Estado demuestra una incapacidad persistente para garantizar una vida digna a quienes están bajo su custodia. Así, el sistema sigue legislando para encerrar, sin atender de manera efectiva las necesidades básicas y los derechos fundamentales de los reclusos.

Desde la creación de la Fiscalía en 1991, el enfoque del sistema penal ha privilegiado la cantidad de personas privadas de libertad sobre la calidad de la justicia impartida. Este crecimiento exponencial de la población carcelaria no ha generado

“

“LA DIGNIDAD HUMANA DE QUIENES SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LIBERTAD

Representación de instalaciones de una carcel de Colombia. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

mayor seguridad, sino que ha producido una sociedad más punitiva y, en cierta forma, más desigual.

La solución al ECI no se encuentra en la promulgación de nuevos planes de política pública (CONPES) ni en la construcción de cárceles de máxima seguridad. Por el contrario, requiere un cambio de voluntad política que reconozca que el derecho penal debe ser la última herramienta de intervención estatal en una democracia. Mientras persista el populismo punitivo y la inercia administrativa, tanto de la USPEC como del Ministerio de Justicia, los fallos de la Corte Constitucional permanecerán como voces solitarias en medio de una tragedia humanitaria que el país se niega a solucionar.

La dignidad humana de quienes se encuentran privados de libertad es el eje central que revela de alguna

forma el estado ético de la sociedad colombiana. Hoy, este indicador muestra una crisis profunda y sostenida, que pone en riesgo la legitimidad del sistema de justicia y exige una respuesta urgente. Es indispensable que la ciudadanía y las instituciones aborden la problemática penitenciaria desde un enfoque integral de derechos humanos y justicia social, promoviendo transformaciones que garanticen condiciones dignas, respeto y verdadera resocialización para las personas privadas de libertad. Solo así se podrá avanzar hacia una ordenamiento penal más armónico con la dignidad de todos sus ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA

MARCO CONCEPTUAL Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, constituye una de las piedras angulares del Estado Social de Derecho en Colombia. Esta garantía fundamental faculta a todas las personas para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, ya sea por motivos de interés general o particular, y para obtener una resolución pronta, de fondo y debidamente notificada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que el núcleo esencial de este derecho no se agota con la simple respuesta, sino que exige que la contestación sea clara, precisa, congruente con lo solicitado y que se comunique efectivamente al peticionario(Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020).

En el ámbito específico del acceso a la información, este derecho adquiere una dimensión instrumental de vital importancia para el ejercicio de la democracia y el control ciudadano. La Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición, y la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establecen que la información en posesión de los sujetos obligados se presume pública y solo puede ser

sometida a reserva bajo criterios legales estrictos y proporcionales. No obstante, el comportamiento institucional revela una brecha significativa entre el mandato normativo y la práctica administrativa, lo que ha convertido a la acción de tutela en el mecanismo de auxilio preferente para superar el silencio o la evasiva estatal para dar respuesta a aquello sobre lo cual es procurada para dar una respuesta.

La acción de tutela, por su naturaleza sumaria y preferente, ha asumido la carga de corregir las disfunciones del aparato administrativo. El derecho de petición es de aplicación inmediata, lo que significa que no requiere mediación legislativa para ser amparado por el juez constitucional. Sin embargo, esta facilidad de acceso ha derivado en una judicialización masiva de trámites que deberían resolverse, precisamente, ante las distintas dependencias de la administración pública. La relación entre el derecho de petición y el acceso a la administración de justicia es estrecha; muchas veces, la petición de información es el paso previo necesario para iniciar acciones judiciales de mayor complejidad, como la reparación directa o la nulidad de actos administrativos.

El seguimiento estadístico realizado por la Corte Constitucional permite identificar una tendencia de crecimiento sin precedentes en la demanda de justicia constitucional. Entre

los años 2020 y 2025, el volumen de acciones de tutela radicadas en Colombia experimentó un incremento del 216 %, pasando de 292.555 casos a 923.397. Este fenómeno refleja una dependencia estructural de la ciudadanía hacia el amparo judicial ante la ineficacia de los canales administrativos ordinarios que den respuesta en tiempo y forma a sus solicitudes.

En el año 2025, el derecho de petición nuevamente fue el derecho fundamental más invocado por los colombianos, superando al derecho a la salud. De las 923.397 tutelas totales, 413.977 estuvieron motivadas por la presunta vulneración del derecho de petición, lo que representa aproximadamente el 45 % de la litigiosidad constitucional del país. El volumen

de fallos proferidos por los despachos judiciales muestra un esfuerzo institucional masivo por evacuar la carga, aunque con un impacto directo en los tiempos de respuesta de la justicia ordinaria que se ve ralentizada debido a que los jueces se ven obligados a resolver acciones de tutela mientras aplazan la decisión de los asuntos para los cuales son competentes.

EVOLUCIÓN DE LA RADICACIÓN DE TUTELAS (2020-2025)

La efectividad de la acción de tutela para proteger el derecho de petición en 2025 muestra resultados diversos. De las 413.977 acciones tramitadas bajo este concepto, 149.346

fueron concedidas (36 %), mientras que 149.160 se resolvieron bajo la figura de “hecho superado” (36 %). La alta frecuencia de hechos superados indica que las entidades accionadas suelen responder a la petición original únicamente tras la notificación de la demanda de tutela, utilizando al juez como un agente de presión para cumplir con términos que ya habían expirado.

RESULTADOS DE LAS DECISIONES JUDICIALES

CONTENIDOS CEJ

Territorialmente, la carga se concentra en las principales zonas urbanas y administrativas del país. Bogotá, como epicentro de las entidades del orden nacional, registró el mayor número de tutelas concedidas por derecho de petición con 30.354 casos, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

1

Fuente: Corte Constitucional.

TABLA

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TUTELAS CONCEDIDAS POR DERECHO DE PETICIÓN (2025)

TABLA 2

Departamento / Ciudad Tutelas Concedidas

Fuente: Corte Constitucional.

EL FENÓMENO DEL

DESACATO: INCUMPLIMIENTO Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL

El incidente de desacato es el mecanismo procesal diseñado para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en los fallos de tutela. Sin embargo, las estadísticas muestran que una proporción significativa de las órdenes judiciales no se cumplen de manera voluntaria o inmediata (32,7 % de las tutelas concedidas en 2025 por derecho de petición), lo que obliga al ciudadano a iniciar un nuevo trámite sancionatorio contra el servidor público o particular responsable que, en la práctica se convierte

“ “TERRITORIALMENTE, LA CARGA SE CONCENTRA

EN LAS PRINCIPALES ZONAS URBANAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PAÍS”

en otra suerte de proceso, en tanto supone desarrollar una serie de etapas que de suyo implican una mayor actividad judicial y, por supuesto, un desgaste adicional para las partes.

El incumplimiento de las órdenes de tutela no solo vulnera el derecho fundamental del peticionario, sino que erosiona la autoridad del juez y genera una carga administrativa adicional al sistema judicial. La persistencia en el desacato a menudo deriva de fallas estructurales en las entidades, como la falta de recursos técnicos para localizar información o la ausencia de protocolos para la entrega de documentos que incluso, en ocasiones, se encuentran sujetos a reserva.

IMPACTO DE LA TUTELA EN LA CONGESTIÓN JUDICIAL: UN ANÁLISIS DE CAPACIDAD OPERATIVA

La masificación de la tutela ha transformado la fisonomía de la administración de justicia en Colombia. En 2025, la Rama Judicial recibió un total de 3.468.467 expedientes de todas las jurisdicciones, de los cuales el 41,1 % correspondieron exclusivamente a tutelas e impugnaciones. Esta situación obliga a que la mayoría de los 6.171 despachos judiciales activos del país deban priorizar el trámite de amparo sobre sus competencias ordinarias en materia penal, civil, laboral y de familia. (Consejo Superior de la Judicatura, s.f.)

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE PROCESOS POR JURISDICCIÓN Y ESPECIALIDAD (2024)

VER TABLA 3

El impacto de la tutela es particularmente visible en la Jurisdicción Ordinaria, que asume el 84 % de la carga total del sistema con 5.460 despachos.

La especialidad de familia presenta la menor capacidad de solución (69 %), lo que sugiere discurrir acerca de que el trámite preferente de las tutelas — que en muchos casos involucran peticiones de información simple— podría estar desplazando la resolución de conflictos sustanciales que afectan a sujetos de especial protección. (Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 2025)

La magistratura ha manifestado su preocupación por el “efecto significativo” que la tutela tiene sobre la capacidad operativa de los despachos. La congestión no solo se mide por el número de expedientes, sino por el tiempo que los jueces dejan de dedicar a procesos complejos para resolver la inacción de las entidades públicas que deberían evitar esta situación gestionando de manera eficiente las peticiones que reciben.

ENTIDADES ACCIONADAS Y PATRONES DE LITIGIOSIDAD

El perfil de las entidades accionadas permite identificar los cuellos de botella de la administración pública. El sector salud, los sistemas de seguridad social, el sector defensa y las agencias encargadas de la atención a víctimas son los focos de mayor litigiosidad por derecho de petición.

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura.

ENTIDADES CON MÁS

ACCIONES DE TUTELA (CIFRAS CONSOLIDADAS 2022-2024)

En el caso de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la litigiosidad está intrínsecamente ligada a peticiones de información sobre el estado de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la entrega de ayudas humanitarias. En el sector salud,

TABLA 4 (CORTE CONSTITUCIONAL, AUTO A-1280 DE 2028)

Sector Salud

Fuerzas Armadas INPEC

Colpensiones / AFP las peticiones suelen versar sobre la autorización de medicamentos o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), lo que demuestra que la tutela se utiliza para forzar la operatividad básica del sistema, una suerte de mecanismo para provocar el cumplimiento de las obligaciones de hacer a cargo del Estado. EL DESAFÍO DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Ley 1712 de 2014 estableció un estándar elevado de transparencia activa, obligando a las entidades a publicar información sin necesidad de peticiones previas. No obstante, los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación señalan que el cumplimiento de esta ley es aún incipiente en muchos niveles del Estado. El acceso a la información pública de víctimas, personas privadas de la libertad y minorías étnicas sigue enfrentando barreras burocráticas que solo se rompen mediante la intervención judicial.

Un caso ilustrativo es la sentencia T-272 de 2023, donde se protegió el derecho de petición de comunidades indígenas ante la falta de respuesta de autoridades ambientales y territoriales, subrayando que el silencio administrativo en estos contextos no solo vulnera el artículo 23 constitucional, sino que impide el diálogo cultural y la protección del territorio. De igual manera, en procesos de restitución de tierras, el acceso a la información es fundamental para que las víctimas puedan acreditar su condición y sus derechos sobre los predios, tal como se discute en la sentencia de unificación SU-088 de 2025.

PERSPECTIVAS FUTURAS Y RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES

La sostenibilidad del modelo de protección de derechos en Colombia depende de la capacidad del Estado para desjudicializar la vida cotidiana.

Si la acción de tutela continúa siendo la única forma efectiva de obtener una respuesta de la administración, la congestión judicial no se resolverá con más jueces, sino que se desplazará de una especialidad a otra.

Fortalecimiento del control disciplinario: Es imperativo que la Procuraduría General de la Nación vincule la evaluación de desempeño de los servidores públicos con el cumplimiento de los términos de los derechos de petición. El silencio injustificado debe tener efectos materiales para el funcionario que despliega la conducta, más allá de aquellos que incorpore el fallo de tutela.

Interoperabilidad de sistemas de información: Las entidades deben avanzar en la creación de bases de datos compartidas que permitan al ciudadano consultar sus trámites sin necesidad de radicar nuevas

“

“LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO

peticiones. La “carpeta ciudadana digital” es un proyecto que debe seguir avanzando hacia propósitos de esta naturaleza.

Sanciones efectivas al desacato: Los jueces deben utilizar con mayor rigor las multas más que los arrestos en casos de incumplimiento sistemático por parte de cabezas de sector, para que el costo político y administrativo del desacato sea superior al costo de organizar una respuesta eficiente.

Educación ciudadana: Promover el uso responsable de la tutela, informando sobre los requisitos de procedencia y las consecuencias de la temeridad, para que el sistema se reserve para los casos de verdadera amenaza a derechos fundamentales.

Uso de inteligencia artificial en la gestión de asuntos simples: Con el objetivo de aumentar la eficiencia administrativa en el sector público, se puede impulsar la transformación digital a medio de tecnologías

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como la IA. Así, sería posible atender solicitudes sencillas, repetitivas o meramente informativas de forma automatizada, reservando únicamente los casos más complejos para la revisión directa de funcionarios públicos.

El panorama actual, con cerca de 1 millón de tutelas al año, es un llamado de alerta sobre la salud del sistema democrático. El derecho de petición de información no debe ser una batalla legal, sino un trámite transparente y fluido en una sociedad abierta. La justicia constitucional ha cumplido su papel de salvaguar-

da, pero es hora de que la eficiencia administrativa tome el relevo para evitar el colapso del aparato judicial colombiano.

Aunque el derecho de petición constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho en Colombia y una herramienta indispensable para la participación democrática y el control ciudadano, enfrenta desafíos estructurales que afectan tanto su ejercicio como la eficiencia de la justicia constitucional. La acción de tutela se ha convertido en el mecanismo de protección más recurrido,

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reflejando la falta de confianza de la ciudadanía en la capacidad de respuesta de la administración y generando una sobrecarga en los despachos judiciales.

El incremento del desacato y el crecimiento acelerado de las acciones de tutela evidencian una urgente necesidad de fortalecer los canales administrativos, optimizar la interoperabilidad de la información y aplicar sanciones efectivas frente al incumplimiento de las órdenes judiciales. Sin una intervención decidida para desjudicializar los trámites cotidianos y fomentar el cumplimiento voluntario de los derechos fundamentales, la congestión judicial persistirá, afectando la resolución de asuntos de mayor complejidad y relevancia social.

En definitiva, la sostenibilidad del modelo de protección de derechos en Colombia requiere un cambio cultural e institucional: la administración debe asumir un rol proactivo en la garantía del derecho de petición y la ciudadanía debe ser instruida en el uso responsable de los mecanismos judiciales. Solo así se evitará el colapso del sistema y se fortalecerá la democracia, asegurando que el acceso a la información y la respuesta estatal sean la norma y no la excepción.

BIBLIOGRAFÍA

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CONSULTE EL INFORME

LA RECONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS EN LA ERA DIGITAL.

ANÁLISIS DEL VEREDICTO K.G.M.

CONTRA META PLATFORMS Y YOUTUBE LLC

Representación de procesos judiciales en curso con estilo de ilustración de periódicos en Norteamérica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

El 25 de marzo de 2026, un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles emitió un veredicto histórico en el caso K.G.M. v. Meta Platforms, Inc. & YouTube LLC (JCCP 5255). Por primera vez en la historia judicial de los Estados Unidos, se determinó que el diseño algorítmico de las redes sociales puede ser calificado como un producto defectuoso, superando la inmunidad tradicional que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones había otorgado a las empresas tecnológicas. Este artículo analiza los fundamentos fácticos de la condena, la innovadora estrategia legal de la demandante para eludir los precedentes aplicables, los argumentos de la defensa y las perspectivas de los recursos de apelación interpuestos.

EL CUESTIONAMIENTO DE LA “INMUNIDAD ALGORÍTMICA”

Durante tres décadas, la industria tecnológica estadounidense operó bajo la premisa de que las plataformas digitales eran simples conductos neutrales de información. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 consolidó esta visión al establecer que los proveedores de servicios interactivos no serían tratados como los editores o autores de la información proporcionada por terceros. Sin embargo, el veredicto del 25 de marzo de 2026 en Los Ángeles marca lo que expertos legales denominan el “momento Big Tobacco” de Silicon Valley . El juicio no se centró en el contenido que los usuarios publican, sino en la

ingeniería misma del software, estableciendo que la arquitectura de la información —como el desplazamiento infinito y las notificaciones variables— constituye una conducta corporativa sujeta a las leyes de responsabilidad por productos defectuosos.

El litigio, identificado como un juicio bellwether o caso de referencia para lo que se estima pueden llegar a ser más de 10,000 demandas similares sólo en los Estados Unidos, tuvo como protagonista a Kaley G.M., una joven de 20 años oriunda de Chico, California.

La evidencia presentada ante el jurado reveló que Kaley inició su interacción con el ecosistema digital a una edad alarmantemente temprana: a los 6 años comenzó a usar YouTube y a los 9 años creó su cuenta en Instagram. La demandante alegó que las

“

“POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA JUDICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, SE DETERMINÓ QUE EL DISEÑO ALGORÍTMICO DE LAS REDES

plataformas emplearon técnicas de diseño persuasivo inspiradas en la neurobiología de las máquinas tragamonedas para maximizar el compromiso (engagement) de los menores usuarios de este tipo de servicios.

Al decir de los abogados de la parte demandante la joven desarrolló cuadros severos de depresión mayor, ansiedad generalizada, dismorfia corporal y episodios de ideación suicida. Testimonios de expertos en medicina de la adicción de la Universidad de Stanford, como la Dra. Anna Lembke, explicaron que las funciones del diseño algorítmico activan las mismas vías dopaminérgicas que el juego compulsivo o el consumo de sustancias. Kaley llegó a registrar periodos de uso de hasta 16 horas dia-

rias, manifestando una incapacidad absoluta para desconectarse, incluso ante situaciones de acoso escolar en línea.

ESTRATEGIA PROCESAL: EL SALTO DEL “CONTENIDO” AL

“DISEÑO”

El éxito de la demandante radicó en una innovación dogmática liderada por el abogado Mark Lanier . En lugar de demandar por los efectos del contenido publicado por otros usuarios —estrategia que habría sido bloqueada por la inmunidad de la Sección 230—, la parte actora articuló su pretensión sobre la base de la responsabilidad por productos defectuosos y la negligencia en el diseño.

Representación de procesos judiciales en curso con estilo de ilustración de periódicos en Norteamérica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

El equipo legal de la parte demandante argumentó que las siguientes características no son neutras, sino componentes peligrosos de un producto:

Infinite Scroll (Desplazamiento Infinito): Diseñado para eliminar los puntos de parada naturales del consumo.

Autoplay (Reproducción Automática): Que obliga a la visualización continua sin una decisión consciente del usuario.

Notificaciones de Recompensa Variable: Que imitan la mecánica de azar de los casinos.

CONTENIDOS CEJ

Filtros de Belleza: Calificados como factores determinantes en la erosión de la autoestima y la generación de dismorfia corporal.

La Jueza Carolyn B. Kuhl validó esta distinción en sus órdenes previas al juicio de noviembre de 2025, permitiendo que el jurado evaluara si estas funciones, de forma independiente al contenido, podían o no causar daño.

Tras nueve días de deliberación, el jurado compuesto por doce personas determinó, por una mayoría de 10 a 2, que Meta y Google fueron negligentes en el diseño de sus plataformas y fallaron en su deber de advertir sobre los riesgos de adicción que podrían generarse en usuarios jóvenes.

“

“EL JURADO ASIGNÓ UNA MAYOR

CARGA DE RESPONSABILIDAD A META DEBIDO A QUE EL DISEÑO DE INSTAGRAM SE CONSIDERÓ

INTRÍNSECAMENTE MÁS ADICTIVO Y PERJUDICIAL PARA EL DESARROLLO DE MENORES DE EDAD”

El tribunal impuso una condena total de $6,000,000 USD, desglosada de la siguiente manera: El jurado asignó una mayor carga de responsabilidad a Meta debido a que el diseño de Instagram se consideró intrínsecamente más adictivo y perjudicial para el desarrollo de menores de edad. Los daños punitivos se activaron debido a que el jurado consideró que existía evidencia de “malicia, opresión o fraude”, tras conocerse documentos internos donde las empresas admitían conocer los riesgos para los usuarios de las plataformas, pero decidieron priorizar el crecimiento de las métricas sobre la seguridad.

LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

Tanto Meta Platforms como Google (YouTube) han confirmado su intención de apelar el veredicto, alegando que el fallo desnaturaliza la ley federal y la ciencia médica. Los puntos

centrales de sus recursos, según ha trascendido a la opinión pública, serán:

Interpretación

de la Sección 230: En la apelación presentada por Meta Platforms y Google, uno de los puntos principales se centra en la interpretación de la Sección 230 de la legislación federal de Estados Unidos. Ambas compañías argumentan que el diseño de sus plataformas y la entrega de contenido están interconectados, lo que impide una diferenciación clara entre ambos aspectos. En consecuencia, sostienen que imponer sanciones sobre la presentación de información equivale a atribuir a las plataformas responsabilidad por decisiones editoriales, las cuales consideran protegidas por la ley vigente. Por ello, afirman que el fallo del jurado contradice los prin-

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cipios consagrados en la Sección 230, defendiendo que la responsabilidad editorial por el diseño de algoritmos o interfaces no debe recaer en las empresas tecnológicas, ya que esto infringiría las garantías legales establecidas por dicha norma.

Protecciones de la Primera

Enmienda: La defensa insistirá en que los algoritmos de recomendación son una forma de expresión protegida y que el veredicto constituye una censura inconstitucional de su derecho a organizar y curar información.

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Desconexión del Nexo Causal: Meta sostuvo durante el juicio que las patologías de la

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demandante derivaban de un entorno familiar turbulento, no del uso de aplicaciones digitales. En la apelación, discutirán la validez de los testimonios expertos que relacionan el diseño algorítmico con diagnósticos clínicos de adicción que no están formalmente reconocidos en todos los manuales psiquiátricos.

Naturaleza de las Plataformas: Específicamente, Google argumentará que el tribunal “malinterpretó” el servicio que presta YouTube al tratarlo como una red social, cuando es en realidad una plataforma de streaming de video comparable a la televisión tradicional, construida de forma responsable.

Representación de procesos judiciales en curso con estilo de ilustración de periódicos en Norteamérica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

RIESGOS FUTUROS Y EL NUEVO PARADIGMA DE RESPONSABILIDAD

El veredicto de Los Ángeles, indica un cambio fundamental en las discusiones jurídicas sobre estas materias, por lo menos, en Estados Unidos. En la actualidad, existen más de 2,400 demandas similares centralizadas en cortes federales de California (MDL 3047) y otras miles en cortes estatales. Este primer veredicto actúa como un validador de la teoría del “diseño defectuoso”, lo que podría forzar a las empresas a negociar acuerdos extrajudiciales masivos que según estimaciones preliminares podrían llegar a tener un costo de entre $10,000 y $50,000 millones de dólares para evitar futuros juicios ante jurados ciudadanos que podrían tener de forma conjunta valores superiores.

El riesgo más significativo para las compañías involucradas y para los demás actores de esta industria no es la cuantía económica de este caso particular, sino la posibilidad de que futuras sentencias u órdenes de cese y desistimiento obliguen a eliminar funciones centrales de sus modelos de negocio, como la reproducción automática o los muros de contenido personalizado para menores de edad.

El caso K.G.M. v. Meta & Google representa la primera fractura real en la estructura jurídica de la que habían disfrutado las grandes empresas de internet en los Estados Unidos. Al reconocer que los algoritmos no son herramientas neutrales sino productos que pueden ser “defectuosos” si están diseñados para explotar vulnerabilidades biológicas, el sistema judicial ha iniciado una era de debida diligencia algorítmica entendida como el proceso proactivo y sistemático de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos —técnicos, sociales y éticos— que los sistemas basados en algoritmos pueden generar antes y después de su despliegue. A diferencia de una auditoría técnica tradicional, este concepto implica un examen holístico que evalúa si el algoritmo es “apto para el propósito para el que fue creado” y si está alineado con los valores sociales y los derechos fundamentales.

Infografía creada con gemini sobre la síntesis del caso K.G.M. Vs Meta y Google.

En el marco de la reciente jurisprudencia contra Meta y Google, este concepto ha evolucionado desde una recomendación ética hacia un estándar de responsabilidad legal que puede resumirse de la siguiente manera:

1. EL MARCO OPERATIVO DE LA OCDE (SEIS PASOS)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido un estándar global para la Inteligencia Artificial responsable, estructurado en un ciclo continuo:

Integración de políticas: Incorporar la conducta empresarial responsable en los sistemas de gestión interna.

Identificación de riesgos: Realizar un ejercicio de “scoping”

para detectar dónde pueden ocurrir los daños más significativos (ej. adicción en menores).

Prevención y mitigación: Cesar las actividades que causan daño y aplicar planes para evitar impactos futuros.

Seguimiento y monitoreo: Evaluar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.

Comunicación externa: Informar de manera transparente sobre cómo se abordan los riesgos.

Remediación: Cooperar en la reparación del daño cuando el sistema ha afectado efectivamente a los usuarios.

2. COMPONENTES TÉCNICOS Y DE DISEÑO

La debida diligencia exige “mirar debajo del carro” en los sistemas complejos para evitar el efecto de “caja negra”:

Evaluación de Datos: Analizar la calidad y los sesgos de los conjuntos de datos de entrenamiento para evitar resultados discriminatorios o predatorios.

Evaluación de la Lógica: Auditar el diseño del algoritmo (ej. el uso de recompensas variables y infinite scroll) para asegurar que no explota vulnerabilidades neurobiológicas.

Transparencia y Explicabilidad: Garantizar que las decisiones del sistema puedan ser comprendidas y justificadas ante reguladores y usuarios.

3. SEGURIDAD POR DISEÑO (SAFETY BY DESIGN)

Este enfoque desplaza la responsabilidad desde la moderación de contenidos (reactiva) hacia la arquitectura de la información (proactiva). La debida diligencia algorítmica requiere anticipar cómo un sistema puede ser “armonizado” o causar daños a escala antes de que el primer usuario se registre. En el caso de redes sociales, implica cuestionar si funciones orientadas exclusivamente al engagement (compromiso) son compatibles con el deber de cuidado hacia menores.

4. IMPACTO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El veredicto de Los Ángeles valida que el incumplimiento de la debida diligencia algorítmica es una forma de negligencia corporativa. Las empresas ya no pueden alegar ignorancia si:

“ESTA INDUSTRIA YA NO PODRÁ IGNORAR QUE

Tenían conocimiento interno de los riesgos (ej. informes sobre salud mental juvenil).

Ignoraron advertencias de sus propios expertos sobre la peligrosidad del diseño.

Fallaron en implementar controles adecuados, como la verificación efectiva de edad o límites de uso por defecto.

En resumen, la debida diligencia algorítmica transforma el software de ser un “conducto neutral” a ser un producto bajo vigilancia, donde el

CONTENIDOS CEJ

fabricante tiene la obligación legal de garantizar que su arquitectura no presente riesgos irrazonables para la integridad de los consumidores. Independientemente del resultado final en las cortes de apelación, esta industria ya no podrá ignorar que la arquitectura invisible de sus plataformas tiene consecuencias tangibles en el mundo físico y que el costo de la adicción digital está empezando a ser cuantificado por los tribunales lo que en términos prácticos se establece como un riesgo relevante en su modelo de operación.

Representación de procesos judiciales en curso con estilo de ilustración de periódicos en Norteamérica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

BIBLIOGRAFÍA

Escrito por:

Iris Marín Ortiz - Defensora del Pueblo

Jhonny Marcel Díaz - Director Nacional de Defensoría Pública

1. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Hablar de defensa técnica de calidad no debería ser una aspiración, sino un presupuesto básico del proceso penal. Una defensa meramente formal, que no actúe de manera diligente, equivale en la práctica a la ausencia de defensa y termina legitimando el poder punitivo del Estado sin garantizar un juicio justo.

La asistencia jurídica prestada a personas en situación de vulnerabilidad debe garantizar condiciones equivalentes de oportunidad y calidad a las de quienes pueden contratar una defensa privada, especialmente cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “la designación de un defensor de oficio con el solo propósito de cumplir una formalidad procesal equivale, en la práctica, a carecer de defensa técnica” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010, párr. 155).

El Sistema Nacional de Defensoría

Pública (en adelante SNDP) atraviesa desde hace más de una década una crisis estructural que compromete su capacidad para garantizar una defensa técnica efectiva. Esta situación responde al incremento sostenido de la litigiosidad penal y de las cargas funcionales, sin un fortalecimiento presupuestal equivalente.

Para ayudar en la comprensión de esta crisis, este artículo aborda tres aspectos: el aumento de la carga funcional del sistema, su progresiva desnaturalización y la necesidad de mejorar las condiciones de remuneración de los defensores públicos.

2. DEFENSORES A RITMO ARITMÉTICO, CASOS A RITMO EXPONENCIAL

Hasta la entrada en vigor de la Ley 906 de 2004, la defensa de las personas sin recursos era asumida principalmente por los llamados “defensores de oficio”, en el marco de un sistema penal de carácter escritural e inquisitivo que permitía asignaciones pro-bono por parte de los despachos judiciales. Este esquema garantizaba formalmente la defensa técnica en un contexto en el que la defensoría pública era aún incipiente. No obstante, resultaba incompatible con las exigencias del sistema penal acusatorio, que demanda una defensa activa y permanente en múltiples audiencias y traslada al defensor una carga investigativa relevante, dado que la Fiscalía no está obligada a indagar aspectos favorables al procesado (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2011). Este nuevo sistema penal exigió una defensa técnica activa y permanente, lo que motivó la creación del SNDP mediante la Ley 941 de 2005.

El diseño institucional adoptado en 2005 partió del supuesto de que el sistema penal acusatorio operaría

con un número limitado de juicios, en la medida en que la mayoría de los casos se resolverían mediante mecanismos de terminación anticipada, como el principio de oportunidad, los allanamientos y los preacuerdos. El número inicial de defensores públicos con el cual el sistema empezó a operar así lo confirma1

No obstante, de manera casi simultánea a su implementación, se impulsaron reformas orientadas al endurecimiento punitivo, la ampliación de la detención preventiva y la restricción de dichos mecanismos, lo que incrementó sustancialmente la litigiosidad penal (Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2015). Esta tendencia solo empezó a revertirse parcialmente con la Ley 2477 de 2025 que eliminó algunas restricciones a la reducción punitiva por allanamiento en casos de flagrancia.

Este desajuste estructural se refleja en la evolución de la carga laboral de los defensores públicos en el programa penal acusatorio de la Dirección Nacional de Defensoría Pública: mientras en 2006 el promedio era de 34 casos por defensor, en 2014 ascendió a 68 y en 2025 alcanzó los 93 casos, lo que implica que, en poco más de dos décadas, la carga se ha triplicado. Si bien el número de defensores ha crecido, pasando de 1.443 en 2006 a 4.238 en 2025, la situación es particularmente crítica en algunas regiones, donde en 2025 se registraron promedios de 190 casos por defensor

en la Regional Atlántico, 175 en Meta y 145 en San Andrés y Providencia. En más de la mitad de las Defensorías Regionales, el promedio supera el nacional. Estas cifras evidencian que la expansión del sistema penal ha superado la capacidad institucional de la defensa pública (Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública, 2026)

La sobrecarga también se confirma al observar el volumen total de casos atendidos por el sistema, que pasó de 9.805 en 2005 a 192.442 en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 2.000% (Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública, 2026).

Imagen tomada de Defensoría del Pueblo 2026, evento institucional www.defensoria.gov.co

1Apenas 1210 para el año 2004, distribuidos entre todos los programas atendidos por la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la de Defensoría del Pueblo.

“ESTE

“

DESAJUSTE

ESTRUCTURAL SE REFLEJA EN LA EVOLUCIÓN DE LA CARGA LABORAL DE LOS DEFENSORES

3. UN SISTEMA PENSADO PARA LOS PROCESADOS E INCAPAZ DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS

La Defensoría del Pueblo es la primera en abogar por los derechos de las víctimas, en especial de quienes han sufrido en el marco del conflicto armado. La Defensoría reconoce los derechos a la verdad, justicia y reparación de los perjudicados con el delito, porque es un imperativo constitucional y legal, y lo más importante, porque así lo demanda cualquier concepción racional de la justicia. En este sentido, el Estado colombiano está obligado a asegurar su acceso efectivo a la administración de justicia, lo que implica garantizar asistencia jurídica gratuita a quienes carecen de los recursos para acceder a una defensa técnica.

No obstante, en las últimas dos décadas se ha configurado un desbalance estructural: el legislador ha ampliado progresivamente las funciones del SNDP, asignándole la representación de un número creciente de víctimas sin un fortalecimiento proporcional de sus recursos. Actualmente, el sistema asume esta función en escenarios como: Justicia y Paz (Decreto 315 de 2007 y Ley 1957 de 2019), violencia de género (Ley 1257 de 2008), reparación integral (Ley 1448 de 2011), violencia sexual en el conflicto (Ley 1719 de 2014) y feminicidio (Ley 1761 de 2015). Esta expansión ha implicado que las víctimas compitan por los limitados recursos del sistema con la defensa de los procesados, función para la cual fue originalmente concebido.

En la actualidad (marzo de 2026), el sistema destina 757 defensores públicos exclusivamente a la representación de víctimas, lo que reduce su disponibilidad para la defensa técnica penal. Sin embargo, esta asignación resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda: a enero de 2026 se atendían 378.760 víctimas en el programa de Justicia y Paz, lo que supone cargas que en muchas regionales oscilan entre 3.000 y 4.000 víctimas por defensor. Estas cifras evidencian una doble tensión: la insuficiencia del sistema tanto para garantizar una defensa técnica adecuada como para atender eficazmente los derechos de las víctimas (Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública, 2026).

En este contexto, resulta problemático que se continúen asignando nuevas funciones a un sistema desbordado. Un ejemplo de ello es la Ley 2084 de 2021, que impuso a la Defensoría la representación de deportistas en procesos disciplinarios por dopaje, sin una evaluación de la capacidad operativa del SNDP para asumir estas nuevas cargas.

4. ¿IGUAL CARGA, IGUAL SALARIO?

No es posible concluir esta reflexión sin hacer referencia a una problemática estructural que ha sido objeto de un reclamo legítimo por parte de los defensores públicos: la evidente desproporción entre su remuneración y la de otros actores del sistema penal. En efecto, los honorarios de los defensores son significativamente inferiores a los ingresos de jueces y

fiscales, lo que plantea un problema de equidad en el marco de responsabilidades funcionales comparables. No obstante, esta constatación no implica la existencia de una obligación jurídica de equiparación, en la medida en que los defensores públicos, en su calidad de contratistas, no están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, es decir, su condición no es equivalente a la de los operadores judiciales.

Con todo, resulta necesario avanzar en un ajuste progresivo de sus honorarios. En esta línea, hemos solicitado al Gobierno Nacional una adición presupuestal por valor de $25.636.973.000, a partir del 1 de agosto de 2026, orientada a incrementar su remuneración en proporción al salario mínimo, con proyección de sostenibilidad para 2027.

Imagen tomada de Defensoría del Pueblo 2026, evento institucional www.defensoria.gov.co

Sin un fortalecimiento efectivo del SNDP, la garantía de la defensa técnica en el proceso penal corre el riesgo de permanecer como una promesa formal.

Finalmente, bajo la actual administración, la Dirección Nacional de Defensoría Pública ha adelantado esfuerzos para mantener la operatividad del sistema, garantizando en 2026 la continuidad del 100% de los defensores vinculados en 2025 e incorporando herramientas tecnológicas para la gestión de casos en tiempo real. Asimismo, se ha fortalecido la

“

“LOS HONORARIOS DE LOS DEFENSORES SON SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES A LOS INGRESOS DE JUECES Y FISCALES, LO QUE PLANTEA UN PROBLEMA DE EQUIDAD.”

atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres privadas de la libertad con derecho a penas sustitutivas, respecto de quienes se han impulsado acciones judiciales orientadas a su efectiva libertad.

La certeza, calidad y pertinencia de la defensa pública para todas las personas que dependen de ella para acceder a la justicia en condiciones de dignidad no debería ser un esfuerzo exclusivo de la Defensoría del Pueblo sino una apuesta colectiva del Estado por un sistema de justicia incluyente y garantista de los derechos humanos de todas las personas.

BIBLIOGRAFÍA

Imagen tomada de Defensoría del Pueblo 2026, evento institucional www.defensoria.gov.co

SOBRE LA SOCIEDAD ABIERTA DE LOS INTÉRPRETES DE LA CONSTITUCIÓN1

Escrito por:

Raúl Gustavo Ferreyra2

PRELIMINAR

He de abordar el asunto en tres espacios. En el primero brindaré una mera pincelada sobre la “sociedad abierta” pensada por Karl R. Popper en (1945). En la sección II analizaré los rasgos elementales que Peter Häberle formuló sobre la interpretación constitucional en 1975, con originalidad y de manera pionera, a partir de la invención popperiana. Por último, en la sección III, compartiré unas palabras sobre la sociedad abierta en el entorno de una Constitución, su pieza maestra.

I. UNA SOCIEDAD ABIERTA

Los modelos contemporáneos de “Estado” se presentan y desarrollan con una comunidad humana que se ordena por intermedio de determinadas pautas de asociación política. El Estado implica un aparato de control y de dominación, de centralización del poder y de discrecional manejo de la economía, las finanzas, el ambiente, la salud, la cultura, la educación y la cultura. Un ente que, en una concepción estrictamente jurídica, posee una ciudadanía que habita dentro de un delimitado territorio en el que se ejerce un poder

1Ponencia para el XXVIII Congreso Internacional de Direito Constitucional, Brasilia, 21 a 23 de octubre de 2025, organizado por el Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

2Abogado. Catedrático de Derecho constitucional, Facultad de Derecho (FD), Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Derecho (UBA). Postdoctor en Derecho FD de la UBA. Miembro fundador del Centro Hans Kelsen de Estudios sobre la Jurisdicción Constitucional del IDP (ORCID 0000 0001 5089 8136).

soberano, todo ello fundamentado por una Constitución. Este modelo sobre la sociedad política y jurídica, que se ha de enhebrar en una comunidad de ciudadanos igualmente libres, debería favorecer, por intermedio de su Ley fundamental que hace a su Constitución, un control responsable de una paz duradera y relativa. Como sistema de congregación de ciudadanía, el Estado es el ente más numeroso inventado por el ser humano.

La sociedad política y jurídica llamada “Estado” ha de coexistir con una sociedad abierta, de la cual surgiría su origen y también la justificación de su desarrollo. Toda sociedad es el entorno de un Estado y su Ley fundamental, que no deberían disolver ni anular a la sociedad civil.

Hay ideaciones que son imbatibles, en particular, cuando la sobriedad y el rigor científico quedan completados en unas pocas oraciones. Una de esas ideas, el oratorio sobre una “sociedad abierta”, fue gestada por Popper:

Si queremos seguir siendo humanos, entonces sólo habrá un camino, el de la sociedad abierta. Debemos proseguir hacia lo desconocido, lo incierto y lo inestable sirviéndonos de la razón de que podamos disponer, para procurarnos la seguridad y libertad a que aspiramos. (Popper, 1945, p. 195).

“ “EL MÉTODO POPPERIANO

SE BASA EN LA RAZÓN, LA CRÍTICA, LA

CONJETURA, LA REFUTACIÓN Y EL DEBATE CONSTANTE”

La distinción de Popper es crucial en la historia del pensamiento universal. El ser humano, gracias a la liberación de la totalidad de sus facultades racionales, dirigirá su existencia en la comunidad. El método popperiano se basa en la razón, la crítica, la conjetura, la refutación y el debate constante. Él tomó prestado un término (“société ouverte”) del misticismo irracionalista de Henri Bergson para convertirlo, con un campo semántico completamente diferente, en el concepto central de su defensa racional de la democracia.

La “sociedad abierta” es una congregación más o menos estable de ciudadanos. Una comunidad civil en la que todos y cada uno de ellos deberían disponer y tener garantizada la

facultad de pensar, la de programar y la de llevar adelante la totalidad de su itinerario personal y existencial, sin ningún tipo de influencia más que la de su propia deliberación elaborada con razones para la acción. Una “sociedad abierta” es aquella contraria a una sociedad cerrada, en la que, bajo cualquier mecanismo irracional, despótico o totalitario, se anulase la individualidad del ciudadano y se pretendiese llevar adelante un proyecto con rasgos autoritarios o decididamente absolutistas.

Para Popper se necesitan las “instituciones” para alcanzar todo aquello cuya obtención exige una fuerza superior a la de nuestros músculos. El diseño de esas instituciones exige el conocimiento de las uniformidades sociales que limitan los alcances de las finalidades a las que están destinadas y el hecho de que nacerán para establecer la observancia de ciertas normas ideadas con un objetivo determinado (Popper, 1945, p. 76).

Tras la huella dejada por Popper, aquí puedo afirmar que la Constitución es la mayor creación humana para la regulación escrita, ordenada e institucionalizada (incluido su propio cambio) de la existencia de ciudadanos y ciudadanas en la comunidad. La Ley fundamental debería ser una lengua de la razón para una paz relativa, comprometida, duradera… hasta que el ser humano inventase un instrumento superior en todas sus funciones.

DE LA CONSTITUCIÓN

Representación de la constitución política de Argentina. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

II. LA TESIS DE HÄBERLE SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Aquí realizo algunas descripciones y valoraciones de esta obra señera del pensamiento jurídico. Anticipo que para Peter Häberle la Constitución significa el orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad. Sin embargo, ella actúa también como guía para el ciudadano. Así, la Constitución es un texto jurídico y también expresión de un estadio de desarrollo cultural, un medio por excelencia, acaso un paradigma, para la representación cultural del pueblo ante sí mismo, en el propio espejo de su patrimonio cultural y el fundamento de sus esperanzas. La Constitución es el

“

“LA

CONSTITUCIÓN ES EL ORDEN MISMO DEL “PROCESO PÚBLICO”

LIBRE, DONDE SE ORGANIZA LA “APERTURA DE LA CONSTITUCIÓN”

QUE CONTIENE A LA DEMOCRACIA”

orden mismo del “proceso público” libre, donde se organiza la “apertura de la Constitución” que contiene a la democracia (Häberle, 2003, pp. 3, 5, 118).

Veamos, entonces, la tesis häberliana para interpretar esa Constitución.

Primero. Se publicó bajo el título Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, en la revista Juristen Zeitung, 1975, pp. 297-305, posteriormente integrado como capítulo quinto, con un apéndice, en el volumen Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft, Duncker & Humblot, Berlín, 1978, pp. 155-181. La versión aquí utilizada, “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una contribución para la interpretación pluralista y procesal de la Constitución” (en adelante, “SADIC”), fue publicada en Academia. Revista sobre

enseñanza del Derecho, n.° 11, 2008, pp. 29-61.

Segundo. La influencia de Popper sobre la tesis de Häberle es notabilísima: la adopción de su racionalismo crítico, el concepto de ciencia, su teoría democrática liberal, pluralista, que descansa en una separación de poderes. Así, para Häberle la tarea principal consiste, en general, en desarrollar desde la teoría y la práctica constitucional la teoría de la ciencia de Popper, incorporándola a la teoría democrática y, al mismo tiempo, a la teoría normativa e interpretativa en particular (“SADIC”, nota al pie n.° 70, p. 50).

Tercero. Häberle comenzó su escrito con una observación radical y genuina. Así, afirmó, que la teoría de la interpretación constitucional se había planteado hasta entonces dos cuestiones: una vinculada con las “funciones y objetivos”, y

otra relacionada con los “métodos” (procedimientos). Ese llamado de atención fijó su punto de partida: se descuidó, según Häberle, el problema de la relación sistemática con la tercera cuestión, novísima: la de los “participantes” de la interpretación constitucional (“SADIC”, pp. 29 y 30).

Cuarto. Su tesis: en los procesos de la interpretación constitucional se insertan potencialmente todos los órganos estatales, todas las potencias públicas, todos los ciudadanos y grupos. ¡No hay numerus clausus de los intérpretes constitucionales! (“SADIC”, p. 31).

Quinto. La tabla provisional de los participantes en la interpretación constitucional abarca los siguientes elementos:

1

2

Las funciones estatales: a) funciones de decisión vinculante en última instancia, como el Tribunal Constitucional Federal en Alemania, y b) funciones a las que remite la Ley Fundamental de Bonn para una decisión vinculante pero revisable: la jurisprudencia, el Legislativo (según el ámbito en diferente medida) y el Ejecutivo, especialmente en la (pre)formulación de los intereses públicos.

Los participantes –no necesariamente estatales– en las decisiones de 1 a) y b); por ejemplo: demandante y demandado, peritos, asociaciones, partidos políticos, representantes de intereses en hearings o lobistas.

Representación de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

La publicidad democrática –pluralista–, el proceso político como “gran estimulador”: los medios (prensa, radio, televisión), que son participantes procedimentales no en sentido estricto. Las iglesias, los teatros, las editoriales, los centros de formación de adultos, los pedagogos, las agrupaciones de padres.

(A clasificar entre 1, 2 y 3 en una forma que aún debe aclararse)

La teoría del Derecho constitucional, que posee una posición especial porque tematiza la participación de las otras fuerzas, y ella misma participa también en diversos niveles (“SADIC”, pp. 36-38).

Sexto. Para Häberle la norma no es algo preestablecido, simple y acabado; se plantea la cuestión de los que participan personal y funcionalmente en su desarrollo, las fuerzas activas del “law in public action”; su propuesta es la personalización y el pluralismo de la interpretación constitucional (“SADIC”, p. 43).

Séptimo. El proceso de interpretación constitucional que propuso Häberle amplía el radio interpretativo de la norma gracias a todos “los intérpretes de la sociedad abierta”. Son participantes esenciales en los procedimientos de “trial and error” (“prueba y error”) en el proceso de determinación del Derecho. La sociedad deviene precisamente abierta y libre, ya que todos, potencial y actualmente, realizan (o pueden rea-

“

“EL PROPIO AUTOR ADMITIÓ QUE SUS IDEAS FUERON CONTROVERTIDAS PARA LA DOCTRINA”

lizar) aportaciones a la interpretación constitucional. La interpretación jurídica de la Constitución proporciona (sólo) la publicidad y realidad pluralista, las necesidades y posibilidades de la comunidad, que están antes, en y detrás de los textos constitucionales (“SADIC”, p. 52).

Octavo. Hasta aquí la descripción de los trazos básicos de la tesis de Häberle. El propio autor admitió que sus ideas fueron controvertidas para la doctrina. Las discusiones han sido importantes y justificadas.

Noveno. Una de las objeciones más penetrantes se dirigió al núcleo de la tesis. Así, se expuso que, al ampliarse la cantidad de participantes del hecho de la interpretación, esa ampliación, contra los deseos del autor, produciría una disolución del propio

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concepto sobre la Ley fundamental o una suerte de conspiración contra sus postulados, en tanto la certeza es una cotización elemental del Derecho. Naturalmente, no ejerceré aquí la defensa del autor; sí debo decir que en el mismo texto de la “SADIC” los críticos encontrarían la respuesta de Häberle: “la democracia es el imperio de los ciudadanos”. Así, el cuantificador universal “todos” utilizado por el jurista alemán se torna casi incontestable. Además, se puede decir que la afirmación de Häberle sobre el pluralismo consolida y ratifica los objetivos de unión, dirección e integración que posee una Constitución.

Décimo. Otra crítica, también mordaz, sugiere que la ampliación de los intérpretes restaría institucionalidad a las decisiones asumidas por los órganos constituidos, aunque, en especial, se refieren a los casos juzgados en concreción de la Escritura fundamental. Al respecto, intuyo que la tesis de Häberle es muy clara, en virtud

de que él distingue a los “intérpretes institucionales” que pueden adherir los efectos de la cosa juzgada y sus efectos a sus determinaciones –en caso de que fuese jurisdiccional–, de aquellos intérpretes que carecen de esa cualidad. El hecho de que existan máximos responsables institucionales no impide, sino que alimenta, el hecho de que la Constitución, para que concrete su objeto de regulación jurídica, debe ser conocida por todos. Ese pluralismo, en el ámbito de una sociedad abierta, neutraliza la crítica a la tesis haberliana.

III. ¿EL ENEMIGO INTERIOR DE LA CONSTITUCIÓN?

Hago un pequeño balance. Tal como adelanté al final de la sección I con una declaración sobre la Ley fundamental, aquí se puede comprender y añadir que ella es un instrumento artificial que posee hasta cuatro cuerpos: su composición, sus garantías, su estructura democrática. Una

sociedad abierta se comporta como el “entorno”, el cuarto cuerpo, es decir, la propia periferia del sistema de la Constitución democrática del tipo de Estado configurado por una Ley fundamental que procuraría una determinada paz relativa en la comunidad civil.

Los pensamientos sobre una “sociedad abierta” son elementales. Una comunidad civil abierta es un modelo más allá de los modelos. Debería encajar en el entorno del sistema de la Constitución, al encontrarse integrada por ciudadanos que han de ejercer, con libertad e igualdad, sus razones sobre la ciudadanía y la construcción de la sociedad política. Esa sociedad abierta es el entorno emblemático de un Estado del tipo constituido por una Ley fundamental que promueva la paz. Al mismo tiempo serían sus reglas altísimas las que deberían dar provechoso camino a las libres determinaciones personales de cada ciudadano. ¡El camino entre los caminos!

Así, nótese la significativa influencia del entorno de sistema de la Constitución. Los límites de una Ley fundamental que asegurase la paz, pero dentro de una sociedad política cuya sociedad civil no fortaleciese la inclusión social ni el desarrollo humano, harían que pudiesen desvanecerse algunas de sus posibilidades regulatorias. La unidad política del Estado, fundamentado por la Constitución, pacificado por ella y que monopoliza el uso de la fuerza, exige, además, un sentido de comprometida solidaridad en la sociedad abierta. La ausen-

cia de la solidaridad en la comunidad ciudadana induce a una desigualdad manifiesta y a la exclusión de un fragmento importantísimo de la ciudadanía al disfrute de servicios vitales y bienes yacentes o por crearse.

En el seno de una sociedad abierta, las decisiones que se encaminen a la igualación fundamental de la ciudadanía deberían ser convocadas para favorecer la inclusión más robusta. El bienestar general de todos y cada uno de los ciudadanos de una sociedad abierta, sin dudas, fortalecerá la paz de una comunidad. La igualdad social es una deuda pendiente que martiriza el presente y configura un futuro lleno de desventajas para la mayoría de los ciudadanos de nuestras sociedades civiles.

Se confrontan dos modelos de comunidad que se intentan configurar y pugnan, la mayoría de las veces, entre sí: una comunidad incluyente, con ciudadanos cuya pretensión general constituye una determinada igualación, y otra excluyente, con una ciudadanía de baja o nula intensidad para los desposeídos y de alta intensidad para aquellos que disfrutan del conjunto de las ventajas (Zaffaroni, 2015, p. 49). En definitiva, la pobreza y la vulnerabilidad social en el entorno del sistema de la Constitución no alientan una sociedad abierta de su ciudadanía.

También las sociedades abiertas enfrentan un reto colosal: la tolerancia respecto de los intolerantes. La decisión respecto de quienes, gracias al método democrático, actúan contra ella y se constituyen en sus depredadores. Hay quienes los apodan “enemigos de la democracia constitucional”, con todos los riesgos que ello envuelve.

La Constitución instituye un sistema de principios y reglas para una sociedad abierta del tipo del Estado democrático de Derecho. Esa combinación normativa puede resultar más o menos efectiva. Así, en el ámbito de los procesos públicos ordenados, la Constitución puede asumir un “doble rostro” (Merkl, 1993, pp. 227–252): su cumplimiento y, también, una dosis importantísima de antinormatividad producida básicamente por su incumplimiento manifiesto. Esa inefectividad puede asumir diferentes gradaciones, incluso exasperantes. Sin embargo, hay una tercera instancia, que

“

“LA CONSTITUCIÓN INSTITUYE UN SISTEMA DE PRINCIPIOS Y REGLAS PARA UNA SOCIEDAD ABIERTA DEL TIPO

DEL ESTADO

ya no será el “doble rostro de la Constitución”, en la cual las prácticas efectivas electrizan o paralizan su edificio regulativo. Me refiero a otra hipótesis: la destrucción del edificio jurídico, que consistirá en la demolición del proceso democrático y su sociedad abierta. Su derrumbe.

En efecto, desde la teoría general de la Constitución corresponde distinguir apropiadamente los estados de cosas, incluso los inconstitucionales. Sin embargo, una sepultura de la Constitución democrática, que conllevará la caída de la sociedad abierta que le sirve de entorno, se yergue como una patética situación.

Esas personas hostiles no participan ni participarán ni siquiera de la configuración de un doble rostro de la Constitución. Su hostilidad puede

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ser comparada con la de malditos impostores que luchan contra la juridicidad del Estado. Un monstruo que corroe desde el interior del edificio estatal para provocar su caída. Y, si cae el Estado, caerá su fundamento: la Constitución. Ese sujeto tiene un objetivo: alcanzar la suma del poder público, con facultades extraordinarias, en desprecio absoluto al Derecho y a la racionalidad. El enemigo persigue el establecimiento del no Derecho, la anarquía, la instauración de una lucha de todos contra todos, en la que prevalecería, tal vez, el más fuerte, luego de desintegrar la sociedad y sus instituciones.

He de aceptar los peligros que se asumen al teorizar sobre la aceptación de un enemigo interior, porque implica caer en una bipolaridad de

complejísima resolución y funcionamiento. El sistema de la Constitución, al estructurar todos sus procesos públicos por intermedio del principio democrático, también puede ser denominado como el sistema de la organización y ordenación de la tolerancia. La Ley fundamental, por lo tanto, es una regla que intenta armonizar la tolerancia en la comunidad. Ciertamente, admitir la existencia de un enemigo interior resultaría intolerante para una democracia constitucional tolerante, es decir, despedazaría sus propios cimientos. En otras palabras: la categoría jurídica de “enemigo interior” siempre debe resultar extraña para el Estado constitucional de Derecho y sólo puede ser admitida en la regulación del Derecho de guerra, con las limitaciones impuestas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en

““LA LEY FUNDAMENTAL, POR LO TANTO, ES UNA REGLA QUE INTENTA ARMONIZAR LA TOLERANCIA EN LA COMUNIDAD”

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virtud de que estas reglas no privan al enemigo bélico exterior de la condición de persona (Zaffaroni, 2006, pp. 20-21).

Por lo tanto, la concepción de un enemigo solamente se enlaza con el Estado absoluto, antidemocrático y autoritario; exactamente lo contrario de una racionalización crítica como aquí se pretende y postula para un Estado constitucional de Derecho. En suma, la aceptación de la bipolaridad “amigo y enemigo” (Schmitt, 2002) conduciría al hundimiento de la teoría general de la Constitución, porque para distinguir entre ciuda-

danos y enemigos, en algún punto, es preciso negar o limitar la condición de los derechos de la personalidad de los segundos. En esa senda, el Estado constitucional cortará el propio tronco de su árbol que se apoya en la dignidad de la persona humana con la división del poder y su ejercicio racional y controlado, que de ella emana como soberana implicancia o consecuencia.

Frente a estos peligros, la regla ha de ser siempre la tolerancia, incluso con los intolerantes, pese a que con certeza ellos intentarán colocar en vilo la libertad, igualdad y solidaridad de la comunidad. Si llegado el caso fatal, temerario, remoto e insostenible de que los intolerantes, en sus tareas ilimitadas, absolutas e irracionales, intentasen quebrar o quebrasen con su comportamiento el sistema de reglas de la Ley fundamental, la propia existencia del principio democrático tendría que administrar la respuesta y dar solución inmediata por la vía aplicativa del orden jurídico vigente para aislar al enemigo. Una Constitución que canaliza y garantiza a la democracia debería proveer a la defensa de la ordenación instituida y hacer cesar una intolerancia, tan ilimitada como irresistible y absoluta, para garantir la pacífica coexistencia de los tolerantes y de los intolerantes que no se inclinan por su ruptura manifiesta y violenta.

EPÍLOGO

Las idealidades de la “sociedad abierta” de Karl R. Popper inspiraron a Peter Häberle una nueva fuente de

Representación del palacio de justicia argentino. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

elocuencia para el Derecho. Dicha fuente no es otra que el proceso inagotable y democrático de la crítica racional que ambos autores nos legaron. En el siglo XXI, es en la sociedad abierta de intérpretes donde reside, en última instancia, la elocuencia de una Constitución viva y democrática. La tesis de Peter Häberle es uno de los mayores aportes hacia la democratización de la interpretación de la Constitución. Además, al reforzar el pluralismo, se convierte en una espada y en un escudo contra cualquier forma de autocracia.

Una Constitución, en especial en América del Sud, debería regular todo aquello que fuese regulable, y sus realizadores, en especial los servidores públicos, deberían cubrir con eficacia el ámbito de la coerción que determina ella como Escritura fundamental. Una Constitución abierta para una “sociedad abierta” “inque-

brantablemente orientada hacia el constitucionalismo de la libertad y la justicia igualitaria de inspiración social” (Bonavides, 1996, p. 16). No obstante, ha de admitirse que muchas veces aquello que fue regulado podría mantenerse indemne al efecto de las reglas, motivo por el cual la Constitución asumiría un doble rostro tan penoso y preocupante.

Queda, finalmente, en el ámbito de la sociedad abierta, la tolerancia hacia los intolerantes y el gran debate en ciernes respecto de qué hacer, cómo proceder, cuando ese intolerante se convierte en enemigo y quiere, sin rodeos, vaciar la fuerza normativa de la Constitución y, con ello, quebrar el principio de la paz comunitaria.

El Estado constitucional de Derecho se basa en la fijación de la supremacía constituyente y el desarrollo del principio de juridicidad, motivo por

“

“EN EL SIGLO XXI, ES EN LA SOCIEDAD ABIERTA DE INTÉRPRETES DONDE RESIDE, EN ÚLTIMA

INSTANCIA, LA ELOCUENCIA DE UNA

CONSTITUCIÓN VIVA Y DEMOCRÁTICA”

el cual un abandono, aunque sea parcial de tales fines, lo enviaría al espacio y al tiempo del hostil y su inveterado mundo sin reglas. Además, si la “Constitución abierta” adoptase los procesos intentados por el enemigo, en ese apartamiento perdería para siempre la propiedad mayor de su posible existencia, la razón de la fuerza, y fracasaría con estrépito como pura fuerza de la sinrazón.

Por último, algo más que un consuelo y una esperanza. Toda autoridad usurpada a la soberanía del pueblo ha de ser ineficaz y sus actos, nulos. Así lo planteó Juan Bautista Alberdi, en 1852, en el artículo 27 de su proyecto de Constitución para la Argentina (Alberdi, 1852, p. 238). Ello es así porque rompe la cadena de validez en el Estado democrático de Derecho.13

BIBLIOGRAFÍA

13El autor agradece por el valioso diálogo a Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Sávio Peixoto Maia, Carolina Cyrillo, Pablo Ali, Enrique Morales, Mario Cámpora y Andrés Pérez Velasco.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA COLOMBIANA:

ENTRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA PROTECCIÓN DE

LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Escrito por:

Augusto Antonio Argel Orduz1

Karina Paola Méndez Rivera2

INTRODUCCIÓN

De manera reflexiva surge el siguiente cuestionamiento: ¿quién responde cuando una decisión judicial se apoya en información errónea generada por inteligencia artificial? ¿El algoritmo, el desarrollador, el juez o el abogado que la utilizó? La expansión de estas herramientas en el ámbito jurídico ha desplazado el debate desde la eficiencia tecnológica hacia el núcleo mismo de la responsabilidad judicial y la protección de los derechos fundamentales, planteando la necesidad de definir con claridad dónde se

radica la imputación de responsabilidad jurídica cuando intervienen sistemas automatizados.

Este interrogante se ha vuelto un eje central del debate contemporáneo sobre la administración de justicia, en un contexto donde las tecnologías algorítmicas inciden de forma directa en la gestión judicial y, en algunos casos, en la construcción misma de las decisiones. En este escenario, la justicia enfrenta el desafío de integrar la innovación sin desdibujar los principios que legitiman su función; la pregunta ya no es si la inteligencia artificial debe utilizarse, sino cómo, hasta dónde y bajo qué límites pue-

1Abogado de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, Candidato a Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Industrial de Santander.

2Abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especialista en Derecho de Familia, Especialista en Contratación Estatal.

de hacerlo sin comprometer el debido proceso y la confianza ciudadana, ni diluir la responsabilidad que corresponde a quienes ejercen la función jurisdiccional y la representación profesional.

El presente ensayo aborda los límites éticos y procesales del uso de la IA en la justicia colombiana, partiendo de un análisis conceptual de los sistemas algorítmicos, un acercamiento al marco normativo y jurisprudencial vigente, y el estudio de los riesgos y oportunidades que su implementación conlleva. Se propone, por tanto, una reflexión crítica sobre la inteligencia artificial como un instrumento de apoyo cuyo uso responsable exige control humano, transparencia y un compromiso firme por parte de servidores judiciales y abogados con los derechos fundamentales y los principios procesales que sostienen el Estado de Derecho, bajo la premisa de que la decisión judicial y la actuación profesional son funciones humanas e indelegables cuya responsabilidad jurídica jamás podrá ser trasladada a un sistema automatizado.

1. LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL:

Antes de analizar cómo la inteligencia artificial impacta la justicia, es fundamental entender qué ocurre realmente detrás de una herramienta que hoy genera respuestas y orienta decisiones de gran complejidad. La IA no es un fenómeno autónomo ni mucho menos neutral; por el con-

trario, se construye a partir de sistemas algorítmicos diseñados por seres humanos, alimentados por datos que arrastran sesgos sociales y guiados por reglas predefinidas. Reconocer este origen es el punto de partida necesario para analizar con rigor sus límites y los riesgos que supone en escenarios donde la seguridad jurídica es la prioridad.

1.1. CONTEXTO GENERAL Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS

Para comprender la evolución de los sistemas algorítmicos, resulta necesario partir de su concepto. En ese entendido, Peris (2022) define el algoritmo como una secuencia de instrucciones precisas, no ambiguas y ordenadas, cuyo cumplimiento permite resolver un problema o ejecutar

“

“LA JUSTICIA ENFRENTA EL DESAFÍO DE INTEGRAR LA INNOVACIÓN SIN DESDIBUJAR LOS PRINCIPIOS QUE

una tarea específica. Por lo tanto, estas instrucciones, son finitas y operan conforme a reglas previamente definidas, posibilitando su aplicación sistemática en procesos de cálculo, tratamiento de información y toma de decisiones.

A partir de esta percepción, el algoritmo se erige como la base de los sistemas de inteligencia artificial, los cuales, incluso cuando incorporan capacidades de aprendizaje, operan a partir de reglas y objetivos previamente definidos, evidenciando la intervención humana en su diseño. Al respecto, Casco (2023) señala que la construcción algorítmica implica decisiones técnicas y conceptuales que condicionan los resultados de estos sistemas, descartando su pretendida neutralidad.

Respecto a la evolución, la historia ha evidenciado que los algoritmos anteceden ampliamente al desarrollo de la inteligencia artificial. De acuerdo con Peña (2006), la trayectoria de los algoritmos se remonta a los orígenes mismos de la civilización, indicando que los algoritmos han acompañado de manera constante la evolución de las matemáticas, destacando la aparición de dispositivos mecánicos de cálculo en el siglo XVII, el desarrollo de las primeras máquinas programables en el siglo XIX y la consolidación de los ordenadores modernos a mediados del siglo XX, momento a partir del cual su expansión fue significativa.

Desde esta comprensión, Acevedo (2019) destaca que los algoritmos hacen parte de la vida cotidiana, al

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

“ “LA VIDA CONTEMPORÁNEA SE ENCUENTRA

encontrarse presentes tanto en el funcionamiento de dispositivos electrónicos básicos, como un despertador o un semáforo, como en operaciones más complejas, tales como los pagos electrónicos o los sistemas automatizados. Por consiguiente, la vida contemporánea se encuentra profundamente atravesada por procedimientos algorítmicos, cuya consolidación resulta inseparable del desarrollo histórico y tecnológico de la civilización humana.

Por tanto, al comprender el contexto y la evolución de los algoritmos permite advertir que su construcción implica necesariamente intervención humana, lo cual puede dar lugar a situaciones de sesgo. Es por esta razón que, la UNESCO (2023) advierte que incluso los algoritmos diseñados con extremo cuidado se apoyan en datos provenientes de una realidad incier-

ta y no exenta de imperfecciones. De ahí que los sistemas de inteligencia artificial puedan reflejar las preferencias, prioridades y prejuicios de quienes intervienen en su diseño y desarrollo, razón por la cual no pueden considerarse tecnologías neutrales. Aun cuando los desarrolladores implementen esfuerzos significativos para mitigar estos sesgos, los datos de entrenamiento continúan siendo una fuente relevante y persistente de distorsión.

Esta problemática puede ilustrarse a través del ejemplo citado por Utrecht University (2025), basado en el denominado dilema del tranvía, tradicionalmente utilizado en la reflexión ética para analizar conflictos morales. En el contexto actual, dicho experimento ha dejado de ser meramente teórico, pues la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos como la conducción autónoma exige definir previamente los criterios que deben guiar las decisiones en situaciones límite, dado su impacto directo en la seguridad de las personas y en la confianza social depositada en estas tecnologías.

Esta breve aproximación a la evolución conceptual e histórica de la IA lleva a concluir que los algoritmos no son simples herramientas técnicas, sino estructuras moldeadas por decisiones humanas, contextos sociales y marcos normativos que condicionan su funcionamiento. Es por esta razón que la función decisoria, inherente a la investidura del juez, no puede ser delegada a un sistema de inteligencia artificial.

1.2. DE LA AUTOMATIZACIÓN DE DATOS A LA IA

GENERATIVA: UN CAMBIO DE PARADIGMA

Conforme lo exponen Crespo et al. (2025) en el ámbito jurídico la tecnología ha estado presente y ha transformado de manera sustancial la forma en que se organizan y desarrollan las prácticas jurídicas, tanto para abogados como jueces e incluso cualquier actor del sistema judicial, ya que, se ha contribuido con la automatización de datos y optimización de procedimientos.

Desde una perspectiva profesional, se ha evidenciado que la incorporación de tecnología en el ámbito jurídico se orientó, durante mucho tiempo, a optimizar tareas y reducir cargas para mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de datos y procesos. Sin embar-

go, el surgimiento de la inteligencia artificial generativa (IAG) ha marcado una ruptura sustancial con ese modelo tradicional.

Pero entonces, se preguntarán por qué la IAG marca una ruptura sustancial. La explicación, se centra en que tal como lo expone Gutiérrez (2023 ) la IAG supera la simple capacidad de procesamiento de datos, al incorporar habilidades para aprender, interactuar mediante lenguaje natural y generar contenidos de diversa índole. Es por esta razón, que el uso de aplicaciones con IAG ha crecido de forma acelerada, por tanto, se plantea la necesidad de reflexionar sobre sus implicaciones, su influencia en la sociedad, los desafíos que conllevan y las oportunidades que ofrecen, así como sobre los criterios éticos que deben orientar su adopción y utilización de manera responsable y beneficiosa.

“ “DESDE UNA PERSPECTIVA PROFESIONAL, SE

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

Desde esta perspectiva, el tránsito de la automatización de datos hacia la inteligencia artificial generativa adquiere una especial sensibilidad en la administración de justicia; dado que supera la mera optimización de tareas operativas e interviene en procesos que impactan directamente derechos fundamentales y garantías procesales. Por ello, su incorporación debe comprenderse como un fenómeno que trasciende la eficiencia técnica y que pone a prueba los fundamentos éticos de la función jurisdiccional. Esto genera una tensión permanente entre las oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de preservar los principios esenciales del ejercicio del derecho.

2. LA IA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: ENTRE EL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD

La inteligencia artificial ha ingresado a la administración de justicia como

una promesa de eficiencia, pero también como un desafío real para las garantías procesales. Se trata de una herramienta que ha puesto en tensión la relación entre la celeridad y la legitimidad del acto judicial, especialmente cuando su uso incide en decisiones que afectan derechos fundamentales. Ese punto de equilibrio entre riesgo y oportunidad constituye el eje central de este capítulo.

2.1. POSIBLES ASPECTOS NEGATIVOS DEL USO DE LA IA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Para el desarrollo de este acápite, resulta pertinente traer a colación el libro “La inteligencia artificial en decisiones judiciales: ¿garantía o riesgo para los derechos fundamentales y principios procesales?”, en el cual Argel y Méndez (2025), a partir de entrevistas realizadas a varias juristas destacadas, identifican diversos riesgos asociados al uso de la inteli-

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

gencia artificial en la administración de justicia, los cuales se manifiestan principalmente cuando dicha tecnología es empleada de manera inadecuada. En particular, se advierte que estos riesgos encuentran su origen en la propia construcción de los algoritmos, los cuales pueden incorporar sesgos que posteriormente se proyectan en los resultados ofrecidos por los sistemas de IA.

Al mismo tiempo, Argel y Méndez (2025) documentan que un uso irreflexivo de estas herramientas puede derivar en la vulneración de normas y principios fundamentales, así como en la generación de responsabilidades que recaen directamente en el funcionario o profesional que las emplea sin el debido cuidado, transparencia y rigor ético. A ello se suma la posibilidad de que los sistemas de

inteligencia artificial generen alucinaciones, fenómeno especialmente relevante en el contexto de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM).

Sobre este punto, Zhang et al. (2025) explican que las alucinaciones en los modelos de lenguaje obedecen a diversos factores críticos, entre los que destaca el uso de grandes volúmenes de datos extraídos de la web, los cuales suelen contener información obsoleta o sesgos inherentes, a lo que se suma la versatilidad de estos sistemas, cuyo carácter multidisciplinario dificulta la mitigación de errores. Sin embargo, el mayor riesgo radica en la aparente coherencia de sus resultados, una característica que proyecta seguridad en la respuesta y complica significativamente la detección del error por parte del usuario.

Esta reflexión se ve reforzada por precedentes recientes en la jurisprudencia colombiana, los cuales evidencian cómo, en la práctica, el uso indebido de la IA genera consecuencias negativas. Inicialmente, se destaca la Sentencia STC17832-2025, donde la Corte Suprema de Justicia (5 de noviembre de 2025) advirtió un grave defecto en la motivación de una providencia. El Tribunal fundamentó su decisión en precedentes que no contenían el alcance atribuido, vulnerando así principios esenciales del debido proceso. Si bien en este caso la Corte no señaló directamente a la inteligencia artificial como origen del yerro, sí subrayó la obligación sustancial de verificar rigurosamente las fuentes normativas y jurisprudenciales en la toma de decisiones.

En una línea de rigor similar, mediante el Auto AC739-2026 (13 de febrero de 2026), la Corte Suprema sancionó a un abogado que admitió el uso de un programa de IA cuyas imprecisiones afectaron la calidad de su gestión. Este pronunciamiento reafirma que el empleo de estas tecnologías no exonera de responsabilidad al profesional del derecho. Bajo estas consideraciones, desafíos como los sesgos y las alucinaciones exigen un ejercicio ético impecable. En definitiva, cualquier herramienta tecnológica demanda una participación humana activa y diligente, especialmente cuando el resultado impacta directamente en derechos fundamentales.

““CUALQUIER HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

2.2. PROBABLES VENTAJAS DE IMPLEMENTAR LA IA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En relación con las probables ventajas de implementar la inteligencia artificial en la administración de justicia, Argel y Méndez (2025) destacan que, la inteligencia artificial se configura como una herramienta de apoyo que contribuye a optimizar tiempos en actividades mecánicas y repetitivas, así como a facilitar el acceso y la organización de la información dentro del quehacer judicial. Dentro de las experiencias positivas documentadas, cobra especial importancia la entrevista realizada a la magistrada María Victoria Quiñonez Triana, quien resaltó el proyecto Sitio de Innovación Legal (SIL) como un instrumento eficaz para reducir errores formales en la presentación de demandas y prevenir inadmisiones innecesarias. A ello se suma el desarrollo de agentes creados mediante Copilot Studio, integrados con plataformas como Power Automate y Azure, que permiten extraer información directamente de los expedientes y elaborar borradores estructurados de providencias en asuntos de menor complejidad.

Por su parte, Gangi (2025) reconoce que la inteligencia artificial ha introducido transformaciones profundas en la administración de justicia, especialmente mediante herramientas de automatización y análisis predictivo. Estos avances ofrecen posibilidades concretas para optimizar

la eficiencia del sistema judicial y favorecen una gestión más ágil de los procesos.

A partir de esta premisa, es posible sostener que la inteligencia artificial aporta un valor real a la justicia solo cuando se emplea como un mecanismo de apoyo bajo una supervisión humana permanente. Tales ventajas se consolidan cuando su implementación se rige por criterios de transparencia y respeto a las garantías constitucionales, reafirmando que la tecnología debe servir para fortalecer la función jurisdiccional y nunca para sustituir el juicio humano que le otorga legitimidad.

3. EL MARCO REGULATORIO Y JURISPRUDENCIAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

La inteligencia artificial constituye una herramienta valiosa para el sistema judicial y la profesión jurídica; no obstante, su uso inadecuado puede comprometer la credibilidad de la justicia y vulnerar derechos fundamentales. Ante este panorama, el ordenamiento jurídico tiene el reto de evolucionar hacia una regulación responsable, entendiendo que la IA es una realidad inevitable que, bien aprovechada, puede optimizar la función jurisdiccional. Por ello, este apartado analiza cómo Colombia ha empezado a trazar una hoja de ruta normativa y jurisprudencial en la administración de justicia, para integrar estas tecnologías sin sacrificar la seguridad jurídica.

3.1. LA SENTENCIA T-323 DE 2024: EL PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA AUTONOMÍA

DEL JUEZ FRENTE A LA TECNOLOGÍA

A propósito de la implementación de la IA en la administración de justicia, la Corte Constitucional seleccionó para revisión un asunto de especial relevancia nacional vinculado al empleo de algoritmos en la adopción de decisiones judiciales. Esta revisión fue impulsada por la Defensoría del Pueblo, cuya intervención buscó salvaguardar el interés general y garantizar los derechos fundamentales que pudieron verse comprometidos

tras el uso de la inteligencia artificial por parte de un juez en un fallo de tutela.

De esta forma, la Corte Constitucional (2 de agosto de 2024), por medio de la Sentencia T-323 de 2024, construye un referente clave al establecer criterios claros sobre la relación entre tecnología y función jurisdiccional, reafirmando que el uso de herramientas digitales no exonera ni sustituye el deber de decisión autónoma del operador judicial. En su análisis, se examinaron varios aspectos fundamentales, entre ellos la utilización de herramientas de IA en la adopción de decisiones judiciales dentro del trámite de la acción de tutela.

Lo anterior, surgió como consecuencia de que un juez de segunda

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

instancia recurrió a la herramienta ChatGPT 3.5 como elemento de apoyo para la adopción de su decisión. Frente a esta circunstancia, la Corte Constitucional estimó necesario evaluar si dicha práctica podía afectar el derecho fundamental al debido proceso, particularmente ante las inquietudes relacionadas con la autoría efectiva de la providencia, es decir, determinar si la decisión provenía del juez o de un sistema automatizado, así como verificar la solidez de la argumentación empleada.

En este sentido, la Corte Constitucional, tras analizar diversos aspectos, decidió establecer lineamientos claros sobre el uso de la IA en el ámbito jurídico, admitiendo que los jueces pueden recurrir a estas herramientas de manera razonada y proporcional, siempre que su empleo se oriente a la protección de los derechos fundamentales y se ajuste a principios éticos y mandatos constitucionales. No obstante, la Corte fue enfática en señalar que la IA no puede sustituir la racionalidad humana ni asumir funciones jurisdiccionales esenciales, como la valoración probatoria, la interpretación de los hechos, la motivación de las decisiones o la adopción del fallo, pues ello vulneraría garantías como el juez natural, la independencia judicial y el debido proceso.

Bajo estos lineamientos, se impone en dicha sentencia a los funcionarios judiciales el cumplimiento de cargas específicas al utilizar sistemas de inteligencia artificial, entre ellas el deber de transparencia respecto del

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“LA

PROVIDENCIA FIJA REGLAS

PARA

EL PRESENTE Y, ADEMÁS, PROYECTA UNA ADVERTENCIA

HACIA EL FUTURO, EN EL SENTIDO DE

QUE LA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

RESULTA ADMISIBLE EN EL SISTEMA JUDICIAL”

uso y alcance de la herramienta, la responsabilidad de contar con la capacitación necesaria y verificar la información generada, y la obligación de salvaguardar la privacidad y los datos personales involucrados. En este contexto, el incumplimiento de tales deberes puede traducirse en la vulneración de obligaciones legales y constitucionales, especialmente cuando se omite revelar el uso de la inteligencia artificial, se delegan funciones indelegables o se descuida la protección del habeas data y la intimidad.

Al mismo tiempo, la Corte Constitucional enfatizó la conveniencia de desarrollar herramientas de inteligencia artificial especializadas y propias del sistema judicial, diseñadas para apoyar funciones administrativas y de gestión, y advirtió que estos lineamientos deben entenderse

como dinámicos y sujetos a ajustes conforme evolucionen la tecnología, la regulación y los contextos específicos de aplicación en las distintas jurisdicciones.

De ese modo, la Sentencia T-323 de 2024 marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y función jurisdiccional en Colombia, al precisar que la IA puede ser un instrumento de apoyo, pero nunca un sustituto del juicio humano. Se observa que la Corte, lejos de adoptar una postura prohibitiva, opta por establecer límites estrictos que reafirman la autonomía del juez como el eje insustituible de la administración de justicia.

Este pronunciamiento constituye un precedente acertado cuya principal reflexión es que el verdadero desafío no reside en la herramienta, sino en mitigar los riesgos de su

uso inadecuado. En consecuencia, la providencia fija reglas para el presente y, además, proyecta una advertencia hacia el futuro, en el sentido de que la innovación tecnológica resulta admisible en el sistema judicial cuando actúa como catalizador de su fortalecimiento y se ejerce bajo un estándar de responsabilidad ética y procesal.

3.2. EL ACUERDO

PCSJA24-12243 DE 2024: LINEAMIENTOS ÉTICOS Y TÉCNICOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Resulta innegable que la inteligencia artificial es una herramienta de gran utilidad para el sistema judicial y el ejercicio del derecho. No obstante, su uso imprudente puede comprometer la credibilidad de la justicia y vulnerar garantías ciudadanas esenciales. Ante este escenario, el ordenamiento jurídico tiene el deber de avanzar en paralelo, e incluso anticiparse, para prevenir distorsiones en su empleo, pues ignorar esta tecnología o pre-

tender su exclusión no es una alternativa viable. La inteligencia artificial es una realidad instalada en el mundo contemporáneo; por ello, más que resistirse a su llegada, el verdadero reto consiste en descifrar cómo integrarla de forma ética y en beneficio del servicio de justicia.

Desde esta perspectiva, el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 adquiere especial relevancia, en tanto el Consejo Superior de la Judicatura (2024) lo adopta como una respuesta institucional frente a los riesgos y desafíos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, en particular aquellas de acceso abierto basadas en modelos de lenguaje de gran escala. En sus considerandos, el acuerdo reconoce que, si bien estas tecnologías pueden aportar soluciones innovadoras para apoyar la gestión judicial, también conllevan riesgos significativos, tales como la divulgación indebida de datos personales o información reservada, la opacidad en el funcionamiento de los algoritmos, la generación de contenidos inexactos o sesgados y

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

su posible incidencia negativa en la adopción de decisiones judiciales sustantivas.

Es de resaltar que, precisamente el artículo 3 del Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, titulado “Principios y garantías”, establece el conjunto de criterios rectores que orientan el uso de la inteligencia artificial en la Rama Judicial, con el objetivo de asegurar una aplicación ética, responsable y respetuosa de los derechos fundamentales. Como eje transversal, se consagra la primacía de los derechos fundamentales, de manera que el desarrollo, adopción y utilización de estos sistemas deben alinearse con los valores constitucionales, democráticos y las libertades esenciales. De igual forma, se exige a los funcionarios judiciales una conducta ética acorde con los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como con los estándares previstos en el Código Iberoamericano de Ética, promoviendo un uso consciente, razonable e informado de estas herramientas.

El acuerdo también resalta la necesidad de adecuar el uso de la inteligencia artificial a buenas prácticas institucionales y estándares colectivos propios del sistema judicial, incorporando un enfoque dinámico de seguimiento, mejoramiento y adaptación continua frente a los avances tecnológicos, jurídicos y sociales, al tiempo que promueve un modelo de gobernanza colaborativa y multiactor que involucre a las distintas jurisdicciones, dependencias

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

y actores relevantes del ecosistema judicial en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas basadas en inteligencia artificial.

Uno de los pilares centrales del acuerdo es el principio de no sustitución de la racionalidad humana, conforme al cual los sistemas de inteligencia artificial no pueden reemplazar funciones esenciales del juzgador, tales como la valoración probatoria, la interpretación normativa, la motivación de las decisiones o la adopción del fallo. En consecuencia, toda actuación judicial apoyada en inteligencia artifi-

cial es atribuible exclusivamente al funcionario humano, quien conserva la responsabilidad última sobre la decisión. En coherencia con ello, se exige que el uso de estas herramientas sea idóneo, justificado y orientado a facilitar el acceso a la justicia y mejorar la gestión judicial, sin desnaturalizar la función jurisdiccional (Consejo Superior de la Judicatura, 2024).

Asimismo, el acuerdo impone deberes reforzados de responsabilidad, supervisión y control humano, obligando a los servidores judiciales a comprender el funcionamiento, alcance y limita-

ciones de los sistemas de inteligencia artificial, verificar la información generada y evaluar los riesgos asociados a su uso en cada caso concreto. En este escenario, se establece también la obligación de prevenir y mitigar riesgos como errores, sesgos, inconsistencias o alucinaciones, garantizando la igualdad y la equidad, con especial atención a la protección de grupos vulnerables frente a posibles discriminaciones algorítmicas. A ello se suman principios relacionados con la protección de datos personales y la privacidad, la seguridad de la información, la explicabilidad de los sistemas utilizados y la transparencia, entendida como el deber de informar de manera clara y precisa el uso de inteligencia artificial en las actuaciones judiciales, asegurando a los ciudadanos el conocimiento efectivo de su empleo y la posibilidad real de contradicción.

En este sentido, Argel y Méndez (2025) analizan el referido acuerdo y lo califican como un instrumento que orienta con precisión el uso de la inteligencia artificial en los despachos colombianos. Los autores destacan que existe una habilitación expresa de la Rama Judicial para emplear estas tecnologías, siempre que su aplicación sea responsable, ética y garantista frente a los derechos de las partes. En consecuencia, el ordenamiento jurídico colombiano avanza hacia la consolidación de un soporte normativo sólido, aunque se trata de un proceso todavía en construcción que dependerá de la experiencia práctica y de la evolución natural del ejercicio jurisdiccional.

4. DESAFÍOS CRÍTICOS Y ÉTICA ALGORÍTMICA

Los problemas originados por el uso indebido de la IA en el sector justicia -abogados y funcionarios judiciales- lleva a que se presenten desafíos que traspasan simples formalismos a pasar a un escenario crítico. Esto ocurre debido a que, al tratarse de temas sensibles en donde se busca garantizar y proteger derechos fundamentales y principios procesales de las partes, así como el deber de los abogados de ejercer su labor con estricta sujeción de lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007, se hace evidente que aún no exista un panorama concreto hacia la ética algorítmica. Los diversos casos que se han dado en diferentes países, incluido Colombia, llevan a que se abra la discusión sobre la obligatoriedad de la transparencia y la manera correcta de usar la IA en pro de una administración de justicia garante por parte de todos los que intervienen en el derecho.

4.1. EL FENÓMENO DE LAS ALUCINACIONES Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Los grandes modelos de lenguaje (LLM) están transformando con rapidez el ejercicio profesional, la formación académica y la producción investigativa en el ámbito jurídico. No obstante, ese potencial disruptivo se encuentra seriamente comprometido por la presencia recurrente de “alucinaciones”, entendidas como respuestas textuales que, pese a su apariencia verosímil, resultan materialmente erróneas, inducen a confusión o carecen de coherencia con las fuentes normativas y jurisprudenciales autorizadas (Dantart, 2025). En esa línea, indica Navarro (2025) que, aunque estos sistemas exhiben una capacidad significativa para analizar grandes volúmenes de información textual y estructurar razonamientos complejos, no están exentos de riesgos, pues pueden producir contenidos

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

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“EN RELACIÓN A LAS

CONSECUENCIAS DE LAS ALUCINACIONES, ESTAS SE CIMENTAN EN LA POSIBLE

INDEBIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

inexactos o internamente contradictorios que, no obstante, conservan una apariencia de plausibilidad.

En relación a las consecuencias de las alucinaciones, estas se cimentan en la posible indebida administración de justicia, lo cual es un presupuesto generador de responsabilidad estatal. Este escenario derivaría necesariamente en procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sumado a las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios judiciales y las demás sanciones que el ordenamiento jurídico disponga. Un fenómeno similar ocurre con los abogados cuando se acude a la Inteligencia Artificial y esta produce alucinaciones, cuyos efectos traen repercusiones directas en el proceso, afectan su patrimonio, generan investigaciones disciplinarias y un evidente reproche a su ética profesional, lo cual impactaría gravemente su reputación en el foro jurídico.

La casuística reciente permite identificar hitos fundamentales donde la ausencia de supervisión humana sobre la IA ha derivado en graves anomalías procesales. Esta línea de providencias tuvo su primer eco global con el precedente Mata vs. Avianca en los Estados Unidos, el cual fijó las alertas iniciales sobre la veracidad de las fuentes ante el estrado (United States District Court, Southern District of New York, 2023). Posteriormente, el panorama nacional se vio impactado por la sentencia STC17832-2025 de la Corte Suprema de Justicia (5 de noviembre de 2025), que declaró la nulidad de un fallo cuya motivación se basó en fuentes inexistentes, fracturando el deber de fundamentación autónoma. A este escenario se sumó, en diciembre de ese mismo año, la sentencia STP21973-2025, proferida por la misma Corte Suprema de Justicia (2 de diciembre de 2025) cuya decisión amparó el debido proceso tras evidenciarse que un juzgador utilizó IA para proyectar una condena antes de concluir la etapa probatoria, lo cual

constituyó una vulneración directa a la imparcialidad judicial.

En el año 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (10 de febrero de 2026), mediante auto de sala, impuso sanciones tras detectarse un recurso sustentado en 48 sentencias inexistentes. Casi en simultáneo, el Auto AC739-2026 de la Corte Suprema de Justicia (13 de febrero de 2026) marcó un hito definitivo en Colombia al sancionar con 15 SMLMV a un apoderado que aportó normas falsas mediante el uso de IA y reiteró la falta durante la subsanación. El examen de este conjunto de pronunciamientos judiciales consolida un estándar reforzado de veracidad que el foro jurídico actual no puede eludir, dejando claro que el empleo de herramientas algorítmicas debe estar siempre subordinado a la diligencia profesional.

De ese modo, queda demostrado que las alucinaciones en el ámbito jurídico no son simples errores técnicos, sino muestran deficiencias en el estándar de debida diligencia por parte de algunos funcionarios judiciales y abogados. Esta situación resulta preocupante desde diversas aristas, pues marca una seria discusión sobre el uso responsable de las herramientas algorítmicas. Por un lado, los ciudadanos exigen a sus apoderados el más alto nivel de profesionalismo y veracidad para litigar a su favor; por otro lado, se espera que los funcionarios judiciales actúen con la probidad que exige su cargo, sin menoscabar los derechos

“

“DEBE TENERSE PRESENTE QUE LA ARQUITECTURA DE LOS MODELOS DE LENGUAJE DE GRAN ESCALA ES DE NATURALEZA

PROBABILÍSTICA Y NO FÁCTICA”

y garantías fundamentales de las partes dentro del proceso.

Debe tenerse presente que la arquitectura de los modelos de lenguaje de gran escala es de naturaleza probabilística y no fáctica, en la medida en que operan mediante la predicción estadística de secuencias de palabras (tokens). Esta característica les permite producir textos formalmente coherentes, aunque no intrínsecamente veraces. En consecuencia, su utilización exige una gestión diligente de sus riesgos estructurales, entre los que destacan la reproducción de sesgos, la generación de alucinaciones y la configuración de dinámicas de refuerzo informativo, también conocidas como efecto echo-chamber.

4.2. ÉTICA Y TRANSPARENCIA: EL USO ADECUADO DE LA IA EN EL PROCESO JUDICIAL

La tecnología no puede ser una excusa para relajar los deberes éticos que sostienen la integridad del sistema de justicia. Como lo explican Boada y Márquez (2024) su implementación exige un estándar reforzado de prudencia, en atención a los riesgos estructurales asociados a esta clase de sistemas, especialmente la eventual generación de alucinaciones o la reproducción de sesgos algorítmicos en los resultados. Ello no implica descalificar su incorporación en la administración de justicia, puesto que la inteligencia artificial y el progreso tecnológico ofrecen herramientas valiosas para optimizar la gestión judicial. No obstante, su

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

utilización debe enmarcarse en criterios estrictos de responsabilidad, garantizando de forma integral el respeto por las garantías procesales de las partes y de los demás intervinientes en el proceso.

Por esa razón, es importante salvaguardar el proceso judicial desde la ética y la transparencia cuando se usan herramientas algorítmicas. Al respecto, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA- (2025) en su publicación titulada “Inteligencia Artificial en los poderes judiciales: Reflexiones y Lineamientos para las Américas” ha considerado que la incorporación de herramientas tecnológicas en el sistema judicial debe orientarse a facilitar el acceso efectivo a la justicia, mediante la provisión de orientación y asistencia jurídica básica tanto a ciudadanos como a profesionales. Esto implica la simplificación de demandas y trámites, la protección rigurosa de la privacidad a través de mecanismos de anonimización de datos, y la elaboración de documentos en lenguaje claro y comprensible adaptados a distintos públicos. Asimismo, es imperativo garantizar que los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial sean explicables y susceptibles de revisión o impugnación, permitiendo un escrutinio tanto por operadores internos como por actores externos.

Esto implica que el uso de la IA no debe quedar al libre arbitrio del operador judicial ni del abogado; por el contrario, requiere de un proceso riguroso de verificación y de

una carga de información que no menoscabe derechos como el habeas data y la protección de datos personales de las partes. Asimismo, es imperativa la manifestación expresa por parte de quienes emplean estas herramientas, informando que se acudió a las mismas para efectos de redacción o celeridad procesal, entre otras explicaciones que sustenten su implementación. De ese modo, se fortalece la ética y se propende por la transparencia, garantizando que tanto ciudadanos y apoderados conozcan que la IA es una realidad y determinen con precisión su alcance dentro de las actuaciones.

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

5. USO DE LA IA EN LA JUSTICIA: PROTECCIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES

En el escenario de la función jurisdiccional y las actividades propias del derecho, se considera oportuno el empleo de la IA para aprovechar las prerrogativas que esta tecnología puede brindar. Sin duda, acudir a modelos algorítmicos contribuye a la materialización de la celeridad procesal, como uno de los principios con mayor demanda social. A su vez, se constituye en un instrumento de apoyo jurídico para los abogados, permitiendo optimizar las actividades desarrolladas en el ejercicio de su profesión.

Lo anterior plantea la necesidad de analizar hasta qué punto se rompe el equilibrio entre los beneficios de la IA en la justicia y su compatibilidad con la protección de garantías fundamentales, así como las acciones requeridas para evitar su menoscabo. Esta reflexión obliga a reafirmar la teoría garantista, que en palabras de Pineda (2021) se fundamenta en la protección de los principios y derechos procesales del ciudadano, consagrados en el bloque de constitucionalidad y el ordenamiento convencional colombiano. Bajo esta óptica, el debido proceso y la defensa técnica se conciben como ejes estructurales que deben desarrollarse a partir de un ejercicio jurisdiccional objetivo, sometido al control de un juez natural competente, independiente e imparcial.

5.1. ¿QUÉ PRINCIPIOS

PUEDEN SER VULNERADOS

SI NO SE HACE UN USO

ADECUADO DE LA IA EN LA JUSTICIA?

Este eje temático representa uno de los puntos de mayor sensibilidad cuando se analiza la incursión de la IA en el escenario jurídico. De acuerdo con lo dispuesto en las normas matrices de nuestro sistema, los principios que pueden verse comprometidos por un uso inadecuado de estas herramientas son, conforme lo señalan Argel y Méndez (2025), aquellos que configuran el núcleo esencial del procedimiento:

El Código General del Proceso -CGP- establece un marco donde el acceso a la justicia y la celeridad deben armonizarse con la deliberación autónoma del juzgador. Si bien la tecnología potencia la eficiencia, su empleo resulta ilegítimo si afecta la duración razonable o pretende desplazar el razonamiento del juez. En este escenario, la

igualdad de las partes prohíbe la creación de asimetrías derivadas del acceso desigual a recursos digitales, mientras que la inmediación impide delegar en algoritmos la valoración probatoria. Asimismo, la legalidad y las reglas de interpretación exigen que toda actuación asistida por IA esté estrictamente anclada en normas vigentes y en una argumentación racional, preservando un debido proceso que garantice decisiones motivadas y justas.

El Código de Procedimiento Penal -CPP- eleva la discusión hacia la protección de la dignidad humana, advirtiendo que la tecnología no puede despersonalizar la justicia ni reducir al individuo a un dato procesable. El respeto a la igualdad obliga a neutralizar sesgos algorítmicos discriminatorios, mientras que la imparcialidad y la legalidad aseguran que el juez conserve la responsabilidad exclusiva de la

decisión sin alterar las formas propias del juicio. Bajo este régimen, la lealtad procesal y la intimidad imponen protocolos estrictos de veracidad y confidencialidad, garantizando que la contradicción, inmediación y publicidad permitan un control efectivo por las partes sin sustituir la oralidad ni la deliberación pública.

El Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACAa través de su artículo 3, establece que toda actuación debe someterse a los principios de competencia y debido proceso, garantizando el derecho de defensa y contradicción. Bajo esta normativa, la igualdad exige un trato equitativo que proteja especialmente a personas en condición de vulnerabilidad, mientras que la

imparcialidad actúa como barrera frente a posibles sesgos tecnológicos. La integridad de la función pública se preserva mediante la buena fe, la moralidad y la transparencia, principios que obligan a que el uso de la IA sea comprensible y se enmarque en la rectitud institucional. Asimismo, la digitalización no puede restringir la participación ciudadana ni diluir la responsabilidad de la autoridad, quien responde jurídicamente por las decisiones apoyadas en estas herramientas. Además, la implementación tecnológica debe articularse mediante la coordinación entre entidades, asegurando que la búsqueda de eficacia, economía y celeridad no se convierta en un fin en sí mismo que termine por menoscabar los derechos sustanciales o el rigor del procedimiento administrativo.

Como puede observarse, la incursión de la IA en la administración de justicia impacta de forma transversal los principios fundamentales de la actuación judicial, lo que obliga a reforzar los mecanismos para su salvaguarda. En este contexto, el Código Disciplinario del Abogado, consagrado en la Ley 1123 (2007) establece en su artículo 28 una serie de deberes imperativos que adquieren una nueva dimensión frente a la tecnología. Para el profesional del derecho, esto se traduce en la obligación de actuar con una diligencia reforzada, colaborando con la justicia de manera

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

leal y legal. En definitiva, la lealtad, la honradez y la responsabilidad en el manejo de herramientas digitales no son opcionales, sino mandatos éticos esenciales que deben guiar el ejercicio profesional para evitar la vulneración de los derechos de sus clientes y la integridad del sistema.

5.2. IMPORTANCIA DE ASEGURAR LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS PROCESALES

dencia, especialmente los autos de sustanciación, y por supuesto, las sentencias.

El núcleo esencial del uso de la IA se centra en la protección de los derechos fundamentales y principios procesales, especialmente en un momento clave del proceso, que corresponde a las decisiones judiciales. Estas comprenden cualquier provi-

Como se pudo constatar en el libro de Argel y Méndez (2025) “La inteligencia artificial en decisiones judiciales: ¿Garantía o riesgos para los derechos fundamentales y principios procesales?”, los autores, tras realizar entrevistas a magistradas, concluyen que la inteligencia artificial debe entenderse como un instrumento de apoyo en la administración de justicia, orientado a gestionar tareas repetitivas u operativas que suelen consumir largas jornadas y dar lugar a errores materiales, tales como la transcripción de audiencias, la elaboración de relatorías o la extracción de datos en correos electrónicos. Su implementación no pretende la sustitución del juez o del funcionario, sino la optimización de recursos para

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

que estos puedan concentrar su labor en las funciones sustanciales del proceso.

Ante este contexto, la supervisión humana constituye una exigencia constante y ningún resultado puede asumirse de forma automática, pues requiere ser revisado, contrastado con el expediente y validado por el responsable competente. Así, mientras el criterio jurídico y la interpretación del derecho permanecen como facultades humanas exclusivas, la IA se consolida como una aliada estratégica para mejorar la eficiencia y la precisión del trabajo judicial (Argel y Méndez, 2025). Esto implica un estándar máximo de responsabilidad y exigibilidad para los funcionarios de la rama judicial que buscan optimizar sus actuaciones mediante de la utilización de recursos algorítmicos. Tal implementación debe observar

las precauciones debidas, las cuales están sustentadas en la sentencia T-323 de 2024, el acuerdo PCSJA12340-24 del Consejo Superior de la Judicatura y los recientes pronunciamientos mencionados en este escrito.

El derecho, en su aplicación práctica, debe articular de forma coherente su cuerpo normativo con el contexto social donde opera. Este ejercicio exige preservar principios irrenunciables que garanticen una justicia material, incluyente y accesible, siempre orientada a la realización efectiva de los derechos reconocidos a la ciudadanía (Hernández et al., 2024). Por tanto, estas premisas deben ser integradas por los abogados en el cumplimiento de su deber funcional, atendiendo a sus obligaciones con los clientes para que sus garantías fundamentales y procesales sean

“

“EL RETO CONSISTE EN INCORPORAR LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO

DESTINADA A FORTALECER LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DEL SISTEMA”

respetadas por la administración de justicia; pero el profesional del derecho, a su vez, debe velar porque estos mismos principios se vean reflejados en cada una de sus actuaciones.

5.3. ¿QUÉ SUCEDE SI EXISTE UN USO INADECUADO DE LA IA AL MOMENTO DE EJERCER EL DERECHO E IMPARTIR JUSTICIA?

Para Morales (2024) en el contexto de la función jurisdiccional, se identifican riesgos asociados a una eventual automatización total de los trámites judiciales, escenario que podría erosionar el componente humano inherente a la administración de justicia. Con todo, el reto consiste en incorporar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo destinada a fortalecer la eficiencia y la eficacia del sistema, sin que ello implique un desplazamiento del arbitrio judicial o el reemplazo integral de jueces y demás operadores jurídicos.

Cuando un funcionario judicial utiliza de forma inadecuada la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, especialmente en una etapa decisiva como la emisión de una sentencia, debe recordar que su deber funcional se fundamenta en su conocimiento jurídico y en su criterio autónomo, sin que resulte legítimo delegar en sistemas tecnológicos los elementos esenciales que estructuran el fallo. La jurisprudencia sobre el daño antijurídico y la doctrina coinciden en que su configuración requiere acreditación cierta y verificable, incluso bajo regímenes de responsabilidad objetiva, lo que implica que eventuales errores derivados de un uso indebido de estas herramientas pueden comprometer la responsabilidad del Estado. En consecuencia, dependiendo de la intensidad de la conducta, sea dolosa o gravemente culposa, el funcionario podría enfrentar la acción de repetición, dado que la tecnología no exonera ni atenúa la responsabilidad jurídica inherente al

ejercicio de la función jurisdiccional (Argel y Méndez, 2025). Además, se suman las investigaciones de carácter disciplinario que pueda acarrear por el uso inadecuado de la IA.

Asimismo, los abogados pueden enfrentar sanciones por el uso inadecuado de la inteligencia artificial en sus actuaciones. Como se evidenció en el Auto AC739-2026 de la Corte Suprema de Justicia (13 de febrero de 2026), esta corporación determinó que el apoderado incurrió en temeridad procesal, imponiéndole una multa de 15 SMLMV conforme al artículo 81 del CGP. Asimismo, se ordenó la compulsa de copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para investigar la posible comisión de faltas disciplinarias. Tal decisión confirma que tanto funcionarios como litigantes tienen el deber ineludible de emplear la IA de forma responsable, ya que omitir estos estándares acarrea graves consecuencias profesionales.

6. CONCLUSIONES

La justicia representa uno de los objetivos más elevados de cualquier sociedad, desde sus formas primitivas y su paso por la Grecia Clásica, la Roma Antigua, la Edad Media, la Ilustración y la Edad Moderna, hasta llegar a la época contemporánea. A lo largo de esta evolución, la administración de justicia se ha transformado globalmente para adaptarse a la realidad de la era digital, la cual impulsa la incorporación de herramientas algorítmicas con el fin de asegurar estándares de calidad, eficacia y eficien-

cia, sin perder jamás su fundamento constitucional y garantista.

Bajo este panorama, cobran especial relevancia los distintos escenarios donde el derecho busca integrar la inteligencia artificial, especialmente para cumplir con el principio de celeridad procesal sin menoscabar las demás garantías ni los derechos fundamentales. Esto obliga a reflexionar sobre el potencial de la IA para mejorar el ámbito jurídico, reconociendo que su implementación no es neutra desde el punto de vista constitucional y conlleva un alto grado de responsabilidad. Alcanzar fielmente la teoría garantista requiere que jueces, abogados y auxiliares de la justicia comprendan que se trata de una herramienta de apoyo, cuya efectividad depende estrictamente de la capacitación y el estudio, siempre bajo

Representación simbólica de la justicia algorítmica. Nota. Imagen generada con inteligencia artificial mediante Gemini, a partir de instrucciones elaboradas por el autor, 2026.

un modelo de supervisión humana permanente y verificación jurídica.

En el caso colombiano, a falta de una ley específica, la guía fundamental la brindan la sentencia T-323 de 2024 y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que regulan el uso de herramientas de IA en la función judicial. Estas decisiones no son simples trámites, sino advertencias reales para quienes operamos el derecho y configuran un estándar jurisprudencial emergente sobre el uso responsable de la tecnología en la función judicial.

Lamentablemente, el uso indebido de la IA por parte de funcionarios y litigantes en diversas partes del mundo funciona como una alerta sobre lo mucho que falta por indagar respecto a los sistemas algorítmicos. El

riesgo de las "alucinaciones" y el perjuicio que esto acarrea exigen actuar con prudencia, dado que tales fallos inciden directamente en el debido proceso y la motivación de las decisiones. Todos los actores del sistema judicial deben ser plenamente conscientes de que la ética es innegociable, lo que implica que deberes como la valoración probatoria y la construcción argumentativa del fallo son absolutamente indelegables.

Al final, el ser humano se apoya en las herramientas digitales, pero la responsabilidad del análisis jurídico sigue siendo una tarea humana vinculada a la ley. La decisión judicial es un acto intelectivo y volitivo que no puede ser sustituido por ningún sistema automatizado, pues implica la valoración probatoria, la interpretación normativa y la adopción responsable de una determinación jurídicamente motivada. Del mismo modo, los abogados están sujetos a este estándar, pues responden disciplinaria y profesionalmente por la veracidad, el rigor y la corrección de las actuaciones que presentan ante el juez y frente a su cliente. Precisamente por ello, la inteligencia artificial puede optimizar la función jurídica, pero nunca desplazar la responsabilidad que la Constitución radica en quienes administran y ejercen el derecho.

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