El incumplimiento del Estado colombiano en la aplicación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de S

Documento elaborado por Corporación Casa de la Mujer, Colombia Noviembre 2008 Equipo investigador Olga Amparo Sánchez Gómez Jaqueline Campos Rincón Abelardo Carrillo Urrego Hugo Jiménez Avila Financiado por Cordaid Holanda Traducción María Emilia Ortega Samper Diseño de portada y Diagramación Sergio Andrés Yepes S. - Núcleo - comunicación & 1/2ª nucleo.director@gmail.com Fotografía contraportada Santiago Aguirre S. tiagobserva@gamil.com Impreso por Offset Gráfico - Bogotá - Colombia

RESUMEN EJECUTIVO EXECUTIVE SUMMARY

CORPORACION CASA DE LA MUJER

Y es aquí, en este desafío, donde las mujeres nos afianzamos en acciones de solidaridad y de resistencia civil como una tentativa para salvaguardar nuestros espacios, tiempos y vidas, en un país en el que ha existido algo más que el silencio, el miedo, el desplazamiento y las tumbas, factores adjudicados por el conflicto armado que nos consume desde hace más de 40 años.

En este contexto, realizamos un análisis crítico de la aplicación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el Estado colombiano; así mismo, señalamos posibles acciones que el mismo Gobierno, las organizaciones de derechos humanos, los grupos de mujeres y las entidades de cooperación internacional debemos llevar a cabo en el marco de dicha providencia.

El balance sobre la aplicación de la Resolución en Colombia contiene información de las dinámicas más recientes del conflicto armado y su impacto en la vida de las mujeres y las niñas; la participación ciudadana y de las organizaciones de mujeres en los procesos de paz; las agendas globales de las mujeres y las posibilidades y limitaciones de la aplicación de dicha disposición en nuestro país.

Actual contexto colombiano

Los acontecimientos vigentes en Colombia se caracterizan por procesos vinculados al persistente conflicto armado, a problemas en el orden democrático, al creciente debilitamiento en la legitimidad de algunas de las principales instituciones del Estado, la menor autonomía de las entidades territoriales y a las limitaciones de la sociedad civil para impulsar o dar continuidad a iniciativas de paz en el ámbito local y regional.

El gobierno de Uribe se ha caracterizado por el concepto y las acciones en el marco de la Seguridad Democrática. En la práctica, el eje fundamental de su propuesta ha sido la disuasión militar. Aunque el Gobierno Nacional mantiene abierta la posibilidad de diálogos de paz con la insurgencia, el fundamento de su propuesta política está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad militar del Estado a través de múltiples reformas del régimen político, que en términos generales tienen un carácter regresivo.

Algunas de las situaciones que subsisten en el conflicto armado tienen que ver con que “la confrontación es altamente diferenciada de acuerdo con la dinámica interna de las regiones,

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Sin la construcción de la paz y el restablecimiento de formas de vida en las cuales la violencia no sea el instrumento de solución en los conflictos, Colombia no es viable. Este es el reto más importante de nuestra nación, que involucra el pasado y presente de todas las colombianas y colombianos sin distinción alguna.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

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THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 APPLICATION IN COLOMBIA

It is not feasible for Colombia unless there is construction of peace and re-establishment of ways of living not using violence as an instrument for solving conflicts. This is the most important challenge of our nation and includes all Colombians without distinctions of any type.

In this challenge is where women consolidate in solidarity actions and civil resistance as initiatives to uphold their spaces, times and lives; in a country in which has existed something more than silence, fear, displacements, and tombs, issues allocated to the armed conflict that have consumed us for more than 40 years.

In this context, we are performing a critical analysis on the application of Resolution 1325/2000 of the United Nations Security Council by the Colombian government.

Furthermore, we have pointed out possible actions that the same government, human rights organizations, women’s groups and international cooperation agencies must carry out within the framework of such ruling.

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The assessment of the Resolution application in Colombia encloses information regarding recent dynamics of the armed conflict and its impact on women’s lives and girls; citizens participation and of women organizations in the peace process, women global agendas, and the possibilities and limitations of such application of said regulation in this country.

Current Colombian context

Present events in Colombia are typified by processes linked to the persistent armed conflict, public safety problems in democratic order, a growing weakening legitimacy of some of the governmental agencies, less autonomy in some territorial entities and limitations of the civil society to impel or give continuity to peace initiatives at a local or regional level.

The government of Uribe has been characterized by the concept and actions under the framework of Democratic Security. In practice, the fundamental core of this proposal has been military dissuasion. Although the National Government maintains open the possibility of peace talks with insurgents, the basics of this plan is strengthening military capacity of the State through multiple reforms on the political regime, which in general terms have a regressive character.

Some of the situations that subsist have to do with the fact that “the confrontation is highly differentiated depending on the internal dynamic of the regions, not only in peopling and social cohesion forms but in their economic organization, with its linkage to national and

Además de la violencia, el desplazamiento y la creciente pugnacidad por el control territorial, la descentralización se ha visto afectada por el conflicto armado en la medida en que existe una tensión entre la atribución otorgada al Gobierno Nacional de concentrar las políticas de seguridad y orden público, por una parte, y los intentos de manejo de las expresiones de los diversos conflictos y las violencias a los que se enfrentan los mandatarios territoriales, por otra.

Por lo demás, el proceso de desmovilización de los paramilitares no ha implicado el fin del conflicto armado y de las violencias. Desde finales de 2002, cuando los líderes paramilitares declararon unilateralmente un cese al fuego, lo han estado violando. La Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2004, informó que, en los primeros ocho meses de ese año, recibió 342 denuncias relacionadas con aparentes violaciones del cese al fuego por parte de los paramilitares, las cuales incluían masacres, asesinatos selectivos y secuestros6 . En este mismo sentido, organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación al cese al fuego por parte de los paramilitares. La Comisión Colombiana de Juristas declaró que, hasta agosto de 2004, los paramilitares habían asesinado o forzado las “desapariciones” de 1.899 personas desde la fecha de la declaración del cese al fuego7. El Gobierno ha 1 RESTREPO, Darío I. “Transferencias y Desarrollo: un portafolio para el progreso de las regiones”, en: BECKER, Alejandro, CASTRO, Sandra y CÁRDENAS, Miguel Eduardo (Compiladores). ). Desarrollo de las Regiones y autonomía territorial. Op-cit. Pp. 90.

2 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO-CODHES- Tapando el sol con las manos.

Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos, enero-junio de 2008 en http://www.codhes.org/ 3 Muerte de Raúl Reyes, Operación Jaque, delaciones, deserciones, infiltraciones. Estos hechos han golpeado duramente a las FARC 4 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO-CODHES- Tapando el sol con las manos.

Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos, Op-cit.

5 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO-CODHES- Tapando el sol con las manos.

Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos 6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA, “Seguimiento al Cese de Hostilidades Prometido por las Autodefensas Unidas de Colombia como Signo de su Voluntad de Paz para el País”, 24 de septiembre de 2004, p. 23 [online], http://www.defensoria.org. co/pdf/informes/informe_107.pdf 7 COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, “En Contravía de las Recomendaciones Internacionales, ‘Seguridad Democrática’, Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia: Agosto de 2002 a Agosto de 2004,” 9 de diciembre de 2004, p. 18 [online], http://www.coljuristas.org/sentencia.htm

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Asimismo, el Estado ha incrementado su ofensiva contra las guerrillas con triunfos significativos frente a las FARC3; sin embargo, este grupo mantiene “su presencia y operatividad en varias regiones del país, convirtiendo sus territorios en campos minados; extorsionan y amenazan a la población y desarrollan formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niñas, niños y adolescentes para suplir bajas y deserciones”4. La urgencia de mostrar resultados de la política de Seguridad Democrática ha generado presión hacia la Fuerza Pública y, ésta en su afán de tener éxitos, realiza falsos positivos, que “incluyen ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias”5, produciendo desconfianza y terror en las poblaciones.

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tanto en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica, con su vinculación a la economía nacional y global y su relación con el Estado y el régimen político”1. Continúan los enfrentamientos armados entre las guerrillas de las FARC y el ELN en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Arauca, con víctimas mayoritariamente civiles. “Cabe anotar que en el marco de esta guerra entre guerrillas, se registran alianzas atípicas entre paramilitares, narcotraficantes y guerrillas que responden a nuevas dinámicas del conflicto”2. Asimismo, todos los actores armados continúan reclutando nuevos combatientes con el propósito de prolongar la guerra y ganarla.

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global economy and its relationship with the Government and political regime”1. Military confrontations continue between FARC and ELN guerillas in departments such as Nariño, Cauca, Chocó and Arauca with victims basically civilians. “It is important to annotate that within the framework of this war between guerillas, atypical alliances take place between paramilitary, drug traffickers, and guerrillas responding to new dynamics in this conflict “2 Likewise, all armed actors continue to recruit new combatants with the purpose of prolonging the war and winning it.

Equally, the Government has increased its offensive against guerrillas with significant triumphs against Farc.3 However, this group maintains its presence and operations in various regions of the country, thus, converting these areas in mined fields, with extortion and threats to population and have developed individual and massive recruiting tactics, which include girls, boys and teenagers to make up for casualties and desertions.4 The urgency to show results with respect to the Democratic Security policies has generated pressure in the Armed Forces in their quest to show accomplishments, they are presenting false positives, which; “include extrajudicial executions and arbitrary detentions.”5 Besides violence, displacement and the growing struggle for territorial control, decentralization has been affected by the armed conflict, in the sense that tension exists between the powers given to the National Government to concentrate policies regarding security and public safety on one hand; and the intents of managing the expressions of diverse conflicts and violence which have to be confronted by regional authorities.

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For the rest, the process of demobilizing paramilitary has not implicated the end of the armed conflict and violence. Since 2002, when paramilitary leaders declared unilaterally cease fire, they have constantly violated it. The agency Defensoria Del Pueblo informed that during the first eight months of that year, they received 342 reports related to apparent violations of the cease fire by paramilitary including massacres, selective homicides and kidnappings.6 In this sense, human rights organizations have denounced cease fire violations by the paramilitary.

The Colombian Jurists Commission declared that until August 2004, paramilitary had assassinated or forcefully “disappeared” 1899 people since the cease fire declaration date.7 The Government has celebrated as a great success these demobilizations, but not yet have we seen or perceive its final result.

The question that arises is: ¿if the paramilitary are demobilized, if the Democratic Security presents results to allow the assertion that homicides are diminishing and there is more 1 RESTREPO, Dario I. “Transferencia y Desarrollo: UN portafolio para el progreso de las regiones” in BECKER, Alejandro, CASTRO, Sandra and CÁRDENAS Miguel Eduardo (Works collectors) Development of the regions and territorial autonomy.

2 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO – CODHES. Tapando el Sol con las Manos.

Report on forced displacement, armed conflict and human rights. January – June, 2008. http://www.codhes.org 3 Death of Raul Reyes. Jaque Operation. Confessions, desertions, infiltrations. These events have hit very strongly the FARC guerillas.

4 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO – CODHES. Tapando el Sol con las Manos.

Report on forced displacement, armed conflict and human rights.

5 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO – CODHES. Tapando el Sol con las Manos.

Report on forced displacement, armed conflict and human rights.

6 DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. “Seguimiento al Cese de Hostilidades Prometido por las Autodefensas Unidas de Colombia Como Signo de su Voluntad de Paz para el País.” September 24th. 2004. pg 23 (online) http://www.defensoria.org.co/pdf/ informes/informes_107pdf 7 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS “En Contravía de las Recomendaciones Internacionales, Seguridad Democrática, Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. August 2002 – August 2004.” December 9th, 2004. Page18 (online) http:// www.coljuristas.org/sentencia.htm

Implicaciones del conflicto armado en la vida de las mujeres

Una de las prácticas de guerra más cotidiana y difundida desde que la guerra existe es la violación y el abuso sexual sistemático de mujeres y niñas, la cual revela el peso simbólico que deposita la cultura en la integridad sexual de los cuerpos femeninos y, por consiguiente, en la posibilidad que sean utilizados como arma y como botín de guerra.

Para las mujeres en las zonas de conflicto armado, la situación no sólo tiene que ver con la confrontación armada entre los diferentes actores, guerrilla, militares y paramilitares, sino también con el abuso sexual, el maltrato físico, el chantaje y la presión a que son sometidas por los diferentes actores del conflicto. Ellas deben enfrentar consecuencias visibles e invisibles. En las primeras, se pueden ubicar la viudez, la pobreza, el deterioro físico, los cambios en las dinámicas familiares y en el entorno, la destrucción de bienes, el desarraigo de su territorio y de su cultura. En las segundas, el miedo, el sufrimiento, el chantaje, el abuso sexual, la redefinición de roles, el no disponer de tiempo para elaborar el duelo por las pérdidas afectivas y materiales, porque el reto que deben asumir es la sobrevivencia inmediata, y la pérdida de identidad y autoestima.

En estas circunstancias, la información sobre la situación de las mujeres en Colombia no se encuentra actualizada y sistematizada, dado que las entidades estatales, responsables de generar, actualizar y analizar la información no han cumplido con una de sus responsabilidades: originar información confiable, actualizada y verificable; “la precariedad de la información producida por las autoridades gubernamentales territoriales y la insuficiencia de la misma, refleja un desconocimiento del marco jurídico internacional y nacional vigente para Colombia, frente a la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en lo referente al derecho a la igualdad, a los derechos sexuales y reproductivos”9.

No se conoce la dimensión real del problema de las violencias perpetradas contra las mujeres por los actores armados. Las estadísticas disponibles se construyen a partir de la información generada por el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Delitos Sexuales 8 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO-CODHES- Tapando el sol con las manos.

Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos, Op-cit.

9 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Informe de seguimiento y vigilancia de los derechos humanos de las mujeres en 23 departamentos, el distrito capital y tres municipios piloto. Bogotá, 2006.

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La pregunta que surge es: ¿sí se han desmovilizado los paramilitares, sí la política de Seguridad Democrática presenta resultados que permiten afirmar que se han disminuido los homicidios y que hay mayor seguridad, por qué continúa el desplazamiento forzado? Existen varias hipótesis en relación con el tema. “El rearme paramilitar asociado a la fragmentación de los carteles de la droga y la intencionalidad de asegurar el despojo de tierras podrían explicar en parte este incremento del desplazamiento forzado que se origina en zonas en las cuales las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron el control político e institucional. En otras regiones se intenta repetir el modelo que asocia la violencia al dominio, uso y disfrute de la tierra, ahora en el marco de la expansión agroindustrial con fines energéticos. Por supuesto que el narcotráfico estimula la guerra pero también la apropiación por la vía del destierro, el despojo y la presión”8.

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celebrado como un gran éxito las desmovilizaciones, pero todavía no se ha visto ni se percibe su resultado final.

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security, why is forced displacement continuing? Various hypotheses to this matter exist regarding this issue: “Paramilitary rearmament associated to the fragmentation of drugs cartels and the intention to assure land dispossession explains part of an increase in forced displacement originated in areas where the demobilized AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, assured political and institutional control. In other regions there is an attempt to repeat the model which associates violence to control, use and enjoyment of the land, now under the agribusiness expansion framework with energetic purposes. Obviously, drug traffickers promote war but also appropriation by exile, dispossession and pressure.”8

Implications of the armed conflict on women’s lives

One of the most used and widespread war practices is systematic rape and sexual abuse of women and girls, which reveals the symbolic weight that deposits culture in sexual integrity of feminine bodies, subsequently, with the possibility of being used as a weapon or a war plunder.

For women in the armed conflict zone, the situation not only has to do with the conflict between different actors; guerrilla, military and paramilitary, but has to do with sexual abuse, physical mistreatment, blackmail, and pressure to which women are subject by the conflict characters. Women must endure visible and invisible consequences. In the first ones can be located widowhood, poverty, physical deterioration, changes in family dynamics and surroundings, destruction of property, territory and culture rootlessness. In the second ones include; fear, suffering, extortion, sexual abuse, roll redefinition considering there is no time to mourn due to affective and material losses, because the challenge women must assume is of immediate survival and loss of identity and self-esteem.

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Under these circumstances, information regarding women in Colombia is not updated and systematized considering that governmental agencies responsible of generating, updating and analyzing this information have not complied with one of their responsibilities; provide reliable, updated and verified information: the precariousness of information produced by governmental agencies and lack of same, reflects a total ignorance of valid international and national juridical agenda for Colombia in relation to women’s rights guarantees, most especially, those referring to equal opportunities, sexual and reproductive rights.”9 It is not known the real dimension of the problem related to violence perpetrated against women by armed actors. Available statistics are construed from information generated by the Instituto de Medicina Legal (Legal Medicine and Forensic Science Institute), the Human Rights Sexual Crimes Unit of the Attorney General´s office, the Human Rights Observatory, and the International Humanitarian Rights of the Vice-presidency of the Republic’s office, Night and Fog of the Research and Popular Education Center – CINEP- and human rights organizations and group of women.

The concern for women’s groups and organizations is that for the years 2003-2007, the institute of Legal Medicine and Forensic Science systematically did not report demobilized, paramilitary, guerrilla or public armed forces as aggressors. According to the Institute, during 8 CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO – CODHES. Tapando el Sol con las Manos.

Report on forced displacement, armed conflict and human rights.

9 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Report on follow up and vigilance of women human rights in 23 departments, capital district and three pilot municipalities. Bogotá, 2006.

Para los años 2006-2007, el Instituto reportó 115 hechos de violencia sexual contra las mujeres, cuyos presuntos responsables son los actores armados. A la fuerza pública “se le atribuye el 81.73 por ciento (94 víctimas)”; a los grupos guerrilleros, el 16.52 por ciento (19 víctimas) y a los grupos paramilitares, el 1.7 por ciento (2 víctimas)15.

En la realización de este documento, los datos de violencia sexual perpetrada por los actores armados contra las mujeres se basaron en testimonios de ellas y en los informes de las organizaciones y grupos de mujeres. El carecer de esta información implica una alta probabilidad que los delitos cometidos contra las mujeres por los actores armados queden en la impunidad. En este sentido, el Estado colombiano ha hecho poco para garantizar que las mujeres víctimas de la violencia sexual reciban justicia, reconocimiento de su sufrimiento o una reparación que las ayude a reconstruir su vida. Los paramilitares son responsables, desde la década de los 90, de violencias sexuales tales como violaciones, esclavitud sexual, embarazo forzado y otros delitos sexuales contra un número aún indeterminado de mujeres.

En la actualidad, algunos medios de comunicación comienzan a dar información de la cruenta realidad que tuvieron que padecer las mujeres.

Uno de los mayores avances en relación con los hechos de violencia sexual perpetrados por los actores armados en Colombia es el Auto 092/08 de la Corte Constitucional, el cual “hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, constatando la gravedad y generalización de la situación que se ha puesto de presente por diversas vías procesales ante esta Corporación

10 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Forenses datos para la vida, herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, Bogotá, 2003, Pp. 100.

11 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Forenses datos para la vida, herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, Bogotá, 2004, Pp. 149.

12 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Forenses datos para la vida, herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, Bogotá, 2005, Pp. 162 13 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Forenses datos para la vida, herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, Bogotá, 2006, Pp. 223 14 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Forenses datos para la vida, herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia, Bogotá, 2007, Pp. 144.

15 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS, La violencia contra las mujeres y las niñas: agravada por la política de “seguridad” del Estado, Bogotá, 2008, Pp. 6

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Es de preocupación para los grupos y organizaciones de mujeres que para los años 20032007 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sistemáticamente no reporta como agresor a desmovilizados, paramilitares, guerrillas o fuerza pública. Según el Instituto, en 2003 se practicaron 14.239 exámenes sexológicos, de estos 12.011 se realizaron a mujeres, lo que representa el 84 por ciento10. En 2004, se efectuaron 17.912, de los cuales 14.369 fue a mujeres, lo que equivale al 84 por ciento11. En 2005, se cumplieron 18.474 exámenes sexológicos, 13.692 a mujeres, representando el 84 por ciento12. En 2006, se practicaron 19.591 exámenes, 14.382 a mujeres, lo que equivale al 83.6 por ciento del total de los exámenes ejercidos13. Y en 2007, se llevaron a cabo 20.773 procedimientos en total, 16.993 a mujeres, representando el 81.8 por ciento14.

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de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República; Noche y Niebla, del Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-, y de organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres.

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2003, 14239 sexological exams were performed of which 12011 were done to women which represents 84 percent.10 In 2004, 17912 sexological exams were completed being 14369 women, corresponding to 84 percent.11 In 2005, 18474 exams were performed of which women represented 13692 or 84 percent.12 During 2006, were carried out 19591 exams, 14382 to women equivalent to 83.6 percent of the total exams finished13, and throughout 2007, 20773 procedures took place in total, 16993 women representing 81.8 percent.14 For the years 2006-2007, the Institute reported 115 sexual violent incidents against women, and the alleged responsibility was ascribed to the armed combatants. To the public governmental force is attributed 81.73 percent (19 victims)”; to the guerrilla groups 16.52 percent (19 victims) and to paramilitary groups 1.7 percent (1 victim).15 During the completion of this document, data of sexual violent acts perpetrated by armed actors against women were based on women’s testimonies, and reports of organizations and women groups. The lack of this information implies a very high probability that these crimes, committed against women by the armed combatants, will remain unpunished. In this matter, the Colombian government has done very few to guarantee that women victims of sexual violence receive justice, recognition for their suffering or repair to enable them to reconstruct their lives. Paramilitary are responsible since the 90’s of sexual violence such as rape, sexual slavery, force pregnancy and other sexual crimes against an undetermined number of women. Presently some communication media are commencing to include information related to this crude reality suffered by women.

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One of the biggest advances in relation to sexual violent acts, perpetrated by armed combatants in Colombia, is court order 092/08 of the Constitutional Court, in which “makes emphasis on the risks of sexual violence, ascertained of the seriousness and generalization of the situation, which has been presented in several procedural stages before this court through reiterate, cohesive and consistent information presented by victims or organizations promoting such data.”16 The Court sent to the Attorney General’s office 183 acts of sexual violence. Crimes typified by the Court include: 107 rape cases, 36 of torture, 35 kidnappings, 35 homicides, 21 of sexual abuse, 21 of illegal detentions, 12 of slavery, 11 displacements, 9 mutilations, 7 of sexual violence, 7 violent carnal access and 7 threats.

The biggest numbers of sexual violent crimes sent by the Court to the Attorney General’s office are located in the department of Antioquia, with a total of 75; Santander follows with 10 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensic data for life, tools to interpret, intervene and prevent injuries from external causes in Colombia. Bogotá, 2003. Page 100.

11 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensic data for life, tools to interpret, intervene and prevent injuries from external causes in Colombia. Bogotá, 2004. Page 149 12 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensic data for life, tools to interpret, intervene and prevent injuries from external causes in Colombia. Bogotá, 2005. Page 162 13 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensic data for life, tools to interpret, intervene and prevent injuries from external causes in Colombia. Bogotá, 2006. Page 223 14 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensic data for life, tools to interpret, intervene and prevent injuries from external causes in Colombia. Bogotá, 2007. Page 144 15 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS. Violence against women and girls aggravated by the security policies of the Government, -Bogotá, 2008. Page 6 16 CONSTITUTIONAL COURT Auto 092/08. Second court. Revision. Protection of women fundamental rights, victims of forced displacement because of the armed conflict. Op-cit. Page 6

El mayor número de los hechos de violencia sexual remitidos por la Corte a la Fiscalía se encuentran en el departamento de Antioquia, con un total de 75; Santander, con 28; Cauca, 23; Bolívar, 22; Valle del Cauca, 22; Arauca, 21 y Putumayo, 19. Los restantes hechos se distribuyen en otras ciudades en rangos de 13 a 1 caso. Es importante precisar que el número de delitos tipificados y el número de hechos por ciudad no corresponde a los 183 remitidos por la Corte a la Fiscalía, dado que una mujer pudo haber sido víctima de más de un delito.

En relación con los presuntos responsables, en 79 casos son los paramilitares; en 26, las AUC; en 41, la fuerza pública; en 17, la guerrilla; en 14, otros actores y en 6, el presunto responsable es un actor armado no determinado, para un total de 183 casos.

En relación con las actuaciones judiciales instauradas por las víctimas, se tiene que 152 mujeres no han instaurado ningún procedimiento legal. En la Fiscalía se encuentran 22 procesos; en juzgados, 4; precluido, 1 y absuelto y sin respuesta institucional, 1.

Para las mujeres víctimas de estos delitos, la violencia sexual no era ni es un hecho aislado, sino una violación que ha continuado por parte de los paramilitares durante el proceso de desmovilización. Tras haber sido blanco de ataques sistemáticos durante la guerra, sus heridas físicas y psicológicas se han visto agravadas por el control que los paramilitares ejercen en zonas del país, lo cual se evidencia en el poder y control económico, social y territorial que hoy ostentan los llamados “desmovilizados”, quienes han pasado de victimarios a “líderes” sociales y comunitarios.

Además, en el país existen serias dificultades para hacer visible las violencias sexuales perpetradas por las guerrillas, la fuerza pública y los paramilitares contra las mujeres y las niñas, como el no contar con sistemas de información con criterios homogéneos que permitan construir cuadros históricos, analizar los factores socio-culturales que se encuentran vinculados a las violencias contra ellas y establecer políticas públicas más adecuadas en los ámbitos locales, regionales y nacional, que les posibilite el acceso a la justicia, el conocimiento de los hechos y la reparación.

En el período 2003-2007, y aún con la aplicación de la política de Seguridad Democrática, los grupos armados continuaron cometiendo delitos, crímenes de guerra y de lesa humanidad contra las mujeres y las niñas en Colombia. En el año 2003, del total de 1.799 homicidios cometidos contra mujeres, 89 mujeres fueron asesinadas por actores armados legales e

16 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092/08, Sala Segunda Revisión, Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, Op-cit. Pp. 6

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La Corte remite a la Fiscalía 183 hechos de violencia sexual. Los delitos tipificados por la Corte se distribuyen en 107 casos de violación, 36 de tortura, 35 de secuestro, 35 de homicidio, 21 de abuso sexual, 21 de retención ilegal, 12 de esclavización, 11 de desplazamiento, 9 de mutilación, 7 de violencia sexual, 7 de acceso carnal violento y 7 de amenaza.

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en este sentido, mediante informaciones reiteradas, coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o por organizaciones que promueven sus16”.

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28, Cauca, 23; Bolivar, 22; Valle del Cauca, 22, Arauca, 21 and Putumayo, 19. Other acts were attributed to other cities within a range of 13 to 1 case. It is important to precise that the number of typified crimes and the number of events per city did not belong to the 183 cases sent by the Court to the Attorney General’s office considering that a woman could have been victim more than once.

With regards to alleged responsibility of these crimes, in 79 instances were the paramilitary; in 26 cases the AUC; in 41 the Public force; in 17, the guerrillas; in 14 other subjects, and in 6 cases, the alleged responsible were not identified armed combatant, for a total of 183 cases.

In relation with judicial proceedings filed by the victims, it is recorded that 152 women have not yet filed any legal claim. In the Attorney General’s office, there are 22 processes; in the courts, 4; precluded 1, acquitted without any institutional response.

For women, victims of these crimes, sexual violence was not and has been an isolated case, but a violation that has continued by paramilitary during their demobilization process. After being the target of the attacks during the war, physical and psychological wounds have been aggravated by the control of paramilitary, which are exercising control in areas of the country, where there is evident their authority and economic, social and territorial control.

To this date, held by the so called “demobilized”, who were the perpetrators and now have been converted into social and community “leaders.”

14

Besides, in this country there are serious difficulties to make visible sexual violence perpetrated by guerrillas, public force and paramilitary against women and girls, due to the lack of information systems with homogeneous criteria that will allow the construction of historical charts, analyze socio-cultural factors linked to this violence against them, and establish more adequate public policies at local, regional and national level. This would allow women to have access to justice, the knowledge of these events and to reparation.

During the period 2003-2007, and even with the application of Democratic Security to armed groups, they have continued perpetrating felonies, war crimes, and crimes against humanity; women and girls in Colombia. In 2003, from a total of 1378 homicides committed against women, 89 women were assassinated by legal and illegal armed combatants.17 For the year 2004, of 1378 homicides perpetrated against women, in 43 murders the alleged responsible were illegal armed actors and the public force.18 It is important to precise that for both years, the information of women homicides by armed actors was obtained through human rights organizations and of women.

As of 2005, the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences included the variable of aggressor and sex of victims, and the circumstances of the crime and sex. For this year, 1424 homicides were registered against women. The alleged responsible of these murders in 89 instances were done by the armed forces; in 5 cases by the Police; in 1 case the Intelligence Services; 15 cases by FARC; 17 by paramilitary –AUC; 1 murder by ELN, 17 Page 40.

18 Page 55.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2003.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2004.

De acuerdo con la información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2006 se registraron 1.223 homicidios contra mujeres. De ellos, en 117 asesinatos los presuntos responsables fueron los actores armados. Por fuerzas militares, 86 mujeres; por paramilitares, 7; por la Policía, 4; FARC, 9; otras guerrillas, 4; grupos de seguridad privadas, 2; narcotraficantes, 5. Para el mismo año, según circunstancia del hecho, en enfrentamiento armado -no se dice el actor del enfrentamiento-, murieron 34 mujeres; por acción de la guerrilla, 17; por acción militar, 48; por acción paramilitar, 3 y por acción terrorista, 1 mujer, para un total de 10322. En este año a causa del conflicto armado perdieron la vida 220 mujeres.

El Instituto informa que para el 2007 se registraron 1.207 homicidios contra mujeres. Según las circunstancias del hecho, por acción de la guerrilla murieron 25; por acción militar, 75; por paramilitares, 8; por enfrentamiento armado, 30; por intervención legal, 3; por secuestro, 2 y por terrorismo, 3. Para un total de 143 mujeres asesinadas, en situaciones en las cuales los actores armados son los presuntos responsables23.

Las cifras del 2006 y 2007 no son comparables en relación con los presuntos responsables.

Sin embargo, llama la atención que según circunstancia del hecho, en el 2006, 48 mujeres pierden la vida por acción militar y en el 2007, 75; por acción guerrillera, 17 en 2006 y 25 en 2007. En 2006 mueren 103 según circunstancia del hecho y en 2007, 143. Estas cifras tienen que ver con uno de los hallazgos que reporta el Instituto: “las mujeres están siendo 17 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2.003. Pp. 40.

18 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2004, Pp. 55.

19 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2005. Pp. 37-63.

20 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Op-cit, Pp.60 21 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Op-cit, Pp. 48.

22 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2006, Pp. 48.

23 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2006, Pp. 25.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

A partir de 2005, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses incluye la variable agresor y sexo de la victima y circunstancias del hecho y sexo. Para este año, se registraron 1.424 homicidios contra mujeres. En 89 asesinatos de mujeres los presuntos responsables fueron por las fuerzas militares; en 5, la Policía; en 1, los servicios de inteligencia; en 15, las FARC; en 17, paramilitares-autodefensas; en 1, el ELN; en 1, otras guerrillas, para un total de 129 asesinatos, en los cuales el presunto responsable son los actores armados legales y la fuerza pública19. Según circunstancias del hecho, 118 mujeres fueron asesinas, 52 mujeres en enfrentamiento armado -no se específica ningún actor armado-; 22, por acción guerrillera; 33, por acción militar; 8, por acción paramilitar y 4, por terrorismo.20. Para este año, 248 mujeres fueron asesinadas por actores armados ilegales y fuerza pública21.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

ilegales17. Para el 2004, del total de los 1.378 homicidios perpetrados contra las mujeres, en 43 asesinatos los presuntos responsables fueron los actores armados ilegales y la fuerza pública18. Es importante precisar que para ambos años la información de los asesinatos de mujeres por los actores armados se obtuvo de organizaciones de derechos humanos y de mujeres.

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and 1 by other guerrilla groups. For a total of 129 homicides being the alleged responsible the legal armed combatants and the public force.19 On account of the circumstances of the events, during armed confrontation, and where the parties involved in such action were not named, 52 women died; because of guerrilla actions, 22 died; on account of military confrontations, 33; due to paramilitary confrontations, 8, and by terrorist activity, 4.20 This year, 248 women were assassinated by illegal armed combatants and the public force.21 According to information from the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, during the year 2006, 1223 homicides against women were registered. From this number, in 117 homicides, the alleged responsible for these crimes were the armed combatants.

The armed forces were responsible of crimes against 86 women; by paramilitary groups, 7; by the police, 4; by FARC, 9; other guerrillas 4; private security groups, 2; drug traffickers, 5. For the same year, according to circumstances of events during armed confrontation, and where the parties involved in such action were not named, 34 women died; because of guerrilla actions, 17 died; on account of military confrontations, 48; due to paramilitary confrontations, 3, and by terrorist activity, 1, for a total of 103.22 This year, and due to the armed conflict, 220 women lost their lives.

The Institute reported that for 2007, 1207 registered against women. According to circumstances of the events, because of guerrilla actions 25 died; as a consequence of military actions, 75; by paramilitary groups, 8; because of armed confrontations, 30; due to legal intervention, 3; while they were kidnapped, 2 and by terrorism, 3. For a total of 143 women assassinated in situations, the armed actors are the alleged responsible.23

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The figures of the years 2006 and 2007 are not comparable in relation to the alleged responsible. However, it strikes our attention that according to circumstances of the events, during 2006, 48 women lost their lives due to military action, whereas in 2007, 75. Because of guerilla action 17 women died in 2006, and 25 in 2007. During 2006 died 103 according to circumstances of events, and in 2007, 143 women lost their lives. These figures have to do with one of the Institute’s findings; “women are being victims with more frequency in urban and rural areas by armed groups during confrontations.”24 To conclude, during the period 2003-2007, 7031 women were assassinated. During 20032004, 122 were killed by legal and illegal armed actors, there is no information regarding alleged aggressors. Only until 2005-2006, the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences discriminated the alleged perpetrators. In these two years, 189 women were killed by military forces, police, intelligence services and private security forces.

Throughout the same period, ELN and FARC were allegedly responsible of 10 assassinations of women, other guerilla groups, 5, and drug traffickers 5. For that same period, in 209 homicides of women, the alleged aggressor was a legal or illegal armed combatant.

19 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2005.

Pages 37-63 20 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Op-cit. Page 60 21 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Op-cit. Page 48 22 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2006.

Page 48 23 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2006.

Page 25 24 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES National Reference Center of Forensic Violence. Bogotá, 2007.

Page 56

Para los años 2005-2007 el Instituto incluye circunstancias del hecho: acción guerrillera, operación militar, movimiento paramilitar y enfrentamiento armado sin especificar los actores del combate. En dichas circunstancias, fueron asesinadas 359 mujeres por los actores armados legales e ilegales. Por último, de acuerdo con las cifras reportadas para el período estudiado, 689 mujeres perdieron la vida a manos de los actores armados legales e ilegales, lo cual representa para el período el 9.79 por ciento del total de las mujeres asesinadas. Estas cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal no implican que sean los únicos asesinatos de mujeres en los cuales sus presuntos responsables son la fuerza pública, la guerrilla y el paramilitarismo.

Según la Procuraduría General de la Nación, se calcula que de cada 100 casos de mujeres que mueren violentamente, 20.5 son menores de edad, cifra muy superior si se compara con la que resulta para los varones menores de 18 años; es decir, 8 de cada 100 casos.

Hallazgo preocupante, dado que son las mujeres, en particular, menores de 18 años, quienes además sufren otros tipos de violencia como la sexual y la explotación económica.

Desplazamiento = desarraigo y pobreza

Los datos confirman las advertencias reiteradas sobre un proceso de recomposición violenta de la tenencia de la tierra que subyace al conflicto armado y en el cual confluyen importantes intereses económicos y políticos. El 82 por ciento de los desplazados provienen de zonas rurales, en lo que constituye un preocupante éxodo del campo, toda vez que en forma paralela se incrementaron las migraciones económicas, que generaron una verdadera crisis en el sector agropecuario.

La mayoría de las-os desplazadas-os huyen en forma individual y familiar, aún cuando la dinámica del conflicto armado impone en forma creciente los éxodos en masa (21 por ciento), que tienen un componente de organización e interlocución en la medida en que exigen retornos seguros y otras reivindicaciones sociales.

De acuerdo con la Encuesta de Nacional de Verificación25, el desplazamiento se feminiza.

El 45.2 por ciento del total de hogares desplazados, la jefatura la tienen las mujeres y de estos mandos, el 78.8 por ciento son autoridades únicas, lo que significa que son viudas, 24 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Forenses. Bogotá, 2007, Pp. 56.

25 COMISION DE SEGUIMIENTO A LA POLITICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO. Proceso Nacional de Verificación, VI Informe a la Corte Constitucional, Bogotá 2008.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

Para concluir, en el período 2003-2007 fueron asesinadas 7.031 mujeres. Para 2003-2004; 122 mujeres fueron asesinadas por los actores armados legales e ilegales, no se tiene la información sobre el presunto agresor. Sólo para los años 2005-2006 el Instituto de Medicina Legal discrimina a los presuntos responsables. En estos dos años, 189 mujeres fueron asesinadas por fuerzas militares, policía, servicios de inteligencia del Estado y seguridad privada. Para el mismo período, el ELN y las FARC son presuntamente responsables de 10 asesinatos de mujeres; otras guerrillas, de 5 y narcotráfico, de 5. Para dicho período, en 209 asesinatos de mujeres el presunto responsable es un actor armado legal o ilegal.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

victimizadas con mayor frecuencia en las zonas urbanas y rurales por grupos armados en confrontación”24.

17

The Institute includes as circumstances of events, for the years 2005-2007, the following; guerrilla actions, military operations, paramilitary movements and armed confrontations without specifying the armed combatants. Under these circumstances, 359 women were assassinated by legal and illegal actors. Lastly, and according to the numbers reported for the period reviewed, 689 women lost their lives in the hands of legal or illegal actors, which represents for this period 9.79 percent of the total women murdered. These figures reported by the Institute of Legal Medicine do not imply that these are the only slayings of women, where the alleged responsible are the public force, guerillas or paramilitary.

According to the General Procurator of the Nation, it is calculated that for every 100 cases of women with violent deaths, 20.5 percent are under age, number very high considering if it is compared with the figure of young men with less than 18 years of age, which resulted in 8 out of 100 cases. This finding is disturbing bearing in mind that women, in particular minors, have to endure other types of violence including sexual and economic exploitation.

Displacement = rootlessness and poverty

Data confirms reiterative warnings with respect to a process of violent recomposition of lands ownership underlie by the armed conflict, and where important economic and political interests converge. An 82 percent of displaced population comes from rural areas constituting a perturbing exodus due to the fact, that in a parallel form, economic migrations have increased generating a real crisis in the farming sector.

The vast majority of displaced population escapes individually or with family members, although the dynamic of the armed conflict imposes an increasing mode of massive exodus (21 percent), it should have an organizational and dialogue component when they demand a safe return to their land and other social claims.

18

According to the National Verification Survey25, displacements have become more feminine in gender. From 45.2 percent of total homes displaced, the head of the households are women, and of those in command 78.8 percent are sole authority, which implies that they are widows, separated or abandoned during their forced displacement. Women have the biggest percentage of unemployment; 13.4 percent, whereas men represent 6.8 percent.

The most recent report presented by the Defensoria Del Pueblo and the International Migrations Office, “(…) 80 percent of population displaced are women, children and teenagers; close to 58% of the population displaced are women and 39 percent of the families displaced were run by women.26 Forced displacements also affects women organizations, but under the conditions they are produced, it is not visible such affectation. From the statistical information and studies regarding existing displaced population social characterization, it has been impossible to

25 COMISION DE SEGUIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO National Verification Process, VI Report to the Constitucional Court, Bogotá, 2008.

26 PROFAMILIA – An approximation of sexual and reproductive health of women displaced in Colombia, for the program in Reproductive Health and Human Development. Ford Foundation, June 2002, Colombia, 2004.Data taken from the document: Promoción y monitoreo de los Derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas del desplazamiento forzado con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual. Defensoria del Pueblo and Internacional Migration Organization, 2008. Page 26.

El desplazamiento forzado afecta también a las organizaciones de mujeres; pero, por las condiciones en las que éste se produce, no es visible tal afectación. A partir de la información estadística y los estudios sobre la caracterización social de la población desplazada existentes, no es posible saber cuántas de las mujeres desplazadas pertenecían a una organización social. Adicionalmente, las líderes sociales que son desplazadas buscan el anonimato por temor a ser ubicadas.

Niñas y niños, población víctima de la violencia

Son múltiples y diversas las formas en que el conflicto armado impacta en la vida de lasos niñas-os campesinas, indígenas y afro-colombianas: generalmente no tienen acceso a educación y a la salud; son vulnerables a ser reclutados y a otras amenazas a su seguridad y sus derechos.

La utilización de niños trabajadores al servicio de los grupos armados y narcotráfico en los cultivos de coca está también ligado al conflicto; en muchos casos, el primero contacto que los niños con los grupos narco-armados es a través de su trabajo en la cosecha de coca.

Más de la mitad de los niños combatientes colombianos son niñas, las cuales son explotadas como esclavas domesticas y sexuales, siendo violadas, torturadas y golpeadas por los actores del conflicto armado27.

En los últimos años se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas por parte de miembros de la fuerza pública, que, en algunos casos, ha presentado sus cadáveres antes las autoridades judiciales y los medios de comunicación como insurgentes muertos en combate28.

Por su parte, la violencia sexual contra las jóvenes y las niñas es una práctica recurrente por parte de todos los grupos combatientes en el país. Guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública continúan realizando acciones que atentan contra la integridad personal de las mujeres, afectando gravemente sus derechos sexuales y reproductivos, y haciendo cada vez menos factible que las jóvenes y niñas puedan gozar del derecho a tener una vida libre de violencia. Al respecto, Amnistía Internacional concluyó que “en el curso de 26 PROFAMILIA. Aproximación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres desplazadas en Colombia para el Programa de Salud Reproductiva y Desarrollo Humano, Fundación Ford, Junio 2002. Colombia 2004. Datos tomados del documento: Promoción y Monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, Defensoría del Pueblo y Organización Internacional para las Migraciones, 2008. Pág. 26 27 MENORES EN LA GUERRA, Situación de la infancia en el conflicto armado colombiano en http://menoresguerra.blogspot. com/2008/03/situacin-de-la-infancia-en-el-conflicto.html 28 CEJIL, COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, Informe sobre la situación de niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado en Colombia: falencias en el proceso de desvinculación de niños, niñas y jóvenes de los grupos paramilitares, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington D.C., julio 18 de 2007, Pp.2.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

El más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para Migraciones, “(…) el 80 por ciento de las personas desplazadas son mujeres, niños, niñas y adolescentes; cerca del 58 por ciento de las personas desplazadas son mujeres y el 39 por ciento de las familias desplazadas están dirigidas por mujeres”26.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

separadas o abandonadas en el proceso de desplazamiento forzado. Las mujeres tienen mayor porcentaje de desempleo: 13.4 por ciento y los varones 6.8 por ciento.

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determine how many displaced women belonged to a social organization. Additionally, social leaders that are displaced seek out to remain anonymous due to fear of being located.

Girls and boys, population victims of violence

There are multiple and diverse forms in which the armed conflict makes impact on the lives of peasant, indigenous and afro- Colombian children ; generally they do not have access to education and health programs, are vulnerable of being recruited and other threats to their security and rights.

The use of working children for the service of armed groups and drug trafficking in cocaine fields, has been also linked to the conflict in many cases, the first contact these children have with drug-armed groups is through their jobs during the coca harvest.

More than half of the children combatants are girls, who are being exploited as domestic and sexual slaves, hence raped, tortured and beaten by actors of the armed conflict.27 In the last years, extrajudicial executions by members of the public force have increased, and have presented their corpses in some cases, before judiciary authorities and the media, arguing they were insurgents killed during combats.28

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In turn, sexual violence against youngsters and girls is a recurrent practice amongst all armed combatants in this country. Guerrillas, paramilitary groups and the public force continue to perform actions that attempt against the personal integrity of women, affecting very seriously their sexual and reproductive rights, thus making each time less feasible that young women and girls could enjoy the right to have a life free of violence. To this respect, Amnesty International concluded that; “in the last 40 years of the Colombian armed conflict, all the armed groups – security forces, paramilitary and guerillas – have abused and sexually exploited women, not only civilians but their combatants as well.(…) Women and girls are concealed victims of this war.”29 Within the Cejil and Coalition report against recruiting children and youngsters for the Colombian armed conflict, and presented before the Interamerican Commission of Human Rights, they concluded that despite this situation is being raised in normative and judiciary levels, in reality something else is taking place. In Colombia there are no reliable figures regarding children presently being part of the armed groups that take part in hostilities; the most conservative data establishes that this number could be between 8000 and 13000. It is believed that one, of four, combatant has less than 18 years of age, and in some cases, this population can reach 30 percent of the armed units.30 The ages of recruitment oscillate

27 Menores de la Infancia. Childhood situation in the Colombian armed conflict. http:/www.menoresguerra.blogspot. com/2008/03/situación-de-la-infancia-en-el-conflicto.html 28 CEJIL – COALICION CONTRA LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. Report on children and youngsters linked to the Colombian Armed Conflict, errors during the minors’ disengagement from the paramilitary groups. Interamerican Commission of Human Rights. Washington, D.C. July 18th, 2007, page 2 29 Amnesty International: “Colombia: bodies marked, silenced crimes: Sexual violence against women during the framework of the armed conflict.” MR 23/0402004, October, 2004, page 1.

30 CEJIL – COALICION CONTRA LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO, Ibíd., pages 9-10

Las citadas organizaciones reconocen que “el fenómeno, lejos de disminuir, ha aumentado, afectando principalmente a niños y niñas de zonas rurales o marginales urbanas, donde los grupos armados que toman parte en las hostilidades, tienen presencia. La Coalición Colombia ha podido verificar que tanto guerrillas, como grupos paramilitares y fuerza pública continúan vinculando directa o indirectamente niños y niñas a sus filas”.

Es también un hecho que los grupos paramilitares continúan vinculando a niños y niñas, situación que se ha incrementado “a pesar del proceso de negociación con estos. Así lo indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual recientemente publicó un comunicado donde señala que diferentes denuncias de reclutamiento se han presentado en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la región de los Montes de María (costa Caribe), y los departamentos de Chocó y Arauca”32.

Auto 092, de la Corte Constitucional, un avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres

Uno de los mayores pasos dados en relación con los hechos de violencia sexual perpetrados por los actores armados en Colombia es la creación del Auto 092/08 por parte de la Corte Constitucional, el cual hace hincapié en el riesgo que enfrentan las mujeres víctimas de este delito, de la violencia del conflicto y del desplazamiento forzado, constatando la gravedad y generalización de la situación.

Ante el escenario de desprotección de los derechos de la población en situación de desplazamiento y de las mujeres, en el 2004 la Corte Constitucional falló a través de la Sentencia T 025, y declaro el estado de inconstitucionalidad de los derechos de las-os 29 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado”, MR 23/040/2004, octubre de 2004, p. 1.

30 CEJIL, COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, Ibid Pp. 9-10.

31 CEJIL, COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, Ibid Pp. 8-9 32 CEJIL, COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, Ibid Pp 9.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

En el informe de la Cejil y la Coalición en contra de la vinculación de las niñas, los niños y las jóvenes al conflicto armado colombiano, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirman que “no obstante que en el plano normativo y jurisprudencial la situación parece estar siendo abordada, en la realidad sucede otra cosa. En Colombia no existen cifras verificables sobre la cantidad de niños que hacen parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades; los datos más conservadores afirman que pueden estar entre 8.000 y 13.000. Se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años y, en ocasiones, esta población puede llegar a ser más del 30 por ciento en algunas unidades armadas30. Sus edades de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13.8 a 12.8 años”31.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

los 40 años del conflicto colombiano, todos los grupos armados –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla – han abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus propias combatientes(...) Las mujeres y niñas son las víctimas ocultas de esa guerra”29.

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between 7 and 17 years of age, with an average age of entry, lowered in the last four years from 13.8 to 12.8 years.”31 The aforementioned organizations recognize that “this phenomenon is far from over, and has increased affecting principally children of rural areas or marginal urban zones, where armed groups, which take part in hostilities, have presence.

The Colombian Coalition has been able to verify that guerillas, paramilitary groups and public force continue to recruit directly and indirectly children in their ranks.”

It is also a fact that paramilitary groups continue recruiting children, situation that has increased “although the existing process of negotiation with them. This has been determined by the United Nations Children’s Fund (UNICEF), who recently published a report pointing out different complaints on recruitment experienced by the city of Cali (Valle del Cauca), the region of Montes de Maria (Caribbean coast) and the departments of Chocó and Arauca.”32

Constitutional Courts’s Auto 092, advancement for the recognition of women rights

One of the biggest steps taken in relation to sexual violence perpetrated by armed combatants in Colombia, is the creation of Auto 092/2008 by the Constitutional Court, in which makes emphasis of the risks endured by women victims of this crime, the conflict’s violence and forced displacement, affirming the seriousness and generality of this situation.

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Faced with a vulnerable rights scenario of the population during displacements conditions and of women, in the year 2004, the Constitutional Court judged through the ruling T 025, and declared the rights of displaced people in a state of unconstitutionality ordering the Colombian Government to perform actions conducive to the effective re-establishment of their rights. Due to the lack of compliance by the Government of said Ruling, and considering the seriousness of the situation regarding women’s rights during displacement circumstances, the Court emitted Auto 092 on April, 2008.”33 The Court in their Auto established that “as victims’ survivors of violent acts, women have been forced to assume family, economic and social roles different to those accustomed to, therefore, women face material and psychological consequences of extreme and abrupt nature. These are the reasons why within the population there can found inequities and injustices typical of discrimination, exclusion and marginalization. Women’s human rights are violated with more gravity than with men.”34 31 CEJIL – COALICION CONTRA LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO, Ibíd., pages 8-9 32 CEJIL – COALICION CONTRA LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO, Ibíd., page 9 33 Auto 092 emitted by the Constitutional Court is the result of decisive actions by women victims of forced displacement and of organization such as: Casa de la Mujer, Ruta Pacífica, and the Women Network towards the Future, this last one integrated by women under displacement conditions. Casa de la Mujer, through their formative processes to demand rights, organized a process with women, who allowed them to present it to the Second Courtroom of the Constitutional Court regarding their rights situation and less-making response of the Government in order to provide conditions that will enable them to enjoy effectively their rights overcoming the state of unconstitutionality.

34 Corte Constitucional: Auto 092. Second Courtroom. Revision. Protection of women’s fundamental rights; victims of forced displacement caused by the armed conflict. Op-cit, Page 10

Con el Auto 092 de 2008 la Corte Constitucional insta al Gobierno a implementar una respuesta institucional que supere el impacto particular de los delitos sexuales en mujeres víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado. Estos programas, por un lado, buscan la superación de las inequidades históricas de las mujeres en el acceso al ámbito económico, de ingreso a la justicia y en la toma de decisiones de cuestiones públicas. Y, por otro lado, establecen un conjunto de mecanismos de prevención, protección y atención integral y jurídica respecto las violencias que, particularmente, sufren las mujeres en situación de desplazamiento. Además, la Corte exige al Gobierno que en el diseño e implementación de estos programas exista una participación activa por parte de organizaciones sociales que promueven los derechos de las mujeres.

En el Auto 092, la Corte señala, que “no es competente para verificar fácticamente ni valorar jurídicamente desde la perspectiva penal la ocurrencia de estos crímenes. Sin embargo, al constatar -en virtud de informaciones reiteradas y consistentes que ha recibido- que se trata de un fenómeno cuyas dimensiones no se han valorado en su plena extensión hasta el momento, la Corte comunicará las denuncias de cientos de casos de crímenes sexuales recientes al Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, y solicitará a la Procuraduría General de la Nación que super-vigile el avance de las investigaciones y procesos penales a los que haya lugar”35.

Este Auto 092 de la Corte Constitucional propone al Estado colombiano la creación y el establecimiento de 13 programas específicos:

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1. Prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento en el marco del conflicto armado.

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Prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas.

33 El Auto 092 emitido por la Corte Constitucional es resultado de la acción decidida de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y de organizaciones como la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica y la Red de Mujeres hacia el Futuro-esta última la integran mujeres en situación de desplazamiento. La Casa de la Mujer a través de sus procesos de formación en exigibilidad de derechos realizó un proceso con las mujeres que les permitió presentar ante la Sala Segunda de la Corte la situación de sus derechos y la deficitaria respuesta estatal para brindar las condiciones para el goce efectivo de sus derechos y superar el estado de inconstitucionalidad.

34 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092, Sala Segunda Revisión, Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, Op-cit. Pp. 10.

35 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092/08, Sala Segunda Revisión, Protección de los derechos fundamentales

de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, Op-cit. Pp. 6

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

La Corte, en el Auto afirma que “como víctimas sobrevivientes de actos violentos, las mujeres, se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres afrontan consecuencias materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta. Es así como dentro de esta población se encuentran inequidades e injusticias propias de la discriminación, la exclusión y la marginalización. Los derechos humanos de las mujeres son violados con mayor gravedad que los de los varones”34.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

desplazadas y ordenó al Gobierno colombiano a realizar acciones para el goce efectivo de los derechos de dicha población. Debido al incumplimiento por parte del Gobierno de dicha Sentencia, y ante la grave situación de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, la Corte emite el Auto 092 de abril 200833.

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With Auto 092 of 2008, the Constitutional Court urges the Government to implement an institutional response that will surmount the particular impact of sexual crimes to women, victims of the violence and forced displacement. On one hand, these programs search to overcome the historic inequities to women in their access to the economic field, to enter into justice, and taking part on decision making in public matters. On the other hand, it establishes a compilation of preventive, protection and integral and juridical attention, with respect to violence, mechanisms, which particularly are being suffered by women under displacement situations. Besides, the Court requires the Government that during the design and implementation of these programs, there should be an active participation from women from social organizations that promote women’s rights.

In Auto 092, the Court indicates that “it is not competent to verify in fact or make a juridical valuation from a penal perspective the occurrence of these crimes. However, when acknowledged, in virtue of reiterate and consistent information received by the Court, it is a phenomenon whose dimensions have not been valuated in its total dimension until now.

The Court will communicate these hundreds of complains related to recent sexual crimes to the Attorney General’s office for its competence, and will solicit to the office of the General Procurator of the Nation to monitor the progress of these inquiries and penal processes that could take place.35 The Constitutional Court Auto 092 proposes to the Colombian Government the creation and establishment of 12 specific programs:

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Prevention of the gender disproportionate impact because of displacements under the frame of the armed confrontation.

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Prevention of sexual violence against displaced women under the armed conflict agenda.

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Prevention of domestic and community violence, as well as, integral attention to its victims.

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Promotion of health amongst displaced women.

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Support of displaced women head of households, providing job and productive opportunities and preventing domestic and labor exploitation of same.

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Educational support for displaced women 15 years old and older.

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Facilitating the access to land property by displaced women.

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Protection of Indigenous displaced women’s rights.

35 Corte Constitucional: Auto 092. Second Courtroom. Revision. Protection of women’s fundamental rights; victims of forced displacement caused by the armed conflict. Op-cit, Page 6

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Promoción de la salud de las mujeres desplazadas.

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Apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar, de facilitación al acceso a oportunidades laborales y productivas y de prevención de la explotación doméstica y laboral de la mujer desplazada.

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Apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años.

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Facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas.

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Protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas.

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Protección de los derechos de las mujeres afro descendientes desplazadas.

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Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia sociopolítica contra las mujeres líderes de la población desplazada.

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Garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.

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Acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas.

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Eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección para las mujeres desplazadas.

Procesos de paz

El Estado colombiano ha intentado, por un lapso aproximado de 20 años, concertar el cese al fuego, la desmovilización y la reincorporación de las organizaciones armadas al margen de la ley. Si bien lo consiguió con cinco grupos guerrilleros distintos y uno de milicias urbanas36 (el M-19 en 1990, el EPL, el PRT, el Quintín Lame en 1990-1991, Renovación Socialista, una facción disidente del ELN en 1994 y un grupo de milicia urbano en Medellín en 1994), a lo largo de este período se incrementó el número de hombres y mujeres alzados en armas, la incidencia de la violencia política, el número de regiones afectadas por la violencia y se aumentó de manera exponencial el número de grupos paramilitares37.

36 Existe un rico y floreciente campo de estudio sobre la violencia política en Colombia, corrientemente catalogado como “violentología”. Es curioso, sin embargo que sólo exista poco material publicado sobre los procesos de paz en Colombia. La mayoría, aunque no todos, son reflexiones de uno u otro de los participantes, ya sea negociadores del gobierno o de la guerrilla. Véanse: BEJARANO, Jesús Antonio. Una agenda para la paz: Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos, Santafé de Bogotá, TM Editores, 1995; PARDO RUEDA, Rafael. De primera mano: Colombia 1986-1994: Entre conflictos y esperanzas, Santafé de Bogotá, Cerec, Grupo Editorial Norma, 1996; GARDA DURAN, Mauricio. De La Uribe a Tlaxcala: Procesos de paz, Santafé de Bogotá, Cinep, 1992; RAMIREZ, Socorro y RESTREPO Luis Alberto. El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur 1982-1986, Bogotá, Siglo XXI, Cinep, 1989.

37 CHERNICK, Marc. “La Negociación de una Paz entre múltiples formas de violencia”, en: LEAL, Buitrago Francisco (Editor).

Los Laberintos de la Guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz. Tercer Mundo Editores – Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes. Bogota. 1999. Pp. 31.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

Prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

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Protection of afro descendents women’s rights.

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Promote the participation of displaced women and the prevention of sociopolitical violence against women leaders of displaced population.

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Guarantees of displaced women’s rights as victims of the armed conflict before the Justice, Truth, Repair and No Repeat.

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Psychosocial accompaniment for displaced women.

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Elimination of access barriers to the protection system for displaced women.

Peace Processes

The Colombian Government has tried, during the last 20 years, to obtain cease fire, demobilization and reincorporation of illegal armed organizations. Although the government was able to complete this with five different guerrilla groups and one urban militia36 (M-19 in 1990, EPL, PRT, Quintín Lame in 1990-1991. Renovación Socialista, a dissident faction of ELN during 1994 and a group of urban militia from Medellín in 1994), during this period, the number of men and women recruited to illegal organizations increased, as well as the incidence of political violence, the number of regions affected by violence and the number of paramilitary groups presented an exponential growth.37 Negotiations of the peace process can be divided in periods according to the particular presidential administration: Belisario Betancur (1982 – 1986); Virgilio Barco (1986 – 1990); Cesar Gaviria (1990 – 1994); Ernesto Samper (1994 – 1998): Andrés Pastrana (1998 – 2002); Alvaro Uribe Vélez (2002 – 2006).

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Even though, the present administration indicates the importance of going back to dialogue processes, they also insists on the condition of total cease fire from the insurgency, and pointed out the conception of negotiating based on the reinsertion criteria and political favorability, but without negotiation agendas that will include modifications on economic, social or political structure.38 One of the governmental pillars of Alvaro Uribe Velez is the policy of Democratic Security, which has been formulated and applied under the argument of strengthening the Armed Forces, and trying at the same time, to get the cooperation of the population with anti subversive tasks. During the period 2002 – 2006, the National Government focused their efforts in re-establishing security conditions for the civilian population. Hence, the Defense 36 There is a rich and flourishing field of study regarding political violence in Colombia, commonly catalogued as “violentology”.

It is peculiar that there is very few material published regarding peace talks in Colombia. The vast majority, although not all of them, are reflections of one side or the other being government negotiators or guerilla. Read: BEJARANO, Jesus Antonio, Una Agenda para La Paz. Aproximaciones desde la teoría de resolución de conflictos. Santafé de Bogotá, TM Editores, 1995. PARDO RUEDA, Rafael. De primera mano: Colombia 1986-1994: Entre Conflictos y Esperanzas. Santafé de Bogotá, Cerec. Norma Editorial Group, 1996. GARDA DURAN, Mauricio. De La Uribe to Tlaxcala. Procesos de Paz. Santafé de Bogotá, Cinep, 1992. RAMIREZ, Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur 1982- 1986. Bogotá, Siglo XXI, Cinep, 1989.

37 CHERNICK, Marc “La Negociación de una Paz entre múltiples formas de violencia.” In: LEAL BUITRAGO, Francisco (Editor).

Los Laberintos de la Guerra. Utopías e Incertidumbres sobre la paz. Tercer Mundo Editores – Social Sciences Faculty. Universidad de Los Andes. Bogotá, 1999. Page 31.

38 This has been demonstrated with measures taken in the fiscal area, where priorities have been security and the stability of the capital markets, as well as policies of fiscal adjustment which give continuity to the neoliberalism model, responsible in great measure of the agricultural crisis, economic recession, increasing poverty and urban and rural unemployment.

Uno de los pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez es la política de Seguridad Democrática, la cual ha sido formulada y aplicada bajo el argumento del fortalecimiento de la Fuerzas Armadas, tratando al mismo tiempo de conseguir que la población coopere con éstas en las tareas antisubversivas. En el período 2002-2006, el Gobierno Nacional enfocó sus esfuerzos en lograr el restablecimiento de las condiciones de seguridad de la población civil. Así, la Política de Defensa y Seguridad Democrática se convirtió en una herramienta del Estado con el fin de consolidar su presencia institucional y crear condiciones para la recuperación económica.

Los resultados de dicha política han sido analizados por diferentes sectores de la sociedad colombiana, los cuales consideran, en su mayoría, que la política tiene serios obstáculos y no ha logrado los resultados esperados. “Somos una sociedad en guerra civil interna, que gracias a la política de Seguridad Democrática, se ha alejado de las ciudades y centros económicos, pero aún ensombrece el futuro de muchas regiones del país (…) La política de Seguridad Democrática está funcionando, pero a medias. No se trata de aminorar las consecuencias del conflicto, se trata de acabarlo. Eso es una necesidad nacional”39.

La Seguridad Democrática se ha construido sobre un conjunto de estrategias que incluyen el control del territorio y la defensa de la soberanía, la desarticulación de los grupos armados al margen de la ley y de las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas y el fortalecimiento del servicio de justicia y la atención del Estado en zonas deprimidas y de violencia. En el diseño y aplicación de las estrategias, se plantea la responsabilidad compartida, con el propósito de obtener una participación activa de la comunidad internacional. Así mismo, garantiza un total compromiso por el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En ese camino de la Seguridad Democrática podría incluirse el desmantelamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 2006, proceso que es percibido por el Gobierno de Álvaro Uribe como un paso decisivo hacia la paz. Aunque el hecho de haber sacado del conflicto a cerca 32 mil miembros de las AUC ha alterado sin duda el panorama de la violencia. Existe evidencia cada vez más fuerte del surgimiento de nuevos grupos armados que son más que las simples “bandas criminales” que contempla 38 Esto se demuestra con las medidas en el plano fiscal, en donde las prioridades han sido la seguridad y estabilidad de los mercados de capitales, así como políticas de ajuste fiscal que le dan continuidad al modelo neoliberal responsable de buena parte de la crisis del agro, de la recesión económica, del incremento de la pobreza y del desempleo urbano y rural.

39 Eltiempo.com ¿Sí está funcionando la política de seguridad democrática?, en:http://www.eltiempo.com/participación/blogs/ default/un_articulo.php?id_blog-349597&id_recurso=400000939

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

Si bien, la actual administración señala la importancia de volver a procesos de diálogo, insiste en la condición de cese al fuego total por parte de la insurgencia y señala una concepción de la negociación a partir de criterios de reinserción y favorabilidad política pero sin agendas de negociación que incorporen modificaciones de las estructuras económicas, sociales y políticas38.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

Los procesos de negociación de la paz pueden dividirse en períodos de acuerdo con la administración presidencial: Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006).

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and Democratic Security Policies were converted in one of the government tools with the aim of consolidating its institutional presence and creating conditions for economic recuperation.

Results of such policy have been the subject of analysis by various sectors of the Colombian society, who considers in its vast majority that this policy has serious obstacles and has not accomplished expected results. “We are a society surrounded by an internal civil war, which thanks to the Democratic Security policy has moved further away from the cities and economic centers. But, it casts a shadow over many regions of the country (…) Democratic Security policy is working but only half way. Its purpose should not be to diminish the consequences of the conflict, but to definitely end it. This is a national necessity.”39 Democratic security has been constructed under a compilation of strategies including; control of the territory and defense of the sovereignty, dismantling of illegal armed groups and of organizations dedicated to the production and drug trafficking. , the strengthening of justice services and the attention of the government to poverty ridden and violent areas. In the design and application of these strategies, it has raised shared responsibility, with the purpose of obtaining active participation of the international community. Likewise, guarantees a total compromise regarding respect for human rights and international humanitarian rights.

In the path of Democratic Security, it could be included the dismantling of the paramilitary group Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) between 2003 and 2006. This process has been perceived by the Government of Alvaro Uribe as a decisive step towards peace.

Although 32000 member of this group were taken out of this conflict, it has altered without a doubt the violence outlook. There is strong evidence of new armed groups emerging, who are more than simple gangs as contemplated by the government. Some of them are emerging as a new generation of paramilitary groups.

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According to information provided by the General Procurator of the Nation, “until January, 200840, 46381 demobilized were received individually and collectively. From this data; 31671 people were demobilized collectively (28751 men and 2920 women). Also, there were 14710 individual demobilizations of which 12369 were men and 2341 were women, and who belonged basically to the guerilla groups. It is important to indicate that 52 percent of these demobilized were located in the department of Antioquia, Cesar, Cordoba, Magdalena and Santander.”41 Since the beginning of 2006, the Support Mission for the Peace Process in Colombia of the Organization of American States (MAPP/OEA), human rights organizations, and civil society organizations have warned consistently regarding the regrouping of demobilized paramilitary units, the persistence of groups that did not demobilized because did not participate in the Government negotiations with the AUC, and the fusion of paramilitary groups with powerful criminal organizations, very often implicated in drug trafficking. Even worse, there are serious indications have established commercial relationships around drug 39 Eltiempo.com ¿ Si está funcionando la política de Seguridad Democrática?, in http://www,eltiempo.com/participacion/blogs/ default/un_articulo.php?id_blog40 All these numbers are part of data collected by the General Procurator of the Nation in the High Counselor for Reintegration and the National Police.

41 General Procurator of the Nation. Delegate Procurator of the subject of Human Rights and Ethnic Matters. Application Resolution 1325 of the Security Council United Nations.

Desde comienzos del 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido insistentemente del rearme de unidades paramilitares desmovilizadas, la persistencia de grupos que no se desmovilizaron porque no participaron en las negociaciones entre el Gobierno y las AUC, y la fusión de ex paramilitares con poderosas organizaciones criminales, a menudo profundamente implicadas en el tráfico de drogas. Peor aún, existen indicios que algunos de los nuevos grupos y organizaciones criminales han establecido relaciones comerciales en torno al narcotráfico con integrantes de los grupos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, el plan del Gobierno para la reintegración de los paramilitares desmovilizados ha dejado visualizar profundas fallas.

Y dentro estos marcos de procesos de paz, las organizaciones y grupos de mujeres han llevado a cabo acciones como movilizaciones en contra de la guerra y la exigencia de la solución política del conflicto armado; la elaboración de documentación para fijar en la agenda política el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres y la formulación de propuestas y recomendaciones al Gobierno.

La amplia y constante movilización de las organizaciones y grupos de mujeres en la construcción de salidas políticas negociadas al conflicto armado no se refleja de manera decidida en los nueve acuerdos de paz logrados, en las dos últimas décadas, con las organizaciones armadas al margen de la ley; ninguno tiene en cuenta aspectos relacionados con la participación de las mujeres, con la transformación de las relaciones de opresión y subordinación y con el trato especial, para ellas, en los programas de reinserción. Tampoco dichos acuerdos incluyen acciones tendientes al reconocimiento y la transformación de las situaciones de injusticia e iniquidad que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes. El acuerdo para la desmovilización de los paramilitares, vía Ley de Justicia y Paz, no tiene en cuenta a las mujeres víctimas del accionar paramilitar y no les garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición de los hechos42.

40 Todas las cifras hacen parte de la información recogida por la Procuraduría General de la Nación en la Alta Consejería para la Reintegración y la Policía Nacional.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia Derechos Humanos y 41 Asuntos Étnicos, Aplicación Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2008, Pp. 7.

42 Los acuerdos de paz logrados en el país son: Acuerdo Político entre el Gobierno Nacional, los partidos políticos, el M-19 y la Iglesia Católica en calidad de Tutora Moral y Espiritual del proceso; Acuerdo Final entre el gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores; Acuerdo final Gobierno Nacional – Ejército Popular de Liberación; acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame, acuerdo entre los Comandos Ernesto Rojas y el Gobierno Nacional; Pacto por la Consolidación de los Procesos de Paz; Acuerdo Político final Gobierno Nacional – Corriente de Renovación socialista; Acuerdo para la Convivencia Ciudadana

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la Nación “hasta enero de 200840 se dieron 46.381 desmovilizaciones individuales y colectivas. De éstas, 31.671 personas se desmovilizaron colectivamente (28.751 hombres y 2.920 mujeres). Así mismo, se desmovilizaron individualmente 14.710 personas de las cuales 12.369 son hombres y 2.341 son mujeres que pertenecieron principalmente a las guerrillas. Es de señalar que el 52 por ciento de los desmovilizados se encuentran en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander”41.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

el Gobierno. Algunos de ellos se comportan cada vez más como la nueva generación de paramilitares.

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trafficking with members of insurgent groups such as the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) and the Ejército de Liberación Nacional (ELN). At the same time, the governmental plan for reintegration of paramilitary demobilized has presented serious and profound flaws.

And within these frameworks of processes of peace, organizations and groups of women have carried out actions such as mobilizations against war and the demand of a political solution to the armed conflict; the elaboration of documentation to fix, in the political agenda, impact of armed conflict in life of women and the formulation of proposals and recommendations to the Government.

The ample and constant mobilization of organizations and groups of women in the construction of negotiated policies to end armed conflict is not reflected decisively in the nine peace agreements achieved in the past two decades with armed organizations acting beyond the margin of the law; none, take into account aspects related with participation of women, with transformation of oppressive relationships and subordination and with special treatment for women in reinsertion programs. These agreements did not include neither actions tending to the recognition and transformation of situations of injustice or inequity of indigenous people and afro descendants. The agreement for demobilization of paramilitary, via Law of Justice and Peace, does not take into account women victims of paramilitary actions and does not guarantee women rights to truth, justice and repair and non repetition of the events42.

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The absence of women’s agendas and the inclusion of actions that permit advancing in the transformation of oppression and subordination relationships and of social, cultural and economical inequities in peace agreements could be explained taking into account the characteristics of their incorporation to these organizations in subordinate positions, with the non recognition of their authority, the scarce social and political legitimacy, to its participation and the little representation in popular election positions and of decision.

Resolution 1325/2000 in Colombia

Implementation of Resolution 1325/200o in Colombia is linked to the dynamics of internal armed conflict, the search for solutions via strengthening military strategies or political negotiation, to dynamics of political culture, redistribution of power and its balance between men and women 43.

42 Peace Agreements achieved in the country are: Political Agreement between the National Government, political parties, M-19 and the Catholic Church in its capacity of Moral and Spiritual Tutor of process; Final Agreement between the National Government and the Revolutionary Party of Workers; Final Agreement National Government – Popular Liberation Army; Final Agreement between the National Government and the Armed Movement Quintin Lame, agreement between the Ernesto Rojas Commands and the National Government; Pact for the Consolidation of Peace Processes; Final Political Agreement National Government – Socialist Renovation Current; Agreement for the Citizenship Cohabitation National Government – Popular Militia of the People – Independent Militia of Valle de Aburra and Metropolitan Militia of the city of Medellin; Final Agreement National Government – Francisco Garnica Front of the Guerilla Coordinator. The demobilization process of AUC as a peace agreement is not included as it was not conceived as a peace process but as demobilization. Cfr. SOCIAL SOLIDARITY NETWORK. Reinsertion Program. Peace Agreements. Times of Peace Collection. Bogota 1995.

43 United Nation’s Security Council Resolution 1325 urges Members States to ensure increased representation of women at all decision-making levels with responsibility regarding the prevention, management and resolution of conflicts; to incorporate a gender perspective to include particular needs of women and girls; emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity, to prosecute those responsible of genocide, crimes against humanity and war crimes including those relating to sexual and other violence against women and girls and encourages in disarmament, demobilization and reintegration processes to consider the different needs of female ex-combatants

La aplicación de la Resolución 1325/ 2000 en Colombia está unida a la dinámica del conflicto armado interno, a la búsqueda de soluciones vía fortalecimiento de estrategias militares o vía negociación política, a las dinámicas de la cultura política, a la redistribución de poder y su equilibro entre varones y mujeres43.

El Estado ha negado la necesidad formal de incorporar la Resolución como parte del material jurídico en Colombia. Pese a esto, es claro que la Resolución trata de desarrollar normas que se encuentran contenidas en tratados internacionales ratificados por Colombia y que de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional tendrían validez dentro del Bloque de Constitucionalidad. En el mismo sentido, dado que la Resolución es reconocida por la Corte Penal Internacional, estas normas deben ser implementadas formalmente como parte de la competencia local en justicia, es una aspiración que el Estado colombiano acepte esta necesidad.

Una de las limitaciones en la aplicación de la Resolución 1325/2000 en el contexto colombiano tiene que ver con la urgencia y necesidad de pronunciarse sobre los efectos del conflicto y, en particular, de las violencias cuyas consecuencias directas e indirectas afectan de manera desproporcionada, generalizada y sistemática a mujeres de todas las edades y etnias.

Existe una desatención a las necesidades específicas de mujeres y niñas dentro del proceso de negociación. De acuerdo con la Resolución 1325/2000, se insta a los estados miembros a velar para se incremente la representación de la mujer en todos los ámbitos de adopción de decisiones. De hecho, una buena parte de la estrategia de acción institucional desconoce las necesidades específicas de las mujeres, los tratamientos de temas relacionados con el conflicto se planifican de manera generalizada y se desconocen las dinámicas específicas que supone tratar las violencias contra las mujeres o desarrollar el bloque de derechos humanos de las mujeres.

Gobierno Nacional – Milicias Populares del Pueblo, Milicias independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín; Acuerdo Final Gobierno Nacional – Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera. No se incluye el proceso de desmovilización de las AUC como un acuerdo de paz, pues no ha sido concebido como un proceso de paz sino de desmovilización. Cfr. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. Programa para la Reinserción. Acuerdos de Paz. Tiempos de paz Colección. Bogotá 1995.

43 La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta, entre otras, a los Estados miembros a aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de decisión que tengan responsabilidades en torno a la prevención, gestión y resolución de conflictos; a que adopten una perspectiva de género en la que se incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas; subraya la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo cometidos contra las mujeres y las niñas y alienta a que en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración se tengan presentes las necesidades particulares de las excombatientes mujeres.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

La Resolución 1325/2000 en Colombia

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

La ausencia de las agendas de las mujeres y de la inclusión de acciones que permitan avanzar en la transformación de las relaciones de opresión y subordinación y de iniquidades sociales, culturales y económicas en los acuerdos de paz, se podría explicar teniendo en cuenta las características de su incorporación a estas organizaciones en posiciones subordinadas, con el no reconocimiento a su autoridad, la escasa legitimidad social y política a su participación y, a la poca representación en cargos de elección popular y de decisión.

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The state has denied the formal need to incorporate the Resolution as part of the legal material in Colombia. Despite of this, it is clear that the Resolution tries to develop standards contained in international treaties ratified by Colombia and that according to the Constitutional Court would be valid within the Constitutionality Block. In this same sense, given that the Resolution is recognized by the International Criminal Court, these standards must be formally implemented as part of the local competence in justice. It is an aspiration that the Colombian State accepts this need.

A limitation in the implementation of Resolution 1325/2000 in the Colombian context has to do with the urgency and need to assert on effects of the conflict and in particular of violence which direct and indirect consequences affect in a disproportionately, generalized and systematic manner women of all ages and ethnics.

There is lack of attention to specific needs of women and girls within the negotiation process.

Resolution 1325/2000 urges all Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels. In fact, a big percentage of the institutional action strategy is unaware of specific needs of women, treatment of subjects related with conflict are planned in a generalized manner and fails to recognize specific dynamics dealing with treatment of violence against women or develop block of human rights of women.

Against the provisions of United Nations Security Council Resolution 1325/2000 the negotiation and demobilization process with paramilitary groups has been conducted exclusively by men without taking into account specific needs of victim women and of demobilized women.

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Reviewing actions of the Colombian State regarding the implementation of Resolution 1325/2000, we find that scenarios with which management is evaluated evidence state pragmatic: to show as its implementation actions, programs and actions that have not been designed and do not have purposes that allow for the protection of women in the context of the Colombian armed conflict.

Likewise, the participation and representation of victim women has not been promoted in the formulation and put in practice of programs that pretend repair, search for the truth and being recognized as victims guaranteeing women access to justice, restitution of infringed rights, reparation and non repetition of events.

In relationship with information which has the differentiated and disproportionate effect of the armed conflict in life of women and the situation of vulneration of her rights, the Colombian State has not only implemented the Resolution but, it has systematically unfulfilled the recommendations formulated by the Inter -American Human Rights System, by Amnesty International and by the United Nations System.

Resolution 1325/2000 is not widely known by human rights organizations, women’s organizations, women and men state officers and social organizations. Actions undertaken as of the State and international organizations are centralist and do not reach women affected by conflict and community and base leaders. On the other hand, the State has not had real political will to carry out an ample and pluralist debate on scopes and limitations of the

Asimismo, no se ha impulsado la participación y representación de las mujeres victimas en la formulación y puesta en marcha de programas que pretendan la reparación, la búsqueda de la verdad y ser reconocidas como víctimas garantizándoles el acceso a la justicia, la restitución de los derechos conculcados, la reparación y la no repetición de los hechos.

En relación con información que cuenta del efecto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y de la situación de vulneración de sus derechos, el Estado colombiano no sólo no ha implementado la Resolución, sino que sistemáticamente no ha dado cumplimiento a las recomendaciones que en esta materia han sido formuladas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional y por el Sistema de Naciones Unidas.

La Resolución 1325/2000 no es conocida ampliamente por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, funcionarias-os estatales y por organizaciones sociales. Las acciones emprendidas desde el Estado y organizaciones internacionales son centralistas y no llegan al conjunto de las mujeres afectadas por el conflicto y las líderes de comunitarias y de bases. Por lo demás, no ha existido una real voluntad política por parte del Estado para realizar un debate amplio y pluralista acerca de los alcances y limitaciones de la Resolución, y su aplicación ha sido ad-hoc, sin haber desarrollado a la fecha un plan de acción y estrategias que posibiliten su cumplimiento.

Es así como dentro de los planes y las acciones estratégicos que deben realizar el Estado, las organizaciones de derechos humanos, los grupos y organizaciones de mujeres y la cooperación internacional para la aplicación de la Resolución 1325/2000, es incluir la Resolución 1820/2008. Nuestra propuesta se fundamenta en que dicha disposición avance, de manera significativa, en el reconocimiento de la violencia sexual en el marco del conflicto armado como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio.

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

Al revisar las acciones del Estado colombiano en materia de aplicación de la Resolución 1325/2000, encontramos que los escenarios con los cuales se evalúa la gestión evidencian una pragmática estatal: mostrar como acciones de su implementación, programas y acciones que no han sido diseñadas y no tienen propósitos que permitan la protección de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

En contravía con lo dispuesto por la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el proceso de negociación y desmovilización con los grupos paramilitares ha sido conducido exclusivamente por varones y sin tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres víctimas y de las desmovilizadas.

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Resolution. Its implementation has been ad-hoc and to date, it has not developed any action plan and strategies that permit its compliance.

Within the plans and strategic actions to be performed by State and human rights organizations, women’s groups and organizations and international cooperation for the implementation of Resolution 1325/2000 is to include Resolution 1820/2008. Our proposal is based in that said provision advances significantly in the recognition of sexual violence in the armed conflict framework as a war crime, crime against humanity or an act related with genocide.

Resolution 1820/2008 refers to the need to renew the regime of sanctions which means applying selective, special and gradual measures to condemn those responsible of these sexual violence crimes against women and girls in the framework of armed conflicts44.

Likewise, it points out the need that sexual violence crimes be excluded of amnesty provisions in the negotiations of armed conflicts framework; and it urges United Nations’ Member States to comply with their obligation of prosecuting responsible of said actions and guarantee that all victims of sexual violence, particularly women and girls, have the right to equality in the access to justice. It emphasizes the importance of putting ends to impunity of these acts as part of a broad approach to reach sustainable peace, justice, truth and national reconciliation.

Taking into account implementation process of Resolution 1325 by the State and information supplied by surveys applied, we shall state some suggestions which we consider significant for the State in the national and territorial field, for women and human rights organizations and for International Cooperation and Cordaid.

State in the National and Territorial Field

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¸

Recognize and give opportunities for the full enjoyment of rights and citizenship of women which goes through cultural, legal and economic transformations.

¸

Recognize cultural and sexual diversity. The few actions developed have not taken into account cultural and sexual diversity of Colombian women. In this field, efforts have to be made to make universality and integrality of human rights for indigenous women, afro-descendants and lesbians, who suffer of double and triple discrimination and exclusion, come true.

¸

With the increase of technical and financial resources assigned to watch over the protection, promotion and restitution of Colombian women rights, delve deep in national and international commitments regarding human rights of women, international human rights and Resolution 1325/2000.

¸

Comply with treaties and international commitments with regards to recognizing sexual violence as war crime and crime against humanity. Advance in autonomy and freedom for

44 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, Resolution 1820/2008, approved by the Security Council in its 5916th session held on June 19, 2008, S/RES/1820 (2008).

Teniendo en cuenta el proceso de aplicación de la Resolución 1325 por parte del Estado y la información arrojada por las encuestas aplicadas, enunciaremos algunas sugerencias que consideramos significativas para el Estado en el ámbito nacional y territorial, para las organizaciones de mujeres y de derechos humanos y para la Cooperación Internacional y Cordaid.

Estado en el ámbito nacional y territorial ¸

Reconocer y brindar oportunidades para el goce pleno de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres, el cual pasa por transformaciones culturales, jurídicas y económicas.

¸

Reconocer de la diversidad cultural y sexual. Las pocas acciones desarrolladas no han tenido en cuenta la diversidad cultural y sexual de las colombianas. En este campo se deben hacer esfuerzos para hacer realidad la universalidad y la integralidad de los derechos humanos para las mujeres indígenas, afro-descendientes y lesbianas, quienes padecen dobles y triples discriminaciones y exclusiones.

¸

Profundizar sus compromisos nacionales e internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la Resolución 1325/2000, mediante el incremento de recursos técnicos y financieros que se asignen para velar por la protección, promoción y restitución de los derechos de las colombianas.

¸

Dar cumplimiento a los tratados y compromisos internacionales en materia de reconocimiento de la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad.

¸

Avanzar en el logro de la autonomía y la libertad para las mujeres en el respeto y valoración como seres humanos. Las mujeres deben ser reconocidas como sujetos

44 CONSEJO DE SEGURIDAD, Naciones Unidas, Resolución 1820/2008, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a sesión, celebrada el 19 de junio de 2008, S/RES/1820 (2008).

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

De igual modo, destaca la necesidad que los crímenes de violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el marco de negociaciones de conflictos armados; y hace un llamado a los estados miembros de Naciones Unidas para que cumplan con su obligación de enjuiciar a los responsables de tales actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, tengan el derecho a la igualdad en el acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional.

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

La Resolución 1820/2008 se refiere a la necesidad de renovar los regímenes de sanciones, lo que significa aplicar medidas selectivas, especiales y graduales para condenar a los responsables de estos crímenes de violencia sexual contra mujeres y niñas en el marco de conflictos armados44.

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women regarding respect and valuation as human beings. Women must be recognized as subjects with rights and as victims and should receive efficient response, emotional support, information, empathy and immediate intervention.

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¸

Create the necessary conditions for women to use the justice administration system in order to put remedy to acts of violence suffered and so that they receive a decent treatment by women and men officers when they go to the different legal jurisdictions.

It is fundamental to carry out a serious effort to abolish sexist practices present in women and men justice officers.

¸

These procedures carry victim women to withdraw charges against aggressors, given that women and men officers re-victimize them for denouncing, making emphasis on the consequences that criminal actions may have on their lives and on their families or on the public exposition and questioning to which they will be submitted if they should continue with the action, all of this with the statement that there are worst crimes that require attention from the justice.

¸

Comply with the constitutional obligation of guaranteeing women the right to truth, justice and repair and adopt measures to avoid abuse, investigate when it is produced, and prosecute authors and make that they appear before justice at impartial procedures as well as to accredit victims with efficient resources for the obtention of justice and adequate repair.

¸

In order to fight impunity and guarantee the right of victims to efficient resources and justice, it is especially relevant to provide, within the internal legislation, correct criminal typification of said conducts integrating concepts and contents deriving from treaties and linking standards.

¸

In addition to guarantee access of victim women, of any type of violence, to justice, State must insure that law responds in the best possible manner to satisfy their needs.

In this sense it must comply with due diligence explicitly included in different human rights tools and protection documents.

¸

The Colombian Government, the Government Attorney’s Office and Justices of the Peace must comply with Article 7 of Convention of Belén do Pará that binds the Colombian State to act with due diligence against violence against women. This duty implies: prevention, investigation, sanction and repair and avoid impunity.

¸

To document crimes committed against women and uncover private and public violence and demand for truth, justice and integral repair for Colombian women cannot continue to be a responsibility of women. This must be an ethic and political command of all those engaged with justice, truth and repair of victims.

¸

Likewise, it is peremptory to define who are the victim women and establish defined and precise limits regarding the repair process, measures to be executed and terms for same, so that victims have clarity with regards to results. Finally, it is necessary to

Crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan usar el sistema de administración de la justicia, con el objetivo de remediar los actos de violencia sufridos y reciban un trato digno por parte de los-as funcionarios al acudir a las distintas instancias judiciales. Es fundamental realizar un serio esfuerzo para abolir las prácticas sexistas presentes en las-os funcionarias-os de justicia.

¸

Estos procedimientos instan a las mujeres víctimas a retirar los cargos contra los perpetradores, dado que las-os funcionarias-os las revictimizan por denunciar, haciéndoles énfasis en las consecuencias que las acciones penales pueden tener en su vida y en la de sus familias, o en la exposición y cuestionamientos públicos a las que se verán sometidas de continuar con la acción, todo ello con la valoración que existen delitos mayores que requieren la atención de la justicia.

¸

Dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar a las mujeres los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y adoptar medidas para prevenir los abusos, investigarlos cuando se producen, perseguir a los presuntos autores y hacer que comparezcan ante la justicia en procedimientos imparciales, así como acreditar a las víctimas recursos eficaces para la obtención de justicia y reparación adecuada.

¸

Para combatir la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a recursos eficaces y justicia, es de especial relevancia disponer, dentro de la legislación interna, de una correcta tipificación penal de dichas conductas cumpliendo con integrar conceptos y contenidos procedentes de tratados y normas vinculantes.

¸

Además de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de cual tipo de violencia, el Estado debe asegurar que la ley responda de la mejor manera posible para satisfacer sus necesidades. En este sentido, debe dar cumplimiento a la debida diligencia incluida explícitamente en diversos instrumentos y documentos de protección de derechos humanos.

¸

El Gobierno colombiano, la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de Paz deben dar cumplimiento al artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que obliga al Estado colombiano a actuar con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Este deber implica: prevención, investigación, sanción, reparación y evitar la impunidad.

¸

El documentar los crímenes perpetrados contra las mujeres y develar las violencias privadas y públicas y la exigencia de verdad, justicia y reparación integral para las colombianas, no puede continuar siendo una responsabilidad de las mujeres. Ello debe ser un imperativo ético y político de todos quienes están comprometidos con la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas.

¸

Asimismo, es perentorio definir quiénes son las mujeres víctimas y establecer límites definidos y precisos en cuanto al proceso de reparación, de las medidas a ser

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

¸

THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

de derechos, como víctimas y disponer de respuestas eficaces, apoyo emocional, información, empatía e intervención inmediata.

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analyze the potential there is, both at women organizations, alliances and other actors level that are in the processes of truth, justice and integral repair. ¸

The State must supply guarantees to ex-combatant and demobilized women that allow them to reintegrate to society in equality of opportunities to ex-combatant and demobilized men. Women and their children’s problematic and needs must be taken into account.

¸

To broaden and decentralize information which would permit and ample and pluralist debate regarding scope and possibilities of the Resolution in the Colombian process.

¸

The Resolution must be a means for real and democratic processes in the construction of peace and not a tool that legitimizes military actions for the negotiation of conflict.

¸

Formulate and execute a strategic action plan with economic and technical resources for the implementation of the Resolution. The formulation and execution of said plan must count with the participation of women’s organizations in the national and territorial field.

Human Rights Organizations

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¸

In a systematic way and with human and economic resources link actions to divulge the Resolution and follow up Colombian State’s commitments in this matter

¸

Arrange actions with organizations and groups of women that permit advancing in the recognition and enjoyment of rights of victim women in truth, justice and no repetition of events.

¸

Special emphasis should be given to sexual violence against women by armed actors in lawsuit processes and accompaniment of victims.

¸

Contribute to the recollection of information on impact of armed conflict in the life of women and integrate it to its actions of political maneuvering and incidence in the national and international field.

Women Groups and Organizations ¸

Formulate and develop strategies to insure incidence of political and social agenda of women. It is urgent that groups and organizations develop political efficiency and efficacy

¸

To develop strategies in which State and society recognize as legitimate both its demands and actions, that means, that women be included in decision spaces and their proposals incorporated in the search for peace.

¸

To promote and strengthen national and territorial strategic alliances to continue placing in the public agenda, the impact of armed conflict in life of women and girls.

A las mujeres excombatientes y desmovilizadas, el Estado debe brindarles garantías que les permita la reintegración a la sociedad en igualdad de oportunidades que los varones excombatientes y desmovilizados. Se debe partir de las problemáticas y necesidades de ellas y de sus hijas-os.

¸

Ampliar y descentralizar la información, lo cual permitiría un debate amplio y pluralista acerca del alcance y posibilidades de la Resolución en el proceso colombiano.

¸

La Resolución debe ser un medio para reales y democráticos procesos de construcción de paz y no un instrumento que legitime salidas militaristas para la negociación del conflicto.

¸

Formular y ejecutar un plan de acción estratégico con recursos económicos y técnicos para la aplicación de la Resolución. La formulación y ejecución de dicho plan debe contar con la participación de las organizaciones de mujeres en el ámbito nacional y territorial.

Organizaciones de derechos humanos ¸

Vincular de forma sistemática y con recursos humanos y económicos acciones para la divulgación de la Resolución y realizar seguimiento a los compromisos del Estado colombiano en esta materia.

¸

Concertar acciones con las organizaciones y grupos de mujeres que posibilite avanzar en el reconocimiento y goce de los derechos de las mujeres víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos.

¸

En sus procesos de litigio y acompañamiento a las víctimas, deberían poner especial énfasis en la violencia sexual perpetradas contra las mujeres por los actores armados.

¸

Contribuir a la recolección de información sobre el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres e integrarla a sus acciones de cabildeo e incidencia en el ámbito nacional e internacional.

Grupos y organizaciones de mujeres ¸

Formular y desarrollar estrategias para asegurar la incidencia de la agenda política y social de las mujeres. Es urgente que los grupos y organizaciones ganen en eficiencia y eficacia política.

¸

Se deberá construir estrategias en las que se reconozcan como legítimas, por el Estado y la sociedad, tanto sus demandas como sus acciones; es decir, que las mujeres

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

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THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

ejecutadas y plazos para ello, de tal modo que las víctimas tengan claridad respecto de los resultados. Finalmente, es necesario analizar las potencialidades con las que se cuenta: tanto a nivel de las organizaciones de mujeres, de las alianzas y de otros-as actores que se encuentren en los procesos de verdad, justicia y reparación integral.

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¸

To promote and strengthen strategic alliances for the formulation of an action plan and follow up of implementation of Resolution 1325/2000 and 1820/2008.

¸

To agree upon the design and realization of diffusion strategies of Resolution 1325/2000 and 1820/2008 at national and territorial level.

International Cooperation ¸

Cooperation must be given in a context of respect to opposition of women’s groups and organizations to governmental policies and Law of Justice and Peace, guaranteeing equality of opportunities for debate, cooperation and resources.

¸

Coordinate actions between the cooperation in order to strengthen rule of law, human rights and international human rights that permits maximizing resources, efforts and obtain a greater impact on the national and territorial field.

¸

Develop strategies of incidence in countries of origin so that the Colombian women’s situation is known and demand compliance of international agreements and the true implementation of the Resolution to the Colombian Government.

¸

Contribute to strengthen training processes in order to demand rights of truth, justice and repair of victim women of armed conflict.

¸

Develop actions that contribute to balance power and leadership between organizations and groups of women and increase their capacity of incidence and political maneuvering.

¸

Develop actions, strategies and destine resources to strengthen training processes that permit increasing participation and incidence of women’s organizations and groups in the national and territorial field.

¸

Develop and support research strategies that permit advancing in knowledge of the situation of victim women of armed conflict and follow-up on the implementation of the Resolution and commitments of Colombian Government in this subject.

¸

Promote dialogue and socialization of experiences between organizations and groups of women of different countries and regions in order to learn of experiences and learn about the situation of women in conflict and post-conflict contexts.

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In addition to Cordaid ¸

To strengthen training, political maneuvering and incidence processes performed by women’s organizations and groups in the national and territorial field, insuring that objectives and actions formulated are related with Resolutions 1325/2000 and 1820/2008.

¸

Strengthen and support research and documentation processes on impact of armed conflict in life of women and implementation of Resolutions 1325/2000 and 1820/2008.

Fomentar y fortalecer las alianzas estratégicas en lo nacional y territorial para continuar colocando en la agenda pública el impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas.

¸

Fomentar y fortalecer alianzas estratégicas para la formulación de un plan de acción para el seguimiento de la aplicación de la Resolución 1325/2000 y 1820/2008.

¸

Concertar el diseño y realización de estrategias para la divulgación de la Resolución 1325/2000 y 1820/2008, en lo nacional y territorial.

Cooperación internacional ¸

La cooperación debe darse en un contexto de respeto a la oposición de los grupos y organizaciones de mujeres a las políticas gubernamentales y a la Ley de Justicia y Paz, garantizando igualdad de oportunidades para el debate, la cooperación y los recursos.

¸

Coordinar acciones entre la cooperación, con el fin de fortalecer el estado social de derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que permita maximizar recursos, esfuerzos y obtener un mayor impacto en lo nacional y lo territorial.

¸

Desarrollar estrategias de incidencia en los países de origen, para que se conozca la situación de las mujeres colombianas y se exija al Gobierno colombiano el cumplimiento de los acuerdos internacionales y la real aplicación de la Resolución.

¸

Contribuir a fortalecer los procesos de formación para la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado.

¸

Desarrollar acciones que contribuyan a equilibrar el poder y los liderazgos entre las organizaciones y grupos de mujeres e incrementar su capacidad de incidencia y cabildeo.

¸

Desarrollar acciones, estrategias y destinar recursos para fortalecer procesos de formación que permitan incrementar la participación e incidencia de las organizaciones y grupos de mujeres en el ámbito nacional y territorial.

¸

Desarrollar y apoyar estrategias de investigación que permitan avanzar en el conocimiento sobre la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado y hacer seguimiento a la aplicación de la Resolución y a los compromisos del Gobierno colombiano en esta materia.

¸

Promover la interlocución y socialización de experiencias entre las organizaciones y grupos de mujeres de diferentes países y regiones, con el propósito de aprender de

EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1325/2000 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

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THE FAILURE OF THE COLOMBIAN STATE IN THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 1325/2000 FROM THE SECURITY COUNCIL OF UNITED NATIONS

sean incluidas en los espacios de decisión y sean incorporadas sus propuestas en la búsqueda de la paz.

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Strengthen and develop exchange channels for incidence and political maneuvering between counterpart organizations, in the framework of pluralism, respect for differences, recognition and balance of powers and leaderships in the national and territorial level.

¸

Support with economic and technical resources follow-up to Resolutions 1325/2000 and 1820/200845 .

We hope that work performed will allow Cordaid, women’s groups and organizations and human rights organizations a critical vision of the implementation of Resolution 1325/2000 and to the Colombian State, to advance significantly in the national and international commitments regarding protection, promotion and guarantee of Colombian women’s rights.

The document is a first approximation to the implementation of the Resolution which will have to be enriched during the course of time.

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45 Article 15 of Resolution 1820/2008 requests that Secretary General to submit a report to the Council by June 30th, 2009 on the implementation of this Resolution in the context of situations which are in the agenda of the Council utilizing information from available United Nations sources, including county teams, peacekeeping operations and other United Nations personnel.

¸

Fortalecer los procesos de formación, cabildeo e incidencia que realizan las organizaciones y grupos de mujeres, en lo nacional y lo territorial, asegurando que se formulen objetivos y acciones relacionadas con la Resolución 1325/2000 y 1820/2008.

¸

Fortalecer y apoyar procesos de investigación y documentación acerca del impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres y de la aplicación de las Resoluciones 1325/2000 y 1820/2008.

¸

Fortalecer y desarrollar canales de intercambio para la incidencia y el cabildeo entre las organizaciones contra-partes, en el marco del pluralismo, el respeto a las diferencias, el reconocimiento y el equilibrio de poderes y liderazgos en lo nacional y territorial.

¸

Apoyar con recursos económicos y técnicos el seguimiento a la Resolución 1325/2000 y la 1820/200845.

¸

Esperamos que el trabajo realizado permita a Cordaid, a las organizaciones y grupos de mujeres y a organizaciones de derechos humanos una visión crítica de la aplicación de la Resolución 1325/2000; y al Estado colombiano, avanzar de manera significativa en los compromisos nacionales e internacionales en materia de protección, promoción y garantía de los derechos de las colombianas. El documento es una primera aproximación a la aplicación de la Resolución, la cual deberá ser enriquecida en el transcurso del tiempo.

45 En el artículo 15 de la Resolución 1820/2008, se solicita al Secretario General que le presente un informe al Consejo el 30 de Junio de 2009, sobre la aplicación de esta resolución en el contexto de las situaciones que están en la agenda del Consejo, utilizando la información disponible de las fuentes de naciones unidas, incluidos los equipos en los países, las operaciones de mantenimiento de la paz, y otro personal de naciones

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Adicionalmente a Cordaid

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experiencias y conocer de la situación de las mujeres en los contextos de conflicto y post-conflicto.

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