EL RECORD PERIODÍSTICO

• La noticia la revelamos en febrero del 2021 cuando dimos a conocer que la corrupción en la República Dominicana salpicaba a Puerto Rico.

• En marzo del 2021 dimos a conocer que Guerrero fue demandando en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por apropiarse de Autogermana. La demanda fue por $21.8 millones y se le imputaba fraude al quedarse con el negocio de importación y venta de vehículos de lujo BMW y Mini Cooper Autogermana. El dueño fundador reclama pago de sobre $21.8 millones.

• En abril de 2021 Guerrero reaccionó a nuestros reportajes, a través del abogado Leo Aldridge.

• Desde el 2021 denunciamos que aunque la prensa no cubre esta escandalosa noticia, sí hay un tracto de procesos legales ya que Guerrero intentó defenderse mediante mociones en las que criticó a la prensa pero en ninguno de los documentos radicados en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

• En agosto del 2022 la noticia hizo crisis cuando trascendió que el gobierno dominicano investigaba a Guerrero por sobornos y lavado de dinero.

• El 14 de noviembre del 2022 publicamos que ya las autoridades dominicanas apuntaban a que Guerero ocultaba bienes en Puerto Rico.

• El empresario fundador del dealer de carros de lujo BMW y Mini Cooper Autogermana, Eduardo Pellerano Nadal demandó en San Juan a Guerrero y lo acusó de falsear datos y ocultar el patrimonio.

• Tres días más tarde el caso explotó en Santo Domingo nuevamente, cuando Pellerano demandó a Guerrero por daños, alegando que el exministro habría "actuado de mala fe" y ocultaba una deuda equivalente a $10 millones de dólares.

• Pellerano cambió de representante legal ahora en Puerto Rico y tiene como abogada a la exfiscal federal María Domínguez y su firma DRM Law

Guerrero, quien está bajo arresto en la República Dominicana. Esto coincide con el anuncio que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, de que el gobierno de Puerto Rico colaborará con todo lo que le sea requerido por las autoridades dominicanas en la mayor pesquisa por corrupción en la historia reciente del vecino país.

Autogermana publicó anuncio de página entera en uno de los rotativos locales para alardear de la transparencia en sus operaciones y ha emitido comunicados defendiéndose ante el arresto de su dueño. Guerrero, quien fue ministro de Hacienda bajo el gobierno de Danilo Medina en la República Dominicana, fue arrestado junto a otros altos funcionarios acusado de ser la cabeza en un entramado que le robó cerca de 19,700 millones de pesos, o el equivalente a $360 millones de dólares, al pueblo dominicano. Mucho de ese dinero se lavó en el exterior. (ACUSACIÓN EN R.D.)

El caso conocido como “Operación Calamar” sacude los cimientos de la política en dominicana, ya es catalogado como un desfalco al Estado dominicano “sin precedentes”, ha provocado protestas masivas y el arresto de al menos una veintena de poderosos exfuncionarios.

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La gerencia del concesionario de carros de lujo Autogermana está en un operativo de lavado de cara en Puerto Rico para desviar la atención y ocultar el escándalo por corrupción y lavado de dinero público que involucra a su dueño, Donald

Tres exministros arrestados: Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Los tres cabecillas del entramado de corrupción que están arrestados incluyen a Guerrero y a los exministros de Obras Públicas yAdministrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, y José Ramón Peralta, respectivamente. Castillo fue el candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Dominicana, cuyos líderes denuncian que el arresto como persecusión política del gobierno del incumbente Luis Abinader, del partido Revolucionario Moderno.

En Blanco y Negro con Sandra llevamos investigando este caso y la relación que tiene con negocios y con poderosas figuras en Puerto Rico desde hace más de dos años en sobre 30 artículos periodísticos, vídeos y programas de radio. La noticia, sin embargo, no ha sido cubierta con regularidad por la mayoría de los medios locales debido a que reciben pautas publicitarias de los negocios de Guerrero a través de dealers de autos Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chyrsler y Autocentro Mas.

comunicados de prensa que éstos han emitido a ciertos medios locales.

La escasa cobertura mediática en Puerto Rico sorprende ya que Guerrero enfrenta aquí una demanda por $21.8 millones que radicó el dueño y fundador de Autogermana, Eduardo Pellerano Nadal. En la multimillonaria demanda que se dilucida en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, alega que contrató a Guerrero para administrar su concesionario en Puerto Rico y éste le robó el negocio. Luego, Guerrero fue adquiriendo y extendiendo hacia los Autocentro.

Guerrero tiene como abogados locales al bufete del Lcdo. Harold Vicente mientras que Pellerano Nadal tenía originalmente al bufete más grande en la isla, McConnell Valdés, pero ahora tiene al bufete DRM Law de la exfiscal federal María Domínguez.

El abogado de Pellerano Nadal en Santo Domingo, Miguel Valerio, confirmó que siguen en elcaso. Recordó además que en noviembre pasado acudieron al tribunal dominicano para denunciar que Guerrero ocultaba su capital y bienes en Puerto Rico. Guerrero había informado en documentos oficiales al gobierno dominicano que sus propiedades y concesionarios en Puerto Rico tenían un valor de sólo $20,000. Autogermana solamente genera ventas anuales de varios cientos de millones y está valorada en sobre unos $30 millones, dijo Valerio.

Ni Vicente, ni la agencia de publicidad, ni las gerencias de Autogermana y Autocentro han querido responder las reiteradas llamadas hechas por este medio para obtener su versión de los hechos. Tampoco han enviado los

Hoy Axis Automotive Group publicó un anuncio a color y a página entera (full page-full color) en la página siete del diario El Nuevo Día en el que defienden a la empresa, que describen como fundada por Guerrero. Axis si fue fundada por él, pero Autogermana no.

Un anuncio de ese tipo y en su ubicación debe haber costado aproximadamente $7,000, pero dependiendo del volumen de pautas que tenga esa empresa se aplican descuentos en los medios. Autogermana y los otros dealers pautan a diario en la mayoría de los principales medios corporativos en el país, que casi no han cubierto el escándalo del arresto de Guerrero.

En el anuncio publican una foto de Marimer Martínez, vicepresidenta ejecutiva, y destacan que para el año 2022 la empresa vendió 12,081 vehículos de lujo y creó 711 empleos directos asegurados. Expresan además que el Grupo Axis Automotive es el grupo de concesionarios de automóviles lides en Puerto Rico, con 27 años de servicio, y representan las marcas más famosas de Estados Unidos, Europa y Japón en las empresas Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chyrsler y Autocentro Mas.

Guerrero y los otros expolíticos arrestados han sido acusados, entre otros cargos, por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícitodecampañay lavado deactivos entreotros delitos. Casi todos provenían de un esquema por el pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda, durante la gestión de Guerrero como ministro. Es decir, se le imputa al dueño de Autogermana ser el cabecilla de este entramado.

El operativo que condujo a su arresto implicó 40 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, según se informó.

Todo esto es parte de un amplio proceso investigativo que no tiene precedentes en la historia reciente de la República Dominicana. Las pesquisas se hacen a través de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que hasta ahora lleva siete casos que han producido cientos de arrestos y allanamientos de figuras que han desfalcado al pueblo. Los casos suelen tener nombres claves como: Operación Antipulpo, caso Coral, Operación 13, Operación Medusa, Operación Larva, caso Falcón y Operación Calamar

(Esta fue la columna publicada en !Ey! Boricua - https://eyboricua.com/opinion/donde-estan-lospopulares/ y en

Substack: https://sandrarodriguezcotto.substack. com/p/donde-estan-los-populares-opinion?sd=pf

El Partido Popular Democrático (PPD) sigue esforzándose con ahínco y tenacidad, haciendo de todo lo posible, por ser cada día más inconsecuente.

Ante el caos que se vive en nuestro país, están silentes. Cuando la desesperanza inunda al pueblo por la precariedad de vida, la destrucción del ambiente, la impunidad del crimen y de la corrupción, ellos no existen. Por la forma en que actúan, es casi imposible sacar cuál o cuáles líderes populares tienen algo de oído en tierra y están con sintonía con lo que de verdad es importante para la gente. Vamos a los hechos.

Esta semana ocurrieron 3 cosas que marcarán el devenir de Puerto Rico por mucho tiempo: 1) Reglamento Conjunto, 2) el juicio de Ángel Pérez, y 3) la radicación de cargos al que intentó matar a tiros a manifestantes en Aguadilla. ¿Alguien sabe si algún miembro del PPD ha propuesto algo importante sobre esos temas? ¿Saben si alguien ha dicho algo que merezca la atención?

Lo primero: El Tribunal Supremo determinó que el Reglamento Conjunto 2020 (RC2020) de permisos de construcción es nulo, pero el Gobernador Pedro Pierlusi hizo caso omiso e insiste en usarlo. O sea, vuelve a actuar como cuando juramentó a la gobernación en el apartamento de su hermana en el verano del 2019 y el tribunal lo sacó. Pierluisi vuelve a pasarle por encima a los 8 jueces del Supremo que votaron, su afán permitirá las construcciones ilegales y pone en juego la estabilidad social y económica, provocando un choque de poderes que violenta el orden constitucional de Puerto Rico. (Son 8 jueces porque la jueza Mildred Pabón Charneco se inhibió porque su hijo Phillip Mesa ha hecho fortuna con contratos multimillonarios en las agencias que velan ese reglamento como Desarrollo Económico, la Oficina de Gerencia de Permisos y Recursos Naturales).

¿Alguien puede describir qué handicho los populares de este caos? ¿Alguno de los líderes del PPD ha dado explicaciones o alternativas para evitar la crisis que representa la anulación del RC2020 para las empresas? ¿Alguno se ha expresado sobre el riesgo que representa para las comunidades y el ambiente el Reglamento Conjunto 2022 que evalúa la Junta de Planificación? Esa nueva versión 2022 la revelamos en exclusivaaquí haceunañoen ¡Ey!Boricua. Comonohay una voz monolítica entre los populares, el pueblo debe entender que aplauden lo que afecta tanto a empresas como al pueblo. Se aliaron al PNP en esta.

Lo segundo: El caso de corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, empezó esta semana. Su abogado Osvaldo Carlo y el exfiscal Ernie Cabán, junto a otros, se pasan plantado sus estrategias de defensa en WKAQ, Telemundo y cuanto medio los tome de “analistas”. Llevan el caso en el foro de la opinión pública a ver si mueven jurados, cuandosetratadeotroejemplomás del pillajey lacorrupción. Lo que ha salido hasta ahora en ese juicio demuestra la podredumbre del empresario Oscar Santamaría que imputa al exalcalde PNP de Cataño, Félix “Cano” Delgado. Pero no podemos olvidar que tocó populares también. Convictos o acusados hasta ahora van los alcaldes y funcionarios de Cataño, Cidra, Aguas Buenas, Guayama, Trujillo Alto, Humacao y Guaynabo, por mencionar algunos.

Nadie en Puerto Rico puede decir con exactitud ahora mismo si algún líder del PPD ha dicho algo contundente sobre este esquema de pillaje. Claro que algunos populares han dado declaraciones a la prensa, pero pregúntese si alguien las recuerda. Es que no pueden porque están casados con esos esquemas, como se ve en el caso.

Lo tercero: Aguadilla. El viernes en la tarde le radicaron cargos a César Toledo Mantilla, el guardia de seguridad que disparó a matar a manifestantes que protestaban hace casi 2 meses por la continua construcción ilegal sobre la cueva las Golondrinas en Aguadilla. El guardia seguía el protocolo de quien lo contrató, el poderoso desarrollador Carlos Román, contribuyente económico a las campañas del alcalde PPD Julio Roldán y de líderes populares y penepés. El guardia fue acusado de tentativa de asesinato, disparar un arma de fuego 9 milímetros ilegalmente y por riesgo al orden público. Lo que pasa es que todos los que estuvieron allí en Aguadilla ese 29 de enero – y quienes lo vieron en vivo por múltiples transmisiones en redes sociales – dicen que el acusado no fue quien disparó. Múltiples vídeos evidencian que era otra persona, pero el Tribunal no los quiso admitir. La Policía, el Tribunal de Aguadilla y hasta el alcalde ocultaron por casi 2 meses al país el nombre del que disparó. Una actitud completamente distinta a cuando arrestan manifestantes.

¿Algún líder popular ha dicho algo de esto? En Puerto Rico no se veía este nivel de violencia del estado y violencia corporativa en décadas, pero los populares, callados. Son dos cosas: o le tienen miedo o quieren proteger al alcalde de Aguadilla, y al de Isabela, porque esa es una zona donde hay mucho cacique popular. La pregunta ante esta actitud es, ¿es eso lo correcto? ¿Dónde quedó aquello de “pan, tierra y libertad” o es que ahora dicen “dinero, pillaje y complicidad con el PNP”? El silencio de los populares en este escándalo es demasiado elocuente.

Estos son sólo tres ejemplos de los graves problemas que enfrenta el PPD de cara a este nuevo ciclo electoral. Están divididos, no atraen contribuyentes a nivel institucional y tienen mucha competencia de los partidos emergentes y del PNP.

A eso se unen los problemas regionales. El viernes publiqué un artículo sobre el caos en Ponce. Se anticipa un posible referido al FEI porque más de 41 empleados municipales ya han prestado declaración ante los fiscales de Justicia y hay sobre 30 renuncias. Además de los líos por las expresiones homofóbicas de su esposa, el alcalde popular Luis Irizarry Pabón es investigado por donativos recibidos de Oscar Santamaria, y por el préstamo personal de $50,000 que tomó para su campaña electoral y que obligó a que lo pagaran empleados del municipio.

El PPD tiene líos por alcaldes convictos como el de Trujillo Alto, y por el que renunció en Mayagüez. Tiene problemas en Aguadilla y en Caguas, que a pesar de la percepción pública, hay preocupación porque el alcalde ganó por menos de 1,700 votos ante un virtual desconocido. En Aguadilla también tiene líos, al igual que el descontento que hay con el alcalde de Cayey. Carolina y Loíza son los únicos alcaldes del PPD que sacan la cara ante el país y cuya exposición, en términos generales, es positiva. Claro que tienen sus detractores, pero son inconsecuentes porque siempre se les ve que están trabajando.

Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, está pendiente a ser gobernador y se enfrenta a su homóloga de Morovis, Carmen Maldonado por la presidencia del partido. En esas también están el representante Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza. Así que están en sus intereses personales y particulares, no necesariamente los del país.

Deben reconocer que el PPD enfrenta a un PNP, que por más peleas internas que tenga, por más lastre de casos de corrupción lo carcoma, en el momento justo tienen la capacidad de unirse para defender los contratos, y de paso, el control del gobierno.

A pesar de que los populares tuvieron la asamblea general en febrero e intentaron presentar un frente unido, la pregunta es, ¿será eso suficiente para atraer votos? ¿Apostarán a las dinastíasconel nietodeHernández Colon, porsereso, nieto?

Los populares se enfrentan a una posible unión del PIP y de Victoria Ciudadana, que si bien es cierto no tienen la misma fuerza que hace 4 años, juntos sacaron casi un 30% de los votos. A esos se une el Proyecto Dignidad, que se organizan con fuerza para llevar su postura conservadora e imponerse ante la diversidad. ¿Serán capaces los populares de atraer votos entre los electores no afiliados, los sectores independientes y los apáticos a la política?

Tatito, que es un político sagaz, se toma fotos con el presidente Nayib Bukele, y José Luis Dalmau, bien gracias. Los exgobernantes, mejor que ni hablen. Alejandro García Padilla es abogado del desarrollador de proyectos ilegales de Aguadilla, y Aníbal Acevedo Vilá es comentarista en la web. Sila Calderón, se ha mantenido trabajando en su fundación. Para de contar. Es poco lo que dicen o aportan a cambiar la percepción de derrota.

El país se va por el chorro y los populares, en lo suyo. En las elecciones pasadas tuvieron a quien fue su mejor carta de presentación en décadas, David Bernier, y lo dejaron solo. Suerte tuvo Bernier que no tiene que bregar con el caos actual en el PPD. Si no se enderezan, se ve difícil. Lo que queda ahora es leer el epitafio.