en el País Vasco

Ese menor desarrollo, y ese mayor margen de discrecionalidad, permite considerar estos derechos como “de baja intensidad” y explica además la atención preferente que se le ha dado a su análisis en este informe. Para ello, en este último capítulo se analizan en detalle las necesidades, percepciones y expectativas de la población vasca y española en materia de empleo, vivienda, garantía de ingresos, servicios sociales, apoyo a la crianza o atención a la dependencia, el nivel de utilización de esos servicios, la valoración que la ciudadanía hace de su funcionamiento y su percepción respecto a la responsabilidad que la Administración tiene para hacer efectivo el acceso a esos derechos.

Como en los capítulos precedentes, la situación vasca en relación con las cuestiones analizadas se compara con la registrada en el conjunto de España, al objeto de determinar los elementos diferenciales de la comunidad autónoma vasca en este aspecto. También se ha prestado gran atención a las diferencias que se observan en estas cuestiones entre las personas que están en situación de exclusión social y las que están en situación de integración, entre otras razones, para orientar la intervención social que se realiza en Euskadi hacia las necesidades, percepciones y expectativas de toda la población y, en particular, de quienes están en situación de exclusión social.

La estructura de este capítulo es la siguiente: en primer lugar, se ofrecen algunos datos básicos sobre el gasto en protección social en Euskadi, como primera aproximación a su modelo de bienestar social. Posteriormente, se detallan algunos datos sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la evolución de su nivel de vida y respecto a los derechos sociales que deben ser prioritariamente garantizados por la Administración. El resto del capítulo analiza la información disponible sobre las necesidades, expectativas y percepciones de la ciudadanía vasca en relación con su derecho al empleo, la vivienda, la garantía de ingresos, la crianza infantil y la atención a la dependencia.

7.1. Algunos datos básicos sobre el gasto en protección social en el País Vasco

En los capítulos anteriores de este informe se ha puesto de manifiesto que Euskadi registra tasas de desempleo, de pobreza monetaria y de desigualdad más reducidas que el conjunto de España, así como un PIB per cápita más elevado. Además, las tasas de exclusión social son en esta comunidad más bajas que en el conjunto de España. Desde el punto de vista demográfico, el País Vasco se caracteriza por unas tasas más elevadas de envejecimiento y un menor peso de la población extranjera. Además de recordar estos datos, para contextualizar la información que se ofrece a continuación es también conveniente analizar algunos datos básicos sobre el gasto en protección so-

cial que se realiza en esta comunidad autónoma, comparándolo con el del conjunto de España.

La Tabla 30 recoge el gasto anual medio por habitante que las distintas administraciones realizaron en materia de protección social en el periodo que va de 2002 a 2013 (13).

TABLA 30 Gasto en protección social por fuentes de financiación en el País Vasco y España. Gasto medio anual en euros per cápita y distribución del gasto. 2002-2013

Administración central Comunidades autónomas Corporaciones locales Seguridad Social Total

España En euros por habitante Distribución (%)

País Vasco En euros por habitante España=100 Distribución (%)

288,3 9,0 162,5 56,4 3,7 195,0 6,1 158,9 81,5 3,6

120,5 3,7 497,0 412,3 11,4 2.611,0 81,2 3.539,0 135,5 81,2

3.214,9 100,0 4.357,4 135,5 100,0

Fuente: PÉREZ GARCÍA, F. (dir.) (2015): Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades. Bilbao: Fundación BBVA.

El gasto medio anual realizado en Euskadi en las partidas consideradas asciende a 4.357,4 euros por habitante, de los que el 81,2% fueron financiados por la Seguridad Social, el 3,7% por la Administración central, el 3,6% por la Administración autonómica y el 11,4% por las corporaciones locales, que en Euskadi incluyen también a las Diputaciones Forales (14). Ni la estructura ni el montante del gasto en protección social que se realiza en Euskadi se asemejan al que

(13) El gasto en protección social se refiere a las actividades del sector público relacionadas con la prestación y gestión de servicios derivados de la jubilación, la enfermedad e incapacidad, la edad avanzada, la protección a la familia, el desempleo, la vivienda y la exclusión social. Para evitar el sesgo que podría suponer la utilización de un año específico, se ha optado por recoger el gasto promedio, en términos de euros por habitante, para el periodo que va de 2002 a 2013, a partir de la base de datos sobre la distribución territorial del gasto público en servicios fundamentales publicada por la Fundación BBVA (Pérez García, 2015). No se incluye en estos datos ni el gasto público en salud ni en educación. (14) Es importante señalar en este caso que buena parte de los servicios sociales de atención secundaria o especializada que en la mayor parte de las CC. AA. corresponde prestar a la Administración autonómica han sido atribuidos en Euskadi a las Diputaciones Forales.

existe en el conjunto de España: por una parte, se trata –tras Asturias– de la comunidad autónoma que registra un gasto per cápita más elevado en protección social, que supone el 135% del gasto medio por habitante en el conjunto del Estado. Esa diferencia se debe a un gasto más elevado de la Seguridad Social –representa también el 135% del gasto medio realizado por la Seguridad Social en todo el Estado– y a un gasto mucho más elevado de las instituciones

autonómicas, forales y locales vascas, que destinan en conjunto a la protección social 655,8 euros por habitante, frente a 315,5 en el conjunto del país. El gasto de la Administración central en Euskadi es, por el contrario, mucho

más bajo que el que realiza en el resto de las CC. AA. y, de hecho, ninguna otra comunidad registra un gasto más reducido que Euskadi por parte de la Administración central en esta materia. El gasto vasco en protección social se caracteriza, por tanto, por un gasto muy elevado de la Seguridad Social y de las administraciones vascas –entidades locales, forales y autonómicas–, así como por un gasto muy reducido, comparativamente hablando, de la Administración central.

Los datos de la Tabla 31 confirman y detallan la información recogida en la tabla anterior, con datos estimados para 2018 a partir del gasto realizado en el mes de septiembre de ese año. Efectivamente, el gasto por habitante en presta-

ciones contributivas de la Seguridad Social es en Euskadi un 51,1% más elevado que en el conjunto de España, debido básicamente al mayor gasto por

habitante en pensiones contributivas de jubilación. La mayor diferencia se debe, sin embargo, al gasto en rentas mínimas, que alcanza en el País Vasco los 213,5 euros por habitante, frente a 33,2 en el conjunto del Estado. Por el contrario, el gasto en prestaciones contributivas por desempleo es algo menor

y, sobre todo, resulta mucho menor el gasto en pensiones no contributivas

y prestaciones por desempleo de carácter asistencial. En suma, en un marco determinado por un gasto en pensiones contributivas de jubilación muy superior a la media estatal, cabe pensar que el esfuerzo que las administraciones vascas realizan en materia de garantía de ingresos suple el gasto inferior que la Administración central destina en el territorio vasco a las prestaciones no contributivas de vejez, discapacidad y desempleo.