Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA B RODRIGUEZ ANDRES EDUARDO c/ CLUB ATLETICO NUEVA CHICAGO s/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EXPTE. N° 8.059/2012 ///nos Aires, Capital de la República Argentina, a los
01
días del mes de
Marzo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos
interpuestos
en
los
autos caratulados: “Rodríguez, Andrés
Eduardo c/ Club Atlético Nueva Chicago y otros s/ cumplimiento de contrato” respecto de la sentencia de fs. 151/157, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores
Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO -
ROBERTO PARRILLI - MAURICIO LUIS MIZRAHI -. A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo: I.
La sentencia de fs. 151/157 resolvió: a) hacer parcialmente
lugar a la demanda. En consecuencia, condenó al “Club Atlético Nueva Chicago” a pagarle al actor, Andrés Eduardo Rodríguez, la suma de dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil (U$S 250.000), con más los intereses fijados en el considerando VI y costas; y b) desestimar el pedido de sanción por temeridad y malicia, con costas. II.
Contra dicha resolución apela la parte demandada a f. 158,
expresando agravios a fs. 176/185. Solicita se decrete la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos de fecha 22/04/2009 por violación de la C. C. T. 557/2009, los arts. 1, 12, 279, 725, 1003, 1004 y 386 del Cód. Civ., y el art. 14 bis de la CN. Argumenta que el razonamiento expresado por el Juez de la anterior instancia resulta falaz, ya que toma por cierta una premisa falsa: considerar que el Decreto 557/2009 sólo se refiere a los derechos federativos (v. f. 176 vta.). Asimismo, sostiene que el a quo yerra al solventar su postura en una definición jurídica esgrimida por un dependiente del Poder Ejecutivo, en este caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este sentido, aclara que la AFIP sólo trata de describir una situación que es tomada del plano de la realidad, esto es, tratar de evitar la evasión impositiva que se producía en la
Fecha de firma: 01/03/2017 Firmado por: TRIBUNAL , JUECES DE CÁMARA
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CAMARA CIVIL - SALA B República Argentina a través de las triangulaciones internacionales de pases de jugadores(v. f. 180vta.) Entiende que “resulta groseramente nulo el contrato aquí cuestionado por violar una normativa de orden público” (v. f. 181vta.). Aduce que el consentimiento del jugador no puede ser sorteado, siendo nulo por esta sola falencia, el acto jurídico cuestionado. Arguye que el Magistrado que me precedió separa los derechos económicos de los federativos como si se tratase de un derecho autónomo para poder sortear una norma de orden público, como lo es el CCT 557/2009 (v. f. 182 vta.). y que sería muy inocente pensar que un tercero particular que no sea un Club de Fútbol, no pueda lesionar –directa o indirectamente- los derechos personalísimos del jugador, toda vez que lo único que pretende es su rédito económico (f. 183). Por último, asevera que los intereses fijados en la instancia de grado deberán anularse, ya que nos encontramos frente a un pedido de nulidad del contrato de cesión de derechos de fecha 22/04/09. En subsidio, peticiona se reduzca la tasa establecida, utilizando como ejemplo la fijada por el Banco de la Nación Argentina (1,5%) (fs. 183vta./184). III.
Dicha pieza fue contestada por la parte actora a fs.
187/188vta. Solicita se desestimen los agravios en cuestión y –en consecuenciase confirme el pronunciamiento de grado en todas sus partes. IV.
Pasaré a examinar los agravios expresados, en la
inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611). V.
Daría la impresión que el apelante se abstrae de las
constancias de autos, e insiste sin tregua en reiterativos planteos que no cumplen con las exigencias rituales; ni -menos aun- echan por tierra las bases del fallo recurrido.
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CAMARA CIVIL - SALA B Así es que, no obstante la claridad del precepto contenido en el art. 265 del CPCCN; y, lo evidente de la orfandad probatoria que se aprecia en la especie, el recurrente no cesa en sus intentos de convertir a la Alzada en un nueva instancia de debate y prueba, sin asumir que tal oportunidad ha precluído. Cabe concluir que la pieza en despacho carece de los mínimos argumentos que harían factible el resultado que la apelante ambiciona, no pudiéndose revocar una sentencia con sólidas bases jurídicas en orden argumentaciones que no se encuentran acreditadas por elemento probatorio alguno. La expresión de agravios debe ser un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el Tribunal de Apelación. En esta orientación, la citada norma del ordenamiento ritual ha recibido la paciente y fecunda jurisprudencia de nuestros tribunales, los que realizaron una eficiente aplicación de la preceptiva legal en cuanto ordena que el memorial de agravios “deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Ello hace que el contenido de la impugnación se deba relacionar con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso (vid. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado, T. 1, págs. 939 y ss.). En resumidas cuentas, la expresión de agravios debe ser una crítica, esto es un juicio impugnativo; concreta, esto es precisa y determinada; y razonada, vale decir, expresar los fundamentos que sustentan los agravios; lo cual exige ineludiblemente precisar punto por punto los errores y omisiones -tanto fácticos como jurídicos- que se atribuyen al fallo en crisis. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación si el escrito de expresión de agravios no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el sentenciante de la anterior instancia, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión impugnada; no bastando en consecuencia escuetos argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél (“Fallos”, 323:2131). Efectuado el encuadre precedente -y tal como se expuso supraen el caso de autos resulta ser que el quejoso -lejos de intentar desarrollar argumentos tendientes a demostrar el error in iudicando- se ha limitado, de una Fecha de firma: 01/03/2017 Firmado por: TRIBUNAL , JUECES DE CÁMARA
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CAMARA CIVIL - SALA B manera
impropia,
a
señalar
largas
consideraciones
genéricas
y
descontextualizadas, en las que reedita una serie de consideraciones que ya han tenido su suficiente ámbito de debate y prueba en la anterior instancia (conf. Falcón, Enrique M.; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado - Concordado - Comentado”, T. II, pág. 438).
En este sentido,
entonces, considero que los agravios lucen insuficientes para cuestionar el fallo en recurso, toda vez que no se han controvertido sus principales motivaciones (“Fallos”, 323:1565). En el caso, el apelante no cumplió las pautas esenciales a que se refieren
la doctrina y la jurisprudencia citadas, por lo que corresponde
hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 266 del CPCCN y declarar la deserción del recurso,
debiéndose confirmar en consecuencia la sentencia
atacada en todas sus partes. Refuerza lo hasta aquí expuesto la falta de legitimación del demandado para pedir la nulidad del acto que él mismo provocó. En efecto, mal puede quien participó del acto cuya nulidad persigue, pretender la misma obviando el valladar del art. 1049 del Cód. Civil. Dicho sea de paso, el apelante ha fundado sus seudo-agravios (v. f. 179vta.) en el nuevo código civil y comercial (el que denomina “código civil” a secas), cuando el mismo no resulta vigente a los efectos. Desde otro ángulo, el vulnerado orden público que invoca ha sido violado, no resulta nada nuevo bajo el sol. La participación económica en el pase de un jugador otrora fue cuestionada no con relación a una persona física sino ya a la propia asociación civil deportiva a la que pertenecía, reconociéndose en tal oportunidad la susceptibilidad de la apreciación pecuniaria del pase de un jugador (v. CNCiv. Sala “D”, en autos “Club Atlético San Lorenzo de Almagro c. Club Atlético Atlante”, 22/03/1963, con nota laudatoria de Nancy Vila, publicado en Revista de Derecho Deportivo –publicación semestral-, Diciembre de 1963). Es más, aunque se recurriera a la incongruencia de exaudir dicho pedido, el mismo no tendría otro efecto que volver las cosas al estado anterior a la celebración del contrato en cuestión (conf. arts. 1050 y 1052 del Cód. Civil). Esto es que las partes restituyan mutuamente lo que hubieran recibido como consecuencia del cumplimiento del contrato. Se encuentra reconocido en autos y aunque así no lo fuera, está probado con la compulsa de la causa penal (v. f° 350vta.) que la suma de dinero cuestionada ingresó al patrimonio del Club Atletico Nueva Chicago con arreglo a un convenio previamente aprobado por unanimidad en Comisión Directiva.
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CAMARA CIVIL - SALA B En cuanto a la preocupación vertida a f. 181 respecto al origen de los fondos, lo que según el apelante afirma que “…en cualquier país serio del Planeta Tierra – ya sea de Oriente u Occidente- esto ya hubiera disparado sendas Alertas Amarillas por dicha supuesta operación…” (sic) señalo que las mismas alertas deberían haber sonado por la aceptación de un pago no bancarizado. Sin perjuicio de lo cual, surge la comunicación del Juzgado de Instrucción a la AFIP (v. f° 350 punto “II”, causa penal). Por último, en lo tocante a la queja vertida en materia de intereses, cabe adelantar que la misma no tendrá favorable acogida. Esto, toda vez que el criterio establecido por el a quo no difiere con el sostenido por este Tribunal en casos análogos (v. esta Sala, expte. n° 44.165/2006, en autos “Brion, Antonio Luís y otro c/ Barral, Omar Julio y otros s/ ds. y ps.). Asimismo, se le recuerda al apelante que la tasa pactada por la parte resulta superior a la establecida en la instancia de grado (v. f. 14). VI.
Por lo hasta aquí expuesto, de compartir mi voto, propongo
al Acuerdo se confirme la medulosa sentencia apelada del Juez Caia. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (conf. art. 68 del CPCCN). Así lo voto.
Los Dres. Parrilli y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con
lo
que
terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO
-
ROBERTO PARRILLI - MAURICIO LUIS MIZRAHI – Es fiel del Acuerdo.-
Buenos Aires, Marzo
01
de 2017.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de primera instancia en todo
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CAMARA CIVIL - SALA B cuanto fuera materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado. Regístrese, notifíquese y, oportunamente publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN). Fecho, devuélvase.
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