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SERVICIOS PÚBLICOS, PROTAGONISTAS DE LA REACTIVACIÓN SOSTENIBLE
NATASHA AVENDAÑO - SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En entrevista exclusiva para la Revista Gestión Colombia, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García destaca la importancia de los servicios públicos en el fortalecimiento de la economía, dando a conocer la labor que se viene desempeñando desde la Superintendencia con el trasfondo de beneficiar progresivamente a la comunidad.
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Dra. Natasha, ¿nos puede nombrar y contar acerca de los proyectos importantes que se están llevando a cabo en el país, en los sectores de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y combustible?
Te cuento de los más emblemáticos, porque importantes son todos. Más emblemáticos por su impacto en el número de usuarios atendidos. El principal proyecto de infraestructura que se está desarrollando es Hidroituango, operado por EPM, el cual cuando esté totalmente funcionando va a generar más de 20 mil MW, el equivalente a cerca del 25% de la demanda de energía eléctrica del país. Ese sigue siendo el proyecto de mayor impacto y obviamente esperamos que siga el cronograma de ejecución, para que puedan empezar a entrar las unidades de generación como está previsto, es decir, a mediados del próximo año.
En materia de gas natural, hace unos años se ha venido dando la discusión técnica y regulatoria sobre la Planta de Regasificación en el Pacífico. Aún no está en ejecución, pero será muy importante para incrementar la confiabilidad en el abastecimiento de gas a nivel nacional.
En materia de saneamiento básico, hay un proyecto también que está en proceso de análisis y viabilidad de contratación, se trata de la PTAR Canoas, la cual sería la segunda planta de tratamiento de aguas residuales para Bogotá. Su puesta en marcha aportaría sustancialmente a los números de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, que hoy están cercanos al 40%. Por eso es tan importante en impacto y en capacidad de generación de prácticas responsables, desde el punto de vista ambiental.
En materia de acueducto y disposición final de residuos, hay proyectos permanentemente en los prestadores a nivel nacional para fortalecer sus capacidades de operación. Sin embargo, me atrevo a decir que estos son los tres más grandes entre algunos de los sectores vigilados.
¿De qué manera la Superintendencia le apuesta a la reactivación sostenible?
El sector de servicios públicos es uno de los que nunca paró durante la pandemia, porque gracias a ellos puede funcionar el sistema de salud y la capacidad productiva. Todo pudo seguir desde nuestras casas: las conexiones, gracias a la energía; cocinar, gracias al gas; agua potable para beber y poder realizar los hábitos de higiene, además de contar con una recolección de residuos, fue gracias al sector, el cual ha sido el protagonista en la reactivación sostenible, porque para que todo funcione, debemos tener servicios públicos sostenibles.
En esa medida, muchos de los proyectos que tenían el propósito del mejoramiento de las infraestructuras, el aumento de la capacidad de atención a usuarios en los servicios de acueducto y alcantarillado, en servicio de energía, además de las inversiones de la Costa Caribe, etc., son procesos que han permitido que haya una reactivación de la actividad económica enfocada en fortalecer los servicios públicos. A esto debemos seguir haciéndole seguimiento como Superintendencia, pero enfocados en que esos planes de inversión permitan seguir aportando al desarrollo después de un año en que muchos de esos proyectos se vieron afectados, perjudicando a todas las personas que trabajan en ellos. Entonces, estamos unidos a los sectores vigilados, para hacer ese acompañamiento y hacer que los planes de inversión se den.
¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de la Superintendencia en lo que va de este año?
Hemos tenido logros importantes y hablar solo de este año sería muy poco. Uno de los principales logros es el desarrollo de un proceso: el seguimiento oficial de las empresas Afinia y Aire, de sus planes de gestión a largo plazo. Ya sacamos lo informes del primer semestre y estamos próximos a sacar el del segundo trimestre. Nunca se había hecho de una manera tan detallada, integral y contundente en un programa de gestión.
La Superintendencia tiene la responsabilidad con el país y la Costa Caribe de garantizar que, con ese seguimiento detallado desde el primer momento de operación, podamos elevar las alertas para que la historia de Electricaribe no se repita. Hemos trabajado arduamente para garantizar esos seguimientos, ya que esos son programas de gestión supremamente ambiciosos que han demandado vigilancia desde el día uno.
Otro de los grandes logros de este año es la creación de la Delegada para la Protección al Usuario, con la que elevamos, desde el punto de vista jerárquico, en la institucionalidad, a los usuarios donde siempre debieron estar: al nivel de las empresas vigiladas.
Ahora tenemos tres delegadas: la de Energía y Gas, Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y Protección al Usuario y Gestión en el Territorio, además de siete direcciones territoriales, antes teníamos cinco, las cuales permiten aumentar la presencia de Protección al Usuario en el territorio, para atender sus necesidades.
También me gustaría mencionar la toma de posesión de la empresa PyK, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de Providencia y Santa Catalina. Esta empresa venía con unas dificultades importantes con la situación de calamidad que presentaba por la tormenta y el huracán. Los servicios quedaron destruidos y los usuarios sin la posibilidad de acceder a agua potable y saneamiento básico.
Desde que hicimos presencia en las islas, revisamos cómo podíamos ser parte de ese ejercicio de reconstrucción, en el que el Gobierno del presidente Duque ha estado comprometido desde el primer momento, para garantizar la reconstrucción completa. Los planteamientos que hicimos junto con el Ministerio de Vivienda, consisten en garantizar que los usuarios tengan acceso a agua potable y saneamiento básico en condiciones de calidad.
Este año inició el procedimiento establecido en la ley 142 para tomar posesión de PyK, y a partir del 1 de junio nombramos agente especial a EPM. Es la primera vez que se utiliza la figura de agente especial y la razón es porque necesitamos a alguien que tenga la capacidad técnica, operativa y financiera para realizar acciones urgentes en el marco de reconstrucción, y así recuperar estos servicios.
A lo anterior es necesario sumarle nuestro ejercicio de protección al usuario, de capacitación en diferentes áreas del país, de ordenar devoluciones por cobros indebidos. Entre el año pasado y este, hemos tenido devoluciones por mas de 13.500 millones en aseo, 42.600 en acueducto y alcantarillado. Hemos hecho un seguimiento muy detallado a la calidad del agua y hemos iniciado muchas acciones de investigaciones en ello. Hemos seguido avanzando y fortaleciendo las actividades de vigilancia y control en defensa de los servicios públicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo la Superintendencia vela para que las zonas apartadas como el Amazonas, Providencia, Santa Catalina, el Chocó y La Guajira tengan acceso a servicios públicos básicos, como agua y luz?
Tanto en el sector de energía y gas como en el de acueducto, existen una serie de prestadores pequeños en zonas no interconectadas. En 2020, la Superintendencia creó un grupo interno de trabajo dedicado a hacerle seguimiento a estas zonas, porque son prestadores que no están conectados a la red interconectada nacional y que su generación y prestación del servicio de energía depende de soluciones individuales, en su mayoría por diésel, aunque hay algunas por gas, y están en territorios apartados del país.
Hacer vigilancia en esas zonas es un reto logístico importante, porque para llegar hay que viajar en avión, burro, lancha, canoa y caminar tres horas. Entonces, hemos trabajado de la mano del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), para que cuando ellos generen apoyos a esas zonas, con unidades de generación nuevas y fortaleciendo las que están, se haga un trabajo con la Superintendencia para un seguimiento desde el día cero.
Trabajamos muy de cerca con ellos. Hace dos meses estuvimos en Acandí en una visita integral de la Superintendencia y una de las acciones fruto fue suscribir un acuerdo de gestión con el prestador de servicios del municipio.
En materia de acueducto tenemos una problemática aun mayor, en el país existen registrados más de mil 800 pequeños prestadores, una gran cantidad de acueductos rurales comunitarios que tienen unas condiciones muy dispersas y diversas en materia de infraestructura para prestar el servicio. Con ellos nos hemos dedicado a hacer un trabajo de capacitación, de formalización y de buscar junto con el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación, precisamente, esa regulación particular para esquemas que les permitan garantizar una calidad en la prestación, pero sin exigir las mismas condiciones que a grandes prestadores. Lo que nunca podemos negociar es que siempre el servicio se debe prestar en condiciones de calidad.
Tenemos un proyecto de acueductos rurales con pequeños prestadores en el que se hace permanente capacitación, invitación a formalización, inscripción en el RUT y en acompañamiento para que entreguen información importante para hacer ejercicios de vigilancia, para poder capacitar y garantizar un servicio de calidad.
Ya le mencioné el caso de la toma de posesión de PyK, que es una de esas acciones de la Superintendencia para garantizar el acceso a los servicios públicos en las zonas mas apartadas.
También hemos trabajado desde el año antepasado con la Unidad de Gestión del Riesgo, hicimos una alianza con la Revista Semana y el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la que hicimos una campaña que llamamos ‘Superguardianes de los servicios públicos’, para generar conciencia sobre el uso racional, la necesidad de cuidar los recursos con los cuales se prestan los servicios, y la enfocamos en los niños, quienes son los mejores maestros para las conductas inconscientes que tenemos los adultos.
Durante mes y medio tuvimos especiales de cada uno de los servicios en la Revista Semana. Al final salió una separata con los servicios y un documento. Como parte de la campaña, a los niños se les entregaba unas comparenderas, para que cuando los adultos y cualquier persona deje la luz prendida, la nevera abierta, no cierre la llave del agua o no saque la basura, le pongan un comparendo educativo. La idea es que desde chiquitos tomen conciencia y nos ayuden a los adultos a mejorar el cuidado de los recursos. La pandemia nos demostró lo que sabíamos: los servicios públicos son la base del funcionamiento social. En una situación de escases como la que vive el mundo, si no los cuidamos va a ser más difícil garantizar la base de ese funcionamiento social.
Próximamente estaremos en Quibdó llevando a cabo un taller de la campaña, que habíamos preparado con el Fondo Todos Somos PAZcífico y que no habíamos podido ejecutar, a pesar que se lanzó hace varios meses.
¿Cómo garantizan que la labor de la Superintendencia sea regida por la ética y la transparencia?
Nosotros aquí, al igual que todo el Gobierno nacional, en materia de acuerdos y lineamientos, las hemos acogido e implementado desde el inicio de nuestra gestión en 2018. En 2020, aumentamos la medición de política de transparencia y acceso a la información pública en 8.4 puntos en la medición estándar para entidades del Estado.
Hemos venido procreando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 2022 con grupos de líderes comunitarios. Uno de nuestros frentes es esa capacitación y contacto permanente con la comunidad. Para nosotros es importante que participen, para que nuestra gestión sea más transparente.
Desde 2020, implementamos el Sistema Antisoborno, que evita actos de corrupción en los que se involucren colaboradores de la entidad. Un aspecto que hemos venido fortaleciendo al interior, en pro de la regulación de actividades de contratación pública y sobre cómo se debe actuar en todos estos aspectos relacionados con la gestión estatal.
Al cierre del año pasado, como resultado del proceso de transformación que se ha venido dando, hemos tenido un resultado de 98 sobre 100 puntos en el Índice de Transparencia, una medida hecha por la Procuraduría. Esta es una buena noticia, ya que genera un compromiso mayor por parte de la Superintendencia de seguir haciendo más transparente el acceso a la información en el cumplimiento de la gestión.
Es un proceso que nunca para. Buscamos que todos nuestros colaboradores mantengan una postura ética, transparente y de total rechazo a cualquier práctica de corrupción. Finalmente, ¿cuál considera que
es el mayor reto que enfrenta la Superintendencia y qué estrategias implementa para afrontarlo?
El reto está en los casi 50 millones de colombianos y casi 4.500 vigilados. El sector de servicios públicos es muy bonito, porque tiene esa capacidad de brindar bienestar. Pero tenemos muchos retos en materia de cobertura, calidad, agua potable y saneamiento básico. Todos los días, en alguna región del país, hay una dificultad y el reto más importante es el tener la capacidad de vigilarlas todas, con las dificultades de personal que tienen las entidades del Estado.
Con toda la información que tenemos de prestadores y usuarios, hemos venido implementando técnicas de análisis de información y de gestión de riesgos, para que nos podamos concentrar más eficientemente en esos prestadores que tienen fallas en su gestión administrativa y financiera, para que no se nos conviertan en problemas en los que tengamos que intervenir. Es por ser más pertinentes, más oportunos. Es un trabajo de fortalecer nuestras relaciones con los usuarios.
