Decálogo de la transparencia. Edición 82

Seccional Antioquia

DECÁLOGO PARA Por: Gustavo Betancur Vargas, coordinador técnico de la CCI Antioquia.

La iniciativa de “observar” la contratación pública en la seccional Antioquia, surgió de mesas de trabajo con los propios afiliados, siendo la meta fijada en primera instancia la de construir un decálogo de buenas prácticas para divulgar a nivel general -tanto entre entidades públicas como entre proveedores y contratistas de infraestructura- el deber ser en la confección de pliegos de condiciones.

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n la más reciente publicación del índice de percepción de corrupción 2017, Transparencia Internacional expresa lo siguiente: “el índice de percepción de la corrupción de este año, destaca que la mayoría de los países están haciendo poco o ningún progreso para acabar con la corrupción” (Transparencia Internacional, 2018). En este escalafón, Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países, con 37 puntos, una calificación que ha permanecido constante en los últimos cuatro años. Los primeros lugares los ocupan países como Nueva Zelanda (89 puntos), Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza y Singapur (84 puntos), que también ostentan posiciones destacadas en el Índice Global de Competitividad 2017 -2018, lo cual no debe ser ninguna casualidad.

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Casos como Odebrecht, Reficar, los carteles de la hemofilia y del bastón, investigaciones al ex fiscal anticorrupción, a expresidentes de la Corte Suprema, magistrados, congresistas y gobernadores, han sido temas protagónicos en el último año. Sin embargo, en este ambiente desolador, el gremio nacional de la infraestructura ha hecho estudios que sustentan con bases sólidas, la apremiante necesidad de hacer transformaciones a la contratación pública, uno de los principales sectores infiltrados por la corrupción.

Varios estudios de la CCI han confirmado que en un 85% de los procesos públicos de selección de contratistas de infraestructura, se presenta tan solo un proponente con posibilidad de convertirse en adjudicatario. Otros análisis del gremio, por su parte, han servido de insumo para que en el Congreso de la República se aprobara la reforma a la Ley de contratación, el pasado mes de enero, acogiendo

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LA TRANSPARENCIA ES DE RESALTAR, QUE LA INICIATIVA DE “OBSERVAR” LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECCIONAL ANTIOQUIA, SURGIÓ DE MESAS DE TRABAJO CON LOS PROPIOS AFILIADOS

propuestas de buenas prácticas originadas y promovidas por la Cámara.

Estas acciones y estudios de la CCI no han sido esporádicos, todo lo contrario: han sido continuos. Así lo confirma el trabajo de la Seccional Antioquia que, durante una década, ha hecho seguimiento a la contratación pública en distintos niveles del orden nacional, departamental y municipal.

Asimismo, luego de seis años construyendo y publicando los resultados del Observatorio y del Estudio de Cumplimiento de Buenas Prácticas en la Contratación Pública -que incluyen los escalafones anuales de entidades públicas contratantes de consultoría y construcción de obras- se han decantado tendencias que sirven de soporte para sustentar propuestas que conduzcan a generar cambios en la forma de hacer las compras y contratación pública en Colombia.

Es de resaltar, que la iniciativa de 'Observar' la contratación pública en la Seccional Antioquia, surgió de mesas de trabajo con los propios afiliados, siendo la meta fijada en primera instancia la construcción de un decálogo de buenas prácticas para divulgar a nivel general -tanto entre entidades públicas como entre proveedores y contratistas de infraestructura- el deber ser en la confección de pliegos de condiciones.

El decálogo de buenas prácticas se fue construyendo con una mezcla de insumos internacionales y autóctonos. En los interna........................................................................

cionales, resaltan propuestas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Transparencia Internacional, de la Organización de Naciones Unidas y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores.

En el campo nacional, un gran aporte fue la experiencia propia de los afiliados, enriquecida y contrastada con muy buenos pliegos o, con “pliegos tipo sastre”, evidentemente direccionados hacia un oferente predeterminado. El cumplimiento de cada buena práctica en cada proceso de contratación se califica con diez puntos y el incumplimiento con cero puntos. No hay posibilidad de puntajes intermedios, pues en caso de haberlos, se daría cabida a la subjetividad. Esta metodología de trabajo ha permitido identificar buenas prácticas deseables, en contraste con malas prácticas repudiables, que deben ser erradicadas.

El decálogo de buenas prácticas incluye tres aspectos relevantes que dan una visión más completa de lo que ocurre en la contratación pública de infraestructura, permitiendo dimensionar en las entidades el objeto del estudio y el nivel de cumplimiento del deber constitucional de fomentar el desarrollo

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empresarial. Por lo tanto, la segunda parte es promoción de la pluralidad de oferentes y la tercera es la participación de la contratación directa en el global de la inversión de cada entidad.

La segunda parte, la pluralidad de oferentes, se califica con base en un modelo construido por el gremio, el cual tiene en cuenta la variación de la participación en función del valor total del contrato. Para contratos de bajo presupuesto, el número de proponentes calificados y que participan es mayor que para contratos que requieren elevadas inversiones. Esto fue comprobado con el seguimiento a la participación de oferentes en la contratación, que incluía grandes entidades del orden nacional como Invías, y medianas y pequeñas de los órdenes departamental y municipal.

El modelo arrojó valores diferentes de participación ........................................................................

para construcción y consultoría. Ese número promedio de oferentes, según el valor del contrato, permite otorgar la máxima calificación (diez puntos) a cada proceso de selección en el que participan al menos el número promedio de oferentes del modelo, cero (0) puntos a aquellas contrataciones que cuentan con un solo proponente y una calificación proporcional a esos dos valores, cuando la cantidad de participantes es mayor que uno y menor que el promedio.

El tercer segmento del estudio está orientado a medir la proporción de contratación directa que dedica cada entidad en relación con el total de la inversión. Entidades con porcentaje de contratación directa igual o inferior al 20% obtienen calificación de diez (10) puntos, cero (0) puntos cuando el tanto por ciento iguala o supera el 80% y puntajes intermedios en el resto de los casos.

En el año 2017 el ECBP hizo seguimiento a once entidades del centro del país, Antioquia, Caldas y Risaralda.

Ambos escalafones en construcción e interventoría los lidera la Gobernación de Antioquia, con puntajes superiores a siete. Los últimos cuatro lugares en los dos escalafones, los cierran Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las alcaldías de Itagüí, Sabaneta y Bello, con calificaciones inferiores a cuatro.

Este estudio que en la actualidad hace seguimiento a once entidades, plantea el reto de tener cobertura nacional en el corto plazo. Sus recomendaciones de buenas prácticas tienen la vocación de ser incorporadas en los documentos tipo para los pliegos de condiciones, que adoptará el Gobierno Nacional de acuerdo con el mandato de la Ley 1882 de 2018. Igualmente, el ECBP se ha convertido en un instrumento de benchmarking, que permite a las entidades estudiadas compararse entre sí y a partir de allí establecer mejoras.

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