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POR UNA COLOMBIA UNIDA

CARTILLA

PAÍS PERÚ

P E R Ú

REPÚBLICA DE PERÚ Resumen Ejecutivo Cámara Colombiana de la Infraestructura | Consultores Andinos Asociados

1. Introducción y Propósito Este documento técnico sintetiza y homologa la información regulatoria, legal y económica provista para el mercado de Peru. El objetivo es facilitar la internacionalización y participación estructurada de las firmas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en proyectos de inversión pública y privada locales, acotando el contenido normativo clave a un marco operativo de lectura eficiente y ágil.

2. Entorno Macroeconómico e Infraestructura La economía peruana mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos (baja inflación histórica y altas reservas internacionales), a pesar de la rotación institucional. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) prioriza corredores logísticos y obras de saneamiento masivo.

3. Marco Regulatorio Sectorial y APP Las APPs y Proyectos en Activos están centralizados a través de ProInversión bajo el Decreto Legislativo N° 1362. Coexisten mecanismos exitosos de ejecución rápida como los convenios Gobierno a Gobierno (G2G) y el esquema de Obras por Impuestos (OxI), muy atractivo para consorcios privados.

4. Contratación Pública y Licitaciones Regulada por la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y supervisada por el OSCE. Exige la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Es habitual la exigencia de cartas fianza emitidas exclusivamente por entidades financieras reguladas por la SBS peruana.

5. Régimen Fiscal, Laboral y Cambiario Impuesto a la Renta corporativo del 29.5%. Régimen de recuperación anticipada del IGV (IVA de 18%) para proyectos con etapas de construcción extensas. El personal extranjero está limitado al 20% del total de la nómina, salvo excepciones técnicas justificadas ante el MTPE.

6. Matriz de Riesgos Críticos y Oportunidades

A continuación se consolidan los principales frentes de atención identificados para las constructoras e ingenierías colombianas:

Dimensión de Riesgo

Mitigante y Recomendación Estratégica

Nivel

Blindar contratos mediante Inestabilidad Institucional Local

cláusulas de estabilidad jurídica

Medio-Alto

firmadas directamente con el Estado peruano.

Trabas en Liberación de Terrenos

Verificar que la expropiación y saneamiento físico-legal de predios

Alto

esté completada por el Estado antes del inicio de obras. Incorporar Juntas de Resolución de

Resolución de Disputas Ejecutivas

Disputas (JRD) desde el primer día

Medio

del contrato para evitar arbitrajes prolongados.

INTRODUCCIÓN Esta Cartilla País integra la colección que la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha promovido en el marco de su Estrategia de Internacionalización, con el propósito de dotar a sus empresas afiliadas de información con alto valor estratégico para la estructuración de proyectos, la contratación y el establecimiento de operaciones en mercados clave de América Latina y el Caribe. El documento consolida, en un solo cuerpo, la información jurídica, económica, de infraestructura y de inversión que una empresa colombiana del sector requiere para evaluar con criterio su entrada en el mercado peruano. La cartilla se organiza en seis capítulos: el Capítulo 1 describe el país, su organización institucional, sus variables macroeconómicas y su régimen monetario. El Capítulo 2 diagnostica el estado de la infraestructura por modo de transporte y por sector estratégico, e identifica los instrumentos de planeación y la cartera de proyectos priorizada por el Estado. El Capítulo 3 desarrolla el régimen de inversión extranjera, los incentivos y regímenes especiales, el marco impositivo, los instrumentos de seguridad jurídica, el régimen laboral y las reglas de ejercicio profesional y de reconocimiento de títulos. El Capítulo 4 explica la estructura del sistema financiero, los mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura y los requisitos de apertura y operación de cuentas bancarias comerciales. El Capítulo 5 aborda el cumplimiento legal en materia de libre competencia, control de concentraciones empresariales, competencia desleal y protección al consumidor, prevención del lavado de activos, responsabilidad de las personas jurídicas por delitos económicos, protección de datos personales, propiedad intelectual y cumplimiento ambiental. El Capítulo 6 reúne los datos de interés para vivir en el país, desde el régimen migratorio hasta los indicadores de seguridad ciudadana, salud, educación y costo de vida. Dos advertencias resultan indispensables. La primera es de temporalidad: la información corresponde al estado del ordenamiento peruano verificado a agosto de 2026, en un año de densidad normativa excepcional, en el que entraron en vigor un nuevo régimen de asociaciones público-privadas, un nuevo régimen general de contratación pública y un régimen enteramente nuevo de zonas económicas especiales gestionadas por privados. Se recomienda, por ello, verificar la vigencia de cualquier referencia normativa e institucional inmediatamente antes de adoptar una decisión de inversión. La segunda es de alcance: esta cartilla constituye información de carácter general, con propósito divulgativo, y no sustituye la asesoría jurídica, tributaria o financiera para un caso concreto, que debe contrastarse con asesoría local.

ÍNDICE CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS ..................................................................... 6

Datos demográficos e institucionales .......................................................................................................... 7 Variables macroeconómicas .......................................................................................................................... 10 Régimen monetario ........................................................................................................................................ 12

CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES IDENTIFICADAS ............ 13 El marco institucional: quién decide, quién ejecuta y quién supervisa .................................................... 13 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC ................................................................................. 13 Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión ................................................................. 14 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN 14 Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN ........................................................................................... 15 Diagnóstico por modo de transporte ........................................................................................................... 16 Redes viales (carreteras) ................................................................................................................................ 16 Marco de clasificación y magnitud de la red ............................................................................................... 16 Red Vial Nacional (RVN) .................................................................................................................................. 16 Red Vial Departamental (RVD) ....................................................................................................................... 17 Red Vial Vecinal (RVV) ..................................................................................................................................... 17 Estado de las concesiones viales y avance físico ........................................................................................ 18 Modo portuario ............................................................................................................................................... 19 Marco y magnitud del sistema portuario..................................................................................................... 19 Titularidad y régimen de gestión .................................................................................................................. 19 Distribución por ámbito acuático, alcance y uso ........................................................................................ 20 Estado de avance de las inversiones portuarias concesionadas .............................................................. 20 Modo aeroportuario ....................................................................................................................................... 20 Marco y composición de la infraestructura ................................................................................................. 20 Régimen de gestión, jerarquización y uso ................................................................................................... 21 Estado de avance de las inversiones aeroportuarias concesionadas ...................................................... 21 Modo ferroviario ............................................................................................................................................. 22 Composición, titularidad y régimen concesional ........................................................................................ 22 Red interurbana, red privada e infraestructura urbana ............................................................................ 22 Estado de avance de las inversiones ferroviarias ....................................................................................... 22 Inversión y gestión de la infraestructura de transporte ............................................................................ 23 Cartera de concesiones de transporte ......................................................................................................... 23 Síntesis del diagnóstico .................................................................................................................................. 24 Sectores estratégicos...................................................................................................................................... 24 Agua potable y saneamiento básico ............................................................................................................. 24 Generación de energía eléctrica ................................................................................................................... 27 Infraestructura social...................................................................................................................................... 28 Planes maestros gubernamentales de infraestructura vigentes en Perú ............................................... 29 Marco estratégico de largo plazo .................................................................................................................. 29 El plan maestro insignia: Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 ................................................... 30

CAPÍTULO 3. POLÍTICAS, REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS PARA INVERTIR ...................... 44 Requisitos de inversión extranjera ............................................................................................................... 45 El régimen general: trato nacional y libertad de remesa ........................................................................... 45 El nuevo régimen de asociaciones público-privadas: la Ley N.° 32441 .................................................... 46 Facilidades específicas aplicables al inversionista colombiano ................................................................ 47 Incentivos y regímenes especiales ................................................................................................................ 48 Las Zonas Económicas Especiales Privadas ................................................................................................. 48 Zonas económicas especiales de titularidad pública y régimen de la Amazonía ................................... 52 Recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas ................................................................... 52 Obras por Impuestos (OxI) ............................................................................................................................ 53

Marco impositivo ............................................................................................................................................ 54 Impuesto a la renta empresarial: régimen general y regímenes simplificados ...................................... 56 Determinación de la renta neta: causalidad y límites cuantitativos ......................................................... 58 Participación de los trabajadores en las utilidades y contribuciones sectoriales................................... 62 Impuesto a los dividendos ............................................................................................................................. 64 Retenciones sobre utilidades de sucursales y establecimientos permanentes ..................................... 66 Otras retenciones a sujetos no domiciliados .............................................................................................. 70 Impuestos a la transferencia y a la tenencia de bienes raíces .................................................................. 72 Impuesto General a las Ventas: el equivalente peruano del impuesto al valor agregado .................... 76 Tributos menores, régimen aduanero y obligaciones de cumplimiento ................................................. 79 Síntesis comparada con Colombia ............................................................................................................... 81 Lista de verificación tributaria para el inicio de operaciones en Perú ..................................................... 83 Seguridad jurídica ........................................................................................................................................... 83 Convenios de estabilidad jurídica ................................................................................................................. 83 Red de tratados y mecanismos de solución de controversias .................................................................. 86 Régimen laboral .............................................................................................................................................. 87 Marco normativo y modalidades de contratación ...................................................................................... 87 Suspensión y extinción del contrato de trabajo.......................................................................................... 89 Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo .............................................................................. 90 Remuneración mínima, beneficios legales y costo laboral ........................................................................ 91 Licencias de los trabajadores ........................................................................................................................ 93 Contratación de personal extranjero ........................................................................................................... 94 Ejercicio profesional y reconocimiento de títulos extranjeros .................................................................. 95 El reconocimiento del título ante la SUNEDU .............................................................................................. 96 El ejercicio de la ingeniería y la colegiatura ante el Colegio de Ingenieros del Perú .............................. 98 El ejercicio de la abogacía y la operación de firmas jurídicas extranjeras ............................................... 101 Arquitectos y contadores públicos ............................................................................................................... 103 Habilitación de la empresa para contratar con el Estado peruano .......................................................... 103 Régimen migratorio del profesional colombiano ....................................................................................... 105 Ruta crítica y cronograma .............................................................................................................................. 106

CAPÍTULO 4. FINANCIAMIENTO Y SISTEMA BANCARIO ........................................................ 108 Estructura del sistema financiero peruano ................................................................................................. 108 Marco normativo y supervisión .................................................................................................................... 108 Taxonomía de las entidades del sistema ..................................................................................................... 110 Concentración del mercado y estructura competitiva ............................................................................... 111 El sistema privado de pensiones como inversionista institucional .......................................................... 112 Mercado de capitales y la integración bursátil regional ............................................................................ 112 Financiamiento de proyectos de infraestructura........................................................................................ 113 La lógica del project finance y sus actores................................................................................................... 113 Los mecanismos de pago del Estado y su titulización ............................................................................... 117 El fideicomiso como pieza central de la garantía ........................................................................................ 117 La banca de desarrollo: COFIDE y los fondos de infraestructura ............................................................. 119 Constitución de sucursales y filiales en Perú .............................................................................................. 120 La sucursal ....................................................................................................................................................... 120 La filial............................................................................................................................................................... 121 Diferencias, virtudes y defectos .................................................................................................................... 122 Apertura y operación de cuentas bancarias comerciales .......................................................................... 123 Por qué la cuenta bancaria no es opcional.................................................................................................. 123 La secuencia previa: qué debe existir antes de solicitar la cuenta ........................................................... 124 Documentación que exigen los bancos y tipos de cuenta ........................................................................ 125

CAPÍTULO 5. CUMPLIMIENTO LEGAL Y LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA........................ 127 Régimen de libre competencia y prácticas restrictivas .............................................................................. 127 Fundamento constitucional y norma aplicable ........................................................................................... 127

La autoridad: cómo está organizado INDECOPI.......................................................................................... 135 Estructura orgánica de INDECOPI ................................................................................................................. 136 El programa de clemencia ............................................................................................................................. 137 El caso que define el riesgo del sector: el Club de la Construcción .......................................................... 138 Control previo de concentraciones empresariales ..................................................................................... 139 Procedimiento aplicable al trámite de la solicitud de autorización de la operación de concentración empresarial ............................................................................................................................................................ 142 Inejecución de las operaciones de concentración empresarial sujetas a control previo ...................... 143 Régimen de infracciones, multas y sanciones ............................................................................................. 143 Competencia desleal y protección al consumidor ...................................................................................... 144 Arquitectura institucional .............................................................................................................................. 145 Represión de la competencia desleal: Decreto Legislativo N.° 1044 ........................................................ 145 Protección al consumidor: Ley N.° 29571 .................................................................................................... 149 Frontera entre competencia desleal y protección al consumidor ............................................................ 151 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ................................................... 152 La arquitectura institucional y la doble función de la SBS ......................................................................... 152 El punto que la mayoría de las guías omite: la construcción es sujeto obligado ................................... 154 Obligaciones concretas del sujeto obligado ................................................................................................ 155 Responsabilidad de las personas jurídicas por delitos económicos ........................................................ 156 Atribución de responsabilidad y autonomía ............................................................................................... 157 Medidas administrativas aplicables .............................................................................................................. 158 Determinación e individualización de las medidas .................................................................................... 160 Aspectos procesales y disposiciones modificatorias .................................................................................. 163 El Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS)................................................................. 163 Las modificaciones del Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS ..................................................................... 164 Otros regímenes de cumplimiento relevantes............................................................................................ 165 Protección de datos personales .................................................................................................................... 165 Régimen de propiedad intelectual e industrial ........................................................................................... 167 Signos distintivos ............................................................................................................................................ 168 Patentes, diseños y secretos empresariales................................................................................................ 168 Derecho de autor ............................................................................................................................................ 169 Observancia y conocimientos colectivos ..................................................................................................... 170 Cumplimiento ambiental ............................................................................................................................... 171 Matriz consolidada en materia sancionatoria ............................................................................................. 174 Recomendaciones para el establecimiento de operaciones ..................................................................... 174

CAPÍTULO 6. VIVIR EN EL PAÍS: DATOS DE INTERÉS ............................................................... 175

Régimen migratorio: trámites para la obtención de visados de negocios, permisos de residencia temporal/permanente y permisos de trabajo corporativos ............................................................................ 176 La estructura del sistema: calidades migratorias ....................................................................................... 176 El procedimiento y el carné de extranjería .................................................................................................. 177 La ventaja del nacional colombiano en materia migratoria ...................................................................... 180 Indicadores de calidad de vida, seguridad ciudadana y sistemas de educación y salud en Perú ........ 181 Seguridad ciudadana ...................................................................................................................................... 182 Sistema de salud ............................................................................................................................................. 183 Educación ......................................................................................................................................................... 185 Educación básica ............................................................................................................................................. 186 Educación superior ......................................................................................................................................... 186 Calidad de vida, vivienda y movilidad ........................................................................................................... 187 Costo de vida: aproximación en la ciudad de Lima .................................................................................... 189

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS ......................................................................................... 190

CAPÍTULO 1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS Datos demográficos e institucionales Situado en la costa centro occidental de Sudamérica, Perú limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico, sobre un litoral de algo más de dos mil kilómetros de longitud que ha sido, desde la época colonial, el eje de su vida económica y política1. El territorio nacional se extiende sobre 1285220 km², lo que convierte al país en el tercero más extenso de Sudamérica después de Brasil y Argentina, y se organiza tradicionalmente en tres regiones naturales de una diversidad geográfica poco común: la Costa, la Sierra y la Selva o Amazonía2. La Costa es una franja árida y estrecha que corre paralela al litoral y que, aunque ocupa apenas entre el once y el doce por ciento del territorio, concentra a más de la mitad de la población del país y constituye su centro económico y político. En esta región se ubican Lima, la capital, y los principales puertos y aeropuertos del sistema logístico nacional. Por su parte, la Sierra, dominada por la cordillera de los Andes, cubre alrededor de un veintiocho por ciento del territorio, con alturas que oscilan entre los dos mil y más de seis mil setecientos metros sobre el nivel del mar, y sostiene una intensa actividad minera de cobre, oro, plata, zinc y plomo, que es, todavía hoy, uno de los principales motores de las exportaciones peruanas. Finalmente, la Selva o Amazonía, la más extensa de las tres regiones con cerca del sesenta por ciento de la superficie nacional, combina selva alta y selva baja, alberga una de las biodiversidades más ricas del planeta 1 . Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. – Corpac (s. f.) “Regiones del Perú”. Plataforma del Estado Peruano. 2 . Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (s. f.) “Perfil ambiental del Perú”.

y concentra reservas de gas natural e hidrocarburos actualmente en explotación3. Esta combinación de litoral, altura andina y llano amazónico produce, dentro de un mismo país, climas radicalmente distintos: templado y de escasas lluvias en la Costa por efecto de la corriente fría de Humboldt, frío de montaña en la Sierra, con una oscilación térmica que se acentúa a medida que se gana altura, y cálido y húmedo en la Selva. El castellano es, conforme a la Constitución vigente, el idioma oficial del Estado, condición que comparten el quechua, el aimara y las demás lenguas originarias en las zonas donde predominan4. Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a fines de mayo de 2026, establecieron que Perú cuenta con una población total de 34157732 habitantes, lo que posiciona a Perú como el quinto país más poblado de América Latina, solo detrás de Brasil, México, Colombia y Argentina5. La cifra representa un incremento de cerca de 2,92 millones de personas frente al censo de 2017, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 1,11%, que el propio jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, atribuyó en buena medida a la inmigración extranjera, principalmente venezolana6. El país atraviesa, al mismo tiempo, un proceso de envejecimiento demográfico acelerado: la edad promedio subió de 32 a 34,2 años entre 2017 y 2025, la población de 60 años o más pasó de representar el 11,7% al 14,8% del total, y la de menores de 15 años cayó del 26,5% al 22,7%, de modo que el índice de envejecimiento (adultos mayores por cada cien menores de 15 años) se elevó de 44 a 65, el nivel más alto registrado hasta ahora en el país7. El fenómeno no es homogéneo en todo el territorio peruano: Puno y Moquegua encabezan el envejecimiento poblacional, con 88 y 87 adultos mayores por cada cien menores de 15 años respectivamente, mientras que Madre de Dios, con apenas 27 adultos mayores por cada cien menores de 15 años, conserva la estructura demográfica más joven del país8. La concentración territorial sigue siendo, en todo caso, el rasgo más marcado de la demografía peruana: Lima Metropolitana reúne 10129708 habitantes, el 29,7% de la población nacional9. En el plano administrativo, el territorio se organiza en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, que en conjunto constituyen las circunscripciones sobre las que se asientan los gobiernos regionales. Estos, a su vez, se subdividen en provincias y distritos, unidad

. Ibidem. . Artículo 48 de la Constitución Política del Perú de 1993. 5 . Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) “INEI: población del Perú totalizó 34 millones 157 mil 732 habitantes al 2025”. Plataforma del Estado Peruano, 29 de mayo de 2026. 6 . RPP (2026) “Censos Nacionales 2025: población total del Perú supera los 34 millones, según INEI”, 2 de junio de 2026. 7 . El Comercio (2026) “INEI: Perú supera los 34 millones de habitantes, según primeros datos del Censo 2025”, 29 de mayo de 2026. 8 . Perú21 (2026) “Resultados de Censos Nacionales 2025 del INEI en Perú”, 29 de mayo de 2026. 9 . Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) Óp. cit. 4

básica del gobierno local10. Conviene advertir, para efectos de cualquier proyecto que dependa de la certeza de un límite territorial, que buena parte de esa demarcación conserva un grado apreciable de imprecisión histórica: numerosas provincias y distritos fueron creados por leyes que no definieron con exactitud sus linderos, lo que ha obligado a un proceso todavía en curso de saneamiento de la cartografía oficial, coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Instituto Geográfico Nacional11. La Constitución Política de 1993, norma fundamental todavía vigente, define a Perú como una república democrática, social, independiente y soberana, de gobierno unitario, representativo y descentralizado, organizada según el principio de separación de poderes en tres ramas del poder público: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial12. Este marco institucional, sin embargo, debe leerse a la luz de una inestabilidad política que en los últimos años ha sido inusual, incluso para los estándares de la región. La transición definitiva llegó con las elecciones generales de abril y junio de 2026: en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% de su rival, y asumió la presidencia el 28 de julio de 2026 para el periodo 2026 a 2031, convirtiéndose en la primera mujer elegida para el cargo en la historia del país13. De manera paralela, y como resultado de una reforma constitucional aprobada por el propio Congreso en marzo de 2024, el Poder Legislativo peruano recuperó, después de más de tres décadas de funcionamiento unicameral bajo la Constitución de 1993, un esquema de dos cámaras. A partir de la reforma, el proceso legislativo general en Perú, así como las funciones generales de los órganos del poder público que participan en dicho procedimiento, es el siguiente:

ETAPA

Iniciativa y primer debate

CÁMARA O PODER

FUNCIÓN PRINCIPAL

RESPONSABLE

Presenta y debate los proyectos de ley, aprueba el texto en primera instancia y ejerce el control político

Cámara de Diputados

mediante interpelaciones y mociones de censura

10 . Instituto Nacional de Estadística e Informática (s. f.) “División política y administrativa al 31 de diciembre del 2019”. 11 . Instituto Geográfico Nacional del Perú (s. f.) “División política del territorio y proceso de descentralización”. 12 . Artículo 43 de la Constitución Política del Perú de 1993. 13 . CNN en Español (2026) “Fujimori jura como presidenta de Perú: promete Fuerzas Armadas en seguridad y un plan de contingencia frente a El Niño”, 28 de julio de 2026; Infobae (2026) “Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú”, 29 de junio de 2026.

ETAPA

Revisión y aprobación final

CÁMARA O PODER

FUNCIÓN PRINCIPAL

RESPONSABLE

Revisa, modifica o rechaza lo aprobado por la Cámara de Diputados; designa autoridades como los Senado

magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, y ratifica al presidente del Banco Central de Reserva Recibe la norma aprobada por ambas cámaras y la

Promulgación

Poder Ejecutivo

promulga, u observa el texto conforme a sus atribuciones constitucionales

Cuadro 1. Proceso legislativo general en Perú tras la reforma bicameral. Fuente: elaboración propia con base en la Constitución Política del Perú y en la reforma constitucional de 2024.

Variables macroeconómicas La economía peruana cerró el año 2025 con un crecimiento de 3,4%, sustentado en una demanda interna que se expandió 5,8%, la tasa más alta desde 2013 si se excluye el rebote estadístico posterior a la pandemia14. Por sectores, el mayor impulso provino de la construcción, que creció 6,67%, seguida por transporte, almacenamiento y mensajería (4,98%), el sector agropecuario (4,76%), los servicios prestados a empresas (3,66%) y el comercio (3,59%)15. Para el cierre de 2026, el propio Banco Central proyecta una expansión de 3,2% del producto, en un contexto que describió como de actividad “sumamente fuerte” durante el primer bimestre del año, con un incremento de 6,2% en la masa salarial formal en enero, un alza de 12% en la importación de bienes de capital en febrero y un crecimiento de 14% en los pagos electrónicos hasta ese mismo mes16. La inversión privada, en particular, creció 13,2% durante el primer trimestre de 2026 frente a igual periodo del año anterior, y el propio banco central proyectaba en marzo un crecimiento de esa variable de 9,5% para el año completo y de 5% en 202717. La inflación, por su parte, cerró 2025 en 1,51%, su nivel más bajo en ocho años y uno de los más contenidos de la región, sostenida por precios estables de energía y comunicaciones que actuaron como ancla desinflacionaria frente a una demanda interna en recuperación18. El Banco Central de Reserva mantiene, desde hace más de dos décadas, una meta de inflación de entre 1% y 3% anual, rango que sin embargo se vio desbordado de forma transitoria entre marzo y junio de

. Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Nota de Estudios N.° 13”, 20 de febrero de 2026. . Gestión (2026) “Economía de Perú creció 3,44% en 2025: los sectores que impulsaron el resultado”, 16 de febrero de 2026. 16 . Forbes Perú (2026) “BCRP proyecta una inflación de 2,4% y un crecimiento del PBI de 3,2% en 2026”, 20 de marzo de 2026. 17 . Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Nota informativa del 30 de mayo de 2026”; Forbes Perú (2026) Óp. cit. 18 . BBVA Research (2026) “Perú: inflación cerró 2025 en 1,5%, la tasa anual más baja en ocho años”, 2 de enero de 2026. 15

2026, cuando la inflación interanual llegó a 3,91% en mayo y a 4,0% en junio19. El propio banco atribuyó ese repunte a un choque de oferta puntual: el alza internacional del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz, un episodio de racionamiento de gas natural derivado de una fuga en el yacimiento de Camisea, y un oleaje anómalo que afectó la actividad pesquera y, con ella, el precio del pescado20. El directorio del banco proyecta que la inflación converja de nuevo hacia el centro del rango meta y cierre 2026 en torno a 3,8%, para estabilizarse cerca de 2% durante 2027, y las expectativas de los agentes económicos a doce meses, que en todo caso se han mantenido dentro del rango meta, bajaron de 2,9% en mayo a 2,8% en junio de 202621. En coherencia con ese diagnóstico, el directorio ha mantenido su tasa de interés de referencia en 4,25% desde septiembre de 2025 (la décima vez consecutiva que la ratifica sin cambios al cierre de esta edición), la más baja entre los principales bancos centrales de la región desde el año 202022. El mercado laboral limeño, la referencia estadística más seguida del país por la disponibilidad de datos trimestrales, ha mostrado un comportamiento oscilante durante 2026: la tasa de desempleo de Lima Metropolitana pasó de 6,8% en el trimestre de enero a marzo, a 5,3% en el trimestre de febrero a abril, y a 4,9% en el trimestre de abril a junio, con un crecimiento de la población ocupada de 7,5% frente a similar periodo de 202523. La mejora ha sido más marcada entre las mujeres y los trabajadores de 45 años o más, y se ha concentrado en las empresas de mayor tamaño, aunque persisten brechas de calidad del empleo: la informalidad y el subempleo siguen limitando el efecto del crecimiento económico sobre el bienestar de una parte considerable de la fuerza laboral24. Las exportaciones se han convertido, en este ciclo, en uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. La balanza comercial acumuló un superávit anualizado de USD 41423 millones al primer trimestre de 2026, luego de haber cerrado 2025 con un superávit de USD 32143 millones, impulsada por unos términos de intercambio que crecieron 35,9% en el primer trimestre del año como consecuencia de las elevadas cotizaciones internacionales de los metales que Perú exporta25. Las reservas internacionales netas, que constituyen el principal colchón de

. Saldo.pe (2026) “Reporte BCRP junio 2026: futuro de la economía peruana”, 22 de junio de 2026, con base en el Reporte de Inflación de junio de 2026 del Banco Central de Reserva del Perú. 20 . PQS (2026) “BCRP mantiene tasa de interés de referencia en 4,25%”, 9 de julio de 2026. 21 . Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Programa Monetario de julio de 2026”. 22 . Agencia EFE – Noticias SIN (2026) “El Banco Central de Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25% por décimo mes”, 9 de julio de 2026. 23 . Energiminas (2026) “INEI: el empleo se incrementó 4,7% en Lima Metropolitana en el primer trimestre”, 15 de abril de 2026; Altavoz (2026) “INEI: el desempleo bajó ligeramente a 5,3% en Lima Metropolitana en el trimestre febrero-abril”, 15 de mayo de 2026; PQS (2026) “INEI: la población ocupada aumentó 7,5% durante el segundo trimestre”, julio de 2026. 24 . AmCham Perú (2026) “Desempleo en Lima sube a 6,8% pese al crecimiento del empleo”, 16 de abril de 2026. 25 . Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Notas informativas del 29 de mayo de 2026 y del 17 de enero de 2026, y comunicado del 27 de mayo de 2026”.

liquidez externa del país, se situaron en USD 95574 millones a mediados de enero de 2026, uno de los niveles más altos de la historia económica peruana26. La deuda pública, que llegó a representar cerca de 36% del PIB en 2021, ha seguido desde entonces una trayectoria descendente: a marzo de 2026, el propio presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, proyectaba que cerraría el año en 29,3% del PIB, con un alza moderada del gasto corriente y una tasa de interés de referencia que confiaba en mantener estable27.

Régimen monetario El sol es la moneda de curso legal del Perú desde julio de 1991, cuando la Ley N.° 25295 lo instituyó como nueva unidad monetaria en sustitución del inti, a una tasa de conversión de un nuevo sol por cada millón de intis28. La reforma buscaba poner fin a una hiperinflación que, hacia finales de la década de 1980, había destruido por completo la confianza de la población en la moneda nacional29 y que el Banco Central de Reserva describe hoy como el episodio más severo de toda su historia institucional30. Desde entonces, Perú opera bajo un régimen de tipo de cambio flotante: el valor del sol frente al dólar estadounidense se determina por la oferta y la demanda del mercado, y el Banco Central de Reserva interviene solo de manera puntual, mediante la compra o venta de moneda extranjera, para moderar episodios de volatilidad excesiva, sin fijar en ningún momento una paridad oficial. Para efectos tributarios, aduaneros y contables, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publica su propio tipo de cambio oficial diario, que suele moverse en niveles muy cercanos al del mercado interbancario y que constituye la referencia obligatoria para las declaraciones y registros contables de cualquier empresa que opere en el país31.

. Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Nota informativa del 19 de enero de 2026”. . Forbes Perú (2026) Óp. cit. 28 . Infobae (2024) “¿Cuántos soles representaría, hoy en día, un millón de intis?”, 24 de febrero de 2024, con referencia a la Ley N.° 25295. 29 . El propio inti, introducido apenas en 1985 para sustituir al sol de entonces, se había devaluado a tal punto que ni sus billetes de mayor denominación alcanzaban para cubrir necesidades básicas. 27

. Gestión (2026) “BCRP y sus 104 años: el corazón de la estabilidad monetaria, esta es su

historia”, 10 de marzo de 2026.

31 . América Televisión (2026) “Revisa el tipo de cambio del dólar Sunat para hoy jueves 6 de agosto de 2026”, 6 de agosto de 2026.

CAPÍTULO 2.

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES IDENTIFICADAS El marco institucional: quién decide, quién ejecuta y quién supervisa La ejecución de infraestructura pública en Perú atraviesa desde 2023 un rediseño institucional que conviene comprender con antelación a examinar las particularidades del sector transporte en el país, toda vez que la estructura institucional determina la entidad o entidades con las cuales es necesario interactuar constantemente por parte de los potenciales inversionistas, según el tamaño, el sector y la naturaleza del proyecto a ejecutar.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC Conforme a la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores y cuyo ámbito de competencia y estructura se establecen en su respectiva Ley de Organización y Funciones. Para el caso del sector transporte, dicho acto de constitución es la Ley N.° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El artículo 2 de esta norma establece la naturaleza jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señalando que se trata de un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público. En materia de competencias, el artículo 4 señala que el Ministerio es competente de forma exclusiva en materia de aeronáutica civil, en la infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional, en los servicios de transporte de alcance nacional e internacional y en la infraestructura y servicios de comunicaciones. Por otro lado, el mismo artículo señala que el

Ministerio tiene competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en cuanto a la infraestructura y los servicios de transporte de alcance regional y local, así como en circulación y tránsito terrestre. Por su parte, el artículo 5 le confiere las funciones rectoras de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, fiscalizar y evaluar la política nacional y sectorial, de dictar normas y lineamientos técnicos de alcance nacional, y de coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de dichas políticas. De lo anterior se concluye que el MTC es la máxima autoridad administrativa del sector y el ente rector encargado de fijar las políticas generales de transporte. Ahora bien, a medida que las necesidades para la materialización del servicio público se tornan más específicas, como la estructuración de una concesión o su ejecución contractual, no es el Ministerio el directamente competente para llevarlas a cabo. Para tales fines, el ordenamiento peruano ha previsto órganos especializados.

Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión ProInversión es el organismo promotor de la inversión privada del ámbito nacional, regulado inicialmente por la Ley N.° 28660, cuyo contenido fue recogido en la actualmente vigente ley promoción de la inversión privada: la Ley N.° 32441. El artículo 15.1 de esta última norma dispone que ProInversión es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público. En cuanto a sus competencias, el artículo 9.2 de la misma ley establece que, tratándose del Gobierno Nacional, ProInversión actúa como Organismo Promotor de la Inversión Privada, siendo su principal función la señalada en el artículo 15.5 de esta misma norma: diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos desarrollados mediante las modalidades de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos. Estas modalidades de inversión y sus características serán abordadas más en profundidad en el Capítulo 4 de la presente cartilla. Adicionalmente, el artículo 9.4 de la misma Ley señala que los gobiernos regionales y locales pueden encargar a ProInversión la conducción del proceso de promoción de sus proyectos, así como solicitarle asistencia técnica. De esta forma, ProInversión es el órgano especializado en estructurar, conducir y adjudicar los procesos que permiten la integración de capital privado, con el objetivo de desarrollar Proyectos de Asociación Público Privada y de Proyectos en Activos.

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRÁN El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público -OSITRÁN- fue creado mediante la Ley N.° 26917 y reglamentado mediante Decreto Supremo N.° 044-2006-PCM, por medio del cual se adoptó su Reglamento General, como organismo público descentralizado adscrito actualmente al Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público. De conformidad con el artículo 3 de su Reglamento General, el OSITRÁN es un organismo regulador competente para expedir normas, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar, así como para resolver controversias y reclamos derivados de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público y de los contratos de concesión, actuando con imparcialidad y objetividad en protección de los intereses del Estado, los inversionistas y los usuarios32.

Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN La ANIN fue creada por la Ley N.° 31841 como parte del fortalecimiento del aparato estatal para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura, para garantizar la efectiva prestación de servicios públicos y dinamizar la economía. De conformidad con el artículo 3.1 de esta norma, es un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya misión es la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión a su cargo. Cabe precisar que las funciones de la ANIN, de conformidad con el artículo 5.1. de esta misma norma, se orientan predominantemente a la ejecución de programas y proyectos de infraestructura, y no a su formulación, estructuración o regulación, salvo que expresamente le sea requerido.

. Literal m) del artículo 1 del Decreto Supremo N.° 044-2006-PCM, Reglamento General de Ositrán.

Su competencia, delimitada por el artículo 4 del Reglamento, señala que esta entidad es competente en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, que le son asignados o delegados, y que, de conformidad con el artículo 6.1. del Reglamento, deben contar con montos de inversión iguales o mayores a doscientos millones de soles, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física. Excepcionalmente, el artículo 6.2 permite incorporar proyectos de entre cuarenta y doscientos millones de soles, cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico, o de intervenciones multisectoriales conjuntas que se enmarquen en situaciones de emergencia por desastres naturales, declarada por la autoridad competente. El artículo 5 del reglamento señala que la ANIN puede ejecutar estos proyectos o programas de inversión a su cargo, o formularlos como así se le requiere, Mantener la infraestructura, equipamiento y mobiliario de los proyectos o programas de inversión ejecutados por periodos de hasta cuatro años, entre otros. Para este fin, la entidad puede celebrar contratos, acuerdos y/o convenios vinculados al cumplimiento de su objeto. El mismo artículo la habilita para formular y ejecutar obras de infraestructura de defensa civil estratégica, para prevenir y controlar inundaciones y otros peligros asociados al cambio climático, y para ejercer las facultades de adquisición y expropiación de inmuebles cuando actúe como entidad ejecutora. Esta última atribución es de particular importancia práctica, pues dota a la ANIN de la potestad para asegurar la disponibilidad de los predios necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura, uno de los cuellos de botella habituales en la ejecución de este tipo de iniciativas.

Diagnóstico por modo de transporte

Redes viales (carreteras) Marco de clasificación y magnitud de la red Conforme a la actualización del Reglamento de Jerarquización Vial, aprobada por el Decreto Supremo N.° 015-2024-MTC, las carreteras peruanas se clasifican en tres niveles de gestión: la Red Vial Nacional, gestionada por el MTC; la Red Vial Departamental, a cargo de los gobiernos regionales; y la Red Vial Provincial o Vecinal, bajo competencia de los gobiernos locales33. Hasta el año 2025, el Sistema Nacional de Carreteras -SINAC- registra 12687 rutas oficiales, distribuidas en 161 rutas nacionales, 454 departamentales y 12072 vecinales; a ellas se suman

33 . Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2025) “Anuario Estadístico 2025, Capítulo 2: Infraestructura”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes- publicaciones/344726-estadistica-anuario-estadisticodel-mtc. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

2234 rutas vecinales “no registradas” en proceso de inscripción, con lo que la red vecinal se eleva a 14306 rutas. En términos de participación, la red vecinal concentra el 66,4% del total de rutas, seguida de la departamental (17,6%) y de la nacional (16,0%)34. Medida en kilómetros, la red vial total asciende a 183949,7 km, de los cuales el 96,6% (177780,9 km) corresponde a vías existentes y el 3,4% (6168,8 km) a vías proyectadas. El rasgo diagnóstico más relevante es el bajo nivel de pavimentación del conjunto de la red. De la red existente, solo el 20,2% (35828,0 km) cuenta con superficie pavimentada, mientras que el 79,8% (141952,9 km) permanece no pavimentada. En el siguiente cuadro se resume su composición por jerarquía y superficie de rodadura35.

Jerarquía vial

Longitud total

Existente

Pavimentada

No pavimentada

Proyectada

Total

183949,7

177780,9

35828,0

141952,9

6168,8

Nacional

29447,7

27678,4

22996,6

4681,8

1769,4

Departamental

32422,3

28134,5

8601,2

19533,3

4287,7

Vecinal

122079,7

121968,0

4230,2

117737,8

111,7

Cuadro 2. Red vial del SINAC por jerarquía y superficie de rodadura (kilómetros). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Red Vial Nacional (RVN) La Red Vial Nacional existente alcanzó, al cierre de 2025, una extensión de 27678,4 km, con una expansión de 153,0 km respecto del año anterior. Es la red de mayor consolidación física: el 83,1% se encuentra pavimentado y solo el 16,9% permanece sin pavimentar36. La RVN está conformada por 3 ejes longitudinales y 20 ejes transversales, junto con sus variantes y ramales. Los ejes longitudinales, que recorren el país de norte a sur integrando Costa, Sierra y Selva, representan el 29,5% de la red nacional existente (8151,8 km) y registran un 94,8% de pavimentación. Por su parte, los ejes transversales integran la Costa con el resto del país y constituyen el eje de mayor consolidación, ya que representan el 33,1% de la Red Vial Nacional, de las cuales el 93,3% (9089,1 km) corresponde a vías existentes. De estas, el 86,1% (7827,6 km) cuenta con superficie pavimentada. Por último, las Variantes y Ramales, son rutas de menor longitud que se desprenden de las longitudinales y transversales, y representan el 37,7% (10437,5 km) de la Red Vial Nacional existente”37.

. Ibidem. . Ibidem. 36 . Ibidem. 37 . Ibidem. 35

Red Vial Departamental (RVD) La Red Vial Departamental existente asciende a 28134,5 km, de los cuales el 30,6% (8601,2 km) está pavimentado y el 69,4% (19533,3 km) no lo está. En la fracción no pavimentada predominan las vías afirmadas (16276,1 km), seguidas muy por detrás por las trochas (1822,4 km) y las vías sin afirmar (1434,8 km). Respecto de 2024, la red pavimentada creció un 19,6%, de 7192,0 km a 8601,2 km, avance atribuido a las intervenciones de mejoramiento y conservación a nivel de soluciones básicas ejecutadas mediante el Programa PROREGIÓN y el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS), a cargo de Provías Descentralizado38. Territorialmente, el incremento de la red pavimentada se concentró en San Martín, Ayacucho y Huancavelica, mientras que Cusco, Puno, Huancavelica, La Libertad y Loreto reúnen las mayores extensiones de red departamental existente. La red proyectada se localiza principalmente en la Amazonía, Loreto (1536,9 km), Madre de Dios (848,7 km) y Ucayali (407,3 km), lo que evidencia la persistencia de brechas de conectividad territorial39.

Red Vial Vecinal (RVV) La Red Vial Vecinal existente, con 121968,0 km, es la de menor consolidación física del sistema: solo el 3,5% (4230,2 km) está pavimentada, frente a un 96,5% (117737,8 km) no pavimentada. Dentro de esta última predominan las vías afirmadas (50338,2 km, 41,8%), seguidas por las trochas (43904,9 km, 37,3%) y las vías sin afirmar (23494,7 km, 20,0%)40. La red vecinal se integra por rutas “registradas”, clasificadas con código de ruta en el Clasificador del SINAC, que representan más del 87,1% de su extensión, y rutas “no registradas”, identificadas mediante inventarios viales georreferenciados y aún pendientes de formalización, equivalentes a cerca del 12,9%. Las mayores extensiones de vías pavimentadas se concentran en Piura (385,3 km), Cusco (356,2 km), Cajamarca (345,2 km), Junín (300,6 km) y La Libertad (221,8 km); no obstante, el predominio casi absoluto de vías no pavimentadas continúa evidenciando importantes brechas de transitabilidad en amplias zonas rurales, cuya atención corresponde a los gobiernos locales41.

Estado de las concesiones viales y avance físico Al cierre de 2025 existen 17 contratos de concesión de carreteras, que administran 7637,9 km de la Red Vial Nacional. Frente a una meta física de intervención de 7409,1 km, el avance físico acumulado alcanza 6290,1 km, equivalente a un cumplimiento del 84,9%. Once concesiones han culminado el 100% de su avance, lo cual representa 3975,6 km, el 53,6% del total, mientras que las seis concesiones restantes mantienen un compromiso de 3434,5 km, de los cuales se han ejecutado 2314,5 km (67,4%)42.

. Ibidem. . Ibidem. 40 . Ibidem. 41 . Ibidem. 42 . Ibidem. 39

Carreteras concesionadas

N.° conc.

Km de

contrato

comprometidos

acumulados

avance

Total

7637,9

7409,1

6290,1

84,9%

Avance físico culminado

3704,6

3974,6

3975,6

100,0%

Avance físico en proceso

3933,3

3434,5

2314,5

67,4%

Cuadro 3. Avance físico de las carreteras concesionadas (kilómetros). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Entre las concesiones aún en ejecución, se tienen los siguientes niveles de avance: IIRSA Sur Tramo 5 (Ilo–Matarani–Azángaro), 99,2%; Longitudinal de la Sierra Tramo 2, 89,7%; el tramo Dv. Quilca–Repartición–Matarani–Moquegua–Ilo–Tacna–La Concordia, 86,9%; la Red Vial N.° 4 (Pativilca–Santa–Trujillo–Salaverry), 77,0%; la Autopista del Sol (Trujillo–Sullana), 66,2%; y la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, con 0,0%, por tratarse de un contrato suscrito recién en octubre de 2025 cuyo avance comenzará a registrarse una vez aprobados los expedientes técnicos43. Km comprometidos

Km acumulados 2025

IIRSA Sur Tramo 5: Ilo–Matarani–Azángaro

903,4

896,0

99,2%

Longitudinal de la Sierra Tramo 2

550,7

494,0

89,7%

503,1

437,1

86,9%

Red Vial N.° 4: Pativilca–Santa–Trujillo–Salaverry

395,9

304,7

77,0%

Autopista del Sol: Trujillo–Sullana

276,0

182,7

66,2%

Longitudinal de la Sierra Tramo 4

805,4

0,0

0,0%

Concesión en proceso de ejecución

Dv. Quilca–Repartición–Matarani–Tacna–La Concordia

% avance

Cuadro 4. Avance físico de las concesiones viales en ejecución (kilómetros intervenidos). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En el plano financiero, las concesiones viales reúnen un compromiso de inversión de USD 6628,5 millones, con una inversión ejecutada acumulada de USD 5493,4 millones, equivalente a un avance del 82,9%. Varias concesiones superan el 100% de su compromiso inicial, IIRSA Sur Tramo 4 (134,2%), IIRSA Sur Tramo 3 (110,8%), IIRSA Norte: Paita–Yurimaguas (100,4%), mientras que otras registran avances parciales, como la Autopista del Sol (66,0%) y la Red Vial N.° 4 (72,2%); la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 aún no registra ejecución (0,0%)44.

. Ibidem. . Ibidem.

Modo portuario Marco y magnitud del sistema portuario Conforme a la Ley N.° 27943 del Sistema Portuario Nacional (SPN), la infraestructura portuaria comprende las terminales portuarias, embarcaderos, instalaciones y equipamientos destinados a los servicios portuarios y a la conectividad del transporte marítimo, fluvial y lacustre. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) elabora el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y mantiene el listado oficial de terminales del SPN, mientras que la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) administra los terminales estatales y el MTC ejerce funciones normativas y de supervisión del transporte acuático45. Al cierre de 2025, el país registró 144 infraestructuras portuarias operativas, conformadas por 73 terminales portuarias, 3 terminales pesqueros y 68 embarcaderos, que agrupan 151 instalaciones portuarias, dado que un terminal puede contener más de una instalación. De ese grupo87 infraestructuras (60,4%) forman parte del SPN, 60 terminales portuarias, 3 terminales pesqueras y 24 embarcaderos, con habilitación y licencia de la APN, mientras que 57 de estas no pertenecen al SPN46.

Titularidad y régimen de gestión Respecto de la titularidad, 59 infraestructuras portuarias son de propiedad pública y 85 de propiedad privada. Dentro de las públicas, solo 8 terminales portuarias se encuentran concesionadas, mientras que 51 permanecen no concesionadas; de estos, 6 son administradas por ENAPU S.A., 23 por gobiernos regionales y locales y 22 por otras entidades públicas (entre ellas Petroperú, el Ministerio de la Producción y Ferrocarril Trasandino)47.

Distribución por ámbito acuático, alcance y uso Según el ámbito acuático, la infraestructura se concentra en el sistema fluvial: 81 infraestructuras son fluviales, 60 marítimas y 3 lacustres. Un dato de interés es que el departamento de Loreto reúne 64 terminales y embarcaderos fluviales y Ucayali 16, lo que refleja la alta dependencia del transporte fluvial para la conectividad amazónica. Por otra parte, en el ámbito marítimo, Lima concentra 21 infraestructuras, consolidándose como nodo estratégico del comercio exterior, mientras que, en el ámbito lacustre, Puno es el único departamento con infraestructura portuaria, localizada en el lago Titicaca48.

Estado de avance de las inversiones portuarias concesionadas El estado de avance de las inversiones en las ocho terminales concesionadas es marcadamente desigual. Sobre un compromiso de inversión de USD 3846,4 millones, la inversión ejecutada acumulada asciende a USD 2369,4 millones, con un avance del 61,6%.

. Ibidem. . Ibidem. 47 . Ibidem. 48 . Ibidem. 46

Presentan avances elevados la Terminal de Contenedores del Callao–Zona Sur (99,0%) y la Terminal Portuaria de Paita (93,8%), mientras que registran ejecuciones parciales la Terminal Norte Multipropósito del Callao (39,2%) y la Terminal Portuaria de Matarani (42,6%)49. A lo anterior, se suma una cartera de promoción y de inversión pública relevante. El MTC, en articulación con ProInversión, impulsa bajo la modalidad de asociación público privada los proyectos del Puerto Internacional de Chimbote, las Terminales Portuarias de Saramiriza e Iquitos y la Terminal Portuaria de Pucallpa; y, a través de la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte, ejecuta una cartera de 33 proyectos de infraestructura portuaria a nivel nacional, mayoritariamente orientados a la instalación de embarcaderos fluviales en la Amazonía y a intervenciones como el antepuerto del Callao50.

Modo aeroportuario Marco y composición de la infraestructura Conforme a la Ley N.° 27261 de Aeronáutica Civil y a las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC regula y supervisa la infraestructura aeroportuaria, conformada por aeropuertos, aeródromos y helipuertos públicos y privados. Al cierre de 2025, la DGAC registró 145 aeródromos autorizados en operación, cifra inferior en dos unidades a la de 2024 (147), por la baja de aeródromos privados en Loreto y Ucayali51. Del total, 76 infraestructuras (52,4%) son de titularidad pública, 11 aeropuertos internacionales, 19 aeropuertos nacionales, 42 aeródromos y 4 helipuertos, y 69 (47,6%) de titularidad privada, 21 aeródromos y 48 helipuertos, estas últimas vinculadas principalmente a operaciones especializadas y de acceso a zonas asociadas a actividades de exploración y explotación de recursos energéticos en áreas de difícil acceso52.

Régimen de gestión, jerarquización y uso Respecto del régimen de gestión de la infraestructura pública, 18 aeropuertos se encuentran concesionados, mientras que los no concesionados son administrados por CORPAC S.A., que administra 29 de estos y por otras entidades públicas, que administran los 29 restantes, entre ellas gobiernos regionales y locales, comunidades, la Policía Nacional y bases aéreas. En materia de jerarquización funcional, la DGAC asignó jerarquía funcional a 62 aeródromos públicos (82,7%): 28 de jerarquía nacional bajo rectoría del MTC y 34 de jerarquía regional o local, mientras que 14 operan sin jerarquía asignada. Según el régimen de uso, 71 aeródromos están habilitados para uso público y 74 para uso privado53.

. Ibidem. . Ibidem. 51 . Ibidem. 52 . Ibidem. 53 . Ibidem. 50

Territorialmente, la infraestructura se concentra en la Amazonía y la Sierra sur: Cusco reúne 26 aeródromos, 23 de ellos privados, mayoritariamente helipuertos vinculados al sector de hidrocarburos, Loreto 23, de los cuales 14 son públicos, y Ucayali 1054.

Estado de avance de las inversiones aeroportuarias concesionadas Sobre un compromiso de inversión de USD 2714,3 millones, la ejecución acumulada en los aeropuertos concesionados alcanza USD 1519,4 millones, equivalente a un avance del 56,0%. El esfuerzo se concentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con USD 1203,7 millones ejecutados (69,3% de avance), en tanto que el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales registra un 37,0% y el Segundo Grupo un 23,6%55.

Aeropuertos concesionados

Compromiso

Ejecutado acum.

% avance

Total

2714,3

1519,4

56,0%

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

1736,9

1203,7

69,3%

Primer Grupo de Aeropuertos Regionales

635,2

235,1

37,0%

Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales

342,2

80,6

23,6%

Cuadro 5. Inversión en aeropuertos concesionados (millones de dólares). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Modo ferroviario Composición, titularidad y régimen concesional Durante 2025, la red ferroviaria operativa y comercial a nivel nacional mantuvo una longitud total de 2001,9 km. El 85,1% (1703,6 km) corresponde a infraestructura de titularidad pública y el 14,9% (298,3 km) al ámbito privado, este último vinculado principalmente a actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas. Dentro de la red pública, el 96,5% (1643,6 km) se encuentra concesionado bajo esquemas de asociación público-privada, incorporando la reciente concesión del Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, de 128,7 km, suscrita en mayo de 2025, mientras que solo el 3,5%, es decir, 60,0 km, correspondientes al Ferrocarril Tacna–Arica, permanece no concesionado56.

Red ferroviaria nacional (2025)

Kilómetros

Total

2001,9

Pública

1703,6

Concesionada

1643,6

. Ibidem. . Ibidem. 56 . Ibidem. 55

Red ferroviaria nacional (2025)

Kilómetros

No concesionada

60,0

Privada

298,3

Cuadro 6. Red ferroviaria nacional por titularidad y régimen (kilómetros). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Red interurbana, red privada e infraestructura urbana La red interurbana está encabezada por el Ferrocarril Transandino S.A., de 988,0 km, la vía más extensa del país, que conecta a los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco a través de los ferrocarriles del Sur y del Sur Oriente; le sigue Ferrovías Central Andina S.A., con 489,6 km, que conecta Lima, Pasco y Junín57.. La infraestructura ferroviaria urbana está representada por el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, con una extensión operativa de 37,2 km, integrada por la Línea 1 (33,1 km, en operación desde 2012) y la Línea 2 (4,1 km, en operación parcial desde 2023). La Línea 2 presenta un avance físico superior al 80%, con 23 de sus 27 estaciones en ejecución y más de 18 km de túneles construidos, lo que refleja el desarrollo en curso del sistema de transporte masivo de la Lima Metropolitana58.

Estado de avance de las inversiones ferroviarias La infraestructura ferroviaria concentra un compromiso de inversión de USD 6419,2 millones, con una ejecución acumulada de USD 4702,9 millones y un 68,1% de avance, impulsada casi en su totalidad por la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, con un avance del 72,9%. La Línea 1 registra un avance del 100%, en tanto que el Ferrocarril Huancayo– Huancavelica, recién concesionado y que tiene un valor de USD 401,0 millones aún no presenta ejecución59.

Ferrovías

Compromiso

Ejecutado acum.

% avance

Total

6419,2

4702,9

68,1%

Línea 2 y Ramal Av. Faucett–Gambetta (Metro de Lima)

5346,5

3896,5

72,9%

Línea 1 (Villa El Salvador–San Juan de Lurigancho)

671,7

100,0%

Ferrocarril Huancayo–Huancavelica

401,0

0,0

0,0%

Cuadro 7. Inversión en infraestructura ferroviaria (millones de dólares). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

. Ibidem. . Ibidem. 59 . Ibidem. 58

Inversión y gestión de la infraestructura de transporte Cartera de concesiones de transporte Al cierre de 2025, la cartera de concesiones de transporte se consolidó en 34 contratos suscritos, con un compromiso de inversión global de USD 22008,0 millones, un 9,9% superior al del año anterior, impulsado por la incorporación de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, con un valor de USD 764,5 millones, la concesión del Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, con un valor de USD 401,0 millones y el incremento de compromisos en el Terminal Portuario de Matarani. La inversión ejecutada en 2025 ascendió a USD 1322,6 millones, representando un incremento del 22,2%, y la ejecución acumulada totalizó USD 14085,1 millones, con un avance general de la cartera del 64,0%60.

Modo de transporte

Compromiso (USD M)

Participación

Carreteras

6628

30,1%

Ferrovías

6419

29,2%

Puertos

3846

17,5%

Aeropuertos

2714

12,3%

Anillo Vial Periférico

2400

10,9%

Total

22008

100%

Cuadro 8. Compromiso de inversión de la cartera de concesiones de transporte por modo (millones de dólares). Fuente: Anuario Estadístico 2025, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La inversión ejecutada acumulada se distribuye entre carreteras, por valor de USD 5493,4 millones y 82,9% de avance, infraestructura ferroviaria, por un valor de USD 4702,9 millones y un 68,1% de avance, infraestructura portuaria, por un valor de USD 2369,4 millones y 61,6% de avance; e infraestructura aeroportuaria, por un valor de USD 1519,4 millones y 56,0% de avance. Los proyectos de mayor tracción en 2025 fueron la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que en conjunto concentraron el 80,5% de la inversión anual61.

Síntesis del diagnóstico De los datos del Anuario Estadístico 2025 se desprende un estado físico heterogéneo, marcado por dos brechas estructurales. La primera es la brecha de pavimentación de la red vial: aunque la Red Vial Nacional alcanza un 83,1% de pavimentación, el conjunto de la red existente solo llega al 20,2%, arrastrado por la Red Vial Vecinal (3,5% pavimentada)

. Ibidem. . Ibidem.

y la Departamental (30,6%), en las que predominan las vías afirmadas y las trochas y donde, además, la información de los gobiernos regionales presenta subregistro. La segunda es la desigualdad territorial y modal: la infraestructura portuaria y aeroportuaria de menor jerarquía se concentra en la Amazonía bajo formatos fluviales y de aeródromos regionales, mientras que tanto la gestión concesional como la inversión ejecutada se concentran en un número reducido de activos de alto impacto: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Metro de Lima y los terminales del Callao. En el plano de la ejecución, las carreteras concesionadas exhiben el mayor grado de avance físico (84,9%) y financiero (82,9%), seguidas por la infraestructura ferroviaria (68,1%), la portuaria (61,6%) y la aeroportuaria (56,0%). En conjunto, la cartera de concesiones de transporte reúne 34 contratos con un compromiso de inversión de USD 22008,0 millones y un avance de ejecución acumulado del 64,0% al cierre de 2025, lo que perfila un sistema en expansión, pero con niveles de consolidación física muy dispares entre modos, jerarquías y regiones62.

Sectores estratégicos Agua potable y saneamiento básico El agua potable y el saneamiento constituyen la brecha social de infraestructura más urgente del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática correspondiente a 2024, la cobertura nacional de acceso a agua mediante red pública se ubica en 90,4%, con una brecha marcada entre el ámbito urbano (93,2%) y el rural (78,7%)63. La calidad del suministro presenta un rezago adicional: solo el 40,4% de los hogares abastecidos recibe agua con niveles adecuados de cloro residual, proporción que cae a 4,7% en el ámbito rural64. En materia de saneamiento, un reporte periodístico de mayo de 2026 documentó, además, un retroceso de aproximadamente un punto porcentual en la cobertura nacional de agua y saneamiento en los últimos cinco años, pese a una inversión acumulada superior a USD 12000 millones, con una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas de USD 56000 millones adicionales requeridos para alcanzar la cobertura universal, lo que ha llevado a caracterizar la brecha de saneamiento como estructural más que coyuntural65. En cuanto a las entidades relevantes, la rectoría del sector corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), creado mediante el artículo 1 de la Ley N.° 30156, que formula la política nacional de saneamiento y ejecuta programas de inversión a través del 62

. Ibidem. . Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024) “Perú: formas de acceso al agua y saneamiento básico”. Tomado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_2024.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 64 . Ibidem. 65 . Caretas (2026) “Cobertura de agua y saneamiento retrocede pese a inversión de US$ 12 mil millones”. Tomado de: https://caretas.pe/medio-ambiente/cobertura-de-agua-y- saneamiento-retrocede-pese-a-inversionde-us12-mil-millones. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 63

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)66 y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)67. La vigilancia de este servicio se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), organismo creado por el artículo 1 del Decreto Ley N.° 25965 y cuyas funciones generales de fiscalización, normativa, reguladora y sancionadora fueron precisadas por el artículo 3 de la Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Un tercer actor institucional es el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), creado por el artículo 3 de la Ley N. ° 3004568, con la función de fortalecer la gestión de las empresas prestadoras, así como brindarles asistencia técnica, con el fin de mejorar su administración69. Por otro lado, la prestación del servicio corresponde a cincuenta empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) de ámbito urbano, entre las cuales Sedapal, la empresa que atiende Lima Metropolitana y el Callao, concentra un gran porcentaje de los usuarios, facturación e inversión respecto del resto del sistema. El resto del universo prestador está compuesto por EPS de menor tamaño que atienden capitales de provincia y ciudades intermedias70. Este punto se aborda en mayor extensión en el Capítulo 6 de la presente cartilla. Es importante mencionar que el sector tiene obstáculos en su capacidad de ejecución de inversión programada. Los indicadores de desempeño operativo de las EPS reflejan las limitaciones estructurales del sistema. La continuidad promedio del servicio se ubica alrededor de 18,5 horas diarias a nivel nacional, con variaciones significativas entre EPS. El agua no facturada, pérdidas físicas y comerciales, se incrementó a 38,5% del volumen producido en 2024, frente a 37,3% en 2023, muy por encima de los estándares internacionales de eficiencia71. Frente a esta problemática, en el 2024, el mecanismo del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) 72 fue utilizado por el OTASS ante dieciocho empresas prestadoras, con el fin de tomar su administración de manera transitoria. Hasta junio de 2026, cuatro empresas prestadoras completaron exitosamente su proceso de recuperación y egresaron del régimen73. 66

. Programa Nacional de Saneamiento Urbano (s. f.) “Información institucional”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/pnsu/institucional. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 67 . Programa Nacional de Saneamiento Rural (s. f.) “Información institucional”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/pnsr/institucional. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 68 . La disposición complementaria derogatoria única del Decreto Legislativo N.° 1280 derogó la Ley N.° 30045, a excepción de su artículo 3, por medio del cual se crea el OTASS. 69 . Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (s. f.) “Información institucional”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/otass/institucional. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 70 . Sunass (2025) “Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2025 (datos 2024)”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/sunass/informes-publicaciones/7109489-benchmarking- regulatorio-de-las-eps2025. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 71 . Ibidem. 72 . El Régimen de Apoyo Transitorio es una medida desarrollada por el Decreto Legislativo N.° 1280, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras públicas, así como recuperar su sostenibilidad económica y financiera. 73 . Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (2024) “OTASS enfocado en fortalecer 49 empresas prestadoras para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/otass/noticias/977305-otass-enfocado-en-

En cuanto a la magnitud de la inversión requerida, SUNASS estimaba en 2023 que cerrar la brecha de agua y saneamiento demandaría cerca de S/ 95000 millones; en abril de 2025, al presentar su Reporte de Seguimiento de Inversiones N.° 6, actualizó esa estimación a S/ 138000 millones en los próximos treinta años, equivalentes a un requerimiento de inversión anual de S/ 12300 millones74 (aprox. USD 3300 millones anuales)75. Para cerrar esa brecha, se ha impulsado la diversificación de fuentes de financiamiento incorporando Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos. En materia de APP, el marco normativo fue renovado mediante la Ley N.° 32441, que reemplazó al Decreto Legislativo N.° 1362 y modificó, entre otros aspectos, el plazo máximo de las concesiones, ampliándolo hasta sesenta años, y el carácter de las opiniones previas de los organismos reguladores en el proceso de estructuración, que dejaron de ser vinculantes, con la promulgación del artículo 10.1 de la misma Ley. En Obras por Impuestos, el mecanismo que permite a las empresas privadas ejecutar proyectos públicos a cambio de descontar el gasto de su impuesto a la renta, el saneamiento ocupa un lugar secundario pero constante. En 2024 este mecanismo movilizó S/ 4204 millones, la cifra más alta desde que existe en 2009, aunque los sectores que históricamente concentran la mayor parte de la inversión son educación, transporte y salud. El saneamiento, con S/ 1337 millones acumulados desde 2009, ocupa el cuarto lugar76. El cambio climático añade una dimensión adicional de riesgo a la sostenibilidad del sector. El Banco Mundial ha estimado que los choques hídricos y los insuficientes servicios de agua potable y saneamiento le cuestan a Perú entre 1,3% y 3,5% del Producto Interno Bruto por año 77 . En octubre de 2025, el Banco Mundial aprobó un programa de financiamiento por USD 200 millones, orientado a fortalecer la gestión de aguas residuales y la economía circular hídrica, con

fortalecer-49-empresas-prestadoras-para-mejorar-los-servicios-de-agua-potable-ysaneamiento-a-nivel- nacional. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 74

. Sunass (2023) “Sunass: cierre de brechas en agua y saneamiento requiere aproximadamente 95 mil millones de soles de inversión”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/698254-sunasscierre-de-brechas-en-agua- y-saneamiento-requiere-aproximadamente-95-mil-millones-de-soles-de-inversion. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]; Sunass (2025) “Perú necesita S/ 138 mil millones para cerrar brechas en agua potable y saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1147343-peru-necesita-s-138- mil-millones-para-cerrar-brechasen-agua-potable-y-saneamiento-en-el-ambito-de-las- empresas-prestadoras. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 75 . Banco Central de Reserva del Perú (2025) “Series estadísticas: tipo de cambio interbancario (S/ por US$), compra y venta”. Tomado de: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/ PD04638PD/html. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. Dato correspondiente al 16 de abril de 2025. 76 . Ministerio de Economía y Finanzas (2025) “Reporte detallado de información de Obras por Impuestos”, corte al 31 de diciembre de 2024. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/reporte_detallado_infor macion_oxi_31122024.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 77 . Banco Mundial (2023) “Perú: acciones estratégicas para la seguridad hídrica”. Tomado de: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062023100531967/pdf/ P17363602652300490a20b067e3b55cf68d.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

componentes de seguridad hídrica y resiliencia climática, en Lima y Puno78. En el plano de la planificación de largo plazo, Perú aprobó en junio de 2026 la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, que fija metas de cobertura universal y sostenibilidad financiera del sector a mediano y largo plazo79.

Generación de energía eléctrica El sector eléctrico presenta una situación considerablemente más sólida. La cadena se organiza en cuatro actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización, cuya institucionalidad conviene precisar antes de examinar el desempeño del subsector. Conforme al artículo 2 de la Ley N.° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, la rectoría de este subsector corresponde al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público. El artículo 5.1 de esta norma le atribuye la función de diseñar, establecer y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en materia energética. Adicionalmente, el artículo 6 del Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1221, le atribuye la facultad de otorgar las concesiones y autorizaciones eléctricas. Por otro lado, la regulación tarifaria y la supervisión de la calidad del servicio están a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -OSINERGMIN-, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N.° 2673480, El artículo 3 de la Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece sus funciones generales de regulación, supervisión, normativa, fiscalización y sanción. En lo que atañe a la generación y transmisión de energía eléctrica en Perú, según el Anuario Estadístico de Electricidad 2024, el país cerró dicho año con una generación eléctrica de 63795 gigavatios hora (GWh), lo cual representó un incremento de 2,8% frente a 2023, aportada por 75 empresas generadoras que informaron al Ministerio de Energía y Minas. Esa generación se concentra en dos fuentes: la hidroelectricidad, que aporta la mitad del total (50%), y la generación térmica, que aporta otro 42%, de modo que entre ambas cubren el 92% de la matriz eléctrica nacional81. Esa generación fue aportada por 75 empresas, 5 estatales y 70 privadas, según reportó 78 . Banco Mundial (2025) “Peru to Advance Wastewater Management and Circular Economy Strategies with $200 Million World Bank Program”. Tomado de: https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2025/10/01/peru-to-advance- wastewater-management-and-circular-economy-strategies-with-200-millionworld-bank- program. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 79 . Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2026) “Gobierno aprueba Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050”. Diario Oficial El Peruano. Tomado de: https://elperuano.pe/noticia/297922-gobierno-aprueba-politica-nacional- multisectorial-de-agua-potable-ysaneamiento-al-2050. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 80 . Denominado originalmente Osinerg. 81 . Ministerio de Energía y Minas (2025) “Anuario Estadístico de Electricidad 2024, Capítulo 1: balance y principales indicadores eléctricos”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/minem/informes- publicaciones/7324144anuario-estadistico-de-electricidad-2024. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM a diciembre de 202482. A ello se sumaba el impulso de las fuentes renovables no convencionales, con la generación solar creciendo 25,7% y la eólica 7,8%. En el frente operativo, las pérdidas técnicas y no técnicas, la energía que se pierde en la red o que no llega a facturarse, se ubicaban en 8,3%, mientras que el precio del mercado spot, el mercado de corto plazo donde se transan los excedentes de energía, se situaba en USD 67,7 por megavatio hora. Pese a ese dinamismo, el informe sectorial advierte un desafío estructural de fondo: la capacidad instalada resulta holgada frente a una demanda que crece de manera moderada, lo que presiona a la baja la rentabilidad de los generadores83. Pese al aumento en la generación eléctrica tenida en 2024, en Perú persiste una brecha esencialmente rural. El coeficiente de electrificación, entendido como la medida de cuántas personas en una localidad o país tienen servicio eléctrico84, se ubicaba en 87,8% en el ámbito rural durante 2025, con meta de 90% al cierre de dicho año y proyección de 92% para 2026. A nivel nacional, el MINEM se ha propuesto como meta alcanzar una cobertura eléctrica del 96% en 2026. Para sostener esa meta, el MINEM destinará en 2026 S/ 505 millones de un presupuesto sectorial de apertura de S/ 818,8 millones, más del 60% del total, a obras de electrificación rural ejecutadas por su Dirección General de Electrificación Rural (DGER). En los dos años previos entraron en servicio la central hidroeléctrica San Gabán III (209,3 MW) y la central solar San Martín Solar (252,4 MW), y para 2026 se proyectaba iniciar inversiones en centrales eólicas por 764 MW y centrales solares por 1052 MW85.

Infraestructura social La infraestructura social en Perú avanza hoy más por la vía de la promoción de inversión privada que por la inversión pública directa. En salud, ProInversión adjudicó el 22 de mayo de 2026 la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja a la Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Sucursal Perú, por USD 317 millones, para la operación, el mantenimiento y la reposición de equipamiento del instituto durante los próximos 17 años 86. A 82

. Ministerio de Energía y Minas (2025) “Anuario Estadístico de Electricidad 2024, Capítulo 9: participación de las empresas estatales y privadas en el sector electricidad”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7324144-anuario-estadistico-de- electricidad2024. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 83 . Pacific Credit Rating (2025) “Perú: sector eléctrico”. Tomado de: https://ratingspcr.com.mx/ww2/peru- sectorelectrico/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 84 . Gobierno Regional de Amazonas (2025) “Electrificación convencional, sistema fotovoltaico y proyectos de inversión en la región Amazonas, 2024”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/regionamazonas/informespublicaciones/7503674-electrificacion- convencional-sistema-fotovoltaico-y-proyectos-de-inversion-en-la-regionamazonas-2024. 85 . Congreso de la República del Perú, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (2025) “Resumen ejecutivo y formatos 2026: sector Energía y Minas”, sección 2.2.2 “Electrificación rural”. Tomado de: https://www3.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2025/presupuesto/files/ley_de_ppto_2026/ exposici%C3%B3n/sectores/energia/resumen_ejecutivo_y_formatos_2026%5Br%5D.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 86 . ProInversión (2026) “ProInversión adjudica proyecto clave para asegurar atención especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja”. Tomado de: https://www.investinperu.pe/proinversion- adjudicaproyecto-clave-para-asegurar-atencion-especializada-en-el-instituto-nacional-de-salud-del-nino- de-san-borja/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

ello se suma la Torre Trecca, edificio del Seguro Social de Salud (EsSalud) inconcluso desde hace más de cinco décadas, cuya remodelación integral como centro ambulatorio, a cargo del Consorcio Trecca S.A.C., obtuvo licencia de edificación a fines de 2025 e inició obras en abril de 2026, con una inversión de S/ 490 millones87. En educación, ProInversión promueve una cartera de cinco proyectos por USD 644 millones en dos regiones beneficiadas, orientados a la construcción de infraestructura para colegios en riesgo88.

Planes maestros gubernamentales de infraestructura vigentes en Perú Esta sección de la cartilla identifica los instrumentos de planeación gubernamental de infraestructura actualmente vigentes en Perú, distinguiendo tres niveles que conviene mantener separados en el presente apartado: el marco estratégico de largo plazo, que fija la visión país y los objetivos de competitividad a los que se subordina la inversión en infraestructura; el plan maestro insignia de infraestructura y su mecanismo de programación multianual, que es el instrumento central de este componente; y los planes maestros sectoriales, que desarrollan y operacionalizan la cartera por sector técnico.

Marco estratégico de largo plazo La priorización de inversión en infraestructura en Perú no responde a decisiones sectoriales aisladas, sino que se subordina a una arquitectura de planeamiento de largo plazo cuya cúspide es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), Visión Perú al 205089, conducido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Este instrumento, fija la visión de país a treinta años y constituye el techo normativoprogramático del que se desprenden las políticas nacionales sectoriales, incluidas aquellas referidas a competitividad e infraestructura. Su relevancia práctica para el inversionista radica en que ancla jurídicamente una exigencia de coherencia: todo plan sectorial o de inversión pública debe justificar su alineación con esta visión de largo plazo, criterio que, como se desarrollará más adelante, el propio Ministerio de Economía y Finanzas invoca expresamente al fundamentar el plan maestro de infraestructura vigente. Bajo ese maco estratégico opera la Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), liderado conjuntamente por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

. ProInversión (2025) “Torre Trecca recibe licencia de edificación y se prepara para ejecutar inversión de S/ 490 millones para los asegurados”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/proinversion/noticias/1289149proinversion-torre-trecca-recibe-licencia- de-edificacion-y-se-prepara-para-ejecutar-inversion-de-s-490-millonespara-los-asegurados. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 88 . ProInversión (2025) “Cartera de inversiones 2025-2026”, información al 31 de marzo de 2025. Tomado de: https://info.investinperu.pe/wp-content/uploads/2025/04/BROCHURE-CARTERA-PROYECTOS- PROINVERSIONV2.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 89 . Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (s. f.) “Perú 2050: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

– PEDN”.

La versión actualmente vigente del plan, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 2032024-EF, tiene un alcance de ejecución hasta julio de 2030 y sustituyó a la versión original de 2019. El PNCP 2024-2030 se estructura en torno a nueve objetivos prioritarios y treinta y seis lineamientos de política, desplegados en setenta y cinco medidas cuyo cumplimiento se distribuye entre treinta y siete entidades públicas responsables. La infraestructura constituye uno de esos nueve objetivos prioritarios de manera expresa, lo que convierte al PNCP en el eslabón normativo que conecta la política de competitividad del país con el plan maestro de infraestructura propiamente dicho. En este orden de ideas, cualquier proyecto de infraestructura que un inversionista evalúe en Perú se inserta en una cadena de justificación de política pública verificable: responde a un objetivo prioritario del PNCP, que a su vez se subordina a la visión de país fijada por el PEDN al 2050. Esta trazabilidad normativa es, en sí misma, un elemento de análisis de riesgo regulatorio, toda vez que permite anticipar si un proyecto cuenta con respaldo de política de Estado de mediano plazo o si, por el contrario, depende de una prioridad de gobierno de turno con menor estabilidad institucional.

El plan maestro insignia: Plan Nacional de Infraestructura 2026- 2031 El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNI), aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Supremo N.° 039-2026-EF y presentado el 14 de marzo de 2026, constituye el principal instrumento estratégico del Estado peruano para orientar, priorizar y gestionar las inversiones en infraestructura durante el quinquenio. Su elaboración contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Embajada Británica en Lima, y con la participación coordinada de diecinueve entidades de gobierno nacional, entre ministerios sectoriales, la ANIN, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, ProInversión, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, CEPLAN, el INEI y el propio Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, además de gremios y organizaciones del sector privado. El objetivo general del PNI es impulsar la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país mediante la priorización de un portafolio de proyectos de infraestructura moderna, resiliente y de calidad que cierre brechas de infraestructura y servicios, potenciando las actividades económicas ya consolidadas, fortaleciendo la conectividad interna y externa, y generando valor público a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, articulados en programas con enfoque territorial que integren inversiones multisectoriales y complementarias. Este objetivo general se desagrega en cuatro frentes específicos: competitividad y productividad; sostenibilidad integral con la incorporación de criterios económicos, sociales, ambientales e institucionales, y garantía de sostenibilidad financiera; enfoque territorial procurando la articulación del territorio mediante infraestructura moderna, orientación de la inversión hacia actividades productivas y articuladoras con potencialidad y conformación de programas de infraestructura alrededor de los proyectos priorizados; y equidad y bienestar ciudadano. La novedad estructural más relevante del PNI 2026-2031 frente al ejercicio de priorización que lo antecedió es la incorporación de un enfoque territorial explícito, entendido como una mirada

multidimensional del desarrollo que exige reconocer la heterogeneidad, diversidad y especificidad del territorio al momento de gestionar políticas públicas. Este enfoque se caracteriza por ser multidimensional y multinivel. Se operacionaliza en el PNI a través de tres instrumentos secuenciales: las notas territoriales por macrozona, que caracterizan el potencial productivo de cada territorio; la priorización de proyectos de alto impacto para el corto plazo (los cinco años del plan); y los programas de infraestructura con enfoque territorial. Para conformar las macrozonas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) combinó cuatro variables de agrupamiento: cadenas logísticas, ámbitos y corredores logísticos consolidados, el Índice de Desarrollo Humano departamental, y las cuencas hidrográficas. El resultado son cuatro macrozonas:

(i)

La Macrozona Norte agrupa Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, y es la más extensa del país (44,6% del territorio nacional), con potencialidad consolidada en agricultura, pecuario, pesca y acuicultura, energético y forestal.

(ii)

La Macrozona Centro reúne Áncash, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali, funcionando como puente natural entre Costa, Sierra y Selva, con potencialidad consolidada en minería, agricultura y forestal.

(iii)

La Macrozona Lima-Callao, que se trató de forma diferenciada del resto pese a ocupar solo el 2,7% del territorio, debido a su peso desproporcionado en la economía nacional: concentra las 52 cadenas logísticas priorizadas a nivel nacional, los tres corredores logísticos estructurantes, el 40% del valor agregado bruto del país, el 29% de las exportaciones FOB y aproximadamente el 40% de la población. Su potencialidad consolidada es turismo, manufactura, logístico y energético.

(iv)

La Macrozona Sur, la segunda en aporte al PBI nacional (21,8%) después de LimaCallao, comprende Ica, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno, con potencialidad consolidada en minería, agricultura, pecuario, turismo y energético.

Sobre la base de este diagnóstico territorial, el MEF validó junto con las diecinueve entidades una lista inicial de 423 proyectos vinculados a las actividades productivas y articuladoras de cada macrozona (144 en la Norte, 64 en la Centro, 100 en la Lima-Callao y 115 en la Sur), que sirvió como universo de partida para el proceso de priorización realizado en el PNI. El PNI 2026-2031 estructura la priorización en cuatro etapas secuenciales. En la primera se identifican y validan, junto con las entidades, los proyectos que impactan en las actividades productivas y articuladoras con potencial consolidado. En la segunda etapa se aplican tres condiciones mínimas obligatorias para acotar esa lista: que el proyecto se encuentre en el Programa Multianual de Inversiones, en el Informe Multianual de

Inversiones en Asociaciones Público-Privadas aprobado por los ministerios, en la cartera de ProInversión o en el portafolio de la ANIN; que el proyecto considere la sostenibilidad fiscal conforme a la Ley de Presupuesto y el Marco Macroeconómico Multianual; y que el proyecto no sea una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición (IOARR), debiendo además encontrarse en ejecución física o, como máximo, iniciar obra dentro de los siguientes cinco años. En la tercera etapa se ordenan los proyectos que superaron el filtro anterior mediante catorce indicadores de priorización, desarrollados con asistencia técnica del BID y distribuidos en cuatro dimensiones de infraestructura sostenible con las siguientes ponderaciones: la dimensión económico-financiera concentra el 60% del puntaje total, a través de cinco indicadores (alineamiento del proyecto con la potencialidad de la macrozona, 20%; monto de inversión, 15%; potencial de diversificación productiva, 10%; avance según modalidad de ejecución, 7,5%; y proyectos que no utilicen recursos públicos, 7,5%); la dimensión social pesa 25%, con seis indicadores de 3,33% cada uno (nivel de pobreza, población beneficiada, aceptación social, ubicación en provincias con patrimonio mundial o localidades indígenas vulnerables, ubicación en áreas críticas de frontera con menor desarrollo, y presencia en áreas de mayor criminalidad); la dimensión institucional pesa 10%, con dos indicadores de 5% (capacidad de la entidad y nivel de avance sectorial); y la dimensión ambiental pesa 5%, con un único indicador referido a la planificación y gestión del proyecto en materia de gases de efecto invernadero. En la cuarta y última etapa se define un umbral de selección: el portafolio final de cada macrozona queda conformado por el tercio superior de los proyectos según su puntaje, siguiendo el criterio recomendado por la OCDE para mantener listas cortas y manejables. El resultado de este ejercicio metodológico es un portafolio de 72 proyectos de alto impacto, valorizados en S/ 144117 millones. El portafolio involucra directamente la competencia de trece entidades públicas: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones concentra el mayor número de proyectos y el mayor monto de inversión (S/ 103134 millones), impulsado principalmente por dos iniciativas de gran envergadura: la creación de la Nueva Carretera Central (S/ 24. 653 millones) y la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 20. 092 millones). Le siguen, en monto de inversión, el sector Agricultura y Riego (S/ 17610 millones, entre Midagri y ANIN), Saneamiento (S/ 7076 millones, entre Vivienda y ANIN), Producción (S/ 5187 millones, con el Parque Industrial de Ancón), Electricidad (S/ 4252 millones) y Salud (S/ 4283 millones), además de Comunicaciones, Educación, Turismo, Cultura y Protección Social como sectores de menor peso presupuestal pero presentes en el portafolio.

En cuanto a modalidad de ejecución, las Asociaciones Público-Privadas concentran el mayor número de proyectos priorizados con 33, así como el mayor monto de inversión (S/ 75689 millones), seguidas por la modalidad Gobierno a Gobierno con 13 proyectos por S/ 49680 millones, Obra Pública con 22 proyectos por S/ 10604 millones, Proyectos en Activos con 2 proyectos por S/ 8025 millones y Obras por Impuestos con 2 proyectos por S/ 119 millones. El propio plan desagrega el portafolio de 72 proyectos en las cuatro macrozonas, indicando para cada uno la entidad pública responsable, la modalidad de ejecución, la fase en que se encuentra, la actividad productiva o potencial al que responde y el monto de inversión.

A continuación, en los siguientes cuadros se referencian los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura: En los cuadros que siguen, la columna de modalidad de ejecución emplea las siguientes abreviaturas: APP, asociación público-privada; OP, obra pública; G2G, contrato de Estado a Estado (gobierno a gobierno); PA, proyecto en activos; y OxI, obras por impuestos. En la columna de fase, PMI corresponde al Programa Multianual de Inversiones. En la columna de entidad pública se emplean las denominaciones abreviadas del propio plan: Midagri, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Minsa, Ministerio de Salud; Minedu, Ministerio de Educación; MINEM, Ministerio de Energía y Minas; Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Cultura, Ministerio de Cultura; Produce, Ministerio de la Producción; Mincetur, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; MIMP, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura; EsSalud, Seguro Social de Salud; y Fonafe, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Macrozona Norte

N.°

Nombre del proyecto

Entidad

Modali

pública

dad

Fase

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Rehabilitación del Reservorio de Poechos

Midagri

G2G

Ejecución

Agrícola

5430

Chavimochic III

Midagri

G2G

Ejecución

Agrícola

3888

Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Ciudad de Dios-Cajamarca

MTC

Ejecución

Logístico

1808

Minsa

G2G

Ejecución

Vivienda

APP

MTC

APP

MTC

9 10

Mejoramiento Hospital Regional Docente de Trujillo

Infraestructura social

Estructuraci ón

Infraestructura social

Ejecución

Turismo, logístico,

contractual

industrial

APP

Ejecución contractual

Logístico

Minsa

G2G

Ejecución

LT 500 Kv Subestación Piura NuevaFrontera

Minem

APP

Ejecución contractual

Energético

Hospital Especializado EsSalud Piura

EsSalud

APP

Ejecución

Infraestructura

contractual

social

PTAR Trujillo y Chepén Modernización del Aeropuerto de Chiclayo Autopista del Sol Trujillo-Sullana Hospital de Alta Complejidad III-1 en el distrito de 26 de Octubre, Piura

Infraestructura social

1456

1414

1390

1110

968

804

708

Macrozona Norte

N.°

Entidad

Modali

pública

dad

Irrigación Las Delicias

Midagri

Ejecución

Producción, Almacenamiento y Distribución Agua Piura y Castilla,

Vivienda

Ejecución

Vivienda

Ejecución

ANIN

G2G

Ejecución

ANIN

G2G

Ejecución

Minedu

APP

EsSalud

MTC

APP

Nombre del proyecto

Fase

Curumuy 13

Ampliación y Mejoramiento Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Piura y Castilla

Drenaje Sullana Protección ante inundaciones Río Chancay, Cajamarca-Lambayeque

COAR Nor Oriente Mejoramiento y Ampliación Hospital I Florencia de Mora

Nuevo Terminal Portuario de Loreto (Saramiriza e Iquitos)

Enlace 500 Kv Miguel Grau-Pariñas y Subestación Pariñas 500/220 Kv

Formulació n

Ejecución

Formulació n

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Agrícola

Infraestructura social

Infraestructura social Infraestructura social Infraestructura social Infraestructura social Infraestructura social Agrícola, pecuario,

695

672

637

556

452

375

370

330

logístico, forestal Minem

APP

Estructuraci ón

Energético

291

Macrozona Norte

N.°

Entidad

Modali

pública

dad

Minem

APP

ANIN

G2G

Ejecución

CVA 20 La Libertad

MTC

PMI

Logístico

COAR La Libertad

Minedu

OxI

Actos Previos

Infraestructura

SAT Río Piura

ANIN

G2G

Ejecución

EBR IE Alfonso Ugarte-Piura

Minedu

OxI

Ejecución

Nombre del proyecto

Enlaces 220 Kv Felam-Tierras Nuevas-Salitral

Protección ante inundaciones Río Viru,

La Libertad

2 2 2 3 2 4 2 5

Total Macrozona Norte

Fase

Estructuraci ón

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Energético Infraestructura social

social Infraestructura social Infraestructura social

251

213

159

103

16 24175

Cuadro 9. Portafolio priorizado de la Macrozona Norte. Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031.

Macrozona Sur

N.°

Nombre del proyecto

Entidad

Modali dad

pública

Fase

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Agrícola, pecuario, 1

Longitudinal de la Sierra Tramo 4

MTC

APP

Transacción

Majes Siguas II, Arequipa

Midagri

G2G

Ejecución

MTC

APP

MTC

G2G

Construcción de la Vía Evitamiento de la Ciudad Cusco Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco

Turismo, logístico

3078

Ejecución

Turismo, logístico

3068

Estructuraci ón

Infraestructura

Formulació n

MTC

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

MTC

APP

Minem

APP

MTC

APP

Transacción

Mincetur

APP

Transacción

8 9

de Transmisión 2025-2034 Terminal Portuario San Juan Marcona, Ica Teleférico Choquequirao, Cusco

7015

4780

Banda 3,5 GHz

Grupo 2 Proyectos Eléctricos del Plan

logístico

Agrícola

acuícola, turismo,

social Ejecución

Agrícola, turismo,

contractual

logístico

Estructuraci ón

Energético Minero, agrícola, logístico Turismo

2838

2045

1603

1466 787

Macrozona Sur

N.°

Nombre del proyecto

Construcción de Autopista Chincha,

Modali dad

pública

MTC

APP

Midagri

Minem

APP

PTAR Chincha

Vivienda

APP

COAR Centro

Minedu

APP

Generación de energía con sistema solar

Fonafe

fotovoltaico-Arequipa

(Egasa)

pasos a desnivel, Ica 11

Entidad

Fase

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Ejecución

Agrícola, pecuario,

contractual

logístico

Ejecución

Agrícola

463

Energético

442

651

Mejoramiento y Ampliación Irrigación Yanapujio-Tambo, Moquegua y Arequipa

Grupo 4 Proyectos Eléctricos del Plan de Transmisión 2025-2034

Mejoramiento CVA 7 Huancavelica, Ayacucho, Ica

Formulació n

Ejecución

Infraestructura

contractual

social

Ejecución

Infraestructura

contractual

social

426

388

Formulació n y OP

Evaluación

Energético

300

MTC

Ejecución

Logístico

235

Cultura

Ejecución

Turismo

154

Cultura

Ejecución

Turismo

Mejoramiento y Ampliación Centro de Visitantes de Machu Picchu, Cusco

Mejoramiento Centro Histórico de Huamanga, Ayacucho

Macrozona Sur

N.°

Nombre del proyecto

Construcción del Túnel ParaleloCentral Hidroeléctrica Machu Picchu, Cusco

Mejoramiento Museo Regional Casa Garcilaso de Cusco

Entidad

Modali dad

pública

Fonafe (Egemsa)

Cultura

Fase

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Ejecución

Energético

Ejecución

Turismo

Total Macrozona Sur

29904

Cuadro 10. Portafolio priorizado de la Macrozona Sur. Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031. Macrozona Centro

N.°

Nombre del proyecto

Entidad

Modali dad

pública

Red Vial 4-Tramo Vial: Pativilca1

Santa-Trujillo-Puerto Salaverry,

MTC

APP

MTC

Lima-Áncash-La Libertad

Fase

Ejecución

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Agrícola, logístico

1841

Ejecución

Logístico

1495

Ejecución

Logístico

1434

contractual

Mejoramiento de la carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya: Variante Emp. 2

PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari)

Mejoramiento Carretera OyónAmbo, Huánuco-Lima

Macrozona Centro

N.°

Nombre del proyecto

TP Internacional Chimbote

Entidad

Modali dad

pública

MTC

APP

Fase

Estructuraci ón

Potencial /

Inversión (S/ millones)

actividad

Minería, agrícola, logístico

1198

Agrícola, pecuario, 5

TP Pucallpa

Agua potable y Alcantarillado, Coronel Portillo, Ucayali

MTC

APP

Vivienda

Tercer Grupo de Aeropuertos

MTC

APP

PTAR Huancayo

Vivienda

APP

ANIN

EsSalud

APP

Minem

APP

EsSalud

9 10

Mejoramiento Carretera YungayYanama, Áncash Hospital III EsSalud Chimbote Grupo 3 Proyectos Eléctricos del Plan de Transmisión 2025-2034

Mejoramiento y Ampliación Hospital Río Negro, Satipo, Junín

Total Macrozona Centro

Formulació n

acuícola, turismo, logístico

Ejecución Formulació n

Estructuraci ón

Infraestructura social Turismo, logístico Infraestructura social

Ejecución

Logístico

Ejecución

Infraestructura

contractual

social

Formulació n

Ejecución

Energético Infraestructura social

795

793

781

639

601

540

495

241 10853

Cuadro 11. Portafolio priorizado de la Macrozona Centro. Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031. Macrozona Lima-Callao

N.°

Inversión (S/ millones)

Nombre del proyecto

Entidad pública

Modali dad

Fase

Potencial / actividad

Creación Nueva Carretera Central

MTC

G2G

Ejecución

Logístico

24653

Desarrollo social

20092

Línea 2 y Ramal Av. Faucett-

Ejecución

Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

MTC

APP

Anillo Vial Periférico

MTC

APP

MTC

APP

Produce

Transacción

MTC

G2G

Ejecución

Vivienda

APP

Transacción

Desarrollo social

1940

ANIN

G2G

Ejecución

Desarrollo social

1608

MTC

APP

Logístico

1516

6 7 8

Ampliación Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao Parque Industrial de Ancón, Lima Construcción de la Vía Expresa y Puente Santa Rosa Obras de Cabecera Fase 1, Lima Mejoramiento y Ampliación Reducir Riesgo Cuenca Río Rímac Creación Vía de Evitamiento Chancay Chancaillo

contractual Ejecución

Logístico,

contractual

desarrollo social

Ejecución contractual

Logístico Logístico, manufactura Logístico, desarrollo social

15173

5276

5187

2527

Macrozona Lima-Callao

N.°

Nombre del proyecto

Entidad

Modali

pública

dad

MTC

APP

MTC

APP

Cultura

MIMP

Cultura

Ampliación transitabilidad Carretera Panamericana Norte, Par Vial Variante y

CVA 27 Lima Construcción Intercambio Vial Bujama, Lima

Mejoramiento Museo de Pueblo Libre, Lima

Mejoramiento del Cetpro Alcides Salomón Zorrilla

Mejoramiento Gran Biblioteca Pública, Lima

Ejecución

Potencial / actividad

Logístico

640

Logístico

331

Agrícola, logístico

188

Ejecución

Turismo

Ejecución

Desarrollo social

Ejecución

Serpentín Pasamayo 11

Fase

Inversión (S/ millones)

contractual

PMI Ejecución contractual

Turismo, desarrollo social

Total Macrozona Lima-Callao

16 79185

Cuadro 12. Portafolio priorizado de la Macrozona Lima-Callao. Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031.

El PNI advierte expresamente que este portafolio priorizado representa, conforme a la Ley N.° 32441 y su reglamento, la ruta estratégica y las prioridades que deben seguir ProInversión, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sin que ello implique que los proyectos priorizados se encuentren completamente financiados en la programación presupuestal multianual o que su inclusión suponga una asignación automática de recursos. Más allá del listado de proyectos, el aporte de mayor relevancia institucional del PNI 20262031 es que incorpora, por primera vez de forma articulada, una Hoja de Ruta de cinco líneas estratégicas orientadas a que la infraestructura deje de ser una expectativa postergada y se traduzca en resultados concretos. La conducción del seguimiento e implementación del plan recae en el MEF, a través de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, en coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.

CAPÍTULO 3. POLÍTICAS, REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS PARA INVERTIR Requisitos de inversión extranjera El régimen general: trato nacional y libertad de remesa El régimen peruano de inversión extranjera se compone de dos decretos legislativos de 1991, el Decreto Legislativo N.° 662, Ley de Promoción de la Inversión Extranjera, y el Decreto Legislativo N.° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, reglamentados conjuntamente por el Decreto Supremo N.° 162-92-EF. El marco legal peruano promueve y garantiza la inversión extranjera en todos los sectores del mercado y le otorga un trato igualitario frente a la inversión nacional. En efecto, el artículo 63 de la Constitución Política de Perú dispone que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. En concordancia con ello, el artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 662 reconoce las inversiones extranjeras efectuadas o por efectuarse en el país, en todos los sectores de la actividad económica y bajo cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación peruana. El principio rector es el denominado por la doctrina como “trato nacional”90, consagrado en el artículo 2 del mismo Decreto Legislativo, conforme al cual los 90

. ProInversión (2026) “Guía legal para hacer negocios en Perú 2026”. Tomado de: https://www.investinperu.pe/wp-content/uploads/2026/07/proinversion-guia-legal-hacer-negocios-en- peru2026.pdf. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026].

inversionistas extranjeros y las empresas en las que participan gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, salvo las excepciones previstas en la Constitución y en la propia norma. Este artículo dispone, además, que el ordenamiento peruano no admite discriminación entre inversionistas ni entre empresas por razón del origen, nacional o extranjero, del capital que las respalda. Como expresión concreta de este mismo régimen, los inversionistas extranjeros gozan de libertad de comercio e industria, así como de libertad de exportación e importación, pudiendo organizar y desarrollar sus actividades en la forma que estimen conveniente91. Además, las inversiones extranjeras que se efectúen en el país quedan autorizadas automáticamente y, una vez efectuadas, deben registrarse ante el Organismo Nacional Competente92. Estas inversiones pueden materializarse mediante aportes de capital en divisas o en bienes físicos, inversión en moneda local provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior, reinversión, inversiones en bienes ubicados físicamente en Perú, contribuciones tecnológicas intangibles, inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos y papeles financieros cotizados en bolsas de valores o certificados de depósito bancario en moneda nacional o extranjera, entre otros93. La única restricción sobre esta materia es de rango constitucional: el artículo 71 de la Constitución Política de Perú señala que los extranjeros, ya sean personas naturales o jurídicas, no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras. Se exceptúa en caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo por el Consejo de Ministros conforme a la ley. Finalmente, recordemos que el organismo promotor de la inversión privada en Perú es ProInversión, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Lima, y tiene oficinas desconcentradas en otras ciudades del país. Como se señaló anteriormente, ProInversión promueve la inversión privada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OXI) para su incorporación en servicios públicos, infraestructura pública, en activos, proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones94.

El nuevo régimen de asociaciones público-privadas: la Ley N.° 32441 El cambio normativo más relevante para el sector de infraestructura es la Ley N.° 32441, publicada el 16 de septiembre de 2025, la cual regula la promoción de la inversión privada mediante APP y PA, reglamentada mediante el Decreto Supremo N.° 316-2025-EF. Sobre el régimen específico de estas figuras se profundizará en el Capítulo 4, no obstante, en este punto es de destacar que el Decreto Legislativo N.° 1712, vigente desde el 5 de febrero de 2026, precisó las 91

. Artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 662. . Artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 662. 93 . Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 662. 94 . ProInversión (2026) “Modalidades de inversión”. Tomado de: https://www.investinperu.pe/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 92

competencias entre ProInversión y el MEF dentro del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), buscando optimizar la gestión de los proyectos bajo ambas modalidades. La Ley N.° 32441 declara, asimismo, de interés nacional la promoción de la inversión privada mediante APP y PA, por su aporte al crecimiento económico, al cierre de brechas de infraestructura y al empleo productivo95. Un aspecto de particular relevancia práctica para las empresas extranjeras que evalúen ingresar al mercado peruano a corto plazo es la Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32441, que estableció una ventana temporal, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, para presentar ante ProInversión iniciativas privadas cofinanciadas de alcance nacional. Las empresas interesadas en acudir a esta vía deben tener en cuenta dicho plazo dentro de su planificación, sin perjuicio de verificar, al momento de estructurar la operación, si ha sido prorrogado o modificado por una norma posterior.

Facilidades específicas aplicables al inversionista colombiano Perú y Colombia pertenecen a la Comunidad Andina, y de esa condición derivan dos instrumentos que constituyen la ventaja competitiva más concreta del inversionista colombiano frente a un inversionista de fuera de la región. El primero es la Decisión 578 de la Comunidad Andina, que establece el régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Esta Decisión establece beneficios tributarios para las empresas, que, en el caso de Perú y Colombia, recaen sobre el impuesto a la renta. En virtud de dichos beneficios, las actividades empresariales solo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio estas se hubieren efectuado. Para tal efecto, se considera, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando cuenta allí con una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; una obra de construcción; un lugar o instalación destinado a la extracción o explotación de recursos naturales; una agencia o local de ventas; una agencia o local de compras; un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos; o cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa96. Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio, aplicando para ello cada País sus disposiciones internas en cuanto a la determinación de la base gravable como si se tratara de una empresa distinta, independiente y separada, pero evitando la causación de doble tributación de acuerdo con las reglas de esta Decisión97. En cuanto a la tributación de dividendos y participaciones dentro de la Comunidad Andina, únicamente el País Miembro en el que se encuentra domiciliada la empresa que distribuye los dividendos o participaciones tiene la potestad de gravarlos. En consecuencia, el país en el que esté domiciliada la persona o empresa que recibe dichos dividendos o participaciones no podrá someterlos a imposición, ni en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni en cabeza de quienes, a su vez, sean accionistas o socios de esta última98. 95

. Artículos 2 y 3 de la Ley N.° 32441. . Artículo 6 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina. 97 . Ibidem. 98 . Artículo 11 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina. 96

En términos operativos, los dividendos que una filial peruana distribuya a su matriz colombiana quedan sujetos únicamente a la retención peruana, sin que Colombia pueda volver a gravarlos. La Decisión contiene además una regla relevante para la prestación de servicios: de conformidad con el artículo 14, los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría solo pueden someterse a imposición en el Estado donde se encuentra la fuente productora, que se presume es el lugar en que se imputa y registra el gasto99. Esta última regla es de aplicación cotidiana para una firma colombiana que preste servicios de ingeniería o de consultoría jurídica a un cliente peruano, y debe examinarse caso por caso con asesoría tributaria local. El segundo instrumento es la Decisión 545 de la Comunidad Andina, conocida como Instrumento Andino de Migración Laboral, que permite a los nacionales de Bolivia, Colombia y Ecuador trabajar con contrato laboral en Perú mediante un procedimiento simplificado, con registro ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y emisión de un Certificado Andino de Migración Laboral, con la particularidad de que el trabajador migrante andino recibe el tratamiento de trabajador nacional. No obstante, más adelante se tratará los límites de contratación de personal extranjero en Perú.

Incentivos y regímenes especiales Las Zonas Económicas Especiales Privadas El incentivo de mayor magnitud incorporado al ordenamiento peruano en los últimos años es el régimen de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), creado por la Ley N.° 32449, reglamentada por el Decreto Supremo N.° 005-2026-MINCETUR. Las ZEEP son zonas del territorio nacional determinadas por la ley, como mínimo a nivel del distrito, sobre el que rige un tratamiento tributario y aduanero especial, y es operado por una persona natural o jurídica de capital privado. La delimitación de dicho espacio se georreferencia mediante decreto supremo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo100. Las ZEEP tienen como finalidad promover la atracción de nueva inversión privada, el desarrollo de actividades industriales que generen valor agregado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D), la generación de empleo directo e indirecto y potenciales encadenamientos productivos, así como el incremento y la diversificación de las exportaciones no tradicionales, el desarrollo de la exportación de servicios, la diversificación productiva y la promoción del desarrollo industrial y tecnológico. En el marco del Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las ZEEP, las zonas económicas especiales se crean mediante ley101. La Ley N.° 32449 delimita el ámbito de actividades que pueden desarrollarse dentro de las ZEEP, circunscribiéndolas al desarrollo de actividades industriales, de ensamblaje y de servicios, siempre que se encuentren debidamente acreditadas y generen valor agregado, entendido como la transformación de la materia prima102. La norma atribuye la competencia para acreditar estos procesos de manera conjunta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al sector ministerial vinculado al interés productivo de que se trate, de modo que la calificación de una actividad como

. Artículo 14 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina. . Literal p) del artículo 3 de la Ley N.° 32449. 101 . Artículo 2 de la Ley N.° 32449. 102 . Artículo 4 de la Ley N.° 32449. 100

generadora de valor agregado no queda librada a la sola apreciación del operador de la zona, sino que exige la intervención de la autoridad sectorial competente103. Asimismo, la norma señala expresamente las actividades que los usuarios de la ZEEP tienen prohibido realizar, ya sea en calidad de prestador, cedente, licenciante, locador o en cualquier posición jurídica similar, sin perjuicio de las demás normas que les resulten aplicables 104. Se prohíbe la cesión en uso, enajenación o cualquier forma de explotación de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas, así como de derechos de autor sobre trabajos literarios, artísticos o científicos, programas de instrucciones para computadoras y demás derechos análogos, con independencia de si estos bienes intangibles fueron producidos por los propios usuarios o adquiridos de partes vinculadas o no vinculadas105. También, quedan excluidas las actividades de la industria minera comprendidas en el artículo 6 del Título Preliminar de la Ley General de Minería, las actividades de hidrocarburos reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y las actividades clasificadas en la Clase 2410, Industrias Básicas de Hierro y Acero, de la Sección C de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4, aprobada por la Resolución Jefatural N.° 024-2010-INEI del Instituto Nacional de Estadística e Informática106. Asimismo, se prohíbe la producción o comercialización de cualquier tipo de armas y municiones; la generación de energía eléctrica, salvo que esta se destine exclusivamente al autoconsumo; la comercialización directa, dentro de la ZEEP, de mercancías dirigidas a consumidores finales ubicados en el resto del territorio nacional o en el extranjero; y se excluyen los servicios financieros bancarios y aquellos de naturaleza equivalente107. Además, la norma establece que mediante decreto supremo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Poder Ejecutivo puede regular otras actividades económicas no permitidas, tomando como referencia la misma Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4, y atendiendo a los lineamientos contenidos en los reportes del Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), particularmente en lo relativo a la Acción 5 del Plan BEPS sobre servicios geográficamente móviles108. Por otro lado, se pueden desarrollar actividades complementarias dentro de las ZEEP, tales como cafeterías, restaurantes u otros servicios análogos, sin que se exija para ello un monto mínimo de inversión, pero su funcionamiento está condicionado a que cuenten con la autorización previa del operador privado de la zona, y a que se trate de nuevas inversiones no asociadas a personas jurídicas que ya gocen de algún régimen tributario especial. A diferencia de las actividades productivas principales, estas actividades complementarias no acceden al tratamiento tributario integral del régimen ZEEP, sino únicamente al tratamiento correspondiente al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo previsto en el artículo 23 de la Ley N.° 32449109. 103

. Ibidem. . Artículo 5 de la Ley N.° 32449. 105 . Numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N.° 32449. 106 . Ibidem. 107 . Ibidem. 108 . Numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N.° 32449. 109 . Artículo 6 de la Ley N.° 32449. 104

Las ZEEP tienen un tratamiento especial tributario mediante una escala progresiva de tasas reducidas del Impuesto a la Renta aplicable a los contribuyentes que sean operadores o usuarios de una ZEEP, siempre que cumplan y mantengan los requisitos de autorización correspondientes. Este beneficio se computa desde el inicio de operaciones del operador de la ZEEP y se estructura en cinco tramos sucesivos de cinco años cada uno, hasta completar un horizonte total de veinticinco años, como se señala a continuación110: PERIODO DESDE EL INICIO DE OPERACIONES

TASA DE IMPUESTO A LA RENTA

Años 1 a 5

0% sobre la renta neta

Años 6 a 10

7,5% sobre la renta neta

Años 11 a 15

10% sobre la renta neta

Años 16 a 20

12,5% sobre la renta neta

Años 21 a 25

15% sobre la renta neta

Cuadro 13. Escala progresiva del impuesto a la renta aplicable a los operadores y usuarios de una Zona Económica Especial Privada. Fuente: artículo 14 de la Ley N.° 32449.

La norma precisa que es la fecha de inicio de operaciones del operador la que determina el punto de partida del cómputo de estos plazos también para el usuario, de modo que el periodo inicial de tasa 0%, con un tope de cinco años, corre en paralelo para ambos, y al día siguiente de su vencimiento se activa automáticamente el siguiente tramo de la escala, y así sucesivamente111. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio de la Producción está habilitado para promover y crear incentivos adicionales de carácter no tributario en dos supuestos. El primero beneficia a los operadores privados de una ZEEP que, al quinto año desde el inicio de sus operaciones, provean con energía limpia y con manejo adecuado de agua y desechos sólidos al menos el 70% de su superficie autorizada, siempre que cumplan y mantengan los requisitos correspondientes a su autorización como ZEEP. El segundo beneficia a los contribuyentes acogidos al tratamiento especial tributario que, dentro de los primeros cinco años desde el inicio de sus operaciones, reinviertan al menos el 25% de las utilidades obtenidas en cada uno de los tres últimos ejercicios fiscales declarados ante la SUNAT112. Ahora bien, existen dos supuestos que impiden el acceso al régimen. El primero excluye a las personas naturales o jurídicas que ya se encuentren acogidas a algún otro régimen tributario especial, quienes no pueden postular al tratamiento del artículo 14. El segundo excluye a los contribuyentes que provengan de una fusión o escisión de una empresa preexistente, así como a aquellas empresas cuyos accionistas o apoderados hayan sido, a su vez, accionistas de empresas disueltas o liquidadas que hubieran tenido el mismo objeto social que la nueva empresa que pretende acogerse al tratamiento especial tributario ZEEP113. 110

. Artículo 14 de la Ley N.° 32449. . Ibidem. 112 . Artículo 16 de la Ley N.° 32449. 113 . Artículo 17 de la Ley N.° 32449. 111

El acceso al tratamiento especial tributario ZEEP exige el cumplimiento simultáneo de tres tipos de condiciones: sustancia económica real en la zona, formalidades administrativas y tributarias, y un compromiso mínimo de inversión114. En cuanto a la sustancia económica, el contribuyente debe desarrollar sus principales actividades generadoras de renta efectivamente dentro de la ZEEP, conforme al nivel de actividad que haya declarado, y debe contar con infraestructura, activos y una dotación de trabajadores calificados en jornada ordinaria que resulten adecuados según lo que precise el reglamento; para el acogimiento inicial, los activos muebles e inmuebles utilizados deben ser nuevos. A esto se suma la obligación de registrar gastos operativos razonables dentro de la zona, para lo cual la norma excluye expresamente los intereses por deudas, los gastos derivados de constituir, renovar o cancelar dichas deudas, las diferencias de cambio entre moneda nacional y extranjera, y el costo de los activos fijos que se vendan115. Respecto de la composición de sus ingresos, el contribuyente debe obtener ingresos calificados y mantener sus ingresos no calificados por debajo del umbral de minimis 116. Concretamente, las actividades principales deben generar como mínimo el 98% de los ingresos netos anuales, sin que puedan tercerizarse o subcontratarse; este porcentaje puede modificarse excepcionalmente mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo, según la naturaleza de la actividad y lo que disponga el reglamento. Los ingresos por actividades accesorias, siempre que sean incidentales o residuales y no superen en conjunto el 2% de los ingresos netos anuales, también acceden al beneficio; si se supera ese 2%, la totalidad de esos ingresos accesorios se grava con la tasa general del artículo 55 de la LIR, y en ningún caso estas actividades accesorias pueden coincidir con las actividades prohibidas del artículo 5 de la Ley N.° 32449. El contribuyente debe cumplir, además, con la documentación de precios de transferencia y el principio de plena competencia, cuando corresponda117. En cuanto a las formalidades, el contribuyente debe preparar estados financieros auditados cuando sea exigible, contar con autorización del MINCETUR, registrar su inversión inicial ante la SUNAT, y presentar ante esta entidad una declaración jurada informativa con todo lo anterior, en el plazo y forma que la SUNAT determine mediante resolución. Finalmente, el usuario debe comprometerse a invertir un mínimo de 2000 UIT dentro de los dos años siguientes a la suscripción de su contrato con el operador privado. El incumplimiento de cualquiera de estos

114

. Artículo 15 de la Ley N.° 32449. . Ibidem. 116 . “De minimis” es una expresión latina que significa “sobre cosas mínimas o triviales” y tiene su origen en el principio jurídico de minimis non curat lex, según el cual la ley no se ocupa de asuntos insignificantes. En materia fiscal, comercial y jurídica, la expresión se utiliza para hacer referencia a un umbral o límite cuantitativo por debajo del cual determinadas reglas, obligaciones o cargas tributarias pueden no resultar aplicables, atendiendo a que los costos administrativos asociados a su control pueden superar el beneficio de su aplicación. En los regímenes fiscales especiales, este concepto puede operar como criterio para delimitar la aplicación de determinados beneficios o tratamientos tributarios, particularmente cuando estos se encuentran condicionados a la naturaleza o proporción de las actividades generadoras de renta. Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (s. f.) “De minimis”, International Trade Glossary. Tomado de: https://www.curtis.com/glossary/international-trade/deminimis. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 117 . Ibidem. 115

requisitos hace perder el beneficio desde el ejercicio gravable en que ocurra el incumplimiento y en adelante, quedando la totalidad de las rentas del contribuyente en esos ejercicios gravada con la tasa general del artículo 55 de la LIR. En todo lo no previsto por la ley, se aplica supletoriamente la LIR y su reglamento118.

Zonas económicas especiales de titularidad pública y régimen de la Amazonía El régimen de ZEEP no derogó los esquemas preexistentes de titularidad pública, que continúan operando, es decir, la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna (ZOFRATACNA) y las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) de Paita, Ilo y Matarani. En estas zonas es posible importar bienes libres de tributos para transformarlos, y las mercancías que ingresan desde el resto del territorio nacional se consideran exportadas a la zona, con derecho del exportador a solicitar la restitución de derechos arancelarios. Los bienes manufacturados en una ZED pueden ser admitidos al territorio nacional pagando los derechos correspondientes. Subsiste igualmente el régimen especial de la Amazonía peruana, con tasas reducidas de impuesto a la renta para determinadas actividades en esa región119.

Recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas Un incentivo de particular relevancia para proyectos de infraestructura con periodos largos de construcción es el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERAIGV). Consiste en la devolución del Impuesto General a la Ventas (IGV), también llamado Impuesto al Valor agregado (IVA) trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción que se utilicen directamente en la ejecución del Compromiso de Inversión de un Proyecto, siempre que éste se encuentre en una etapa preproductiva igual o mayor a dos años120. El artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 973 regula el acogimiento al Régimen, delimitando tanto quiénes pueden acceder a él como las condiciones que deben cumplir para ello. Conforme al numeral 3.1 del mismo artículo, pueden acogerse al Régimen las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que genere renta de tercera categoría, sin restringir el acceso a un sector económico determinado. El numeral 3.2 precisa los requisitos concretos para dicho acogimiento. En primer lugar, el inversionista debe suscribir con el Estado un Contrato de Inversión a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, destinado a la realización de inversiones en cualquier sector de la actividad económica generadora de renta de tercera categoría. Los compromisos de inversión asumidos para la ejecución del proyecto objeto de dicho contrato no pueden ser inferiores a USD 5000000, considerando como monto de inversión total la suma de todos los tramos, etapas o componentes similares que pudiera tener el proyecto, sin incluir el Impuesto General a las Ventas.

118

. Ibidem. . Oyola, L. (2025) “Zonas Económicas Especiales Privadas – ZEEP”. Andean Reach Consultoría. Tomado de: https://www.andeanreachc.com/zonas-economicas-especiales-privadas-zeep/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 120 . Artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 973. 119

Sin embargo, la norma establece una excepción, este umbral mínimo de cinco millones de dólares no resulta aplicable a los proyectos del sector agrario, que quedan así exceptuados del cumplimiento de dicho monto. Finalmente, el Decreto Legislativo N.° 973 señala cuando es improcedente el régimen, serán en los casos que los proyectos que se encuentren en etapas productivas, cuando la persona natural o jurídica que requiere acogerse al Régimen ya tenga la calidad de beneficiario por el proyecto por el cual se solicita el Régimen, y cuando no se cumpla con los requisitos y condiciones que establece el Decreto Legislativo121.

Obras por Impuestos (OxI) Perú cuenta con un mecanismo denominado Obras por Impuestos (OxI), que permite al sector público y al sector privado trabajar de la mano para reducir la brecha de infraestructura del país. A través de este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente, de forma más rápida y eficiente que bajo el régimen de inversión pública ordinario, proyectos priorizados por los gobiernos subnacionales y por las entidades del Gobierno Nacional. 122ProInversión promueve activamente la utilización de este mecanismo entre gobiernos regionales y locales como vía complementaria para cerrar brechas de infraestructura, incluyendo obras de prevención frente al Fenómeno de El Niño. 123 Una vez culminada la ejecución del proyecto, o alcanzado el avance correspondiente, el Tesoro Público reconoce a la empresa privada el monto invertido mediante Certificados de Inversión Pública Regional y Local o Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPRL o CIPGN, según el caso), que la empresa puede aplicar contra su Impuesto a la Renta. Posteriormente, es la propia entidad pública beneficiaria la que restituye al Tesoro Público el monto que este adelantó para financiar la ejecución de su proyecto. 124 La base legal del mecanismo es el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N.° 29230, Decreto Supremo N.° 038-2026-EF, Ley N.° 32460, Ley N.° 32187, Ley N.° 31912, entre otras. Conforme a esta normativa, las empresas privadas pueden financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura, siempre que dichos proyectos guarden armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local, y cuenten con la declaración de viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones125. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tiene la obligación de publicar en su portal web la lista priorizada con los proyectos de inversión pública a financiar y/o ejecutar, y deberá ser actualizada periódicamente126. 121

. Artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 973. . Ministerio de Economía y Finanzas (s. f.) “Obras por Impuestos”. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100270&lang=esES&view=article&id=3976. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 123 . Gestión (2026) “ProInversión plantea Obras por Impuestos para infraestructura frente al Fenómeno de El Niño”. Tomado de: https://gestion.pe/peru/proinversion-plantea-obras- por-impuestos-para-infraestructurafrente-a-fenomeno-de-el-nino-noticia/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 124 . Ministerio de Economía y Finanzas (s. f.) Óp. cit. 125 . Artículo 2 de la Ley N.° 29230. 126 . Artículo 3 de la Ley N.° 29230. 122

La empresa privada que suscriba el convenio de inversión pública regional o local debe, además, cumplir con los requisitos adicionales que fije el reglamento de la Ley N.° 29230. El proceso de selección de la empresa privada está a cargo del gobierno regional o local respectivo, quien puede llevarlo a cabo con la asistencia técnica de ProInversión o, si así lo decide, encargar su realización íntegra a esta entidad. 127En cuanto al avance y calidad de las obras del proyecto, estas serán supervisadas por una entidad privada supervisora, contratada por el gobierno regional y/o local respectivo. El costo de supervisión se financiará con cargo al presupuesto institucional de los gobiernos regionales y/o locales respectivos128. Por otro lado, el Certificado “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público” (CIPRL) es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, que tiene por finalidad la cancelación del monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.° 29230. Los CIPRL tendrán carácter de no negociable y tendrán una vigencia de diez (10) años contados a partir de su emisión129.La Dirección Nacional del Tesoro Público está autorizada a emitir los CIPRL hasta por el monto total de la inversión que haya asumido la empresa privada, de acuerdo con lo establecido en el convenio de inversión pública regional y local respectivo. La empresa solo puede aplicar los CIPRL contra los pagos a cuenta y de regularización de su Impuesto a la Renta de tercera categoría, con un tope del 50% de dicho impuesto, correspondiente al ejercicio anterior. Si por ese límite quedan certificados sin utilizar en el ejercicio correspondiente, la empresa puede usarlos en los años siguientes, y el Tesoro Público le reconoce un 2% adicional sobre ese monto, emitiendo para ello nuevos CIPRL. Además, si al vencer su vigencia de diez años los certificados siguen sin utilizarse por efecto del mismo límite del 50%, la empresa puede solicitar su devolución ante la SUNAT130. Finalmente, los CIPRL se financian con cargo a los recursos que el gobierno regional o local respectivo percibe por Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, dentro de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados131.

Marco impositivo El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. El Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente manera132:

127

. Artículo 5 de la Ley N.° 29230. . Artículo 9 de la Ley N.° 29230. 129 . Artículo 6 de la Ley N.° 29230. 130 . Artículo 7 de la Ley N.° 29230. 131 . Artículo 8 de la Ley N.° 29230. 128

132

. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (s. f.) “Sistema Tributario Nacional”. Tomado de: https://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNOS LOCALES

PARA OTROS FINES

Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo

Impuesto

Régimen Único Simplificado Impuesto

Predial

Especial a la Minería

Impuesto a la

Aportaciones al Seguro Social

alcabala133

Salud (Essalud) Aportaciones a la Oficina

Impuesto a los Juegos

de Normalización Previsional (ONP)

Impuesto a las

Derechos Arancelarios Regalías Mineras

apuestas Impuesto al

Gravamen Especial a la Minería

patrimonio Vehicular

Contribuciones al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)134 Contribuciones al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO)135

Tasas de prestación de Servicios Públicos Cuadro 14. Sistema Tributario Nacional. Fuente: Decreto Legislativo N.° 771, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional.

133

. La expresión “alcabala” es de origen árabe, del árabe hispánico al-qabála, y fue utilizada en la España colonial para designar un tributo que gravaba determinadas transacciones comerciales, cuya institución fue posteriormente trasladada a los territorios americanos. El término subsiste en diversos países, entre ellos Perú, donde identifica específicamente el impuesto que grava determinadas transferencias de bienes inmuebles. Real Academia Española (2014) “Alcabala”, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed.; artículos 21 y siguientes del Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 134 . Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 135 . Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.

Partiendo de la claridad frente al esquema del sistema tributario en cada uno de sus niveles, este numeral desarrolla el régimen tributario que soportará un contratista, consultor o inversionista que opere en Perú. La estructura del acápite se desarrolla siguiendo la secuencia en que los tributos aparecen en la vida de maduración de un proyecto: primero, el impuesto que grava la utilidad de la empresa; después, el que grava la repatriación de esa utilidad a Colombia (en caso de que el inversor tenga domicilio fiscal en Colombia); luego, los tributos que gravan la adquisición y la tenencia de los predios sobre los que se construye; a continuación, el impuesto al consumo que atraviesa toda la cadena contractual y por último, un conjunto de tributos menores y de obligaciones formales cuyo incumplimiento produce, en la práctica peruana, un costo muy superior a su cuantía nominal136.

136

Antes de entrar en materia, se formulan las siguientes precisiones en cuanto a la metodología. La primera es que el sistema tributario peruano se articula sobre el Código Tributario, cuyo TUO fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, y sobre la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, aprobada por el Decreto Legislativo N.° 771 y vigente desde 1994; la administración de los tributos de alcance nacional corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), mientras que los tributos que gravan la propiedad y la transferencia de inmuebles son de titularidad municipal y se rigen por el TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N.° 156-2004-EF. Distinguir el nivel de gobierno que administra cada tributo determina ante quién se declara, ante quién se reclama y qué órgano resuelve la controversia en última instancia administrativa. La segunda advertencia es que numerosos umbrales de la legislación peruana se expresan en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que, como se señaló en capítulos anteriores, para el ejercicio 2026, quedó fijada en S/ 5500 por el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF, publicado el 17 de diciembre de 2025. Todas las conversiones a soles de este numeral emplean ese valor y deben recalcularse cada año. La tercera advertencia se refiere al régimen del impuesto a la renta empresarial, el cual se encuentra sometido a una discusión pública activa. Existe un pedido de facultades legislativas en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior que contemplaba, entre otras medidas, sustituir la actual pluralidad de regímenes empresariales por un régimen único con tasas marginales progresivas y modificar las reglas de deducción de intereses. Debe subrayarse que se trataba de una propuesta no presentada formalmente al Congreso y que, por tanto, no altera el derecho vigente que aquí se describe, pero quien planifique una estructura societaria con horizonte 2027 debe estar al tanto de este asunto.

Impuesto a la renta empresarial: régimen general y regímenes simplificados137 El impuesto a la renta peruano se rige por el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF (en adelante, LIR), y por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF. Las rentas derivadas de actividad comercial, industrial, de construcción o de servicios se califican como renta de tercera categoría y tributan, en el régimen general, con una tasa del 29,5% sobre la renta neta, conforme al artículo 55 de la LIR en la redacción que le dio el Decreto Legislativo N.° 1261, vigente desde el 1 de enero de 2017. Conviene insistir en que la base es la renta neta, esto es, la utilidad determinada según las reglas tributarias, y no los ingresos brutos. El alcance de la obligación depende de la condición de domiciliado. Las sociedades constituidas en Perú tributan sobre su renta de fuente mundial; las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes de sociedades constituidas en el exterior tributan únicamente sobre su renta de fuente peruana, conforme al segundo párrafo del artículo 6 y al inciso e) del artículo 7 de la LIR; y las personas jurídicas no domiciliadas sin establecimiento permanente en el país no determinan renta neta, sino que soportan retenciones definitivas sobre los importes brutos que perciben, en las tasas del artículo 56 que se examinan más adelante. Junto al régimen general subsisten tres regímenes simplificados. Su conocimiento importa porque una filial peruana en etapa inicial puede quedar comprendida en ellos, pero también porque contienen exclusiones que afectan de manera directa al sector.

LÍMITE DE

RÉGIMEN

INGRESOS

TASA

Nuevo Régimen Único

S/ 96000 anuales

Cuota fija mensual

Simplificado (NRUS) D. Leg. N.° 937

(monto nominal, no expresado en

de S/ 20 o S/ 50 según categoría

UIT) Régimen Especial de Renta (RER) arts. 117 a 124-A LIR

Régimen MYPE Tributario (RMT) D. Leg. N.° 1269

1,5% de los ingresos S/ 525000 anuales

netos mensuales,

(monto nominal)

como cuota definitiva

Hasta 1700 UIT = S/ 9350000

10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta (S/ 82500) y 29,5% sobre el exceso

OBSERVACIONES RELEVANTES Solo personas naturales y sucesiones indivisas. No emite facturas ni genera crédito fiscal. Excluye el ejercicio de profesiones. Excluye expresamente los contratos de construcción y el ejercicio de profesiones (ingeniería, arquitectura, abogacía, contabilidad). Máximo 10 trabajadores por turno. Excluye a las sucursales y demás establecimientos permanentes de empresas constituidas en el exterior (art. 3, inciso b). También excluye a las vinculadas cuyos ingresos conjuntos superen 1700 UIT.

137 . Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (s. f.) “Regímenes tributarios”. Tomado de: https://www.gob.pe/280-superintendencia-nacional- de-aduanas-y-de-administracion-tributariaregimenes-tributarios. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

RÉGIMEN

Régimen General TUO de la LIR

LÍMITE DE INGRESOS

Sin límite

TASA

29,5% sobre la renta neta

OBSERVACIONES RELEVANTES Único régimen que admite el arrastre de pérdidas tributarias del artículo 50 de la LIR.

Cuadro 15. Regímenes del impuesto a la renta empresarial (valores con UIT 2026 de S/ 5500). Fuente: elaboración propia con base en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y en los Decretos Legislativos N.° 937 y N.° 1269.

Frente a este tema, hay dos aclaraciones relevantes: por un lado, un constructor peruano de facturación pequeña no puede acogerse al Régimen Especial de Renta, porque los contratos de construcción están excluidos de ese régimen; sus opciones son el Régimen MYPE Tributario o el Régimen General y, por otro lado, y especialmente relevante para una firma colombiana: una sucursal peruana de una sociedad colombiana está excluida del Régimen MYPE Tributario por mandato del inciso b) del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1269, de modo que tributará necesariamente al 29,5% desde el primer sol de utilidad, sin acceso al tramo reducido del 10%. Si el volumen previsto de operación es reducido, la constitución de una filial peruana en lugar de una sucursal puede tener un efecto tributario apreciable. En cuanto al recaudo, el impuesto no se paga íntegramente al cierre del ejercicio. Conforme al artículo 85 de la LIR, las empresas abonan pagos a cuenta mensuales equivalentes al monto mayor entre el resultado de aplicar a los ingresos netos del mes un coeficiente que es obtenido de dividir el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los ingresos netos de ese mismo ejercicio, redondeado a cuatro decimales y el 1,5% de esos ingresos netos. Si no existe impuesto calculado en el ejercicio anterior ni en el precedente, se aplica directamente el 1,5%. Los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario con ingresos netos anuales de hasta 300 UIT (S/ 1650000) abonan el 1,0%. La diferencia se regulariza con la declaración jurada anual, y si los adelantos exceden el impuesto finalmente determinado se genera un saldo a favor del contribuyente. Esta mecánica merece atención en proyectos de infraestructura porque el 1,5% se aplica sobre ingresos y no sobre utilidad, de modo que un contratista con márgenes estrechos puede quedar obligado a adelantos superiores al impuesto que finalmente resultará. Frente a estos escenarios, la legislación prevé alternativas: primero, la suspensión de los pagos a cuenta desde los meses de febrero a mayo, sujeta a requisitos concurrentes entre los que figura que el promedio del ratio costo de ventas sobre ventas netas de los cuatro últimos ejercicios sea igual o superior al 95% y que el coeficiente no exceda los límites de la tabla reglamentaria; y segundo, la suspensión o modificación a partir de agosto, sobre la base del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. El trámite se formaliza mediante el Formulario Virtual N.° 0625. Anticipar este análisis al inicio del ejercicio, y no en diciembre, es una de las medidas de gestión de caja más rentables en obra.

Determinación de la renta neta: causalidad y límites cuantitativos El artículo 37 de la LIR consagra el principio de causalidad: de la renta bruta se deducen los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida. Su último párrafo añade criterios de observancia obligatoria, esto es, razonabilidad, proporcionalidad, normalidad respecto del giro y, en gastos de personal, generalidad, a los que la jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha sumado la exigencia de fehaciencia, definida esta como la prueba de que la operación existió realmente y no solo que fue documentada. El artículo 44 enumera, por su parte, los gastos no deducibles en ningún caso, entre los que figuran los sustentados en comprobantes de sujetos con condición de no habido o sin capacidad operativa.

CONCEPTO Gastos de representación Gastos recreativos del personal

FUNDAMENTO

Art. 37, inc. q) LIR

Art. 37, inc. ll) LIR

Remuneración de directores de sociedades

Art. 37, inc. m) LIR

anónimas

LÍMITE 0,5% de los ingresos brutos, con tope de 40 UIT 0,5% de los ingresos netos, con tope de 40 UIT 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto

EQUIVALENTE EN SOLES Tope de S/ 220000

Tope de S/ 220000

No aplica

10% de la renta neta de tercera Donaciones

Art. 37, inc. x) LIR

Vehículos de dirección,

Art. 37, inc. w) LIR y

representación y

art. 21, inc. r) del

administración

Reglamento

Intereses netos

Art. 37, inc. a), segundo párrafo, num.

categoría después de compensar pérdidas; sin arrastre

No aplica

Tres límites concurrentes: número de vehículos según ingresos,

Costo unitario tope de

costo unitario máximo de 26 UIT y

S/ 143000

porcentaje máximo de gasto Exceptuados los 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior

1 LIR

contribuyentes con ingresos netos hasta 2500 UIT = S/ 13750000

Deducibles solo si fueron

Rentas de segunda, cuarta y quinta categoría

Art. 37, inc. v) LIR

a cargo de la empresa

Pagos sin utilizar medios de pago (bancarización)

efectivamente pagadas dentro del plazo de la declaración jurada

No aplica

anual Las obligaciones superiores al

S/ 2000 o USD 500 en

Ley N.° 28194, arts. 3, 4 y 8, modificada por

umbral deben pagarse por el sistema financiero, so pena de

general; 1 UIT (S/

el D. Leg. N.° 1529

perder el gasto, el costo y el

5500) en compraventa de inmuebles,

crédito fiscal

vehículos y participaciones

Cuadro 16. Principales límites cuantitativos de deducción (UIT 2026 de S/ 5500). Fuente: elaboración propia con base en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

En cuanto a temas específicos relacionados con el sistema de recaudo y generalidades tenemos, por un lado, la obligación de bancarización: la Ley N.° 28194 de 2004 obliga a que ciertos pagos se hagan a través del sistema financiero (transferencia bancaria, cheque, tarjeta) y no en efectivo. Si el pago supera un umbral y se hace en efectivo, la consecuencia consiste en que la empresa pierde el derecho a deducir ese gasto o costo para efectos del impuesto a la renta, y pierde el crédito fiscal del IGV138 (Impuesto General a las Ventas) asociado a esa operación. Es decir, el costo real no es la sanción formal, sino que Hacienda lo trata como si el gasto no existiera, aunque sí exista y esté sustentado con factura. La bancarización constituye la causal de reparo más severa del sistema peruano, porque no es subsanable con posterioridad: pagar después a través del sistema financiero no rehabilita el derecho perdido. El umbral se redujo de S/ 3500 a S/ 2000 y de 3 UIT a 1 UIT en operaciones inmobiliarias, vehiculares y societarias por el Decreto Legislativo N.° 1529, vigente desde el 1 de abril de 2022. El mismo decreto exige que el pago se efectúe directamente al acreedor o a un tercero previamente comunicado a la SUNAT, y desde el 1 de enero de 2023 excluye como medio de pago válido a las entidades financieras ubicadas en países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. En el contexto de un contratista o inversionista colombiano operando en Perú, la traducción práctica implica que cualquier pago relevante del proyecto a proveedores, por adquisición de un predio, por aportes societarios o por adquisición de vehículos o maquinaria, debe estructurarse desde el inicio para pasar por el sistema bancario formal y quedar documentado, porque un error aquí no se corrige después y el costo fiscal (perder la deducción y el crédito fiscal) puede ser mucho mayor que el valor mismo de la operación mal pagada. En materia de deducción de intereses, Perú abandonó la regla de subcapitalización basada en un ratio deuda-patrimonio de 3 a 1 y aplica, desde el 1 de enero de 2021, un límite del 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior, incorporado por el Decreto Legislativo N.° 1424 y reglamentado por el Decreto Supremo N.° 402-2021-EF139. El EBITDA tributario se obtiene sumando a la renta neta del ejercicio, después de compensar pérdidas, el interés neto, la depreciación y la amortización deducidos. Los intereses no deducidos por exceder el límite pueden adicionarse a los de los cuatro ejercicios inmediatos siguientes, considerándose prioritariamente los más antiguos. Para el sector de infraestructura, el numeral 2 del segundo párrafo del inciso a) del artículo 37 de la LIR exceptúa del límite del 30% del EBITDA, entre otros supuestos, a los contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos en el marco del régimen de asociaciones público-privadas, así como a los endeudamientos destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura bajo contratos de concesión suscritos con el Estado. También quedan exceptuados los intereses de deuda emitida mediante oferta pública primaria en el país, en valores nominativos colocados entre más de cinco inversionistas 138

. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (s. f.) “Regímenes tributarios”. La entidad define el IGV como el impuesto que grava, entre otras operaciones, la venta de bienes, la prestación o utilización de servicios y los contratos de construcción en el territorio peruano. 139 . Artículo 1 del Decreto Supremo N.° 402-2021-EF, que modifica el inciso a) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 30 de diciembre de 2021 en el diario oficial El Peruano. Tomado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2669768/DS402_2021EF.pdf.pdf?v=1640957737. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

no vinculados al emisor. Para un concesionario apalancado, esta excepción puede significar la diferencia entre deducir íntegramente el servicio de la deuda y diferirlo por años. El arrastre de pérdidas tributarias del artículo 50 de la LIR ofrece dos sistemas alternativos cuya elección se ejerce en la declaración jurada anual del ejercicio en que la pérdida se genera y que, en defecto de elección, se resuelve por defecto en favor del Sistema A. La decisión es de gran relevancia para proyectos de infraestructura, cuyos periodos preoperativos prolongados suelen impedir absorber las pérdidas, como puede observarse a continuación: ASPECTO

Mecánica

SISTEMA A

SISTEMA B

Imputación año a año hasta agotar el importe, contra la totalidad de la renta neta

Imputación año a año hasta agotar el importe, contra el 50% de la renta neta de

de tercera categoría

tercera categoría

Cuatro ejercicios inmediatos posteriores, Plazo

computados desde el ejercicio siguiente al de

Sin límite temporal

generación Efecto del vencimiento Perfil de uso

El saldo no compensado se pierde de manera definitiva

No hay caducidad

Empresas con recuperación rápida y

Empresas con ciclos largos: minería, energía,

utilidades altas en el corto plazo

concesiones y construcción de gran escala

Cuadro 17. Sistemas de arrastre de pérdidas tributarias. Fuente: artículo 50 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

El cambio de sistema solo procede en el ejercicio en que no existan pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de compensar, lo que en la práctica convierte la elección inicial en una decisión difícilmente reversible. Debe añadirse que las pérdidas de fuente extranjera no son compensables contra rentas de fuente peruana, conforme al artículo 51 de la LIR, y que no existe en Perú compensación de pérdidas hacia ejercicios anteriores. En cuanto a la depreciación, el artículo 39 de la LIR fija para edificios y construcciones una tasa fija del 5% anual por el método de línea recta, y el artículo 22 del Reglamento establece las tasas máximas de los demás bienes. Interesa destacar que la maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción admiten una tasa máxima del 20% anual, frente al 10% de la maquinaria y equipo en general; los vehículos de transporte terrestre también depreciarán hasta el 20% y los equipos de procesamiento de datos hasta el 25%. Como regla transversal, los porcentajes son topes máximos y la depreciación tributaria no puede exceder la contabilizada en libros, salvo en los regímenes especiales en que la ley dispensa expresamente de ese requisito, como ocurre en el régimen ZEER. Finalmente, las operaciones entre partes vinculadas y las realizadas desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición están sujetas a las reglas de precios de transferencia del artículo 32-A de la LIR, con obligaciones formales cuyos umbrales conviene tener presentes desde el diseño de la estructura, porque su incumplimiento se sanciona con multas calculadas sobre los ingresos netos.

DECLARACIÓN

UMBRAL

EQUIVALENTE EN SOLES (UIT 2026)

Ingresos devengados superiores a 2300 UIT y Reporte Local

realizar operaciones con partes vinculadas o con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula

Más de S/ 12650000

imposición

Reporte Maestro

Ingresos devengados del grupo superiores a 20000

Grupo: más de S/ 110000000

UIT y operaciones con vinculadas iguales o superiores a 400 UIT

· Operaciones: S/ 2200000 o más

Ingresos devengados del grupo multinacional en el Reporte País por País

ejercicio anterior iguales o superiores a S/

Umbral fijado directamente en

2700000000 según los estados financieros

soles, no en UIT

consolidados de la matriz Cuadro 18. Declaraciones informativas de precios de transferencia. Fuente: elaboración propia con base en el artículo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Los servicios prestados entre vinculadas están sometidos además al test de beneficio del inciso i) del artículo 32-A: el contribuyente domiciliado debe acreditar que el servicio le proporciona valor económico o comercial, y en los servicios de bajo valor añadido la deducción no puede exceder los costos y gastos incurridos por el prestador más un margen máximo del 5%. La consecuencia del incumplimiento es la no deducibilidad íntegra del gasto, no un simple ajuste de valor.

Participación de los trabajadores en las utilidades y contribuciones sectoriales Antes de examinar la distribución de utilidades a los accionistas es necesario referirse a dos cargas que afectan directamente la determinación de la renta neta. La primera es la participación de los trabajadores en las utilidades, regulada por el Decreto Legislativo N.° 892 y su reglamento, el Decreto Supremo N.° 009-98-TR, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución peruana. A esta regla están obligadas las empresas generadoras de renta de tercera categoría sujetas al régimen laboral de la actividad privada que cuenten con más de veinte trabajadores. La base de cálculo es la renta anual antes del impuesto a la renta, después de compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el porcentaje depende del sector: 10% para empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales; 8% para empresas mineras y para el comercio al por mayor y al por menor y restaurantes; y 5% para las empresas que realizan otras actividades, categoría residual en la que quedan comprendidas las empresas constructoras, pues el sector construcción no figura entre los nominados por la norma. El porcentaje se distribuye en dos mitades, una en función de los días efectivamente laborados y otra en proporción a las remuneraciones percibidas, con un tope individual de dieciocho remuneraciones mensuales; el remanente que exceda ese tope se destina al Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo. La participación es íntegramente deducible conforme al inciso v) del artículo 37 de la LIR, pero únicamente si se paga dentro del plazo para presentar la declaración jurada anual; su pago tardío traslada la deducción al ejercicio del pago efectivo y constituye uno de los reparos más frecuentes de la SUNAT.

La segunda es la contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), que merece un tratamiento detenido porque es el tributo peruano que con mayor frecuencia se subestima al presupuestar una obra. ELEMENTO

Base legal

SENCICO

SENATI

Arts. 20 a 22 del D. Leg. N.° 147, con la tasa fijada por el art. 1 de la Ley N.°

Ley N.° 26272 y D.S. N.° 139-94-EF

26485 Tasa

0,2%

0,75%

El total de los ingresos percibidos o facturados al cliente por materiales, Base de cálculo

mano de obra, gastos generales,

El total de las remuneraciones abonadas cada mes al personal dedicado a la actividad

dirección técnica, utilidad y cualquier

industrial y a labores de instalación,

otro elemento facturado, cualquiera sea reparación y mantenimiento el sistema de contratación de la obra Personas naturales y jurídicas que perciban ingresos por actividades de Sujetos obligados

construcción comprendidas en la Sección F de la CIIU Revisión 4. Alcanza al contratista principal y a los subcontratistas

Empresas de la categoría D (industrias manufactureras) de la CIIU Revisión 3 con más de veinte trabajadores en promedio; las de hasta veinte trabajadores aportan el 2% de la UIT (S/ 110)

ELEMENTO

SENCICO

SENATI

Percibido: los adelantos en efectivo están gravados al momento de su Criterio temporal

percepción, y en las valorizaciones

Mensual, sobre remuneraciones abonadas

posteriores se deduce la amortización del adelanto ya gravado Recaudación

Administrada por la SUNAT en virtud de

Declaración y pago directamente ante el

convenio

SENATI

Cuadro 19. Contribuciones al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y al SENATI. Fuente: elaboración propia con base en el Decreto Legislativo N.° 147, la Ley N.° 26485, la Ley N.° 26272 y el Decreto Supremo N.° 139-94-EF.

Hay cuatro puntos críticos del SENCICO que es menester abordar: primero, la base es el ingreso bruto facturado y no el margen, e incluye materiales y gastos generales, de modo que en una obra de materiales intensivos la contribución se calcula sobre un valor muy superior a la utilidad. Segundo, los adelantos tributan al percibirse, lo que obliga a un control riguroso de la amortización en las valorizaciones para no tributar dos veces. Tercero, la contribución alcanza también a los subcontratistas, sin crédito ni deducción del pagado por el eslabón anterior, de modo que en cadenas de subcontratación profundas el costo acumulado del proyecto supera holgadamente el 0,2% nominal, por lo que conviene modelarlo al estructurar el esquema contractual. Por último, la clasificación CIIU es determinante, y empresas que ejecutan actividades especializadas (instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados, movimiento de tierras) quedan dentro de la Sección F aun cuando no se identifiquen a sí mismas como constructoras. La contribución es deducible como gasto conforme al inciso b) del artículo 37 de la LIR140.

140

Para dar entendimiento a este punto, dentro de la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional

Uniforme de todas las actividades económicas, un sistema de codificación de Naciones Unidas), cada actividad tiene un código y se agrupa en categorías amplias identificadas con letras: Sección A agricultura, Sección C manufactura, Sección F construcción, Sección J información y comunicaciones, y así sucesivamente. La Sección F, en la versión vigente, es la sección de construcción. Esta comprende la construcción de edificios en general, las obras de ingeniería civil (carreteras, puentes, redes), y también lo que la norma denomina actividades especializadas de construcción, que incluyen demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas y de fontanería o sanitarias, y trabajos de terminación y acabado de edificios. La contribución al SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción) del 0,2% no depende de que una empresa se autodenomine “constructora”, sino de si su actividad económica encaja dentro de esa Sección F según la CIIU. Así, una empresa que solo hace instalaciones eléctricas, o solo movimiento de tierras, o solo acabados igual queda dentro de la Sección F y, por tanto, obligada a la contribución.

Impuesto a los dividendos La distribución de dividendos y cualquier otra forma de reparto de utilidades está sujeta a una retención del 5%, tasa establecida por el Decreto Legislativo N.° 1261, la misma norma que elevó la tasa empresarial al 29,5%, y recogida en el último párrafo del artículo 52-A, en el inciso a) del artículo 54 y en el inciso e) del artículo 56 de la LIR, según la condición del perceptor. La retención la practica la persona jurídica que distribuye, con carácter definitivo, y la obligación nace en la fecha del acuerdo de distribución o cuando los dividendos se ponen a disposición, según lo que ocurra primero. No procede retención cuando el perceptor es una persona jurídica domiciliada en Perú. El segundo párrafo del artículo 24-B de la LIR dispone que las personas jurídicas que perciban dividendos de otras personas jurídicas no los computarán para determinar su renta imponible. Se trata de una exclusión de base y no de una exoneración, lo que permite estructurar cadenas societarias domésticas sin fricción tributaria en cada eslabón. El concepto de dividendo del artículo 24-A de la LIR es considerablemente más amplio que el reparto formal de utilidades: comprende la distribución del mayor valor atribuido por revaluación de activos, la reducción de capital hasta el importe de utilidades o reservas de libre disposición previamente capitalizadas, la diferencia entre el valor nominal de los títulos y los importes percibidos en la liquidación, los créditos concedidos a socios que no cumplan las condiciones legales y, de manera especialmente relevante, toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de tercera categoría y signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, prevista en el inciso g). Este último supuesto merece advertencia expresa: el gasto reparado por esta vía no es deducible y, además, soporta el 5% sobre el íntegro de la suma dispuesta, con lo que la carga combinada del ejercicio se eleva al 34,5%, por encima del 33,025% que resulta de una distribución ordinaria. Para el inversionista colombiano, sin embargo, el punto decisivo no está en la tasa peruana sino en su interacción con la Decisión 578 de la Comunidad Andina141. La Decisión 578 no reduce las tasas peruanas de retención. Su artículo 3 atribuye la potestad tributaria de manera exclusiva al país de la fuente productora y obliga a los demás Países Miembros a considerar la renta exonerada. Es un mecanismo de exención en el Estado de residencia, no de reparto con tasas reducidas como en los convenios de modelo OCDE. En consecuencia, cuando Perú es el país de la fuente, aplica su tasa interna íntegra, 5% en dividendos, 15% en asistencia técnica, 30% en regalías, y el beneficio del instrumento opera del otro lado de la frontera. El artículo 11 de la Decisión 578 dispone que los dividendos y participaciones solo serán gravables por el País Miembro donde esté domiciliada la empresa que los distribuye, y añade que el País Miembro de la empresa receptora no podrá gravarlos ni en cabeza de esta ni en cabeza de quienes a su vez sean sus accionistas o socios. Esta extensión en cascada es notablemente más amplia que la de un convenio bilateral ordinario y constituye una de las ventajas menos aprovechadas del régimen andino: permite que la matriz colombiana redistribuya a sus propios socios el importe recibido de la filial peruana sin gravamen adicional.

141

Comunidad Andina, Decisión 578: Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, 4 de mayo de 2004, disponible en: Comunidad Andina – Decisión 578 (fecha de consulta: 20 de agosto de 2026).

La doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia ha precisado el tratamiento doméstico de estas rentas en términos que conviene incorporar a la planificación. El Oficio 34760 de 2015142 confirma que las rentas obtenidas en los Países Miembros de la Comunidad Andina se consideran exentas en Colombia y distingue expresamente ese mecanismo del método de crédito tributario propio de los convenios bilaterales colombianos; de allí se sigue que no procede el descuento del artículo 254 del Estatuto Tributario143, porque no puede acreditarse un impuesto extranjero contra un impuesto colombiano que no se causa. El mismo oficio exige depurar la renta exenta detrayendo los costos y deducciones incurridos en su obtención, de modo que no puede declararse como exento el íntegro del ingreso bruto de fuente andina. El Oficio 905834 de 2022 aclara que a estas rentas exentas no les resulta aplicable la limitación del 40% o de 5040 unidades de valor tributario, y el Concepto 44634 de 2008 articula la redistribución a los accionistas de la matriz mediante la adición a la base del artículo 49 del Estatuto Tributario. ESCENARIO

DESARROLLO DEL CÁLCULO

CARGA EFECTIVA

Filial peruana que reinvierte la utilidad

29,5%

29,500%

Filial peruana que distribuye la totalidad a su matriz colombiana

29,5% + 5% sobre el 70,5% distribuible

33,025%

Sucursal peruana de matriz

29,5% + 5% sobre el 70,5% (distribución ficta

colombiana

obligatoria)

Disposición indirecta de renta (art. 24A, inc. g LIR)

29,5% + 5% sobre el 100% de la suma dispuesta

34,500%

35% + 20% sobre el 65% distribuible

48,000%

Sociedad colombiana que distribuye la totalidad a un no residente

33,025%

Cuadro 20. Carga efectiva comparada sobre la utilidad distribuida a un no residente. Fuente: elaboración propia.

En comparación con el régimen colombiano, a la fecha, rigen en Colombia la tarifa general de renta del 35% del artículo 240 del Estatuto Tributario144 y la retención del 20% sobre dividendos a no residentes del artículo 245145, ambas en la redacción de la Ley 2277 de 2022. El diferencial de carga efectiva sobre la utilidad distribuida, que es de 33,025% en Perú frente a 48% en Colombia, esto es, casi quince puntos porcentuales, es un factor relevante al decidir dónde localizar la sociedad operativa dentro de un grupo andino. Debe advertirse, no obstante, que se encontraba en trámite legislativo un proyecto de reforma que elevaría la retención colombiana sobre dividendos a no residentes del 20% al 30%, y que una ley de financiamiento con propósito análogo fue archivada en diciembre de 2025. Toda estructuración con horizonte 2027 debe contemplar ese escenario.

142

. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2015) “Oficio 34760”, radicados 100007911 del 10 de marzo de 2015 y 100028765 del 22 de septiembre de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Oficio No. 034760, radicados Nos. 100007911 del 10 de marzo de 2015 y 100028765 del 22 de septiembre de 2015, 2015, disponible en: Doctrina DIAN – Normograma [fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 143 . Artículo 254 del Estatuto Tributario de Colombia: descuento por impuestos pagados en el exterior. 144 . Artículo 240 del Estatuto Tributario de Colombia: tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. 145 . Artículo 245 del Estatuto Tributario de Colombia: tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

Retenciones sobre utilidades de sucursales y establecimientos permanentes En cuanto al asunto de la retención sobre utilidades de sucursales y establecimientos permanentes, este es uno de los puntos donde la elección de la forma de implantación produce consecuencias tributarias que no admiten corrección posterior, razón por la cual se desarrolla con detalle. Las sucursales y demás establecimientos permanentes de sociedades constituidas en el exterior tienen en Perú una condición singular: son contribuyentes domiciliados por sí mismos, con número de Registro Único de Contribuyentes, contabilidad propia, obligación de emitir comprobantes electrónicos y de presentar declaraciones mensuales y anuales, pero su condición de domiciliadas alcanza únicamente a su renta de fuente peruana, conforme al segundo párrafo del artículo 6 y al inciso e) del artículo 7 de la LIR. Se trata, en rigor, de un domic ilio funcional o parcial. La consecuencia de mayor peso económico se encuentra en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 56 de la LIR, en la redacción del Decreto Legislativo N.° 1424, vigente desde el 1 de enero de 2019. Conforme a esa norma, en el caso de sucursales y otros establecimientos permanentes de empresas constituidas en el exterior se entenderán distribuidas las utilidades en la fecha de vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, considerándose como monto de la distribución la renta disponible a favor del titular del exterior. La base comprende la renta neta de la sucursal incrementada por los ingresos por intereses exonerados y por los dividendos u otros conceptos disponibles generados en el ejercicio, menos el impuesto a la renta pagado. Se trata, por tanto, de una ficción legal automática: no requiere acuerdo societario de distribución ni remesa efectiva al exterior. La sucursal soporta el 5% aunque decida mantener íntegramente los recursos en Perú para financiar el proyecto.

PASO

IMPORTE

CONCEPTO

(base 100000)

Renta neta de fuente peruana de la sucursal

100000

Impuesto a la renta de tercera categoría: 29,5%

(29500)

Renta disponible a favor del titular del exterior (base del art. 56, segundo párrafo) Impuesto sobre utilidades fictamente distribuidas: 5% sobre 70500

70500

(3525)

Remesa neta disponible para la matriz

66975

Carga fiscal total: 29500 + 3525

33025 (33,025%)

Cuadro 21. Determinación de la carga efectiva de una sucursal peruana. Fuente: elaboración propia con base en el artículo 56 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

La diferencia con la filial no está en la tasa, que es idéntica cuando se distribuye la totalidad de la utilidad, sino en la imposibilidad de diferir: la filial que reinvierte mantiene su carga en el 29,5% y difiere los 3,525 puntos restantes hasta que decida distribuir, mientras que la sucursal los soporta cada año de manera inevitable. En proyectos de infraestructura con reinversión sostenida durante la etapa de construcción, ese diferimiento tiene un valor financiero apreciable. El criterio ha sido confirmado por el Tribunal Fiscal peruano precisamente frente a la objeción basada en la Decisión 578. La Resolución del Tribunal Fiscal N.° 11125-5-2019146 sostuvo que la ficción legal del inciso e) del artículo 56 complementa lo establecido en el artículo 11 de la Decisión 578, en cuanto esta no regula el momento en que los dividendos se entienden distribuidos, materia deferida a la ley interna; y la Resolución N.° 7174-11-2025 reiteró ese criterio añadiendo un argumento de no discriminación, en el sentido de que no existe trato menos favorable respecto de una sociedad peruana, pues la sucursal tributa solo por su renta de fuente peruana mientras que aquella tributaría por su renta de fuente mundial. Igualmente, resulta relevante para un contratista es la definición legal de establecimiento permanente incorporada por el Decreto Legislativo N.° 1424 en el artículo 14-B de la LIR, alineada con el Modelo de Convenio de la OCDE posterior al proyecto BEPS147. Antes de 2019 la definición era solo reglamentaria; hoy tiene rango legal y comprende cuatro supuestos cuya verificación debe hacerse antes de firmar el contrato, no después.

SUPUESTO

CONFIGURACIÓN Todo lugar fijo mediante el cual una empresa del exterior desarrolla total o

Lugar fijo de negocios

parcialmente sus actividades: sedes de dirección, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, tiendas, minas, canteras o cualquier instalación o estructura, fija o móvil, utilizada en la exploración o explotación de recursos naturales

Obra o proyecto de

Obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades de supervisión relacionadas, cuya duración exceda de 183 días calendario dentro de

construcción

un periodo cualquiera de doce meses, salvo plazo menor previsto en un convenio de doble imposición Servicios prestados en el país para el mismo proyecto o para uno relacionado, por

Prestación de servicios

periodos que en total excedan de 183 días calendario dentro de un periodo cualquiera de doce meses

146

. Tribunal Fiscal del Perú, Resolución N ° 11125-5-2019, 2019, relativa a la aplicación de la Decisión 578 de la Comunidad Andina, “Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”, disponible en: Tribunal Fiscal – Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. [fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 147 . Sonia Jackeline Miranda Avalos, “El plan BEPS de la OCDE y la fiscalización tributaria en el contexto peruano”, Arandu UTIC, vol. 11, núm. 2, 2024, pp. 188-205, disponible en: https://revista.utic.edu.py/revista.ojs/index.php/revistas/article/view/257, DOI: 10.69639/arandu.v11i2.257 [fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

SUPUESTO

Agente dependiente

CONFIGURACIÓN Persona que actúa en el país por cuenta de la empresa del exterior y concluye habitualmente contratos, o desempeña habitualmente el rol principal en su conclusión, cuando estos se celebren rutinariamente sin modificación sustancial por la empresa del exterior

Cuadro 22. Supuestos de establecimiento permanente. Fuente: artículo 14-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

En cuanto a las reglas que impiden fraccionar el umbral, la primera es la regla de agregación: para computar los 183 días de los supuestos de obra y de servicios se suman los periodos en que partes vinculadas a la empresa desarrollen actividades idénticas, sustancialmente similares o conexas. Dividir un contrato entre dos sociedades del mismo grupo no evita la configuración del establecimiento permanente. La segunda es la regla anti-fragmentación: la excepción de actividades preparatorias o auxiliares no opera cuando esa actividad, considerada junto con otras desarrolladas en el país por la propia empresa o por sus vinculadas, constituya funciones complementarias que formen parte de la operación de un negocio cohesionado. Debe además tenerse presente que la Decisión 578 no contiene cláusula de establecimiento permanente, de modo que en la relación Perú-Colombia el umbral de 183 días opera como derecho interno peruano sin desplazamiento convencional, mientras el reparto de potestad se resuelve por los artículos 6 y 14 de la Decisión.

DIMENSIÓN

SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

FILIAL PERUANA (S.A., S.A.C. o S.R.L.)

Carece de personalidad propia; es Personalidad

extensión de la matriz conforme al Libro

jurídica

Cuarto de la Ley General de Sociedades,

Persona jurídica peruana independiente

Ley N.° 26887

Responsabilidad

La matriz responde con todo su patrimonio por las obligaciones de la sucursal

Responsabilidad limitada al capital social, salvo levantamiento del velo o responsabilidad solidaria tributaria

Base jurisdiccional

Solo renta de fuente peruana

Renta de fuente mundial

Régimen tributario

29,5%; excluida del Régimen MYPE

29,5%, con acceso al Régimen MYPE

aplicable

Tributario

Tributario si cumple los umbrales

Impuesto sobre utilidades Posibilidad de diferimiento

5% obligatorio y automático al vencimiento de la declaración jurada anual, haya o no remesa

5% solo si se acuerda o se pone a disposición la distribución Sí: la carga se mantiene en 29,5% mientras se

Ninguna

reinvierta

SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO

DIMENSIÓN

PERMANENTE No hay deducción automática de gastos generales o asignaciones de casa matriz; rige la presunción del segundo párrafo del

Gastos de la casa

art. 51-A de la LIR, según la cual los gastos

matriz

incurridos en el exterior se presumen ocasionados por rentas de fuente extranjera, con la carga de la prueba en el

FILIAL PERUANA (S.A., S.A.C. o S.R.L.)

Los pagos a la matriz se documentan como operaciones entre personas jurídicas distintas, con retención y deducción configurables, sujetas a precios de transferencia

contribuyente Constitución y cierre

Más simple y rápida de establecer; el cierre

Constitución por escritura pública e

exige cancelación registral y liquidación de

inscripción; cierre por disolución y

obligaciones

liquidación formal

Cuadro 23. Filial frente a sucursal: comparación de consecuencias. Fuente: elaboración propia.

Otras retenciones a sujetos no domiciliados Los pagos que una empresa peruana efectúe a un sujeto no domiciliado están sujetos a retención definitiva en las tasas del artículo 56 de la LIR para personas jurídicas y del artículo 54 para personas naturales. La retención se practica sobre los importes brutos pagados o acreditados, conforme al artículo 76, y el agente de retención responde solidariamente si omite practicarla.

CONCEPTO

TASA

PRECISIONES Requisitos concurrentes: acreditar el ingreso de la moneda extranjera al país y que el crédito no devengue un interés anual al

Intereses de créditos externos

4,99%

rebatir superior a la tasa preferencial predominante en la plaza de origen más tres puntos, margen que cubre todo gasto, comisión o prima adicional. El exceso tributa al 30%

Intereses pagados a una empresa del exterior vinculada, o cuando no se cumplan los

Inciso j). Alcanza también los casos en que la intervención del 30%

requisitos anteriores

Alquiler de naves y aeronaves

10%

acreedor tenga por propósito encubrir una operación de crédito entre partes vinculadas Sobre la renta neta presunta del art. 48 (80% en naves y 60% en aeronaves), con lo que la tasa efectiva sobre el bruto es de 8% y 6% respectivamente

CONCEPTO

Regalías

TASA

PRECISIONES

30%

Comprende el uso de marcas, diseños, procesos, derechos de autor e información relativa a experiencia industrial, comercial o científica

Dividendos y otras formas de distribución de utilidades

Asistencia técnica

Incluye la distribución ficta de utilidades de sucursales

15%

Sujeta al requisito de informe de sociedad de auditoría cuando la contraprestación total del contrato, incluidas prórrogas y modificaciones, supere las 140 UIT

Espectáculos en vivo con participación de artistas

15%

Inciso g)

intérpretes y ejecutantes Ganancias de capital por enajenación de valores mobiliarios realizada dentro del

Sobre la renta neta, previa acreditación del costo computable ante la SUNAT

país Servicios digitales

30%

Otras rentas

30%

El art. 56 no contiene inciso específico; tributan por el inciso j) de otras rentas Categoría residual del inciso j)

Cuadro 24. Tasas de retención a personas jurídicas no domiciliadas. Fuente: artículo 56 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

La calificación del servicio determina la tasa, y en el sector de ingeniería y consultoría esa calificación no es evidente. El artículo 4-A del Reglamento de la LIR define la asistencia técnica como todo servicio independiente, suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados no patentables necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad del usuario. La norma añade una lista cerrada de servicios que en cualquier caso constituyen asistencia técnica, y en ella figuran expresamente los servicios de ingeniería: ejecución y supervisión del montaje, instalación y puesta en marcha de máquinas, equipos y plantas productoras; calibración, inspección, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos; realización de pruebas y ensayos, incluido el control de calidad; y estudios de factibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y de arquitectura. Ante un pago efectuado a un sujeto no domiciliado en Perú, la determinación de la obligación de retener debe partir de una secuencia ordenada de calificación jurídica de la renta, atendiendo tanto a la naturaleza de la prestación como a los criterios de fuente previstos en la legislación peruana. En primer término, debe establecerse si el pago corresponde a una regalía, en los términos del artículo 27 de la LIR, supuesto en el cual resulta aplicable una retención del 30%. Descartada esta calificación, corresponde determinar si la prestación reúne las condiciones para ser considerada asistencia técnica, de conformidad con el artículo 4-A, inciso c), del

Reglamento de la LIR. En este supuesto, la retención aplicable es del 15%, teniendo en cuenta, además, que cuando el contrato supera las 140 UIT, equivalentes a S/ 770000 con la UIT correspondiente al año 2026, se requiere el respectivo informe de auditoría. Para efectos de determinar dicho umbral, deberá considerarse la UIT vigente al momento de la celebración del contrato. Si la prestación tampoco configura asistencia técnica, deberá analizarse si corresponde a un servicio digital, conforme al artículo 4-A, inciso b), del Reglamento de la LIR, supuesto que se encuentra sujeto a una retención del 30%. De manera complementaria, deberá verificarse si la actividad se encuentra comprendida dentro de alguno de los criterios de generación de renta de fuente peruana, particularmente el previsto en el inciso e) del artículo 9 de la LIR, relacionado con las actividades desarrolladas en territorio peruano, caso en el cual también podría resultar aplicable una retención del 30%, según corresponda. Finalmente, si la prestación no encuadra en ninguno de los supuestos de regalía, asistencia técnica o servicio digital y, adicionalmente, no se configura ningún otro criterio legal que permita atribuir la renta a una fuente peruana, no existiría obligación de efectuar retención del impuesto a la renta en Perú. Esta conclusión resulta particularmente relevante para las prestaciones transfronterizas: un servicio empresarial de carácter general prestado íntegramente desde Colombia podría, en principio, no quedar sujeto a retención peruana, siempre que, atendiendo a sus características concretas, no califique dentro de las categorías sometidas a imposición en Perú ni se configure algún otro supuesto legal de renta de fuente peruana148. En materia de acreditación, el Decreto Supremo N.° 090-2008-EF obliga al agente de retención a sustentar los beneficios de un convenio de doble imposición únicamente con el certificado de residencia expedido por la autoridad competente del otro Estado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el caso colombiano, con una vigencia de cuatro meses desde su emisión. La Decisión 578, por su naturaleza de derecho comunitario andino de aplicación directa e inmediata, no exige formalmente ese documento, y las páginas oficiales de la SUNAT sobre certificados de residencia se refieren únicamente a los convenios bilaterales; en la práctica administrativa, sin embargo, la SUNAT lo requiere también para aplicar el régimen andino. Debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia del Perú, en la Casación N.° 8380-2021 Lima, estableció como precedente que el decreto supremo excede su competencia normativa al imponer requisitos temporales no previstos en los tratados, de modo que la emisión posterior del certificado no impide acceder al beneficio convencional. La recomendación operativa, pese a ello, es obtener el certificado en cada operación, para evitar litigios innecesarios dependientes de invocar el precedente.

148 Dos precisiones adicionales complementan el cuadro. La primera es que la asistencia técnica y los servicios digitales siguen el criterio de utilización económica en el país, con independencia del lugar de prestación, y el Reglamento incorpora una presunción de gran alcance práctico: se presume que el contribuyente de tercera categoría que considera como gasto o costo la contraprestación por asistencia técnica, cumpliendo el principio de causalidad, utiliza económicamente el servicio en el país. No es posible, por tanto, deducir el gasto y sostener simultáneamente que no existe fuente peruana. La segunda es que cuando concurran prestaciones de distinta naturaleza los importes deben discriminarse en el contrato y en la factura; de no poder discriminarse, se aplica el tratamiento de la prestación esencial y predominante, que suele ser la de mayor tasa.

Impuestos a la transferencia y a la tenencia de bienes raíces La adquisición de predios es una operación inevitable en la mayoría de los proyectos de infraestructura, y Perú somete la transferencia de inmuebles a un tributo municipal, el Impuesto de Alcabala, y su tenencia a otro, el Impuesto Predial, ambos regulados por el TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N.° 156-2004-EF. A continuación, se desarrolla cada uno de ellos desde su estructura a partir de los elementos esenciales del tributo.

Impuesto de Alcabala ELEMENTO

RÉGIMEN

ART.

Transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos, a título Hecho gravado

oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas

con reserva de dominio Tasa

3%, de cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario

Valor de transferencia, que no podrá ser menor al valor de autovalúo del Base imponible

predio del ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado por el índice

de precios al por mayor de Lima Metropolitana que determina el INEI Tramo inafecto

Las primeras 10 UIT del valor del inmueble, equivalentes a S/ 55000 en 2026

Sujeto pasivo

El comprador o adquirente, en calidad de contribuyente

Plazo de pago

Al contado, hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de la transferencia

Anticipo de legítima; transmisiones por causa de muerte; resolución del Inafectaciones

contrato antes de la cancelación del precio; transferencia de naves y

objetivas

aeronaves; transferencia de derechos que no conlleven transmisión de

propiedad; división y partición de masa hereditaria, de gananciales o de copropietarios Inafectaciones subjetivas

Gobierno Central, gobiernos regionales y municipalidades; gobiernos extranjeros y organismos internacionales; entidades religiosas; Cuerpo

General de Bomberos Voluntarios; universidades y centros educativos

Cuadro 25. Impuesto de Alcabala. Fuente: TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N.° 1562004-EF.

El aporte de un inmueble al capital de una sociedad no figura entre las inafectaciones de los artículos 27 y 28, de modo que constituye una transferencia de propiedad a título oneroso gravada con alcabala. Se advierte que esta conclusión resulta de la lectura de la norma y no de un pronunciamiento oficial expreso localizado, por lo que se recomienda consulta previa al Servicio de Administración Tributaria de la municipalidad competente antes de estructurar un aporte inmobiliario de magnitud. En cuanto a la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor tiene un tratamiento propio que conviene enunciar con precisión, porque suele describirse de manera imprecisa. Esa operación está gravada con el Impuesto General a las Ventas conforme al inciso d) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV, pero la base imponible excluye el valor del terreno; el numeral 9 del artículo 5 del Reglamento establece una presunción de aplicación automática según la cual el terreno representa el 50% del valor total de la transferencia. El resultado

aritmético es una carga efectiva del 9% sobre el valor total del inmueble. En paralelo, el artículo 22 de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 71 del TUO de la Ley del IGV disponen que la primera venta del constructor no está afecta al Impuesto de Alcabala salvo en la parte correspondiente al valor del terren o. La lógica del sistema es de complementariedad y no de exención: el IGV grava la edificación y el Alcabala grava la transferencia del terreno, sin superposición.

ii.

Impuesto Predial

TRAMO DE AUTOVALÚO

TASA

EQUIVALENTE EN SOLES (UIT 2026)

Hasta 15 UIT

0,2%

Hasta S/ 82500

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT

0,6%

De S/ 82500 a S/ 330000

Más de 60 UIT

1,0%

Sobre S/ 330000

Cuadro 26. Impuesto Predial: escala progresiva acumulativa. Fuente: artículo 13 del TUO de la Ley de Tributación Municipal.

El Impuesto Predial es de periodicidad anual y lo administra la municipalidad distrital donde se ubica el predio. Son sujetos pasivos los propietarios al 1 de enero de cada año; la base imponible es el valor total de los predios del contribuyente en cada jurisdicción distrital, determinado según los valores arancelarios de terrenos y los valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior. La declaración jurada se presenta hasta el último día hábil de febrero, y el pago puede efectuarse al contado en ese mismo plazo o en cuatro cuotas trimestrales reajustadas. La escala es acumulativa por tramos, de modo que un predio con autovalúo de un millón de soles tributa 0,2% sobre los primeros S/ 82500, 0,6% sobre el tramo siguiente y 1,0% sobre el exceso, con un resultado de S/ 8350 y no del 1% del valor total. En materia de inmuebles concesionados, el artículo 9 de la Ley de Tributación Municipal dispone que, excepcionalmente, se considerarán sujetos pasivos del Impuesto Predial los titulares de concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo N.° 059-96-PCM 149, respecto de los predios que se les hubiesen entregado en concesión y durante el tiempo de vigencia del contrato. El impuesto es, por tanto, carga tributaria propia del concesionario, aunque la titularidad permanezca en el Estado, y debe presupuestarse como costo operativo del proyecto y considerarse en la matriz de riesgos y en la estructura tarifaria. Interesa señalar la asimetría con el

149

. El Decreto Supremo N.° 059-96-PCM, que aprobó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, fue posteriormente desplazado por la evolución del régimen jurídico de promoción de la inversión privada, cuya regulación pasó por el Decreto Legislativo N.° 1012, el Decreto Legislativo N.° 1224, el Decreto Legislativo N.° 1362 y, actualmente, la Ley N.° 32441, que regula las Asociaciones Público-Privadas y los Proyectos en Activos.

Impuesto Temporal a los Activos Netos, que sí permite deducir de su base los bienes entregados en concesión destinados a la prestación de servicios públicos. A los dos impuestos anteriores se añaden los arbitrios municipales, que no son impuestos sino tasas retributivas de los servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo. Se crean por ordenanza distrital sujeta a ratificación provincial, su monto debe corresponder al costo efectivo del servicio y su distribución debe emplear criterios razonables y objetivos, según la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional peruano en las Sentencias 0041-2004-AI/TC150 y 0053-2004-PI/TC151. Respecto de estos impuestos, no existe tarifa nacional, cada distrito fija la suya. Conviene tener presente que el Tribunal Fiscal no puede ejercer control difuso y, por tanto, no analiza la determinación del costo ni los criterios de distribución contenidos en ordenanzas municipales; la impugnación de fondo debe canalizarse por la vía constitucional o ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) cuando se configure una barrera burocrática. A ello se suman las tasas por licencia de edificación de la Ley N. ° 29090, por licencia de funcionamiento de la Ley N.° 28976, y por autorización de uso de la vía pública y rotura y reposición de pistas y veredas. Por último, cabe anotar que la enajenación de inmuebles genera impuesto a la renta con reglas distintas según el enajenante. Para una persona jurídica domiciliada, la ganancia se integra a la renta de tercera categoría y tributa al 29,5%. Para una persona natural domiciliada constituye renta de segunda categoría gravada con el 6,25% sobre la renta neta, equivalente al 80% de la renta bruta, con una tasa efectiva del 5% sobre la ganancia, y existe exoneración de la casa habitación ocupada que haya permanecido en propiedad del vendedor por lo menos dos años. Para un enajenante no domiciliado corresponde distinguir: la persona natural no domiciliada tributa el 5% sobre la ganancia conforme al inciso b) del artículo 54 de la LIR, mientras que la persona jurídica no domiciliada tributa el 30% por el inciso j) del artículo 56. La distinción es importante porque el 30% se cita con frecuencia como si fuera la regla general. Cuando un vendedor no domiciliado en Perú recibe el pago, la ley obliga al comprador (que actúa como agente de retención) a retener el impuesto a la renta. El problema es que, en principio, esa retención del artículo 76 de la LIR se calcula sobre el precio total bruto de la venta, no sobre la ganancia. Es decir, si el inmueble se vendió en 500 y originalmente costó 400, sin corrección la retención se aplicaría sobre los 500 completos, como si toda esa suma fuera ganancia, de ahí la expresión “sobre-retención severa”: se retiene muchísimo más de lo que en justicia correspondería pagar sobre la utilidad real de 100.

En relación con la certificación de recuperación del capital invertido, la retención del artículo 76 de la LIR se practica en principio sobre el importe bruto pagado al no domiciliado, lo que en una venta inmobiliaria produce una sobre-retención severa. La certificación regulada en el inciso 150

Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia de 11 de noviembre de 2004, Expediente N.º 0041-2004- AI/TC, Defensoría del Pueblo contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 2004, disponible en: Tribunal Constitucional del Perú – Sentencia Exp. N.° 0041-2004-AI/TC [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 151 . Tribunal Constitucional del Perú, Resolución de 1 de septiembre de 2005, Expediente N.º 0053-2004- AI/TC, Defensoría del Pueblo, solicitud de aclaración de la sentencia, 2005, disponible en: Tribunal Constitucional del Perú – Jurisprudencia [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026] a) del artículo 57 del Reglamento permite deducir el costo computable, de modo que la retención se aplique sobre la ganancia neta. La regla temporal es rígida: la solicitud debe presentarse antes de la percepción de la renta, pues la deducción no es aplicable respecto de pagos anteriores a la emisión de la certificación. La SUNAT resuelve en 30 días calendario, con silencio administrativo positivo, y el certificado tiene una vigencia de 45 días calendario siempre que el costo computable no varíe.

Impuesto General a las Ventas: el equivalente peruano del impuesto al valor agregado El Impuesto General a las Ventas (IGV) es el impuesto al consumo peruano y el equivalente funcional del impuesto sobre las ventas colombiano. Se rige por el TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 055- 99-EF, y su tasa aplicable a las operaciones gravadas es del 18%. Esa tasa del 18% resulta de la suma de dos componentes que se recaudan de manera conjunta e indisociable: el IGV propiamente dicho, de titularidad del Tesoro, y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), cuyo rendimiento se destina al Fondo de Compensación Municipal152. Aquí, debe señalarse que la Ley N.° 32387, publicada el 16 de junio de 2025, dispuso el incremento gradual del IPM a partir del 1 de enero de 2026, con la reducción correlativa del IGV, de manera que la composición interna de la tasa cambió sin que se altere la tasa agregada del 18%.

EJERCICIO

IGV

IPM

TASA APLICABLE

Hasta 2025

16,0%

2,0%

18%

2026

15,5%

2,5%

18%

2027

15,0%

3,0%

18%

2028

14,5%

3,5%

18%

2029 en adelante

14,0%

4,0%

18%

Cuadro 27. Recomposición del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal. Fuente: Ley N.° 32387.

En efectos prácticos, la recomposición de la tasa no cambia, para el contratista y para el consumidor final la carga sigue siendo 18%. El efecto es de reparto de rendimiento entre el Tesoro y las municipalidades. Debe cuidarse, sin embargo, la parametrización de los sistemas de facturación electrónica y de los sistemas de gestión empresarial cuando se requiera discriminar ambos componentes, y debe tenerse presente que existe un régimen sectorial reducido: la Ley N. ° 32219 mantiene para las micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos una tasa de IGV del 8%, que sumada al IPM arroja 10,5% en 2026, y que ascenderá al 15% en 2027. En ese régimen la recomposición sí incrementa la carga real, porque el 8% está fijado por ley especial. 152

. Ministerio de Economía y Finanzas (s. f.) “Fondo de Compensación Municipal – Foncomún”. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/es/transferencias-a-gobierno-nacional-regional-y-locales/base-legal-y- aspectosmetodologicos/fondo-de-compensacion-municipal-foncomun. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

El artículo 1 del TUO grava la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles realizada por el constructor y la importación de bienes. Las exportaciones de bienes y de servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos conforme al artículo 33, y el exportador tiene derecho al saldo a favor que puede deducir del impuesto bruto, compensar con pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta o de otros tributos del Tesoro y, en último término, solicitar en devolución. La utilización de servicios en el país merece desarrollo propio porque es la figura que más incidencias genera cuando el proyecto contrata ingeniería, licencias de software o supervisión en el exterior. En este supuesto no existe una retención: el usuario domiciliado es contribuyente del impuesto en lugar del prestador extranjero. La obligación nace en la fecha en que se anote el comprobante en el Registro de Compras o en la que se pague la retribución, según lo que ocurra primero, y el pago se efectúa de manera independiente mediante el Formulario Virtual N.° 1662 exclusivamente por SUNAT Virtual. La regla dura está en el artículo 21 del TUO: el crédito fiscal solo puede aplicarse cuando el impuesto hubiera sido efectivamente pagado, de modo que el retraso en el pago difiere el crédito al periodo en que se pague y su omisión lo elimina, con doble costo. Debe añadirse que, por Resolución de Superintendencia N.° 0000472026/SUNAT, desde el 1 de julio de 2026 el deudor debe presentar una declaración jurada informativa en el módulo de información de comprobantes de pago no domiciliados antes de efectuar el pago del impuesto, y el plazo de reversión de la liquidación se redujo de siete a cinco días calendario. En cuanto al crédito fiscal153, este exige requisitos sustanciales del artículo 18: que las adquisiciones sean permitidas como gasto o costo para el impuesto a la renta y que se destinen a operaciones gravadas y formales del artículo 19 impuesto consignado por separado en el comprobante, identificación verificable del emisor y anotación en el Registro de Compras 154. La Ley N.° 29215 atenuó el rigor formal en dos frentes de gran valor defensivo: permite la 153

. Artículos 18 y 19 del Decreto Supremo N.° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; artículos 485 y siguientes del Estatuto Tributario de Colombia. 154 . Artículos 18 y 19 del Decreto Supremo N.° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, publicado el 15 de abril de 1999, Capítulo VI “Del crédito fiscal”, que regulan respectivamente los requisitos sustanciales y formales para la utilización del crédito fiscal. Requisitos sustanciales: conforme al artículo 18, modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 950, las adquisiciones deben ser permitidas como gasto o costo de la empresa de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no se encuentre afecto a este último impuesto, y deben destinarse a operaciones por las cuales se deba pagar el IGV. Requisitos formales: el artículo 19, modificado entre otras disposiciones por las Leyes N.° 29214 y N.° 29215 y posteriormente por las Leyes N.° 29566 y N.° 30264, establece que el impuesto debe encontrarse consignado por separado en el comprobante de pago, que dicho comprobante contenga el nombre y número de RUC del emisor sin posibilidad de confusión al contrastarlos con la información de los medios de acceso público de la Sunat, que el emisor se encuentre habilitado para emitirlo en la fecha correspondiente y que el comprobante sea anotado en el Registro de Compras.

subsanación de omisiones o errores en el monto del impuesto, con aplicación del crédito desde el mes de la subsanación, y establece que no se pierde el crédito por incumplimiento de requisitos formales del comprobante siempre que el pago total de la operación, incluido el impuesto, se haya efectuado con los medios de pago que señala el Reglamento. Debe señalarse que el Decreto Legislativo N.° 1669, publicado en septiembre de 2024, modifica sustancialmente el régimen del crédito fiscal estableciendo plazos de anotación en el Registro de Compras según el tipo de comprobante, pero su vigencia está condicionada a una resolución de superintendencia que a la fecha de esta edición no había sido expedida; conviene preparar los procesos internos porque su activación depende de un acto unilateral de la administración. Respecto de los sistemas administrativos de pago del IGV, estos constituyen, en la práctica peruana, el capítulo de mayor impacto financiero para un contratista, y su regla central es que la calificación del contrato determina la tasa aplicable.

TASA DE DETRACCIÓN

SERVICIO Contratos de construcción (excluido expresamente el arrendamiento de equipo de construcción) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, incluido el alquiler de maquinaria y equipo de construcción

10%

Otros servicios empresariales, categoría en la que se ubican los servicios de arquitectura, ingeniería y asesoramiento técnico conexo (CIIU clase 7421), así como las

12%

actividades jurídicas, de contabilidad y de asesoramiento empresarial Intermediación laboral y tercerización

12%

Mantenimiento y reparación de bienes muebles

12%

Movimiento de carga

10%

Demás servicios gravados con el IGV

12%

Cuadro 28. Sistema de detracciones: tasas relevantes en obra. Fuente: elaboración propia con base en la normativa del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias.

Uno de los errores más frecuentes y que suele ser más oneroso, ocurre cuando en un mismo proyecto concurren varios servicios y estos no son desagregados según lo prevé la regulación. A modo de ejemplo, el contrato de obra detrae el 4%, el contrato de diseño, ingeniería o supervisión detrae el 12% porque cae en la categoría de otros servicios empresariales, y el alquiler de grúas o maquinaria detrae el 10% por exclusión expresa del rubro de contratos de construcción. Un contrato llave en mano mal desagregado genera reparos por detracción insuficiente, y la sanción por no depositar equivale al 50% del importe no depositado, además del diferimiento del crédito fiscal al periodo en que se acredite el depósito. La desagregación contractual de las prestaciones no es una mera formalidad, es una medida de control tributario. El sistema opera mediante el depósito de un porcentaje del importe de la operación en una cuenta abierta a nombre del proveedor en el Banco de la Nación, con umbral general de operaciones superiores a S/ 700. Los fondos pueden solicitarse en libre disposición cuando los

saldos no se hayan agotado durante tres meses, sin deuda tributaria pendiente, en los primeros cinco días hábiles de enero, abril, julio y octubre. Debe advertirse un cambio de 2026 de considerable importancia: el Decreto Legislativo N.° 1713, publicado el 4 de febrero de 2026 y vigente desde el 1 de marzo de 2026, incorporó como causal de ingreso como recaudación la simple existencia de deuda tributaria en condición de exigible, de modo que la SUNAT puede aplicar los saldos de la cuenta de detracciones contra deudas vencidas sin necesidad de un evento previo de control. Los contratistas y consultores, sujetos a tasas de detracción altas, acumulan saldos significativos que hasta ahora operaban como colchón de flujo y que desde marzo de 2026 son materia de cobranza prioritaria; el monitoreo continuo de la deuda exigible y del estado de los fraccionamientos pasa a ser una función financiera y no solo contable. Los otros dos sistemas son el régimen de retenciones, que asciende al 3% del importe total de la operación gravada y solo aplica cuando el adquirente ha sido designado agente de retención por la SUNAT; y el régimen de percepciones, del 2% sobre el precio de venta en la venta interna, reducido al 0,5% cuando el cliente es también agente de percepción. Ninguno de los tres sistemas concurre con otro sobre la misma operación. Para proyectos con etapas de construcción prolongadas es de particular relevancia el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, regulado por el Decreto Legislativo N.° 973. Su lógica atiende a un problema financiero concreto: durante la etapa preproductiva la sociedad de propósito específico paga IGV sobre sus adquisiciones, pero no genera aún ventas gravadas contra las cuales aplicar el crédito, de modo que el impuesto inmoviliza capital de trabajo durante años. El régimen permite recuperar anticipadamente ese impuesto respecto de bienes de capital y bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, siempre que el proyecto genere renta de tercera categoría, comprometa una inversión no menor a USD 5000000 sin incluir el propio impuesto y su periodo preproductivo sea igual o superior a dos años contados desde el inicio del cronograma de inversiones. Sobre el RERA IGV155, resulta menester hacer una precisión: numerosas guías siguen describiendo este régimen como si exigiera la suscripción de un contrato de inversión con el Estado. El Decreto Legislativo N.° 1423, vigente desde el 1 de diciembre de 2018, eliminó esa exigencia: hoy basta la resolución ministerial del sector competente que califique al solicitante como beneficiario y apruebe la lista de bienes, servicios y contratos de construcción cubiertos. Los proyectos acogidos antes de esa fecha continúan bajo la normativa anterior. Debe añadirse que el sector agrario accede al régimen sin monto mínimo de inversión. Completa el cuadro del impuesto al consumo el régimen de IGV sobre servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados a consumidores finales, establecido por el Decreto Legislativo N.° 1623, publicado el 4 de agosto de 2024 y con recaudación efectiva desde el 1 de diciembre de 2024. El proveedor no domiciliado se inscribe en el Registro Único de Contribuyentes sin necesidad de domicilio físico ni de representante en el país y actúa como agente de retención o percepción; en su defecto, la obligación recae subsidiariamente en los sujetos facilitadores de pago. La tasa es la general del 18%.

155

. Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas.

Síntesis comparada con Colombia Aunque Perú y Colombia comparten la arquitectura básica de un impuesto a la renta empresarial sobre base neta y un impuesto al valor agregado plurifásico no acumulativo, las diferencias se concentran en la carga efectiva, en el formalismo del crédito y en los mecanismos de recaudación anticipada. El siguiente cuadro sintetiza esos contrastes y la lista de verificación que lo acompaña traduce cada diferencia en una acción concreta de cumplimiento. Ambos instrumentos son orientativos, y no sustituyen el análisis del caso particular, especialmente en lo relativo a la aplicación de la Decisión 578 de la Comunidad Andina, único régimen convencional vigente entre los dos países.

CONCEPTO Impuesto sobre la renta de personas jurídicas Regímenes simplificados

PERÚ

COLOMBIA

29,5% (art. 55 LIR)

35% (art. 240 ET)

Cuatro regímenes: NRUS, RER, RMT y General

Régimen simple de tributación

Retención sobre dividendos a no residentes Dividendos entre personas jurídicas locales Carga efectiva sobre utilidad distribuida a no

5% (art. 56, inc. e LIR)

20% (art. 245 ET)

No gravados; exclusión de base (art. 24-B

Régimen del art. 49 ET, con retención de

LIR)

traslación

33,025%

48,000%

residente Impuesto al consumo

Deducción de intereses

IGV del 18% (15,5% de IGV más 2,5% de IPM en 2026) Límite del 30% del EBITDA, con excepción para APP y concesiones de infraestructura

Arrastre de pérdidas Impuesto a la transferencia de inmuebles

Cuatro ejercicios (Sistema A) o sin límite contra el 50% de la renta neta (Sistema B) Alcabala del 3% a cargo del comprador, con tramo inafecto de 10 UIT

IVA del 19%

Regla de subcapitalización con ratio de deuda respecto del patrimonio

Doce periodos gravables siguientes No existe impuesto nacional equivalente; se aplican derechos notariales y de registro

Impuesto a la propiedad

Predial municipal, escala del 0,2% al 1,0%

inmueble

del autovalúo

Contribución sectorial de

SENCICO: 0,2% sobre los ingresos brutos facturados por actividades de

Contribución especial de obra pública del 5% sobre el valor del contrato, en

construcción

contratos con entidades estatales

construcción

Impuesto predial unificado municipal

CONCEPTO

PERÚ

COLOMBIA

Instrumento aplicable frente a la doble

Decisión 578 de la CAN: potestad exclusiva de la fuente y exención en

Decisión 578 de la CAN, además de convenios bilaterales con método de

imposición

residencia

crédito

Cuadro 29. Comparación de los principales tributos: Perú y Colombia. Fuente: elaboración propia.

Lista de verificación tributaria para el inicio de operaciones en Perú El inicio de operaciones en Perú supone una secuencia de deberes tributarios que se activan en momentos distintos y cuyo incumplimiento repercute de inmediato en la deducción del gasto y en el uso del crédito fiscal del IGV. La lista de verificación que sigue ordena esas obligaciones según la secuencia en que la práctica las exige, identificación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), elección del régimen de renta, implementación del cumplimiento digital y activación de los deberes periódicos e informativos, y debe recorrerse antes de la primera operación gravada, pues varias de ellas no admiten regularización retroactiva sin costo. Las actividades que deben realizarse para iniciar operaciones en Perú, de forma general, son las siguientes: obtener el Registro Único de Contribuyentes ante la SUNAT y afiliar la clave de acceso al portal, verificando el dígito final que determina el cronograma mensual de vencimientos, decidir entre filial y sucursal considerando la exclusión de la sucursal del Régimen MYPE Tributario y la imposibilidad de diferir el 5% sobre utilidades, elegir el sistema de arrastre de pérdidas en la primera declaración jurada anual en que se genere pérdida, teniendo presente que el cambio posterior es casi imposible, verificar si el proyecto califica para la excepción al límite de deducción de intereses por tratarse de infraestructura bajo asociación público-privada o concesión, evaluar el acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV si la inversión supera USD 5000000 y el periodo preproductivo alcanza dos años, desagregar en los contratos las prestaciones de obra, ingeniería y arrendamiento de equipo para aplicar correctamente las tasas de detracción del 4%, 12% y 10%, presupuestar la contribución al SENCICO sobre ingresos brutos y modelar su efecto cascada en la cadena de subcontratación, establecer un protocolo de bancarización de todo pago superior a S/ 2000, o a 1 UIT en operaciones inmobiliarias, vehiculares y societarias, obtener de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el certificado de residencia fiscal para cada operación con la matriz colombiana y conservar la documentación que acredite dónde se imputa y registra el gasto, y presentar la declaración de beneficiario final y verificar los umbrales de las declaraciones informativas de precios de transferencia156.

156

. Se advierte que las cifras y normas en materia impositiva corresponden al estado del ordenamiento peruano verificado a agosto de 2026.

Seguridad jurídica Convenios de estabilidad jurídica Los convenios de estabilidad jurídica, regulados en el Decreto Legislativo N.° 1516, Decreto Legislativo N.° 662, Decreto Legislativo N.° 757, Decreto Supremo N.° 148-2008-EF, Decreto Supremo N.° 162-92-EF, Decreto Legislativo N.° 1011, y Ley N.° 27342, son el instrumento del régimen peruano para proteger la inversión. Esta protección se materializa mediante un contrato que el inversionista suscribe con el Estado peruano, en virtud del cual determinadas reglas vigentes al momento de la firma quedan congeladas durante la vigencia del convenio, de manera que no le resultan aplicables las modificaciones posteriores. Se trata, en consecuencia, de contratos ley que no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. 157Estos convenios tienen fuerza de ley y carácter civil, no administrativo, por lo que se rigen por las normas del Código Civil. 158Se otorgan por un plazo de diez (10) años contados desde su celebración, 159y el Estado puede someter las controversias que de ellos deriven a tribunales arbitrales constituidos en virtud de tratados internacionales de los que Perú sea parte160. La celebración de estos convenios otorga al inversionista extranjero tres derechos garantizados, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 662. Con el solo requisito de haber presentado ante el Organismo Nacional Competente el Formulario Preliminar de Inversión, dicho organismo puede celebrar el convenio en representación del Estado, siempre que ello ocurra con anterioridad a la obtención del título habilitante o dentro de los doce (12) meses siguientes a dicha obtención. El primero de estos derechos es la estabilidad del régimen tributario vigente al momento de la celebración del convenio. En virtud de esta garantía, el inversionista extranjero no se verá afectado, respecto del Impuesto a la Renta que grava a la empresa receptora de la inversión y que incide sobre las utilidades que se le atribuyan o los dividendos que se le distribuyan, por una tasa superior a la considerada en el convenio. De manera tal que, si el impuesto a la renta de cargo de la empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la parte necesaria para permitir que la utilidad de la empresa que finalmente sea de libre disposición para él, sea por lo menos igual a la garantizada161. La tasa que se estabiliza es la prevista en el primer párrafo del artículo 55 de la LIR, esto es, la tasa general aplicable a las rentas de tercera categoría, incrementada en dos (2) puntos porcentuales. 162Este sobrecosto de dos puntos constituye, en esencia, la contraprestación que el inversionista asume a cambio de la garantía de inmutabilidad del régimen tributario durante la vigencia del convenio. El segundo derecho es la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas. 163En virtud de este derecho, el inversionista extranjero puede transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades y el capital que le correspondan, sin necesidad de autorización previa 157

. Artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 662. . Artículo 39 del Decreto Legislativo N.° 757. 159 . Artículo 15 del Decreto Legislativo N.° 662. 160 . Artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 662. 161 . Literal a) del artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 662. 162 . Artículo 1 de la Ley N.° 27342, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1516. 163 . Literal b) del artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 662. 158

de ninguna autoridad del Gobierno Central u organismo público descentralizado164, y puede convertir moneda nacional a moneda extranjera utilizando el tipo de cambio más favorable disponible al momento de efectuar la operación cambiaria. 165 El tercer derecho es la no discriminación, los inversionistas extranjeros y las empresas en las que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más excepciones que las establecidas en la Constitución Política del Perú y en el propio Decreto Legislativo N.° 757. En ningún caso el ordenamiento jurídico nacional puede discriminar entre inversionistas o entre empresas en función de la participación nacional o extranjera en las inversiones. El acceso a este conjunto de derechos, sin embargo, no es automático, sino que está sujeto al cumplimiento de montos mínimos de inversión que varían según la norma aplicable. Tratándose del régimen general de estabilidad jurídica que se suscribe al amparo de los Decretos Legislativos N.° 662 y 757, el artículo 2 de la Ley N.° 27342 exige comprometer aportes dinerarios canalizados a través del Sistema Financiero Nacional al capital de una empresa establecida o por establecerse, o inversiones de riesgo formalizadas con terceros, por un monto no inferior a diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 10000000,00) para los sectores de minería e hidrocarburos, y no inferior a cinco millones de dólares (USD 5000000,00) para los demás sectores. 166Estos mismos montos resultan aplicables a los convenios que se celebren con empresas titulares de contratos de concesión suscritos bajo el Decreto Legislativo N.° 839 y sus normas modificatorias y ampliatorias, equiparando así el tratamiento de estos concesionarios al de los demás inversionistas sujetos al régimen general. Tratándose específicamente del régimen de derechos para inversionistas extranjeros del artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 662, el artículo 11 de la misma norma limita los beneficiarios a quienes se comprometan a cumplir, dentro de un plazo máximo de dos (2) años contados desde la celebración del convenio, con alguna de dos alternativas de inversión. La primera consiste en efectuar aportes dinerarios canalizados a través del Sistema Financiero Nacional al capital de una empresa establecida o por establecerse conforme a la ley peruana, o en realizar inversiones de riesgo formalizadas con terceros, por un monto no inferior a dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 2000000,00). La segunda alternativa admite un monto menor, no inferior a quinientos mil dólares (USD 500000,00), siempre que concurra al menos una de dos condiciones adicionales, que la inversión genere directamente más de veinte puestos de trabajo permanentes, o que genere directamente un ingreso de divisas por exportaciones no menor a dos millones de dólares durante los tres (3) años siguientes a la suscripción del convenio. La vigencia del régimen de estabilidad se inicia en la fecha de celebración del convenio, el cual debe incluir, bajo responsabilidad, una condición resolutoria expresa conforme a la cual el incumplimiento de los aportes comprometidos, su reducción o su transferencia a terceros deja sin efecto el convenio, con las penalidades correspondientes y el pago de los tributos que se hubieran dejado de cancelar al fisco. 167

164

. Artículo 7 del Decreto Legislativo N.° 662. . Artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 662. 166 . Artículo 2 de la Ley N.° 27342. 167 . Artículo 11 del Decreto Legislativo N.° 662. 165

Para acogerse a este régimen, los inversionistas extranjeros deben presentar una solicitud ante el Organismo Nacional Competente, indicando bajo cuál de las dos modalidades de inversión previstas en el artículo 11 pretenden cumplir sus obligaciones. 168 Adicionalmente, las empresas que se constituyan o las ya establecidas en Perú que reciban nuevos aportes de capital extranjero conforme al artículo 11 del Decreto Legislativo N.° 662 gozan de dos derechos adicionales, en primer lugar, la estabilidad de los regímenes de contratación laboral en cualquiera de sus modalidades, y, en segundo lugar, la estabilidad de los regímenes especiales orientados exclusivamente a la exportación, tales como la admisión temporal y las zonas francas industriales, comerciales, turísticas o de tratamiento especial. La permanencia de estos derechos está condicionada a que el inversionista extranjero no incurra en el incumplimiento de los aportes comprometidos, su reducción o su transferencia a terceros deja sin efecto el convenio, y a que los convenios suscritos entre las empresas, sus inversionistas extranjeros y el Organismo Nacional Competente no sean resueltos ni rescindidos. 169 Finalmente, el Estado puede aprobar la cesión de posición contractual que un inversionista realice en favor de otro respecto del convenio de estabilidad jurídica celebrado. 170Por otro, los Gobiernos Regionales y Locales pueden celebrar convenios de estabilidad jurídica con los inversionistas que efectúen inversiones en sus respectivas jurisdicciones y con las empresas establecidas o que se establezcan en ellas, exclusivamente respecto de las materias de su competencia. 171

Red de tratados y mecanismos de solución de controversias La protección de la inversión extranjera en Perú no se agota en los convenios de estabilidad jurídica, sino que se complementa con diferentes tratados internacionales que habilita al inversionista a acudir directamente a tribunales arbitrales internacionales, y con mecanismos institucionales internos que rigen para diferentes temas, tanto de la cotidianidad de los ciudadanos de Perú, como la defensa del Estado cuando es demandado. En primer lugar, Perú es parte del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, ratificado el 9 de agosto de 1993, con entrada en vigencia para Perú el 8 de septiembre de 1993172. Este tratado creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), foro arbitral del Grupo Banco Mundial ante el cual un inversionista extranjero puede demandar directamente al Estado contratante, o a cualquier subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditado ante el Centro por dicho Estado, siempre que ambas partes hayan consentido por escrito en someter la controversia al Centro173. Este consentimiento no proviene únicamente de 168

. Artículo 13 del Decreto Legislativo N.° 662. . Artículo 12 del Decreto Legislativo N.° 662. 170 . Artículo 42 del Decreto Legislativo N.° 757. 171 . Artículo 44 del Decreto Legislativo N.° 757. 172 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Lista de Estados Contratantes y otros signatarios del Convenio – CIADI/3, disponible en: CIADI – Lista de Estados Miembros (CIADI/3). [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 173 . Artículos 1 y 25 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. 169

cláusulas arbitrales pactadas caso por caso, Perú ha construido, además, una red de más de treinta Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscritos con países como Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, España, Francia, el Reino Unido, Suiza y varios países de la región, así como Tratados de Libre Comercio con capítulo de inversión, que incorporan de manera anticipada el consentimiento del Estado peruano a la jurisdicción del CIADI o, alternativamente, al arbitraje bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés CNUDMI), habilitando así al inversionista extranjero para iniciar un arbitraje de inversión sin necesidad de una cláusula arbitral adicional pactada directamente con el Estado174. Por otro lado, en el plano interno, el arbitraje se rige por el Decreto Legislativo N.° 1071, conforme al cual pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. La norma añade que, cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse de las obligaciones derivadas del convenio arbitral. 175Para la ejecución de los laudos expedidos por un tribunal del CIADI, la Décima Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 1071 dispone que resultan de aplicación las normas que regulan el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales internacionales, como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en cualquier Estado, sin que resulte necesario un procedimiento de reconocimiento previo como el exigido para laudos arbitrales ordinarios176.

Régimen laboral Marco normativo y modalidades de contratación El régimen laboral peruano de la actividad privada se rige principalmente por el Decreto Legislativo N.° 728, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sobre esta base general se articula un conjunto de normas especiales que regulan aspectos puntuales de la relación laboral. El régimen laboral peruano regula la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo (Decreto Supremo N.° 008-2002-TR), los descansos remunerados, tales como vacaciones, descanso semanal y feriados o festivos (Decreto Legislativo N.° 713), y el derecho colectivo del trabajo (TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 010-2003-TR). Adicionalmente, se regula la intermediación laboral (Ley N.° 27626 y su reglamento) y la tercerización de servicios (Ley N.° 29245 y Decreto Legislativo N.° 1038), la contratación de trabajadores extranjeros (Decreto Legislativo N.° 689), los beneficios sociales (Decreto Supremo N.° 150-2007-EF), el reglamento interno de trabajo (Decreto Supremo N.° 039- 91-TR), entre otros aspectos.

174

. Ministerio de Economía y Finanzas (s. f.) “Listado de acuerdos y convenios de promoción y protección recíproca de inversiones suscritos por Perú”. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/es/? option=com_content&language=es-ES&Itemid=100911&view=article&catid=197&id=343&lang=es-ES. 175 . Artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 1071. 176 . Décima Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 1071.

En Perú toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados hace presumir la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse, en consecuencia, a plazo indeterminado o sujeto a modalidad. El contrato a plazo indeterminado no requiere formalidad escrita, puede celebrarse incluso de forma verbal, y se caracteriza por no tener una fecha de finalización determinada177. Por otro lado, los contratos sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando lo justifiquen las necesidades del mercado, un incremento de la producción de la empresa, o la naturaleza temporal o accidental del servicio o la obra. A diferencia del contrato a plazo indeterminado, deben celebrarse necesariamente por escrito, consignando de forma expresa su duración y las causas objetivas de la contratación. Además, un mismo trabajador puede suscribir, de manera sucesiva, distintos contratos modales en función de las necesidades de la empresa, siempre que su duración conjunta no exceda los cinco (5) años. Estos contratos se clasifican en tres grandes categorías: contratos de naturaleza temporal, accidental y por obra o servicio. En cuanto a los contratos de naturaleza temporal, estos pueden darse por inicio o incremento de una nueva actividad: se celebra con ocasión del inicio de una actividad empresarial o de la apertura de nuevos establecimientos o mercados, y su duración máxima es de tres (3) años; Por necesidad de mercado, a partir de incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda, aun cuando se trate de labores ordinarias de la actividad habitual de la empresa que no puedan ser cubiertas con personal permanente y pueden renovarse sucesivamente hasta un máximo de cinco (5) años; y por reconversión empresarial, los cuales obedecen a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades de la empresa, o a variaciones tecnológicas en sus máquinas, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas o métodos productivos y administrativos. Su duración máxima es de dos (2) años. En cuanto a los contratos de naturaleza accidental, estos pueden ser ocasionales, para atender necesidades transitorias distintas de la actividad habitual del centro de trabajo, caso en el cual su duración máxima es de seis (6) meses al año; de suplencia, los cuales tienen por objeto sustituir a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por una causa justificada prevista en la ley o en disposiciones convencionales del centro de trabajo, y su duración es variable, y será la necesaria según las circunstancias; y de emergencia, los cuales tienen como finalidad cubrir las necesidades derivadas de un caso fortuito o de fuerza mayor, y su duración coincide con la de la emergencia. En cuanto a los contratos de obra o servicio, estos pueden ser oor obra determinada o servicio específico, los cuales se celebran con un objeto previamente establecido, por la duración que este requiera, admitiéndose las renovaciones necesarias hasta la conclusión de la obra o el servicio contratado; Intermitentes, para cubrir necesidades de la empresa que, por su naturaleza, son permanentes pero discontinuas; o de temporada, para ateder necesidades propias del giro de la empresa que se presentan únicamente en determinadas épocas del año y que tienden a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo productivo. El trabajador contratado por un mismo empleador durante dos temporadas consecutivas, o tres alternadas, adquiere el derecho a ser contratado en las temporadas siguientes.

177

. Artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 728.

De forma general, el período de prueba es de tres (3) meses para todos los tipos de contrato. Las partes pueden pactar un plazo mayor cuando las labores requieran un período de capacitación o adaptación, o cuando su naturaleza o grado de responsabilidad lo justifique. Esta ampliación debe constar por escrito y no puede exceder, sumada al período inicial, seis (6) meses para trabajadores calificados o de confianza, ni de un (1) año para personal de dirección178.

Suspensión y extinción del contrato de trabajo En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con treinta (30) días de anticipación, plazo que el empleador puede exonerar179. El despido, por su parte, exige la existencia de una causa justa debidamente probada, vinculada a la capacidad o a la conducta del trabajador; corresponde al empleador acreditar dicha causa en el proceso judicial que el trabajador puede iniciar para impugnar el despido180. En relación con la capacidad del trabajador, el empleador puede invocar causa justa de terminación cuando sobrevengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales que, aun con la implementación de los ajustes razonables correspondientes, impidan el desempeño de las funciones asignadas, siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido sin riesgo para su seguridad, su salud o la de terceros. También constituyen causas vinculadas a la capacidad el rendimiento deficiente, las capacidades del trabajador y del rendimiento promedio exigible en labores similares, así como la negativa injustificada a someterse a un examen médico previamente convenido o establecido por ley, cuando dicho examen resulte determinante para la continuidad de la relación laboral181. Por su parte, las causas justas relacionadas con la conducta del trabajador se configuran cuando este incurre en una falta grave, cuando existe una condena penal por delito doloso o cuando una autoridad judicial o administrativa impone una inhabilitación que le impide ejercer la actividad que desempeña en el centro de trabajo182. En materia disciplinaria, la norma establece que no se puede despedir al trabajador por una causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis (6) días para que pueda defenderse por escrito, salvo aquellos casos en los que la falta sea grave y flagrante, y que no resulte razonable tal posibilidad. Mientras dure el trámite previo al despido por la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle183. El despido debe ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en la que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del cese184. El contrato de trabajo puede suspenderse por causas legalmente previstas, entre ellas la invalidez temporal, la enfermedad o accidente, la maternidad durante el descanso pre y 178

. Artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 728. . Artículo 18 del Decreto Legislativo N.° 728. 180 . Artículo 22 del Decreto Legislativo N.° 728. 181 . Artículo 23 del Decreto Legislativo N.° 728. 182 . Artículo 24 del Decreto Legislativo N.° 728. 183 . Artículo 31 del Decreto Legislativo N.° 728. 184 . Artículo 32 del Decreto Legislativo N.° 728. 179

postnatal, el descanso vacacional y la imposición de una sanción disciplinaria185. La normativa peruana también contempla diversas causales de extinción del vínculo laboral, como el fallecimiento del trabajador o del empleador cuando este sea persona natural, la renuncia o retiro voluntario, el vencimiento del plazo pactado, el mutuo acuerdo entre trabajador y empleador, la invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido en los casos y formas permitidos por la ley y la terminación por causa objetiva186. Cuando el despido es arbitrario, la indemnización varía según la modalidad contractual. En los contratos a plazo indeterminado, equivale a una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, con un límite máximo de doce (12) remuneraciones. En los contratos sujetos a modalidad, se calcula sobre las remuneraciones que el trabajador habría percibido hasta el vencimiento del plazo pactado, aplicándose igualmente el tope de doce (12) remuneraciones.

Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo La jornada ordinaria de trabajo en Perú es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. Este límite puede reducirse por ley, por convenio colectivo o incluso por decisión unilateral del empleador, quien está facultado a establecer una jornada menor a la máxima ordinaria sin que ello afecte los derechos del trabajador187. No todos los trabajadores están sujetos a este límite máximo: están excluidos de la jornada máxima los trabajadores de dirección, aquellos que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata en el desempeño de sus funciones, y quienes prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia188. La determinación del horario de trabajo, es decir, la hora de ingreso y de salida, es una facultad del empleador, quien puede además modificarlo unilateralmente, siempre que no varíe el número total de horas efectivamente trabajadas189. Esta facultad opera sin perjuicio de la potestad más específica del empleador para establecer turnos de trabajo fijos o rotativos en función de las necesidades de la empresa, la cual está sujeta a un requisito adicional: cuando el empleador decida adoptar o modificar dicho régimen de turnos, debe comunicarlo con ocho (8) días de anticipación a la organización sindical, o a los trabajadores en su ausencia190. Se considera jornada nocturna el tiempo trabajado entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. Cuando la organización del trabajo se estructura por turnos que incluyan horario nocturno, la ley exige que estos sean, en la medida de lo posible, rotativos, de manera que la carga de trabajar en horario nocturno no recaiga siempre sobre el mismo grupo de trabajadores. Como garantía económica adicional, el trabajador que labora en jornada nocturna no puede percibir, por su remuneración semanal, quincenal o mensual, un monto inferior a la remuneración mínima

185

. Artículo 12 del Decreto Legislativo N.° 728. . Artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 728. 187 . Artículo 1 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 188 . Artículo 5 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 189 . Artículo 6 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 190 . Numeral 2 del artículo 2 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 186

vigente a la fecha de pago incrementada con una sobretasa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre dicha remuneración mínima191. El trabajo en sobretiempo, esto es, el tiempo laborado que excede la jornada diaria o semanal, tiene carácter voluntario tanto para el empleador como para el trabajador, por lo que ningún trabajador puede ser obligado a laborar horas extras. La única excepción a esta regla se presenta cuando la prestación de sobretiempo resulta indispensable para atender un hecho fortuito o de fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas, a los bienes del centro de trabajo, o a la continuidad de la actividad productiva192. Cuando el sobretiempo efectivamente se realiza, debe remunerarse con un recargo que las partes pueden convenir libremente, siempre que no sea inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora para las primeras dos horas de sobretiempo, y treinta y cinco por ciento (35%) por hora para las que excedan dicho límite, calculado sobre el valor hora de la remuneración que percibe el trabajador193.

Remuneración mínima, beneficios legales y costo laboral El artículo 24 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho del trabajador a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. La misma disposición constitucional establece dos garantías, por un lado, el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador y, de otro, que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. En desarrollo de este mandato constitucional, opera en Perú la Remuneración Mínima Vital (RMV), el cual es el monto mínimo mensual que debe percibir un trabajador por una jornada ordinaria completa de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales. A junio de 2026, la RMV asciende a mil ciento treinta soles (S/ 1130) mensuales, monto fijado por el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR y vigente desde el 1 de enero de 2025 para el régimen laboral privado con jornada completa. Entre los beneficios legales que integran el costo laboral peruano se encuentra la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficio social que el Decreto Supremo N.° 0072002-TR, otorga al trabajador con la finalidad de prever las contingencias derivadas del cese en el trabajo y de promover su bienestar y el de su familia194. La CTS equivale, en términos prácticos, a aproximadamente un sueldo mensual por cada año trabajado, se empieza a generar desde el primer mes de la relación laboral y es depositada semestralmente por el empleador en una entidad financiera elegida por el propio trabajador. También, los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones al año, con motivo de Fiestas Patrias y de Navidad, previsto en el artículo 1 de la Ley N.° 27735. Este beneficio se otorga con independencia de la modalidad de contratación y del tiempo de servicios del trabajador, y debe pagarse dentro de la primera

191

. Artículo 8 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. . Artículo 9 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 193 . Artículo 10 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR. 194 . Artículo 2 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR. 192

quincena de los meses de julio y diciembre195. Cada gratificación equivale a una remuneración mensual íntegra. 196 Los Decretos Legislativos N.° 677 y 892 establecen que los trabajadores de empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría (ingresos obtenidos por entidades de negocio residentes) y sujetos al régimen de la actividad privada, participan en las utilidades de la empresa, según los porcentajes establecidos por ley: 8% para empresas mineras, 10% para empresas pesqueras, 10% para empresas de telecomunicaciones, 10% para empresas industriales, 8% para comercio al por mayor, al por menor y restaurantes, y 5% para otras actividades197. Las empresas que no excedan de (20) trabajadores, las sociedades civiles, las empresas autogestionarias y las cooperativas no están obligadas a pagar participación en las utilidades198. Por otra parte, de conformidad con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores tienen derecho a treinta (30) días calendario de vacaciones remuneradas por cada año completo de servicios199. Además, según la Ley N.° 25129 y el Decreto Supremo N.° 035-90-TR, los trabajadores percibirán la asignación familiar, equivalente al diez por ciento (10%) de la RMV (Equivalente a S/ 113 mensuales, considerando la RMV vigente de S/ 1130), que corresponde a los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, o mayores de esa edad cuando se encuentren cursando estudios superiores o universitarios; en este último caso, el beneficio se extiende mientras duren dichos estudios, hasta un máximo de seis (6) años después de alcanzada la mayoría de edad200. También, el empleador está obligado a contratar y mantener vigente, desde el inicio de la relación laboral, un seguro de vida en favor del trabajador201. En materia de seguridad social, el artículo 33 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA establece que, todo trabajador bajo relación de dependencia, así como los socios de cooperativas, genera un aporte al Seguro Social de Salud (EsSalud) equivalente al nueve por ciento (9%) de su remuneración o ingreso mensual. Este aporte no lo asume el trabajador ni se le descuenta de su salario, sino que constituye un costo que recae íntegramente sobre el empleador, quien debe declararlo y pagarlo a EsSalud dentro de los plazos establecidos en el mes siguiente a aquel en que se generó la remuneración. Se trata, entonces, de una carga adicional al costo laboral, y no de una deducción sobre la remuneración del trabajador. La base sobre la cual se calcula este nueve por ciento (9%) no puede ser, en ningún caso, inferior a la RMV vigente al último día del mes trabajado, con independencia de que el trabajador haya cumplido jornada completa, parcial, o solo algunos días del mes. En otras palabras, el empleador siempre debe aportar como mínimo el nueve por ciento (9%) de la RMV por cada trabajador afiliado regular, incluso si este laboró pocas horas o pocos días. No obstante, existe una excepción aplicable a los trabajadores que gozan de subsidios otorgados por EsSalud

195

. Artículo 5 de la Ley N.° 27735. . Artículo 2 de la Ley N.° 27735. 197 . Artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 892. 198 . Artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 677. 199 . Artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 713. 200 . Artículos 1 y 2 de la Ley N.° 25129. 201 . Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 688. 196

durante el mes, ya sea por incapacidad temporal derivada de enfermedad, o por maternidad y lactancia. En estos casos, la base mínima se calcula de forma proporcional, considerando únicamente los días en que el trabajador efectivamente no estuvo subsidiado. Por otro lado, si el trabajador estuvo subsidiado desde el primer día del mes y su vínculo laboral concluye sin que llegue a prestar labor efectiva, el empleador queda liberado de la obligación de aportar por ese período202. Las aportaciones al sistema pensionario, en cambio, corren por cuenta del propio trabajador. Este debe afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), o al Sistema Privado de Pensiones, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), siendo el empleador quien retiene y declara el aporte correspondiente, sin que dicho monto constituya un costo adicional a su cargo203. Finalmente, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, esta se encuentra regulada por la Ley N.° 29783, reglamentada por el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR. En estas normas se fijan los estándares mínimos de prevención de riesgos laborales aplicables a todos los sectores económicos, para empleadores y trabajadores del sector privado y público, así como a trabajadores independientes, y admite que, por convenio colectivo, contrato de trabajo o decisión unilateral del empleador se establezcan niveles de protección superiores a los legales. Dichas normas establecen las disposiciones legales para la protección de los trabajadores, la prevención de riesgos laborales, la promoción de ambientes laborales seguros y saludables, así como la responsabilidad de empleadores y trabajadores en este ámbito. Además, establece que los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar condiciones seguras y saludables en el trabajo, incluyendo la implementación de medidas de prevención, la identificación y evaluación de riesgos, así como la capacitación y supervisión constante204.

Contratación de personal extranjero Conforme al Decreto Legislativo N.° 689, los empleadores, cualquiera que sea su actividad o nacionalidad, darán preferencia a la contratación de trabajadores nacionales205. La contratación de los trabajadores extranjeros está sujeta al régimen laboral de la actividad privada y a los límites que establece la Ley y el contrato de trabajo y sus modificaciones, que deben ser autorizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo206.El personal extranjero no puede exceder del 20% del número total de trabajadores registrados en la planilla de la empresa, y las remuneraciones de ese personal no pueden exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios207. El contrato de trabajo del personal extranjero debe constar por escrito, tener un plazo que no exceda de tres (3) años, renovable por periodos iguales, y ser aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo208. El Decreto Legislativo N.° 689 establece exoneraciones a los límites porcentuales para este límite, no se computan dentro de los porcentajes los extranjeros con cónyuge, ascendientes,

202

. Artículo 33 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA. . Ibidem. 204 . Artículo 26 de la Ley N.° 29783. 205 . Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 689. 206 . Artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 689. 207 . Artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 689. 208 . Artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 689. 203

descendientes o hermanos peruanos; los titulares de visa de inmigrante; los nacionales de países con los que Perú haya suscrito convenios de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad; el personal de empresas extranjeras dedicadas al transporte internacional terrestre, aéreo o acuático; y los inversionistas extranjeros con una inversión permanente mínima en la empresa209. Adicionalmente, el empleador puede solicitar la exoneración de ambos límites cuando se trate de profesionales o técnicos especializados, de personal directivo de una actividad empresarial nueva o en reestructuración, de docentes de centros educativos privados, o de personal del sector público o de empresas privadas con convenios celebrados con entidades públicas210. No obstante, en virtud de la Decisión 545 de la Comunidad Andina, los nacionales de Colombia, Bolivia y Ecuador puede celebrar el contrato de trabajo a plazo indefinido, el trabajador se registra ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que emite el Certificado Andino de Migración Laboral, y recibe el tratamiento de trabajador nacional. El ordenamiento peruano regula también las modalidades de provisión de personal por terceros, distinguiendo entre la intermediación laboral, prestada por empresas de servicios o cooperativas de trabajadores y limitada a actividades complementarias, especializadas o temporales, y la tercerización de servicios, regulada por la Ley N.° 29245, que exige que la empresa tercerizadora asuma el servicio por su cuenta y riesgo, cuente con recursos propios y asuma la responsabilidad por el resultado211. En el caso de la intermediación, el personal no puede exceder del veinte por ciento (20%) del total de trabajadores de la empresa usuaria y el plazo máximo de contratación para servicios temporales es de seis meses en un periodo de un año. La empresa usuaria responde solidariamente por las obligaciones laborales incumplidas por la empresa de servicios respecto del periodo en que los trabajadores le prestaron servicios212.

Ejercicio profesional y reconocimiento de títulos extranjeros

Este numeral responde a una pregunta que se plantea invariablemente cuando una firma de ingeniería, de arquitectura o de abogados evalúa operar en Perú, esto es, si sus profesionales pueden ejercer allí y suscribir documentos técnicos con validez legal. La respuesta exige distinguir con precisión dos actos administrativos que suelen confundirse y que son sucesivos y no alternativos: el primero es el reconocimiento del título, competencia exclusiva de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).213 Es el acto por el cual el Estado peruano valida un grado o título universitario obtenido en el extranjero, establece su equivalencia con el sistema universitario peruano y lo inscribe en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Por otro lado, la habilitación profesional corresponde al colegio profesional respectivo, entidad de derecho público con autonomía reconocida por el artículo 20 de la Constitución peruana.

209

. Artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 689. . Artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 689. 211 . Artículo 2 de la Ley N.° 29245. 212 . Artículo 9 de la Ley N.° 29245. 213 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), “Procedimiento de Reconocimiento de Grados y Títulos Extranjeros”, disponible en: SUNEDU – Procedimiento de Reconocimiento de Grados y Títulos Extranjeros (fecha de consulta: 20 de agosto de 2026). La SUNEDU señala que el reconocimiento es el acto administrativo mediante el cual el Estado otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero y que su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos les otorga publicidad y oponibilidad. Asimismo, precisa que la habilitación para ejercer la profesión compete al colegio profesional correspondiente. 210

El reconocimiento otorga publicidad y oponibilidad al título y habilita para la docencia, la investigación, el acceso a estudios de posgrado y el escalafón público, pero no autoriza por sí solo el ejercicio de las profesiones reguladas. Como señala la SUNEDU, la habilitación para ejercer la profesión compete al colegio profesional correspondiente.214 Ahora, es importante señalar que no existe reconocimiento automático andino de títulos profesionales. La Decisión 439 establece principios de acceso a mercado y trato nacional para el comercio de servicios, pero no crea un mecanismo de reconocimiento mutuo de títulos ni de licencias profesionales215. La Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral, garantiza igualdad de trato y oportunidades al trabajador migrante andino, pero no regula títulos.216 La Decisión 878, Estatuto Migratorio Andino, vigente desde el 11 de agosto de 2021, reconoce el derecho a acceder a cualquier actividad en las mismas condiciones que los nacionales, pero no contiene disposición alguna sobre homologación de títulos profesionales. El Convenio Andrés Bello, del que Perú sigue siendo Estado miembro, opera mediante una tabla de equivalencias referida a la educación básica y media, no a la titulación universitaria. En síntesis: el derecho comunitario andino resuelve la residencia y el trabajo, no la habilitación profesional, que depende íntegramente del derecho interno peruano.217

El reconocimiento del título ante la SUNEDU218 El procedimiento para el reconocimiento del título se rige por la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, y por el Reglamento del reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N.° 099-2020-SUNEDU/CD. Debe 214

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), “Procedimiento de Reconocimiento de Grados y Títulos Extranjeros”, cit. La SUNEDU precisa que el reconocimiento no equivale a la habilitación para el ejercicio profesional y que los colegios profesionales pueden establecer requisitos específicos para la incorporación de profesionales con formación en el extranjero, pudiendo exigir, en determinados casos, la revalidación de estudios. 215 Comunidad Andina, Decisión 439, “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”, 11 de junio de 1998. La Comunidad Andina identifica esta Decisión como el marco general aplicable al comercio subregional de servicios y señala que comprende, entre otros aspectos, el reconocimiento de licencias, certificaciones, títulos profesionales y acreditaciones. 216 Comunidad Andina, Decisión 545, “Instrumento Andino de Migración Laboral”; y Comunidad Andina, Decisión 878, “Estatuto Migratorio Andino”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 4239, 12 de mayo de 2021. La Decisión 545 establece el principio de igualdad de trato y oportunidades para los trabajadores migrantes andinos, mientras que la Decisión 878 desarrolla el régimen de movilidad, residencia y permanencia de los ciudadanos andino. 217 La existencia de normas comunitarias sobre libre circulación, migración laboral y comercio de servicios no implica, por sí misma, la sustitución de los requisitos nacionales aplicables al ejercicio de profesiones reguladas. En el caso peruano, la propia SUNEDU distingue expresamente entre el reconocimiento del título extranjero y la habilitación profesional, esta última atribuida al colegio profesional correspondiente. 218 . El reconocimiento de un grado o título extranjero no habilita por sí solo el ejercicio de una profesión regulada: la habilitación corresponde al colegio profesional. La Sunedu indica además expresamente que los títulos de abogacía deben someterse directamente a revalidación ante una universidad peruana autorizada.

advertirse desde el inicio que ese reglamento fue modificado de manera sustancial por la Resolución del Consejo Directivo N.° 0021-2026-SUNEDU-CD, de 4 de junio de 2026. La modificación de mayor importancia se dio en el artículo 6, que introduce un orden de prelación obligatorio entre dos criterios. Conforme a su numeral 6.1, cuando exista tratado internacional vigente para Perú que regule el reconocimiento de estudios, grados o títulos, se aplicarán sus disposiciones. Solo en defecto de tratado aplicable, o respecto de aspectos no previstos por él, el reconocimiento se evaluará conforme al criterio de calidad del artículo 7, esto es, la pertenencia de la universidad a alguno de los cuatro rankings internacionales admitidos. La vía preferente para los títulos colombianos es el tratado bilateral, no el ranking. Existe un Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre la República de Colombia la República del Perú, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994. En virtud de este, se exige únicamente que la institución de educación superior se encuentre autorizada en Colombia, condición verificable en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En consecuencia, un título de cualquier universidad reconocida oficialmente en Colombia es reconocible por la vía del tratado, sin necesidad de que la universidad figure en ningún ranking. En la siguiente tabla, se realizan algunas precisiones respecto a lo antes señalado:

REQUISITO

PRECISIONES

Solicitud de reconocimiento

Anexo N.° 01 de la Resolución del Consejo Directivo N.° 0021-2026-SUNEDU-CD. Si el trámite lo realiza un tercero, se acompaña carta poder simple

Diploma original del grado o título, con una de tres formas alternativas de validación Certificado de estudios o suplemento al diploma Traducción Declaración jurada de veracidad

a) Acceso a una base de datos facilitado por el solicitante y habilitada para consulta de la SUNEDU, que contenga como mínimo nombres y apellidos, mención del grado o título y fecha de emisión; b) apostilla, siendo Perú y Colombia parte del Convenio de La Haya de 1961; o c) legalización consular. Para Colombia basta la apostilla. La norma excluye expresamente las direcciones de correo electrónico como medio de verificación Solo de corresponder, cuando se requiera que el acto administrativo consigne información adicional que no figura en el diploma Simple, oficial, certificada o especial, únicamente si los documentos no están en castellano. (Para un título colombiano no se requiere traducción) (Anexo N.° 02 de la Resolución del Consejo Directivo N.° 0021-2026-SUNEDU-CD)

Cuadro 30. Requisitos documentales del reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero. Fuente: numeral 11.1 del Reglamento del reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, modificado por la Resolución del Consejo Directivo N.° 0021-2026-SUNEDU-CD.

ELEMENTO Plazo

Recursos

Derecho de tramitación

SITUACIÓN A AGOSTO DE 2026 30 días hábiles, con calificación de evaluación previa y silencio administrativo negativo: vencido el plazo sin respuesta procede interponer recurso Reconsideración y apelación, con 15 días hábiles para interponerlos; se resuelven en 15 y 30 días hábiles respectivamente El Texto Único de Procedimientos Administrativos consigna S/ 1188,50, pero ese cobro fue declarado barrera burocrática ilegal por la Resolución N.° 0257-2026/SELINDECOPI, de 5 de junio de 2026, cuyo extracto se publicó en El Peruano el 25 de junio de 2026. A la fecha de esta edición la SUNEDU no había aprobado una tasa recalculada y la ficha oficial del trámite ya no consigna costo alguno Trámite virtual por correo electrónico a la casilla institucional de reconocimiento de

Canal

grados y títulos, con cada documento en archivo PDF separado y un peso máximo total de 10 MB por correo. Notificaciones a casilla electrónica. Existe alternativa presencial en la sede de Lima

Vigencia del reconocimiento Descuento

El acto de reconocimiento no está sujeto a plazo de vigencia 50% para migrantes retornados, conforme a la Ley N.° 30001 y su reglamento (irrelevante mientras el monto base sea inexigible respecto del derecho de tramitación)

Cuadro 31. Plazos, costo y canal del procedimiento de reconocimiento ante la SUNEDU. Fuente: elaboración propia con base en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNEDU y en la Resolución N.° 0257-2026/SEL- INDECOPI.

Finalmente, debe distinguirse el reconocimiento de la revalidación. Esta última es un acto de una universidad peruana licenciada que confiere el título peruano equivalente, previa evaluación curricular y, en su caso, exigencia de cursos o exámenes. Se rige por criterios técnicos establecidos por la SUNEDU en ejercicio de la facultad del artículo 15 de la Ley Universitaria, modificados por la Resolución del Consejo Directivo N.° 024-2023-SUNEDU/CD, que redujo de diez a cinco el número de promociones de egresados que la universidad revalidante debe acreditar en el programa correspondiente. La revalidación es la vía necesaria en dos supuestos: cuando el título no encaja en el tratado ni en la lista de rankings; y cuando el colegio profesional la exige por su propia normativa, aunque exista reconocimiento de la SUNEDU.

El ejercicio de la ingeniería y la colegiatura ante el Colegio de Ingenieros del Perú La ingeniería es la profesión de mayor relevancia para el sector representado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y su ejercicio está regulado con particular rigor. El marco normativo se compone de la Ley N.° 16053, de 8 de febrero de 1966, que autoriza al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) a supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y cuyo artículo 4 es la base de la colegiatura obligatoria; la Ley N.° 24648, del 23 de enero de 1987, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, que derogó la Ley N.° 14086 que había creado la entidad en 1962219; y la Ley N.° 28858, que complementa la Ley N.° 16053 y suele citarse como ley que regula el trabajo del ingeniero, reglamentada por el Decreto Supremo N.° 0162008-VIVIENDA. 219. La Ley del Colegio de Ingenieros del Perú es la Ley N.° 24648 y no la Ley N.° 14648, número que circula con frecuencia

en guías y documentos comerciales por transposición de dígitos y que no corresponde a esa materia.

Conforme al artículo 1 de la Ley N.° 28858, para ejercer la ingeniería en Perú se requiere grado académico, título profesional nacional o extranjero revalidado, colegiatura y habilitación por el Colegio de Ingenieros del Perú. Su artículo 2 dispone que los estudios, evaluaciones, desarrollos tecnológicos, construcciones, auditorías y demás actos propios de la ingeniería deben ser refrendados por ingeniero colegiado y hábil; su artículo 4 obliga a toda entidad pública o privada a exigir el Certificado de Habilidad; y su artículo 5 impide a los tribunales admitir peritos en ingeniería que carezcan de título registrado y de dicho certificado. El artículo 5.2 del reglamento señala que solo tienen validez los documentos profesionales que cuenten con la respectiva firma y sello registrados y con el Certificado de Habilidad expedido por el Consejo Departamental correspondiente. En consecuencia, un expediente técnico, un estudio, un plano, una memoria de cálculo, una valorización o una liquidación de obra suscritos por un profesional no habilitado carecen de validez. El régimen sancionador del artículo 7 del reglamento contempla una multa escalonada desde 0,5 UIT para quien ejerza la ingeniería sin colegiarse, y amonestación hasta suspensión para quien ejerza sin habilitación o desempeñe actividades sin Certificado de Habilidad. A la cuarta reincidencia se adiciona una UIT a la multa anterior, o procede expulsión cuando correspondía suspensión. La autoridad sancionadora es el propio Colegio, mediante tribunal ad hoc. En cuanto al acceso a la colegiatura con título extranjero, el Reglamento de Colegiación del Colegio de Ingenieros del Perú prevé dos rutas: la colegiatura ordinaria y el registro de ejercicio temporal para ingenieros extranjeros. En cuanto a la colegiatura ordinaria, el artículo 17, literal b), del Reglamento exige, en su literalidad, que quien se haya titulado en el extranjero presente el título debidamente revalidado por universidad peruana autorizada por ley. Sin embargo, el artículo 18 del mismo Reglamento abre una alternativa expresa al disponer que el postulante que haya realizado sus estudios en universidad del extranjero deberá primero tramitar la revalidación de su título ante una universidad peruana y que, de no ser el caso, gestionará ante la SUNEDU el reconocimiento de su título profesional; el literal a) de ese mismo artículo admite presentar la resolución de revalidación de una universidad peruana o bien la copia del reconocimiento de la SUNEDU. En idéntico sentido, el artículo 3.09 del Estatuto del Colegio exige tener título de ingeniero expedido, revalidado o reconocido conforme a las leyes del Perú, y la cartilla operativa del Consejo Departamental de Lima requiere la resolución o constancia de la SUNEDU. La segunda ruta, y la de mayor utilidad para un proyecto de plazo determinado, es el registro de ejercicio temporal para ingenieros extranjeros, regulado en el Título IV del Reglamento de Colegiación. Su ventaja decisiva es que admite expresamente la constancia de la SUNEDU y no exige revalidación universitaria: el reglamento define como ingenieros extranjeros a aquellos a quienes la SUNEDU ha reconocido su título profesional en ingeniería otorgado fuera del país, y el Colegio otorga, previa evaluación, el registro para el ejercicio temporal de la profesión.

ELEMENTO

RÉGIMEN Contar con el reconocimiento del título por la SUNEDU; acreditar que en el país de origen está legalmente habilitado para ejercer, con formación o título equivalente al

Requisitos sustantivos

del ingeniero peruano de la especialidad; contar con la autorización o permiso de trabajo conforme a las leyes peruanas; presentación por tres miembros ordinarios habilitados con más de diez años de colegiatura, uno de ellos de la especialidad Dos: una sobre las normas institucionales y deontológicas del Colegio y otra sobre las

Evaluaciones

normas de ingeniería peruana en su especialidad. Se exige además acreditar dominio del castellano Expediente digital ante la Comisión Departamental de Colegiación, conformidad del Consejo Departamental, revisión de la Secretaría Nacional y aprobación final del

Trámite

Consejo Nacional, con inscripción en el Libro de Registro de Ejercicio Temporal, número especial y carné distinguible del de miembro ordinario

Plazo de vigencia Conversión a colegiatura ordinaria

Un año, prorrogable anualmente a juicio del Consejo Departamental, con solicitud motivada e informe de las labores desarrolladas durante el periodo Procede cuando el profesional cuente con calidad migratoria de residente permanente y haya ejercido con registro temporal más de tres años consecutivos El Reglamento exige que los títulos y documentos oficiales extranjeros sean

Documentación de origen

legalizados por la embajada o el consulado del Perú en el país de origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. Nótese que el CIP no menciona la apostilla, a diferencia de la SUNEDU y del Colegio de Arquitectos; es una exigencia formalmente discutible frente al Convenio de La Haya, pero es la regla escrita vigente

Cuadro 32. Registro de ejercicio temporal de ingenieros extranjeros ante el Colegio de Ingenieros del Perú. Fuente: Título IV del Reglamento de Colegiación del Colegio de Ingenieros del Perú.

CONSEJO

COLEGIATURA

RENOVACIÓN

CUOTA

DEPARTAMENTAL

ORDINARIA

TEMPORAL

MENSUAL

Lima

S/ 1432,00

S/ 1797,00

S/ 606,00

S/ 26,00

Callao

S/ 1069,10

S/ 2620,10

S/ 398,90

No publicada

Ica

S/ 1100,00

S/ 4000,00

S/ 20,00

Lambayeque

S/ 1209,00

S/ 4000,00

S/ 20,00

Áncash (Huaraz)

S/ 1000,00

S/ 2500,00

No publicada

La Libertad

S/ 1100,00

No publicada

S/ 22,00

Cuadro 33. Costos publicados de colegiatura ante el Colegio de Ingenieros del Perú (2026). Fuente: elaboración propia con base en la información publicada por los consejos departamentales.

La localización del proyecto tiene impacto económico directo. El Reglamento obliga a adscribirse al Consejo Departamental del lugar donde el profesional reside o trabaja. Como se aprecia en el cuadro anterior, la colegiatura temporal en Lima resulta sensiblemente más económica que en Callao, Ica o Lambayeque, y la renovación en Lima es la más eficiente del país. Debe advertirse asimismo que la mayoría de los Consejos Departamentales no publica tarifa temporal, de modo que el costo debe confirmarse por escrito con la sede competente. A los montos de colegiatura se añaden el registro oficial de firma y sello y el Certificado de Habilidad, cuyo costo en el Consejo Departamental de Lima es de S/ 20,00 por certificado, mientras que en otros consejos la tarifa es escalonada según el monto de la obra. El impago de la cuota social produce la condición de no habilitado, que impide todo trámite y el ejercicio pleno de la profesión. El Reglamento de Colegiación admite, como vía alternativa, acreditar el registro en un colegio profesional extranjero con el cual el Colegio de Ingenieros del Perú tenga convenio específico de mutuo reconocimiento. Verificado el portal institucional de convenios del Colegio, no figura ninguno con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) ni con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esa vía, por tanto, no está disponible para ingenieros colombianos, cuyas rutas efectivas son la colegiatura ordinaria o el registro de ejercicio temporal. Podrían existir convenios departamentales no centralizados, de modo que conviene una consulta formal a la Comisión Nacional de Colegiación. Finalmente, cabe notar que el TUO de la Ley N.° 29090, de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, exige que los arquitectos e ingenieros que intervienen en sus procedimientos estén colegiados y habilitados, y extiende esa exigencia a los integrantes de las Comisiones Técnicas, a los delegados de las empresas prestadoras de servicios, a los Revisores Urbanos, cuyo ejercicio es colegiado a nivel nacional, requiere inscripción en el registro correspondiente y comporta autonomía y responsabilidad por especialidad, y a los responsables de la Verificación Técnica, obligatoria en la totalidad de las licencias otorgadas y a cargo de inspectores municipales de obra, arquitectos o ingenieros colegiados y hábiles acreditados ante el Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú. La responsabilidad derivada del incumplimiento es administrativa, civil o penal.

El ejercicio de la abogacía y la operación de firmas jurídicas extranjeras En el ejercicio de la abogacía la lógica es equivalente pero el punto de inflexión es distinto. Conforme al artículo 285 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, para patrocinar220se requiere tener título de abogado, hallarse en ejercicio de los derechos civiles, tener inscrito el título en la Corte Superior de Justicia respectiva y estar inscrito en un Colegio de Abogados. La matrícula ante cualquier Colegio de Abogados departamental habilita para el ejercicio en todo el territorio nacional. Los requisitos de incorporación al Colegio de Abogados de Lima comprenden, además del formulario y los archivos digitales de identidad y fotografía, el certificado de antecedentes 220. En el ordenamiento peruano, el término patrocinar se refiere al ejercicio de la defensa técnica por parte del abogado

en el marco de un proceso. En particular, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce el derecho de toda persona a ser patrocinada por el abogado de su libre elección y establece que el abogado patrocinante puede ejercer la defensa en cualquier etapa del proceso. Véanse los artículos 284, 285 y 289 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS.

penales vigente, el título escaneado por ambos lados con la certificación o constancia de inscripción de la Corte Superior de Justicia de Lima, la constancia de inscripción del título de abogado emitida por la SUNEDU, la constancia de verificación de datos de autoridades también emitida por la SUNEDU y la declaración jurada de conocimiento del Código de Ética. Para fijar fecha de ceremonia se exige presentar el título profesional original físico con el sticker de autenticación de la Corte Superior de Justicia de Lima, sin lo cual el trámite no continúa. El plazo de calificación es de tres a cinco días hábiles desde la recepción del título, y los costos publicados son de S/ 1200,71 para la ceremonia grupal y S/ 2055,70 para la individual, con tarifas menores en el traslado desde otro colegio. El Colegio de Abogados de Lima no publica una vía diferenciada para títulos extranjeros. La arquitectura del requisito es, sin embargo, reveladora: el doble filtro de inscripción del título ante la Corte Superior de Justicia y de constancias de la SUNEDU opera como el punto crítico para un título extranjero, y es previsible que la Corte Superior exija revalidación por universidad peruana, criterio análogo al del artículo 17 del Reglamento de Colegiación del Colegio de Ingenieros. Se recomienda consultar en paralelo al Área de Incorporaciones del Colegio de Abogados de Lima y a la Corte Superior de Justicia de Lima antes de comprometer plazos con un cliente. De lo anterior, se derivan consecuencias operativas para una firma colombiana que pretenda prestar servicios jurídicos en Perú, o que en el ejercicio de sus actividades requiere el patrocino de los abogados que no son egresados de los Colegios de Abogados del Perú. El patrocinio - la defensa en procesos judiciales, arbitrales y procedimientos administrativos, está reservado a quien cumpla el artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que un abogado colombiano no colegiado en Perú no puede patrocinar. Sí puede, en cambio, prestar asesoría en derecho colombiano y en derecho comparado, actuar como experto en derecho extranjero y desarrollar asesoría transaccional no reservada. Los vehículos de implantación habituales son la sociedad civil de responsabilidad limitada, la sucursal de sociedad extranjera inscrita en los Registros Públicos, y las alianzas o corresponsalías sin establecimiento. En todos los casos rige una regla que conviene enunciar con claridad: la forma societaria no habilita el ejercicio individual, de modo que los actos reservados deben ejecutarlos abogados individualmente colegiados en Perú. La estructura segura es de doble capa: la firma extranjera asesora en derecho extranjero y coordina, y los actos reservados los ejecutan abogados colegiados localmente, lo que refuerza la conveniencia de operar mediante alianza o corresponsalía con una firma peruana.

Arquitectos y contadores públicos El Colegio de Arquitectos del Perú presenta el régimen más favorable de los tres examinados y conviene conocerlo porque puede resultar aplicable a profesionales con doble perfil. Su Reglamento Nacional de Colegiatura, aprobado en sesión de Consejo Nacional de 6 de diciembre de 2024, admite en su artículo 3 tres clases de títulos: el de universidad peruana reconocido por la SUNEDU, el de universidad extranjera reconocido por la SUNEDU y el de universidad extranjera revalidado por universidad peruana licenciada. Existe además una modalidad temporal, por una vigencia de un mínimo de tres meses y un máximo de doce, renovable por doce meses adicionales, con solicitud de renovación presentada treinta días hábiles antes del vencimiento, y el plazo se determina en función del contrato laboral a plazo determinado y sus adendas. El procedimiento se inicia y concluye en el Consejo Nacional, en Lima, exige la aprobación del Curso sobre Normativa Técnico Legal Peruana Vigente dictado por el propio Consejo Nacional y la presentación de copia del contrato

laboral con entidad legalmente constituida en Perú. A diferencia del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos admite expresamente la apostilla. El monto del derecho de inscripción y de renovación en la modalidad temporal no está publicado y debe solicitarse al Área de Colegiaturas del Consejo Nacional. El Colegio de Contadores Públicos de Lima publica requisitos específicos para extranjeros que comprenden la carpeta de inscripción, el título profesional original certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, copia certificada por la secretaría de la universidad, la constancia de inscripción del título profesional emitida por la SUNEDU, copia del carné de extranjería, lo que implica que el trámite migratorio precede a la colegiatura, certificado de antecedentes penales, asistencia a la charla de deontología profesional y la aprobación de un curso de actualización tributaria de dos meses de duración, que condiciona materialmente el cronograma. El derecho de inscripción publicado es de S/ 1500,00 y comprende, además de la inscripción, tres meses de habilitación posteriores a la colegiatura, carné, medalla, diploma y ceremonia de incorporación. Como el Colegio de Ingenieros, esta entidad exige certificación del título por la Cancillería peruana y no menciona la apostilla.

Habilitación de la empresa para contratar con el Estado peruano Para concurrir a procedimientos de contratación pública la empresa debe estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), hoy a cargo del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad que sustituyó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado con la entrada en vigencia de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y de su Reglamento, el Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, el 22 de abril de 2025. El Registro subsiste bajo el nuevo régimen y comprende cuatro registros: proveedores de bienes, proveedores de servicios, consultores de obras y ejecutores de obras. La inscripción y reinscripción de proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática; en consultoría y ejecución de obras el plazo es de treinta días hábiles. Para inscribirse en el RNP, no se exige sucursal ni domicilio en Perú. El Reglamento distingue entre el extranjero domiciliado, persona jurídica extranjera con sucursal inscrita en los Registros Públicos, y el extranjero no domiciliado, que es la persona jurídica extranjera que no ha constituido sucursal en Perú y respecto de la cual se considera como domicilio el declarado en el formulario. Un mismo sujeto no puede inscribirse simultáneamente como domiciliado y no domiciliado, de modo que la decisión debe adoptarse antes de la inscripción. El trámite del no domiciliado se realiza por la Mesa de Partes Digital del OECE y no por el portal de autoservicio. Debe advertirse, en cambio, que para las personas naturales inscritas como ejecutoras de obras el Reglamento exige la inscripción previa en el Colegio de Ingenieros del Perú o en el Colegio de Arquitectos del Perú, de modo que allí la colegiatura peruana es requisito anterior al registro.

PERSONA

NATURAL

JURÍDICA

NACIONAL

Proveedor de bienes

S/ 29,00

S/ 46,00

S/ 29,00

S/ 46,00

Proveedor de servicios

S/ 29,00

S/ 46,00

S/ 29,00

S/ 46,00

Consultor de obras

S/ 166,00

S/ 285,00

S/ 208,00

S/ 605,00

Ejecutor de obras

S/ 296,00

S/ 400,00

S/ 420,00

S/ 560,00

REGISTRO

NATURAL EXTRANJERA DOMICILIADA

PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA DOMICILIADA

Cuadro 34. Tasas de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Fuente: Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes.

Las tasas aplicables a los proveedores extranjeros no domiciliados no están publicadas en las fichas oficiales de trámite, que solo consignan las categorías de nacional y de extranjero domiciliado, por lo que deben consultarse directamente en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Registro o en la Mesa de Partes Digital del OECE. Debe además tenerse presente que existen supuestos excepcionales de contratación con proveedores extranjeros no domiciliados sin exigencia de inscripción, al amparo de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32069. Como novedad de 2026, el OECE aprobó la directiva de la Ficha Única del Proveedor, repositorio centralizado que consolida la información histórica del proveedor y cuya información sustituye la responsabilidad de presentarla en cada procedimiento de selección; la Ficha no reemplaza al Registro, sino que coexiste con él. Dos cuestiones resultan decisivas sobre el personal profesional en una licitación peruana: la primera es favorable, conforme a la práctica documentada en las bases, la colegiatura y habilitación del profesional clave se requiere para el inicio de su participación efectiva en el contrato y no al presentar la oferta, en la que basta la hoja de vida, la copia del documento de identidad y una declaración jurada de que el personal propuesto se encuentra hábil para el ejercicio de su profesión. Ello permite a una firma colombiana ofertar con personal aún no colegiado en Perú y completar el reconocimiento ante la SUNEDU y la colegiatura entre la adjudicación de la buena pro y el inicio efectivo de cada profesional. La segunda es adversa: los requisitos de calificación estándar suelen exigir un tiempo mínimo de ejercicio profesional que se computa desde la colegiatura, redacción que, interpretada literalmente, descartaría toda la experiencia adquirida por el ingeniero colombiano antes de su colegiatura peruana. No se ha localizado opinión del OECE que admita expresamente el cómputo desde la matrícula ante el COPNIA para profesionales extranjeros. Se recomienda formular consulta al órgano técnico normativo del OECE antes de licitar y, en su defecto, plantear la observación a las bases en la etapa correspondiente. Debe además verificarse la redacción de la nota vigente en la base estándar aprobada por el OECE para el objeto contractual concreto, pues las bases del régimen anterior no son necesariamente equivalentes. Interesa también, por su incidencia en la calificación del residente, que el artículo 177.1 del Reglamento de la Ley N.° 32069 exige que el residente de obra sea un profesional colegiado y habilitado en ingeniería o arquitectura, según la especialidad de la obra, con no menos de dos años de experiencia como residente de obra, jefe de supervisión, coordinador o cargos similares en la especialidad.

100

Régimen migratorio del profesional colombiano El componente migratorio determina en la práctica el cronograma completo, porque la colegiatura temporal exige acreditar autorización o permiso de trabajo conforme a las leyes peruanas. El marco general es el Decreto Legislativo N.° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, y su Reglamento, el Decreto Supremo N.° 007-2017-IN. Para un nacional colombiano existe, sin embargo, una vía notablemente más eficiente que la ordinaria.

CALIDAD MIGRATORIA

PERMANENCIA

TASA

OBSERVACIONES Vía óptima. Otorga carné de extranjería que permite trabajar, estudiar y emprender. No exige contrato laboral aprobado por la

Residencia Temporal Andina (Decisión 878 de la CAN)

Dos años, extensiva a familiares

autoridad de trabajo ni ficha de canje internacional de Interpol. Requiere S/ 161,40

documento de viaje con vigencia mínima de seis meses, certificado de antecedentes de los cinco años anteriores y carta que detalle el motivo de la residencia. Trámite por la Agencia Digital de Migraciones o por consulados peruanos

Residencia Permanente Andina

Indefinida

S/ 161,40

Se solicita en el país dentro de los noventa días previos al vencimiento de la temporal, acreditando medios de vida lícitos Trámite personal, no admite apoderado. Exige ficha de canje internacional de Interpol, antecedentes de cinco años y

Trabajador residente

365 días prorrogables

S/ 161,40

contrato laboral con antigüedad máxima de treinta días aprobado por la autoridad de trabajo, con plazo igual o superior a un año. Plazo de treinta días hábiles

101

CALIDAD MIGRATORIA

PERMANENCIA

TASA

OBSERVACIONES Para personal altamente especializado enviado por una corporación internacional. Exige documento de designación de la corporación extranjera que deje constancia

Designado temporal

90 días, prorrogable por igual plazo una sola vez

de que esta solventa remuneraciones y S/ 22,20

viáticos y de que el beneficiario no tiene relación de dependencia con la empresa peruana ni puede percibir ingresos de fuente peruana. Figura idónea para un proyecto acotado, con plazo máximo efectivo de 180 días

Cuadro 35. Calidades migratorias relevantes para el profesional colombiano. Fuente: elaboración propia con base en el Decreto Legislativo N.° 1350 y su reglamento.

En el plano laboral, el Decreto Legislativo N.° 689 de 1991221, limita el personal extranjero al 20% del total de trabajadores y al 30% de la planilla de remuneraciones, y exige que el contrato conste por escrito, tenga plazo no superior a tres años y sea aprobado por la autoridad administrativa de trabajo222. El literal f) de su artículo 3, sin embargo, exceptúa de esas limitaciones al personal extranjero que, por convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el Gobierno del Perú, preste sus servicios en el país. Los nacionales de Bolivia, Colombia y Ecuador quedan comprendidos en ese supuesto en virtud de la Decisión 545 y de la Decisión 878, con cuatro consecuencias prácticas: no computan para los límites del 20% y del 30%; no requieren aprobación del contrato ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por la vía del Decreto Legislativo N.° 689; en su lugar corresponde el registro del trabajador migrante andino, que en Perú se materializa en el Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino, gestionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del sistema virtual correspondiente, a cargo del empleador y de carácter gratuito; y les resulta aplicable íntegramente el régimen laboral común peruano.

Ruta crítica y cronograma A modo de ejemplo, la siguiente secuencia resume el itinerario completo de un ingeniero colombiano que deba suscribir documentación técnica en Perú, con los plazos y costos publicados a la fecha de esta edición.

221

. Decreto Legislativo N.° 689, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros. . Artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 689: “Las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros. Sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios”. 222

102

N.°

ACTUACIÓN Apostillar el diploma en Colombia y, de requerirse, el certificado de estudios Reconocimiento del título por la vía del Convenio bilateral de

1994, acreditando que la universidad está autorizada en Colombia

Residencia Temporal Andina

ENTIDAD Cancillería de

COSTO PUBLICADO

Según tarifa vigente

Colombia

PLAZO Se recomienda efectuarlo antes de viajar

SUNEDU (trámite por correo

Tasa de S/ 1188,50 inexigible por la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI;

electrónico, máximo 10 MB) Superintendencia Nacional de

la ficha oficial no consigna costo

30 días hábiles, con silencio administrativo negativo

S/ 161,40

No publicado

Gratuito

Inmediato

Consejo Departamental y

S/ 1797,00 en Lima;

Aprobación del Consejo Nacional y

Consejo Nacional

renovación S/ 606,00

juramentación

Migraciones (Agencia Digital)

Registro del trabajador 4

migrante andino, a cargo del empleador

Registro de ejercicio temporal, 5

con aprobación de las dos evaluaciones

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

del CIP

posterior

Registro oficial de firma y sello

Consejo

y obtención del Certificado de

Departamental del

Habilidad

CIP

Cuota social mensual, indispensable para mantener

Consejo Departamental del

la condición de habilitado

CIP

103

S/ 20,00 por certificado en Lima

Inmediato

S/ 26,00 mensuales en Lima Mensual

N.°

ACTUACIÓN

ENTIDAD

S/ 560,00 como ejecutor de obras y S/ 605,00 como

Inscripción en el Registro 8

Nacional de Proveedores, si se

COSTO PUBLICADO

OECE

consultor de obras, para

contratará con el Estado

persona jurídica extranjera domiciliada

PLAZO 30 días hábiles; bienes y servicios, aprobación automática

Cuadro 36. Ruta crítica del ingeniero colombiano que deba suscribir documentación técnica en Perú. Fuente: elaboración propia.

Los tres cuellos de botella existentes para este procedimiento son, primero, la exigencia de revalidación universitaria que el artículo 17 del Reglamento de Colegiación del Colegio de Ingenieros del Perú exige para la colegiatura ordinaria, evitable acudiendo al registro de ejercicio temporal, que admite expresamente la constancia de la SUNEDU. Segundo, el cómputo de la experiencia profesional desde la colegiatura en los requisitos de calificación de las licitaciones públicas, que puede descartar años de trayectoria colombiana y que debe atacarse por vía de consulta u observación a las bases. Tercero, la exigencia de legalización consular que el Colegio de Ingenieros mantiene en lugar de la apostilla, que obliga a prever el paso adicional por el consulado peruano en Colombia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. Se advierte que previo a adelantarse cada trámite en concreto, deben confirmarse directamente ante la entidad competente antes de comprometer plazos o costos con un cliente: la eventual aprobación por la SUNEDU de una nueva tasa de tramitación recalculada conforme a la metodología del Decreto Supremo N.° 064-2010-PCM; la resolución directoral que apruebe la lista de universidades aplicable al año en curso; la certificación de vigencia del Convenio bilateral de 1994 en el registro de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que no es de consulta pública; el plazo de vigencia del Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú, que ningún consejo departamental publica de manera uniforme; las tarifas de la modalidad temporal del Colegio de Arquitectos del Perú y de la mayoría de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros; las tasas del Registro Nacional de Proveedores para extranjeros no domiciliados; la vigencia de las tasas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tras la migración a plataforma virtual; y la vía aplicable a títulos extranjeros en el Colegio de Abogados de Lima y ante la Corte Superior de Justicia.

104

CAPÍTULO 4. FINANCIAMIENTO Y SISTEMA BANCARIO Estructura del sistema financiero peruano Marco normativo y supervisión El sistema financiero peruano se rige principalmente por la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, “LSF”), por medio de la cual se establece el marco regulatorio y de supervisión al cual se someten las empresas que operan en el sistema financiero, de seguros y sus asociados en Perú223. En esta norma, se establece como principio rector en cuanto al manejo de la inversión extranjera que esta tiene igual tratamiento que el capital nacional, en todo caso con sujeción a los convenios internacionales sobre la materia224. Asimismo, establece una regla de no discriminación de inversiones, señalando que las disposiciones de carácter general que dicten las autoridades públicas en la materia no pueden incorporar tratamientos de excepción que discriminen entre empresas establecidas en Perú frente a empresas constituidas en el exterior225.

105

La supervisión integral del sistema financiero en Perú corresponde a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), regulada especialmente en los artículos 345 y subsiguientes de la LSF. La SBS es quien debe procurar por la protección de los ahorristas e inversores dentro del sistema financiero, velando por el cumplimiento de la normatividad que regula dicha materia. Esta entidad es la encargada de expedir las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones financieras conforme sus competencias, autorizar la prestación de servicios financieros en el país y procurar por la protección del usuario del sistema financiero, a través de la auditoría, vigilancia, intervención y rehabilitación o liquidación de las prestadoras de servicios financieros que incumplan sus obligaciones legales, entre otras facultades. La SBS también se encarga de clasificar a las empresas del sistema financiero de acuerdo con criterios técnicos, considerando sus sistemas de medición y administración de riesgos, la calidad de su cartera crediticia y negociable, su solidez patrimonial, rentabilidad, liquidez y eficiencia. Además, la SBS alberga la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, la cual está encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo226. Esta entidad se abordará en extensión en el siguiente capítulo. Por otro lado, la política monetaria, la emisión y la administración de las reservas internacionales corresponden al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El BCRP es una entidad autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria en el país, a través de la fijación de la tasa de interés de referencia y de las tasas de interés máximas aplicables a determinadas operaciones del sistema financiero227.

223

. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (s. f.) “Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”. Tomado de: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas- quelas-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 224 . Artículo 5 de la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 225 . Artículo 6 de la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 226 . Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (s. f.) “Unidad de Inteligencia Financiera del Perú”. Tomado de: https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera- del-peru. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026].

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La LSF establece como otro de sus principios rectores el secreto bancario, de tal forma que las entidades financieras tienen prohibido suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de estos o se trate de los supuestos establecidos en los artículos 142, 143 y 143A de la citada ley. Entre estos supuestos, los de mayor relevancia para efectos de conocimiento de un potencial inversor extranjero son el levantamiento del secreto en virtud de la auditoría ejercida por la SBS; por solicitud judicial; por solicitud de la administración tributaria sometida a aprobación judicial; por el Fiscal de la Nación en casos de presunción de enriquecimiento ilícito de recursos del Estado; por el Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con quien Perú tenga convenio para perseguir y sancionar el lavado de activos, terrorismo u otras actividades delictivas; y por el Superintendente en ejercicio de sus funciones de supervisión. Otras causales enlistadas, pero de menor relevancia para efectos de adelantar actividades de inversión en Perú, incluyen usos estadísticos o de formulación de políticas públicas por parte del Banco Central. Otra institución de especial relevancia en la estructura del sistema financiero peruano es el Fondo de Seguro de Depósitos, el cual es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial, y cuya función es la protección de quienes realicen depósitos en el sistema financiero228. El Fondo está compuesto por los recursos señalados en el artículo 147 de la LSF, entre los cuales destacan los aportes realizados por el BCRP y las primas que abonan los prestadores de servicios financieros. El Fondo está habilitado para realizar las operaciones establecidas en el artículo 151 de la citada Ley, destinadas a la estabilización del sistema financiero, principalmente a través del pago de un seguro a los depositantes de las entidades financieras intervenidas por la SBS equivalente al monto de su depósito más los intereses generados hasta el Monto Máximo de Cobertura, que se actualiza de forma trimestral. Es de anotar que el FSD solamente cubre depósitos nominativos, es decir, aquellos donde aparecen el titular o titulares del depósito. Además, mientras que para las personas naturales o personas jurídicas sin ánimo de lucro cubre una variedad de depósitos, como a la vista, de ahorro, a plazo, entre otros, para las personas jurídicas de cualquier otra naturaleza, solamente están cubiertos sus depósitos a la vista. Finalmente, el Fondo no cubre los depósitos que pactan las instituciones financieras entre ellas229.

Taxonomía de las entidades del sistema El artículo 16 de La LSF clasifica a las empresas del sistema financiero en cuatro grandes grupos. Esta clasificación es de especial relevancia para potenciales inversionistas en Perú pues, a partir de esta, se determina que tipo de operaciones pueden realizar los distintos prestadores de servicios financieros en este país y, por tanto, a quién debe dirigirse un inversionista según el servicio que necesite.

227 . Banco Central de Reserva del Perú (2026) “Actualización de las tasas de interés máximas para el periodo mayo 2026 – octubre 2026”. Tomado de: https://www.bcrp.gob.pe. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 228 . Fondo de Seguro de Depósitos (s. f.) “¿Quiénes somos?”. Tomado de: https://fsd.org.pe/quienes-somos/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 229

. Fondo de Seguro de Depósitos (s. f.) Óp. cit.

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El primer grupo es el de las empresas de operaciones múltiples, que son las autorizadas a captar depósitos del público y colocar créditos con la mayor amplitud de operaciones. Lo integran los bancos, las empresas financieras, las cajas municipales de ahorro y crédito, las cajas municipales de crédito popular, las cajas rurales de ahorro y crédito, las empresas de crédito y las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público, todas estas reguladas en los artículos 282 y subsiguientes de la LSF. El conjunto de los bancos recibe en Perú la denominación de banca múltiple, expresión que designa simplemente al segmento bancario propiamente dicho y no a una categoría especial. El segundo grupo es el de las empresas especializadas, las cuales no captan depósitos del público y se dedican a una actividad específica: capitalización inmobiliaria, arrendamiento financiero, conocido internacionalmente como leasing, factoring o descuento de facturas, afianzamiento y garantías, fiduciarias y administradoras hipotecarias. Para el ámbito del financiamiento de proyectos de infraestructura, las dos últimas categorías son de especial interés y relevancia: las empresas de afianzamiento y garantías emiten afianzamientos para garantizar personas naturales o jurídicas, mientras que las fiduciarias administran los patrimonios fiduciarios autónomos que sirven de garantía en las estructuras de financiamiento de proyectos, en especial bajo esquemas de Project finance. Estas entidades están reguladas asimismo en los artículos 282 y subsiguientes de la LSF. Un tercer grupo de entidades son los bancos de inversión, regulados en los artículos 293 y subsiguientes de la LSF, los cuales no tienen cartera de créditos ni captan depósitos del público, y cuyo objeto es promover la inversión nacional e internacional como inversionistas directos o intermediarios, operando exclusivamente con portafolio negociable, por lo que no pueden recibir depósitos del público, efectuar colocaciones ni otorgar créditos contingentes. Finalmente, estas las empresas de seguros y reaseguros, reguladas en los artículos 296 y subsiguientes de la misma ley, fundamentales para la garantía de los múltiples riesgos que pueden afectar las distintas etapas de un proyecto de inversión. Todas las empresas del sistema financiero deben constituirse como sociedades anónimas y, como se señaló anteriormente, obtener de la SBS autorización para operar: una autorización de organización y una autorización de funcionamiento, previo a iniciar operaciones en el país, de conformidad con el artículo 12 de la LSF.

Concentración del mercado y estructura competitiva El rasgo estructural más relevante del sistema bancario peruano, y el que un inversionista debe incorporar a su estrategia de relacionamiento financiero, es su elevada concentración. Al cierre de diciembre de 2025, el Banco de Crédito del Perú (BCP) registraba una participación de 33,43% en créditos directos, seguido por BBVA Perú con 22,10%, Interbank con 13,63% y Scotiabank Perú con 13,16%. En conjunto, estas cuatro entidades concentraban aproximadamente 82,31% del total de créditos del sistema230. A ello se añade que la banca

230 . Moody’s Local Perú (2026) “Informe de clasificación de riesgo sobre Banco de Crédito del Perú, periodo 2026-01”. Tomado de: https://moodyslocal.com.pe/wp-content/uploads/2026/01/MLPE_Informe-PUBLICOBCP-27012026-VF.pdf. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026].

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múltiple representa por sí sola algo más del 80% de los activos totales del sistema financiero peruano, así como de sus créditos y depósitos231. La concentración del sistema bancario peruano acarrea dos consecuencias notables. Por un lado, un proyecto de gran escala tiene un número reducido de interlocutores bancarios locales con capacidad de balance suficiente, lo que aconseja iniciar el relacionamiento con anticipación y considerar desde el inicio la posibilidad de un crédito sindicado, es decir, otorgado conjuntamente por varias entidades que reparten entre sí el riesgo. Por otro, el sistema muestra dinamismo en los segmentos de menor tamaño: durante 2025 la SBS aprobó el inicio de operaciones de Compartamos Banco y de Santander Consumer Bank, orientados respectivamente al segmento de micro y pequeña empresa y al de consumo232. Debe registrarse asimismo un endurecimiento reciente de la supervisión de grupos económicos. Mediante la Resolución SBS N.° 975-2025, la Superintendencia actualizó las reglas aplicables a los conglomerados financieros, entendidos como grupos de empresas en los que predominan las actividades financieras, y a los conglomerados mixtos, que combinan actividades financieras y no financieras bajo un mismo control, estableciendo nuevos límites a los préstamos entre empresas del mismo grupo con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo de concentración de contraparte. La reforma se apoyó en el Decreto Legislativo N.° 1646, que alineó la regulación peruana con prácticas internacionales en esta materia.

El sistema privado de pensiones como inversionista institucional Un componente del sistema financiero peruano que suele pasarse por alto pero que resulta decisivo en el financiamiento de proyectos, en especial en el sector de infraestructura, es el sistema de pensiones. Los trabajadores peruanos cotizan al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, o al Sistema Privado de Pensiones, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), supervisadas por la SBS. Las AFP son, en la práctica, los mayores inversionistas institucionales locales y compradores naturales de bonos de proyecto de largo plazo denominados en moneda local, de modo que la estructuración de una emisión que resulte elegible para sus portafolios amplía sustancialmente la base de financiamiento disponible, aspecto de crucial relevancia en el marco de la financiación de proyectos de mayor escala. El sistema pensionario fue objeto de una reforma mediante la Ley N.° 32123, reglamentada por el Decreto Supremo N.° 189-2025-EF, vigente desde septiembre de 2025, y que buscó la integración de los sistemas público y privado de pensiones en Perú233.

231 . Pacific Credit Rating (2025) “Perú: sector bancos”, informe sectorial. Tomado de: https://ww3.ratingspcr.com/bancos-sectorbancos/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 232 . Pacific Credit Rating (2025) Óp. cit. 233 . Andean Reach (2025) “Modernización del sistema pensionario”. Tomado de: https://www.andeanreachc.com/modernizacion-del-sistema-pensionario/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026].

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Mercado de capitales y la integración bursátil regional El mercado de valores peruano se organiza en torno a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y es supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que es un organismo técnico especializado cuya finalidad es velar por la protección de los inversionistas y la transparencia y eficiencia de los mercados234. La mayor novedad en materia de mercado de valores en Perú, cuyo conocimiento es clave para cualquier inversor en el país, es la integración bursátil a nivel regional. La Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Comercio de Santiago se integraron a fines de 2023 en un holding regional denominado Nuam Exchange, cuya finalidad es crear una plataforma única que contribuya al desarrollo del mercado regional de capitales, generando economías de escala que beneficien a inversionistas, emisores e intermediarios. La infraestructura de mercado de Nuam Exchange abarca los tres países, y comprende las tres bolsas, dos cámaras de contrapartida central y dos depósitos e valores, y reúne a alrededor de 61 corredoras y 849 empresas listadas en acciones y renta fija235. Las cifras del primer trimestre de 2026 de la integración bursátil regional entre Colombia, Perú y Chile dan cuenta de la magnitud del mercado resultante. La capitalización bursátil conjunta de los tres mercados alcanzó USD 532000 millones, un aumento de 43% frente al mismo periodo del año anterior; los volúmenes negociados en renta variable crecieron 75%, la renta fija 29% y los derivados 21%; y los activos bajo custodia llegaron a USD 387000 millones tras crecer 39% 236. En conjunto, el mercado integrado reúne más de veinte fondos de pensiones, más de sesenta intermediarios y de alrededor de cuatrocientos cincuenta emisores237. Durante 2026 las tres plazas migraron a una plataforma común de negociación de renta variable: primero Colombia, luego Perú y finalmente Chile, que inició operaciones el 20 de julio de 2026, completando así el despliegue regional de una infraestructura tecnológica única, apoyada en alianzas con Nasdaq para la negociación de acciones y derivados, con la plataforma HT para renta fija y con Vermiculus para compensación y liquidación238. Esto permite a un inversionista reducir de manera significativa la fricción tecnológica de acceder al mercado peruano.

234

. Plataforma del Estado Peruano (2026) “Superintendencia del Mercado de Valores”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/smv/institucional. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 235

. Gestión (2024) “Nuam Exchange: los hitos de la integración de las bolsas de Santiago, para Colombia y Lima”. Tomado de: https://gestion.pe/peru/nuam-exchange-los-hitos-de-la- integracion-de-las-bolsas-de-santiagocolombia-y-lima-noticia/.[Fecha. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 236

. Valora Analitik (2026) “Nuam reportó resultados récord en el primer trimestre; la utilidad aumentó y la negociación de acciones creció 75%”. Tomado de: https://www.valoraanalitik.com/nuam-resultados- recordprimer-trimestre/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 237 . Valora Analitik (2026) “Mercado integrado Nuam para negociar acciones de Colombia, Chile y Perú ya tiene fecha de inicio de operaciones”. Tomado de: https://www.valoraanalitik.com/nuam-fecha-de-inicio-operaciones/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026].

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Financiamiento de proyectos de infraestructura La lógica del project finance y sus actores El financiamiento de proyectos de infraestructura en Perú se estructura mayoritariamente bajo la modalidad de project finance o financiamiento de proyecto. Bajo esta modalidad, el elemento central para evaluar la viabilidad del proyecto es su capacidad de retorno, más que las sociedades que están detrás de él, en tanto el crédito necesario para la ejecución del proyecto se otorga a una sociedad de propósito específico creada exclusivamente para desarrollarlo, y este se respalda y paga generalmente con el flujo de caja propio del proyecto, sin que los accionistas comprometan su patrimonio propio más allá de los aportes y garantías expresamente pactados. Esta característica es precisamente la que permite ejecutar obras de gran envergadura sin poner en riesgo el balance de las corporaciones participantes. Esta modalidad se diferencia de los esquemas de corporate finance o financiamiento corporativo, bajo los cuales la empresa ejecutora del proyecto respalda el crédito destinado a su ejecución con su propio patrimonio239. La estructura transaccional del modelo de project finance gira en torno a la ya mencionada sociedad de propósito específico, denominado frecuentemente por la sigla inglesa SPV (special purpose vehicle). Esta sociedad es creada con el único propósito de concentrar las operaciones relativas al proyecto y su ejecución, y es la llamada a suscribir los contratos relativos a la ejecución del proyecto, incluyendo el contrato de concesión para el caso de proyectos públicos. Como señalamos, en torno a la sociedad de propósito específico se relacionan distintos actores clave relacionados con la estructura de project finance. Por un lado, se encuentran los denominados sponsors, que son los accionistas del SPV, y quienes, según la estructura financiera del proyecto, puede requerírseles realizar aportes patrimoniales directos al mismo, a través de giros denominados Equity. Luego, encontramos también a los prestamistas o acreedores permitidos, que son las entidades financieras que el respectivo contrato autoriza para financiar la ejecución de proyecto a través de contratos de financiamiento, por medio de los cuales se obligan a la transferencia de recursos de deuda al concesionario y para ejercer determinados derechos sobre la concesión en caso de incumplimiento, típicamente a través de figuras como la toma de posesión del proyecto.

238 . Diario Financiero (2026) “Nuevo sistema de negociación de acciones de Nuam parte el 20 de julio”. Tomado de: https://www.df.cl/mercados/nuevo-sistema-de-negociacion-de- acciones-de-nuam-parteel-20-de-julio. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]; El Comercio (2026) “Mercado chileno inicia operaciones sobre la nueva plataforma de negociación de renta variable de Nuam”. Tomado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/mercado-chileno-inicia-operaciones-sobre-la-nueva- plataforma-denegociacion-de-renta-variable-de-nuam-l-ultimas-noticia/. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2026]. 239 . Revista Derecho & Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2015) “Conceptos básicos del project finance en APP”, N.° 45.

111

Adicionalmente, es típico que el concesionario deba vincular a un contratista externo para la ejecución material de las obras, con la finalidad principal de transferir y administrar los riesgos propios del proceso constructivo a una tercera sociedad. Este procedimiento se hace a través de un contrato bajo la estructura EPC (engineering, procurement and construction, esto es, ingeniería, procura y construcción), el cual se caracteriza principalmente por la transferencia de los riesgos constructivos al contratista EPC, al cual se le encarga la ejecución integral de la obra, habitualmente a precio y plazo cerrados240. Finalmente, los recursos del proyecto deben concentrarse a través de un mecanismo fiduciario. Así, las sociedades fiduciarias se vinculan al proyecto con el propósito de otorgar mayor seguridad a los inversionistas de este, asegurando que el flujo de ingresos del proyecto se dirija primero al pago de los acreedores permitidos o prestamistas, y luego a las demás obligaciones del SPV. Para los proyectos públicos, es de destacar que Perú incorporó un mecanismo de Public Private Partnerships en consonancia con la tendencia global de vinculación del sector privado a la ejecución de proyectos y la prestación de servicios públicos. Actualmente, la Ley vigente sobre la materia es la Ley 32441, por medio de la cual se regula el sistema de Asociaciones Público- Privadas (APP) y Proyectos en Activos, para articular la participación de la inversión privada, nacional y extranjera, en el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura pública, así como en la prestación de servicios públicos, servicios vinculados a estos y proyectos de innovación tecnológica241. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 32441, las Asociaciones Público-Privadas son una modalidad contractual de largo plazo mediante la cual el Estado y uno o más inversionistas privados acuerdan la distribución de riesgos y de recursos, preferentemente privados, con el propósito de garantizar niveles óptimos de servicio en el desarrollo de infraestructura pública y en la prestación de servicios públicos y servicios vinculados a estos242. Las APP en Perú pueden tener por objeto el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura y servicios públicos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. Las APP en Perú pueden originarse por iniciativa estatal, regulada en el artículo 46 y subsiguientes de la Ley 32441, o por iniciativa privada, reguladas en el artículo 48 de la misma norma. Asimismo, independientemente del origen de la iniciativa, el artículo 25 clasifica las APP en dos categorías, atendiendo a su fuente de financiamiento: las autofinanciadas, que generan ingresos propios suficientes para cubrir la inversión; y las cofinanciadas, las cuales requieren aportes de recursos públicos. Se denomina APP cofinanciadas a “aquellas que requieren fondos públicos, u otorgamiento o contratación de garantías financieras, o garantías no financieras que tiene alta probabilidad de demandar cofinanciamiento”243. En estas, el Estado compromete recursos del tesoro público, de manera directa, mediante pagos periódicos al inversionista, o indirecta, mediante garantías que probablemente se ejecuten, porque el flujo de caja generado

240

. Revista Derecho & Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2015) Óp.

cit 241 . Artículo 1 de la Ley N.° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada . mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 242

. Artículo 23 de la Ley N.° 32441. . Artículo 25 de la Ley N.° 32441.

243

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por el propio proyecto resulta insuficiente para retribuir la inversión, como ocurre típicamente en infraestructura social (hospitales, establecimientos penitenciarios, etc.) o en vías con demanda de tráfico limitada. Son autofinanciadas, en cambio, “aquellas con capacidad propia de generación de ingresos, que no requieren cofinanciamiento” y que, además, cumplen dos condiciones: una demanda mínima o nula de garantías financieras por parte del Estado y una probabilidad nula o mínima de que sus garantías no financieras terminen demandando cofinanciamiento. El Reglamento de la Ley 32441, aprobado por Decreto Supremo 316-2025-EF, precisa el umbral cuantitativo que opera como línea divisoria entre ambas categorías: se consideran garantías financieras mínimas, y, por tanto, compatibles con la calificación de autofinanciada, aquellas que no superan el 5% del costo total de inversión del proyecto (o del costo total del proyecto, cuando este carece de un componente de inversión propiamente dicho), mientras que las garantías no financieras deben mantener una probabilidad de demandar recursos públicos que no exceda el 10% anual durante los primeros cinco años de vigencia del contrato244. Para las APP cofinanciadas, existe además un monto mínimo de inversión: para los proyectos de competencia nacional y de origen estatal, el costo de inversión debe superar las diez mil Unidades Impositivas Tributarias, mientras que, para los proyectos regionales o locales, también para APP cofinanciadas de origen estatal, deben tener un monto de inversión que supere las siete mil unidades impositivas tributarias245. En todo caso, los proyectos APP en Perú pueden tener una duración máxima de 60 años, incluyendo sus prórrogas246. De manera paralela al régimen de APP, el artículo 52 y siguientes de la Ley N.° 32441 regula los denominados Proyectos en Activos, que consisten en una modalidad de participación privada promovida por entidades públicas con facultad de disposición sobre sus bienes, ejecutada mediante la transferencia total o parcial de la propiedad de bienes inmuebles del Estado, o a través de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras figuras jurídicas afines que permiten la explotación económica de dichos activos por el sector privado. La aplicación de esta modalidad de participación privada está a cargo del respectivo Organismo Promotor de la Inversión Privada, y pueden formularse tanto como iniciativas estatales o privadas247. Este mecanismo tiene dos tipologías: disposición de activos, que implican la transferencia total o parcial de bienes, o contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades. A diferencia de las APP, los contratos de PA no pueden comprometer recursos públicos ni trasladar riesgos al Estado, salvo que una norma lo autorice expresamente248. En el plano institucional, para la ejecución tanto de proyectos APP como de proyectos en activos, la ley distingue entre dos tipos de organismos: los organismos de promoción de la inversión privada y las entidades públicas titulares. Los organismos de promoción de la inversión privada tienen como función diseñar y conducir los procesos de promoción de la inversión privada. A nivel nacional, esta competencia está en cabeza de ProInversión, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que a nivel regional y local existen autoridades públicas encargadas de esta función.

244

. Artículo 39 del Decreto Supremo N.° 316-2025-EF. . Artículo 38 del Decreto Supremo N.° 316-2025-EF. 246 . Artículo 112 del Decreto Supremo N.° 316-2025-EF. 247 . Artículo 52 de la Ley N.° 32441. 248 . Numeral 52.3 del artículo 52 de la Ley N.° 32441. 245

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Por otro lado, las entidades públicas titulares de los proyectos son las encargadas de formular, estructurar y gestionar los proyectos específicos. A nivel nacional, esta facultad recae en ProInversión. El MEF emite opiniones previas vinculantes sobre aspectos específicos de los proyectos, como la capacidad de financiamiento o presupuestal, los compromisos firmes y contingentes, las garantías, el equilibrio económico financiero y los criterios de elegibilidad 249, mientras que ProInversión se encarga de formular los proyectos bajo la modalidad de APP, elaborar estudios técnicos y suscribir los contratos correspondientes250. A nivel regional estas competencias recaen en los gobiernos regionales y locales. Las entidades ejecutoras que suscriben los contratos APP se encargan, en todo caso, de gestionar y administrar los contratos suscritos bajo las modalidades reguladas por la ley; interpretar sus cláusulas; acordar sus modificaciones; efectuar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos; sustentar la capacidad de financiamiento o presupuestal; y declarar la suspensión o caducidad del contrato, según corresponda251. El ciclo de vida del proyecto APP y de los proyectos en activos, según el artículo 34.1 de la Ley 32441 se desarrolla en cinco fases secuenciales: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. En la fase de planeamiento y programación, se realiza la planificación de los proyectos y de los compromisos que asumirá el Estado. En la fase de formulación, se adelanta el diseño y/o evaluación del proyecto, en caso de que provenga de una iniciativa privada. En la fase de transacción, se pone en conocimiento del público el proyecto y se adjudica mediante un proceso competitivo, y se suscribe el contrato. Finalmente, en la fase de ejecución contractual se materializa el proyecto. Es en esta última etapa donde cobra relevancia la estructura de financiamiento desarrollada en el apartado anterior.

Los mecanismos de pago del Estado y su titulización En los proyectos cofinanciados, el Estado peruano realiza los pagos a su cargo mediante instrumentos definidos a nivel técnico, cuya comprensión es indispensable para modelar el flujo de caja de un proyecto. Estos instrumentos generalmente pueden ser de dos tipos: retribución por inversión, donde el avance de obra certificado genera un derecho económico cierto a favor del concesionario, permitiendo estructurar financiamientos con alta predictibilidad, o pago por disponibilidad, donde se condiciona la obligación del Estado a que la infraestructura se encuentre efectivamente disponible y en el nivel de servicio pactado, trasladando el riesgo de retraso al concesionario y sus acreedores. Generalmente, los proyectos bajo esquema APP cofinanciados en Perú se han atenido a este primer esquema252.

249

. Artículo 6 de la Ley N.° 32441. . Numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N.° 32441. 251 . Numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N.° 32441. 252 . Gestión (2025) “Comparación empírica de los costos financieros de los modelos de pago en APP: PPO, RPI y PPD”. Tomado de: https://gestion.pe/blog/inversioneinfraestructura/2025/12/comparacion-empirica- de-loscostos-financieros-de-los-modelos-de-pago-en-app-ppo-rpi-y-ppd.html/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 250

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Una vez emitidos, los derechos de cobro que representan pueden ser objeto de titulización, operación regulada en los artículos 290 y subsiguientes del Decreto Supremo 020-2023, que regula el Mercado de Valores. A través de este mecanismo, los flujos futuros del proyecto se transfieren a un patrimonio autónomo que emite valores negociables respaldados en ellos, permitiendo al concesionario obtener financiamiento en el mercado de capitales en lugar de, o en adición a, la banca comercial253. Un dato de interés para quien deba comparar alternativas de estructuración es que los pagos estatales bajo esquemas de retribución por inversión o de pago por disponibilidad no constituyen ingresos netos para el concesionario sino ingresos gravados, sujetos al impuesto a la renta empresarial, de modo que una fracción de los flujos transferidos retorna al Estado por vía de recaudación tributaria y reduce el costo económico efectivo del financiamiento desde una perspectiva consolidada del sector público254.

El fideicomiso como pieza central de la garantía El instrumento de garantía más utilizado para la administración de recursos financieros en el marco de proyectos de infraestructura en Perú es el fideicomiso, regulado en los artículos 241 y subsiguientes de la Ley N.° 26702, enunciada anteriormente. Bajo esta figura, una sociedad, denominada fideicomitente, transfiere determinados bienes o derechos a una empresa fiduciaria, la cual los administra bajo la figura del dominio fiduciario para el cumplimiento de una finalidad específica en favor del propio fideicomitente o de un tercero llamado fideicomisario o beneficiario. El dominio fiduciario, regulado en los artículos 252 y subsiguientes de la misma ley, consiste en que la sociedad fiduciaria cuenta con plenas facultades para la administración, uso disposición y reivindicación sobre los bienes del patrimonio fideicomitido, siempre con arreglo a la finalidad del fideicomiso, pudiendo solamente disponer de los bienes fideicomitidos con arreglo a lo estipulado en el acto constitutivo del fideicomiso. Para la administración de estos bienes, la empresa fiduciaria debe constituir un patrimonio autónomo, denominado patrimonio fideicomitido, el cual está separado del patrimonio general de la empresa fiduciaria, del fideicomitente y del fideicomisario, de tal forma que los eventuales acreedores de estos no puedan perseguir los activos del patrimonio fideicomitido, como lo establece el artículo 254 de la misma norma. Así, estos bienes quedan afectos exclusivamente al cumplimiento de la finalidad para la que el fideicomiso fue constituido, proporcionando, mediante esta separación patrimonial una protección especial a los bienes objeto de la fiducia. En Perú, de conformidad con el artículo 242 de la misma norma, están habilitadas para actuar como fiduciarias la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), las empresas de operaciones múltiples, las empresas de servicios fiduciarios, las empresas de seguros y reaseguros, y las empresas supervisadas por la SBS cuyo objeto sea garantizar, apoyar, promover y asesorar micro y pequeñas empresas. En Perú, de conformidad con el artículo 251 de la Ley 26702, el plazo máximo de un fideicomiso puede ir hasta treinta años, salvo algunas excepciones establecidas en la ley. De requerirse un fideicomiso por un plazo mayor, es necesario solicitar autorización a la SBS.

253

Artículo 290 y subsiguientes del Decreto Supremo 020-2023-EF. Estudio Muñiz (2024) “Titulizaciones y financiamiento de proyectos”. Tomado de: https://estudiomuniz.pe/titulizaciones-y-financiamiento-de-proyectos/ [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 254 Gestión (2025) Óp. cit.

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En la práctica del sector financiero peruano generalmente se distinguen tres modalidades de fideicomiso según la naturaleza de lo aportado: el fideicomiso de activos, de flujos y mixto. El fideicomiso de activos se constituye sobre bienes tales como terrenos, edificaciones, plantas industriales o acciones, y es el habitual en financiamientos de largo plazo del sector industrial y agrario. El fideicomiso de flujos se constituye sobre derechos de cobro y flujos dinerarios, con la posibilidad de retener las cuotas correspondientes al servicio de la deuda y liberar el remanente al fideicomitente. El fideicomiso mixto combina activos y flujos, y es precisamente el que se emplea de manera usual en los proyectos de infraestructura bajo el esquema de project finance, precisamente en tanto estos proyectos, dado su alcance, requieren el mayor grado de garantías posible255. Junto al fideicomiso, el ordenamiento peruano ofrece las garantías reales clásicas, entre ellas la hipoteca sobre inmuebles y la garantía mobiliaria sobre bienes muebles y derechos, así como la cesión de derechos de cobro. En todo caso, debe tenerse en cuenta que estas figuras proceden solamente frente a bienes que no estén categorizados como bienes de uso público, dada la expresa prohibición del gravar este tipo de bienes en el ordenamiento jurídico peruano256.

La banca de desarrollo: COFIDE y los fondos de infraestructura Perú cuenta con un banco de desarrollo estatal, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), constituida como sociedad anónima y regida por el Decreto Legislativo N.° 206, Ley del Sistema de Fomento y Apoyo Financiero al Desarrollo Empresarial, así como por las disposiciones de la Ley N.° 26702 que resulten aplicables a su naturaleza. Su objeto es promover el desarrollo sostenible mediante el fomento de los mercados financieros y de capitales; y el financiamiento, la inversión y la movilización de capital en favor de proyectos de infraestructura e inversión productiva de relevancia nacional257. COFIDE opera principalmente como banco de segundo piso, expresión que designa a la entidad que no atiende directamente al público, sino que canaliza recursos y garantías a través de bancos comerciales, cajas y financieras, de modo que el solicitante tramita el crédito ante su entidad financiera habitual y COFIDE respalda la operación258.

255

. La Fiduciaria (s. f.) “Servicios: estructuras de fideicomiso”. Tomado de: https://lafiduciaria.com.pe/servicios. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 256 Artículo 73 de la Constitución Política de Perú. Artículo 241 y subsiguientes de la Ley N.° 26702. Agnitio (s. f.) “Project finance, fideicomiso y concesiones”. Tomado de: https://agnitio.pe/2017/08/20/project- financefideicomiso-y-concesiones/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 257 . Ministerio de Economía y Finanzas (2026) “Informe de transferencia de gestión de COFIDE”. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/anexos/10_IRC_CESE_COFIDE_2026_06042 026.pdf. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 258 Título III del Decreto Legislativo No. 206. Trámites Perú (2026) “COFIDE 2026: Banco de Desarrollo del Perú”. Tomado de: https://tramitesperu.com/cofide/ [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2026].

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COFIDE atravesó una transformación institucional mediante el Decreto Legislativo N.° 1692, que amplió sus capacidades, reconoció y potenció su rol como banco de desarrollo y abrió su capital social a la participación minoritaria de inversionistas institucionales, es decir, organismos financieros multilaterales y otras entidades financieras con derecho a voto. El efecto sobre la actividad de infraestructura ha sido relevante: la corporación reactivó su línea de negocio de infraestructura, su cartera bruta creció 13,33% en 2025 frente al año anterior, y los créditos de infraestructura e inversión productiva llegaron a representar el 6,75% de esa cartera259. En cifras absolutas, COFIDE aprobó en 2025 créditos de infraestructura e inversión productiva por más de S/ 1000 millones y proyectaba superar los S/ 1200 millones en 2026260. Recientemente, el directorio de COFIDE aprobó su participación como inversionista ancla en el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Perú CAF-AM I, vehículo de oferta privada gestionado por CAF Asset Management Perú, subsidiaria de la CAF. El fondo tiene un tamaño objetivo de S/ 550 millones y prevé cerrar sus compromisos de inversión durante el segundo semestre de 2026; COFIDE comprometerá hasta el 20% del capital total con un límite de S/ 110 millones. La figura del inversionista ancla designa a quien compromete capital en una etapa temprana para dar credibilidad al vehículo y facilitar la incorporación de inversionistas institucionales privados, contribuyendo así al levantamiento de capital privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura261. El panorama de financiamiento se completa con la banca multilateral. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de la gestora de activos mencionada, ha aprobado inversión patrimonial en COFIDE para fortalecer su solvencia, y financia directamente programas sectoriales como el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional - Proregión 2 de conectividad vial, el cual se centra en las regiones de requipa, Cusco, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Puno, Lima, Ucayali, Huánuco y Áncash262. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial mantienen igualmente presencia activa en el país263.

259 . Superintendencia del Mercado de Valores (2026) “Informe de clasificación de riesgo sobre Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE”. Tomado de: https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/MLPE%20Cofide.pdf. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 260 . Gestión (2026) “Cofide financiará a 85 startups hasta fin de año, ¿qué alista con Credicorp y Sura?”. Tomado de: https://gestion.pe/g-de-gestion/reportaje/cofide-financiara- a-85-startups-hasta-fin-de-ano-que-alistacon-credicorp-y-sura-noticia/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 261 . El Comercio (2026) “Cofide participará como inversionista ancla en fondo de deuda para infraestructura por S/ 550 millones”. Tomado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/cofide-participara-como- inversionista-ancla-enfondo-de-deuda-para-infraestructura-por-s550-millones-l-ultimas-noticia/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 262 . Provías Descentralizado (2025) “Gobierno asegura financiamiento de US$ 200 millones para mejorar la conectividad vial en 12 regiones del país”. Plataforma del Estado Peruano. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/pvd/noticias/1198722-gobierno-asegura-financiamiento-de-us-200- millones-paramejorar-la-conectividad-vial-en-12-regiones-del-pais. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026].

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Constitución de sucursales y filiales en Perú Un aspecto final que es importante conocer previo a planificar cualquier inversión o actividad económica en Perú es el régimen de acceso de empresas extranjeras a este país a través de la constitución de sucursales y filiales. Toda empresa extranjera que decide operar de manera directa y permanente en Perú, a diferencia de quien simplemente contrata desde el exterior o participa mediante un consorcio contractual sin constituir una entidad local, pueden optar, en términos generales, entre dos vehículos jurídicos: establecer una sucursal de la propia sociedad extranjera o constituir una filial, esto es, una sociedad de derecho peruano cuyo capital pertenece, total o mayoritariamente, a la matriz. Ambas figuras permiten a la empresa extranjera desarrollar actividades económicas en el país, pero difieren sustancialmente en su naturaleza jurídica, en el régimen de responsabilidad que conllevan y en su idoneidad según el tipo de proyecto o inversión de que se trate.

La sucursal Conforme al artículo 396 de la Ley General de Sociedades (Ley N.° 26887), la sucursal es un establecimiento secundario a través del cual una sociedad, en este caso, constituida en el extranjero, desarrolla, en un domicilio distinto al de su principal, alguna o algunas de las actividades comprendidas en su objeto social. El elemento característico que define a la sucursal, y que la distingue radicalmente de la filial, es que carece de personalidad jurídica propia: no es un sujeto de derecho distinto de su casa matriz, sino una extensión de esta264. En consecuencia, la sucursal no tiene patrimonio separado, y todas las obligaciones que asuma en Perú, contractuales, laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza, son, en rigor, obligaciones de la propia sociedad extranjera, que responde por ellas de manera ilimitada con todo su patrimonio, y no solo con el capital que le haya asignado a la sucursal 265. De conformidad con el artículo 396 de la citada Ley, las sucursales cuentan con un representante permanente, autónomo para la gestión de las actividades que le asigna la sociedad matriz, el cual tiene la capacidad, dentro de las facultades conferidas a este, de vincular directamente a la sociedad principal266. Para su establecimiento, de conformidad con el artículo 403 de la Ley General de Sociedades, la sociedad extranjera debe acreditar ante el registro peruano, mediante escritura pública, su 263 . Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (2024) “CAF, BID y Banco Mundial impulsan estrategias para mejorar la inversión pública en Perú”. Tomado de: https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/caf-bid-ybanco-mundial-impulsan-estrategias- para-mejorar-la-inversion-publica-en-peru/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 264 Artículo 396 y subsiguientes de la Ley N.° 26887. Agnitio (s. f.) “¿Subsidiaria o sucursal? Una mirada más allá de la responsabilidad limitada”. Tomado de: https://agnitio.pe/articulo/subsidiaria-o-sucursal-una- mirada-mas-allade-la-responsabilidad-limitada/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 265 Artículo 396 y subsiguientes de la Ley N.° 26887. Agnitio (s. f.) Óp. cit.; Salazar-Gallegos, M. (2023) “Responsabilidad y actos vinculantes del representante legal permanente de sucursal al amparo de la LGS peruana, 1.ª parte”. Tomado de: https://www.maxsalazarg.com/responsabilidad-y-actos-vinculantes-delrepresentante-legal-permanente-de-sucursal-al-amparo-de-la-lgs-peruana-1a-parte/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 266 . Artículos 12 y 396 a 400 de la Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades; Salazar-Gallegos, M. (2023) Óp. cit.

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vigencia en el país de origen y que sus estatutos no prohíben el establecimiento de sucursales en el exterior; copia del instrumento por el cual se constituyó y estatuto; y el acuerdo válidamente adoptado por su órgano social competente para establecer la sucursal en Perú, acuerdo que debe señalar el capital que se le asigna, declaración de que sus actividades se comprenden dentro del objeto social de la matriz, el domicilio de la sucursal, las actividades que desarrollará y la designación de uno o más representantes legales permanentes con las facultades que se les confiere267. A diferencia de lo que ocurre al constituir una sociedad, no es necesario acreditar ante el registro el capital efectivamente asignado a la sucursal, lo que simplifica el trámite para su constitución268. Una vez inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la sucursal debe tramitar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la SUNAT para operar tributariamente. En materia tributaria, la sucursal tributa el Impuesto a la Renta de tercera categoría exclusivamente sobre su renta de fuente peruana, a diferencia de una sociedad domiciliada, que tributa sobre renta de fuente mundial, a la tasa corporativa vigente para el régimen empresarial general269.

La filial La filial, a diferencia de la sucursal, no es una categoría que la Ley General de Sociedades regule de manera autónoma: es, sencillamente, una sociedad de derecho peruano, constituida bajo alguna de las formas societarias que contempla la ley, cuyas acciones o participaciones pertenecen, en su totalidad o en su mayoría, a la empresa extranjera. Al tratarse de una persona jurídica distinta de su matriz, con patrimonio propio y separado, la filial responde por sus propias obligaciones únicamente hasta el límite de su patrimonio social, y el inversionista extranjero, como accionista o socio, arriesga, en principio, solo el capital que efectivamente aportó270. El inversionista extranjero puede optar, según el tamaño y la naturaleza del proyecto, entre varias formas societarias: la Sociedad Anónima (S.A.), sin límite de accionistas y con acciones de libre transferencia, adecuada para proyectos de gran envergadura o que contemplen el ingreso de terceros inversionistas; la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), limitada a un máximo de veinte accionistas y con restricciones a la libre transferencia de acciones; y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), con capital dividido en participaciones y también limitada a veinte socios. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), por su parte, no resulta idónea como vehículo de una matriz extranjera, pues conforme a su régimen su titular debe ser una persona natural271. 267

. Artículos 150 y 151 del Reglamento del Registro de Sociedades de la Sunarp. . Artículo 152 del Reglamento del Registro de Sociedades de la Sunarp. 269 Artículos 6 y 7 de la LIR. Morales & Co. Contadores (2026) “Sucursales en Perú: aspectos tributarios clave sobre rentas y operaciones con la matriz”. Tomado de: https://moralesco.net/blog/sucursales-en-el- peru-aspectostributarios-clave-sobre-rentas-y-operaciones-con-la-matriz/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 270 Ley N.° 26887. Momentum (2026) “Filial o sucursal en Perú: guía legal y operativa para elegir la estructura de tu empresa”. Tomado de: https://revistamomentum.com/filial-sucursal-peru/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 271 Ley N.° 26887. Ley N.° 21621. Rodríguez Abogados & Asociados (2025) “Tipos societarios en Perú: E.I.R.L., S.R.L., S.A.C. y otros”. Tomado de: https://www.rodriguezabogados.pe/2025/tipos-s ocietarios-en-el-peru/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 268

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En el plano tributario, la filial tributa el Impuesto a la Renta de tercera categoría sobre su renta de fuente mundial, salvo aplicación de convenios para evitar la doble imposición, y la distribución de dividendos a sus accionistas extranjeros está sujeta a una retención adicional272.

Diferencias, virtudes y defectos La diferencia central entre ambas figuras, y la que debería orientar cualquier decisión de inversión, es el régimen de responsabilidad aplicable a cada tipología societaria: en la sucursal, la matriz responde ilimitadamente por las obligaciones asumidas en Perú, sin que exista separación patrimonial alguna que la proteja; en la filial, la responsabilidad del inversionista extranjero queda, en principio, acotada al capital aportado, aislando el riesgo de la operación peruana del patrimonio y de la solvencia del resto del grupo273. Esa misma lógica de aislamiento patrimonial se proyecta, además, sobre el riesgo concursal transfronterizo: la insolvencia de una filial peruana se tramita como un proceso concursal autónomo bajo la ley peruana, mientras que la insolvencia de la sucursal expone directamente a la matriz, con la incertidumbre adicional que supone la aplicación de normas de derecho internacional privado a un eventual concurso transfronterizo274. Frente a esas desventajas, la sucursal ofrece ventajas operativas concretas: su trámite de establecimiento es, en general, más rápido y sencillo que el de constitución de una sociedad, no exige la creación de órganos de gobierno corporativo propios ni la observancia de las formalidades societarias periódicas (juntas obligatorias anuales, llevanza de libros societarios, etc.), y permite al inversionista mantener la operación peruana bajo la identidad jurídica y contable de la matriz, lo que puede resultar conveniente para proyectos acotados en el tiempo. La filial, en cambio, implica mayores costos y cargas de cumplimiento, contabilidad separada, órganos de gobierno propios, formalidades societarias, pero a cambio ofrece protección patrimonial, mayor facilidad para incorporar socios o financistas locales, y, en determinados procesos de contratación pública o privada, una percepción más favorable frente a exigencias o preferencias por empresas constituidas en Perú, que conviene siempre verificar contra las bases específicas de cada proceso275 Así, para proyectos acotados en el tiempo y de objeto específico, la ejecución de un contrato EPC puntual, una fase de exploración minera o de hidrocarburos, o la participación individual en un contrato de obra de corta duración, la sucursal suele ser la alternativa más eficiente: su costo y velocidad de implementación son menores, y si la matriz cuenta con una solvencia patrimonial sólida, la ausencia de separación patrimonial puede incluso jugar a favor del inversionista frente a su contraparte, al reforzar la garantía de cumplimiento. Para inversiones de largo plazo, de mayor escala de capital, o que busquen aislar el riesgo del proyecto peruano del resto del grupo empresarial, la filial es, en la práctica, la única alternativa verdaderamente compatible con la lógica de la operación. El mecanismo de la filial es además el verdaderamente compatible con el esquema de project finance descrito antes, pues este se basa en la existencia de una sociedad de 272

Dentons (s. f.) “Global tax guide to doing business in Peru”. Tomado de: https://www.dentons.com/en/servicesand-solutions/global-tax-guide-to-doing-business-in/ peru#income_tax. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 273 Agnitio (s. f.) Óp. cit. 274 Agnitio (s. f.) Óp. cit. 275 Agnitio (s. f.) Óp. cit.

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propósito específico con patrimonio propio y separado, capaz de concentrar el flujo de caja del proyecto, servir de garantía a los acreedores permitidos y aislar a los sponsors de responsabilidad más allá de sus aportes; esa arquitectura es, por definición, incompatible con una sucursal, que carece de patrimonio propio y expone a la matriz a responsabilidad ilimitada.

Apertura y operación de cuentas bancarias comerciales Por qué la cuenta bancaria no es opcional Como señalamos anteriormente, el ordenamiento peruano contempla una obligación conocida como bancarización, conforme a la cual los pagos por montos iguales o superiores a S/ 2000 o USD 500 deben efectuarse a través del sistema financiero, umbral reducido por el Decreto Legislativo N.° 1529 y vigente desde el 1 de abril de 2022. La sanción por incumplimiento de la obligación de bancarización en Perú es de carácter tributario: los pagos en efectivo que se realicen por encima de ese umbral pierden el derecho a deducir ese gasto como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta, y a utilizar el crédito fiscal correspondiente276. Por tanto, para la inversión de montos de capital significativos en Perú, es indispensable cumplir con la mencionada obligación de bancarización para vincularse formalmente al sistema. Sin perjuicio del régimen sancionatorio por incumplir la obligación de bancarización, contar con una cuenta bancaria en Perú es igualmente necesario desde un punto de vista estratégico para cualquier inversor en el país. Contar con una cuenta bancaria en el país es necesario para recibir el capital de inversión inicial, necesario para el inicio de todo proyecto y en especial cuando se adelantará a través de una sociedad peruana; para facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales de planillas, aportes a la seguridad social en salud, aportes pensionarios y depósitos de la compensación por tiempo de servicios; entre otros277.

La secuencia previa: qué debe existir antes de solicitar la cuenta Para la apertura de una cuenta bancaria en Perú por parte de una empresa extranjera que busque establecerse en Perú, sea mediante una filial o una sucursal, primero es necesario agotar el trámite de constitución de la mencionada sucursal o filial en el país, previo a la apertura de la cuenta bancaria. Sin perjuicio de las particularidades que deben tenerse en cuenta dependiendo de si se trata de una sucursal o filial, de forma general debe seguirse el siguiente procedimiento:

276

. Artículo 3, 4 y 8 de la Ley 28914. Acción Perú (2026) “Cómo abrir una cuenta bancaria para empresa en Perú en 2026: qué bancos piden y cuánto cobran”. Tomado de: https://accionpopular.pe/como-abrir-una-cuentabancaria-para-empresa-en-peru-en-2026- que-bancos-piden-y-cuanto-cobran/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 277 Tito Peralta (2025) “¿Cómo puedo abrir cuentas bancarias para mi empresa en Perú?”. Tomado de: https://titoperalta.com/consultas-tributarias/como-puedo-abrir-cuentas-bancarias-para-mi-empresa-en- peru/. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026].

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PASO

ACTUACIÓN

PRECISIONES RELEVANTES

Acuerdo del órgano competente de la matriz que aprueba la

Los poderes deben comprender expresamente las facultades

apertura, designa al representante legal domiciliado en Perú, establece el capital asignado y otorga los poderes correspondientes, incluidas facultades bancarias

bancarias, pues su omisión obliga a otorgar poderes adicionales después Si los documentos están apostillados no se exige

Apostilla o legalización consular de los documentos de la matriz: 2

estatuto vigente, certificado de vigencia o existencia legal y acta del órgano que acuerda la apertura

legalización de las firmas de quienes los suscriben, conforme a criterio registral peruano. Si los documentos están en un idioma extranjero, deben contar con una traducción oficial al español.

Otorgamiento de la escritura pública ante notario peruano

Requiere traducción oficial al español de los documentos que no estén en ese idioma La partida registral es el

Inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros

documento que acredita la

Públicos (SUNARP) y obtención de la partida registral

existencia de la entidad y que el banco exigirá

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la SUNAT

Sin RUC no es posible abrir la cuenta ni emitir comprobantes electrónicos

Solicitud de apertura de la cuenta bancaria por el representante

El banco valida los documentos y

legal

decide sobre la solicitud

Cuadro 37. Secuencia previa a la apertura de una cuenta bancaria comercial. Fuente: elaboración propia con base en la práctica registral y notarial peruana.

La fuente de esta secuencia es la práctica registral y notarial peruana documentada por firmas especializadas, y conviene destacar dos precisiones que ahorran tiempo y costo. La primera es que, conforme al criterio contenido en la Resolución 2023-2017-SUNARP-TR-L, no resulta exigible la legalización de las firmas de quienes suscriben documentos extranjeros cuando estos se encuentran apostillados, puesto que la autoridad que emite la apostilla ya certifica ese extremo278. La segunda es que el certificado de vigencia de la matriz tiene denominaciones y plazos de validez distintos según el país de origen, de modo que debe verificarse su vigencia al momento de presentarlo, ya que un certificado caducado obliga a reiniciar el trámite279.

278 . RGB Avocats (s. f.) “Crear una sucursal extranjera en Perú: lo que la IA no te dice”. Tomado de: https://www.rgbavocats.com/es/blog/crear-una-sucursal-extranjera-en-el-peru- lo-que-la-ia-no-te-dice. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 279 RGB Avocats (s. f.) Óp. cit.

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Una diferencia práctica entre filial y sucursal merece ser destacada aquí porque incide directamente en la tesorería inicial. En el caso de la sucursal, no existe un monto mínimo de capital exigido y el capital asignado únicamente debe ser declarado, sin que sea necesario depositarlo efectivamente en una cuenta bancaria; en la constitución de una sociedad peruana, en cambio, el capital debe acreditarse mediante depósito, sin perjuicio de los tipos societarios descritos anteriormente que no exigen un monto mínimo de capital para su constitución280.

Documentación que exigen los bancos y tipos de cuenta Si bien los requisitos puntuales para la apertura de una cuenta bancaria pueden llegar a depender de la entidad financiera en específico, además de requisitos adicionales exigibles según el perfil del cliente, los requisitos son sustancialmente comunes entre las principales entidades del sistema, entre ellas BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banco Pichincha. El requisito que con mayor frecuencia genera demoras es la copia literal de la partida registral expedida por la SUNARP con una antigüedad no mayor a treinta días al momento de la solicitud, exigencia que obliga a sincronizar la obtención de ese documento con la presentación del expediente bancario. A ello se añaden el certificado del Registro Único de Contribuyentes, los documentos de identidad de los representantes legales y apoderados, que en el caso de extranjeros serán el pasaporte o el carné de extranjería, la vigencia de poderes expedida por SUNARP, escritura pública de constitución de la empresa, formulario de apertura del banco y, según el perfil, información financiera de la empresa, como estados financieros, declaraciones tributarias recientes o información sobre el giro de sus negocios, entre otros281. Un aspecto que el inversionista debe anticipar es la debida diligencia del cliente, conocida por la sigla inglesa KYC (know your customer, conozca a su cliente). El banco, conforme lo establecido en la Resolución SBS N.° 2660-2015, está obligado a identificar la estructura de propiedad de la entidad y a determinar quién es su beneficiario final, principalmente como medida contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En estructuras societarias con varios niveles de holding, la acreditación de la cadena de propiedad hasta la persona natural que ejerce el control final es el punto que suele demandar más tiempo, por lo que conviene preparar esa documentación desde el inicio y no cuando el banco la requiera282. En cuanto a los productos financieros disponibles, son de destacar la cuenta corriente, regulada en el artículo 225 de la Ley N.° 26702, cuya principal utilidad es realizar pagos y cobros ordinarios, y opera de tal forma que obliga a cumplir las órdenes de pago del titular hasta el importe en dinero de la cuenta; la cuenta de ahorro, regulada en el artículo 229 de la misma Ley, permite mantener excedentes con rendimiento; la cuenta en moneda extranjera, habitualmente en dólares, que es de especial importancia para empresas que importan, exportan o tienen 280 Artículo 403 de la Ley 26887. Artículo 147 y subsiguientes de la Resolución Nº 200-2001- SUNARP/SN. EBS Abogados (2026) “Cómo abrir una sucursal de empresa extranjera en Perú”. Tomado de: https://www.ebsabogados.com/es/novedades/como-abrir-una-sucursal-de- empresa-extranjera-en-peru. [Fecha de consulta: 18 de agosto de 2026]. 281 Acción Perú (2026) Óp. cit. 282 Fundación Microfinanzas BBVA (s. f.) “Nuevo esquema regulatorio en lavado de activos”. Tomado de: https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/nuevo-esquema-regulatorio-en-lavado-de- activos/ [Fecha de consulta: 21 de agosto de 2026].

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contratos denominados en divisas; y las cuentas de custodia o escrow, por medio de la cual un tercero retiene un activo financiero temporalmente, las cuales se emplean para fondos de garantía, retenciones contractuales y estructuras fiduciarias283. Finalmente, es necesario anotar que la sucursal o la filial puede designar uno o varios apoderados bancarios, con facultades a sola firma o a firma conjunta según lo que se haya pactado en el acta de establecimiento y en los poderes allí otorgados; la definición de ese esquema de firmas debe decidirse antes de otorgar la escritura pública, porque modificarlo después implica un nuevo acto notarial e inscripción registral284. Considerando el conjunto del proceso, la recomendación operativa que se desprende de este apartado es que la apertura de la cuenta bancaria se incorpore al cronograma del proyecto como una actividad con ruta crítica propia, y que se aproveche el relacionamiento de la casa matriz con bancos que tengan presencia regional, pues varios de los grupos financieros que operan en Perú mantienen plataformas que abarcan también otros países en la región, lo que puede simplificar sustancialmente la etapa de conocimiento del cliente.

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CAPÍTULO 5. CUMPLIMIENTO LEGAL Y LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA Para una empresa de infraestructura el cumplimiento es un asunto central, pues una sanción por concertación de posturas en una licitación pública, una omisión en el sistema de prevención del lavado de activos o la ejecución de una obra sin certificación ambiental pueden derivar en multas calculadas sobre los ingresos brutos del grupo económico, en la inhabilitación para contratar con el Estado y en responsabilidad personal de los directivos. El caso más relevante que la autoridad peruana de competencia ha resuelto en el sector, que se expone más adelante, involucró a treinta y tres empresas constructoras y a veintiséis de sus ejecutivos a lo largo de catorce años de reparto de licitaciones de carreteras. Operar o invertir en el mercado peruano implica identificar las conductas que pueden afectar la libre competencia, anticipar cuándo una adquisición o integración empresarial requiere autorización, actuar correctamente frente a consumidores y competidores, prevenir el lavado de activos y gestionar la responsabilidad de la empresa por delitos económicos. A estos asuntos se suman obligaciones relevantes en protección de datos personales, propiedad intelectual y cumplimiento ambiental. Este capítulo desarrolla cada uno de estos temas con un enfoque práctico y en un lenguaje accesible, para que los empresarios comprendan los principales riesgos, reconozcan las decisiones que requieren especial cuidado y adopten medidas de prevención antes de iniciar o ampliar sus operaciones en Perú. Su adecuada gestión es esencial: una omisión puede traducirse en multas, restricciones para contratar, afectaciones reputacionales e incluso responsabilidad para la empresa y sus directivos.

283

. Acción Perú (2026) Óp. cit.; Tito Peralta (2025) Óp. cit.

284

RGB Avocats (s. f.) Óp. cit.

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Régimen de libre competencia y prácticas restrictivas Fundamento constitucional y norma aplicable El punto de partida es el artículo 61 de la Constitución Política de 1993, que encomienda al Estado la función de facilitar y vigilar la libre competencia y de combatir toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, el mencionado artículo establece: “Artículo 61°. - El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.”. (N.F.T.). Conviene precisar, de entrada, un matiz que suele generar confusión: el ordenamiento peruano no sanciona, por sí mismo, que una empresa alcance una posición de dominio en el mercado, incluso cuando dicha posición derive de una mayor eficiencia o capacidad competitiva. El reproche jurídico se dirige al abuso de esa posición, particularmente cuando la conducta tiene por objeto o efecto restringir la competencia. Esta aproximación guarda una estrecha correspondencia con el régimen colombiano de libre competencia, en el que tampoco se encuentra prohibida la posición dominante como tal, sino su ejercicio abusivo. En ambos sistemas, por tanto, la posición dominante constituye una situación de poder económico que, por sí sola, no determina la ilicitud de la conducta empresarial. La norma sustantiva es el Decreto Legislativo N.° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas aprueba la Ley de represión de conductas anticompetitivas, que prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores, cuyo TUO fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 030-2019-PCM. El TUO (TUO) es, en la técnica normativa peruana, la compilación oficial de una norma con todas sus modificaciones incorporadas en un solo cuerpo, de modo que citar el TUO equivale a citar la versión consolidada y vigente285. Esta Ley de represión de conductas anticompetitivas, según lo dispone en su artículo 2, contempla un ámbito de aplicación subjetivo donde se refiere a su aplicación a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden bienes o servicios cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha 285 . Indecopi (2025) “El Indecopi sanciona cártel de medicamentos integrado por 13 empresas y 5 de sus ejecutivos”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1294120-el-indecopi-sanciona-cartel-demedicamentos-integrado-por-13-empresas-y-5-de-sus-ejecutivos. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos antes mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planteamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. La Ley se aplicará también a las personas naturales o jurídicas que, sin competir en el mercado en el que se producen las conductas materia de investigación, actúen como planificadores, intermediarios o facilitadores de una infracción sujeta a la prohibición absoluta. Se incluye en esta disposición a los funcionarios, directivos y servidores públicos, en lo que no corresponda al ejercicio regular de sus funciones. Más adelante, el artículo 3, se refiere al ámbito de aplicación objetivo el cual dispone que se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. Por su parte, el artículo 4 regula el ámbito de aplicación territorial de la Ley, disponiendo que esta resulta aplicable a las conductas que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional, con independencia de que el acto que las origina se haya realizado en el extranjero, recogiendo así la denominada doctrina de los efectos. Asimismo, el artículo 5 consagra el principio de primacía de la realidad, en virtud del cual la autoridad administrativa, al aplicar la Ley, debe determinar la verdadera naturaleza de las conductas investigadas atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad, sin que la forma de los actos jurídicos utilizados por los agentes económicos limite el análisis que sobre su naturaleza subyacente pueda efectuar la autoridad. En el Título II, referido al mercado relevante y la posición de dominio, el artículo 6 dispone que el mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico. El mercado de producto es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus posibles sustitutos, para cuyo análisis la autoridad de competencia evalúa factores como las preferencias de los clientes o consumidores, las características, usos y precios de los posibles sustitutos, así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución. El mercado geográfico relevante, a su vez, corresponde al conjunto de zonas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante, para cuya determinación se evalúan los costos de transporte y las barreras de comercio existentes. Más adelante, el artículo 7 define la posición de dominio en el mercado, entendiendo que un agente económico goza de esta cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar de forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese momento o en el futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, atendiendo a factores tales como su participación significativa en el mercado relevante, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico involucrado, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y redes de distribución, la existencia de barreras de entrada de tipo legal, económico o estratégico, y la existencia de proveedores, clientes o competidores y su poder de negociación. La propia norma precisa, sin embargo, que la sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita. La estructura del régimen peruano descansa en una distinción que determina por completo la carga probatoria de la autoridad y, por tanto, el nivel de riesgo real que asume una empresa. Existen dos tipos de prohibición de conformidad con lo dispuesto en el Título III, el cual desarrolla

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las conductas anticompetitivas propiamente dichas. En su Capítulo I, sobre la naturaleza de las prohibiciones, el artículo 8 dispone que, en los casos de prohibición absoluta, basta que la autoridad de competencia acredite la existencia material de la conducta para tener por configurada la infracción administrativa, sin que resulte necesario probar sus efectos. En cambio, según el artículo 9, en los casos de prohibición relativa la autoridad de competencia debe probar la existencia de la conducta y, además, que esta tiene o podría tener efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores. En el Capítulo II, relativo al abuso de la posición de dominio, el artículo 10 dispone que este se configura cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible obtener de no ostentar dicha posición. La norma señala, a modo enunciativo, distintas modalidades en que puede consistir el abuso, entre ellas la negativa injustificada a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación de bienes o servicios; la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; el otorgamiento de descuentos o bonificaciones que no correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas; la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que no guarden relación con el objeto de tales contratos; la obstaculización injustificada del ingreso o permanencia de un competidor en una asociación u organización de intermediación; el establecimiento, imposición o sugerencia de contratos de distribución o venta exclusiva de carácter injustificado; la utilización abusiva y reiterada de procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyo efecto sea restringir la competencia; y, en general, cualquier conducta que impida o dificulte el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones distintas a una mayor eficiencia económica. Cabe precisar que estas conductas constituyen, en todos los casos, prohibiciones relativas. La consecuencia práctica de estas prohibiciones, en especial de la absoluta, es de la mayor importancia para un contratista de obra pública, y conviene enunciarla: el establecimiento de posturas o de abstenciones concertadas en licitaciones, concursos u otras formas de contratación pública constituye una prohibición absoluta conforme al Decreto Legislativo N.° 1034. Esto significa que, si INDECOPI acredita la existencia del acuerdo, no necesita probar que el Estado pagó más caro ni que la competencia se vio afectada: la infracción está configurada. Un solo correo electrónico que mencione un pacto puede ser suficiente para sustentar una sanción, mientras que en los casos de abuso de posición de dominio la autoridad debe definir mercados, probar la dominancia, analizar la conducta y evaluar sus efectos, esfuerzo considerablemente mayor286. El Capítulo III regula las prácticas colusorias horizontales. El artículo 11 las define como los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la 286

. Vichir, Y. (2020) “Los efectos de los programas de clemencia en el procedimiento administrativo sancionador”. Tomado de: https://ius360.com/los-efectos-de-los-programas- de-clemencia-en-el-procedimientoadministrativo-sancionador-ius-360/. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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libre competencia, señalando entre sus modalidades la fijación concertada de precios u otras condiciones comerciales, la limitación o control concertado de la producción, ventas, desarrollo técnico o inversiones, el reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas, y la concertación de la calidad de los productos, entre otras. La norma precisa que constituyen prohibiciones absolutas, por su especial gravedad, la fijación concertada de precios y otras condiciones comerciales o de servicio, la limitación de la producción o las ventas, el reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas, y el establecimiento de posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otras formas de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, incluidas las subastas públicas y remates; las demás prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas constituyen prohibiciones relativas. El Capítulo IV, por su parte, regula las prácticas colusorias verticales. Conforme al artículo 12, se entiende por tales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. La configuración de esta práctica requiere que al menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en el mercado relevante, y en todos los casos constituyen prohibiciones relativas. El Título IV se ocupa de las autoridades de defensa de la libre competencia. El artículo 13 dispone que, en primera instancia administrativa, la autoridad de competencia es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, mientras que en segunda instancia administrativa lo es el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del mismo organismo. Por su parte, el artículo 14 señala que la Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado del cumplimiento de la Ley, con competencia exclusiva salvo que esta haya sido asignada o se exprese a otro organismo público, correspondiéndole, entre otras atribuciones, declarar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer la sanción correspondiente, dictar medidas cautelares, dictar medidas correctivas y expedir lineamientos que orienten a los agentes de mercado sobre la correcta interpretación de las normas de la Ley. Más adelante, el artículo 15 regula a la Secretaría Técnica de la Comisión, definiéndola como el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existencia de la conducta infractora. Entre sus atribuciones se encuentran efectuar investigaciones preliminares, iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción, decidir la admisión a trámite de las denuncias de parte, solicitar a la Comisión el dictado de medidas cautelares, instruir el procedimiento sancionador realizando investigaciones y actuando medios probatorios, y, previo acuerdo de la Comisión, inmovilizar bienes o retirarlos del local de la persona investigada por plazos determinados. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se encuentra facultada, conforme al numeral 15.3, para exigir la exhibición de todo tipo de documentos, incluidos los libros contables y societarios; citar e interrogar a las personas materia de investigación, sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y terceros; y realizar inspecciones en los locales de las personas investigadas, con o sin previa notificación, pudiendo solicitar el apoyo de la fuerza pública para ingresar. Cuando la inspección requiera el descerraje de locales cerrados o el acceso a correspondencia privada contenida en archivos físicos o electrónicos, la Secretaría Técnica debe obtener autorización judicial previa ante el Juez

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Especializado en lo Contencioso Administrativo, conforme al procedimiento especial detallado en el literal c) del numeral 15.3. Por su parte, el artículo 16 dispone que el Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Técnica, estando facultado para actuar de oficio medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputados. Cabe señalar que el artículo 17 establece una excepción relevante en materia de competencia primaria: en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, la aplicación de la Ley está a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)287, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 27336. El Título V regula el procedimiento administrativo sancionador. Conforme al artículo 18, este puede iniciarse de oficio, por decisión de la Secretaría Técnica, o por denuncia de parte, conservando en este último caso la Secretaría Técnica la titularidad de la acción. El Artículo 19 establece los requisitos que debe contener la denuncia de parte, entre ellos la identificación del denunciante y de los presuntos responsables, los indicios razonables de la presunta existencia de la conducta y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Los artículos 20 y 21 regulan, respectivamente, las actuaciones previas a la admisión a trámite y el contenido de la resolución de inicio del procedimiento, la cual debe identificar a los agentes económicos imputados, exponer sucintamente los hechos y la calificación jurídica de la presunta infracción, e indicar el derecho de los imputados a formular sus descargos, para lo cual el artículo 22 concede un plazo de treinta días hábiles. En el Capítulo II de este Título, los artículos 23 y 24 regulan las medidas cautelares, que la Comisión puede dictar antes o durante el procedimiento sancionador, a pedido de la Secretaría Técnica o de quien haya presentado denuncia de parte, para asegurar la eficacia de la decisión final, previa verificación del pago de la tasa correspondiente, la verosimilitud de la denuncia, el peligro en la demora del pronunciamiento y la posibilidad de lo pedido. Cabe resaltar la relevancia que reviste el Capítulo III, referido al compromiso de cese y a la exoneración de sanción. El artículo 25 permite a los investigados ofrecer, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la notificación de la imputación de cargos, un compromiso de cese a la terminación anticipada del procedimiento a cambio de implementar medidas correctivas eficaces que contrarresten los efectos de la conducta infractora, compromiso que debe ser evaluado y aprobado por la Comisión. El Artículo 26, por su parte, regula el programa de exoneración de sanción o de clemencia, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar a la Secretaría Técnica, antes del inicio del procedimiento o durante este, la exoneración de la sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden a detectar y acreditar una práctica colusoria, así como a sancionar a los responsables.

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. Osiptel, Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, es una entidad pública del Estado peruano cuya labor es regular, supervisar y fiscalizar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, además de defender los derechos de los usuarios. Conforme al artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la aplicación de dicha ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones está a cargo del Osiptel, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, siendo las instancias competentes, sus facultades y los procedimientos aplicables los establecidos en su propio marco normativo.

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Conforme al orden de prelación, solo el primer solicitante que aporte elementos de prueba suficientes respecto de la existencia de la conducta anticompetitiva y de la identidad de los infractores puede ser beneficiado con la exoneración total, mientras que los solicitantes posteriores pueden acceder a una reducción de la multa que, según el numeral 26.3, se escalona entre el treinta y el cincuenta por ciento para el segundo solicitante, entre el veinte y el treinta por ciento para el tercero, y hasta el veinte por ciento para los subsiguientes. Complementariamente, el artículo 27 regula la figura del reconocimiento, por la cual cualquier agente económico investigado que, dentro del plazo para presentar descargos, reconozca la comisión de una o más infracciones imputadas puede beneficiarse de una reducción de hasta el quince por ciento de la multa que le hubiera resultado aplicable. El artículo 28, finalmente, faculta a la Secretaría Técnica a otorgar recompensas económicas a quienes brinden información determinante para detectar, investigar y sancionar infracciones sujetas a la prohibición absoluta. El Capítulo IV del mismo Título regula la instrucción del procedimiento, estableciendo en el artículo 29 un período de prueba que no puede exceder de siete meses, y el artículo 30 los medios de prueba admisibles, entre ellos documentos, declaración de parte, testimonios, inspecciones y pericias. Concluida esta etapa, conforme al Capítulo VI, el artículo 36 dispone que la Secretaría Técnica debe emitir, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, un Informe Técnico que dé cuenta de los hechos probados, la determinación de la infracción, la identificación de los responsables, la propuesta de graduación de la sanción y la propuesta de medidas correctivas pertinentes; recibidas las alegaciones de las partes, la Comisión emite su resolución final dentro de los sesenta días hábiles siguientes, conforme al artículo 39. Por su parte, el Capítulo VII regula el procedimiento en segunda instancia: según el artículo 40, la resolución de la Comisión es apelable ante el Tribunal, precisando el artículo 43 que este último no puede imponer sanciones más graves al infractor cuando es este quien recurre la resolución, en aplicación de la prohibición de la reforma peyorativa. Conforme al artículo 44, las resoluciones del Tribunal agotan la vía administrativa, no siendo procedente contra ellas recurso alguno, sino únicamente la interposición de la demanda contencioso-administrativa correspondiente. El Título VI regula la sanción y eliminación de las conductas anticompetitivas. El artículo 45 establece que la acción para sancionar las infracciones prescribe a los cinco años de realizado el último acto de la conducta infractora, plazo que se interrumpe con cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación puesto en conocimiento del presunto responsable. El artículo 46 regula el monto de las multas, calculadas sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias, distinguiendo entre infracciones leves, sancionadas con multa de hasta quinientas UIT288 sin superar el ocho por ciento de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor o su grupo económico; infracciones graves, sancionadas con multa de hasta mil UIT sin superar el diez por ciento de dichas ventas o ingresos; e infracciones muy graves, sancionadas con multa superior a mil UIT sin superar

el doce por ciento de las ventas o ingresos brutos, correspondientes en todos los casos al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

. La Unidad Impositiva Tributaria es un valor de referencia en soles que utiliza el Estado peruano para determinar bases imponibles, deducciones, límites de afectación, sanciones, tasas y otras obligaciones de carácter tributario o administrativo; no constituye un impuesto en sí misma. Su valor es fijado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo y para el año 2026 asciende a S/ 5500, conforme al Decreto Supremo N.° 301-2025EF, vigente desde el 1 de enero de 2026; el valor correspondiente al año 2025 era de S/ 5350. Ministerio de Economía y Finanzas (2026) “Valor de la UIT en el año 2026”. Tomado de: https://www.gob.pe/435-valor-de-la-uit-en-el-ano-2026. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 288

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La misma norma faculta a imponer una multa adicional de hasta cien UIT a las personas naturales que integran los órganos de dirección o administración de la persona jurídica infractora, cuando se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas, y dispone que la reincidencia se considera circunstancia agravante. Por su parte, el artículo 47 enumera los criterios que la Comisión debe considerar para graduar la multa, entre ellos el beneficio ilícito esperado con la infracción, la probabilidad de detección, la modalidad y el alcance de la restricción de la competencia, la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor, el efecto de la restricción sobre competidores y consumidores, la duración de la restricción, la reincidencia y la actuación procesal de la parte. El artículo 49, en el Capítulo II, faculta a la Comisión a dictar medidas correctivas adicionales a la sanción, orientadas a restablecer el proceso competitivo o prevenir la reiteración de las conductas, mientras que los artículos 50 y 51, en el Capítulo III, regulan las multas coercitivas aplicables ante el incumplimiento de medidas cautelares o correctivas ordenadas por la Comisión o el Tribunal. Finalmente, el Título VII regula la pretensión de indemnización. El artículo 52 dispone que, una vez que la resolución administrativa que declara la existencia de una conducta anticompetitiva ha quedado firme, toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de dicha conducta puede demandar ante el Poder Judicial la indemnización de daños y perjuicios correspondiente, incluso cuando no haya sido parte en el procedimiento seguido ante el INDECOPI, siempre que sea capaz de mostrar el nexo causal con la conducta declarada anticompetitiva. La norma precisa además que, previo informe favorable de la Secretaría Técnica, la Comisión se encuentra legitimada para iniciar, en defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores, un proceso judicial de indemnización por los daños derivados de las conductas prohibidas por la Ley. A modo de conclusión, el régimen peruano de libre competencia y represión de conductas anticompetitivas, contenido en el TUO aprobado por el Decreto Supremo N.° 030-2019-PCM, constituye un cuerpo normativo maduro y depurado tras más de una década de aplicación del Decreto Legislativo N.° 1034 y de sus sucesivas modificaciones mediante los Decretos Legislativos N.° 1205 y 1396. Su estructura combina, de un lado, una definición clara del bien jurídico protegido, la eficiencia económica de los mercados en beneficio de los consumidores, con criterios técnicos depurados para el análisis económico de las conductas, tales como la determinación del mercado relevante y de la posición de dominio; y, de otro lado, un diseño institucional especializado, con una Secretaría Técnica investigadora y una Comisión resolutora en primera instancia, ambas dentro del INDECOPI, sujetas al control de un Tribunal administrativo de segunda instancia. Un rasgo distintivo del régimen, y de particular utilidad para el asesoramiento a clientes con operaciones o intereses en el mercado peruano, es la clara diferenciación entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, que determina en cada caso la carga probatoria exigible a la autoridad; la tipificación expresa de las prácticas colusorias horizontales de mayor gravedad (los denominados cárteles duros, incluida la colusión en compras públicas), como prohibiciones absolutas; y el tratamiento diferenciado del abuso de posición de dominio y de las prácticas colusorias verticales como prohibiciones relativas, que exigen la acreditación de efectos reales o potenciales sobre la competencia.

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Desde la perspectiva de la gestión del riesgo regulatorio, cobran especial relevancia práctica el programa de exoneración de sanción o clemencia y la figura del reconocimiento, en la medida en que ofrecen a los agentes económicos incentivos concretos para colaborar con la autoridad de competencia en la detección de prácticas colusorias, así como el compromiso de cese, que habilita una vía de terminación anticipada del procedimiento sancionador. A ello se suma el robusto régimen sancionatorio, con multas que pueden alcanzar hasta el doce por ciento de las ventas o ingresos brutos del infractor en las infracciones más graves, la responsabilidad personal de directivos y representantes legales, y la habilitación de una acción civil de daños y perjuicios de naturaleza follow-on una vez firme la resolución administrativa, lo que evidencia una política de aplicación tanto pública como privada del derecho de la competencia. En conjunto, el régimen peruano guarda una arquitectura conceptual y sancionatoria comparable, en sus líneas generales, a la de otros ordenamientos de la región (incluido el colombiano), lo que facilita su comprensión desde una perspectiva comparada y su consideración como referente relevante para sujetos con intereses transfronterizos en materia de libre competencia y prácticas restrictivas del comercio.

La autoridad: cómo está organizado INDECOPI El INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, es el ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571). El Sistema está compuesto por un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, que armonizan las políticas públicas referidas a la protección de los derechos de los consumidores, mediante una alianza entre el Estado, los consumidores y el empresariado, en el marco de la ejecución de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, permitiendo la solución eficaz de controversias de consumo, a través de mecanismos de consulta, reclamo o denuncia289. Esta Autoridad Nacional coordina y dirige el funcionamiento del Sistema y preside el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, integrado por representantes del Estado, los consumidores y el sector empresarial, cuyo objetivo es garantizar una protección más amplia y eficaz de los derechos de los consumidores. En este contexto, resulta pertinente comprender la estructura interna de este organismo técnico especializado, toda vez que de ella depende la secuencia y el desarrollo del procedimiento. Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) tiene tres ejes temáticos: (i) defensa de la competencia; (ii) propiedad intelectual; y, (iii) protección del consumidor290. Es decir, que se trata de un modelo concentrado, donde estas potestades se encuentran a cargo de esta única institución.

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. Indecopi (s. f.) “Quiénes somos”. Tomado de: https://consumidor.gob.pe/quienes-somos/. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 290 . Congreso de la República del Perú (2008) “Decreto Legislativo N.° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”. Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/226849-1033. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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Ahora bien, El Decreto Legislativo N.° 1033 establece que el INDECOPI es un organismo que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Su sede institucional es la ciudad de Lima; no obstante, cuenta con oficinas regionales. Además, se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que no goza de autonomía constitucional. En materia de la defensa de la libre competencia, el INDECOPI ejerce sus funciones conforme al Decreto Legislativo N.° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (control ex post), y a la Ley N.° 31112, Ley que establece el Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial (control ex ante), que constituyen el núcleo del régimen jurídico vigente en esta materia. La Dirección es el órgano técnico a cargo del inicio e instrucción del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas regulado por el Decreto Legislativo N.° 1034. Asimismo, es el encargado de ejercer las acciones de ordenación, instrucción e investigación sobre las operaciones de concentración empresarial sometidas bajo el contexto del control previo de operaciones de concentración empresarial previsto por la Ley N.° 31112. En aplicación del Decreto Legislativo N.° 1034, la Dirección investiga prácticas colusorias horizontales y verticales, así como abusos de posición de dominio. En el marco de la Ley N.° 31112, conduce la evaluación técnica de las operaciones de concentración notificadas, determinando si corresponde su aprobación en Fase 1 o el inicio de una Fase 2 de análisis más profundo. En ese sentido, la Dirección actúa como un órgano especializado responsable de conducir la etapa preliminar, de investigación y la fase instructiva del procedimiento. Garantizando el debido procedimiento administrativo, la objetividad en la investigación y el respeto de los derechos de defensa de los agentes económicos involucrados. No ejerce potestad sancionadora, pues su función es acusatoria y técnica, correspondiendo la decisión final a la Comisión. La dirección se encuentra a cargo de un Director Nacional, designado por la Gerencia General del INDECOPI, por un periodo ilimitado con desempeños a tiempo completo y dedicación exclusiva. Solo puede ser removido por decisión de la Gerencia General o por renuncia voluntaria.

Estructura orgánica de INDECOPI El INDECOPI cuenta con la siguiente estructura orgánica291: Consejo Directivo: es el órgano máximo de dirección del INDECOPI. Le corresponde planificar y aprobar las políticas institucionales en las materias de la defensa de la libre competencia y en los asuntos de administración interna del INDECOPI. Los miembros del Consejo Directivo son elegidos de conformidad con la normativa vigente, y desempeñan sus cargos con plena autonomía e independencia de criterio. Presidencia Ejecutiva: es el órgano de Alta Dirección y máxima autoridad de la Institución, responsable de supervisar la correcta marcha institucional. Gerencia General: es el órgano de Alta Dirección y máxima autoridad administrativa y ejecutiva, responsable de la adecuada gestión de los diversos sistemas administrativos en la Institución, está a cargo del Gerente General, de quien dependen los órganos de administración interna y de línea, y es responsable de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. 291

. Muñoz, S. (2026) “Indecopi”. Tomado de: https://centrocompetencia.com/indecopi/#3-estructura- organica-deindecopi. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

134

El programa de clemencia El Programa de Clemencia constituye uno de los principales mecanismos previstos en el régimen peruano de libre competencia para la detección, investigación y sanción de prácticas colusorias. A través de este mecanismo, las empresas o personas que hayan participado en un cártel pueden solicitar a la autoridad de competencia la exoneración o reducción de la multa, a cambio de colaborar activamente con la investigación y aportar información y elementos probatorios que permitan detectar, acreditar y sancionar la conducta anticompetitiva292. En este sentido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)cuenta con un Programa de Clemencia que busca generar un incentivo concreto para que los propios participantes de un cártel revelen su existencia ante la autoridad. El mecanismo adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que los cárteles suelen desarrollarse de manera clandestina y están orientados, precisamente, a evitar su detección por parte de las autoridades. Por ello, la posibilidad de obtener un beneficio en materia sancionatoria a cambio de colaborar con la autoridad introduce una tensión entre los propios participantes de la conducta: cada uno de ellos tiene un incentivo para acudir a la autoridad antes que los demás. Este incentivo resulta especialmente significativo para el primer solicitante que cumpla con los requisitos establecidos por el régimen de clemencia, quien puede acceder a la exoneración de la multa. De esta manera, el programa no solo facilita la detección de conductas que, por su propia naturaleza, presentan importantes dificultades probatorias, sino que también genera una dinámica de competencia entre los integrantes del cártel para ser el primero en colaborar con la autoridad. Precisamente por esta razón, diversos análisis sobre la aplicación del régimen peruano han destacado el Programa de Clemencia como una herramienta determinante para la identificación y desarticulación de cárteles en el país293. La finalidad del mecanismo, sin embargo, trasciende la imposición de sanciones a quienes hayan participado en una conducta anticompetitiva. La desarticulación de los cárteles cumple también una función preventiva y disuasoria, en la medida en que el riesgo de que alguno de sus integrantes revele la existencia de la conducta y colabore con la autoridad puede desincentivar tanto la formación como la permanencia de acuerdos colusorios. En términos económicos, la protección de la libre competencia busca, en última instancia, favorecer a los consumidores mediante una mayor variedad de productos y servicios, mejores condiciones de mercado y precios competitivos. En consecuencia, pueden acogerse al Programa de Clemencia las empresas o personas que hayan participado en un cártel y que estén dispuestas a colaborar con la autoridad en los términos previstos por el ordenamiento peruano. El acceso a sus beneficios se encuentra

292

. Indecopi (s. f.) “Programa de Clemencia”. Tomado de: https://www.gob.pe/61977-programa-de- clemencia. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 293

. Apoyo Consultoría (2024) “Cárteles en la mira: ‘ola’ de investigaciones del Indecopi”. Tomado de: https://gestion.pe/economia/carteles-en-la-mira-ola-de-investigaciones-del- indecopi-colusion-abuso-de-posicionde-dominio-apoyo-consultoria-noticia/. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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condicionado al cumplimiento de los requisitos correspondientes y, particularmente, a la entrega de información y pruebas que contribuyan de manera efectiva a la detección, acreditación y sanción de la infracción. Esta figura adquiere especial importancia desde la perspectiva de una empresa colombiana que participe en un consorcio o estructura empresarial que desarrolle actividades en el mercado peruano. La participación en un consorcio no elimina, por sí misma, los riesgos derivados de las conductas anticompetitivas en las que puedan incurrir sus integrantes. Por el contrario, cuando existe una conducta concertada, la posibilidad de que uno de los participantes acuda a la autoridad y solicite los beneficios del Programa de Clemencia introduce una asimetría sustancial entre quien primero coopera con la autoridad y los demás participantes de la conducta. Por ello, para una empresa colombiana que pretenda integrarse a un consorcio peruano, la debida diligencia sobre sus potenciales socios debe comprender no solo aspectos societarios, financieros, contractuales o reputacionales, sino también la identificación y evaluación de eventuales riesgos en materia de libre competencia. La revisión previa de las prácticas comerciales de los socios, de sus antecedentes frente a la autoridad de competencia y de los mecanismos internos de cumplimiento puede constituir una herramienta esencial para prevenir la exposición de la empresa a investigaciones o sanciones derivadas de conductas realizadas, incluso, en el marco de una relación empresarial conjunta. En este contexto, el Programa de Clemencia debe ser entendido no únicamente como un mecanismo de beneficio para quien decide colaborar con la autoridad, sino también como un elemento relevante dentro de la gestión preventiva del riesgo de competencia. La posibilidad de que uno de los participantes de un cártel obtenga un tratamiento sancionatorio favorable al revelar la conducta refuerza la necesidad de que las empresas adopten, antes de ingresar a una estructura asociativa o consorcial, mecanismos adecuados de debida diligencia, cumplimiento y prevención de prácticas restrictivas de la competencia.

El caso que define el riesgo del sector: el Club de la Construcción Ninguna descripción abstracta del régimen transmite el riesgo real tan bien como el caso más importante que INDECOPI ha resuelto en el sector de infraestructura. Mediante la Resolución 080-2021/CLC-INDECOPI, del 15 de noviembre de 2021, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia sancionó en primera instancia administrativa al denominado Cártel de la construcción, conocido públicamente como el Club de la Construcción, integrado por treinta y tres empresas constructoras y veintiséis de sus ejecutivos, por haber mantenido un sistema secreto de coordinación para repartirse licitaciones convocadas por Provías, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y por otras entidades del Estado, para la ejecución de obras en carreteras en todo el país294. Las magnitudes del caso explican por sí solas su relevancia. La Comisión determinó que el acuerdo de reparto ilegal de licitaciones se mantuvo entre noviembre de 2002 y diciembre de 294 . Diario Oficial El Peruano (2021) “Indecopi sanciona a 33 empresas y 26 ejecutivos del ‘cártel de la construcción’”. Tomado de: https://www.elperuano.pe/noticia/133630-indecopi- sanciona-a-33-empresas-y-26ejecutivos-del-cartel-de-la-construccion. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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2016, es decir, durante catorce años, y que en ese periodo las empresas infractoras se repartieron ciento doce procesos de contratación pública para construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Según la comisión, el reparto ilegal de las licitaciones se dio entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016. La suma de los montos adjudicados en las obras investigadas fue superior a los S/ 14000 millones (USD 3500 millones aproximadamente)295. Finalmente, vale la pena registrar además que INDECOPI puede imponer, como medida correctiva, la implementación obligatoria de programas de cumplimiento, y que especialistas peruanos consultados sobre su eficacia han señalado que los programas establecidos por mandato obligatorio funcionan, al igual que los adoptados voluntariamente. Además, INDECOPI ordenó que las compañías integrantes del cártel implementen “programas de cumplimiento de las normas de libre competencia” por un periodo de cinco años, en base a las recomendaciones contenidas en la Guía de Programas de Cumplimiento de las normas de libre competencia. El objetivo de esta disposición es asegurar que cumplan estas reglas internamente y, con ello, se disminuyan los riesgos de reincidir en este tipo de infracciones.

Control previo de concentraciones empresariales En Perú, existen controles de tipo institucional sobre las operaciones de concentración empresarial desarrollados bajo el régimen establecido por la Ley N.° 31112, vigente desde junio de 2021, y administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Este mecanismo aplica a determinadas fusiones, adquisiciones, constitución de empresas comunes y otras operaciones que impliquen un cambio de control empresarial, cuando superan los umbrales económicos previstos en la misma normativa. El artículo 3 de la ley incorpora un conjunto de definiciones que delimitan el alcance del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial y proporcionan los criterios necesarios para su aplicación. Entre los conceptos centrales se encuentra el de operación de concentración empresarial, entendido como aquellos actos que producen un cambio duradero en la estructura de control de uno o varios agentes económicos, incluyendo, entre otros supuestos, las fusiones, la adquisición de acciones o participaciones, la adquisición de activos productivos y la constitución de empresas en participación o joint ventures que desarrollen de manera permanente funciones de una entidad económica autónoma. La ley también define nociones relevantes como control, grupo económico, agente económico, mercado relevante y empresa en común, conceptos que permiten identificar a los sujetos obligados a notificar una operación, determinar las relaciones existentes entre las empresas involucradas y establecer los parámetros bajo los cuales la autoridad evaluará los posibles efectos de la transacción sobre la competencia. Estas definiciones constituyen la base conceptual del sistema de control de concentraciones y sirven como referencia para interpretar el alcance de las obligaciones y los criterios de análisis aplicables durante el procedimiento de autorización. A continuación, se referencian los conceptos relevantes para efectos de un mayor entendimiento de la regulación sobre esta materia: 295

. Forbes Perú (2021) “Indecopi sanciona con millonaria multa al ‘cártel de la construcción’”. Tomado de: https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2021-11-19/indecopi-sanciona-con-millonaria-multa-a-cartel-de-laconstruccion/. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026].

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a) Agente económico: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que ofrece o demanda bienes o servicios en el mercado. La definición también comprende a quienes, sin ser formalmente titulares de determinados derechos o contratos, pueden ejercer los derechos asociados a estos, e incluye expresamente a los fondos de inversión nacionales y extranjeros.

b) Control: Corresponde a la capacidad de ejercer una influencia decisiva y continua sobre un agente económico. Este control puede derivarse de la propiedad o el uso de activos de una empresa, o de derechos y contratos que permitan influir de manera determinante en las decisiones, la administración o la estrategia competitiva de la organización.

c) Grupo económico: Es el conjunto de dos o más agentes económicos vinculados por una relación de control. También existe grupo económico cuando varias empresas se encuentran bajo el control común de una o varias personas naturales que actúan como una misma unidad de decisión.

d) Nexo geográfico: Es el vínculo que permite determinar si una operación de concentración produce efectos en el territorio peruano y, por tanto, si se encuentra dentro del ámbito de competencia de las autoridades encargadas de evaluar la operación.

e) Posición de dominio: Es la situación en la que uno o varios agentes económicos tienen la capacidad de actuar en el mercado con un grado de independencia respecto de sus competidores, clientes o proveedores296.

f) Mercado relevante: Es el espacio económico dentro del cual la autoridad analiza los efectos de una operación de concentración. Su delimitación considera tanto los bienes o servicios que pueden considerarse sustitutos entre sí como el ámbito geográfico en el que se desarrollan las condiciones de competencia. Este concepto sirve como referencia para evaluar el nivel de concentración y los posibles efectos de una transacción sobre la competencia.

296

. La Ley N.° 31112 remite para su definición al artículo 7 del Decreto Legislativo N.° 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. El cual establece lo siguiente: 7. De la posición de dominio del mercado: 7,1. Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a factores tales como: a) Una participación significativa en el mercado relevante. b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios. c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados. d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro así como a redes de distribución. e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o estratégica. f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de negociación de estos. 7,2. La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita.

138

En estos casos, es decir, cuando los agentes económicos involucrados superen los umbrales económicos, deben notificar la operación a la autoridad antes de su ejecución, para que esta evalúe sus posibles efectos sobre la competencia en los mercados involucrados. Como resultado de dicho análisis, la operación puede ser autorizada, autorizada con condiciones o no autorizada. Asimismo, en la ley se prevén mecanismos de consulta previa y se faculta a la autoridad para revisar determinadas operaciones que, aun cuando no alcancen los umbrales legales, puedan generar riesgos para la competencia. Este régimen forma parte del marco jurídico peruano de libre competencia y constituye un elemento relevante para la estructuración de inversiones y procesos de expansión empresarial en el país. Una precisión indispensable sobre su ámbito de aplicación es que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 2 de la citada ley, indica que su aplicación se extiende a las operaciones que produzcan efectos en todo o en parte del territorio peruano, incluyendo actos de concentración que se realicen en el extranjero y vinculen directa o indirectamente a empresas que desarrollan actividades económicas en el país, por lo que puede ocurrir que una adquisición acordada en Bogotá entre dos grupos con filiales peruanas implique obtener la autorización de INDECOPI. La obligación de notificar surge cuando se superan de manera concurrente, es decir, simultánea y no alternativa, dos umbrales expresados en Unidades Impositivas Tributarias UIT. El cuadro siguiente los resume, con su equivalencia en soles calculada con el valor de la UIT vigente para 2026:

UMBRAL

Conjunto

EQUIVALENCIA CON UIT

CONTENIDO

2026

Suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales, o del valor de los activos en el país, de todas las empresas involucradas, durante el ejercicio fiscal anterior

S/ 649000000

al de la notificación, igual o superior a 118000 UIT Valor de las ventas o ingresos brutos anuales, o valor de Individual

los activos en el país, de al menos dos de las empresas involucradas, cada una de ellas, durante el ejercicio fiscal

S/ 99000000 cada una

anterior, igual o superior a 18000 UIT Cuadro 38. Umbrales de notificación del control previo de operaciones de concentración empresarial. Fuente: Ley N.° 31112.

Para el cálculo de esos umbrales se toman en consideración no solo las cifras de las empresas que participan directamente en la operación, sino también, en determinados supuestos, las de los grupos económicos a los que pertenezcan o las de las empresas sobre las que ejerzan control (filiales o subordinadas). Por otra parte, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI está facultada para actuar de oficio cuando existan indicios razonables de que una operación, incluso por debajo de los umbrales, pueda generar posición de dominio o afectar la competencia, de modo que el cumplimiento formal de los umbrales no elimina por completo el riesgo de revisión.

139

También vale la pena mencionar que cuando la operación involucre empresas que captan fondos del público o del sistema de seguros y pueda comprometer la solidez o estabilidad del sistema financiero, la autoridad competente es únicamente la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y no INDECOPI297.

Procedimiento aplicable al trámite de la solicitud de autorización de la operación de concentración empresarial Según lo señalado en el artículo 21 de esta ley los agentes económicos obligados a notificar deben presentar ante la autoridad de competencia una solicitud acompañada de la información y documentación necesaria para que esta pueda evaluar la operación. La notificación debe contener datos sobre las empresas participantes, la estructura de la transacción, los mercados involucrados y demás elementos relevantes para el análisis de los posibles efectos de la operación. Asimismo, la presentación de la solicitud da inicio formal al procedimiento administrativo de evaluación por parte del INDECOPI. Una vez presentada la solicitud, la autoridad verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y su reglamento, y procede a analizar la información aportada por las partes para determinar si la operación puede generar efectos en las condiciones de competencia de los mercados involucrados. El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud de autorización por parte de los agentes económicos involucrados, acompañada de la información y documentación requerida para que la autoridad pueda comprender la estructura de la transacción, identificar los mercados afectados y analizar las características de las empresas participantes. Así pues, el procedimiento de control previo de operaciones de concentración empresarial previsto en la Ley N.° 31112 se encuentra desarrollado principalmente en el Capítulo V de la ley, que regula la evaluación que realiza el INDECOPI respecto de aquellas operaciones que cumplen los umbrales de notificación establecidos por la normativa. Una vez admitida la solicitud, el procedimiento se desarrolla en dos fases de evaluación. Durante la primera fase, el INDECOPI realiza un análisis preliminar de la operación y de sus posibles efectos sobre la competencia en los mercados involucrados. Si la información disponible permite concluir que la operación no genera preocupaciones relevantes desde la perspectiva de la libre competencia, la autoridad puede emitir una decisión de autorización en esta etapa, dando por finalizado el procedimiento. Cuando el análisis inicial evidencia aspectos que requieren una revisión más detallada, la operación pasa a una segunda fase de evaluación, también regulada en el Capítulo V de la Ley N.° 31112. En esta etapa, la autoridad puede solicitar información adicional a las partes involucradas y recopilar antecedentes de otros agentes económicos o entidades relacionadas con los mercados afectados. El examen se orienta a profundizar en elementos como la estructura del mercado, el nivel de concentración, la posición de los participantes y los posibles efectos de la operación sobre las condiciones de competencia. Con base en los resultados de este análisis, el INDECOPI adopta una decisión definitiva que puede consistir en la autorización de la operación, su autorización sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones o la denegación de la autorización.

297

. Numeral 2 del artículo 16 de la Ley N.° 31112, sobre informes proporcionados en el procedimiento de control previo de operaciones de concentración empresarial.

140

Los aspectos procedimentales relacionados con la tramitación de cada una de estas fases, los plazos de evaluación, los requerimientos de información y las facultades de la autoridad se complementan con las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley N.° 31112, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 039-2021-PCM.

Inejecución de las operaciones de concentración empresarial sujetas a control previo El artículo 23 de la Ley N.° 31112 establece los efectos derivados de la ejecución de una operación de concentración empresarial que se encuentra sujeta al régimen de control previo sin haber obtenido la autorización correspondiente del INDECOPI. En esencia, la norma dispone que las operaciones sometidas a notificación obligatoria no pueden perfeccionarse ni producir efectos jurídicos antes de que la autoridad emita una decisión favorable, consagrando así el principio de suspensión o stand still obligation. Esto significa que las partes deben abstenerse de implementar la transacción, transferir el control, integrar operaciones o ejercer derechos derivados de la concentración hasta que concluya el procedimiento de evaluación. La inobservancia de esta obligación puede dar lugar a la adopción de medidas por parte de la autoridad de competencia y a la imposición de las sanciones previstas en la ley. Asimismo, cuando una operación se ejecuta sin haber sido autorizada o en contravención de las condiciones impuestas por el INDECOPI, la autoridad puede ordenar las actuaciones necesarias para restablecer las condiciones existentes antes de la implementación de la concentración, incluyendo medidas orientadas a revertir los efectos derivados de su ejecución. De esta manera, el artículo 23 garantiza que las operaciones sujetas a control previo sean examinadas por la autoridad antes de producir efectos en el mercado y que cualquier actuación realizada en contravención de esta obligación pueda ser objeto de control y corrección conforme al marco legal aplicable.

Régimen de infracciones, multas y sanciones La Ley N.° 31112 dedica sus artículos 27 y siguientes al régimen de infracciones y sanciones aplicable a los agentes económicos que incumplan las obligaciones derivadas del sistema de control previo de concentraciones empresariales. Este régimen tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los deberes de notificación, colaboración y observancia de las decisiones adoptadas por la autoridad de competencia durante el procedimiento de evaluación de las operaciones de concentración. La norma atribuye al INDECOPI facultades para investigar las conductas infractoras, imponer sanciones y adoptar medidas orientadas a restablecer el cumplimiento del régimen legal. Entre las conductas susceptibles de sanción se encuentran la ejecución de una operación de concentración sujeta a control previo sin haber obtenido la autorización correspondiente; el incumplimiento de las condiciones o compromisos impuestos por la autoridad como requisito para autorizar una operación; la presentación de información falsa, incompleta o engañosa durante el procedimiento; y la negativa a suministrar la información requerida por el INDECOPI o la obstrucción de las actuaciones de investigación y supervisión previstas en la ley. Estas conductas son valoradas por la autoridad en función de su naturaleza, gravedad y de los efectos que puedan generar sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control de concentraciones. Para la imposición de sanciones, la ley establece la clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, así como criterios para graduar las multas, entre los cuales se encuentran la gravedad de la conducta, el beneficio obtenido por el infractor, el daño potencial o efectivo generado al mercado, la reincidencia y el grado de colaboración del agente económico durante las actuaciones administrativas. El sistema busca que las sanciones sean proporcionales a la conducta investigada y a sus efectos, dentro de los límites establecidos por la normativa.

141

Además de las multas, la autoridad puede imponer medidas correctivas cuando ello resulte necesario para restablecer las condiciones de competencia o garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento de control previo. De esta manera, el régimen sancionatorio constituye un complemento esencial del sistema de autorización de concentraciones empresariales, en la medida en que proporciona mecanismos para prevenir el incumplimiento de las obligaciones legales y asegurar la efectividad de las decisiones emitidas por el INDECOPI.

Competencia desleal y protección al consumidor Perú organiza la disciplina del comportamiento concurrencial y la tutela del consumidor en dos cuerpos normativos autónomos: (i) el Decreto Legislativo N.° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, y (ii) la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, administrados ambos por una misma autoridad: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Para la empresa extranjera que concurre al mercado peruano, esta concentración institucional simplifica el mapa de interlocutores, pero exige entender con precisión qué órgano conoce cada materia, porque la elección equivocada del foro genera inadmisibilidad y pérdida de plazos.

Arquitectura institucional Órgano del INDECOPI

Materia

Segunda instancia

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) y

Actos de competencia desleal y control de toda la publicidad comercial (competencia

Sala Especializada en Defensa de la

comisiones desconcentradas

exclusiva y excluyente)

Competencia

Órganos Resolutivos de

Denuncias de consumo cuya cuantía no

Procedimientos Sumarísimos

supere 3 UIT y materias especiales sin límite

(ORPS)

de cuantía

Comisión de Protección al

Vía ordinaria: idoneidad, información, discriminación, intereses colectivos y difusos,

Consumidor (CPC 1, 2 y 3)

servicios médicos, productos peligrosos

Comisión de Protección al Consumidor

Sala Especializada en Protección al Consumidor

Actos de confusión y explotación de la Direcciones y Comisiones de Propiedad Intelectual

reputación ajena vinculados a derechos de

Sala Especializada en

propiedad industrial, cuando denuncia el titular Propiedad Intelectual

142

Dos excepciones acotan esta competencia: el OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) aplica el régimen de competencia desleal en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, y los organismos reguladores (OSIPTEL, OSINERGMIN298, SUNASS299 y OSITRÁN300) resuelven en última instancia administrativa los reclamos de usuarios sobre la prestación de servicios públicos regulados. Fuera de esos ámbitos, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1044 es terminante: ninguna otra autoridad del Estado puede supervisar o sancionar en materia publicitaria.

Represión de la competencia desleal: Decreto Legislativo N.° 1044 Norma y vigencia. El Decreto Legislativo N.° 1044 fue publicado el 26 de junio de 2008 y entró en vigor treinta días después. Derogó el Decreto Ley N.° 26122 y el Decreto Legislativo N.° 691 (normas de publicidad), unificando en un solo cuerpo la represión de la deslealtad concurrencial y el control publicitario. Sus modificatorias vigentes son el Decreto Legislativo N.° 1205 (2015, posición del denunciante), el Decreto Legislativo N.° 1391 (2018, período de prueba, acceso al expediente y multas coercitivas), la Ley N.° 31112 (2021, acción indemnizatoria por intereses difusos) y la Ley N.° 32587, del 8 de mayo de 2026, que incorporó el artículo 14.4 sobre denuncia informativa ciudadana. Ámbito de aplicación. La ley alcanza a toda persona natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, cuyos actos tengan por efecto o finalidad concurrir en el mercado (artículos 2 y 3). El artículo 4 consagra el principio de los efectos: se aplica a actos que produzcan o puedan producir efectos en todo o parte del territorio nacional, aun cuando se hayan originado en el extranjero. Una campaña publicitaria diseñada en Bogotá y difundida hacia el mercado peruano queda sometida a la competencia del INDECOPI. El artículo 5 añade la primacía de la realidad: la autoridad atiende a la sustancia económica de la conducta y no a la forma jurídica adoptada. Cláusula general y condición de ilicitud. El artículo 6.2 define el acto desleal como aquel “objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado”. Se trata de un tipo sancionador autónomo, no de una mera pauta interpretativa: una conducta no subsumible en ninguno de los tipos específicos puede sancionarse directamente al amparo del artículo 6. El artículo 7 completa el cuadro con dos reglas de enorme impacto probatorio: no se requiere acreditar conciencia o voluntad del infractor (7,1) ni daño efectivo, bastando la potencialidad del daño (7,2). La infracción es, por tanto, de peligro y de responsabilidad objetiva en cuanto al elemento intencional. 298

. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. . Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 300 . Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. 299

143

Subcapítulo

Tipo

Núcleo de la conducta

Engaño (art. 8)

Inducir a error, real o potencial, sobre atributos, precio, condiciones o sobre el propio agente. Incluye el

I. Transparencia del

testimonio no auténtico.

mercado Confusión (art. 9) Explotación indebida de la reputación ajena (art. 10)

Inducir a error sobre el origen empresarial de la actividad, establecimiento o prestaciones. Aprovechamiento del crédito, fama o prestigio de otro agente, incluido el riesgo de asociación. Menoscabo de la imagen o el crédito de un competidor.

II. Reputación ajena

Denigración (art. 11)

Lícita si la información es verdadera, exacta y pertinente en forma y fondo.

Comparación y equiparación indebida (art. 12) Violación de secretos empresariales (art. 13)

III. Posición competitiva

Violación de normas (art. 14)

Alusión inequívoca a la oferta ajena; lícita bajo los mismos requisitos del artículo 11.2. Divulgación o explotación no autorizada; adquisición por espionaje o inducción al incumplimiento del deber de reserva. Obtener ventaja competitiva significativa infringiendo normas imperativas. El 14,3 alcanza la actividad empresarial estatal contraria al artículo 60 de la Constitución.

Sabotaje empresarial (art. 15)

Autenticidad (art. 16)

Interferencia en relaciones contractuales ajenas para inducir el incumplimiento de prestaciones esenciales. Publicidad encubierta: impedir que el destinatario la reconozca como tal. Infracción de la regulación publicitaria sectorial: omisión

IV. Actividad

Legalidad (art. 17)

publicitaria

de advertencias de riesgo, del precio total, del equivalente en moneda nacional, de la TEA, de la duración y unidades de una promoción.

Adecuación social (art. 18)

Publicidad que induce a actos ilegales o discriminatorios, o que promociona contenido erótico a público no adulto.

Cuadro 40. Tipología de actos desleales. Fuente: artículos 8 a 18 del Decreto Legislativo N.° 1044.

Reglas de enjuiciamiento publicitario. El Título III fija criterios que condicionan toda estrategia de marketing en Perú: el anuncio se interpreta de manera superficial e integral desde la perspectiva del consumidor, y las campañas se evalúan en conjunto (art. 21); rige el control posterior, con prohibición de censura previa (art. 22); y la responsabilidad se distribuye entre el anunciante, que responde en todos los casos, el medio de comunicación (por las normas de difusión) y la agencia (por el contenido distinto de las características del producto) (art. 23). La regla decisiva es la sustanciación previa de los artículos 8.3 y 8.4: la carga de acreditar la veracidad

144

de toda afirmación objetiva corresponde al anunciante, que debe contar con las pruebas antes de difundir el mensaje. Difundir sin respaldo previo es infracción, aunque la afirmación resulte después verdadera. Procedimiento. El procedimiento se inicia siempre de oficio por la Secretaría Técnica (art. 28.1). Quien denuncia es un colaborador y no titular de la acción: no necesita acreditar su condición de competidor o consumidor, pero tampoco puede disponer del procedimiento, y un acuerdo conciliatorio no lo extingue si se advierte afectación del interés público. Caben medidas cautelares en cualquier etapa, cese, comiso, inmovilización, medidas aduaneras, cierre temporal, sin exigencia de contracautela (art. 33.5). Las infracciones prescriben a los cinco años de ejecutado el último acto imputado (art. 51). Calificación

Multa máxima

Leve sin afectación real

Amonestación

Equivalente 2026 (UIT = S/ 5500) No aplica

Límite concurrente

No aplica 10% de los ingresos brutos del infractor,

Leve

50 UIT

S/ 275000 (≈ USD 81000)

relativos a todas sus actividades económicas, del ejercicio anterior al de la resolución

Grave

250 UIT

Muy grave

700 UIT

S/ 1375000 (≈ USD 405000) S/ 3850000 (≈ USD 1133000)

Cuadro 41. Régimen sancionatorio de la competencia desleal. Fuente: artículo 52 del Decreto Legislativo N.° 1044.

El tope del 10% no opera si el infractor no acredita sus ingresos brutos o si se encuentra en reincidencia (art. 52.2). La reincidencia es agravante calificada: la sanción no puede ser menor que la precedente (art. 52.3). La UIT aplicable es la vigente a la fecha del pago efectivo (art. 52.4) y existe un descuento del 25% por pronto pago sin impugnación (art. 52.5). A la multa se suman medidas correctivas, cese, remoción de efectos, comiso y destrucción, cierre temporal, rectificación publicitaria, medidas en frontera y publicación de la resolución condenatoria (art. 55), y multas coercitivas por incumplimiento de medidas cautelares (de 10 a 125 UIT, duplicables hasta 700 UIT) o de medidas correctivas (de 1 a 10 UIT, duplicables hasta dieciséis veces). La responsabilidad administrativa es independiente de la civil: la indemnización se persigue ante el Poder Judicial. A efectos de ejemplos prácticos, a continuación, se hace un comparativo Colombia – Perú: Ambos ordenamientos comparten la estructura de cláusula general más listado enunciativo (artículos 7 y 8 y siguientes de la Ley 256 de 1996 en Colombia; artículos 6 y 8 a 18 del Decreto Legislativo N.° 1044 en Perú) y prescinden de la culpa y del daño efectivo. Las diferencias operativas relevantes son: Foro. En Colombia la competencia desleal se ventila principalmente por vía jurisdiccional, ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales o ante los jueces civiles, lo que permite acumular la pretensión indemnizatoria. En Perú la vía es

145

exclusivamente administrativa ante el INDECOPI, que no concede indemnizaciones: los daños se reclaman después en sede judicial civil. Posición del denunciante. El denunciante peruano es un colaborador y no controla el procedimiento; en Colombia el demandante es parte procesal plena. Publicidad y actividad estatal. Perú unificó el control publicitario dentro de la ley de competencia desleal, atribuyéndolo en exclusiva a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; y su artículo 14.3 permite denunciar como acto desleal la actividad empresarial estatal que vulnere el principio de subsidiariedad del artículo 60 de la Constitución, mecanismo sin equivalente directo en Colombia y de interés para quien compite con empresas públicas.

Protección al consumidor: Ley N.° 29571 Marco y actualización. El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571, publicada el 2 de septiembre de 2010) desarrolla el artículo 65 de la Constitución. No tiene un reglamento único, sino reglamentos temáticos por decreto supremo. Su reforma ha sido intensa; para una empresa que se establece hoy en Perú importan especialmente: la Ley N.° 31435 (2022), que redujo a quince días hábiles improrrogables el plazo de respuesta a reclamos; la Ley N.° 32323 (2025), que amplió la prohibición de comunicaciones comerciales no consentidas a llamadas, mensajes de texto y correos; y el Decreto Legislativo N.° 1729, del 12 de febrero de 2026, que incorporó obligaciones de comercio electrónico y prohibió expresamente los patrones oscuros (art. 56.1.h). Este último exige, además, que los proveedores no domiciliados que dirijan su oferta digital al mercado peruano mantengan operativo, como mínimo, un correo electrónico para reclamos, cambios y devoluciones (art. 24.5). Consumidor y proveedor. Es consumidor quien adquiere o usa productos o servicios como destinatario final, en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Se extiende la tutela al microempresario que acredite asimetría informativa frente al proveedor respecto de bienes o servicios que no formen parte del giro propio de su negocio. En caso de duda sobre el destino final, se califica como consumidor a quien adquiere o usa el bien. El Código se aplica a las relaciones celebradas en territorio nacional o cuyos efectos se produzcan en él, e incluso a la etapa preliminar a la relación de consumo. Obligación

Contenido exigible

Idoneidad (arts. 18-19)

Correspondencia entre lo que el consumidor espera, según lo ofrecido, la publicidad y las circunstancias, y lo que recibe. Las autorizaciones estatales no eximen de responsabilidad frente al consumidor. Prelación imperativa: legal › explícita › implícita. La garantía legal no admite pacto

Garantías (arts. 20-22)

en contrario y no puede ser desplazada. La publicidad integra la garantía explícita.

Información (arts. 2, 3, 4, 6,

Información veraz, suficiente, oportuna, accesible y en castellano. Precio total con tributos y cargos. Si se publicita en moneda extranjera, debe consignarse

8, 10)

también en soles en caracteres iguales, y el consumidor elige la moneda de pago. Rotulado conforme a la norma sectorial.

146

Obligación

Contenido exigible

Libro de Reclamaciones

Obligatorio en todo establecimiento abierto al público, físico o virtual, con aviso visible. Respuesta a reclamos y quejas en 15 días hábiles improrrogables.

(arts. 150-152)

Proveedores con ingresos anuales iguales o mayores a 3000 UIT deben reportar al sistema SIREC del INDECOPI. Prohibición de ventas atadas, modificación unilateral de condiciones, obstáculos

Métodos comerciales (arts.

a la desvinculación, patrones oscuros en interfaces digitales, prácticas agresivas,

56-62)

comunicaciones no consentidas y métodos abusivos de cobranza (incluidas llamadas entre las 20:00 y las 07:00 horas, o en sábados, domingos y feriados).

Cláusulas abusivas (arts. 49-

Ineficacia absoluta, lista cerrada del art. 50, de las que limitan la responsabilidad por dolo o culpa, facultan la resolución unilateral o invierten la carga de la

52)

prueba; ineficacia relativa, lista abierta del art. 51, apreciada caso por caso. La autoridad administrativa las inaplica de oficio.

Seguridad y alertas (arts. 25-29-A)

Deber de advertencia de riesgos previsibles y, ante riesgos no previstos, obligación de retirar el producto, notificar a la autoridad e informar a los consumidores. La prueba de las medidas adoptadas corresponde al proveedor.

Cuadro 42. Obligaciones nucleares del proveedor frente al consumidor. Fuente: elaboración propia con base en la Ley N.° 29571.

Responsabilidad. La responsabilidad administrativa del proveedor es objetiva (art. 104) y solo se exonera acreditando una causa objetiva, justificada y no previsible que rompa el nexo causal: caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de tercero o imprudencia del propio consumidor. En sede civil, la responsabilidad por productos defectuosos es objetiva y solidaria entre todos los proveedores de la cadena, con derecho de repetición (art. 101), y la indemnización comprende daño emergente, lucro cesante, daño a la persona y daño moral (art. 103). Procedimiento y sanciones. Todo procedimiento sancionador de consumo se inicia formalmente de oficio (art. 107); la denuncia es acto de promoción. La vía sumarísima conoce controversias de hasta 3 UIT, determinadas por el valor del producto o servicio, no por la medida correctiva solicitada, y se resuelve en 30 días hábiles; la vía ordinaria, en 120. Las multas alcanzan 50 UIT (leve), 150 UIT (grave) y 450 UIT (muy grave). El tope adicional sobre ingresos brutos solo aplica a micro y pequeñas empresas (10% y 20% respectivamente) y bajo tres condiciones concurrentes; para medianas y grandes empresas rige únicamente el tope en UIT. Excepcionalmente, quienes ejerzan dirección o representación responden solidariamente si actuaron con dolo o culpa inexcusable, con multa adicional de hasta 5 UIT (art. 111). El INDECOPI puede dictar medidas correctivas reparadoras a favor del consumidor y complementarias, incluida la declaración de inexigibilidad de cláusulas abusivas, el decomiso, los avisos rectificatorios y, en infracciones muy graves con reincidencia, la clausura temporal hasta por seis meses. La sanción firme implica inscripción automática por cuatro años en el Registro de Infracciones y Sanciones, de acceso público. Las infracciones prescriben a los dos años y la sanción, a los tres. Regímenes sectoriales. Los reclamos sobre servicios públicos regulados se resuelven en última instancia por el organismo regulador respectivo, con silencio administrativo positivo a favor del usuario si el proveedor no responde en plazo (arts. 63 a 66). En servicios financieros rige

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la especialidad de la Ley N.° 26702 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado (Resolución SBS N.° 3274-2017), con obligación del INDECOPI de pedir informe técnico a la SBS al interpretar normativa financiera. En materia inmobiliaria, los artículos 76 a 80 imponen deberes reforzados de información, autorizaciones municipales, habilitación urbana, saneamiento, declaratoria de edificación, y una garantía mínima de diez años para aspectos estructurales desde la recepción de obra por la municipalidad.

Frontera entre competencia desleal y protección al consumidor El artículo 17 del Código resuelve el reparto: la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal conoce en exclusiva la verificación del cumplimiento de las normas de publicidad, mientras que las afectaciones concretas y específicas a los derechos de un consumidor derivadas de esa publicidad son competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. La regla operativa es sencilla: si la imputación se agota en el mensaje y en su aptitud abstracta para inducir a error al consumidor razonable, corresponde a la CCD; si se refiere a la prestación efectivamente recibida por un consumidor identificado o a una omisión informativa que afectó su decisión concreta, corresponde a la CPC. Un mismo hecho puede dar lugar a dos procedimientos paralelos sin que ello configure una vulneración del principio non bis in idem, al no existir identidad de fundamento. A continuación, se hace un comparativo Colombia – Perú: El Estatuto del Consumidor colombiano (Ley 1480 de 2011) y el Código peruano comparten la responsabilidad objetiva del proveedor, el régimen de cláusulas abusivas y la prelación de garantías. Las diferencias que más impactan en la operación son: Remedios. La Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, en función jurisdiccional, puede ordenar el cumplimiento de la garantía y condenar en la acción de protección al consumidor. El INDECOPI dicta medidas correctivas reparadoras limitadas a las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas: el daño moral, el daño a la persona y el lucro cesante se reclaman en la vía civil. Libro de Reclamaciones. Es una obligación formal peruana, con formato, aviso y plazo reglados, sin equivalente exacto en Colombia; su ausencia o su llevanza defectuosa constituye infracción autónoma frecuentemente sancionada. Cuantía y prescripción. El techo peruano es de 450 UIT (aproximadamente USD 728000), acompañado de inscripción pública en el Registro de Infracciones y Sanciones por cuatro años y de eventual responsabilidad solidaria de administradores. La infracción prescribe a los dos años desde su comisión o cese, horizonte al que conviene alinear las políticas de conservación documental y de trazabilidad de reclamos.

Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo constituye uno de los pilares del sistema de cumplimiento empresarial peruano. Su finalidad es impedir que los distintos sectores de la economía sean utilizados para ocultar, transformar, transferir o

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administrar recursos provenientes de actividades ilícitas, así como evitar que dichos recursos sean destinados al financiamiento de organizaciones o actividades vinculadas al terrorismo. El marco regulatorio peruano se encuentra conformado por un conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas encabezadas por la Ley N.° 27693, mediante la cual se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú -UIF-Perú, por el Decreto Legislativo N.° 1106, que tipifica los delitos de lavado de activos, y por diversas normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -SBS dirigidas a regular los sistemas de prevención aplicables a los sujetos obligados. Desde la perspectiva de un inversionista extranjero, resulta importante comprender que el modelo peruano se encuentra construido sobre una lógica predominantemente preventiva y de inteligencia financiera. En consecuencia, buena parte de las obligaciones empresariales no se relacionan con la persecución penal del delito, sino con la implementación de mecanismos de identificación, monitoreo y reporte que permitan detectar tempranamente operaciones que pudieran presentar riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

La arquitectura institucional y la doble función de la SBS Una de las particularidades más relevantes del modelo peruano de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo es la concentración, en una misma entidad, de funciones de supervisión financiera y de inteligencia financiera. Esta característica diferencia a Perú de otros ordenamientos latinoamericanos, incluido el colombiano, en los que dichas funciones se encuentran distribuidas entre organismos distintos. La SBS es, por mandato de la Ley N.° 26702, la autoridad encargada de la regulación, supervisión y control de las empresas que integran el sistema financiero, el sistema de seguros y el sistema privado de pensiones. En ejercicio de estas competencias, supervisa la solvencia patrimonial de las entidades sometidas a su vigilancia, verifica la adecuada gestión de riesgos, controla el cumplimiento de los requerimientos prudenciales y procura la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. A esta función tradicional de supervisión financiera se suma una segunda responsabilidad de naturaleza distinta, derivada de la incorporación de la UIF-Perú a la estructura institucional de la SBS mediante la Ley N.° 27693 de 2002. En virtud de esta integración, la misma entidad que supervisa la estabilidad y solidez del sistema financiero alberga también al organismo nacional especializado en la recepción, análisis y procesamiento de información orientada a detectar posibles operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Esta coexistencia de funciones no implica una confusión de competencias. La SBS ejerce una función de carácter prudencial y regulatorio sobre los sujetos sometidos a su supervisión financiera, mientras que la UIF-Perú desarrolla actividades de inteligencia financiera con fines preventivos y de apoyo a la detección de operaciones potencialmente ilícitas. Conforme al artículo 3 de la Ley N.° 27693301, la UIF cuenta con autonomía funcional, técnica y administrativa para recibir, solicitar, analizar y evaluar información relacionada con posibles actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, así como para comunicar sus hallazgos al Ministerio Público cuando existan indicios que ameriten investigación penal. 301

. Artículo 3 de la Ley N.° 27693, sobre funciones de la UIF-Perú.

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En consecuencia, la SBS cumple una doble función institucional. Por una parte, actúa como autoridad supervisora del sistema financiero y de seguros, velando por la estabilidad, solvencia y adecuado funcionamiento de los mercados bajo su competencia. Por otra, a través de la UIFPerú, participa en el sistema nacional de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, coordinando la recepción y análisis de reportes remitidos por los sujetos obligados, promoviendo mecanismos de prevención y colaborando con las autoridades encargadas de la investigación criminal. Esta integración institucional busca facilitar el acceso a información financiera relevante y fortalecer la coordinación entre la supervisión prudencial y los mecanismos de inteligencia financiera. No obstante, el ordenamiento peruano mantiene una separación funcional clara entre las actividades de supervisión financiera, las labores de inteligencia financiera y las competencias de investigación y juzgamiento penal. Por ello, ni la SBS ni la UIF-Perú ejercen funciones jurisdiccionales ni determinan responsabilidades penales. Cuando el análisis realizado por la UIF evidencia posibles vínculos con actividades ilícitas, la información es remitida al Ministerio Público, entidad a la que corresponde dirigir la investigación penal conforme a sus atribuciones constitucionales. El Reglamento de la Ley N.° 27693, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 020-2017JUS, refuerza esta estructura al reconocer a la UIF-Perú como la autoridad central del sistema nacional de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y como el principal canal de intercambio de información entre los sujetos obligados, los organismos supervisores, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y las entidades homólogas extranjeras. De esta manera, la SBS no sólo participa en la supervisión de entidades financieras, sino que también constituye el eje institucional alrededor del cual se articula el sistema peruano de inteligencia financiera. Desde la perspectiva de una empresa colombiana que pretenda operar en Perú, esta configuración resulta relevante porque implica que las obligaciones de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo se encuentran estrechamente vinculadas a un sistema de supervisión con amplias capacidades de acceso, análisis e intercambio de información, coordinado desde una misma estructura institucional. Ello exige comprender que el cumplimiento normativo en esta materia no se limita a las entidades financieras, sino que se extiende a numerosos sectores económicos considerados sujetos obligados por la legislación peruana. La Ley N.° 27693 le permite a la solicitar documentos, informes, registros y antecedentes a entidades públicas, empresas estatales, personas naturales y personas jurídicas privadas. Asimismo, puede acceder a determinadas bases de datos y establecer mecanismos electrónicos de intercambio de información con organismos nacionales e internacionales. Esta capacidad de acceso constituye uno de los instrumentos más importantes del sistema de inteligencia financiera. Sin embargo, su ejercicio debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento constitucional peruano, particularmente en materias relacionadas con la reserva bancaria, la reserva tributaria, la protección de datos personales y otros derechos fundamentales.

150

Además de la recepción y análisis de información, la UIF participa en actividades de coordinación con organismos supervisores, autoridades administrativas, entidades financieras y organismos extranjeros que ejercen funciones equivalentes. La normativa peruana le reconoce expresamente facultades para intercambiar información y cooperar con unidades de inteligencia financiera de otros países, en el marco de convenios y mecanismos internacionales de asistencia y colaboración. Este modelo responde a la naturaleza transnacional que suelen presentar los esquemas de lavado de activos y financiación del terrorismo, los cuales frecuentemente involucran movimientos de recursos a través de diferentes jurisdicciones.

El punto que la mayoría de las guías omite: la construcción es sujeto obligado Aquí se encuentra la información de mayor valor práctico de este capítulo, y la que con mayor frecuencia se pasa por alto. El régimen general de prevención está contenido en la Resolución SBS N.° 789-2018, Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, y el listado de actividades comprendidas incluye de manera expresa la actividad de construcción y/o inmobiliaria, junto con otras como el comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales, la compraventa de aeronaves, los hipódromos, los juegos de lotería y el préstamo o empeño. La consecuencia es inequívoca: una empresa constructora o inmobiliaria que opere en Perú es sujeto obligado y debe implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), que es el equivalente funcional peruano de lo que en Colombia se denomina SAGRILAFT, esto es, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. No se trata de una recomendación de buenas prácticas sino de una obligación cuyo incumplimiento se sanciona. El ordenamiento peruano contempla además un régimen simplificado. La Resolución SBS N.° 369-2018 aprobó la norma aplicable a los sujetos obligados bajo el denominado sistema acotado de prevención, que implica únicamente la obligación de designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva y de prevenir, detectar y comunicar a la UIF-Perú las operaciones sospechosas mediante el reporte correspondiente, sin las demás exigencias del régimen pleno. Determinar cuál de los dos regímenes aplica a una operación concreta es, por tanto, la primera decisión que debe tomarse, y para ello la SBS mantiene publicada en su portal la relación oficial y actualizada de sujetos obligados, cuya consulta directa es indispensable porque se actualiza de manera periódica.

Obligaciones concretas del sujeto obligado El eje del sistema es el oficial de cumplimiento, persona natural designada por el sujeto obligado y responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención, que actúa además como punto de contacto entre la empresa y el organismo supervisor. La norma establece que una misma persona solo puede ser oficial de cumplimiento de un sujeto obligado, salvo el supuesto del oficial de cumplimiento corporativo, figura que permite a un grupo económico designar a un único responsable previa autorización. El oficial de cumplimiento es quien, en representación del sujeto obligado, califica una operación como sospechosa y la comunica a la UIF-Perú mediante el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). La norma exige dejar constancia documental del análisis y de las

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evaluaciones realizadas tanto para calificar una operación como inusual o sospechosa, como para justificar por qué una operación inusual no fue finalmente reportada, extremo este último que en la práctica de supervisión resulta tan examinado como el reporte mismo. La información y documentación relacionada con el sistema debe conservarse por un plazo no menor de cinco años302. A esas obligaciones se añaden la debida diligencia en el conocimiento del cliente con enfoque basado en riesgos, para cuya aplicación la propia SBS ha publicado guías de apoyo, incluida una específica sobre el uso de herramientas digitales; la capacitación periódica del personal; el registro de operaciones; y la atención de los requerimientos de información de las autoridades competentes, así como la verificación de las listas de sanciones, entre ellas las derivadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el cumplimiento de las medidas de congelamiento de fondos que dicte la SBS en casos vinculados a estos delitos303. El régimen sancionador está contenido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para los supervisados por la UIF-Perú, aprobado por la Resolución SBS N.° 8930-2012 y sus modificatorias. El órgano instructor del procedimiento sancionador es, conforme a la modificación introducida por la Resolución SBS N.° 3322-2015, el Departamento de Evaluación y Acciones Correctivas de la UIF-Perú, que investiga, determina si existen indicios suficientes de infracción y propone al término de su instrucción la forma de concluir el procedimiento304. Un dato empírico que confirma que la supervisión es activa en el sector inmobiliario: una investigación académica que solicitó a la SBS, mediante acceso a la información pública, los expedientes administrativos correspondientes, obtuvo en febrero de 2025 información sobre varios procedimientos en los que el administrado era en todos los casos una empresa inmobiliaria305. Debe recordarse, finalmente, la obligación de informar el beneficiario final descrita en el Capítulo 3: las personas jurídicas deben comunicar a la administración tributaria la identidad de la persona natural que posee, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital o que ejerce el control final, obligación cuya finalidad declarada es precisamente fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

302

. Numerales 15 y 16 de la Resolución SBS N.° 369-2018. . Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (s. f.) “Guías del SPLAFT”. Tomado de: https://www.sbs.gob.pe. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]; Resolución SBS N.° 369- 2018. 304 . Resolución SBS N.° 8930-2012, Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para los supervisados por la UIF-Perú, modificada por la Resolución SBS N.° 3322-2015. 305 . Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Derecho (2025) “Investigación académica sobre procedimientos sancionadores de la UIF-Perú”, con información remitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 11 de febrero de 2025. Tomado de: https://repositorio.usil.edu.pe. 303

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Responsabilidad de las personas jurídicas por delitos económicos El instrumento central del cumplimiento corporativo peruano frente a los delitos económicos, comúnmente denominados delitos de cuello blanco, es la Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, cuyo reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS. Su rasgo esencial es la autonomía de la responsabilidad: la persona jurídica puede ser investigada, procesada y sancionada de manera independiente de la persecución penal que se siga contra sus representantes, directores, ejecutivos o empleados306. Esta Ley, cuya denominación original la circunscribía al delito de cohecho activo transnacional y fue sustituida por la Ley N.° 30835 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal”307, regula, según lo dispone su artículo 1, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por un catálogo cerrado de delitos que, tras las ampliaciones sucesivas operadas por el Decreto Legislativo N.° 1352, la Ley N.° 30835 y la Ley N.° 31740, comprende los delitos de colusión simple y agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico y tráfico de influencias, previstos en el Código Penal; el delito de lavado de activos, tipificado en el Decreto Legislativo N.° 1106; el delito de financiamiento del terrorismo y los delitos de terrorismo del Decreto Ley N.° 25475; así como los delitos tributarios del Decreto Legislativo N.° 813 y los delitos aduaneros de la Ley N.° 28008 308. Cabe precisar que las conductas no comprendidas en este catálogo se rigen por el régimen de consecuencias accesorias del Código Penal, de manera que la Ley opera sobre un ámbito delictivo taxativo y no sobre una cláusula general de responsabilidad corporativa. Por su parte, el artículo 2 delimita el ámbito subjetivo de aplicación, señalando que son personas jurídicas para efectos de la Ley las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta. La misma disposición establece una regla de continuidad de la responsabilidad de particular relevancia práctica: el cambio de nombre, denominación o razón social, la reorganización social, la transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier otro 306 . Superintendencia del Mercado de Valores (s. f.) “Modelo de Prevención de Delitos”. Tomado de: https://www.gob.pe/82660-modelo-de-prevencion-de-delitos. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2026]. 307 . Congreso de la República del Perú (2018) “Ley N.° 30835, Ley que modifica la denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Tomado de: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1676524-1. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 308 . Congreso de la República del Perú (2023) “Ley N.° 31740, Ley que modifica la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo”. Tomado de: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2177547-1. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

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acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma. Cabe destacar que la Ley N.° 31740 atenuó esta regla incorporando una salvedad en favor de la persona jurídica absorbente o resultante que acredite haber ejecutado un proceso de debida diligencia razonable orientado a descartar la comisión previa de los delitos comprendidos en el artículo 1, con lo cual el legislador peruano dotó de efectos jurídicos expresos a la debida diligencia en operaciones de fusiones y adquisiciones.

Atribución de responsabilidad y autonomía Más adelante, el artículo 3 regula los supuestos de atribución de responsabilidad, disponiendo que las personas jurídicas son administrativamente responsables por los delitos comprendidos en el artículo 1 cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por: a) sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales o contractuales y órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, comprendiendo la Ley N.° 31740 también a los socios, apoderados y a los órganos equivalentes de sus filiales o subsidiarias; b) las personas naturales que presten cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren o de si media relación contractual, y que, estando sometidas a la autoridad y control de los gestores u órganos mencionados en el literal anterior, actúen por orden o autorización de estos últimos; y c) las personas naturales señaladas en el literal precedente cuando, en atención a la situación concreta del caso, no se ejerza sobre ellas el debido control y vigilancia por parte de los administradores de hecho o de derecho, representantes legales o contractuales u órganos colegiados de la persona jurídica. La norma excluye expresamente la responsabilidad de la persona jurídica en los casos en que las personas naturales indicadas en los literales anteriores hubiesen cometido el delito exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto de la persona jurídica, delimitando así el elemento del provecho corporativo como presupuesto indispensable de la imputación. Asimismo, el artículo 4 consagra la autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y regula la extinción de la acción en su contra, disponiendo que dicha responsabilidad es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural, de modo que las causas que extinguen la acción penal contra esta última no enervan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. La acción contra la persona jurídica se extingue únicamente por prescripción, cosa juzgada, amnistía o el derecho de gracia, rigiéndose la prescripción, en lo que corresponda, por lo dispuesto en los artículos 80, 82, 83 y 84 del Código Penal.

Medidas administrativas aplicables En cuanto a las medidas administrativas aplicables, el artículo 5 faculta al juez a imponer, según corresponda, las que se detallan en el cuadro siguiente. Cabe advertir que la Ley N.° 32054 introdujo en esta disposición una excepción en favor de los partidos políticos, a los que sustrajo de la aplicación de determinadas medidas (la disolución y la suspensión de actividades)309, modificación que fue objeto de crítica en la doctrina peruana por su potencial efecto de atenuación del régimen sancionatorio respecto de las organizaciones políticas310.

309

. Congreso de la República del Perú (2024) “Ley N.° 32054, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas”. Tomado de: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2296582-1. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

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Medida

Alcance y duración

Multa

Hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de las reglas de determinación del artículo 7. (i) Suspensión de las actividades sociales por plazo no mayor de dos años; (ii) prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de

Inhabilitación

aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, con carácter temporal (no mayor de cinco años) o definitivo; (iii) suspensión para contratar con el Estado por plazo no mayor de cinco años.

Cancelación

Clausura Disolución

De licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. De locales o establecimientos, con carácter temporal (no mayor de cinco años) o definitivo. De la persona jurídica, en los supuestos restringidos del artículo 10.

Cuadro 43. Medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas. Fuente: artículo 5 de la Ley N.° 30424.

Complementariamente, el artículo 6 faculta al juez a ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica responsable, cuando sea necesario para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta por un periodo de dos años. La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a algunas de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio, debiendo el juez fijar su contenido y alcances, determinar la entidad a cargo y los plazos en que esta debe cursar informes. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria, con estricto deber de confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad. El artículo 7 regula la determinación de la multa cuando no pueda establecerse el monto del beneficio obtenido o esperado. En su redacción original, esta disposición establecía una escala progresiva anclada en el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito (de diez a cincuenta UIT para ingresos de hasta ciento cincuenta UIT; de cincuenta a doscientas cincuenta UIT para ingresos de hasta mil setecientas UIT; y de doscientas cincuenta a quinientas

310

. Juris.pe (2024) “Ley 32054, ley que modifica el Código Penal y la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal”. Tomado de: https://juris.pe/blog/ley-32054-ley-quemodifica-el-codigo-penal-y-la-ley-30424-que-regula- la-responsabilidad-administrativa-de-las-personas-juridicasen-el-proceso-penal/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

155

UIT para ingresos superiores a mil setecientas UIT), escala que la Ley N.° 31740 sustituyó por un rango único de diez a diez mil unidades impositivas tributarias, complementado con un catálogo de criterios de graduación que comprende el incumplimiento de reglas internas, la cantidad y jerarquía de las personas involucradas, la omisión de vigilancia, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado, el tamaño y la capacidad económica de la persona jurídica, la denuncia espontánea de la infracción, el comportamiento posterior a la comisión del delito y la disposición a mitigar o reparar el daño. En cuanto a la ejecución, la multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de consentida o ejecutoriada, admitiéndose a solicitud de la persona jurídica el pago en cuotas mensuales dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses cuando su magnitud pueda poner en riesgo la continuidad de la actividad o el mantenimiento de los puestos de trabajo, o cuando así lo aconseje el interés general. El incumplimiento del pago habilita la ejecución sobre los bienes de la persona jurídica o, previo requerimiento judicial, su conversión en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva. Los artículos 8, 9 y 10 establecen las reglas de aplicación de las restantes medidas. Conforme al artículo 8, la suspensión para contratar con el Estado se impone de forma obligatoria en los casos en que el delito es cometido en el marco de un proceso de contratación pública, pudiendo el juez imponer cualquier otra modalidad de inhabilitación en supuestos distintos, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a los criterios del artículo 14. El artículo 9 dispone que la cancelación de licencias u otras autorizaciones administrativas se aplica de forma obligatoria cuando los delitos previstos en el artículo 1 estuvieran destinados o vinculados a su obtención, sin perjuicio de que el juez pueda imponer la cancelación o la clausura en otros supuestos cuando lo estime pertinente. El artículo 10, por su parte, reserva la disolución exclusivamente para las personas jurídicas que hayan sido constituidas y operado para favorecer, facilitar o encubrir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, precisando que en ningún caso podrá aplicarse por otras circunstancias, y excluyendo de su alcance a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado o sociedades de economía mixta que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pueda causar graves consecuencias sociales o económicas o daños serios a la comunidad. Finalmente, el artículo 11 dispone que el juez, cuando corresponda, ordena el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito, de conformidad con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las medidas administrativas que resulten aplicables.

Determinación e individualización de las medidas En materia de determinación de las medidas, el artículo 12 enumera las circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa: haber procedido, a través de sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales o contractuales u órganos colegiados, a confesar la comisión del delito con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria; la colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en cualquier momento del proceso; el impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito; la reparación total o parcial del daño; la adopción e implementación de un modelo de prevención después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral; y la

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acreditación parcial de los elementos del modelo de prevención previstos en el párrafo 17.2 del artículo 17. Cabe advertir que, tras la reforma operada por la Ley N.° 31740, esta disposición pasó a regular conjuntamente el eximente y las circunstancias atenuantes, trasladando a su texto el eximente que originalmente residía en el artículo 17 e incorporando la salvedad conforme a la cual dicho eximente resulta inaplicable cuando el delito es cometido por socios, directores, administradores o representantes con capacidad de control sobre la persona jurídica, supuesto en el que el juez únicamente puede imponer la medida de multa, reducible de manera excepcional hasta en un noventa por ciento311. De manera correlativa, el artículo 13 tipifica como circunstancias agravantes la comisión del delito dentro de los cinco años posteriores a la imposición, mediante sentencia firme, de una o más medidas del artículo 5 a la misma persona jurídica, supuesto en el cual el juez puede aumentar las medidas de multa, inhabilitación y clausura hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido, así como la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión del delito, entendiéndose que se está ante este supuesto cuando la actividad legal de la entidad sea menos relevante que su actividad ilegal. El artículo 14 enumera los criterios que el juez debe atender para la aplicación de las medidas de inhabilitación, cancelación y clausura, a saber: la gravedad del hecho punible; el tamaño y la naturaleza de la persona jurídica; su capacidad económica; la extensión del daño o peligro causado; el beneficio económico obtenido con el delito; la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el delito; y el puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber de control. Por su parte, el artículo 15 establece la metodología de individualización de las medidas administrativas mediante el sistema de tercios, conforme al cual el juez identifica la extensión de la medida según los límites del artículo 5, la divide en tres partes y determina la medida concreta según concurran únicamente atenuantes (tercio inferior), atenuantes y agravantes (tercio intermedio) o únicamente agravantes (tercio superior), aplicándose la medida por debajo del tercio inferior cuando concurran atenuantes privilegiadas y por encima del tercio superior cuando concurran agravantes cualificadas. Más adelante, el artículo 16 regula la suspensión de la ejecución de las medidas administrativas, facultando al juez a suspenderla, mediante resolución debidamente motivada y de modo excepcional, considerando especialmente el número de trabajadores, las ventas anuales netas o los montos de exportación de la persona jurídica, por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre que la entidad no esté incursa en el supuesto de reincidencia del literal a) del artículo 13. Tratándose de empresas del Estado, sociedades de economía mixta o personas jurídicas que presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pueda causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, el juez puede ordenar la suspensión cualquiera fuese la medida impuesta en la sentencia. La norma precisa además que, si durante el periodo de suspensión no se dispone la incorporación formal de la persona jurídica al proceso penal conforme a los artículos 90 y 91 del Código Procesal Penal, el juez deja sin efecto la medida impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa, sin que la suspensión afecte el decomiso dispuesto judicialmente. 311

. Congreso de la República del Perú (2023) Óp. cit.

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La sección dedicada al modelo de prevención constituye el eje del régimen desde la perspectiva del asesoramiento corporativo. El artículo 17 dispone que la persona jurídica está exenta de responsabilidad administrativa si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. Sus elementos mínimos son los que se detallan a continuación.

Elemento

Contenido Persona u órgano designado por el máximo órgano de administración, que ejerce la función de auditoría interna de prevención y cuenta con el personal, medios y

Encargado de

facultades necesarios para cumplirla adecuadamente. La función se ejerce con la

prevención

debida autonomía respecto del órgano de administración, sus propietarios, accionistas o socios. En la micro, pequeña y mediana empresa puede ser asumida directamente por el órgano de administración. (i) Identificación de las actividades o procesos que generen o incrementen riesgos de comisión del delito; (ii) establecimiento de procesos específicos que permitan a las personas intervinientes programar y ejecutar sus tareas de manera que

Medidas preventivas

prevenga la comisión del delito; (iii) identificación de los procesos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan prevenir su utilización en la conducta delictiva; (iv) existencia de sistemas de denuncia, protección del denunciante, persecución e imposición de sanciones internas contra los trabajadores o directivos que incumplan el modelo.

Difusión y supervisión

Mecanismo de difusión y supervisión interna del modelo de prevención, aprobado por un reglamento o instrumento similar emitido por la persona jurídica.

Cuadro 44. Elementos mínimos del modelo de prevención. Fuente: numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley N.° 30424.

Resultan de particular relevancia práctica dos previsiones adicionales del mismo artículo. El párrafo 17.4 precisa que, en el caso de las empresas del Estado y sociedades de economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. El párrafo 17.5, por su parte, excluye la responsabilidad administrativa de la persona jurídica cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado, atendiendo a los elementos previstos en el párrafo 17.2, disposición que configura una defensa corporativa autónoma frente a la conducta desleal de sus propios integrantes. El artículo 18, en su redacción original, regulaba los efectos jurídicos y la valoración del modelo, disponiendo que el fiscal o el juez verifican su efectiva implementación y funcionamiento y que, si en el curso de las diligencias preliminares se acredita la existencia de un modelo implementado con anterioridad a la comisión del delito, el fiscal dispone el archivo de lo actuado mediante decisión debidamente motivada, pudiendo el juez, si la investigación preparatoria ya se hubiese formalizado, dictar auto de sobreseimiento a petición del Ministerio Público. El artículo 19 original, por su parte, admitía la certificación del modelo de prevención por terceros debidamente registrados y acreditados, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los elementos del párrafo 17.2.

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Cabe destacar que la Ley N.° 31740 reconfiguró sustancialmente este bloque normativo. El artículo 18 pasó a regular la emisión del informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores, con calidad de pericia institucional, que el fiscal debe requerir cuando la persona jurídica investigada alegue contar con un modelo de prevención, en un plazo de noventa días hábiles prorrogable por igual periodo en atención a la complejidad, el tamaño o la ubicación geográfica de la entidad. Los artículos 19 a 22, incorporados por la misma Ley, regulan respectivamente la valoración conjunta de dicho informe con los demás medios de prueba actuados, el carácter confidencial de la información y documentación del modelo, las facultades de la Superintendencia para requerir información, realizar visitas de evaluación y tomar declaraciones, y el intercambio de información entre esta y el organismo competente en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo312.

Aspectos procesales y disposiciones modificatorias Entre las disposiciones complementarias finales, la Ley fijó su vigencia, (originalmente al 1 de julio de 2017, luego diferida al 1 de enero de 2018 por el Decreto Legislativo N.° 1352), ordenó la aprobación de su reglamento, y dispuso que la investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo N.° 957. Asimismo, reconoció a la persona jurídica todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú confiere al imputado, incluida la posibilidad de ser asistida por la defensa pública y la aplicación de los mecanismos de conclusión anticipada del juicio y de terminación anticipada previstos en los artículos 372 y 468 a 471 del mencionado código. Encomendó igualmente al Poder Judicial la implementación de un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas administrativas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase y duración de la sanción, así como del detalle del órgano jurisdiccional y la fecha de la sentencia firme; encargó a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción la realización de campañas de difusión sobre los alcances de la norma y la emisión de un informe técnico no vinculante respecto de toda propuesta normativa que modifique la Ley o implique la reducción o ampliación de su objeto o alcances; y previó responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria para quien presente denuncias maliciosas en el marco de esta Ley. Finalmente, mediante sus disposiciones complementarias modificatorias, la Ley incorporó al Código Penal preceptos de gran relevancia práctica. El primero es el artículo 401-C del Código Penal, que regula la multa aplicable a las personas jurídicas señaladas en el artículo 2 de la Ley cuando resulten responsables por el delito previsto en el artículo 397-A del Código Penal. El segundo es el artículo 313-A del Código Procesal Penal, que faculta al juez, a pedido de parte

312 . Superintendencia del Mercado de Valores (2021) “Lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, aprobados por Resolución SMV N.° 006-2021-SMV/01”. Tomado de: https://cms.law/content/download/443067/file/Lineamientos_SMV_Ley_30424_MARZO_202 1_1617194939.pdf. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

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legitimada, a ordenar contra la persona jurídica, además de las medidas establecidas en el numeral 1 del artículo 313, la prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas con cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el delito, así como la suspensión para contratar con el Estado. La imposición de estas medidas cautelares procede siempre que existan suficientes elementos probatorios sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y que resulten indispensables para prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, o para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, sin que puedan durar más de la mitad del tiempo fijado para las medidas de carácter temporal previstas en el artículo 5 de la Ley313.

El Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS) El Reglamento Decreto Supremo, publicado el 9 de enero de 2019 tiene por objeto establecer, precisar y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos de los modelos de prevención que las personas jurídicas de manera voluntaria pueden implementar en su organización, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N.° 30424. En el Decreto se menciona que la implementación voluntaria de un modelo de prevención tiene como finalidad la prevención, detección y mitigación de la comisión de delitos, así como promover la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas. Su artículo 3 clasifica a las personas jurídicas, a efectos de graduar la exigencia del modelo conforme al principio de proporcionalidad, en los términos que se indican a continuación:

Categoría

Ventas anuales

Trabajadores (entidades sin fines de lucro)

Gran empresa

Superiores a 2300 UIT

Más de 250 trabajadores

Mediana empresa

Superiores a 1700 y hasta 2300 UIT

De 51 hasta 250 trabajadores

Pequeña empresa

Superiores a 150 y hasta 1700 UIT

De 11 hasta 50 trabajadores

Microempresa

Hasta el monto máximo de 150 UIT

De 1 hasta 10 trabajadores

Cuadro 45. Clasificación de las personas jurídicas para graduar la exigencia del modelo de prevención. Fuente: artículo 3 del Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS.

El artículo 4 enuncia once principios rectores del modelo de prevención, (accesibilidad, adaptabilidad, compromiso y liderazgo, continuidad, documentación, eficiencia, evaluación continua del riesgo, independencia, proporcionalidad, publicidad y comunicación preventiva, y razonabilidad), y el artículo 5 recoge un extenso glosario de definiciones operativas. El Título II desarrolla secuencialmente la identificación de riesgos (construcción del perfil de riesgo, tipos de riesgos, fuentes de información y criterios de identificación), así como mediante procedimientos de debida diligencia reforzada.

313

. Congreso de la República del Perú (2016) “Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Tomado de: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1370638-1. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

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El Título III, a su vez, fija en su artículo 33 los cinco elementos mínimos del modelo , (identificación, evaluación y mitigación de riesgos; encargado de prevención dotado de autonomía; procedimientos de denuncia; difusión y capacitación periódica; y evaluación y monitoreo continuo) y seis elementos optativos que la persona jurídica puede incorporar en ejercicio de la facultad de autorregulación reconocida en el artículo 31, a saber: políticas para áreas específicas de riesgo, registro de actividades y controles internos, integración del modelo en los procesos comerciales, designación de un auditor interno, procedimientos de interrupción o remediación rápida, y mejora continua.

Las modificaciones del Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS El Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS, publicado el 25 de febrero de 2025 y refrendado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Economía y Finanzas, modificó e incorporó artículos al Reglamento de 2019 con la finalidad expresa de adecuarlo a las disposiciones de la Ley N.° 31740 (“Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo”) , en los términos que se resumen a continuación314. En conjunto, la reforma reglamentaria de 2025 no solo actualiza la terminología y las remisiones normativas del Reglamento de 2019 para hacerlo coherente con el nuevo catálogo delictivo y el nuevo articulado introducidos por la Ley N.° 31740, sino que además llena un vacío relevante al desarrollar, por primera vez a nivel reglamentario, el contenido y los límites del eximente de responsabilidad y de la circunstancia atenuante vinculada a la adopción tardía del modelo de prevención, aspectos que hasta entonces contaban únicamente con desarrollo legal315.

Otros regímenes de cumplimiento relevantes Junto a la disciplina concurrencial, tres regímenes concentran la exposición regulatoria de una empresa que se establece u opera en Perú: la protección de datos personales, la propiedad intelectual e industrial y el cumplimiento ambiental. Los tres han sido objeto de reformas sustantivas entre 2024 y 2026, de modo que la asesoría basada en textos anteriores resulta hoy insuficiente.

Protección de datos personales Marco vigente. La Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julio de 2011, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1353), es desarrollada hoy por un reglamento 314 . Maldonado, V. (2025) “Modifican el reglamento que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal: Decreto Supremo 002-2025- JUS”. Tomado de: https://lpderecho.pe/modifican-reglamento-regula-responsabilidad- administrativa-personas-juridicas-procesopenal-decreto-supremo-002-2025-jus/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026]. 315 . Rodríguez Abogados & Asociados (2025) “Modificaciones al Reglamento de la Ley N.° 30424”. Tomado de: https://www.rodriguezabogados.pe/2025/modificaciones-al- reglamento-de-la-ley-n-30424/. [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2026].

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enteramente nuevo: el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, publicado el 30 de noviembre de 2024 y vigente desde el 30 de marzo de 2025, que derogó el Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS. Lo complementan la Directiva del Oficial de Datos Personales (Resolución Directoral N.° 1002025- JUS/DGTAIPD) y la nueva metodología de cálculo de multas (Resolución Ministerial N.° 0476-2025- JUS), ambas del 31 de diciembre de 2025 y aplicables desde 2026. La autoridad es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ejercida por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con separación funcional entre instrucción, resolución en primera instancia y apelación. A este respecto, existen dos puntos críticos para la empresa extranjera: Aplicación extraterritorial (artículo VI del Reglamento). La ley peruana se aplica a quien, sin estar establecido en Perú, ofrezca bienes o servicios a titulares ubicados en territorio peruano o analice su comportamiento y elabore perfiles. En esos supuestos, el artículo VII obliga a designar un representante en Perú o para Perú como punto de contacto con la Autoridad, informándolo en la política de privacidad o comunicándolo a la Autoridad. Es una obligación autónoma que suele pasarse por alto. No existe el «interés legítimo» del responsable como base de licitud. A diferencia del Reglamento General de Protección de Datos europeo, el ordenamiento peruano mantiene el consentimiento como regla y una lista cerrada de excepciones (artículo 14 de la Ley). Trasladar mecánicamente un análisis de interés legítimo importado es jurídicamente erróneo y expone a una infracción grave. Obligaciones nucleares. El consentimiento debe ser libre, previo, expreso e inequívoco, y admite expresamente la forma digital (el clic o el toque en pantalla). Para datos sensibles se exige forma escrita con firma. La definición reglamentaria de dato sensible se amplió notablemente e incluye datos biométricos y genéticos, datos neuronales, datos morales o emocionales, ingresos económicos y hábitos de la esfera íntima. Subsiste la obligación de inscribir los bancos de datos en el Registro Nacional, ahora bajo aprobación automática. El Reglamento impone además un Documento de Seguridad formalmente aprobado y con fecha cierta, que debe contener la gestión de accesos y privilegios con verificación semestral, las políticas de ciclo de vida del dato y un inventario de datos y sistemas; los registros de trazabilidad se conservan por un mínimo de dos años. Los incidentes de seguridad relevantes se notifican a la Autoridad y a los titulares afectados dentro de las 48 horas y, si ocurren en entorno digital, además al Centro Nacional de Seguridad Digital. La evaluación de impacto es facultativa, pero su implementación acreditada opera como atenuante expreso, al igual que la adopción de un código de conducta. Oficial de Datos Personales. Su designación es obligatoria para entidades públicas y para quienes traten grandes volúmenes de datos o cuyo giro comprenda datos sensibles. La Directiva de 2025 fija umbrales: nivel alto a partir de 50000 titulares únicos, sumando clientes, trabajadores y prospectos, y tratamiento de datos sensibles sobre más de 1000 titulares. El cronograma de exigibilidad se computa desde noviembre de 2024: para empresas con ventas anuales superiores a 2300 UIT el plazo venció el 30 de noviembre de 2025; para medianas empresas vence el 30 de noviembre de 2026. El contacto se comunica a la Autoridad dentro de los 15 días y se publica en lugar visible. Un grupo empresarial puede designar un único oficial y este puede ser externo.

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Derechos y flujo transfronterizo. Los plazos de atención son de 8 días hábiles para el derecho de información, 20 para el acceso, y la portabilidad, exigible desde el 30 de septiembre de 2025, y 10 para rectificación, cancelación y oposición, ampliables una sola vez por plazo igual. El Reglamento incorpora la desindexación en internet y refuerza el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. En materia de transferencias internacionales, la regla es el nivel adecuado de protección del país de destino; sin embargo, no consta una lista operativa de países declarados adecuados, de modo que la vía realista es la de garantías contractuales con obligaciones equivalentes a las peruanas. En todo caso, el flujo transfronterizo debe comunicarse a la Autoridad para su inscripción en el Registro Nacional, no se requiere autorización previa, y las transferencias intragrupo exigen consentimiento salvo que se estructuren como encargo de tratamiento en el marco de una relación contractual previa. No existe en Perú la figura de las normas corporativas vinculantes. Sanciones. Las multas van de 0,5 a 5 UIT (leves), de más de 5 a 50 UIT (graves) y de más de 50 a 100 UIT (muy graves), con tope del 10% de los ingresos brutos anuales del ejercicio anterior. En términos de 2026, el techo absoluto ronda los S/ 550000. El riesgo material relevante no es tanto la multa como las medidas correctivas de cese o eliminación del tratamiento, las multas coercitivas, duplicables hasta 100 UIT, y la publicación del sancionado en el registro público del Ministerio de Justicia. El pronto pago sin apelación reduce la multa en un 40%. Mención aparte merece la videovigilancia, regulada por la Directiva N.° 01-2020JUS/DGTAIPD: exige cartel informativo de dimensiones mínimas A4 en cada acceso, información complementaria sobre finalidad y plazo, conservación de las imágenes entre 30 y 60 días, y registro del banco de datos. En perspectiva una comparación entre Colombia y Perú se percibe así: Colombia (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015, con la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad) y Perú comparten la lógica de consentimiento previo, expreso e informado, el registro de bases de datos y los derechos ARCO. Las asimetrías que exigen adaptar el programa de cumplimiento son: Base de licitud. Perú no admite el interés legítimo del responsable; Colombia tampoco lo consagra como base autónoma, pero su casuística de autorización tácita y de datos públicos es más flexible que la peruana, que exige acción afirmativa expresa. Transferencias internacionales y delegado. Colombia cuenta con una declaración administrativa de países con nivel adecuado; en Perú no consta lista operativa, por lo que toda transferencia debe soportarse en cláusulas contractuales y comunicarse a la Autoridad para su inscripción. El Oficial de Datos Personales peruano es obligatorio por umbrales cuantitativos con cronograma legal escalonado. Brechas y sanciones. Perú fija un plazo duro de 48 horas y una doble ventanilla, Autoridad y Centro Nacional de Seguridad Digital. Su techo sancionador (100 UIT) es muy inferior al colombiano (2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes), lo que no debe llevar a subestimar el riesgo: las medidas de cese de tratamiento pueden paralizar una operación.

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Régimen de propiedad intelectual e industrial Marco andino compartido. Perú y Colombia son Países Miembros de la Comunidad Andina y comparten el mismo derecho sustantivo: la Decisión 486 (propiedad industrial), la Decisión 351(derecho de autor y derechos conexos), la Decisión 391 (acceso a recursos genéticos), la Decisión 345 (obtenciones vegetales) y la Decisión 876 (marca país). Estas normas son de aplicación directa y preeminente y no requieren acto interno de incorporación. Las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vinculan a los jueces de ambos países y son obligatorias cuando la sentencia no admite recurso en derecho interno. En el plano nacional, el Decreto Legislativo N.° 1075 (28 de junio de 2008, modificado por la Ley N.° 29316 y los Decretos Legislativos N.° 1212, 1309 y 1397, y por la Ley N.° 31497) aporta las disposiciones complementarias, y el Decreto Legislativo N.° 822 regula el derecho de autor. Los órganos competentes del INDECOPI son la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, la Dirección de Derecho de Autor, sus respectivas Comisiones y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. A diferencia de Colombia (parte desde 2012), Perú no integra el sistema de Madrid de registro internacional de marcas. Una designación internacional no cubre el territorio peruano: la protección exige, necesariamente, una solicitud nacional directa ante el INDECOPI con apoderado local. La estrategia regional óptima para una empresa colombiana es híbrida: solicitud internacional vía Madrid desde la oficina colombiana para los mercados designables, más presentación nacional peruana paralela, coordinando fechas para aprovechar la prioridad unionista de seis meses del Convenio de París.

Signos distintivos La marca se registra por diez años contados desde la concesión, no desde la solicitud, a diferencia de las patentes y los diseños, y se renueva automáticamente por períodos iguales, sin exigencia de prueba de uso, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento o en el plazo de gracia de seis meses posteriores. El plazo de oposición es de treinta días hábiles desde la publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, que es gratuita; el plazo legal máximo del procedimiento es de 180 días hábiles, aunque el INDECOPI resuelve en torno a 45 días hábiles cuando no media oposición. El nombre comercial merece atención particular: el derecho exclusivo se adquiere por el primer uso en el comercio y se extingue con el cese del uso, de modo que un nombre no registrado pero usado es oponible en un procedimiento de registro. Dos ventajas andinas infrautilizadas. Primera, la oposición andina del artículo 147 de la Decisión 486: el titular de una marca registrada o solicitada en Colombia tiene legítimo interés para oponerse en Perú, adjuntando el certificado o la constancia de la solicitud colombiana. Segunda, el cómputo andino del uso del artículo 165: la cancelación por falta de uso durante tres años consecutivos no procede si la marca se usó «en al menos uno de los Países Miembros», de modo que el uso efectivo en Colombia defiende el registro peruano, y viceversa, siempre que se documente de forma contemporánea con facturas, registros aduaneros y publicidad fechada.

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Patentes, diseños y secretos empresariales Las patentes de invención se conceden por veinte años y los modelos de utilidad y diseños industriales por diez, en todos los casos desde la presentación de la solicitud. Perú es parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes desde 2009 y mantiene acuerdos de aceleración del examen con distintas oficinas, incluida la Alianza del Pacífico. Los artículos 32 a 35 del Decreto Legislativo N.° 1075 permiten además solicitar el ajuste del plazo por retraso irrazonable de la administración, más de cinco años desde la presentación o más de tres desde la solicitud de examen de fondo, salvo para patentes que reivindiquen productos farmacéuticos.

Invenciones de trabajadores y contratos de I+D. El artículo 36 del Decreto Legislativo N.° 1075 atribuye al empleador las invenciones y diseños desarrollados en el marco de una relación cuyo objeto sea la actividad inventiva, pero le impone asignar al trabajador una compensación adecuada cuando su aporte personal, el valor económico o la importancia de la invención excedan los objetivos del contrato; a falta de acuerdo, el monto lo fija el juez civil en proceso sumarísimo. Cuando una empresa contrata a una universidad o centro de investigación, la compensación al profesor o investigador es exigible directamente a la empresa y no se extingue con el pago hecho a la institución (art. 37). Este pasivo latente debe presupuestarse y regularse en los contratos de investigación y desarrollo. Secretos empresariales. La protección de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 no es automática: exige que la información sea secreta, tenga valor comercial por serlo y haya sido objeto de medidas razonables de conservación, requisito constitutivo, no accesorio. El artículo 265 añade que el deber de abstención alcanza a quien haya sido prevenido de la confidencialidad, lo que hace imprescindible el marcado documental y el acuse firmado. El artículo 264 habilita expresamente cláusulas de confidencialidad en los convenios de transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica e ingeniería básica y de detalle, siempre que no contravengan las normas de libre competencia. La protección dura mientras subsistan estas condiciones, por lo que un acuerdo de confidencialidad con plazo cerrado reduce la tutela legal disponible. La vulneración se persigue como acto de competencia desleal ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (art. 13 del Decreto Legislativo N.° 1044).

Derecho de autor La protección nace con la creación y no está sujeta a formalidad alguna; el registro ante la Dirección de Derecho de Autor es declarativo, pero aporta fecha cierta y presunción de titularidad, por lo que resulta aconsejable inscribir planos, memorias técnicas, software de proyecto y, muy especialmente, los contratos de cesión. El plazo de protección es la vida del autor más setenta años. Como novedad, el Decreto Legislativo N.° 1724, del 7 de febrero de 2026316, incorporó un régimen de puerto seguro para proveedores de acceso a internet y de servicios digitales, con procedimiento de notificación y retiro y contranotificación, que obliga a las plataformas con usuarios en Perú a designar agente de notificaciones y a adoptar una política de terminación de suscripciones de infractores reincidentes. Existe un riesgo contractual sobre planos, diseños y obras por encargo: El artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 822 dispone que, a falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en relación laboral o por encargo han sido cedidos al empleador o comitente “en forma NO exclusiva y en la medida necesaria

316

. El Decreto Legislativo N.° 1724 modifica la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo N.° 822, para incorporar un régimen de eximentes de responsabilidad, conocido como safe harbor, aplicable a los proveedores de servicios de internet y plataformas digitales. La modificación de febrero de 2026 se encuentra vigente y debe leerse conjuntamente con el Decreto Legislativo N.° 822 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina.

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para sus actividades habituales en la época de creación”. La consecuencia práctica es severa: sin pacto expreso, el consultor conserva la facultad de licenciar los mismos planos o diseños a terceros, incluidos competidores, y el comitente puede carecer de la facultad de transformarlos o de emplearlos en un proyecto o línea de negocio distinta. La cláusula mínima recomendable es una cesión expresa, exclusiva y total, para todas las modalidades de explotación conocidas, por todo el plazo de protección y para todos los territorios, con mención explícita del derecho de transformación. El régimen se invierte para los programas de ordenador y las obras audiovisuales, donde el artículo 71 presume cesión exclusiva e ilimitada al productor salvo pacto en contrario.

Observancia y conocimientos colectivos La acción por infracción prescribe a los dos años desde que el titular conoció la infracción y, en todo caso, a los cinco años desde su última comisión, lo que obliga a una vigilancia activa del mercado. La responsabilidad administrativa por infracción a derechos de propiedad industrial es objetiva, sin necesidad de acreditar dolo ni culpa. Las multas alcanzan 150 UIT y, cuando el provecho ilícito real supera 75 UIT, pueden ascender al 20% de las ventas o ingresos brutos obtenidos por la actividad infractora; el incumplimiento de lo ordenado habilita la duplicación sucesiva e ilimitada de la multa. Las medidas en frontera ante la SUNAT operan a solicitud de parte, con plazos muy breves (diez días hábiles prorrogables por otros diez), garantía del 20% del valor FOB y, sobre todo, inscripción previa del titular en el registro voluntario de la Aduana: sin ese registro el mecanismo es inoperante. En sede penal, los artículos 216 a 225 del Código Penal tipifican los delitos contra los derechos intelectuales, con penas privativas de libertad que llegan a ocho años en las modalidades agravadas y en el plagio. Un régimen específico y de alto impacto es el de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas (Ley N.° 27811) y el acceso a recursos genéticos (Decisión 391). El acceso con fines comerciales exige consentimiento informado previo de las organizaciones representativas y licencia escrita, en idioma nativo y castellano, con un pago no menor al 5% de las ventas brutas antes de impuestos, adicional al aporte no menor al 10% al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La omisión, en una solicitud de patente, del contrato de acceso o de la licencia de conocimientos tradicionales exigidos por el artículo 26 literales h) e i) de la Decisión 486 se sanciona con multa de hasta 1000 UIT (artículo 120-A del Decreto Legislativo N.° 1075): la sanción más severa del sistema peruano de propiedad industrial. Al compartir las Decisiones andinas, el análisis sustantivo colombiano es en gran medida trasladable a Perú. Lo que no se traslada es lo procedimental y lo convencional: No existe una marca andina unitaria. El registro es estrictamente territorial: una marca concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio no produce efecto alguno en Perú y exige solicitud independiente ante el INDECOPI. Protocolo de Madrid: Colombia es parte; Perú no. Ni Perú, ni Bolivia, ni Ecuador son designables por esa vía. Obtenciones vegetales: Colombia aplica el Acta UPOV de 1978 y Perú el Acta de 1991, más protectora del obtentor. Una misma variedad recibe protección de distinto alcance en cada país. Denominaciones de origen: Perú es parte del Arreglo de Lisboa desde 2005; Colombia no figura como parte. En materia de puerto seguro para proveedores de internet, Colombia lo regula desde la Ley 1915 de 2018 y Perú lo introdujo apenas en febrero de 2026.

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Cumplimiento ambiental Marco e institucionalidad. La Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, y la Ley N.° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cuyo reglamento fue sustituido por el Decreto Supremo N.° 014-2024-MINAM, del 3 de diciembre de 2024, que derogó el Decreto Supremo N.° 008-2005-PCM, estructuran el sistema. El Ministerio del Ambiente ejerce la rectoría; el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) evalúa y aprueba los estudios de impacto ambiental de mayor envergadura; el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y supervisa además a las demás entidades de fiscalización ambiental. Concurren la Autoridad Nacional del Agua, el SERNANP, el SERFOR y el Ministerio de Cultura, además de los sectores y gobiernos regionales. La regla cardinal: certificación ambiental previa. Conforme al artículo 3 de la Ley N.° 27446, no puede iniciarse la ejecución de un proyecto sujeto al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) ni ninguna autoridad puede autorizarlo, permitirlo o habilitarlo, si no cuenta previamente con certificación ambiental. Los proyectos se clasifican en categoría I (Declaración de Impacto Ambiental, impactos leves), categoría II (estudio semidetallado, impactos moderados) y categoría III (estudio detallado, impactos significativos), con plazos de evaluación de hasta 90 y 120 días hábiles respectivamente. Dos advertencias operativas: los plazos de las opiniones técnicas de otras entidades no se computan dentro del plazo total, lo que extiende sustancialmente la duración real; y la certificación pierde vigencia si el proyecto no se inicia dentro de los tres años siguientes a su emisión, ampliables excepcionalmente por dos años más, plazo que con frecuencia resulta inferior al que demanda el cierre financiero de un proyecto de inversión. Las modificaciones al proyecto se canalizan mediante un Informe Técnico Sustentatorio, quince días hábiles, para componentes auxiliares, ampliaciones y mejoras tecnológicas de impacto no significativo, o mediante la modificación del estudio ambiental, con plazos equivalentes a los del estudio original. La participación ciudadana es obligatoria en todas las etapas, pero no otorga derecho de veto. La consulta previa (Ley N.° 29785 y Convenio 169 de la OIT) procede cuando la medida administrativa pueda afectar directamente derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; no se activa por la mera presencia de población rural. La transferencia de funciones al SENACE se aceleró drásticamente. Durante 2026 asumió la certificación ambiental de Industria y Comercio Interno (1 de febrero), los estudios semidetallados y los informes técnicos sustentatorios del sector Transportes (10 de julio) y Pesca y Acuicultura (13 de julio). El Decreto Supremo N.° 009-2026-MINAM, del 20 de junio de 2026, adelantó de 2029 a 2026 la transferencia de seis sectores adicionales, Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia y Educación, con asunción de funciones prevista para el 1 de septiembre de 2026. Rige una regla de continuidad: los procedimientos ya iniciados permanecen bajo la competencia sectorial de origen. La consecuencia práctica es que la autoridad competente debe verificarse expediente por expediente y no darse por conocida. Títulos habilitantes conexos. Además de la certificación ambiental, la operación suele requerir: licencia o autorización de uso de agua, autorización de vertimiento y autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua ante la Autoridad Nacional del Agua; Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico ante el Ministerio de Cultura (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Decreto Supremo N.° 011-2022-MC); compatibilidad y opinión técnica previa vinculante del SERNANP cuando se afecten áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, una opinión desfavorable bloquea la certificación; y autorización de desbosque ante el SERFOR o la autoridad regional forestal. El mecanismo IntegrAmbiente (Decreto Supremo N.° 005-2016-MINAM) permite tramitar simultáneamente el estudio detallado y hasta catorce títulos habilitantes ambientales, evitando la cadena secuencial de permisos.

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Obligaciones operativas recurrentes. En materia de residuos, el Decreto Legislativo N.° 1278 y su reglamento obligan al generador no municipal a contratar empresas operadoras registradas, a presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales durante los primeros quince días hábiles de abril mediante el sistema SIGERSOL y a remitir trimestralmente los manifiestos de residuos peligrosos. Rigen los estándares de calidad ambiental para aire (D.S. 003-2017-MINAM), agua (004-2017-MINAM), suelo (011-2017-MINAM) y ruido (0852003-PCM), este último no actualizado desde 2003.

Elemento

Régimen vigente Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.°

Supervisión

00019- 2025-OEFA/CD (23 de julio de 2025), que derogó el de 2019. Incorpora el Acta de Compromiso previa a la imposición de medidas administrativas, salvo peligro inminente.

Procedimiento sancionador

Resolución de Consejo Directivo N.° 027-2017-OEFA/CD y modificatorias. Instrucción y decisión separadas; apelación ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Nueva metodología aprobada por Resolución de Consejo Directivo N.° 00005-2026-

Cálculo de multas

OEFA/CD, vigente desde el 28 de marzo de 2026. Sustituye el criterio de daño ambiental probado por el de impacto ambiental negativo, ampliando el universo sancionable.

Tope legal

Límite del 10%

Tipificación clave

30000 UIT (aprox. S/ 165000000), conforme al artículo 136.2.b de la Ley N.° 28611 modificado por la Ley N.° 30011. La multa no puede superar el 10% del ingreso bruto anual del año anterior a la infracción (artículo 12.2 del Reglamento del procedimiento sancionador). Ejecutar el proyecto sin instrumento de gestión ambiental aprobado: muy grave, hasta 30000 UIT. Incumplir el instrumento aprobado: muy grave, hasta 15000 UIT. No actualizarlo: grave, hasta 6000 UIT. Medidas preventivas sin procedimiento previo, mandatos particulares, medidas

Medidas y coerción

cautelares y correctivas. Multas coercitivas de 1 a 100 UIT, duplicables sucesivamente y sin límite hasta el cumplimiento.

Ejecutoriedad y registros

Las resoluciones se ejecutan coactivamente aún durante la impugnación judicial, salvo contracautela. Los sancionados se inscriben en el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados, de consulta pública317.

Cuadro 46. Fiscalización y régimen sancionatorio ambiental. Fuente: elaboración propia con base en la normativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

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Responsabilidad civil y penal. La responsabilidad civil por daño ambiental derivado de actividades o bienes ambientalmente riesgosos o peligrosos es objetiva (artículo 144 de la Ley N.° 28611), con legitimación amplia para accionar incluso sin interés económico propio. En el ámbito penal rigen los artículos 304 y siguientes del Código Penal. Es determinante advertir que los delitos ambientales no integran el catálogo de la Ley N.° 30424 de responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, cuyo catálogo, tras la Ley N.° 31740 de 2023, comprende cohecho y delitos conexos, lavado de activos, delitos aduaneros, tributarios y financiamiento del terrorismo. Frente a imputaciones ambientales, la persona jurídica queda expuesta a las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal y el modelo de prevención no opera como eximente legal, aunque su extensión voluntaria a la materia ambiental es defendible como atenuante en la graduación de la multa y es habitualmente exigida por los financiadores. Frente al esquema colombiano de licencia ambiental única otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o por las corporaciones autónomas regionales, el sistema peruano presenta cuatro diferencias que condicionan la planificación: Autoridad variable. La competencia depende del sector y de la categoría del estudio, y se encuentra en plena migración hacia el SENACE durante 2026. No existe una ventanilla única equivalente a la ANLA. Caducidad. La certificación ambiental peruana caduca a los tres años si no se inicia la ejecución del proyecto, prorrogables por dos. El riesgo de desfase con el cierre financiero debe asignarse contractualmente. Acuerdo de Escazú. Colombia es Estado Parte; Perú lo firmó en 2018 pero no lo ha ratificado, la ratificación fue archivada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en octubre de 2020318. Los estándares peruanos de acceso a la información, participación y justicia ambiental derivan del derecho interno y no del Acuerdo, extremo que conviene advertir a financiadores internacionales que lo referencian. Cuantía. El tope sancionador peruano de 30000 UIT (unos USD 46 millones) y las multas coercitivas duplicables sin límite superan ampliamente los umbrales habituales de la Ley 1333 de 2009 colombiana, y se acompañan de la ejecución coactiva aun durante la impugnación judicial.

317

. La regla general en Perú, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es que la sola interposición de la revisión judicial del procedimiento coactivo lo suspende automáticamente. El artículo 20-A de la Ley N.° 29325, incorporado por la Ley N.° 30011 del 26 de abril de 2013, crea una excepción en favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: “la sola presentación de una demanda contencioso-administrativa, de amparo u otra, no interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva”. 318 . Por tanto, el Acuerdo de Escazú no se encuentra en vigor para Perú a la fecha de cierre de esta edición.

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Matriz consolidada en materia sancionatoria Régimen

Prescripción de la

Autoridad

Tope de multa

INDECOPI – CCD

700 UIT y 10% de los ingresos brutos

Protección al

INDECOPI – ORPS /

450 UIT (topes sobre ingresos solo

2 años; sanción, 3

consumidor

CPC

para micro y pequeña empresa)

años

Protección de datos personales

ANPD – MINJUSDH

100 UIT y 10% de los ingresos brutos anuales

Competencia desleal y publicidad

Propiedad industrial

INDECOPI – DSD / DIN

150 UIT, o 20% de las ventas si el provecho supera 75 UIT; hasta 1000 UIT por omisión del contrato de

infracción 5 años desde el último acto

Conforme al régimen general administrativo 2 años subjetivos / 5 años objetivos

acceso

Ambiental

OEFA y entidades de fiscalización ambiental

30000 UIT y 10% del ingreso bruto anual; multas coercitivas ilimitadas

Conforme al régimen general administrativo

Cuadro 47. Matriz consolidada en materia sancionatoria. Fuente: elaboración propia.

Recomendaciones para el establecimiento de operaciones Antes de la primera campaña publicitaria: constituir el expediente de sustanciación previa de toda afirmación objetiva y conservarlo. La carga de la prueba es del anunciante y debe existir antes de la difusión, no después del requerimiento. Antes de la apertura al público: implementar el Libro de Reclamaciones (físico y virtual) con su aviso, definir el flujo de respuesta en quince días hábiles y designar responsable de trazabilidad. Antes del primer tratamiento de datos: determinar el punto de conexión territorial, designar representante si no hay establecimiento en Perú, inscribir los bancos de datos, aprobar el Documento de Seguridad con fecha cierta y activar el protocolo de brechas de 48 horas. Antes de contratar consultores o ingeniería: incorporar cesión expresa, exclusiva y total de derechos patrimoniales con mención del derecho de transformación, y cláusulas de confidencialidad sin plazo cerrado, acompañadas de advertencia previa acreditada. Antes de presentar solicitudes de registro: verificar que la protección marcaria peruana se tramite por vía nacional directa y evaluar la oposición andina como herramienta defensiva a partir de los derechos colombianos. Antes de movilizar obra o iniciar operaciones: confirmar la vigencia de la certificación ambiental y la identidad de la autoridad competente tras las transferencias al SENACE, y mapear los títulos habilitantes conexos evaluando el uso de IntegrAmbiente319. De manera transversal: consultar el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, el registro de sancionados de la Autoridad de Protección de Datos y el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados en toda debida diligencia de contrapartes, y reflejar sus resultados en las declaraciones y garantías contractuales.

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CAPÍTULO 6. VIVIR EN EL PAÍS: DATOS DE INTERÉS Régimen migratorio: trámites para la obtención de visados de negocios, permisos de residencia temporal/permanente y permisos de trabajo corporativos.

La estructura del sistema: calidades migratorias La norma que regula el ingreso y la permanencia de extranjeros en Perú es el Decreto Legislativo N.° 1350, expedido en el año 2017, denominado Decreto Legislativo de Migraciones. En materia migratoria interna, la entidad competente es la Superintendencia Nacional de Migraciones, conocida generalmente como Migraciones, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior. En cuanto a la política de migración externa, la entidad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este organismo cuenta con una competencia mixta: esta encargada de guiar la política de migración externa, pero con posibilidad de regular, además, temas de migración interna que la ley le permita320 El régimen migratorio en Perú se basa en el concepto de calidad migratoria, que consiste en la categorización que Migraciones realiza de los extranjeros para efectos de determinar que actividades puede realizar legalmente en el país La calidad migratoria es asignada a través de un acto administrativo en función del motivo y de la duración de la permanencia del solicitante. El concepto se encuentra estrechamente relacionado con la emisión de Visas: el artículo 27 del Decreto Legislativo de Migraciones señala que la Visa es una autorización para tener una determinada calidad migratoria, que se otorga por el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa aprobación por parte de Migraciones321. El Decreto Legislativo N.° 1350 agrupa las calidades migratorias en dos grandes bloques: calidades temporales y permanentes. Las calidades temporales son aquellas que corresponden a estadías cortas y comprenden, entre otras, las de turista, de negocios, y de trabajador/designado temporal. Las calidades de residente corresponden a permanencias prolongadas y comprenden las de trabajador, familiar de 319

. Ventanilla única de Perú para la Certificación Ambiental Global. . Artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1350. 321 . Artículo 27 del Decreto Legislativo N.° 1350. 320

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residente, inversionista, rentista, estudiante, religioso, especial residente, humanitaria y permanente. Para una operación empresarial interesan cuatro de ellas de manera particular: la calidad de negocios, que como se mencionó, es temporal y permite realizar gestiones de carácter empresarial, contractual o de exploración de mercado, pero no habilita para desarrollar actividades remuneradas ni lucrativas en el país, distinción que suele malinterpretarse y que puede derivar en una infracción migratoria; la calidad de trabajador residente, correspondiente al extranjero con contrato de trabajo en una empresa peruana ; la calidad de inversionista residente, configurada para quien establece, desarrolla o administra una inversión en el país; y la calidad de rentista, que describe a quien percibe rentas del exterior sin trabajar en Perú, opción relevante para directivos jubilados o para personal con ingresos pasivos. En la legislación peruana, existen ciertos requisitos especiales para la obtención de algunas calidades migratorias, de especial relevancia para potenciales inversionistas. Para la calidad de inversionista, es requisito haber realizado una inversión mínima por un monto de S/ 500000322 mediante transferencia internacional. Esta debe realizarse en un solo acto de desembolso a través de una entidad financiera o bancaria sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros323. Para obtener el estatus de rentista, es requisito presentar una copia del documento original del país de donde proviene la renta con un ingreso neto permanente no menor a USD 1000,00, legalizada por notario o autenticada por el fedatario de Migraciones324. La revisión de estas condiciones especiales para la obtención de una determinada calidad migratoria es fundamental, pues determina la viabilidad de una estructura migratoria completa, y por ello debe confirmarse directamente ante Migraciones antes de tomar cualquier decisión migratoria y de inversión, mediante consulta formal o revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente.

El procedimiento y el carné de extranjería Un avance práctico relevante es que el sistema migratorio peruano se ha digitalizado de manera sustancial. Los trámites se inician en la plataforma de Migraciones, y el cambio de calidad migratoria puede tramitarse íntegramente por internet a través de la denominada Agencia Virtual, sin necesidad de acudir a una oficina.

322

. Superintendencia Nacional de Migraciones (s. f.) “Cambiar calidad migratoria residente: cambiar a calidad migratoria inversionista”. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://www.gob.pe/12929cambiar-calidad-migratoria-residente-cambiar-a-calidad-migratoria- inversionista. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026]. 323 . Decreto Supremo N.° 007-2017-IN, Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1350. 324 . Superintendencia Nacional de Migraciones (s. f.) “Cambiar calidad migratoria residente: solicitar cambio de calidad migratoria rentista residente”. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://www.gob.pe/12933-cambiar-calidad-migratoria- residente-solicitar-cambio-de-calidad-migratoria-rentistaresidente. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026].

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El trámite que debe seguirse para la obtención de una determinada calidad migratoria en Perú, de forma general, consiste en una serie de pasos que subrayamos a continuación. Adicionalmente, se exponen ciertas recomendaciones prácticas para evitar rechazos o reprocesos dentro de este trámite: ACTUACIÓN

PRECISIONES QUE EVITAN EL RECHAZO Es importante evitar solicitar una calidad que no

Determinar la calidad migratoria que corresponde al

coincide con la actividad efectiva que se realizará

motivo real de la permanencia.

en el país.

Reunir los documentos necesarios provenientes del país de origen, apostillarlos conforme al Convenio de La Haya o

Para el caso de Colombia y Perú, estos son parte del Convenio de La Haya, por lo que la apostilla es

legalizarlos por consulado peruano, y traducirlos

la vía aplicable y expedita para la legalización de

oficialmente al español si no están en ese idioma.

documentos extranjeros para efectos migratorios. El certificado puede tener como máximo seis

Obtener el certificado de antecedentes policiales

meses de antigüedad. Si excede ese plazo,

internacionales de INTERPOL.

Migraciones rechaza la solicitud. Se exigeuna vigencia específica suficiente; un pasaporte próximo a vencer deja el trámite

Verificar la vigencia del pasaporte

observado Pagar la tasa administrativa en el Banco de la Nación o en la plataforma de pagos autorizada, antes de la cita o del inicio del trámite virtual.

Todas las citas exigen el comprobante de pago previo en mano.

Presentar la solicitud en la Agencia Virtual, adjuntando los La plataforma rechaza automáticamente archivos y documentos digitalizados en el formato y tamaño exigidos. fotografías que no cumplen el formato. Obtenida la resolución de aprobación de la calidad

El carné solo puede tramitarse después de

migratoria de residente, solicitar el carné de extranjería.

aprobada la calidad migratoria, no en paralelo

Cuadro 48. Trámite para la obtención de una calidad migratoria. Fuente: elaboración propia con base en el Decreto Legislativo N.° 1350 y su reglamento.

En cuanto al carné de extranjería, este es el documento que hace operativa la residencia. Es obligatorio para todo extranjero con calidad de residente y, sin él, no es posible trabajar formalmente, obtener créditos bancarios ni ser beneficiario del sistema de salud públicas. Su vigencia varía según la calidad migratoria: la calidad de residente tiene una vigencia de hasta cuatro años y la de residente permanente se puede extender hasta los cinco años, con reglas particulares para menores de dieciocho años325. El Sistema Económico Latinoamericano y del

325 . Superintendencia Nacional de Migraciones (s. f.) “Solicitar Registro Central de Extranjería para obtener carné de extranjería”. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://www.gob.pe/13113solicitar-registro-central-de-extranjeria-para- obtener-carne-de-extranjeria. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026].

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Caribe reporta que, en cuanto a costos, es necesario realizar el pago de una tasa de S/ 49,90 al Banco de la Nación por el derecho a la gestión del trámite326 Es importante realizar dos advertencias operativas para cerrar este apartado. Primero, en caso de que el vencimiento de la calidad migratoria este próximo, es recomendable que la renovación se inicie con anticipación, pues un carné vencido puede generar infracciones migratorias y complicaciones para la propia renovación, por lo cual se recomienda comenzar el trámite al menos treinta días antes del vencimiento. Quien acumula tres años de residencia legal continua puede acceder precisamente a la calidad permanente, y quien completa un periodo mayor puede optar por la nacionalización por naturalización327. La segunda, y quizá la más importante desde el punto de vista jurídico, es que el carné de extranjería es un documento de identidad y no un permiso de trabajo: para las calidades migratorias que permiten trabajar en Perú, además del carné de extranjería se requiere de la aprobación previa del contrato de trabajo por la autoridad administrativa de trabajo.

La ventaja del nacional colombiano en materia migratoria Producto de la cooperación internacional entre Colombia y Perú, el nacional colombiano goza de una vía sustancialmente más simple para obtener la calidad migratoria en Perú, en comparación con el régimen general de migración antes expuesto. Como se analizó anteriormente, la Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones, denominada Instrumento Andino de Migración Laboral, permite que las personas provenientes de Colombia, Bolivia y Ecuador trabajen en Perú con contrato laboral mediante un procedimiento simplificado, con registro ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual a través de su Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino emite un Certificado Andino de Migración Laboral, que les da la posibilidad de tener un contrato a término indefinido y, sobre todo, tratamiento equivalente al de un trabajador nacional. La implementación de la Decisión 545 se materializó en el ordenamiento jurídico colombiano inicialmente mediante el Decreto 46 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional el 17 de enero de ese año. Sus disposiciones fueron compiladas en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, particularmente en los artículos 2.2.6.8.2.1 a 2.2.6.8.2.3., razón por la cual el régimen colombiano actualmente puede consultarse dentro del Decreto 1072 de 2015, sin perjuicio de identificar al Decreto 46 de 2013 como la norma que originalmente adoptó la guía de implementación. La guía regula, entre otros aspectos, las categorías de trabajadores migrantes andinos (trabajadores con desplazamiento individual), trabajadores de empresa, trabajadores de temporada y trabajadores fronterizos, así como los procedimientos de ingreso, registro, permanencia y acreditación de esta condición. En el caso peruano, la implementación de la Decisión 545 se desarrolló principalmente mediante normas administrativas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Mediante la Resolución Ministerial N.° 009-2006-TR, se aprobó la Directiva Nacional N.° 326

. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2021) “Cómo sacar el carné de extranjería en Perú”. Tomado de: https://www.sela.org/como-sacar-el-carnet-de-extranjeria-en-el-peru/. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026]. 327

. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2021) Óp. cit.

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004-2005-MTPE/DVMT/DNRT, denominada “Instructivo para la aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.° 279-2004-TR y la Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral”. Esta directiva tuvo como finalidad uniformar los criterios que debían aplicar las autoridades administrativas de trabajo a nivel nacional para garantizar el adecuado cumplimiento del régimen andino de migración laboral. El régimen fue posteriormente modificado y actualizado mediante la Resolución Ministerial N. ° 318-2010-TR, que modificó disposiciones de la Resolución Ministerial N.° 279-2004-TR y aprobó la Directiva General N.° 001-2010-MTPE/3/17,3, denominada “Instructivo para la aplicación de la Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral”. Esta normativa sirve de fundamento para el registro de los contratos de los trabajadores migrantes andinos en Perú. En la actualidad, el MTPE cuenta con el Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA), mediante el cual las empresas que contratan trabajadores nacionales de Bolivia, Colombia y Ecuador pueden registrar sus contratos, adendas y renovaciones. En términos prácticos, para una empresa colombiana que pretenda contratar trabajadores en Perú la Decisión 545 adquiere especial relevancia, pues establece un régimen comunitario que facilita la movilidad laboral de los nacionales de los países miembros y reconoce la igualdad de trato y oportunidades de los trabajadores migrantes andinos. En Perú, este régimen se articula actualmente con los procedimientos del MTPE y, particularmente, con el SIVITMA para el registro de los contratos correspondientes328. A este régimen laboral establecido en el marco de la CAN se añade que la Alianza del Pacífico, de la que Colombia y Perú son miembros junto con Chile y México, facilita la movilidad de personas entre sus Estados parte, régimen que simplifica el ingreso para gestiones de negocios de corta duración. Mediante el Decreto Supremo N.° 024-2013-RE, exoneran a nacionales de México, Chile y Colombia, del requisito de visa temporal en la calidad migratoria de negocios, hasta por 183 días calendario improrrogables para el ingreso a Perú. Se recomienda evaluar primero si la situación concreta encaja en un régimen especial derivado de convenciones celebradas con el Estado peruano y el Estado de origen del extranjero antes de estructurar un expediente migratorio ordinario, significaría una reducción de trámite administrativo, tiempo y costo.

Indicadores de calidad de vida, seguridad ciudadana y sistemas de educación y salud en Perú La calidad de vida de la población, el acceso a servicios básicos, las condiciones de seguridad ciudadana y las características de los sistemas de educación y salud inciden, directa o indirectamente, en la disponibilidad y calidad del capital humano, en los costos de operación de las empresas y en las condiciones generales en las que se desarrollan los proyectos de inversión. En el caso peruano, el análisis de estos factores exige tener en cuenta una característica fundamental del país: la existencia de importantes diferencias en las condiciones de vida de la población en las distintas regiones y territorios que componen el país. Los indicadores sociales,

328

. Diario Oficial El Peruano (2023) “MTPE orienta a extranjeros sobre los derechos laborales”, 30 de abril de 2023. Tomado de: https://elperuano.pe/noticia/211438-mtpe-orienta-a-extranjeros-sobre-los-derechos- laborales. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026].

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educativos, sanitarios y de seguridad, de forma similar a como ocurre en otros países latinoamericanos, no son homogéneos entre Lima y las demás regiones del país, siendo especialmente relevante el contraste entre las zonas urbanas y rurales del país. En consecuencia, resulta particularmente importante complementar la información nacional con un análisis específico de la región o ciudad en la que se pretende desarrollar una actividad económica o un proyecto de infraestructura. A continuación, se presentan algunos de los principales indicadores relacionados con la calidad de vida, la seguridad ciudadana y los sistemas público y privado de educación y salud en Perú, a partir de información producida principalmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y las entidades sectoriales competentes.

Seguridad ciudadana La seguridad ciudadana es simultáneamente la principal preocupación de la ciudadanía peruana, un factor real de costo para las empresas y un terreno donde las cifras oficiales están siendo cuestionadas por analistas independientes. Una de las principales fuentes para medir este fenómeno es la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), particularmente su módulo de Seguridad Ciudadana. La encuesta permite identificar la población de 15 años y más que ha sido víctima de algún hecho delictivo, así como medir la percepción de inseguridad, las denuncias realizadas, la vigilancia existente en los barrios y las medidas de seguridad adoptadas por la población329. Los resultados más recientes disponibles en la publicación Victimización en el Perú, 2025 muestran que, a nivel nacional urbano, el 84,4% de la población de 15 años y más consideraba que podía ser víctima de algún hecho delictivo durante los siguientes doce meses 330. En 2025, el indicador alcanzó el 86,2% en las principales ciudades, el 85,5% en Lima Metropolitana y el 86,0% en la Provincia Constitucional del Callao. Estas cifras muestran que la seguridad constituye una preocupación especialmente relevante en los espacios urbanos, que concentran buena parte de la actividad económica y empresarial del país. Sin embargo, es importante distinguir entre percepción de inseguridad, victimización efectiva y denuncias. Las estadísticas administrativas de denuncias no necesariamente representan la totalidad de los hechos delictivos ocurridos, dado que no todos los delitos son denunciados ante las autoridades. Precisamente por esta razón, la ENAPRES resulta particularmente útil para el análisis, pues permite incorporar información obtenida directamente de la población. Otro indicador relevante para valorar las condiciones de seguridad es la presencia de mecanismos de vigilancia. En 2025, el 46,2% de la población urbana encuestada manifestó que 329

. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) “Victimización en el Perú, 2025”, Lima, marzo de 2026, presentación y capítulo I. La publicación se basa en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y su módulo de Seguridad Ciudadana. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib2076/index.html [Recuperado el 13 de agosto de 2026]. 330 . Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) “Victimización en el Perú, 2025”, capítulo III, cuadro 3.1. El indicador corresponde a población urbana de 15 años y más. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib2076/index.html [Recuperado el 13 de agosto de 2026].

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existía vigilancia mediante serenazgo en su zona o barrio, mientras que el 29,0% señaló la existencia de vigilancia de la Policía Nacional del Perú y el 18,1% indicó la presencia de patrullaje integrado331. La distribución de estos mecanismos también presenta diferencias entre las regiones naturales y los departamentos. Para un inversionista, estos indicadores deben interpretarse como elementos de evaluación del riesgo territorial. No resulta adecuado concluir que la situación de seguridad del Perú es uniforme a partir de una única cifra nacional. Por el contrario, las diferencias entre departamentos, ciudades y zonas urbanas y rurales hacen recomendable realizar una valoración específica del lugar en el que se desarrollará la actividad económica. La seguridad ciudadana puede incidir en las decisiones relacionadas con la localización de instalaciones, transporte de mercancías, movilidad del personal, horarios de operación y medidas de protección. La identificación temprana de las condiciones de seguridad de un territorio permite incorporar estos factores dentro de la planeación general de una inversión. Los datos del primer trimestre de 2026 ofrecen un panorama intermedio y probablemente más útil para la planificación: se registraron más de 194000 delitos en total, con 504 homicidios, cifra 10% menor que los 560 del mismo periodo de 2025, además de 8485 estafas, 287 secuestros y 4594 casos de violación sexual. El dato de mayor relevancia operativa es, sin embargo, geográfico: esa reducción de homicidios no se visibilizó en Lima ni en Callao, ni tampoco Piura, San Martín, Tumbes y Lambayeque332.Para una empresa que evalúe la ubicación de un proyecto o de una oficina, esa desagregación regional es más informativa que el promedio nacional. El contexto político refuerza la centralidad del tema. La presidenta Keiko Fujimori identificó en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2026 la seguridad ciudadana como uno de los dos frentes de emergencia nacional de su gobierno, junto con la mitigación del Fenómeno de El Niño, y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad333. La lectura razonable es que se trata de un problema reconocido y priorizado al más alto nivel, con indicadores que apuntan a mejora, pero cuya solidez estadística no está consolidada, de modo que la prudencia aconseja incorporar la seguridad como una partida presupuestal explícita y no como una contingencia.

331

. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) “Victimización en el Perú, 2025”, capítulo IV, cuadro 4.7. Los porcentajes corresponden a población urbana de 15 años y más que manifestó la existencia de vigilancia en su zona o barrio https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/ Est/Lib2076/index.html [Recuperado el 13 de agosto de 2026]. 332

. La República (2026), ”Más de 194.000 delitos cometidos solo en el primer trimestre del 2026”. Tomado de https://larepublica.pe/politica/2026/04/26/mas-de-194000-delitos-cometidos-solo-en-el- primertrimestre-del-2026-inseguridad-hnews-1901744, [Recuperado 13 de agosto de 2026]. 333 . CNN en Español (2026) “Fujimori jura como presidenta de Perú: promete Fuerzas Armadas en seguridad y un plan de contingencia frente a El Niño”, 28 de julio de 2026. https://cnnespanol.cnn.com/2026/07/28/latinoamerica/peru-keiko-fujimori-jura- presidenta-orix [Recuperado el 13 de agosto de 2026].

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Sistema de salud El sistema de salud peruano descansa en tres pilares cuyas características conviene distinguir con precisión. El primer pilar es el Seguro Social de Salud (EsSalud), régimen contributivo obligatorio para todo trabajador en planilla. El empleador aporta el 9% de la remuneración, costo que no se descuenta al trabajador. Su finalidad consiste en otorgar prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas y sociales a sus asegurados y derechohabientes334. De esta manera, su cobertura se encuentra estrechamente vinculada con el empleo formal y con la afiliación correspondiente al régimen contributivo. El segundo pilar es el Seguro Integral de Salud (SIS), el cual es una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Estado, que atiende a quienes no cuentan con otro seguro activo, con especial atención a población en situación de pobreza y pobreza extrema, y opera sobre la red de establecimientos de ese ministerio, con mayor presencia geográfica en zonas rurales. Un dato relevante para el personal desplazado es que los extranjeros con residencia legal en Perú y sin otro seguro activo pueden afiliarse al SIS. No es posible, en cambio, tener simultáneamente SIS y EsSalud, situación que la norma denomina doble aseguramiento, de tal forma que al ingresar a planilla, el SIS se cancela automáticamente335. El tercer pilar es el de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), empresas privadas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud -SUSALUD- y creadas por la Ley N.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, de 1997. Las EPS funcionan como un complemento a EsSalud: la EPS cubre lo que la norma denomina capa simple, esto es, consultas, exámenes, cirugías menores, maternidad y emergencias atendidas en clínicas privadas, mientras que EsSalud continúa cubriendo la capa compleja, que comprende las enfermedades de alto costo como cáncer, trasplantes, diálisis y cirugías complejas336. El sistema de salud peruano se caracteriza además por la coexistencia de diferentes instituciones públicas y privadas encargadas del aseguramiento y la prestación de servicios. Dentro del sector público se encuentran, entre otros, el Ministerio de Salud -MINSA, los gobiernos regionales, el SIS, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El Ministerio de Salud ejerce funciones de dirección sobre el sector y participa en la articulación de las diferentes entidades que integran el Sistema Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud actúa como regulador del conjunto del sistema y atiende reclamos por calidad de atención, demoras injustificadas o negativa de cobertura, y tiene la facultad de ordenar atención inmediata cuando detecta vulneración de derechos del paciente.

334

. Seguro Social de Salud – EsSalud (s. f.) “Información institucional”. EsSalud administra fondos de la seguridad social y otorga prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, económicas y sociales a sus asegurados y derechohabientes. https://www.gob.pe/institucion/essalud/institucional. [Recuperado el 13 de agosto de 2026]. 335 . Seguro Integral de Salud (s. f.) “Seguro Integral de Salud”. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://www.gob.pe/sis. [Recuperado 13 de agosto de 2026]. 336 . Trámites Perú (2026) “EPS vs. EsSalud 2026: ¿vale la pena? Costos y cobertura”, 30 de junio de 2026, con referencia a la Ley N.° 26790; Comparabanca Perú (s. f.) “EPS en Perú 2026”. https://tramitesperu.com/comparadores/eps-vs-essalud/ [Recuperado el 13 de agosto de 2026].

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Paralelamente, existe una oferta privada compuesta por aseguradoras, EPS, clínicas, centros médicos y otros prestadores337. En especial, las aseguradoras en salud privadas más relevantes en el país son Rímac, Pacífico, Mapfre, Sanitas y La Positiva, compatibles con la EPS y con posibilidad de coberturas adicionales como atención internacional y seguros oncológicos complementarios de tipo Oncosalud338. Conviene recordar, por último, que en Perú ningún establecimiento de salud público puede negar la atención de una emergencia por falta de seguro, y que la ley obliga también a las clínicas privadas a atender emergencias graves con independencia de la cobertura, aunque el costo pueda ser cobrado posteriormente. La razón por la cual una empresa debería considerar seriamente incluir EPS en su paquete de beneficios no es la calidad clínica de la atención, sino el tiempo de espera, que es el diferenciador real del sistema. Los reportes de mercado describen que una cita con especialista que en EsSalud puede demorar semanas o incluso meses, mientras que en una clínica de la red EPS puede obtenerse en pocos días. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, los periodos de carencia, que son los plazos durante los cuales una cobertura recién contratada aún no opera: se han reportado hasta dieciocho meses para preexistencias y diez meses para maternidad, contados desde la activación de la póliza. Debe considerarse asimismo que la afiliación a la EPS termina con la salida del trabajador de la empresa, circunstancia que aconseja prever cobertura puente en los procesos de rotación339.

Educación La educación constituye un componente fundamental para valorar la disponibilidad y las características del capital humano de un país. Para las empresas que pretenden establecer operaciones en Perú, los niveles de cobertura educativa, la distribución territorial de los establecimientos, la formación técnica y tecnológica y la participación de los sectores público y privado constituyen elementos relevantes para evaluar la disponibilidad potencial de trabajadores y profesionales. El sistema educativo peruano cuenta con una importante participación del sector público y, simultáneamente, con una oferta privada significativa. La información más reciente del Ministerio de Educación se encuentra en el Censo Educativo 2025, elaborado por la Unidad de Estadística Educativa de ESCALE, en él se recoge información de las instituciones educativas públicas y privadas de los diferentes niveles y modalidades comprendidos en la operación estadística. A partir de las cifras, se observa que la matrícula correspondiente a educación básica, técnico- productiva y educación superior no universitaria ascendió a 9341956 estudiantes. 337

. Superintendencia Nacional de Salud (s. f.) “Seguros de salud del Perú”. La entidad identifica como seguros públicos al SIS, EsSalud y los seguros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y describe la participación de las EPS y de los seguros privados. 338 . Programas oncológicos estructurados de manera tal que las personas puedan acceder a atención médica, tecnología y servicios complementarios especializados. 339 . Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2025) “Accesibilidad y calidad de la atención en el sistema de atención de salud de Perú”, en Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. OECD Publishing. Tomado de: https://www.oecd.org/es/publications/estudios-de-la-ocde- sobre-los-sistemas-de-saludperu-2025_262a739e-es/full-report/access-and-quality-of-care-in-peru-s- healthcare-system_2304ea07.html. [Recuperado: 13 de agosto de 2026].

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De este total, 6731402 estudiantes, aproximadamente el 72%, estaban matriculados en servicios educativos de gestión pública, mientras que 2610554 correspondían a instituciones de gestión privada340.

Calidad de vida, vivienda y movilidad La calidad de vida es un concepto multidimensional que comprende diferentes aspectos relacionados con las condiciones materiales y sociales en las que vive la población. En consecuencia, para aproximarse a ella resulta necesario considerar indicadores asociados con pobreza, vivienda, acceso a servicios básicos, educación, salud y otros factores que determinan el bienestar de los hogares. En materia de pobreza, el INEI utiliza principalmente la metodología de pobreza monetaria, que identifica como población en situación de pobreza a aquella cuyos gastos per cápita no permiten cubrir el costo de una canasta básica de consumo341. Esta medición se complementa con aproximaciones multidimensionales que permiten identificar carencias en diferentes dimensiones del bienestar.En el Informe de Pobreza Multidimensional, el INEI señala que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, además de instar a medir la pobreza no solo desde la perspectiva monetaria, define la pobreza como la situación donde “las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar, las cuales limitan su capacidad real para llevar una vida digna, impiden el ejercicio de sus derechos y restringen su desarrollo humano” y basa su metodología, al menos en esta comprensión del fenómeno de la pobreza, en la medición de la simultaneidad de privaciones que tiene un individuo342. El INEI cuenta actualmente con información sobre la evolución de la pobreza monetaria hasta 2025 y ha desarrollado, adicionalmente, herramientas para analizar la pobreza multidimensional. La utilización conjunta de estas mediciones resulta relevante para un potencial inversionista. La pobreza monetaria permite aproximarse a la capacidad económica de los hogares y a las condiciones del mercado interno, mientras que la perspectiva multidimensional permite identificar carencias relacionadas con servicios, infraestructura y capital humano que pueden variar considerablemente entre territorios. Uno de los componentes fundamentales de las condiciones de vida corresponde al acceso a servicios básicos. De acuerdo con el INEI, durante 2024 el 90,4% de los hogares peruanos contaba con abastecimiento de agua mediante red pública. Sin embargo, la cobertura presentaba

340

. Ministerio de Educación del Perú – ESCALE (2025) “Resultados del Censo Educativo 2025”, cuadro 1. Tomado de: https://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?groupId=10156&uuid=b07c54a4- dfff-40cf-a3981677932e2dee. [Recuperado 13 de agosto de 2026]. 341 . Instituto Nacional de Estadística e Informática (2026) “Informe técnico de pobreza monetaria 2016- 2025”. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9911234/8087825-informe-tecnico-de-pobreza-

monetaria-2016-2025.pdf. [Recuperado el 13 de agosto de 2026]. 342

. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2025) “Informe técnico de pobreza multidimensional: avance, revisión 2025”, 28 de febrero de 2025. Plataforma digital única del Estado Peruano. Tomado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7710254/6524650-informe-tecnico-de-pobrezamultidimensional-avance-revision-2025.pdf. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2026].

180

diferencias significativas según el área de residencia: mientras que alcanzaba el 93,2% en el área urbana, en el área rural se ubicaba en 79,3%343. La brecha territorial también resulta evidente al observar otros servicios. En el mismo periodo, el acceso de los hogares a servicios básicos presentaba diferencias entre las áreas urbanas y rurales, reflejando que el avance de la cobertura nacional no implica necesariamente una distribución homogénea de la infraestructura. El propio INEI identifica el acceso a agua, saneamiento y electrificación como componentes fundamentales de las condiciones materiales de vida de la población. Estas diferencias tienen especial relevancia para los proyectos de inversión que se desarrollan fuera de los principales centros urbanos. La disponibilidad de servicios públicos y de infraestructura básica puede incidir en las condiciones de operación de un proyecto, en la necesidad de desarrollar infraestructura complementaria y en la capacidad de atraer y mantener trabajadores en determinadas zonas. En consecuencia, los indicadores nacionales deben complementarse con información específica del departamento, provincia o distrito en el que se pretenda desarrollar una inversión. La dimensión territorial también resulta relevante en relación con la pobreza. Las estadísticas del INEI muestran diferencias importantes entre departamentos y entre áreas urbanas y rurales, lo que significa que las condiciones de vida de la población peruana no pueden caracterizarse exclusivamente a partir de un promedio nacional. Para un inversionista, esta heterogeneidad supone la necesidad de realizar una evaluación territorial previa, especialmente cuando el proyecto se desarrolla en regiones diferentes de Lima Metropolitana y de los principales centros urbanos. En este sentido, Perú presenta simultáneamente una amplia cobertura de determinados servicios básicos y brechas persistentes en otros ámbitos. Esta situación puede ser entendida desde una doble perspectiva: por una parte, representa un desafío para la operación de determinados proyectos; por otra, evidencia la existencia de necesidades de infraestructura y servicios que pueden constituir espacios relevantes para la inversión.

Costo de vida: aproximación en la ciudad de Lima Lima concentra alrededor de un tercio de la población del país y presenta una dispersión de precios extrema entre distritos, de modo que hablar de un costo de vida limeño promedio resulta poco informativo. En materia de arrendamiento, los distritos preferidos por la comunidad migrante son San Isidro, que es el distrito financiero y alberga embajadas y sedes corporativas, Miraflores, cerca al océano y con buena conectividad, y Barranco, de perfil más bohemio y algo más económico. Los reportes de mercado sitúan el arrendamiento de un departamento de dos a tres dormitorios entre S/ 3500 y S/ 8000 mensuales en San Isidro y Miraflores, alrededor de S/ 2200 en distritos intermedios como Surco, La Molina o San Borja, y entre S/ 800 y S/ 1800 en Lima norte y este. En provincias como Arequipa o Trujillo los precios son entre 40% y 60% menores que en Lima344.

343

. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2025) “Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2024”, Lima, mayo de 2025, p. 31 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8187630/6847826-acceso-a- los-serviciosbasicos-en-el-peru-2024.pdf?v=1749489169 [Recuperado el 13 de agosto de 2026]

181

En cuanto a presupuestos integrales, los reportes de mercado estiman para una pareja que comparte un departamento moderno con servicios y salidas recreativas frecuentes un gasto mensual cercano a USD 1950, y para una familia de cuatro personas que requiera vivienda de tres dormitorios, educación privada, salud para todos los miembros y un vehículo familiar, un rango de entre USD 2800 y USD 3200 mensuales. Otras estimaciones sitúan el costo mensual de una persona sola entre S/ 2200 y S/ 6500 según distrito y estilo de vida, y advierten que la diferencia entre vivir en un distrito central y uno periférico puede representar entre 50% y 70% del gasto mensual total345. En cuanto a condiciones de movilidad, el sistema de transporte público masivo de la ciudad de Lima y de Callao comprende el Metropolitano, que es un sistema de autobuses de tránsito rápido en corredor exclusivo, y los corredores complementarios, con una tarifa reportada de S/ 2,50 por viaje, además de la Línea 1 del metro y, en construcción, la Línea 2 descrita en el Capítulo 2. La diferencia de costo frente al transporte por aplicación es sustancial: los reportes de mercado estiman que dos viajes diarios durante veinticinco días representan alrededor de S/ 125 mensuales en transporte público frente a entre S/ 700 y S/ 1500 en taxi por aplicación 346. Un criterio práctico que los propios reportes destacan es que conviene calcular el costo total incluyendo transporte antes de decidir el distrito de residencia, pues vivir cerca del lugar de trabajo puede reducir el gasto mensual de movilidad de manera significativa.

182

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS El siguiente glosario reúne las siglas y las expresiones técnicas empleadas a lo largo de los seis capítulos de esta cartilla.

SIGLA O EXPRESIÓN AFP

SIGNIFICADO Administradora de Fondos de Pensiones. Entidad privada que gestiona el Sistema Privado de Pensiones.

ANIN

Autoridad Nacional de Infraestructura.

APN

Autoridad Portuaria Nacional.

344 . Cuánto Me Cuesta (2026) “¿Cuánto cuesta alquilar en Lima y Perú? Precios por distrito 2026”; Expat.com (s. f.) “Vivir en Lima: guía completa para expatriados” https://www.expat.com/es/guia/america-del-sur/peru/lima/ [Recuperado 13 de agosto de 2026] 345 . Cuánto Me Cuesta (2026) “¿Cuánto cuesta vivir en Lima? Presupuesto mensual 2026”; CashControlly (2026) “Costo de vida en Lima y Perú 2026”, 5 de abril de 2026. https://www.expat.com/es/guia/america-delsur/peru/lima/ [Recuperado el 13 de agosto de 2026]. 346 . CashControlly (2026) Óp. cit., 5 de abril de 2026.

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SIGLA O EXPRESIÓN

SIGNIFICADO

APP

Asociación Público-Privada.

APPRI Banca múltiple

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Denominación que en Perú recibe el segmento bancario propiamente dicho. Entidad que no atiende directamente al público y

Banco de segundo piso

canaliza recursos y garantías a través de otras instituciones financieras.

BCP

Banco de Crédito del Perú.

BCRP

Banco Central de Reserva del Perú. Base Erosion and Profit Shifting. Plan de la OCDE y el

BEPS

G20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

BVL

Bolsa de Valores de Lima.

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Categoría que Migraciones asigna a un extranjero

Calidad migratoria

según el motivo y la duración de su permanencia, y que define las actividades que puede realizar. Conjunto de prestaciones de salud de alto costo, como

Capa compleja

cáncer, trasplantes y diálisis, que permanecen a cargo de EsSalud. Conjunto de prestaciones básicas de salud, como

Capa simple

consultas, exámenes y cirugías menores, que puede cubrir una EPS en clínicas privadas.

Carné de extranjería CEPLAN CIADI CIIU CIP

Documento de identidad del extranjero residente en Perú. No constituye por sí mismo permiso de trabajo. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Grupo Banco Mundial. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Colegio de Ingenieros del Perú. Certificado de Inversión Pública Regional y Local y

CIPRL / CIPGN

Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional, títulos con los que el Tesoro Público reconoce la inversión ejecutada bajo Obras por Impuestos.

CNUDMI (UNCITRAL)

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

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SIGLA O EXPRESIÓN COFIDE Contrato EPC COPNIA Corporate finance CPC CTS

SIGNIFICADO Corporación Financiera de Desarrollo. Banco de desarrollo del Estado peruano. Engineering, Procurement and Construction. Contrato de ingeniería, procura y construcción. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Colombia. Financiamiento respaldado en el patrimonio y el historial de la empresa deudora. Consejo Privado de Competitividad. Centro de análisis privado peruano. Compensación por Tiempo de Servicios. Beneficio laboral de depósito semestral. Acuerdo entre competidores sobre precios,

Cártel

producción, reparto de mercados o clientes, o sobre el resultado de licitaciones públicas. Instrumento Andino de Migración Laboral de la

Decisión 545

Decisión 578 DGER ENAPRES ENDES

Comunidad Andina, aplicable a nacionales de Colombia, Bolivia y Ecuador. Régimen de la Comunidad Andina para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Dirección General de Electrificación Rural, del Ministerio de Energía y Minas. Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entidad Prestadora de Salud. Empresa privada

EPS (salud)

autorizada por Susalud que complementa la cobertura de EsSalud.

EPS (saneamiento)

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento.

ESCALE Escrow EsSalud Factoring

Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. Cuenta de custodia destinada a fondos de garantía o retenciones contractuales. Seguro Social de Salud. Régimen contributivo obligatorio para trabajadores en planilla. Descuento o adquisición de facturas y otros derechos de cobro.

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SIGLA O EXPRESIÓN GWh / MW IGV INDECOPI INEI IPM

SIGNIFICADO Gigavatio hora, unidad de energía, y megavatio, unidad de potencia. Impuesto General a las Ventas. Equivalente funcional del impuesto al valor agregado. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Impuesto de Promoción Municipal. Componente que integra la tasa del IGV.

ITAN

Impuesto Temporal a los Activos Netos.

ITF

Impuesto a las Transacciones Financieras.

KYC Leasing

Know Your Customer. Procedimiento de debida diligencia de identificación del cliente. Arrendamiento financiero. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de

LSF

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.° 26702.

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas.

Metropolitano

Sistema de autobuses de tránsito rápido en corredor exclusivo de Lima.

Midagri

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Migraciones

Superintendencia Nacional de Migraciones.

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

MINEM

Ministerio de Energía y Minas.

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

MVCS

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

MYPE

Micro y pequeña empresa.

Nuam Exchange OCDE OECE OEFA ONP

Holding regional que integra las bolsas de valores de Santiago, Colombia y Lima. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Oficina de Normalización Previsional. Administra el Sistema Nacional de Pensiones.

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SIGLA O EXPRESIÓN OSINERGMIN OSIPTEL OSITRÁN OTASS OXI

SIGNIFICADO Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Obras por Impuestos. Proyecto en Activos. Modalidad de promoción

consistente en la transferencia o el otorgamiento de derechos sobre activos estatales existentes.

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros.

PEDN

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

PNCP

Política y Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

PNI

Plan Nacional de Infraestructura.

PPD

Pago por Disponibilidad. Mecanismo que exonera o reduce la multa a la

Programa de clemencia

empresa que delata un cártel y aporta pruebas; la primera en delatar queda exonerada. Infracción que se configura con la sola acreditación de

Prohibición absoluta

la conducta, sin necesidad de probar efectos negativos. Infracción que exige acreditar además los

Prohibición relativa

efectos negativos sobre la competencia y el bienestar del consumidor.

ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Project finance PTAR RER RERAIGV RMT

Financiamiento de proyecto, repagado con los flujos que este genera. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Régimen Especial de Renta. Régimen tributario simplificado. Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas. Régimen MYPE Tributario. Régimen aplicable a micro y pequeñas empresas.

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SIGLA O EXPRESIÓN RMV RNP ROS RPI RUC

SIGNIFICADO Remuneración Mínima Vital. Salario mínimo del régimen laboral privado. Registro Nacional de Proveedores. Reporte de Operaciones Sospechosas, comunicación que el sujeto obligado dirige a la UIF-Perú. Retribución por Inversión. Registro Único de Contribuyentes. Número de identificación tributaria. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral

SAGRILAFT

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominación colombiana equivalente al SPLAFT peruano.

SBS SEIA SENACE SENATI SENCICO SINAC

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Sistema Nacional de Carreteras. Seguro Integral de Salud. Régimen adscrito al

SIS

SIVITMA SMV SNPIP SPLAFT SPV

Ministerio de Salud para quienes no cuentan con otro seguro. Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Superintendencia del Mercado de Valores. Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Special Purpose Vehicle. Sociedad de propósito específico.

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SIGLA O EXPRESIÓN

SIGNIFICADO Persona natural o jurídica que, por su actividad

Sujeto obligado

económica, debe implementar un sistema de prevención y reportar operaciones sospechosas a la UIF-Perú.

SUNARP SUNASS SUNAT SUNEDU SUSALUD Titulización TUO UIF-Perú

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Superintendencia Nacional de Salud. Regulador del sistema de aseguramiento en salud. Transferencia de flujos futuros a un patrimonio autónomo que emite valores respaldados en ellos. Texto Único Ordenado. Compilación oficial de una norma con todas sus modificaciones incorporadas. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, incorporada a la SBS. Unidad Impositiva Tributaria. Valor de referencia en

UIT

ZED ZEEP ZOFRATACNA

soles fijado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas; asciende a S/ 5500 para 2026. Zona Especial de Desarrollo. Zona económica especial de titularidad pública. Zona Económica Especial Privada, creada por la Ley N. ° 32449. Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.

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