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POR UNA COLOMBIA UNIDA

SAL PAÍS EL SALVADOR VA DOR CARTILLA

CARTILLA PAÍS EL SALVADOR Guía de Inversión y Estructuración de Proyectos de Infraestructura

Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Estrategia de Internacionalización

Preparada por Javier De La Hoz Socio Fundador de De La Hoz Attorneys Firma Boutique Especializada en Litigio Ambiental y Climático Agosto de 2026

RESUMEN EJECUTIVO 1. Introducción y Propósito Este documento técnico sintetiza y homologa la información regulatoria, legal y económica provista para el mercado de El Salvador. El objetivo es facilitar la internacionalización y participación estructurada de las firmas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en proyectos de inversión pública y privada locales, acotando el contenido normativo clave a un marco operativo de lectura eficiente y ágil.

2. Entorno Macroeconómico e Infraestructura El Salvador muestra estabilidad monetaria gracias a la dolarización completa de su economía. El sector de infraestructura está impulsado por planes de modernización vial y conectividad logística, con especial foco en la modernización portuaria y costera (Fomilenio y expansiones orientales).

3. Marco Regulatorio Sectorial y APP Las Alianzas Público-Privadas (APP) se rigen bajo la Ley de APP vigente, coordinada por PROESA. Los proyectos estratégicos requieren aprobación legislativa expresa, lo que brinda seguridad jurídica a largo plazo pero introduce tiempos políticos al pipeline de obras públicas.

4. Contratación Pública y Licitaciones La contratación estatal ordinaria está regulada por la nueva Ley de Compras Públicas (LCP), implementando compras electrónicas centralizadas. Para contratistas extranjeros, es indispensable acreditar representación legal local y cumplir con pólizas de fiel cumplimiento y estabilidad de obra severas.

5. Régimen Fiscal, Laboral y Cambiario Impuesto sobre la Renta del 30% corporativo. Exenciones específicas en zonas francas y leyes de incentivos turísticos. El régimen laboral obliga a un mínimo de 90% de personal salvadoreño en nómina ordinaria, y las transferencias de capital están completamente libres de restricciones cambiarias.

6. Matriz de Riesgos Críticos y Oportunidades A continuación se consolidan los principales frentes de atención identificados para las constructoras e ingenierías colombianas:

Dimensión de Riesgo

Nivel

Mitigante y Recomendación Estratégica

Riesgo Político / Aprobación

Medio-Alto

Garantizar que el contrato APP cuente con la ratificación legislativa definitiva antes del cierre financiero.

Carga Burocrática de Registro

Medio

Establecer la sucursal local con un mínimo de 6 meses de antelación al proceso licitatorio.

Garantías Contractuales

Medio

Negociar líneas de crédito contingentes con bancos corresponsales locales homologados.

Tabla de Contenido Capítulo 1. Descripción General del País ............................................................................................ 5 1.1 Datos Demográficos e Institucionales ............................................................................................... 5 1.2 Variables Macroeconómicas ............................................................................................................... 5 1.3 Régimen Monetario.............................................................................................................................. 6 Capítulo 2. Estado de la Infraestructura y Necesidades Identificadas ........................................... 7 2.1 Modos de Transporte .......................................................................................................................... 7 2.2 Sectores Estratégicos ........................................................................................................................... 8 2.3 Inversión Priorizada ............................................................................................................................. 9 Capítulo 3. Políticas, Requerimientos e Incentivos para Invertir ................................................. 10 3.1 Requisitos de Inversión Extranjera .................................................................................................. 10 3.2 Incentivos y Regímenes Especiales .................................................................................................. 11 3.3 Marco Impositivo ................................................................................................................................ 12 3.4 Seguridad Jurídica .............................................................................................................................. 13 3.5 Régimen Laboral................................................................................................................................. 13 Capítulo 4. Financiamiento y Sistema Bancario .............................................................................. 14 Capítulo 5. Cumplimiento Legal y Libre Competencia Económica ................................................ 15 5.1 Libre Competencia ............................................................................................................................. 15 5.2 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ........................................... 15 Capítulo 6. Datos de Interés ("Vivir en el País")............................................................................... 17 6.1 Visados y Residencia .......................................................................................................................... 17 6.2 Calidad de Vida y Seguridad.............................................................................................................. 17 6.3 Educación y Salud ............................................................................................................................... 18 6.3 Educación y Salud

Capítulo 1.

Descripción General del País 1.1 Datos Demográficos e Institucionales El Salvador cuenta con 6.029.976 habitantes, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) el 29 de octubre de 2024. La población se distribuye en 52,8% mujeres y 47,2% hombres, con mayor concentración en el grupo etario de 25 a 29 años. Es el país continental más densamente poblado de América, con aproximadamente 286 habitantes por km². El área metropolitana de San Salvador concentra cerca del 33% de la población total; el departamento de San Salvador es el más poblado (1.563.371 habitantes) y Cabañas el menos poblado (143.049 habitantes). El idioma oficial es el español. El territorio, de 21.041 km², es de naturaleza volcánica y sísmica, con clima tropical de estación seca (noviembre–abril) y lluviosa (mayo–octubre), sin litoral en el Atlántico. El país se organiza en 14 departamentos. En 2023 se reorganizó el mapa municipal, reduciendo de 262 a 44 municipios. La estructura de gobierno es una república presidencialista con tres órganos: el Ejecutivo, encabezado por el Presidente (Nayib Bukele, reelecto en 2024); el Legislativo, integrado por una Asamblea Legislativa unicameral de 60 diputados; y el Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza. En julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales que eliminaron el límite a la reelección presidencial, suprimieron la segunda vuelta electoral y ampliaron el período presidencial a seis años.

1.2 Variables Macroeconómicas El Producto Interno Bruto de El Salvador se sitúa aproximadamente entre US$35.000 y US$42.000 millones, con un PIB per cápita cercano a US$5.800–6.000. Las cifras de crecimiento varían según la fuente y el corte temporal; el Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) reportó una expansion de 3,99% a diciembre de 2025; el BCR informó un crecimiento de 4,79% en el primer trimestre de 2026; el

Banco Mundial cita 3,9% para 2025; el Fondo Monetario Internacional proyecta un rango de 2,5% para 2025–2026; y la CEPAL proyecta 3,4% para 2026. La inflación se mantuvo en un promedio de 0,9% en 2025, anclada por el régimen de dolarización. El desempleo se estima en 3,3% (Organización Internacional del Trabajo / Banco Mundial, 2025), aunque la Secretaria De Integración Económica Centro Americana SIECA advierte que esta cifra convive con niveles significativos de informalidad laboral. La deuda pública del Sector Público no Financiero alcanzó 89,2% del PIB a octubre de 2025, según el Ministerio de Hacienda; el Banco Mundial cita 90,7% del PIB para 2025. La deuda pública total asciende a aproximadamente US$33.805 millones. La balanza comercial es deficitaria, con exportaciones cercanas a US$6.430 millones en 2025. El país depende en alto grado de las remesas familiares, que alcanzaron un récord histórico de US$9.987,9 millones en 2025 (+17,8% frente a 2024), equivalentes al 24% del PIB, con un pico trimestral de 28,15% del PIB en el segundo trimestre de 2025, según el Banco Central de la Reserva del Salvador. (BCR) Al no existir banco central emisor con política monetaria propia, consecuencia directa de la dolarización, El Salvador no cuenta con una tasa de referencia. Las tasas activas y pasivas del sistema financiero deben verificarse directamente en las series estadísticas del BCR antes de ser citadas en cualquier análisis de estructuración financiera.

1.3 Régimen Monetario El dólar de los Estados Unidos es moneda de curso legal en El Salvador desde la Ley de Integración Monetaria que desplazó al colón salvadoreño. La Ley Bitcoin de 2021 convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta condición fue reformada el 30 de enero de 2025 (55 votos a favor, 2 en contra), eliminando la obligatoriedad de su aceptación y su condición de curso legal; su uso hoy es voluntario y de naturaleza privada, y ya no puede emplearse para el pago de impuestos u obligaciones frente al Estado. Se mantienen exenciones sobre las ganancias de capital derivadas de su tenencia.

Capítulo 2. Estado de la Infraestructura y Necesidades Identificadas 2.1 Modos de Transporte Red vial. El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) administra más de 7.000 km de carreteras, de los cuales aproximadamente 4.500 km están pavimentados. FOVIAL ejecutó más de US$100 millones en 2025 y solicitó un presupuesto de US$220.206.290 para 2026, financiado mediante una contribución de US$0,20 por galón de combustible. Entre los proyectos activos se cuentan el viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros (US$191,2 millones), el Bypass de Apopa (US$36,1 millones) y el Puente General Manuel José Arce (US$20 millones). Infraestructura portuaria. El Salvador opera dos puertos principales bajo la administración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Acajutla, principal salida comercial del país, y La Unión, construido con crédito japonés en 2008 pero mantenido cerrado por más de una década. En diciembre de 2024, CEPA y el operador turco Yilport Holding constituyeron la sociedad de economía mixta Unión Portuaria del Pacífico, en la que CEPA mantiene una participación del 20% en la junta directiva, para operar y modernizar ambas terminales bajo una inversión total proyectada de US$1.615 millones, la mayor inversión privada en la historia del país, ejecutada en tres etapas: una fase inicial de US$50 millones destinada a la rehabilitación de Acajutla (frentes de atraque, defensas, equipos de carga); una primera fase de US$659 millones para la construcción de un nuevo muelle en Acajutla, de la cual entre US$74 y US$75 millones se destinan específicamente al dragado del canal de acceso y a la adquisición de grúas en La Unión; y una fase final de US$906 millones para un segundo muelle en Acajutla, un nuevo patio de contenedores y tecnología de automatización, con una meta de capacidad de 1,6 a 1,8 millones de contenedores anuales en esa terminal. La operación conjunta inició formalmente en diciembre de 2024, y para 2025 el sistema portuario reportó un incremento significativo de tráfico frente a años anteriores, según cifras institucionales de CEPA. Infraestructura aeroportuaria. El Aeropuerto Internacional de El Salvador (Comalapa) es el principal terminal aéreo del país, con un flujo actual de aproximadamente 6.000 pasajeros diarios; en 2025 amplió su zona de check-in de 82 a 122 puntos de registro, y CEPA anunció la construcción de seis nuevas salas de abordaje en su sector oriente como parte de una expansión adicional. 7

El proyecto de mayor envergadura en construcción es el Aeropuerto Internacional del Pacífico, ubicado en el distrito de Conchagua, departamento de La Unión, las obras iniciaron formalmente en enero de 2025 con la puesta de la primera piedra por el presidente Nayib Bukele. Según el comunicado más reciente de CEPA (16 de julio de 2026), las obras registran un avance del 92%, tras haber pasado por hitos de 70% (diciembre de 2025), 75% (enero de 2026) y 85% (abril de 2026). La primera fase contempla una inversión total de US$386,4 millones, financiada con un préstamo de US$320 millones de la CAF (Corporación Andina de Fomento, autorizado en junio de 2023 y ratificado en julio del mismo año), US$16,4 millones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de España, y US$50 millones de recursos propios de CEPA. Adicionalmente, in 2026 la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de hasta US$17,18 millones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España para financiar componentes específicos de la denominada "Terminal Beta", incluyendo una cúpula de 21 metros. El Ministerio de Hacienda identificó este proyecto como el de mayor asignación de inversión pública para 2026, con cifras que varían entre US$113,7 y US$210,22 millones. La entrega de la primera etapa se proyecta para el primer semestre de 2027. Oportunidad de participación directa para firmas colombianas de infraestructura. En enero de 2026, CEPA abrió formalmente un proceso de manifestación de interés dirigido a empresas (incluyendo firmas internacionales) para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, cubriendo obras de pista, calles de rodaje, plataforma, edificios de apoyo, instalaciones aeronáuticas y equipamiento tanto del lado tierra como del lado aire. Este es, a la fecha, el proceso de contratación pública más concreto y activo identificado en el sector de infraestructura salvadoreño. El proyecto se rige por una ley especial aprobada el 26 de abril de 2022, que lo exime de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública y habilita mecanismos de expropiación para su desarrollo. Infraestructura ferroviaria. El país no cuenta actualmente con una red ferroviaria operativa. El proyecto del Tren del Pacífico contempla una primera línea de aproximadamente 103 km entre Acajutla y San Salvador, y cuenta con un marco legal habilitante; la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico, de 2022, pero permanece en fase de planeación, sin financiamiento cerrado a la fecha.

2.2 Sectores Estratégicos Agua potable y saneamiento. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es el operador estatal del servicio. Persisten desafíos de sostenibilidad y de tratamiento de aguas residuales, aunque el acceso general ha mejorado sustancialmente en la última década. Entre las inversiones en curso se cuentan un crédito del BID por US$100 millones para la rehabilitación del Sistema Zona Norte (que abastece al 30% del área metropolitana de San Salvador) y un proyecto de resiliencia hídrica del Banco Mundial por US$100 millones, que incluye la planta potabilizadora Torogoz. Energía eléctrica. La matriz energética salvadoreña está compuesta aproximadamente por 32% de generación hidroeléctrica, 23% geotérmica, 15% solar, y el remanente entre biomasa y generación térmica. La cobertura eléctrica alcanza al 98,7% de la población, según el Banco Mundial (2024). La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) es el principal actor estatal en generación, y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) actúa como ente regulador del sector. Infraestructura social. El gobierno adelanta programas de modernización de los sistemas de educación y salud, incorporando herramientas de telemedicina tales como el proyecto del Hospital Nacional El Salvador, financiado por la CAF. La inversión pública total programada para 2025 fue de aproximadamente US$178 millones, concentrada en vialidad, energía y servicios básicos.

2.3 Inversión Priorizada El Ministerio de Economía, con apoyo técnico de la Agencia de Cooperacion Internacional del Japon (JICA) y la SIECA, desarrolla la cartera logística "Logística 2035", estructurada en 11 corredores estratégicos. Los megaproyectos declarados estratégicos por el gobierno salvadoreño son el Aeropuerto Internacional del Pacífico, el Tren del Pacífico, la concesión portuaria de La Unión/Acajutla, y el proyecto Ciudad Bitcoin, anunciado en 2021 al pie del volcán Conchagua (La Unión) como una zona de tributación reducida con abastecimiento de energía geotérmica. Sobre este último proyecto es necesario advertir que su mecanismo de financiamiento mediante "bonos volcán" se ha aplazado en repetidas ocasiones desde su anuncio. Para efectos de estructuración de proyectos por parte de firmas colombianas de infraestructura, la cartera con financiamiento cerrado más llamativos son la concesión portuaria de La Unión/Acajutla (en ejecución activa desde diciembre de 2024) y el Aeropuerto Internacional del Pacífico (92% de avance a julio de 2026, con proceso de contratación ya abierto por CEPA) constituye la oportunidad de despliegue inmediato, y en el caso del aeropuerto, de participación directa mediante los procesos de contratación que CEPA administra. El Tren del Pacífico y Ciudad Bitcoin deben tratarse como oportunidades sujetas a verificación de bases de licitación y cierre financiero antes de cualquier compromiso de inversión. Marco regulatorio de concesiones. El vehículo jurídico central para la participación privada en infraestructura salvadoreña es la Ley de Asocios Público-Privados (APP), que habilita la estructuración contractual de proyectos bajo esquemas de concesión, con participación de CEPA como contraparte estatal en el sector portuario y aeroportuario.

Capítulo 3. Políticas, Requerimientos e Incentivos para Invertir 3.1 Requisitos de Inversión Extranjera El régimen de inversión extranjera está consagrado en la Ley de Inversiones (Decreto Legislativo 732 del 14 de octubre de 1999 con reformas introducidas por los Decretos Legislativos 807/1999, 853/2000 y 423/2013). Trato nacional. El artículo 5 de la Ley de Inversiones garantiza a los inversionistas extranjeros y a las sociedades en las que participan los mismos derechos y obligaciones que a los inversionistas nacionales, sin que puedan imponerse medidas injustificadas o discriminatorias respecto del establecimiento, administración, uso, venta o liquidación de la inversión. El artículo 6 prohíbe expresamente la discriminación por razón de nacionalidad, domicilio, raza, sexo o religión. Ausencia de capital mínimo. No existe un requisito general de capital mínimo para invertir en El Salvador. El artículo 11 de la misma ley únicamente vincula un umbral de inversión superior a 4.000 salarios mínimos mensuales a la obtención del permiso de residencia bajo la categoría de inversionista, que se trata como un beneficio migratorio, no como una condición habilitante de la inversión. Registro ante la Oficina Nacional de Inversiones (ONI). Los inversionistas extranjeros deben registrar su inversión ante la ONI, dependencia del Ministerio de Economía, que expide la Credencial de Inversionista Extranjero conforme a los artículos 16, 17 y 22 de la Ley de Inversiones. El trámite debe resolverse en 30 días hábiles, al cual le es aplicable el silencio administrativo positivo. El artículo 18 prohíbe condicionar el registro al cumplimiento de requisitos de desempeño, tales como cuotas de exportación o contenido local obligatorio. Restricciones sectoriales. El artículo 7 de la Ley de Inversiones establece cuatro restricciones puntuales: (i) el comercio, la industria, los servicios y la pesca a pequeña escala quedan reservados a salvadoreños y centroamericanos por nacimiento; (ii) el subsuelo es propiedad del Estado; (iii) rige una regla de reciprocidad para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, condicionada a que en el país de origen del inversionista los salvadoreños gocen de derechos equivalentes, salvo para establecimientos industriales; y (iv) existe un límite de 245 hectáreas por persona natural o jurídica, conforme al artículo 105 constitucional. Los muelles, ferrocarriles, canales y demás obras públicas requieren concesión estatal previa.

Libre transferencia al exterior. El artículo 9 garantiza la remisión sin demora, previa convertibilidad en moneda extranjera, de utilidades y dividendos netos, del producto de la liquidación total o parcial de la inversión, del principal e intereses de préstamos, de regalías y de indemnizaciones por expropiación. El artículo 10 aclara que este derecho no puede invocarse para eludir obligaciones tributarias, laborales o de seguridad social. El artículo 8 sujeta cualquier expropiación a la comprobación de utilidad pública y al pago de una justa compensación. Solución de controversias. El artículo 15, reformado por el Decreto Legislativo 423 de 2013, remite las controversias inversionista-Estado a los tribunales competentes conforme a la legislación vigente; dicha reforma eliminó el consentimiento automático al arbitraje internacional bajo la ley salvadoreña. Esta circunstancia es determinante para el inversionista colombiano, dado que, como se explica en la sección de Seguridad Jurídica, la protección arbitral internacional debe canalizarse por vía de acuerdo mutuo y no por la ley interna.

3.2 Incentivos y Regímenes Especiales Zonas Francas Industriales y de Comercialización. La ley respectiva otorga exenciones de Impuesto sobre la Renta, IVA y derechos de importación a usuarios y depósitos de perfeccionamiento activo (DPA). El régimen fue reformado por el Decreto Legislativo 493 del 23 de diciembre de 2025. Entre los cambios introducidos se destacan un plazo adicional de diez años de exención tributaria para desarrolladores, usuarios y DPA que acrediten nueva inversión, los desarrolladores deben ampliar la zona franca en una superficie igual o superior a la existente, y los usuarios deben acreditar un incremento de inversión del 100% respecto de la inversión inicial, ajustado por inflación; la incorporación de la figura de "Libre Internación" (introducción de mercancías exentas de derechos arancelarios e IVA bajo ciertos supuestos); nuevos umbrales mínimos de inversión para acceder a extensiones de plazo (US$500.000 para zonas francas, US$800.000 para DPA); y la aclaración de que los usuarios de zonas francas instalados en parques de servicios bajo la Ley de Servicios Internacionales se consideran ubicados en zona franca para estos efectos. Los beneficios se extienden a los dividendos, en proporción a la inversión realizada. Ley de Servicios Internacionales. Los usuarios directos de parques de servicios que exportan exclusivamente al exterior gozan de exención total del Impuesto sobre la Renta mientras se mantenga la actividad, exención extensible a los dividendos originados en ella. Los servicios prestados al mercado doméstico quedan excluidos del beneficio. Esta ley fue reformada junto con la de Zonas Francas en agosto de 2025, incorporando el concepto de "parque de servicios vertical", una ampliación del alcance de las actividades reguladas, y nuevas disposiciones sobre teletrabajo para los beneficiarios del régimen. Fomento a energías renovables. La Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad exime del IVA la adquisición de sistemas de generación renovable y permite deducir la inversión de la renta gravable. Es aplicable dentro de centros o parques de servicios, zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo. Estabilidad jurídica. La Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones permite formalizar contractualmente la garantía de trato igualitario frente a cambios normativos futuros. Bancos de inversión. La Ley de Bancos de Inversión de 2025 habilita entidades especializadas para estructurar proyectos de infraestructura, energía, tecnología e innovación, bajo supervisión conjunta del BCR y la SSF, dirigida a inversionistas con un mínimo de US$250.000 en efectivo o activos líquidos. Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones (2026). La Asamblea Legislativa aprobó, mediante el Decreto Legislativo 498 del 14 de enero de 2026, un régimen especial de incentivos tributarios dirigido, a diferencia de los regímenes anteriores, no a la inversión nueva sino a la ampliación

de operaciones ya existentes en el país. Es aplicable a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con una antigüedad mínima comprobable de diez años de operación en El Salvador, en los sectores de textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, productos plásticos, calzado, productos químico-farmacéuticos, productos para la construcción, y fabricación de papel y derivados. Quedan excluidas las empresas que ya gocen de incentivos fiscales bajo otros regímenes especiales (zonas francas, servicios internacionales). La ley reconoce expresamente como actividad de expansión elegible, entre otras, la adquisición o construcción de infraestructura para nuevos centros de producción, manufactura o transformación, así como la infraestructura logística, de almacenamiento o distribución vinculada a la cadena de suministro, circunstancia esta directamente relevante para empresas colombianas de infraestructura y construcción interesadas en participar como contratistas o desarrolladoras de estos proyectos de expansión industrial. El beneficio opera mediante un crédito tributario escalonado sobre el Impuesto sobre la Renta, calculado sobre el monto de la inversión de expansión (mínimo US$1.000.000, sin techo máximo): 10% para inversiones entre US$1.000.000 y US$10.000.000; 20% para inversiones entre US$10.000.001 y US$20.000.000; y 30% para inversiones superiores a US$20.000.000. Adicionalmente, el beneficiario queda exento del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces respecto de los inmuebles adquiridos para la expansión, siempre que se mantengan en uso producto por un mínimo de cinco años. El procedimiento de calificación exige presentar una solicitud ante el Ministerio de Economía con información técnica, financiera y legal del proyecto, previa verificación de solvencia tributaria ante INVEST (la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador); el Ministerio de Economía, con opinión previa del Ministerio de Hacienda, emite el Acuerdo de Calificación. El beneficiario queda sujeto a obligaciones de cumplimiento normativo (legal, laboral, ambiental y tributario), contabilidad separada del proyecto, reporte semestral auditado, e inspecciones periódicas; el incumplimiento puede derivar en revocatoria de la calificación, pérdida de beneficios y pago retroactivo de los impuestos exonerados. A seis meses de su entrada en vigor, la ley ya registra aplicación efectiva: según cifras de INVEST, durante el primer trimestre se registraron proyectos de expansión por US$233 millones, con una proyección de 1.407 empleos directos. Los dos primeros proyectos calificados fueron Productos Alimenticios Diana (US$34 millones, 200 empleos) y la metalmecánica Galvanissa (US$40 millones, 350 empleos), ambos en sectores distintos al de infraestructura pero indicativos de la operatividad real del régimen.

3.3 Marco Impositivo El Impuesto sobre la Renta corporativo se liquida a una tasa general del 30%, con una tasa reducida del 25% para empresas con ingresos anuales de hasta US$150.000. Los dividendos distribuidos están sujetos a una retención del 5% con carácter de pago definitivo, que se eleva al 25% cuando el beneficiario reside en un país o territorio de baja o nula tributación. Los pagos a personas jurídicas no domiciliadas están sujetos, como regla general, a una retención del 20%, salvo dividendos, que se rigen por la regla anterior y ciertos servicios con porcentajes especiales que deben verificarse caso por caso ante la Direccion General de Impuestos Internos (DGII). El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios se liquida a una tasa del 13% sobre la transferencia de bienes muebles, la prestación de servicios y las importaciones. Las ganancias de capital se gravan de forma separada, a una tasa del 10%, conforme al artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

La transferencia de bienes raíces está sujeta a un impuesto del 3% sobre el valor que exceda de US$28.571,43, conforme a la Ley de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces.

3.4 Seguridad Jurídica No existe tratado bilateral de inversión ni convenio de doble tributación entre Colombia y El Salvador. Este debe ser el punto de partida obligado de cualquier estructuración de inversión colombiana en el Salvador. La protección jurídica del capital colombiano se canaliza a través del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), suscrito en Medellín el 9 de agosto de 2007, aprobado por el Congreso colombiano mediante la Ley 1241 del 30 de julio de 2008, y vigente para El Salvador desde el 1 de febrero de 2010. Su Capítulo 12, sobre Inversión, contiene cláusulas de trato nacional, trato de nación más favorecida y un mecanismo de arbitraje internacional inversionista-Estado, con estándares compatibles con los tratados que Colombia mantiene con Chile, Canadá y Estados Unidos. Dada la eliminación del consentimiento automático al arbitraje en la ley doméstica salvadoreña (ver 3.1), este tratado es el instrumento central de protección para el inversionista colombiano, y su aplicabilidad a cada estructura de inversión debe verificarse cuidadosamente desde el diseño mismo del vehículo inversor. El gobierno colombiano entrante, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, anunció el 29 de julio de 2026 una hoja de ruta bilateral con El Salvador que contempla explícitamente la revisión técnica del TLC Colombia-Triángulo Norte, con el propósito de ampliar sus alcances y adaptarlo a las condiciones actuales de ambos mercados. La reunión inicial se sostuvo entre el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado Mauricio Gómez Amín, y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem. Los sectores priorizados mencionados públicamente son industria, agroindustria y turismo. Este proceso de revisión está en etapa preliminar y debe monitorearse activamente, dado que cualquier ampliación del tratado podría mejorar las condiciones de protección disponibles para inversionistas colombianos de infraestructura en los próximos meses.

3.5 Régimen Laboral El salario mínimo mensual, vigente desde el 1 de junio de 2025, es de US$408,80 para los sectores de comercio, servicios e industria; US$402,30 para el sector maquila; y US$272,50 para el sector agrícola. La carga patronal de seguridad social comprende, 7,5% al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con un tope de cotización de US$1.000 mensuales (máximo US$75 por trabajador); 8,75% a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP); y 1% al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), este último exigible a empresas con diez o más empleados. El trabajador aporta adicionalmente 3% al ISSS y 7,25% a la AFP. El Código de Trabajo salvadoreño exige, como regla general, que al menos el 90% de los trabajadores de una empresa sean de nacionalidad salvadoreña, y que el 90% de la planilla salarial corresponda igualmente a personal nacional, con excepciones para personal técnico o de confianza. Los trabajadores extranjeros requieren residencia temporal con autorización de trabajo, gestionada ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) con opinión previa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

Capítulo 4. Financiamiento y Sistema Bancario El sistema financiero salvadoreño está supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y regulado por el Banco Central de Reserva (BCR). Se integra por bancos comerciales, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, y el mercado de valores. Entre los principales bancos comerciales se cuentan Agrícola, Cuscatlán, BAC (Banco de América Central), Banco Atlántida, Banco Azul y ABANK, junto con la banca estatal (Banco Hipotecario y Banco de Fomento Agropecuario). Es relevante para el inversionista colombiano que Davivienda Salvadoreño, filial de matriz colombiana, opera como el tercer banco del país por volumen de activos, con aproximadamente US$3.870 millones en 2025. La Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos, aprobada en noviembre de 2024, dotó a la SSF de facultades ampliadas como autoridad de resolución bancaria y de monitoreo del sistema. Apertura de cuentas para sociedades extranjeras y sucursales. El proceso exige los siguientes requisitos: (i) la inscripción de la sociedad o sucursal en el Registro de Comercio, a cargo del Centro Nacional de Registros (CNR); (ii) la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) y el registro fiscal ante la Dirección General de Impuestos Internos; (iii) la presentación de los documentos de constitución debidamente apostillados o legalizados, con traducción al Español cuando corresponda; (iv) la identificación de representantes legales, accionistas y beneficiarios finales; y (v) el cumplimiento del proceso de debida diligencia exigido por la normativa de prevención de lavado de activos, incluyendo el conocimiento del cliente y la determinación de su perfil transaccional. Cada institución bancaria puede exigir requisitos adicionales conforme a su política interna de cumplimiento.

Capítulo 5.

Cumplimiento Legal y Libre Competencia Económica 5.1 Libre Competencia El régimen de competencia se rige por la Ley de Competencia (Decreto Legislativo 528 de 2004) y es aplicado por la Superintendencia de Competencia (SC), institución de derecho público dotada de autonomía funcional. La ley prohíbe las prácticas anticompetitivas, esto es acuerdos entre competidores y abuso de posición dominante e impone un control previo, obligatorio y exclusivo de concentraciones económicas cuando los activos totales de las partes superen 50.000 salarios mínimos anuales urbanos en la industria, o cuando sus ingresos totales superen 60.000 salarios mínimos anuales, conforme al artículo 33 de la ley. La SC debe emitir resolución final dentro de los 90 días hábiles siguientes a la admisión del trámite, operando el silencio administrativo positivo transcurrido dicho plazo. Cuando la concentración involucra sectores sujetos a regulación especial (financiero, energético, aeronáutico o marítimo-portuario), la SC coordina su actuación con la Superintendencia del Sistema Financiero, la SIGET, la Autoridad de Aviación Civil o la Autoridad Marítima Portuaria, según corresponda. Reformas recientes al régimen (Decreto 207) incorporaron un programa de beneficios por colaboración, trámites electrónicos y ajustes procedimentales alineados con la Ley de Procedimientos Administrativos.

5.2 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo El régimen salvadoreño (equivalente al SARLAFT colombiano) se rige por la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (Decreto Legislativo 498) y su reglamento. Los sujetos obligados, categoría que incluye a abogados, notarios, contadores y auditores en el ejercicio de determinadas funciones, deben

reportar operaciones superiores a US$10.000, designar un oficial de cumplimiento, registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la Fiscalía General de la República y adoptar programas de detección de operaciones inusuales bajo un enfoque basado en riesgo, alineado con las Recomendaciones del GAFI. En 2025 se aprobó una nueva ley (Decreto Legislativo 426) que crea el Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas, liderado por la UIF y con un Comité Interinstitucional (CIPLAFT) integrado por el Fiscal General, los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, ministros del gabinete y representantes del sistema financiero.

Capítulo 6. Datos de Interés ("Vivir en el País") 6.1 Visados y Residencia La Ley Especial de Migración y de Extranjería regula las visas de negocios, de inversionista y de representante comercial, conocidas como visa consultada para nacionales de países de categoría "C", cuyo trámite debe iniciarse con al menos cuatro semanas de anticipación. La visa, por sí sola, no otorga residencia. La residencia bajo la categoría de inversionista exige una inversión superior a 4.000 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, o acreditar la calidad de representante legal de una sociedad nacional o de una sucursal extranjera debidamente establecida. Reformas legales de 2025 y 2026 facilitan el acceso a la residencia definitiva para inversionistas que donen o inviertan en programas gubernamentales, y ajustan a 90 días al año la permanencia mínima exigida a los residentes temporales. El tiempo de trámite para obtener la residencia varía según la nacionalidad del solicitante, siendo comparativamente más ágil para nacionales centroamericanos.

6.2 Calidad de Vida y Seguridad La tasa de homicidios de El Salvador se ubicó en 1,3 por 100.000 habitantes en 2025 (82 homicidios en total), frente a un máximo histórico de 105 por 100.000 en 2015. Esta transformación ha impulsado el sector turístico, que registró 4,1 millones de visitantes internacionales en 2025 (récord histórico, +5,1% frente a 2024), con ingresos superiores a US$3.500 millones según el Instituto Salvadoreño de Turismo y el Ministerio de Turismo, así como inversión hotelera e inmobiliaria de perfil internacional. Este entorno de seguridad debe leerse junto al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en 53 ocasiones, la última el 16 de julio de 2026 a través del cual se suspenden garantías constitucionales. El Gobierno reporta más de 92.400 personas capturadas desde su entrada en vigor. Organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado detenciones masivas, hacinamiento carcelario, con una población privada de libertad que supera las 118.000 personas, más del doble de la capacidad instalada y muertes bajo custodia estatal, cifra que la organización local Socorro Jurídico Humanitario ubica en 473 personas fallecidas hasta el cierre de 2025. Este contexto exige, para cualquier inversionista, la implementación de un programa reforzado de debida diligencia en derechos humanos, tanto por razones de gestión de riesgo reputacional como de cumplimiento con los estándares internacionales aplicables a la inversión extranjera responsable.

6.3 Educación y Salud Coexisten en El Salvador un sistema público, educación básica gratuita y cobertura de salud a través del ISSS para trabajadores cotizantes y un sistema privado, con hospitales y centros educativos de calidad concentrados principalmente en San Salvador y las principales zonas urbanas. El gobierno ha impulsado la modernización tecnológica de ambos sectores, incluyendo proyectos de telemedicina, aunque persisten brechas de cobertura y calidad entre zonas urbanas y rurales.

Advertencia sobre el uso de esta cartilla Este documento constituye una guía informativa general, preparada con base en fuentes oficiales y datos verificados a agosto de 2026. No sustituye la asesoría jurídica específica que debe obtenerse antes de estructurar cualquier inversión concreta en El Salvador. Las cifras, tasas y disposiciones normativas citadas están sujetas a modificación; se recomienda su verificación directa ante las entidades oficiales referenciadas.