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POR UNA COLOMBIA UNIDA

CARTILLA

PAÍS CHILE

CARTILLA PAÍS REPÚBLICA DE CHILE

ÍNDICE CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS....................................................................................................... 6 Sección 1.1.

Datos Demográficos e Institucionales........................................................................... 6

Sección 1.2.

Variables Macroeconómicas........................................................................................... 8

Sección 1.3.

Régimen Monetario. ......................................................................................................10

CAPÍTULO 2 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES IDENTIFICADAS ..........................................12 Sección 2.1.

Modos de Transporte. ...................................................................................................12

Sección 2.2.

Sectores Estratégicos. ...................................................................................................15

Sección 2.3.

Inversión Priorizada. ......................................................................................................19

CAPÍTULO 3 POLÍTICAS, REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS PARA INVERTIR......................................................22 Sección 3.1.

Requisitos de Inversión Extranjera. .............................................................................22

Sección 3.2.

Incentivos y Regímenes Especiales. .............................................................................24

Sección 3.3.

Marco Impositivo. ..........................................................................................................25

Sección 3.4.

Seguridad Jurídica. .........................................................................................................27

Sección 3.5.

Régimen Laboral. ...........................................................................................................28

CAPÍTULO 4 FINANCIAMIENTO Y SISTEMA BANCARIO ........................................................................................31 Sección 4.1.

Descripción de la estructura del sistema financiero local. .......................................31

Sección 4.2. Requisitos normativos, documentación exigida y procesos corporativos para la apertura y operación de cuentas bancarias comerciales. ......................................................33 CAPÍTULO 5 CUMPLIMIENTO LEGAL Y LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA ......................................................35 Sección 5.1. Marco regulatorio de la libre competencia, prácticas restrictivas de comercio y concentraciones empresariales. ................................................................................................35 Sección 5.2. Régimen de prevención de lavado de activos (SARLAFT o equivalentes locales) y cumplimiento corporativo contra delitos económicos o de “cuello blanco”. .......................36 CAPÍTULO 6 DATOS DE INTERÉS (VIVIR EN EL PAÍS) .............................................................................................39 Sección 6.1. Trámites para la obtención de visados de negocios, permisos de residencia temporal/permanente y permisos de trabajo corporativos. ..................................................39 Sección 6.2. Indicadores generales sobre calidad de vida, seguridad ciudadana, sistemas privados y públicos de educación y salud.................................................................................40

La información contenida en esta Cartilla País ha sido preparada por Claro & Cía., en conjunto con Brigard Urrutia Abogados S.A.S., ambas firmas de la red de Lex Mundi en Chile y Colombia, respectivamente, con el único propósito de proporcionar una introducción y un resumen de ciertos temas de interés general para los afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. La información contenida en este documento no constituye asesoría legal ni consejo profesional, y no debe ser utilizada como tal. Ni Claro & Cía., ni Brigard & Urrutia, ni Lex Mundi garantizan la integridad, exactitud o vigencia de la información aquí contenida, ni asumen responsabilidad alguna derivada de su uso. La responsabilidad profesional de cada una de las firmas mencionadas surge exclusivamente en el marco de una relación de cliente formalmente aceptada por la respectiva firma. Al momento de realizar negocios en Chile o en Colombia, según corresponda, se recomienda obtener asesoría legal.

Información de contacto Claro & Cía.:

Av. Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes 755 0177 Santiago, Chile Contacto: José María Eyzaguirre B. Email: jmeyzaguirre@claro.cl Tel: +56 2 2367 3033 www.claro.cl

RESUMEN EJECUTIVO: CARTILLA PAÍS - CHILE Introducción y Propósito Este documento técnico sintetiza y homologa la información regulatoria, legal y económica provista para el mercado de Chile. El objetivo es facilitar la internacionalización y participación estructurada de las firmas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en proyectos de inversión pública y privada locales, acotando el contenido normativo clave a un marco operativo de lectura eficiente y ágil.

2. Entorno Macroeconómico e Infraestructura Chile destaca como uno de los mercados de infraestructura más maduros y estables de la región. El Plan Nacional de Infraestructura mantiene un ritmo constante de licitaciones aeroportuarias, ferroviarias y de redes de electromovilidad, respaldado por un sólido grado de inversión internacional.

3. Marco Regulatorio Sectorial y APP El sistema de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es el estándar de oro regional, operando bajo la Ley de Concesiones. Cuenta con un Panel Técnico independiente para la resolución de controversias antes de llegar a instancias arbitrales, reduciendo la parálisis de obras.

4. Contratación Pública y Licitaciones Las licitaciones se gestionan transparentemente a través del portal MercadoPúblico y los registros específicos de contratistas del MOP (Categorías Mayor y Menor). Las empresas extranjeras pueden homologar su experiencia internacional mediante consulados/apostillas para calificar en las categorías más altas.

5. Régimen Fiscal, Laboral y Cambiario Impuesto de Primera Categoría (27% bajo régimen integrado/semi-integrado). Chile posee un convenio de doble tributación vigente con Colombia, lo que reduce la retención en la fuente por servicios técnicos. Mercado laboral altamente sindicalizado con regulaciones estrictas de subcontratación (Ley de Subcontratación).

6. Matriz de Riesgos Críticos y Oportunidades A continuación se consolidan los principales frentes de atención identificados para las constructoras e ingenierías colombianas:

Nivel

Mitigante y Recomendación Estratégica

Conflictividad Socioambiental

Medio

Anticipar estudios de impacto ambiental (SEIA) rigurosos y procesos profundos de consulta indígena (Convenio 169 OIT).

Escasez de Mano de Obra Técnica

Bajo-Medio

Alianzas tempranas con subcontratistas locales homologados por el MOP.

Ajustes de Precios por Inflación

Bajo

Aprovechar las nuevas fórmulas del MOP de indexación por variación de costos de materiales de construcción.

Dimensión de Riesgo

Presentación de la información. En este documento, las referencias a “US$” corresponden a dólares de los Estados Unidos de América, las referencias a “CLP” corresponden a pesos chilenos, las referencias a “UF” corresponden a Unidades de Fomento, las referencias a “UTM” corresponden a Unidades Tributarias Mensuales y las referencias a “UTA” corresponden a Unidades Tributarias Anuales. Salvo que se indique expresamente lo contrario, para la conversión de cifras expresadas en pesos chilenos a dólares de los Estados Unidos de América se utilizará el tipo de cambio denominado “Dólar Observado”, publicado diariamente por el Banco Central de Chile y determinado sobre la base de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos efectuadas por las empresas bancarias en el Mercado Cambiario Formal durante el día hábil bancario inmediatamente anterior. Al 17 de agosto de 2026, US$1 equivale a CLP$913,15. La UF es una unidad de cuenta reajustable, cuyo valor es determinado diariamente por el Banco Central de Chile sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Al 17 de agosto de 2026, una UF equivale a CLP$40.855 (aproximadamente US$45). La UTM y la UTA son unidades de cuenta utilizadas principalmente para fines tributarios, la determinación de multas y otros valores establecidos por la legislación chilena. El valor de la UTM se determina mensualmente de acuerdo con la variación del IPC, mientras que la UTA equivale a doce UTM. A agosto de 2026, una UTM y una UTA equivalen a CLP$71.649 (aproximadamente US$78) y CLP$859.788 (aproximadamente US$942), respectivamente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS Sección 1.1.

Datos Demográficos e Institucionales.

Geografía y Clima. Chile es un país ubicado en el extremo suroccidental de América del Sur, que limita con Perú y Bolivia al norte y con Argentina al este. Su territorio continental e insular comprende una superficie de aproximadamente 756.000 km², sin considerar el Territorio Antártico Chileno. El país se extiende aproximadamente 4.270 kilómetros de norte a sur y su ancho oscila entre 90 y 445 kilómetros, lo que le confiere una configuración geográfica particularmente larga y estrecha, delimitada principalmente por la Cordillera de los Andes al este y el Océano Pacífico al oeste. Entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa se extiende, a lo largo de una parte importante del territorio, una franja longitudinal de menor altitud denominada Depresión Intermedia, donde se concentran importantes centros urbanos y actividades productivas. Esta configuración geográfica incide significativamente en la conectividad y en el desarrollo de la infraestructura de transporte del país. La considerable extensión latitudinal del país determina una amplia diversidad climática. El norte se caracteriza predominantemente por condiciones desérticas y de extrema aridez; la zona central presenta un clima principalmente mediterráneo, con veranos secos e inviernos lluviosos; mientras que hacia el sur aumentan progresivamente las precipitaciones y predominan climas templados lluviosos y, en el extremo austral, condiciones más frías. Estas diferencias climáticas, junto con las características geológicas del territorio, determinan la exposición del país a diversos riesgos naturales, relevantes para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura. Población. Según el Censo de Población y Vivienda 2024 (Censo 2024), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Chile registró una población censada de 18.480.432 personas, de las cuales aproximadamente el 51,5% son mujeres y el 48,5% son hombres.1 Conforme al Censo 2024, aproximadamente el 40% de la población vive en la Región Metropolitana.2 Como referencia demográfica más reciente, las Estimaciones

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Censo de Población y Vivienda 2024, disponible en: https://censo2024.ine.gob.cl/

y Proyecciones de Población elaboradas por el INE sobre la base del Censo 2024 proyectan una población total de aproximadamente 20,2 millones de personas para 2026.3 Idioma. El español es el idioma predominante en el país. Asimismo, se hablan diversas lenguas indígenas, entre ellas el mapudungun, aimara, quechua y rapa nui, cuya preservación y promoción se encuentran reconocidas por la legislación chilena. Organización Política y Administrativa. Chile es una república democrática y un Estado unitario, administrativamente dividido en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Santiago, ubicada en la Región Metropolitana, es la capital del país y su principal centro político, administrativo, financiero y demográfico. Su marco institucional se encuentra establecido principalmente en la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto original fue aprobado en 1980 y ha sido objeto de numerosas reformas posteriores. El Estado chileno se estructura sobre la base de tres poderes independientes: •

Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, quien es el Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, elegido directamente por votación popular cada cuatro años, sin posibilidad de reelección para el período inmediatamente siguiente. Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Presidente y son designados y removidos por éste. El Presidente dirige el gobierno y la administración del Estado y cuenta con iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley respecto de determinadas materias, incluidas aquellas relativas a la administración financiera y presupuestaria del Estado y a materias tributarias, entre otras. En el ámbito regional, y sin perjuicio de la autonomía de los gobiernos regionales, coexisten éstos (cuyo órgano ejecutivo es el gobernador regional, elegido mediante sufragio popular) y las delegaciones presidenciales regionales, encabezadas por delegados presidenciales regionales nombrados y removidos por el Presidente de la República, quienes ejercen las funciones y atribuciones que la ley les encomienda como representantes del Presidente en la respectiva región.

•

Poder Legislativo, conformado por un Congreso Nacional bicameral, integrado por un Senado compuesto por 50 miembros, que duran ocho años en sus cargos y pueden ser reelegidos sucesivamente por un período adicional (hasta 16 años consecutivos en total), y una Cámara de Diputadas y Diputados compuesta por 155 miembros, que duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos adicionales (hasta 12 años consecutivos en total). Sus miembros son elegidos mediante votación popular en las respectivas circunscripciones senatoriales y distritos electorales.

•

Poder Judicial, conformado por los tribunales de justicia, en cuya cúspide se encuentra la Corte Suprema, tribunal de carácter nacional con sede en la ciudad de Santiago. La estructura judicial comprende, además, las Cortes de Apelaciones y los tribunales de primera instancia, distribuidos territorialmente a lo largo del país. Estos últimos comprenden tribunales con competencia en distintas materias, incluyendo civil, penal, laboral y de familia. Existen, asimismo, tribunales especiales establecidos por ley para determinadas

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Estimaciones y Proyecciones de Población, base Censo 2024, disponible en: https://www.ine.gob.cl/

materias, entre ellos los Tribunales Tributarios y Aduaneros y los Tribunales Ambientales, sujetos a los regímenes de competencia y recursos establecidos en la Constitución y en sus respectivas leyes. Adicionalmente, determinados órganos administrativos cuentan con facultades para conocer y resolver reclamaciones en sede administrativa, cuyas decisiones pueden estar sujetas a revisión jurisdiccional en los casos y conforme a los procedimientos establecidos por la ley. En Chile, las decisiones judiciales de los tribunales superiores no crean precedentes vinculantes para los demás tribunales y, por regla general, solo tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en que se pronuncian. Los procedimientos arbitrales son reconocidos por el ordenamiento jurídico chileno, sin perjuicio de las materias que la ley reserva al conocimiento de los tribunales ordinarios o especiales. Los laudos arbitrales pueden ser ejecutados ante los tribunales ordinarios conforme a las reglas aplicables. La legislación chilena contempla, además, casos de arbitraje forzoso respecto de determinadas controversias, incluyendo ciertos conflictos societarios en los casos previstos por la ley. Adicionalmente, la Constitución Política de la República contempla órganos autónomos que no forman parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Entre ellos destacan: •

Tribunal Constitucional. Órgano autónomo encargado de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y de otras normas y actos, en los casos previstos por la Constitución. Entre sus principales atribuciones se encuentran el control preventivo de constitucionalidad de determinadas normas y la resolución de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión judicial pendiente pueda resultar contraria a la Constitución. Asimismo, bajo los requisitos establecidos constitucionalmente, puede declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal previamente declarado inaplicable.

•

Contraloría General de la República y Banco Central de Chile. La Contraloría General de la República ejerce, entre otras funciones, el control de legalidad de los actos de la Administración y fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos. Por su parte, el Banco Central tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y es dirigido por un consejo integrado por cinco miembros designados de conformidad con su ley orgánica constitucional.

Sección 1.2.

Variables Macroeconómicas.

Actividad económica y perspectivas de crecimiento. Conforme a las Cuentas Nacionales Trimestrales publicadas por el Banco Central de Chile en marzo de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2,5% durante 2025 respecto del año anterior, impulsado principalmente por la expansión de la demanda interna, tanto por el consumo como por la inversión.4 Durante el primer trimestre de 2026, sin embargo, el PIB disminuyó un 0,5% respecto de igual período del año anterior, incidido principalmente por una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. La demanda interna mantuvo su dinamismo y creció un 2,1%, impulsada por el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo.5 4 Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica, año 2025, disponible en: https://www.bcentral.cl/en/web/banco-central/content/-/detalle/publicaciones/estadistica/ccnn-cuarto-trimestre-2025 5

El Banco Central revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento para 2026. Conforme al Informe de Política Monetaria de junio de 2026, se prevé que el PIB crezca entre un 1,0% y un 1,75% durante 2026 y entre un 2,0% y un 3,0% en 2027, impulsado, entre otros factores, por un mejor desempeño esperado de la inversión. Para 2028, se proyecta una expansión de entre un 1,75% y un 2,75%.6 Inversión. La formación bruta de capital fijo (FBCF) creció un 3,2% durante el primer trimestre de 2026 respecto de igual período del año anterior y representó aproximadamente el 22,3% del PIB en términos nominales. Por componentes, la inversión en maquinaria y equipos aumentó un 10,1%, mientras que la inversión en construcción y otras obras disminuyó un 0,9%.7 Inflación y política monetaria. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación de 2,9% entre enero y julio de 2026 y registró una variación interanual de 3,5% en julio de 2026, respecto de julio de 2025. El Banco Central de Chile proyecta que la inflación retorne a valores cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027.8 La política monetaria es conducida de manera autónoma por el Banco Central de Chile. La Tasa de Política Monetaria (TPM), principal instrumento de política monetaria, se encuentra fijada en 4,5% anual, nivel que fue mantenido por el Consejo del Banco Central en su Reunión de Política Monetaria de julio de 2026.9 Desempleo. Conforme a la información elaborada por el INE mediante su Encuesta Nacional de Empleo, la tasa de desocupación nacional ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. Para el trimestre móvil abriljunio, la tasa aumentó desde 8,3% en 202410 a 8,9% en 202511 y a 9,4% en 202612. En comparación con el mismo trimestre de 2025, la tasa de desocupación de 2026 aumentó 0,5 puntos porcentuales, debido a que la fuerza de trabajo creció 1,5%, por sobre el crecimiento de 0,9% registrado por las personas ocupadas.13 Comercio exterior. Chile registró un superávit comercial durante 2025, con exportaciones de bienes por aproximadamente US$107.004 millones y un superávit comercial de aproximadamente US$20.795 millones. 6

Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria, disponible en: https://www.bcentral.cl/areas/politica-monetaria/informe-depolitica-monetaria 7

Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica, primer trimestre 2026, disponible en: https://www.bcentral.cl/areas/estadisticas/cuentas-nacionales-trimestrales 8 Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria, disponible en: https://www.bcentral.cl/areas/politica-monetaria/informe-depolitica-monetaria 9

Banco Central de Chile, Comunicado RPM julio 2026, disponible en: https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/prensa/comunicadosrpm/comunicado-rpm-julio-2026 10

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio de 2024, disponible en: https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion 11

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio de 2025, disponible en: https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion 12 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio de 2026, disponible en: https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion 13

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio de 2026, disponible en: https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion

Durante el primer semestre de 2026, el intercambio comercial alcanzó US$106.498 millones, un 9,6% más que en igual período del año anterior. Las exportaciones de bienes alcanzaron US$60.354 millones, registrando un crecimiento interanual de 14,2%, mientras que las importaciones totalizaron US$46.144 millones.14 Finanzas públicas y deuda pública. La deuda bruta del Gobierno Central alcanzó aproximadamente 41,5% del PIB al cierre de 2025.15 Para 2026, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda proyecta que dicho indicador alcance aproximadamente 42,7% del PIB, manteniéndose por debajo del nivel prudente de deuda bruta del Gobierno Central equivalente al 45% del PIB establecido en el marco fiscal vigente.16 Tasas de interés. Conforme a la información publicada por el Banco Central de Chile, en julio de 2026 las tasas de interés efectivas promedio ponderadas de los créditos comerciales en pesos y de los créditos de comercio exterior se situaron en 8,1% y 5,4% anual, respectivamente. En el caso del financiamiento de comercio exterior, las tasas correspondientes al financiamiento de exportaciones e importaciones alcanzaron 5,0% y 6,1%, respectivamente.17

Sección 1.3.

Régimen Monetario.

La moneda de curso legal en Chile es el peso chileno, cuyo código internacional es CLP. El Banco Central de Chile tiene la potestad exclusiva de emitir billetes y acuñar monedas de curso legal en el territorio nacional. Chile opera bajo un régimen de flotación cambiaria, que complementa el esquema de metas de inflación. Bajo este sistema, el valor del peso respecto de las monedas extranjeras es determinado principalmente por la oferta y demanda de divisas en el mercado. El Banco Central no mantiene un objetivo respecto del nivel del tipo de cambio y se reserva la facultad de intervenir en el Mercado Cambiario Formal en circunstancias excepcionales. El Banco Central de Chile publica diariamente el denominado “Dólar Observado”, correspondiente al tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar de los Estados Unidos de América. Este se determina sobre la base del promedio ponderado por los montos transados de las operaciones spot de compra y venta entre pesos chilenos y dólares estadounidenses efectuadas en el Mercado Cambiario Formal durante el día hábil bancario inmediatamente anterior.

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Informe Mensual de Comercio Exterior, enero a junio 2026, disponible en: https://www.subrei.gob.cl/estudios-y-documentos/minuta-mensual/detalle-minuta/2026/informe-mensual-decomercio-exterior-enero-a-junio-2026 15

Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile, Informe de Finanzas Públicas, primer trimestre 2026, disponible en: https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24862.html#recuadros_articulo_5520_group_pvid_37782_0 16 Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile, Informe de Finanzas Públicas, segundo trimestre 2026, disponible en: https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24862.html#recuadros_articulo_5520_group_pvid_37782_0 17

Banco Central de Chile, Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras julio 2026, disponible en: https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/publicaciones/estadistica/emf-julio-2026

Como referencia histórica, el Dólar Observado registró valores promedio anuales de CLP$759,27 por US$1 en 2021, CLP$872,33 en 2022, CLP$839,07 en 2023, CLP$943,58 en 2024 y CLP$951,64 en 2025.18 Adicionalmente, el sistema económico y contractual chileno utiliza ampliamente la Unidad de Fomento (UF), una unidad de cuenta reajustable cuyo valor se determina diariamente en función de la variación del IPC. La UF no constituye moneda de curso legal, pero es utilizada habitualmente como mecanismo de indexación, particularmente en operaciones de financiamiento y contratos de mediano y largo plazo, incluyendo operaciones inmobiliarias y de infraestructura.

Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, disponible en: https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES IDENTIFICADAS Sección 2.1.

Modos de Transporte.

La infraestructura de transporte de Chile comprende redes viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias que cumplen una función esencial tanto en la conectividad territorial como en el transporte de pasajeros y en las cadenas logísticas asociadas a las actividades productivas y al comercio exterior. La planificación de largo plazo contenida en el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 (PNIP 2025-2055)19 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) identifica como uno de sus principales desafíos avanzar hacia una red de transporte más integrada y multimodal, fortaleciendo la complementariedad entre los distintos modos de transporte y su conexión con los principales nodos logísticos del país. Infraestructura vial. Chile cuenta con una extensa red vial que constituye el principal medio de conectividad terrestre del país. De acuerdo con información de la Dirección de Vialidad del MOP, la red vial nacional bajo su administración comprende aproximadamente 88.650 kilómetros y alcanzó durante 2025 un nivel de pavimentación equivalente al 50% de su extensión. La red se extiende a lo largo del territorio nacional e incluye la Ruta 5, principal eje vial longitudinal del país, que atraviesa gran parte del territorio chileno y conecta las regiones del norte, centro y sur de Chile. El estado y estándar de la red presenta diferencias relevantes según el tipo de vía y territorio. Mientras las principales rutas y ejes viales presentan, en general, mayores niveles de pavimentación y capacidad, subsisten necesidades de pavimentación, conservación, reposición y mejoramiento, particularmente en la red vial secundaria y en zonas rurales o de menor conectividad. El PNIP 2025-2055 identifica, asimismo, necesidades de ampliación de capacidad y mejoramiento de determinadas rutas y ejes principales de la red vial nacional, asociadas al crecimiento de la demanda, congestión y deterioro de la infraestructura existente.

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

Estas brechas adquieren especial relevancia considerando la alta dependencia del transporte carretero para el movimiento de carga en Chile. De acuerdo con el PNIP 2025-2055, aproximadamente el 90% de la carga interurbana nacional se transporta por camión, circunstancia que incrementa las exigencias de capacidad y conservación de la red vial y refuerza la importancia de su adecuada integración con puertos, ferrocarriles y pasos fronterizos.20 Una parte relevante de la infraestructura vial de mayor tráfico ha sido desarrollada y es operada mediante el sistema de concesiones de obras públicas. Este mecanismo ha sido utilizado tanto para autopistas urbanas como para rutas interurbanas, incluyendo sucesivas concesiones destinadas a ampliar, mantener y elevar el estándar de infraestructura existente. En consecuencia, la red vial de mayor capacidad combina infraestructura administrada directamente por el Estado con una extensa red de autopistas y rutas desarrolladas y operadas bajo contratos de concesión. Infraestructura portuaria. Dada la configuración geográfica de Chile y la importancia del comercio exterior para su economía, la infraestructura portuaria constituye un componente esencial del sistema logístico nacional. El país dispone de una red de puertos y terminales estatales y privados, destinados al movimiento de contenedores, carga general y graneles, incluyendo terminales especializados vinculados a actividades productivas como la minería, energía, pesca y sector forestal. El sistema portuario estatal se estructura en torno a diez empresas portuarias estatales autónomas, correspondientes a Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Austral. En una parte importante de estos puertos, la operación de los terminales se encuentra entregada a operadores privados mediante concesiones. Este sistema coexiste con una red de puertos y terminales privados, algunos de ellos de uso público y otros vinculados principalmente a actividades productivas específicas. De esta forma, el sistema portuario chileno combina infraestructura de titularidad estatal operada total o parcialmente por concesionarios privados con infraestructura portuaria de propiedad privada. La actividad portuaria comprende tanto operaciones vinculadas al comercio exterior como al cabotaje nacional. Este último cumple una función especialmente relevante para el transporte de determinados graneles y para la conectividad de las zonas sur y austral del país. Durante 2025 se movilizaron aproximadamente 16,1 millones de toneladas métricas mediante cabotaje marítimo nacional.21 Los puertos de San Antonio y Valparaíso constituyen los principales complejos portuarios de la zona central y atienden una parte significativa de la carga asociada al principal centro económico y poblacional del país. En las regiones del norte existen, además, terminales especializados estrechamente vinculados a la actividad minera, mientras que en las regiones del centro y sur operan terminales destinados, entre otros, a carga general, graneles y productos forestales, pesqueros y acuícolas.

20 Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 21

Armada de Chile, Directemar, Boletín Estadístico Marítimo – Edición 2026, disponible en: https://www.directemar.cl/directemar/site/edic/base/port/boletines.html

Desde una perspectiva de infraestructura, el diagnóstico sectorial identifica necesidades de aumento de capacidad, modernización de terminales y mejoramiento de los accesos viales y ferroviarios a los puertos. En particular, la concentración de flujos de carga en determinados complejos portuarios y su interacción con áreas urbanas generan desafíos de conectividad terrestre y de integración logística. El PNIP 2025-2055 identifica, por ello, el mejoramiento del sistema portuario y de sus conexiones con los demás modos de transporte, así como el fortalecimiento del cabotaje, como desafíos relevantes para la conectividad e integración territorial del país.22 Infraestructura aeroportuaria. Chile dispone de una extensa red aeroportuaria distribuida a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), actualizada a febrero de 2026, la red comprende 7 aeropuertos, 309 aeródromos y 131 helipuertos, distribuidos desde el extremo norte hasta la Antártica, incluyendo los territorios insulares. La DGAC administra directamente 102 recintos de propiedad fiscal y mantiene personal en 42 de ellos, además de ejercer funciones de fiscalización y control sobre la totalidad de la Red Aeroportuaria Nacional.23 Dentro de esta infraestructura, la Red Aeroportuaria Primaria está integrada por 17 recintos (7 aeropuertos y 10 aeródromos) ubicados en 13 regiones del país, que son utilizados regularmente por las principales aerolíneas para el transporte de pasajeros y carga y concentran aproximadamente 99,5% de los pasajeros registrados a nivel nacional.24 El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago es el principal terminal aéreo del país y concentra una parte sustancial del tráfico aéreo internacional. La Red Primaria se complementa con una Red Secundaria integrada por 12 aeródromos, destinada principalmente a operaciones de pasajeros y carga mediante aeronaves de menor tamaño, y con una extensa red de pequeños aeródromos que cumple una función de conectividad territorial y de apoyo ante emergencias.25 En relación con esta última, la Dirección de Aeropuertos del MOP identifica 283 pequeños aeródromos, de los cuales 80 son fiscales, 11 municipales y 192 privados. Desde una perspectiva física, esta red presenta estándares de infraestructura distintos de los principales terminales comerciales: sus pistas tienen, en promedio, menos de 800 metros de longitud y más del 70% cuentan con superficies de tierra o pasto.26 Una parte relevante de los principales terminales comerciales se encuentra bajo el sistema de concesiones de obras públicas, mediante el cual se han desarrollado sucesivas ampliaciones y modernizaciones de terminales de pasajeros y demás infraestructura aeroportuaria. Las principales necesidades identificadas para la red se relacionan con el aumento de capacidad de los terminales de mayor demanda, la ampliación y modernización de pistas, terminales y áreas de movimiento, y la conservación y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria regional y de menor escala. En este contexto, el PNIP 2025-2055 identifica como uno de los desafíos del sistema

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 23

Dirección General de Aeronáutica Civil, Red Aeroportuaria Nacional, disponible en: https://www.dgac.gob.cl/aeropuertos/redaeroportuaria-nacional/red-aeroportuaria/ 24

Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Aeropuertos, Red aeroportuaria primaria, disponible en: https://aeropuertos.mop.gob.cl/red-primaria-2/ 25 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Aeropuertos, Red aeroportuaria secundaria, disponible en: https://aeropuertos.mop.gob.cl/red-secundaria-2/ 26

Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Aeropuertos, Red de pequeños aeródromos, disponible en: https://aeropuertos.mop.gob.cl/red-pequenos-aerodromos/

fortalecer la capacidad, cobertura y calidad de la infraestructura aeroportuaria, incluyendo aeropuertos, aeródromos, helipuertos y puntos de posada.27 Infraestructura ferroviaria. La infraestructura ferroviaria chilena se utiliza para el transporte de pasajeros y carga y se concentra principalmente en las zonas central y centro-sur del país, coexistiendo con redes ferroviarias, principalmente de carga, que operan en la zona norte. La red estatal es administrada principalmente por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y sus filiales, coexistiendo con infraestructura y operaciones ferroviarias privadas destinadas principalmente al transporte de carga. Esta estructura resulta particularmente relevante para el transporte de productos mineros y otras cargas industriales y para la conexión ferroviaria con determinados terminales portuarios. En materia de pasajeros, los servicios ferroviarios se concentran principalmente en la zona central y centro-sur, incluyendo servicios suburbanos y regionales y el servicio de larga distancia entre Santiago y Chillán. En los últimos años se ha avanzado asimismo en la renovación de material rodante y modernización de determinados servicios ferroviarios. Desde el punto de vista logístico, la participación del ferrocarril en el transporte nacional de carga continúa siendo reducida en comparación con el transporte carretero. De acuerdo con el PNIP 2025-2055, aproximadamente 5% de la carga interurbana nacional es transportada por ferrocarril. El PNIP 2025-2055 identifica la ampliación de la red ferroviaria y el fortalecimiento de su capacidad y calidad para el transporte tanto de carga como de pasajeros como uno de los desafíos relevantes de la infraestructura de transporte nacional.28 En particular, subsisten necesidades de rehabilitación y modernización de infraestructura existente, aumento de capacidad en determinados tramos, mejoramiento de la continuidad de la red y una mayor integración de la infraestructura ferroviaria con puertos y otros nodos logísticos. Estas condiciones, sumadas a la alta participación del transporte carretero en el movimiento de carga, evidencian un espacio significativo para aumentar la complementariedad entre ambos modos de transporte. En términos generales, el PNIP 2025-2055 identifica como principales desafíos del sistema de transporte aumentar la capacidad y calidad de las redes existentes, fortalecer el transporte ferroviario y el cabotaje, mejorar la conectividad con puertos y pasos fronterizos y avanzar hacia una mayor integración entre los distintos modos de transporte.29

Sección 2.2.

Sectores Estratégicos.

Además de la infraestructura de transporte, el desarrollo de infraestructura en Chile comprende sectores estratégicos vinculados a la provisión de servicios esenciales, entre ellos agua potable y saneamiento, energía, 27

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 28 Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 29

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

salud y educación. Si bien el país presenta altos niveles de cobertura en diversos servicios básicos, subsisten brechas de infraestructura asociadas, según el sector, a diferencias territoriales de acceso, restricciones de capacidad, conservación de activos existentes y nuevos requerimientos derivados del crecimiento de la demanda y de factores climáticos. Agua potable y saneamiento. Chile presenta altos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en las áreas urbanas, donde estos servicios son prestados principalmente por empresas sanitarias bajo un régimen de concesiones reguladas y fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). En las áreas rurales, los servicios son prestados principalmente a través de los Servicios Sanitarios Rurales, existiendo diferencias relevantes de cobertura según el grado de concentración y localización de la población. No obstante los elevados niveles de cobertura urbana, la disponibilidad y distribución territorial de los recursos hídricos constituye uno de los principales desafíos de infraestructura del país. El PNIP 2025-2055 identifica 60 cuencas en situación de estrés hídrico y más de 400.000 personas sin acceso regular a agua potable. Asimismo, identifica 93 cuencas en las cuales la cobertura de agua potable rural es inferior al 70%.30 Estas brechas se producen en un contexto de disminución sostenida de las precipitaciones, retroceso de glaciares y presión sobre las fuentes superficiales y subterráneas. De acuerdo con el diagnóstico del PNIP 2025-2055, aproximadamente 37% de las cuencas analizadas enfrenta un déficit hídrico estructural, proyectándose reducciones significativas de la oferta hídrica en las distintas regiones del país. En consecuencia, las necesidades de infraestructura comprenden tanto la ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento como el desarrollo de nuevas fuentes y soluciones de abastecimiento. Entre ellas se incluyen infraestructura de acumulación y regulación, desalación, reutilización de aguas tratadas y recarga de acuíferos. Asimismo, el PNIP 2025-2055 identifica la necesidad de fortalecer la resiliencia de la infraestructura hídrica frente a sequías, crecidas y otros efectos del cambio climático.31 Infraestructura energética. Chile cuenta con un sistema eléctrico de alcance nacional, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que se extiende por gran parte del territorio y abastece aproximadamente al 98,5% de la población del país. A junio de 2026, el SEN contaba con aproximadamente 40.749 MW de capacidad instalada, considerando centrales en operación y en período de puesta en servicio. La matriz de generación ha experimentado una transformación significativa durante los últimos años, impulsada particularmente por el crecimiento de la generación solar y eólica. A junio de 2026, aproximadamente el 33,3% de la capacidad instalada correspondía a generación solar, el 17,0% a generación eólica, el 18,5% a generación hidroeléctrica y el 31,0% a generación termoeléctrica. En términos

30 Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 31

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

agregados, las energías renovables representaban alrededor del 70% de la capacidad instalada del SEN durante 2026.32 El aumento de la generación renovable ha generado, a su vez, nuevos requerimientos de infraestructura de transmisión y almacenamiento, particularmente para transportar la electricidad generada en zonas de elevado potencial renovable hacia los principales centros de consumo y gestionar la variabilidad de estas fuentes. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la congestión de determinadas redes, la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y demás tecnologías que permitan mantener la seguridad y flexibilidad del sistema. Como referencia, durante 2025 se registraron más de 6.000 GWh de vertimientos de energía renovable, asociados, entre otros factores, a cuellos de botella en la infraestructura de transmisión.33 Estos desafíos han sido recogidos asimismo en la Ruta Energética 2026-2030 y en el Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo 2028-2032, publicado en julio de 2026, que identifican entre las prioridades del sector la expansión y mejor utilización de la infraestructura de transmisión, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y demás infraestructura habilitante necesaria para acompañar la transición energética y mantener la seguridad y flexibilidad del sistema.34 35 Infraestructura de salud. La red pública de salud comprende establecimientos hospitalarios de distinta complejidad y una extensa red de atención primaria, integrada, entre otros, por Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), postas de salud rural y otros establecimientos asistenciales. Durante los últimos años se han ejecutado inversiones significativas destinadas a la construcción, reposición, ampliación y equipamiento de la infraestructura pública de salud. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, durante el período 2022-2026 la inversión ejecutada en infraestructura y equipamiento de salud pública superó los US$2.000 millones, comprendiendo hospitales de distinta complejidad, establecimientos de atención primaria, dispositivos especializados de salud mental, centros oncológicos regionales y equipamiento médico de alta complejidad. Entre marzo de 2022 y octubre de 2025 se entregaron a uso 13 hospitales, contemplándose además la entrada en operación de nuevos establecimientos durante 2026.36

32 Coordinador Eléctrico Nacional, Informe Mensual Coordinador Eléctrico Nacional, disponible en: https://www.coordinador.cl/reportes/documentos/informe-mensual-coordinador-electrico-nacional/2026-informe-mensualcoordinador-electrico-nacional/ 33

Ministerio de Energía, Ruta Energética 2026-2030, disponible en: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministerio-de-energia-lanzaruta-energetica-2026-2030-con-hoja-de-trabajo-concreta-para-el-sector 35 Ministerio de Energía, Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo 2028-2032, julio de 2026, disponible en: https://energia.gob.cl/pelp 36

Subsecretaría de Redes Asistenciales, Informe Ejecutivo 2022-2026 SRA, disponible en: https://www.minsal.cl/documentos-traspasode-gobierno-2026/documentos-traspaso-de-gobierno-subsecretaria-de-redes-asistenciales-2026/

No obstante los avances registrados, subsisten necesidades relevantes de conservación, reposición y ampliación de capacidad de la red existente. El diagnóstico de largo plazo incorporado en el PNIP 2025-2055 contempla requerimientos de conservación respecto de 586 CESFAM y 230 hospitales, además de la ampliación de la infraestructura necesaria para responder al crecimiento proyectado de la demanda de prestaciones de salud.37 Infraestructura educacional. La infraestructura escolar chilena comprende una extensa red de establecimientos públicos y privados distribuida a lo largo del territorio nacional. En el ámbito público, la administración de los establecimientos se encuentra en proceso de transición gradual desde los municipios hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), conforme al Sistema de Educación Pública. A 2026, 36 SLEP se encuentran en régimen, administrando más de 3.000 establecimientos escolares y de educación parvularia. La implementación del sistema continuará progresivamente hasta completar los 70 SLEP previstos a nivel nacional.38 Una parte relevante de las necesidades del sector se relaciona con la conservación, reposición y modernización de la infraestructura existente, incluyendo intervenciones destinadas a subsanar déficits sanitarios, eléctricos, de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, además de la ampliación de capacidad en aquellos territorios que presentan déficits de cobertura. Entre 2022 y el tercer trimestre de 2025, la Dirección de Educación Pública destinó más de CLP$421.000 millones a infraestructura escolar pública, de los cuales aproximadamente CLP$103.000 millones correspondieron a establecimientos administrados por SLEP y CLP$318.000 millones a establecimientos municipales. Estos recursos permitieron financiar 1.358 proyectos de infraestructura en todo el país, de los cuales 269 correspondieron a establecimientos SLEP y 1.089 a establecimientos municipales.39 Pese a las inversiones realizadas, las autoridades sectoriales reconocen la persistencia de brechas acumuladas en la infraestructura escolar pública y la necesidad de abordar su conservación y mejoramiento con una perspectiva de largo plazo. En este sentido, el diagnóstico contenido en el PNIP 2025-2055 identifica necesidades de conservación respecto de aproximadamente 10.008 establecimientos educacionales públicos, además de requerimientos de nueva infraestructura para responder a la demanda futura. El Plan estima que las intervenciones de conservación identificadas podrían beneficiar a más de 4,6 millones de estudiantes a lo largo de su horizonte de planificación.40 En términos generales, las brechas de infraestructura presentan características diferenciadas entre estos sectores. En agua potable y saneamiento, los principales desafíos se relacionan con la seguridad hídrica, la resiliencia y la cobertura rural; en energía, con el desarrollo oportuno de infraestructura de transmisión, almacenamiento y demás infraestructura habilitante para acompañar la transición energética; y, en salud y educación, con la conservación, reposición y modernización de la infraestructura existente, junto con la ampliación de capacidad necesaria para responder a la evolución de la demanda.

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 38

Dirección de Educación Pública, Ministerio de Educación, Apuntes sobre la Nueva Educación Pública, disponible en: https://dep.gob.cl/balance-proyecciones/ 39 Dirección de Educación Pública, Ministerio de Educación, Apuntes sobre la Nueva Educación Pública, disponible en: https://dep.gob.cl/balance-proyecciones/ 40

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

Sección 2.3.

Inversión Priorizada.

La planificación de largo plazo de las necesidades de inversión en infraestructura de Chile se articula actualmente en torno al Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, instrumento de planificación elaborado por el MOP mediante un modelo de gobernanza que incorpora a otros ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales y determinadas tipologías de infraestructura de desarrollo privado. El PNIP 2025-2055 establece un horizonte de planificación de 30 años y organiza las necesidades de infraestructura del país en cuatro ámbitos: Conectividad e Integración Territorial, Habitabilidad en Centros Poblados, Seguridad Hídrica y Seguridad Energética.41 El portafolio de proyectos del PNIP tiene un carácter dinámico y está sujeto a actualización. Conforme a la actualización disponible a enero de 2026, comprende 24.589 proyectos, con requerimientos de inversión estimados en aproximadamente CLP$417 billones durante su horizonte de planificación. De dicho monto, más de CLP$150 billones corresponden a Conectividad e Integración Territorial, CLP$49 billones a Habitabilidad en Centros Poblados, CLP$45 billones a Seguridad Hídrica y CLP$173 billones a Seguridad Energética.42 Conectividad e Integración Territorial. En este ámbito, las inversiones contempladas en el PNIP 2025-2055 buscan aumentar la capacidad y estándar de la infraestructura de transporte y avanzar hacia una mayor integración entre los modos vial, ferroviario, portuario y aeroportuario. El portafolio actualizado a enero de 2026 comprende más de 3.300 proyectos, con requerimientos de inversión superiores a CLP$150 billones, e incluye infraestructura vial longitudinal y transversal, conectividad con pasos fronterizos y puertos, infraestructura ferroviaria de pasajeros y carga, infraestructura aeroportuaria y proyectos destinados a fortalecer la intermodalidad del sistema de transporte.43 Entre las principales metas de largo plazo se encuentran elevar el estándar y capacidad de la red vial, fortalecer la conectividad con pasos fronterizos y puertos, aumentar la participación del ferrocarril en el transporte de carga, ampliar y modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria y mejorar la integración de los distintos modos de transporte. Estas inversiones responden, entre otros factores, a las brechas de capacidad y conservación descritas en la Sección 2.1 anterior y a la alta dependencia actual del transporte carretero. Seguridad Hídrica. El PNIP 2025-2055 contempla más de 7.200 proyectos, con requerimientos de inversión estimados en aproximadamente CLP$45 billones, destinados a fortalecer la disponibilidad, acceso y resiliencia de los recursos hídricos. Las inversiones consideradas comprenden infraestructura de agua potable y saneamiento urbano y rural, plantas desaladoras, reutilización de aguas tratadas, obras de acumulación y riego, recarga de acuíferos, sistemas de monitoreo y obras destinadas a reducir los riesgos asociados a sequías, inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos.44

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 42

Ministerio de Obras Públicas, Síntesis Origen y Evolución Portafolios PNIP 2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 43 Ministerio de Obras Públicas, Síntesis Origen y Evolución Portafolios PNIP 2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 44

Ministerio de Obras Públicas, Síntesis Origen y Evolución Portafolios PNIP 2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

Entre las metas establecidas por el Plan se encuentran alcanzar una cobertura de 100% de agua potable y saneamiento urbano y rural, excluidas las localidades aisladas; proporcionar acceso a agua potable mediante plantas desaladoras a aproximadamente 800.000 personas; desarrollar 62 grandes proyectos de riego y acumulación; y aumentar la reutilización de aguas servidas tratadas.45 Habitabilidad en Centros Poblados. En este ámbito, el PNIP 2025-2055 contempla más de 14.200 proyectos, con requerimientos de inversión estimados en aproximadamente CLP$49 billones, destinados a infraestructura social y urbana, incluyendo salud, educación, seguridad pública, infraestructura penitenciaria, caletas pesqueras, bordes costeros y sistemas de transporte urbano.46 En materia de infraestructura social, las inversiones contempladas comprenden la conservación, reposición y ampliación de establecimientos de salud y educación, de acuerdo con las necesidades descritas en la Sección 2.2 anterior.47 Seguridad Energética. Este ámbito concentra el mayor requerimiento de inversión del PNIP 2025-2055, con más de CLP$173 billones y más de 1.500 proyectos, asociados principalmente al desarrollo de infraestructura de generación, transmisión y almacenamiento eléctrico y a proyectos vinculados al desarrollo del hidrógeno verde.48 Estas prioridades son consistentes con la Ruta Energética 2026-2030 y con el Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo 2028-2032, publicado en julio de 2026, que destaca el papel de la infraestructura de transmisión en la incorporación de nuevos recursos renovables y proyecta una creciente necesidad de sistemas de almacenamiento que contribuyan a la flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.4950 Participación privada y sistema de concesiones. El PNIP 2025-2055 incorpora iniciativas cuya ejecución corresponde a distintos actores públicos y privados. Su portafolio reúne proyectos provenientes de diversos organismos del Estado y considera asimismo determinadas categorías de infraestructura desarrolladas por el sector privado.51 En este contexto, Chile cuenta con una trayectoria consolidada en el desarrollo de infraestructura mediante el sistema de concesiones de obras públicas, regulado y administrado por el MOP a través de la Dirección General 45

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 46 Ministerio de Obras Públicas, Síntesis Origen y Evolución Portafolios PNIP 2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 47

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 48

Ministerio de Obras Públicas, Síntesis Origen y Evolución Portafolios PNIP 2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/ 49

Ministerio de Energía, Ruta Energética 2026-2030, disponible en: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministerio-de-energia-lanzaruta-energetica-2026-2030-con-hoja-de-trabajo-concreta-para-el-sector 50 Ministerio de Energía, Informe Preliminar de la Planificación Energética de Largo Plazo 2028-2032, julio de 2026, disponible en: https://energia.gob.cl/pelp 51

Ministerio de Obras Públicas, Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, disponible en: https://infraestructura2055.mop.gob.cl/descargas/

de Concesiones de Obras Públicas. Este mecanismo ha permitido desarrollar carreteras interurbanas, autopistas urbanas, aeropuertos, hospitales y otras obras de infraestructura mediante contratos de largo plazo que incorporan inversión y operación privada. A abril de 2026, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas administraba 81 contratos de concesión vigentes, asociados a una inversión comprometida de aproximadamente US$29.615 millones. De ellos, 46 se encontraban en operación, 16 en operación con obras en construcción y 19 en construcción.52 Régimen general de las concesiones de obras públicas. Las concesiones de obras públicas son contratos administrativos adjudicados por el MOP, por regla general mediante licitación pública, en virtud de los cuales un concesionario asume la ejecución, conservación, reparación y/o explotación de una obra pública durante un plazo determinado, en las condiciones establecidas en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su reglamento, las respectivas bases de licitación y el contrato de concesión. El concesionario desarrolla el proyecto sujeto a la distribución de riesgos prevista en dichos instrumentos y puede percibir como contraprestación las tarifas, peajes, subsidios u otros ingresos contemplados en el respectivo contrato. En sus relaciones con terceros, el concesionario se rige, en general, por las normas de derecho privado, sin perjuicio del régimen de derecho público aplicable a la concesión. Durante la vigencia del contrato, el MOP cuenta con facultades de fiscalización y supervisión y, en los casos previstos por la ley, puede modificar determinadas características de las obras y servicios contratados o poner término anticipado a la concesión por razones de interés público, sujeto a los mecanismos de compensación o indemnización correspondientes. Las controversias derivadas de la ejecución del contrato se encuentran sometidas a los mecanismos especiales establecidos en la Ley de Concesiones. Bajo el régimen aplicable a las concesiones adjudicadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.410, las discrepancias de carácter técnico o económico pueden someterse al Panel Técnico de Concesiones, instancia permanente y no jurisdiccional que emite recomendaciones fundadas y no vinculantes. En los casos y conforme a los procedimientos previstos por la Ley de Concesiones, las controversias pueden posteriormente someterse a la Comisión Arbitral o a la Corte de Apelaciones de Santiago. En forma complementaria a la planificación de largo plazo contenida en el PNIP 2025-2055, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas mantiene y actualiza una cartera de proyectos susceptibles de ser desarrollados mediante el sistema de concesiones, incluyendo tanto nuevas concesiones como segundas concesiones de infraestructura existente. La cartera y los procesos de licitación en curso comprenden proyectos en sectores tales como infraestructura vial, aeroportuaria, hídrica, penitenciaria, de transporte y de equipamiento público.53

52 Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, Cuenta Pública 2025, disponible en: https://concesiones.mop.gob.cl/publicaciones/ 53

Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, Informe Trimestral, primer trimestre 2026, disponible en: https://concesiones.mop.gob.cl/publicaciones/

POLÍTICAS, REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS PARA INVERTIR Sección 3.1.

Requisitos de Inversión Extranjera.

Chile mantiene un régimen abierto a la inversión extranjera, basado en los principios de libertad económica y no discriminación arbitraria entre inversionistas nacionales y extranjeros. Como regla general, no se exige autorización previa para invertir en Chile ni existen restricciones generales a la repatriación de capitales o utilidades, sin perjuicio de las normas cambiarias, tributarias y sectoriales aplicables a cada operación. En materia cambiaria, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile establece, como principio general, la libertad para realizar operaciones de cambios internacionales. No obstante, el Banco Central de Chile puede exigir que determinadas operaciones sean informadas y/o efectuadas a través del Mercado Cambiario Formal, integrado principalmente por bancos y otras entidades autorizadas. Desde el año 2001, no se encuentran vigentes las restricciones cambiarias que facultaban al Banco Central para imponer, entre otras medidas, requisitos de encaje o limitaciones generales a la entrada o salida de capitales. A contar del 1 de enero de 2026 entró en vigencia un nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, que regula, entre otras materias, las operaciones de cambios internacionales, las inversiones y el endeudamiento con el exterior. En este marco, determinadas operaciones deben efectuarse a través del Mercado Cambiario Formal y/o ser informadas al Banco Central de Chile, conforme a las reglas y procedimientos establecidos en dicho Compendio y sus respectivos Reglamentos Operativos. La información que corresponda debe ser reportada mediante el Sistema de Información Cambiaria (SICAM), implementado por el Banco Central de Chile para estos efectos. En particular, el Capítulo XIV del Compendio regula los créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior, sujeto a los montos, condiciones y obligaciones de información establecidos en la normativa cambiaria vigente. En consecuencia, la forma de ingreso y eventual remesa de los recursos asociados

a una inversión extranjera debe estructurarse considerando las reglas cambiarias aplicables a la respectiva operación. Adicionalmente, la Ley N°20.848 establece el marco legal aplicable a la inversión extranjera directa en Chile. Para estos efectos, califica como inversión extranjera directa la transferencia al país de capitales o activos de propiedad de un inversionista extranjero o controlados por éste por un monto igual o superior a US$5 millones, efectuada mediante alguna de las modalidades reconocidas por dicha ley. También se considera inversión extranjera directa aquella que permita al inversionista extranjero adquirir, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital o de los derechos a voto de una sociedad chilena o una participación equivalente. Los inversionistas que cumplan los requisitos de la Ley N°20.848 pueden solicitar voluntariamente a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, InvestChile, un Certificado de Inversionista Extranjero. Dicho régimen reconoce, entre otros, el derecho a remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas generadas por la inversión, una vez cumplidas las obligaciones tributarias aplicables; acceder al Mercado Cambiario Formal para liquidar las divisas constitutivas de la inversión y adquirir las necesarias para efectuar dichas remesas; y recibir un tratamiento no discriminatorio respecto de inversionistas nacionales. InvestChile es el organismo público encargado de promover y facilitar la inversión extranjera en Chile y presta servicios de información, orientación y acompañamiento a inversionistas extranjeros durante las distintas etapas del proceso de inversión. No existen restricciones generales aplicables específicamente a inversionistas colombianos. Las inversiones provenientes de Colombia se encuentran, por tanto, sujetas al régimen general aplicable a la inversión extranjera, sin perjuicio de los derechos y beneficios derivados de los instrumentos internacionales vigentes entre ambos países, según se describe en la Sección 3.4 siguiente. Para desarrollar una inversión en Chile, el inversionista extranjero puede constituir una sociedad local o adquirir participación en una existente. Entre las estructuras societarias más utilizadas se encuentran la sociedad por acciones (SpA), la sociedad anónima (SA) y la sociedad de responsabilidad limitada (SRL). La sociedad por acciones ofrece particular flexibilidad, al admitir un único accionista y permitir una amplia autonomía para estructurar su administración, capital y derechos económicos y políticos. La elección del vehículo dependerá, entre otros factores, de la estructura de propiedad, gobierno corporativo, financiamiento y tratamiento tributario del proyecto. Como regla general, los inversionistas extranjeros pueden adquirir bienes raíces en Chile sin autorización previa por razón de su nacionalidad. Existen, sin embargo, ciertas restricciones respecto de inmuebles ubicados en zonas fronterizas y de determinados terrenos fiscales situados próximos a las fronteras o al litoral, cuya aplicación depende, entre otros factores, de la nacionalidad, domicilio o estructura de propiedad del adquirente y de la naturaleza y ubicación del inmueble. Para proyectos de infraestructura, resulta por ello recomendable verificar tempranamente el régimen jurídico y los títulos de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto. Determinadas actividades económicas están sujetas a autorizaciones, concesiones o requisitos sectoriales especiales. En particular, el desarrollo y operación de proyectos de infraestructura puede requerir permisos ambientales, sanitarios, urbanísticos, eléctricos, hidráulicos o portuarios, entre otros, además de las

autorizaciones propias del régimen de concesiones de obras públicas, cuando corresponda. El sistema de concesiones de obras públicas se describe en mayor detalle en la Sección 2.3 anterior. En materia ambiental, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases solo pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Dependiendo de los efectos del proyecto, el titular debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El procedimiento concluye con la emisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que constituye la autorización ambiental del proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) fiscaliza el cumplimiento de las RCA y puede imponer sanciones que incluyen multas, clausura de instalaciones y revocación de la RCA. Entre los proyectos sujetos al SEIA se encuentran, entre otros, centrales generadoras de energía superiores a 3 MW, puertos y terminales marítimos, proyectos industriales en zonas declaradas latentes o saturadas, proyectos mineros bajo ciertas características y ductos de diversa naturaleza. Para proyectos de infraestructura de gran escala, la evaluación ambiental constituye un requisito previo determinante que debe contemplarse tempranamente en la planificación del proyecto.

Sección 3.2.

Incentivos y Regímenes Especiales.

Los principales incentivos relevantes para proyectos de infraestructura se relacionan con la importación de bienes de capital, los regímenes aduaneros especiales, las zonas francas y determinados mecanismos sectoriales de promoción de inversiones. La Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contempla una exención de IVA a la importación de determinados bienes de capital destinados al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos de inversión, incluyendo expresamente proyectos de infraestructura, energía, telecomunicaciones, minería e industria, entre otros. Para acceder a este beneficio, el proyecto debe involucrar una inversión de al menos US$5 millones y cumplir los demás requisitos legales y reglamentarios. En términos generales, califican como bienes de capital las máquinas, vehículos, equipos y herramientas destinados directa o indirectamente al proyecto, cuya capacidad productiva no desaparezca con su primer uso y cuya vida útil sea de al menos tres años, así como, bajo determinadas condiciones, sus partes, piezas, repuestos y accesorios. Chile cuenta asimismo con regímenes de Zona Franca en Iquique y Punta Arenas. En dichos recintos pueden desarrollarse actividades comerciales e industriales de bienes y servicios bajo un régimen aduanero y tributario especial. Las mercancías pueden ingresar y permanecer en ellos sujetas a las condiciones y franquicias establecidas por la legislación aplicable, lo que puede resultar particularmente relevante para la importación, almacenamiento o transformación de maquinaria, equipos y materiales destinados a proyectos desarrollados en el norte del país o en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Chile no contempla una categoría autónoma de “zonas de servicios internacionales”; la eventual aplicación de beneficios a actividades de servicios debe determinarse conforme al régimen de la respectiva zona franca y a la naturaleza de la actividad desarrollada.54

Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=188367

En materia de energías renovables, Chile cuenta con un marco regulatorio orientado a promover su incorporación a la matriz eléctrica. La legislación establece, entre otros mecanismos, obligaciones para que determinadas empresas eléctricas acrediten que una proporción de la energía comercializada proviene de medios de generación renovables no convencionales, junto con mecanismos de acreditación y transferencia de excedentes. Este marco se complementa con la regulación aplicable a la generación distribuida y a pequeños medios de generación, así como con las políticas públicas destinadas a facilitar la expansión de la generación renovable, la transmisión y el almacenamiento de energía. Desde la perspectiva del comercio bilateral, el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, vigente desde el 8 de mayo de 2009, contempla disciplinas sobre comercio de mercancías, servicios, inversiones y contratación pública. El 100% del universo arancelario bilateral se encuentra desgravado desde el 1 de enero de 2012, sujeto al cumplimiento de las reglas de origen y demás requisitos previstos en el Acuerdo. En consecuencia, las mercancías originarias de Colombia pueden acceder al mercado chileno libres de arancel aduanero, sujeto al cumplimiento de las respectivas reglas de origen, lo que puede resultar relevante para la importación de maquinaria, componentes e insumos destinados a proyectos de infraestructura.55

Sección 3.3.

Marco Impositivo.

El sistema tributario chileno contempla impuestos sobre las rentas empresariales y sus distribuciones a propietarios no residentes, además de impuestos indirectos aplicables al consumo y a determinadas operaciones. Impuesto a la renta. Las sociedades domiciliadas o residentes en Chile se encuentran, como regla general, sujetas al Impuesto de Primera Categoría sobre su renta líquida imponible. Bajo el Régimen General o Semi Integrado establecido en la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la tasa del Impuesto de Primera Categoría es actualmente de 27%. Existen regímenes especiales para pequeñas y medianas empresas que cumplan los requisitos legales, cuya aplicación debe analizarse atendiendo a las características y estructura de cada contribuyente. En particular, determinados contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme se encuentran sujetos transitoriamente a una tasa reducida de Impuesto de Primera Categoría de 12,5% durante los años comerciales 2025, 2026 y 2027, sin perjuicio de las condiciones legales aplicables. Por la magnitud que normalmente presentan los proyectos de infraestructura, el Régimen General constituye, en principio, la referencia más relevante para inversionistas de este sector. Distribución de remesas y de utilidades. Las cantidades retiradas, distribuidas o remesadas desde Chile a propietarios sin domicilio ni residencia en el país están, como regla general, sujetas al Impuesto Adicional, cuya tasa general es de 35%, contra el cual puede imputarse el Impuesto de Primera Categoría soportado por la sociedad chilena, en los casos y con las limitaciones previstas por la legislación aplicable. Para inversionistas residentes en Colombia, el Convenio entre Chile y Colombia para evitar la doble imposición preserva la aplicación del sistema chileno de tributación integrada respecto de dividendos, permitiendo la imputación del Impuesto de Primera Categoría contra el Impuesto Adicional en los términos previstos en dicho

Convenio. Colombia contempla, a su vez y sujeto a su legislación interna, mecanismos para reconocer los impuestos pagados en Chile. Las rentas atribuibles a una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente de una entidad extranjera se encuentran igualmente sujetas a tributación en Chile y, cuando corresponda su remesa al exterior, al Impuesto Adicional aplicable. Pagos al exterior. Determinados pagos efectuados desde Chile a personas o entidades no residentes están sujetos a retención de Impuesto Adicional, cuya tasa varía según la naturaleza de la renta y la eventual aplicación de un convenio para evitar la doble tributación. A modo de referencia, los intereses se encuentran generalmente sujetos a una tasa de 35%, aunque determinadas operaciones de financiamiento pueden acceder a una tasa reducida de 4%, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales. En el caso de pagos a residentes en Colombia, debe considerarse adicionalmente el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre ambos países, que contiene reglas específicas respecto de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas empresariales, entre otras materias. Reforma Tributaria 2026 – Modificaciones al sistema de impuesto a la renta. El proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo (Boletín N° 17.601-05), despachado por el Congreso Nacional el 4 de agosto de 2026 y pendiente de promulgación y publicación a la fecha de esta Cartilla, introduce modificaciones relevantes al sistema de impuesto a la renta. Entre ellas destacan: (i) la disminución progresiva de la tasa general de Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% hasta 23%; (ii) la extensión de la tasa reducida de 12,5% del Régimen Pro Pyme hasta el año comercial 2028, retornando a 25% a partir del año comercial 2029; y (iii) la eliminación progresiva de la restitución del crédito por Impuesto de Primera Categoría, avanzando hacia la integración total del sistema, con reducción progresiva de la restitución desde el actual 35% hasta su eliminación completa para los créditos generados desde el año comercial 2029 (integración total desde el año tributario 2030). Impuesto al Valor Agregado. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene una tasa general de 19% y grava, en términos generales, las ventas de bienes y la prestación de servicios efectuadas en Chile, salvo las exenciones previstas por ley. El impuesto opera mediante un sistema de débitos y créditos fiscales, que permite a los contribuyentes, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales, imputar el IVA soportado en sus adquisiciones contra aquel generado en sus operaciones gravadas. Este impuesto resulta especialmente relevante para proyectos de infraestructura, atendida su aplicación a contratos de construcción y a numerosas adquisiciones de bienes y servicios asociados a su desarrollo y operación. Bienes Raíces. Chile no contempla un impuesto general aplicable por el solo hecho de transferir un inmueble equivalente a un real estate transfer tax. Sin perjuicio de ello, la transferencia puede producir efectos tributarios dependiendo de las características de la operación y de las partes involucradas. En particular, la venta de inmuebles construidos puede encontrarse afecta a IVA en los casos previstos por ley, mientras que los terrenos se encuentran excluidos de dicho hecho gravado. El mayor valor obtenido en la enajenación puede, asimismo, quedar sujeto a impuesto a la renta. Los inmuebles situados en Chile están además sujetos al Impuesto Territorial o contribuciones de bienes raíces, determinado sobre su avalúo fiscal.

Contribución para el Desarrollo Regional. Determinados proyectos de inversión ejecutados en Chile se encuentran sujetos, por una sola vez, a una contribución equivalente al 1% aplicada sobre el valor de adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado comprendidos en el respectivo proyecto, únicamente en la parte que exceda de US$10 millones. En términos generales, esta contribución resulta aplicable a contribuyentes sujetos al Impuesto de Primera Categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, respecto de proyectos que involucren la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un valor total igual o superior a US$10 millones y deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sujeto a las exclusiones previstas por ley. Por sus características, esta contribución puede resultar particularmente relevante para proyectos de infraestructura de gran escala.

Sección 3.4.

Seguridad Jurídica.

El ordenamiento chileno reconoce constitucional y legalmente el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley y contempla mecanismos administrativos, judiciales y arbitrales para la protección de los derechos de los inversionistas. El actual régimen general de inversión extranjera establecido por la Ley N°20.848 no contempla un régimen general de invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. El régimen histórico establecido por el Decreto Ley N°600, de 1974 (DL 600), permitió la celebración de contratos de inversión extranjera con el Estado de Chile que contemplaban determinados derechos y garantías, incluyendo, bajo ciertas condiciones, mecanismos de invariabilidad tributaria. Si bien dicho régimen ya no se encuentra disponible para nuevas inversiones, los contratos celebrados bajo su vigencia mantienen los derechos que correspondan conforme a sus términos y a las disposiciones transitorias aplicables. Reforma Tributaria 2026 – Invariabilidad tributaria. El 4 de agosto de 2026, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo (Boletín N° 17.601-05), que incluye una reforma tributaria integral. A la fecha de esta Cartilla, el proyecto se encuentra pendiente de promulgación y publicación en el Diario Oficial. Entre las modificaciones relevantes para inversionistas extranjeros, la reforma contempla un nuevo estatuto de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de gran escala, el cual se describe a continuación. La reforma crea un régimen de invariabilidad tributaria aplicable a inversionistas extranjeros y locales que celebren contratos de inversión para el desarrollo de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos por montos iguales o superiores a US$50 millones. Los plazos de invariabilidad varían según el monto de la inversión: 10 años para inversiones entre US$50 y US$100 millones; 15 años para inversiones entre US$100 y US$350 millones; y 20 años para inversiones iguales o superiores a US$350 millones. Los contratos deben suscribirse con el Ministerio de Hacienda. Los derechos de invariabilidad comprenden, entre otros: la mantención de la tasa, base imponible y demás elementos del Impuesto de Primera Categoría vigentes a la fecha del contrato; la mantención de resoluciones e interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos sobre ciertas materias relevantes. Para proyectos mineros, se incluye adicionalmente la invariabilidad del Royalty Minero y la exención de nuevos tributos específicos para la actividad minera. Como contrapartida, el inversionista que acceda a este régimen verá incrementada en un 1,5% la tasa de Impuesto de Primera Categoría aplicable a las rentas de la inversión acogida. Vigencia: de publicarse la ley, este régimen entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 o en la fecha de publicación de la ley, si esta fuere posterior.

Para inversionistas colombianos resulta especialmente relevante el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, vigente desde el 8 de mayo de 2009. El Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia contiene un capítulo específico sobre inversión, además de disposiciones sobre comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios, contratación pública, competencia, transparencia, materias laborales y ambientales y solución de controversias.56 En materia de inversión, el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia establece un marco de protección aplicable a los inversionistas y las inversiones cubiertas, que debe analizarse conjuntamente con la legislación chilena y, tratándose de proyectos de infraestructura, con las reglas específicas de la respectiva concesión, licitación o contrato.57 Chile y Colombia son asimismo miembros de la Alianza del Pacífico, junto con México y Perú. Su Protocolo Adicional contempla disciplinas sobre comercio de bienes y servicios, inversión, contratación pública, servicios financieros y facilitación del comercio, entre otras materias, e incorpora mecanismos de acumulación de origen destinados a facilitar la integración de cadenas regionales de valor.58 Convenio para evitar la doble tributación. Chile y Colombia mantienen vigente el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, suscrito el 19 de abril de 2007 y en vigor desde el 22 de diciembre de 2009. El Convenio distribuye potestades tributarias entre ambos Estados respecto de rentas empresariales, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras categorías de renta, y contempla mecanismos para evitar la doble tributación. Para inversionistas colombianos, el Convenio resulta especialmente relevante al permitir acceso a tasas de retención de impuestos reducidas. En materia de solución de controversias, el capítulo de inversión del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia contempla mecanismos que permiten a un inversionista someter determinadas reclamaciones de inversión a arbitraje internacional, sujeto a las condiciones y requisitos establecidos en el referido Acuerdo. Adicionalmente, Chile es parte de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y cuenta con un régimen de arbitraje comercial internacional establecido en la Ley N°19.971, basado en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que regula, entre otras materias, el reconocimiento y ejecución en Chile de laudos arbitrales extranjeros.

Sección 3.5.

Régimen Laboral.

Las relaciones laborales en Chile se encuentran reguladas principalmente por el Código del Trabajo, complementado por legislación especial en materias de seguridad social, accidentes del trabajo, sindicalización, subcontratación y migración.

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia, disponible en: https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/colombia 57 Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia, disponible en: https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/colombia 58

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Alianza del Pacífico y Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, disponibles en: https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes/alianza-del-pacifico

Contratación y jornada de trabajo. Los contratos de trabajo pueden celebrarse por plazo indefinido, a plazo fijo o por obra o faena determinada, sujeto a los requisitos y limitaciones establecidos por la legislación laboral. Desde el 26 de abril de 2026, la jornada ordinaria máxima de trabajo es de 42 horas semanales. Conforme al calendario gradual establecido por la Ley N°21.561, se reducirá a 40 horas semanales a partir del 26 de abril de 2028. Terminación del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo debe fundarse en alguna de las causales previstas por la ley. Dependiendo de la causal y antigüedad del trabajador, pueden resultar aplicables indemnizaciones por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo y otros pagos establecidos por ley o contrato. En términos generales, cuando corresponde legalmente indemnización por años de servicio, ésta equivale a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite general de 330 días de remuneración, sin perjuicio de las excepciones y condiciones previstas por la legislación laboral. Seguridad social. Los trabajadores dependientes están sujetos a cotizaciones obligatorias para financiar pensiones, salud, seguro de cesantía y otros componentes del sistema de seguridad social. El trabajador efectúa, entre otras, una cotización previsional obligatoria equivalente al 10% de su remuneración imponible y una cotización de salud de 7%, sin perjuicio de comisiones, topes imponibles y demás cotizaciones que correspondan. La reforma previsional introdujo, adicionalmente, una nueva cotización al sistema de pensiones de cargo del empleador, cuya implementación comenzó en agosto de 2025 y aumenta gradualmente. Desde las remuneraciones devengadas en agosto de 2026, la cotización total de cargo del empleador prevista por este régimen alcanza 3,5% de la remuneración imponible, incluidos los componentes destinados al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y al Seguro Social Previsional, y continuará incrementándose progresivamente hasta alcanzar 8,5% en régimen. En materia de seguro de cesantía, tratándose de contratos indefinidos, el trabajador aporta 0,6% de su remuneración imponible y el empleador 2,4%. Para contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada, el aporte de 3% corresponde al empleador. A estos costos deben agregarse las cotizaciones correspondientes al seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los demás aportes que resulten aplicables según la actividad y nivel de riesgo de la empresa. Contratación de trabajadores extranjeros. Las empresas que ocupen más de 25 trabajadores deben mantener, como regla general, al menos un 85% de trabajadores de nacionalidad chilena. Para el cálculo de esta proporción se considera el total de trabajadores del empleador en Chile, se excluye al personal técnico especialista y se consideran como chilenos, para estos efectos, ciertos extranjeros con vínculos familiares con nacionales y aquellos que hayan residido en Chile por más de cinco años. Los extranjeros que desarrollen actividades remuneradas de manera regular en Chile deben contar con una categoría migratoria que los habilite para trabajar. La permanencia transitoria, como regla general, no habilita

para realizar actividades remuneradas, aunque puede otorgarse excepcionalmente una autorización para actividades específicas y esporádicas, como asesorías o servicios prestados por técnicos expertos. Asimismo, bajo determinadas condiciones, el personal técnico extranjero que mantenga afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones equivalentes puede quedar exento de determinadas cotizaciones previsionales chilenas conforme a la Ley N°18.156, sin perjuicio de las cotizaciones que legalmente deban enterarse en todo caso. Ejercicio profesional y reconocimiento de títulos. Chile y Colombia son partes de la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales, conforme a la cual los colombianos en Chile pueden ejercer la profesión para la cual se encuentren habilitados por un título o diploma legalmente expedido por la autoridad nacional competente, salvo en aquellos casos en que la legislación chilena exija nacionalidad chilena para su ejercicio. La habilitación y reconocimiento del respectivo título se encuentran sujetos a las formalidades y procedimientos aplicables en Chile.59 Subcontratación. La subcontratación es de especial importancia en proyectos de infraestructura. La empresa principal puede responder, en los casos y bajo las condiciones previstas por la legislación laboral, por determinadas obligaciones laborales y previsionales de sus contratistas y subcontratistas respecto de los trabajadores que presten servicios bajo este régimen.

Ley N°3.860, que aprueba la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales celebrada entre Chile y Colombia, disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=24302

FINANCIAMIENTO Y SISTEMA BANCARIO Sección 4.1.

Descripción de la estructura del sistema financiero local.

El sistema financiero chileno comprende bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, administradoras de fondos, intermediarios de valores y otras entidades financieras. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es el principal organismo de regulación y supervisión del mercado financiero y fiscaliza, entre otras entidades, a bancos, emisores e intermediarios de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros. El Banco Central de Chile, por su parte, ejerce las funciones que le encomienda su ley orgánica en materia monetaria, crediticia, cambiaria y de pagos, y tiene entre sus objetivos promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero y velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. La actividad bancaria se encuentra regulada principalmente por la Ley General de Bancos y por la normativa dictada por la CMF. Los bancos son entidades de giro exclusivo autorizadas para captar habitualmente fondos del público y realizar las demás operaciones que la ley les permite, entre ellas otorgar créditos, recibir depósitos, emitir bonos, prestar servicios de pago, otorgar garantías e intervenir en determinadas operaciones de intermediación financiera y cambiaria. El mercado bancario se encuentra integrado por bancos constituidos en Chile y por sucursales de bancos extranjeros autorizadas para operar en el país. El establecimiento de un banco o de una sucursal de un banco extranjero requiere autorización de la CMF y está sujeto a los requisitos de organización, solvencia y supervisión establecidos por la Ley General de Bancos. Los bancos extranjeros pueden además mantener oficinas de representación en Chile; éstas pueden actuar como agentes de negocios de sus casas matrices, pero no se encuentran autorizadas para realizar operaciones propias del giro bancario, en particular captar o recibir fondos del público. Para empresas y proyectos de infraestructura, el financiamiento local puede estructurarse mediante créditos bancarios bilaterales o sindicados, líneas de crédito, financiamientos de comercio exterior, leasing y otras modalidades permitidas por la legislación bancaria. Para operaciones de mayor escala, el mercado de capitales constituye asimismo una fuente relevante de financiamiento mediante la emisión de títulos de deuda, sujeta al régimen previsto en la Ley de Mercado de Valores y a la regulación y supervisión de la CMF. La elección de la estructura dependerá, entre otros factores, del tamaño y plazo del proyecto, sus flujos esperados, las garantías disponibles y el perfil de riesgo del deudor.

Las operaciones de crédito están sujetas, según corresponda, a las reglas sobre tasas de interés, reajustes, impuestos, garantías y demás condiciones previstas en la legislación aplicable. La disponibilidad, moneda, plazo, tasa y garantías de un financiamiento son determinadas por cada institución sobre la base de su evaluación comercial y crediticia, sin que exista un derecho general del solicitante a obtener financiamiento por el solo cumplimiento de requisitos formales. Financiamiento transfronterizo. Las empresas constituidas en Chile pueden obtener financiamiento de acreedores extranjeros, sujeto a las normas tributarias y cambiarias aplicables. En particular, determinadas operaciones de crédito provenientes del exterior se encuentran sujetas a obligaciones de información y, según corresponda, de canalización a través del Mercado Cambiario Formal conforme al Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile y sus Reglamentos Operativos. Desde el 1 de enero de 2026, estas operaciones se rigen por el nuevo Compendio y los reportes correspondientes se efectúan mediante el Sistema de Información Cambiaria (SICAM). Reorganización e insolvencia. Para efectos de la estructuración de financiamiento, resulta relevante conocer el régimen aplicable en caso de insolvencia del deudor. Chile cuenta con un régimen concursal regulado principalmente por la Ley N°20.720, que contempla, respecto de empresas deudoras, procedimientos destinados a su reorganización o liquidación. El Procedimiento Concursal de Reorganización tiene por objeto permitir la reestructuración de los activos y pasivos de una empresa deudora mediante un acuerdo con sus acreedores. Durante la Protección Financiera Concursal, el deudor mantiene la administración de sus bienes, sujeto a las limitaciones e intervención del Veedor previstas por la ley. Como regla general, durante dicho período no puede iniciarse un procedimiento de liquidación en su contra y se suspenden o impiden determinadas ejecuciones individuales, sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas. Asimismo, la ley contempla reglas destinadas a preservar la vigencia de los contratos del deudor durante este período. En caso de liquidación, la resolución respectiva produce, entre otros efectos, el desasimiento del deudor respecto de los bienes comprendidos en el procedimiento, cuya administración pasa al Liquidador, y la suspensión, como regla general, del derecho de los acreedores a ejecutar individualmente al deudor. Los acreedores hipotecarios y prendarios pueden, sin embargo, deducir o continuar sus acciones sobre los bienes gravados, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlos dentro del procedimiento concursal y de las reglas destinadas a resguardar el pago de los créditos de primera clase. La existencia de garantías reales resulta asimismo relevante durante una reorganización. La Ley N°20.720 establece reglas específicas para el tratamiento de créditos garantizados con prenda o hipoteca, que consideran, entre otros factores, si los bienes gravados son calificados como esenciales para la continuidad del giro de la empresa deudora y los términos del respectivo acuerdo de reorganización. La Ley N°20.720 incorpora asimismo un régimen de insolvencia transfronteriza basado en la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL), que regula, entre otras materias, el reconocimiento en Chile de procedimientos extranjeros, el acceso de representantes extranjeros a los tribunales chilenos, la cooperación entre autoridades nacionales y extranjeras y la coordinación de procedimientos concurrentes. Este régimen busca, entre otros objetivos, otorgar

mayor seguridad jurídica al comercio y las inversiones y facilitar una administración eficiente de insolvencias con elementos transfronterizos.

Sección 4.2. Requisitos normativos, documentación exigida y procesos corporativos para la apertura y operación de cuentas bancarias comerciales. Las sociedades constituidas en Chile pueden abrir cuentas corrientes y otros productos bancarios sujetos a las condiciones comerciales y procedimientos de debida diligencia de cada institución. Para la apertura de una cuenta corriente a nombre de una persona jurídica, la normativa de la CMF exige que el banco verifique que la sociedad se encuentre legalmente constituida y que quienes actúen en su representación cuenten con facultades suficientes para abrir y operar la cuenta. El banco debe asimismo verificar los antecedentes de identificación y domicilio que correspondan respecto de la sociedad y de sus representantes, así como los demás antecedentes que resulten procedentes conforme a la normativa aplicable y a la evaluación de riesgo del cliente, sin perjuicio de los requisitos adicionales que cada institución pueda exigir de acuerdo con sus políticas internas. En términos prácticos, una sociedad deberá normalmente proporcionar antecedentes que acrediten su existencia y vigencia, su Rol Único Tributario (RUT), la identidad de sus representantes y apoderados y las facultades con que éstos actuarán. Dependiendo de la estructura societaria y de las políticas del banco, pueden solicitarse asimismo estatutos y sus modificaciones, certificados de vigencia y de poderes, acuerdos o autorizaciones corporativas para la apertura y operación de la cuenta, información sobre la actividad y situación financiera de la sociedad y demás antecedentes necesarios para la evaluación comercial y de cumplimiento de la institución. La documentación específica exigida puede, por tanto, variar entre bancos. La apertura y mantención de cuentas se encuentra además sujeta a las obligaciones de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En consecuencia, las instituciones bancarias deben realizar procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente, destinados a identificar al cliente, comprender el propósito y naturaleza de la relación comercial y mantener sus antecedentes actualizados. Estas obligaciones pueden comprender la solicitud de información sobre la actividad económica, origen de fondos y patrimonio, estructura de propiedad y otras circunstancias relevantes atendido el nivel de riesgo de la relación. Tratándose de personas jurídicas, los bancos deben además identificar a sus beneficiarios finales. Para estos efectos, la normativa de la Unidad de Análisis Financiero considera beneficiario final, en términos generales, a la persona natural que posea directa o indirectamente una participación igual o superior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o que, aun sin alcanzar dicho porcentaje, ejerza su control efectivo. El cliente debe proporcionar la declaración correspondiente y el banco puede requerir documentación adicional para verificar la información entregada. La existencia de accionistas, controladores o beneficiarios finales extranjeros no impide, por sí sola, que una sociedad chilena abra una cuenta bancaria. No obstante, las estructuras de propiedad transfronterizas pueden implicar requerimientos adicionales de identificación, documentación y debida diligencia. En particular, las instituciones pueden solicitar antecedentes relativos a sociedades matrices extranjeras, cadenas de propiedad,

beneficiarios finales, personas expuestas políticamente y origen de los recursos, y aplicar medidas reforzadas de debida diligencia cuando el perfil de riesgo así lo justifique. La normativa permite asimismo la apertura de cuentas corrientes a personas no residentes en Chile. En estos casos puede registrarse un domicilio en el extranjero, sujeto a las condiciones establecidas por la regulación aplicable y por el banco. Ello es distinto de la situación habitual de una sociedad chilena controlada por inversionistas extranjeros, la cual opera como persona jurídica local y debe cumplir los requisitos aplicables a ésta. Una vez abierta la cuenta, su forma de operación se determina por las facultades registradas ante el banco y por las condiciones contractuales acordadas. La sociedad puede establecer uno o más representantes o apoderados y definir, conforme a sus poderes y a los mecanismos admitidos por el banco, la actuación individual o conjunta de éstos. La incorporación o sustitución de apoderados requiere acreditar ante la institución las correspondientes facultades.

CUMPLIMIENTO LEGAL Y LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA Sección 5.1. Marco regulatorio de la libre competencia, prácticas restrictivas de comercio y concentraciones empresariales. El régimen chileno de libre competencia se encuentra regulado principalmente por el Decreto Ley N°211 de 1973 (DL 211), que tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Su aplicación corresponde principalmente a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo encargado de investigar conductas anticompetitivas y ejercer el control preventivo de operaciones de concentración, y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tribunal especial e independiente competente para conocer y resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción. Las decisiones del TDLC pueden, en los casos previstos por ley, ser revisadas por la Corte Suprema. El DL 211 prohíbe, en términos generales, todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o tienda a producir dichos efectos. Entre las conductas expresamente contempladas se encuentran los acuerdos o prácticas concertadas entre competidores, los abusos de posición dominante y determinadas prácticas predatorias o de competencia desleal destinadas a alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. La legislación contempla asimismo determinadas restricciones al denominado interlocking horizontal, esto es, la participación simultánea de una misma persona como director o ejecutivo relevante en dos o más empresas competidoras cuando se cumplen los requisitos y umbrales establecidos por el DL 211. La regulación resulta aplicable transversalmente a los distintos sectores de la economía, incluidos los mercados vinculados al desarrollo y operación de infraestructura. En particular, la colusión entre competidores respecto de variables competitivas relevantes, incluyendo precios, cantidades, cuotas o zonas de mercado o resultados de procesos de licitación, constituye una de las infracciones más graves al régimen de libre competencia. La legislación contempla sanciones económicas significativas y, tratándose de determinadas conductas colusorias, responsabilidad penal de las personas naturales involucradas. Asimismo, pueden imponerse medidas destinadas a poner término a los actos o contratos contrarios a la libre competencia y, en los casos previstos por ley, prohibiciones para contratar con órganos de la Administración del Estado.

Para empresas que participen en licitaciones de obras públicas o privadas, resulta especialmente relevante la prohibición de acuerdos entre oferentes destinados a coordinar sus propuestas, precios, condiciones o participación en una licitación (bid rigging). La normativa de libre competencia resulta igualmente aplicable a acuerdos de reparto de mercados, intercambios de información comercialmente sensible y otras formas de coordinación entre competidores que puedan afectar la independencia de sus decisiones comerciales. Chile contempla además un sistema obligatorio de control preventivo de determinadas operaciones de concentración. Para estos efectos, constituyen operaciones de concentración, en términos generales, aquellas mediante las cuales dos o más agentes económicos previamente independientes dejan de serlo en todo o parte de sus actividades, incluyendo fusiones, adquisiciones de control, determinados joint ventures y adquisiciones de activos. La notificación previa a la FNE es obligatoria cuando concurren conjuntamente los supuestos legales de una operación de concentración y se alcanzan los umbrales de ventas establecidos por la autoridad. Actualmente, dichos umbrales corresponden a ventas agregadas en Chile de los agentes económicos que proyectan concentrarse iguales o superiores a 2.500.000 UF durante el ejercicio anterior y ventas individuales en Chile de al menos dos de ellos iguales o superiores a 450.000 UF durante el mismo período. La operación sujeta a notificación obligatoria no puede perfeccionarse mientras no exista una resolución que autorice su ejecución. El incumplimiento de esta obligación, así como la materialización o coordinación anticipada de una operación antes de contar con la correspondiente autorización cuando ésta es requerida (gun jumping), puede dar lugar a las sanciones previstas en el DL 211. La FNE analiza si la operación resulta apta para reducir sustancialmente la competencia. El procedimiento contempla una primera fase de investigación de 30 días, pudiendo extenderse a una segunda fase de hasta 90 días adicionales cuando la FNE estime que la operación puede generar riesgos sustanciales para la competencia. Como resultado del procedimiento, la FNE puede aprobar la operación pura y simplemente, aprobarla sujeta a medidas de mitigación o prohibirla cuando corresponda conforme al DL 211. Para inversionistas extranjeros, incluido un inversionista colombiano, el régimen de libre competencia se aplica con independencia de la nacionalidad de las partes. En consecuencia, una adquisición, asociación o joint venture destinado al desarrollo de infraestructura en Chile debe analizarse desde la perspectiva del DL 211 cuando produzca o pueda producir efectos en el mercado chileno, aun cuando una o más de las partes de la operación se encuentren constituidas en el extranjero.

Sección 5.2. Régimen de prevención de lavado de activos (SARLAFT o equivalentes locales) y cumplimiento corporativo contra delitos económicos o de “cuello blanco”. Chile cuenta con un régimen específico de prevención y persecución del lavado de activos, regulado principalmente por la Ley N°19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La UAF tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante el análisis de información financiera y el establecimiento de obligaciones aplicables a las entidades sujetas a su supervisión.

A diferencia del sistema colombiano, la legislación chilena no utiliza la denominación “SARLAFT”. Su equivalente funcional está constituido por el régimen establecido en la Ley N°19.913 y por las instrucciones impartidas por la UAF, en particular la Circular N°62 de 2025. Este régimen se aplica directamente a las personas naturales y jurídicas que desarrollan alguna de las actividades expresamente señaladas por la ley como sujetos obligados. Actualmente, la UAF identifica 55 actividades económicas sometidas a dichas obligaciones. Los sujetos obligados deben inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF y designar un oficial de cumplimiento. Asimismo, deben implementar un sistema preventivo basado en riesgos, que comprende, entre otras materias, políticas de debida diligencia y conocimiento del cliente, identificación del beneficiario final y de personas expuestas políticamente, mantenimiento de registros, procedimientos para la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas, capacitación y un Manual de Prevención y Detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los sujetos obligados deben reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades. Para estos efectos, se considera operación sospechosa, en términos generales, aquella que resulte inusual o carezca de justificación económica o jurídica aparente, entre otros supuestos previstos por la ley. Asimismo, deben reportarse las operaciones en efectivo que excedan de US$10.000 o su equivalente en pesos chilenos, de acuerdo con la periodicidad aplicable al respectivo sector. Estas obligaciones no resultan aplicables indistintamente a toda sociedad que opere en Chile: su aplicación directa depende de que la persona o entidad desarrolle alguna de las actividades calificadas legalmente como sujetas a reporte. Sin perjuicio de ello, una empresa no sujeta directamente a supervisión de la UAF puede quedar sometida en la práctica a procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente de bancos, instituciones financieras y otras contrapartes que sí tienen la calidad de sujetos obligados. El régimen chileno de cumplimiento corporativo fue sustancialmente modificado por la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos, que amplió el catálogo de delitos relevantes y modificó la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las modificaciones a esta última se encuentran vigentes desde el 1 de septiembre de 2024. El nuevo régimen comprende un extenso catálogo de delitos que pueden calificarse como delitos económicos, sujeto, según corresponda, a las circunstancias previstas por la ley, incluyendo ilícitos societarios, del mercado de valores, tributarios, aduaneros, ambientales, de libre competencia y contra la probidad, entre otros. Conforme a la Ley N°20.393, una persona jurídica puede ser penalmente responsable por determinados delitos perpetrados en el marco de su actividad por, o con la intervención de, personas que ocupen cargos, funciones o posiciones dentro de ella, por quienes gestionen sus asuntos ante terceros o por determinadas personas vinculadas a otras entidades en los casos previstos por la ley, cuando la perpetración del hecho se haya visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos. El régimen vigente no exige, como regla general, que el delito haya sido cometido en beneficio de la persona jurídica, quedando ésta excluida de responsabilidad cuando el hecho haya sido perpetrado exclusivamente en su contra. La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales involucradas.

La Ley N°20.393 contempla expresamente la implementación de un modelo de prevención de delitos como mecanismo central para la gestión de estos riesgos. Para considerarse adecuado, el modelo debe ser efectivamente implementado y considerar, atendidas las características de la persona jurídica, la identificación de actividades o procesos que impliquen riesgo de comisión de delitos; protocolos y procedimientos destinados a prevenirlos y detectarlos; canales seguros de denuncia y sanciones internas; asignación de responsables con independencia, facultades y recursos suficientes; y evaluaciones periódicas por terceros independientes, junto con mecanismos de perfeccionamiento y actualización. La implementación del modelo no debe entenderse como un cumplimiento meramente formal. Su efectividad debe responder a los riesgos propios de la actividad, estructura, tamaño, recursos y complejidad de la organización. Para empresas que participen en proyectos de infraestructura, resultan particularmente relevantes los riesgos asociados a contratación pública, licitaciones, interacción con autoridades y funcionarios públicos, permisos y autorizaciones sectoriales, relaciones con contratistas y subcontratistas, libre competencia, materias ambientales y tributarias. Las sanciones aplicables a una persona jurídica pueden incluir multas, pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos, inhabilitación para contratar con el Estado, supervisión de la persona jurídica, comiso y, en los casos más graves previstos por la ley, extinción de la persona jurídica. La supervisión puede asimismo decretarse, en los casos previstos por la ley, como medida cautelar durante el procedimiento penal.

DATOS DE INTERÉS (VIVIR EN EL PAÍS) Sección 6.1. Trámites para la obtención de visados de negocios, permisos de residencia temporal/permanente y permisos de trabajo corporativos. La entrada, permanencia y residencia de extranjeros en Chile se rige principalmente por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y su reglamento. El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) es la autoridad encargada de tramitar y resolver, entre otras materias, las solicitudes de residencia temporal y definitiva y determinadas autorizaciones migratorias. Visitas de negocios. Los extranjeros que ingresen a Chile sin intención de establecerse pueden hacerlo bajo la categoría de Permanencia Transitoria, que comprende, entre otros, a quienes ingresan por motivos de turismo, recreación, negocios o similares. Como regla general, esta categoría permite permanecer en Chile por hasta 90 días continuos desde el ingreso al país, plazo que puede prorrogarse por una sola vez por hasta 90 días adicionales, sin perjuicio de la eventual exigencia de autorización previa para nacionales de determinados países. Para nacionales colombianos, actualmente no se exige visa o autorización previa para ingresar a Chile bajo esta categoría por una estadía de hasta 90 días. La Permanencia Transitoria no autoriza, como regla general, el desarrollo de actividades remuneradas en Chile. No obstante, SERMIG puede autorizar excepcionalmente la realización de actividades específicas y esporádicas por las cuales el extranjero perciba remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero. Esta autorización puede resultar relevante, por ejemplo, para profesionales o técnicos que deban prestar servicios específicos durante una estadía de corta duración. La autorización debe solicitarse ante SERMIG y puede gestionarse antes o después del ingreso a Chile. Residencia Temporal. Los extranjeros que pretendan establecerse en Chile por un período limitado pueden solicitar un permiso de Residencia Temporal, sujeto a alguna de las subcategorías previstas en la normativa migratoria. Para ejecutivos, profesionales y trabajadores extranjeros resulta particularmente relevante la subcategoría aplicable a personas que desarrollan actividades lícitas remuneradas, ya sea bajo subordinación y dependencia o por cuenta propia. Como regla general, esta solicitud debe presentarse desde el extranjero, a través del Portal de Trámites Digitales de SERMIG. Los titulares de Permanencia Transitoria que se encuentren en

Chile no pueden, como regla general, solicitar desde el país un permiso de Residencia Temporal, salvo en los casos excepcionales previstos por la normativa migratoria. La documentación exigible depende de la modalidad bajo la cual se desarrollará la actividad. Tratándose de trabajadores dependientes, debe acreditarse la relación contractual y acompañarse los antecedentes requeridos respecto del empleador y del solicitante. Para actividades por cuenta propia o prestación de servicios pueden exigirse, según corresponda, contratos u otros antecedentes que acrediten la actividad a desarrollar y la capacidad económica de las partes. Los documentos emitidos en el extranjero deben cumplir las formalidades de legalización o apostilla que correspondan y, cuando no estén redactados en español o inglés, las exigencias de traducción aplicables. La Residencia Temporal puede otorgarse por un período de hasta dos años, salvo las excepciones previstas en la normativa aplicable, y permite desarrollar las actividades autorizadas conforme a la respectiva subcategoría migratoria. Los dependientes de un titular de Residencia Temporal pueden obtener un permiso en dicha calidad y se encuentran habilitados para realizar actividades remuneradas. Residencia Definitiva. La Residencia Definitiva permite a su titular radicarse indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita. Como regla general, pueden postular quienes sean titulares de un permiso de Residencia Temporal vigente y hayan residido en Chile en dicha calidad durante, al menos, 24 meses, sin perjuicio de los casos en que la normativa permite exigir un período mayor o admitir uno menor atendidas las circunstancias del solicitante. La solicitud se efectúa electrónicamente ante SERMIG y debe presentarse dentro del período establecido antes del vencimiento de la Residencia Temporal. Para empresas colombianas que trasladen ejecutivos, profesionales o personal técnico a Chile, la categoría migratoria adecuada dependerá, por tanto, de la duración y naturaleza de las funciones que la persona desarrollará en el país. Una visita para reuniones, negociaciones o actividades comerciales de corta duración no debe confundirse con la prestación regular de servicios remunerados o con el traslado de personal para desempeñar funciones permanentes en una sociedad o proyecto chileno.

Sección 6.2. Indicadores generales sobre calidad de vida, seguridad ciudadana, sistemas privados y públicos de educación y salud. Calidad de vida. Chile presenta indicadores de desarrollo humano elevados en el contexto regional. De acuerdo con el Human Development Report 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), último informe global disponible a la fecha, Chile registra un Índice de Desarrollo Humano de 0,878, sobre la base de datos correspondientes a 2023, lo que lo sitúa, conforme a la clasificación del PNUD, en la categoría de desarrollo humano muy alto y entre los países con mayor nivel de desarrollo humano de América Latina y el Caribe.60 Chile es asimismo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el año 2010. De acuerdo con dicha organización, la esperanza de vida alcanza 81,6 años, 0,5 años por sobre el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2025, disponible en: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025

promedio de los países miembros de la OCDE. Sin perjuicio de lo anterior, existen diferencias relevantes entre regiones y comunas en materia de ingresos, vivienda, seguridad y acceso oportuno a determinados servicios.61 Las condiciones de vida y la disponibilidad de servicios presentan diferencias territoriales relevantes. Santiago, como principal centro económico y financiero del país, concentra la mayor oferta de servicios profesionales, establecimientos privados e internacionales de educación, prestadores privados de salud y conexiones aéreas internacionales. Las principales capitales regionales cuentan igualmente con infraestructura hospitalaria, educacional, comercial y de servicios, aunque su diversidad y disponibilidad varían según la población y características de cada región. Estas diferencias pueden resultar especialmente relevantes para empresas de infraestructura cuyos proyectos se desarrollen fuera de los principales centros urbanos y que contemplen la relocalización de ejecutivos, profesionales, técnicos o sus familias. Seguridad ciudadana. En términos comparados, Chile presenta una tasa de homicidios relativamente baja dentro de América Latina y el Caribe. De acuerdo con estadísticas internacionales comparables sobre homicidios intencionales, Chile se encuentra entre los países de la región con menores tasas de homicidio, circunstancia que proporciona un contexto relevante para interpretar los indicadores nacionales de seguridad ciudadana.62 Los indicadores nacionales más recientes muestran, además, una disminución sostenida de los homicidios consumados durante los últimos años. Durante 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidios consumados, equivalentes a una tasa de 5,4 víctimas por cada 100.000 habitantes, frente a tasas de 6,7 en 2022, 6,3 en 2023 y 6,0 en 2024. De esta forma, 2025 constituyó el tercer año consecutivo de disminución de este indicador, con una reducción de 20,6% respecto de la tasa registrada en 2022.63 Sin perjuicio de la evolución favorable de los homicidios y de la posición relativa de Chile en el contexto regional, los indicadores de victimización y percepción de inseguridad continúan siendo elevados. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2025, elaborada por el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos durante los doce meses anteriores, frente a 8,5% en 2024, disminución estadísticamente significativa. Considerando la totalidad de los delitos consultados, 37,7% de los hogares fue víctima de algún delito. Por su parte, 82,9% de las personas percibió que la delincuencia había aumentado en el país, porcentaje inferior al 87,7% registrado en 2024.64 Salud. Chile cuenta con un sistema de salud mixto, integrado por aseguradores y prestadores públicos y privados. El Fondo Nacional de Salud (FONASA) constituye el asegurador público, mientras que las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) corresponden a aseguradores privados. La fiscalización de ambos sistemas corresponde, dentro del ámbito de sus atribuciones, a la Superintendencia de Salud.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance 2025, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report.html 62

Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), UNODC Data Portal, indicador 16.1.1 “Intentional homicide”, disponible en: https://data.unodc.org/datasearch 63 Ministerio de Seguridad Pública y Centro de la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025, disponible en: https://prevenciondehomicidios.cl/informe-de-homicidios-consumados/ 64

Instituto Nacional de Estadísticas y Subsecretaria de Prevención del Delito, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, disponible en: https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/sociedad-y-condiciones-de-vida/seguridad-ciudadana

Los trabajadores dependientes deben efectuar una cotización obligatoria de salud equivalente al 7% de su remuneración imponible, hasta el respectivo límite imponible. Para el año 2026, el límite imponible mensual aplicable a las cotizaciones de salud corresponde a 90 UF, de manera que la cotización legal máxima asciende a 6,3 UF mensuales. La cotización puede destinarse a FONASA o, cuando corresponda, a una ISAPRE. FONASA cubre a la mayor parte de la población y permite acceder a prestaciones principalmente a través de la red pública de salud. Sus beneficiarios pueden atenderse mediante la Modalidad de Atención Institucional (MAI), que comprende las prestaciones otorgadas por establecimientos de la red pública, y, cuando corresponda, mediante la Modalidad de Libre Elección (MLE), que permite acceder a determinados profesionales y establecimientos privados que mantienen convenio con FONASA. Las ISAPRE, por su parte, administran planes privados de salud y permiten a sus afiliados acceder a prestaciones conforme a las coberturas, redes y condiciones del respectivo plan; cuando el precio del plan sea superior a la cotización legal obligatoria, el afiliado debe financiar la diferencia correspondiente. Junto con la cobertura de FONASA o ISAPRE, existe un mercado de seguros complementarios de salud, contratados individualmente o como beneficios colectivos otorgados por empleadores. Estos seguros pueden cubrir, conforme a las condiciones de la respectiva póliza, una parte de los gastos médicos no reembolsados por el sistema previsional de salud correspondiente. Para empresas extranjeras que relocalicen personal en Chile, la cobertura privada o complementaria de salud puede, por tanto, formar parte de los beneficios laborales asociados a una asignación internacional. En materia de prestadores, el sistema comprende hospitales y centros de atención primaria públicos, además de clínicas, hospitales universitarios y centros médicos privados. Santiago concentra la mayor oferta de prestadores privados de alta complejidad y especialidades médicas, mientras que las principales capitales regionales cuentan con establecimientos públicos y privados de diversa complejidad. La disponibilidad de determinadas especialidades y prestaciones puede, por ello, constituir un factor a considerar cuando el personal sea destinado a proyectos ubicados fuera de los principales centros urbanos. En términos comparados, de acuerdo con la OCDE, 97% de la población se encuentra cubierta para un conjunto básico de servicios de salud.65 Educación. El sistema educacional chileno comprende educación parvularia, básica, media y superior, impartida por establecimientos e instituciones de administración pública y privada. En el ámbito escolar, los establecimientos se clasifican principalmente en públicos, particulares subvencionados y particulares pagados. Los establecimientos públicos son financiados por el Estado y ofrecen educación gratuita, y su administración se encuentra en un proceso gradual de traspaso desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), creados por la Ley N°21.040 de 2017. Los establecimientos particulares subvencionados son administrados por entidades privadas y reciben financiamiento público. Los establecimientos particulares

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance 2025, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report.html

pagados, en cambio, son de administración privada y se financian principalmente mediante matrículas y aranceles pagados por las familias. La admisión a establecimientos públicos y particulares subvencionados se efectúa, en los casos previstos por la normativa, mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma centralizada administrada por el Ministerio de Educación. El sistema permite asimismo la incorporación de estudiantes extranjeros, sujeto al cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes. Los establecimientos particulares pagados cuentan con sus propios procedimientos, plazos y criterios de admisión. Santiago concentra una amplia oferta de establecimientos particulares pagados, incluidos colegios bilingües e internacionales, existiendo también oferta de esta naturaleza en determinadas ciudades regionales. Algunos establecimientos imparten programas internacionales, incluido el International Baccalaureate (IB), u otros currículos extranjeros o bilingües. Para familias provenientes de Colombia, resulta especialmente relevante que Chile y Colombia forman parte del Convenio Andrés Bello, que permite el reconocimiento y convalidación en Chile de los estudios de educación básica y media, completos o parciales, cursados en Colombia. El procedimiento se realiza ante el Ministerio de Educación y permite reconocer el nivel o curso realizado en el extranjero equivalente a educación básica o media chilena, sin que ello suponga una equivalencia de las calificaciones obtenidas. El calendario escolar general en Chile corresponde al hemisferio sur, iniciándose normalmente el año académico en marzo y finalizando en diciembre. Determinados establecimientos internacionales pueden operar con calendarios diferentes. En consecuencia, las empresas que contemplen la relocalización de trabajadores con hijos en edad escolar deben considerar con anticipación los calendarios y procesos de admisión, la disponibilidad de cupos y, cuando corresponda, el reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. En educación superior, Chile cuenta con universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, públicos y privados. El sistema se encuentra sujeto a mecanismos de licenciamiento, acreditación y supervisión institucional, en los que intervienen, entre otros organismos, la Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior.