Conflicto agrario en el Bajo Aguรกn: el caso MUCA
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Conflicto agrario en el Bajo Aguán: el caso MUCA Textos: Ariel Torres Funes Fotografía: Claudia Tatiana Sevilla Diseño y Diagramación: Bricelda Contreras
Niños y niñas jugando en el asentamiento “La Confianza” (finca recuperada por el MUCA), ubicado en una antigua bodega de la Corporación Dinant. En este albergue viven 65 familias que antes no tenían vivienda. Aproximadamente 45 niños y niñas viven en estas viviendas de paredes y techos de plástico y piso de tierra. Comentan los habitantes de este asentamiento que con frecuencia pasan por las noches hombres armados haciendo disparos al aire con el fin de amedrentarlos. A dos cuadras de este albergue fueron asesinados tres campesinos del asentamiento, dos de ellos menores de edad.
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Introducción del contexto agrario para entender la problemática del Bajo Aguán
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l abandono del Estado hacia el sector agrario en Honduras, especialmente hacia los pequeños y pequeñas agricultoras del país, ha producido una profunda crisis en el campo hondureño. El acceso a los recursos y medios productivos es limitado y concentrado en pocas manos, produciendo hambre y desesperación en los campesinos y campesinas hondureñas. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quince personas mueren diariamente por una mala alimentación en las áreas rurales del país. La crisis tiene sus causas. Del Presupuesto General de la República, el Estado sólo le asigna un 2.7% a la agricultura, mientras que en 1990 la inversión pública era del 11.1%. La situación es paradójica cuando el sector agrario sigue siendo la actividad que más empleos aporta, con un 34.6% de los puestos de trabajo a nivel nacional. A pesar del discurso de los gobernantes, el acaparamiento de las tierras y la cultura del latifundio permanecen intactos, ocho de cada diez familias rurales no disponen de tierra para cultivar. En contraste con el 1% de los grandes productores y agro exportadores que concentran una tercera parte de las mejores tierras cultivables del país, lo que orilla a que la mayoría de la población rural sea empleada para estas compañías agroindustriales, en su mayoría recibiendo pagos menores al salario mínimo y sin el cumplimiento de sus derechos laborales.
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Actualmente el salario agrícola promedio es de 2,759 lempiras (146 dólares), lo que ajusta únicamente para cubrir un 49.7% del total de la canasta básica de alimentos. Por otra parte, no todos los hogares cuentan con los servicios básicos y aún existen aldeas incomunicadas con las principales vías de comunicación y transporte del país. Los municipios enfrentan autoridades locales incapaces de otorgar respuestas a la sociedad en materia de educación, salud, vivienda, seguridad y empleo.
Reforma Agraria y el sistema bananero aparecen como fantasmas que caminan por los predios, recordados por algunos con nostalgia y por otros como etapas que también fueron incapaces de solucionar los problemas estructurales del campo. Los tiempos han cambiado, ahora la participación de las mujeres ha crecido; los efectos negativos del cambio climático agudizan la situación; el narcotráfico se ha expandido; todo ello mientras la migración hacia el exterior se ha fortalecido como principal fuente de ingreso económico en muchas familias.
La preocupación y desesperación por no tener qué darles de comer a sus hijos e hijas, el no visualizar un futuro prometedor como agricultores y agricultoras, y el sobrevivir vulnerablemente en un sistema prácticamente feudal en pleno siglo XXI, ha generado que la conflictividad social en el campo, donde las disputas entre los que no tienen tierra y los que tienen mucha, aumente sustancialmente.
Este foto-reportaje aborda la relación conflictiva, en torno a la posesión de la tierra, entre el Movimiento Unificado Campesina del Aguán –margen derechay las empresas agroexportadoras de palma africana; pero también recoge los sueños, esperanzas e iniciativas en curso de los hombres, mujeres y jóvenes del MUCA en su reivindicación por el derecho a la tierra y a una vida digna.
Ante este contexto no sorprende que se expanda en el campesinado hondureño una sensación de rencor frente a un Estado que se limita a jugar un papel de árbitro en los enfrentamientos, sin replantearse la formación y promoción de verdaderos modelos de desarrollo rural.
Para la elaboración de este foto-reportaje se realizó una gira a la zona del conflicto, donde se entrevistó a dirigentes, socios y socias del MUCA; también se visitó los asentamientos de La Lempira, La Aurora y La Confianza; así como los proyectos que desarrolla el MUCA en tierras cedidas por el INA en Sinaloa.
Yemy Acosta, de 53 años, socia del MUCA, recolecta semillas de las frutas de las palmas africanas cultivadas en el asentamiento de “La Concepción”. El 15 de abril de 2011 fueron asesinados su esposo y su padre por sicarios desconocidos. Ambos crímenes permanecen impunes. Actualmente se dedica a las tareas que le son asignadas por la empresa campesina “Productores de Colón”, grupo radicado en este asentamiento.
Este es el contexto que explica en breves palabras lo que ocurre en el conflicto por las tierras en el Bajo Aguán. Una zona altamente fértil, donde la “vieja”
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Niño campesino almuerza frijoles y arroz en el asentamiento “La Confianza”. Los salarios de los campesinos y campesinas de la zona en promedio alcanzan 146 dólares, lo que ajusta únicamente para cubrir un 49.7% del total de la canasta básica de alimentos. Un jornalero que trabaja para los grandes latifundistas recibe aproximadamente 800 lempiras semanales.
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Un grupo de campesinos y campesinas se trasladan en un camión del asentamiento “La Confianza”, durante una jornada de riego de sal en las palmas africanas de la finca. Esta finca se encuentra en una zona altamente inundable.
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La disputa por las tierras en el Bajo Aguán: el caso MUCA
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ue durante la década del setenta cuando el proceso de reforma agraria experimentó su mayor auge, época en la cual el Estado logró distribuir 120,000 hectáreas a diferentes grupos y cooperativas campesinas. La región del Bajo Aguán fue concebida como la zona que ejemplificaría la transformación agraria del país. Y así lo fue durante varios años. Cuatro décadas después: el campesinado del Bajo Aguán no tiene tierras para cultivar. En el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales en conjunto con el Estado hondureño, se dictaminó en 1992 la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, la cual permitió a los empresarios extender sus territorios más allá de los límites máximos de propiedad que la ley de reforma agraria había establecido; y a los grupos campesinos vender sus tierras. Fue así como la agroindustria con el apoyo del Gobierno, presionó a un movimiento campesino, con evidentes señales de desgaste organizativo, a entrar a un proceso de compra y venta de tierras. La agroindustria (en la región representada por los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales) se fortaleció a medida que la institucionalidad agraria se debilitó, casi hasta su inexistencia. Los servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación
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y asesoría para la producción agraria que ofrecía el Estado desaparecieron. Es así como la mayoría de los pequeños y pequeñas agricultoras tuvieron que acomodarse al nuevo modelo de producción, donde se vieron limitados a trabajar en las fincas de las grandes corporaciones –predios que conformaban la reforma agraria-, obteniendo ingresos inferiores a lo que dicta el salario mínimo. En noviembre del 2001 se organiza el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), con la participación de 28 grupos conformados por campesinos y campesinas que en su mayoría trabajaban en las fincas de estos tres empresarios. El MUCA presentó demandas de nulidad de las ventas y requerimientos de aclaración jurídica sobre la situación de las tierras vendidas de la reforma agraria. No obstante, el proceso no tuvo resultados. A raíz de la situación, el 9 de diciembre del 2009, el MUCA decidió tomarse 26 fincas pertenecientes a las grandes empresas agroexportadoras asentadas en el valle del Bajo Aguán, exigiendo en un principio 20,000 hectáreas. Las tomas provocaron un enfrentamiento entre el movimiento y las agroindustrias, el cual ha desatado hasta agosto de 2011, el asesinato de más de 50 campesinos, convirtiéndose en el mayor conflicto agrario del país de los últimos 35 años; esto debido a la masiva toma de tierras, la cantidad de familias
campesinas participantes, el nivel de militarización, así como por los intereses en juego de los actores involucrados. Posteriormente el Gobierno se vio obligado a promover un acuerdo el cual se firmó en abril de 2010, aceptando la compra y otorgamiento por parte del Gobierno de 4,045 hectáreas para los grupos campesinos que conforman el MUCA (divididos en siete fincas: Marañones, Isla Número Uno, Isla Número Dos, La Confianza, La Aurora, Lempira y La Concepción), los cuales adquieren ante el Gobierno una deuda pagadera en un plazo de 15 años. El precio que se negoció con Miguel Facussé es de 130,000 lempiras por hectárea; elevando el costo total de la compra y deuda con el Gobierno en más de 500 millones de lempiras. Con el acuerdo, los grupos campesinos han obtenido la personería jurídica de cada una de sus empresas, además de asesoramiento técnico por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) para la producción de estas tierras. Los campesinos y campesinas están a la espera de que se les entreguen los títulos de propiedad, los cuales saldrán a nombre no de particulares, sino de las empresas. Hasta la fecha se puede concluir que la Ley de Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola al igual que generar más pobreza y desigualdad en el agro;
Campesino de la directiva del MUCA porta una camiseta del movimiento.
sentó las bases para el surgimiento y desarrollo de los actuales conflictos agrarios. El conflicto del MUCA con los agroexportadores ha puesto en evidencia y cuestiona abiertamente la existencia de esta Ley y sus repercusiones. Por otra parte, la experiencia del MUCA muestra un notable avance de la mujer como actor social y política en la lucha por el acceso a la tierra. Es evidente el crecimiento del liderazgo femenino en las comunidades visitadas; sin embargo aún siguen siendo parcialmente excluidas en las instancias de toma de decisiones. Es en este contexto que la “Plataforma Agraria” de Honduras ha presentado ante las autoridades la “Propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral Y Transformación de la Propiedad de los Recursos Naturales y el Manejo del Ambiente”, con la cual se exigen cambios a la institucionalidad pública agraria, con el fin de asegurar el acceso a la tierra y a los demás activos productivos a las grandes mayorías; protegiendo el ambiente y adoptar medidas de prevención del cambio climático, todo ello, con una mayor participación de la mujer campesina.
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El cultivo de Palma Africana en el Bajo Aguán Para entender cuál es el valor productivo de las tierras en disputa (4,045 hectáreas, cultivadas casi en su totalidad de palma africana) es pertinente analizar qué representan estos predios económicamente, tanto para una mayor acumulación de la riqueza de los empresarios, como un medio de superación para las más de 3,500 familias campesinas del MUCA. Los pobladores del Bajo Aguán comentan que la tierra de esa zona es probablemente la más fértil del país. Además su ubicación geográfica (con fácil acceso a las salidas portuarias) ha convertido históricamente a esta región, en una zona rentable y de alto interés para los grandes productores y agro exportadores, tanto nacionales como internacionales. En su momento lo fueron las compañías transnacionales del banano y actualmente la producción de palma africana y sus derivados.
Brendi Jackeline Hernández, de 12 años, en el patio de su casa, muestra la foto de su padre Julio Hernández, asesinado durante el conflicto de la recuperación de las tierras. El homicidio permanece impune como los más de 50 asesinatos cometidos a raíz de la recuperación de las tierras. Su familia sólo tiene dos fotos de Julio Hernández, la que ella porta es una de ellas.
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Guardando las diferencias de las épocas, la producción de palma africana plantea de similar manera lo que décadas atrás representó el banano para la zona, un producto altamente cotizado por el mercado: el “oro verde” producido en un contexto de extrema pobreza y desigualdad. No por casualidad las primeras semillas de palma africana fueron traídas a Honduras en 1920 por la empresa transnacional Tela Railroad Company.
Tractor que ha sido comprado por el MUCA es trabajado por campesinos en el asentamiento ubicado en la finca “Lempira”.
Honduras produce actualmente más de 300 mil
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toneladas métricas de aceite de palma africana, casi el 70% destinadas a la exportación, generando cerca de 3,778,000,000 millones de lempiras anuales. La plantación de este rubro se cultiva en 130 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos de Colón y Atlántida, básicamente en el Valle del Aguán. La producción de palma africana en el Bajo Aguán se concentra en tres compañías mayoritarias. Para el caso, sólo en el valle del Aguán, el empresario Miguel Facussé Barjúm, dueño de la Corporación Dinant ha mantenido un cultivo de palma africana en una extensión aproximada de 16,000 hectáreas (cuando la misma Ley para el Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola no permite dicha cantidad). Sólo en esta zona, la Corporación Dinant produce dos veces más que la producción total de palma africana de Nicaragua. Mujer campesina radicada en el asentamiento de “La Concepción”, muestra la recolección de semillas de palma africana.
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En contraste con las cifras anteriores, la Corporación Dinant le ofrece a un jornalero a tiempo completo, un salario aproximado de 800 lempiras a la semana (3,200 lempiras al mes -169 dólares-), ingreso que no ajusta para solventar las demandas diarias de una familia.
Mujer campesina trabaja en la recolección de semillas de palma africana en uno de los asentamientos de las tierras en proceso de recuperación por el MUCA. Ella anteriormente trabajaba en la Corporación Dinant.
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¿El nuevo “oro verde”?
El manejo agrícola e industrial de la palma africana es relativamente sencillo. Es un cultivo de alta rentabilidad que se produce en regiones tropicales. Una palmera empieza a producir y a cubrir gastos desde los 18 y 24 meses, siendo económicamente viable por 25 años, produciendo de 12 a 14 racimos por año, de 20 a 30 kilogramos cada uno. El rendimiento de producción de aceite crudo puede elevarse a 5.5 a 6.0 toneladas por hectárea al año. Un camión con dimensiones promedio puede cargar aproximadamente 16 toneladas. Actualmente el costo en el mercado por tonelada de las “bellotas” asciende a los 3,000 lempiras, o sea, 48,000 lempiras en total por carga del camión.
Mujer campesina, viuda a raíz del asesinato de su esposo, durante una jornada de recolección de frutas de palma africana.
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En una finca con un cultivo aproximado de 250 hectáreas de palma africana (extensión promedio de los cultivos de palma africana en los asentamientos del MUCA) es posible recolectar diariamente un aproximado de 32 hectáreas diariamente, o sea, 96,000 lempiras. Si estas frutas son procesadas, convirtiéndolas en aceite crudo, su costo es duplicado. Actualmente es el segundo aceite más consumido en el mundo; a su vez, los aceites de palma y palmiste sirven de manera especial en la fabricación de productos oleoquímicos como los ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes grasos, compuestos de
nitrógeno graso y glicerol, elementos esenciales en la producción de jabones, detergentes, lubricantes para pintura, barnices, gomas y tinta. También en los últimos tiempos ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustible. Es a través de la explotación de este rubro como los campesinos y campesinas organizadas en el MUCA confían pagar la deuda que han firmado con el gobierno. A pesar de que aún se vive un clima social adverso, e inmersos en la inseguridad que presenta el conflicto desatado con estos empresarios, los grupos del MUCA ya han puesto en marcha los trabajos de producción, tanto de palma africana como de granos básicos, así como la conformación de proyectos paralelos (pollera, tiendas de consumo, peceras).
Campesino del asentamiento de “La Concepción” carga un camión con frutas de palma africana. Una vez cargado con 16 toneladas de frutas, el camión es vendido con un precio aproximado que oscila los 48 mil lempiras.
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El rol de la mujer campesina en la recuperación de tierras en el Bajo Aguán A través de este foto-reportaje se expone el papel de la mujer campesina en el proceso de recuperación de tierras en la zona del Bajo Aguán. Rol productivo y organizativo que presenta diferencias y una evolución si se compara con el papel de la mujer en otros procesos agrarios, tal como el de la reforma agraria o en el contexto generado a raíz de la implementación de la Ley para el Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola de 1992. Recordemos que durante la reforma agraria el rol de la mujer fue prácticamente anulado por la propia Ley. El reglamento agrario no permitía que los títulos de las tierras fueran emitidos a nombre de la mujer y tampoco promovía su inclusión activa como actor productivo de la tierra. Por su parte, la Ley para el Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola tampoco puntualizó sobre cuál sería el rol de la mujer campesina ante ese nuevo contexto, siendo ésta relegada en un plano igualmente aplacado.
Grupo de mujeres directivas del MUCA posan frente a la construcción de lo que será una tienda de consumo del movimiento.
Las mujeres del Bajo Aguán argumentan que las tierras que ahora el MUCA pretende recuperar fueron vendidas sin la consulta de ellas, viéndose apartada en todo momento en las tomas de decisiones.
Mujer campesina trabaja en la medición de una finca tomada por el MUCA, predio que anteriormente pertenecía al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA). Esta finca fue tomada el 20 de julio de 2011, por el MUCA, con el fin de construir 600 viviendas para igual cantidad de familias que forman parte de las empresas “La Aurora” y “La Confianza”.
A pesar de que no hay mujeres lideresas o voceras con un perfil nacional dentro del MUCA, la mujer
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campesina está teniendo un rol activo desde la misma conformación del movimiento. Muchas de ellas presiden la dirección de grupos campesinos del MUCA que forman parte en la toma de decisiones. En ellas recae no sólo el rol reproductivo o del hogar, también trabajan en el mantenimiento, recolección y comercialización de los productos que se cosechan en los asentamientos recuperados. Prueba de ello son las experiencias acá expuestas.
Grupo de mujeres trasladándose en la finca “La Confianza” en su jornada matutina de riego de sal a las palmas africanas.
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En las mujeres recae la responsabilidad y compromiso de exigir que este nuevo proyecto mantenga el concepto de familia como núcleo principal, a diferencia del pasado. Son ellas las que centran en sus declaraciones la necesidad que en la planificación de producción del movimiento, los grupos campesinos del MUCA no sólo dependan de la producción de palma africana, sino que también es necesario el cultivo de granos básicos para el cumplimiento de la seguridad alimentaria de sus familias.
Esperanzas y tragedias frente a un Estado fallido
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Estamos sufriendo
para ver si transformamos nuestras vidas…
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Yo fui peón de él (Miguel Facussé) por seis años, a uno le pagaba miserias. Era una crisis bárbara que vivíamos por él, el pequeño dinero que nos daba no llegaba jamás al salario mínimo. Nos hacían trabajar de todo y sólo nos daban 630 a la semana. ¿Cómo me iba a mantener con eso teniendo 10 hijos? Ahorita seguimos sufriendo, pero vale la pena (la recuperación de tierras), ¿Por qué? Porque queremos tener ya por las vías legales este pedazo de tierra. Acá somos más de 400 familias en 230 hectáreas sembradas de palma, estamos sufriendo para ver si transformamos nuestras vidas. Acá lo que no estaba sembrado de palma estaba vacío, a uno le prohibían trabajar esas tierras, hasta sembrar una mata de maíz era prohibido.
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Dos meses atrás de la toma de la finca me habían despedido por no hacerle el trabajo de sacarle a muchas familias que vivían en las cunetas aledañas a la finca, yo también vivía ahí. Acá en este país si uno no se va a la lucha no consigue nada. Ahora ganamos 900 lempiras por semana, estamos con eso sueldito pero pensando en el futuro. Sabemos que tenemos que dejar los vicios de los de antes, que fue lo que llevó a la quiebra al país. La idea es enderezar los niveles de pobreza para cuando nuestros hijos estén grandes. Ahorita trabajamos más de 200 empleados, antes eran 35 los que tenía Facussé en esta finca”, señala Ricardo Morales Orellana, socio de la empresa Lempira en el asentamiento “La Lempira”.
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A nosotros los campesinos la sociedad nos han odiado…
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Yo sueño con muchas cosas en este asentamiento, sueño en que en un futuro hasta haya una universidad acá, nosotros los pobres también tenemos derecho a esa vida. Vamos poco a poco, antes hasta nos costaba conseguir alimentos, sabemos que con esta toma hemos aguantado hambre, pero ha valido la pena, ahora ya tenemos donde sembrar maíz, frijoles, aunque sea poco, no nos falta la comida. Yo estoy segura que este sacrificio ha valido la pena, ahora
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somos una empresa de segundo grado, pero estoy segura que luego vamos a tener nuestra propia planta para producir los derivados de la palma. Tengo fe, estoy emocionada por esto. A nosotros los campesinos la sociedad nos han odiado, no nos creen capaces, pero este proyecto los hará pensar lo contrario”, confiesa Yedia Lesenia Puente, 19 años, trabaja en el asentamiento “La Lempira”.
n los acuerdos firmados por el MUCA incluye la asignación de 19 maestros y maestras para la impartición de clases a los niños y niñas hijas de los campesinos y campesinas de los asentamientos, en cada finca hay una pequeña construcción para las clases. Los docentes llevan siete meses sin recibir su salario correspondiente, siendo el MUCA el que les ha pagado en estos meses y no el Estado. El grado de analfabetismo en la zona se mantiene alto en relación a las zonas urbanas. Los niños y niñas han recibido estas clases en medio de la incertidumbre de los desalojos.
Educación
en medio de la incertidumbre…
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La meta es que nuestros hijos no
vivan nuestras crisis… Me siento más segura,
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Nos conocemos hace más de 22 años, éramos vecinas, luego nos metimos en este movimiento. Nos tomamos las fincas de Reinaldo Canales, la “Remolinos”. Después fuimos al asentamiento de “Marañones” y luego pedimos asilo acá. Somos madres solteras, por ese mismo motivo nos organizamos y le entramos a la recuperación de las tierras, fue la única opción para salir de eso. Mi esposo murió hace 20 años, él se intoxicó trabajando en una piñera en La Ceiba. Yo tenía una hermana en EEUU que me enviaba 50 dolaritos mensuales, con eso sobrevivía. Hasta que nos abrieron los sentidos y nos dijeron que organizados es que se lucha. Y así estamos en la lucha”, declara Esther Reyes, de 50 años.
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nunca había tenido tierra…
“El papá de mis hijos trabajaba como asalariado de Facussé, ganaba 400 lempiras. Luego él tomó la decisión de irse para EEUU para supuestamente superarnos, pero él puesto allá me abandonó con mis hijos. Ahora él sabe que estoy metida en esto, incluso hace poco me dijo que eso era peligroso. Pero sabés por qué lo hice le dije: por el hambre, por mis hijos. Yo aspiro que esta lucha dé frutos. La meta es que nuestros hijos no vivan nuestras crisis. Que puedan estudiar como lo hacen los hijos de la gente que tiene dinero. Tener una vivienda digna, nosotros los pobres merecemos eso también”, comenta Mayra Elizabeth Alvarado, de 30 años, vive junto a 65 familias en el asentamiento de “La Confianza”.
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En este asentamiento trabajamos seis empresas: La Chile, Camarones, Tranvío, La Confianza, La nueva esperanza y la Marañones. Yo soy socia directa y vivo con mis cuatro niños. Anteriormente trabajé para Facussé y René Morales, justamente en estas fincas. Era macaneado trabajar para ellos, cuando uno se enfermaba no le reconocían nada. Al principio ganaba 85 lempiras diarios y me aumentaron el salario hasta 115. Ahora
gano 150 lempiras, pero me siento más segura, nunca había tenido tierra. Nos sentimos mejor porque ahora uno puede caer enfermo y aún así nos respetan nuestros derechos”, acota María Angélica Díaz, de 54 años, socia de la empresa “La Chile” en el asentamiento de “La Confianza”.
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Enterré a mi hijo
al lado de las orillas del mar…
El 16 de agosto del 2010 mataron a mi hijo Rulby Miranda Escobar de 14 años y a mi sobrino Sergio Maudiel Amaya de 17 años. Rulby estaba en sexto grado, su primo no iba a la escuela, él trabajaba y mantenía a mi hermana. No ha habido ninguna investigación, las autoridades no me han dicho nada. Yo quedé como perdida de la mente, pero una psicóloga me ha ayudado bastante. He pasado interna en los hospitales. Enterré a mi hijo al lado de las orillas del mar por Trujillo. Yo he ido con otra señora al cementerio a platicar y ponerle flores a mi hijo. Ella también perdió a su hijo. Platicar ayuda bastante. Esa persona que le hizo el daño a ellos tiene que pagar lo que hizo, no fueron animales los que mataron”, confiesa Digna Miranda Escobar, de 36 años, socia de la empresa Nueva Esteban en el asentamiento de “La Confianza”.
El 15 de abril mataron a mi esposo y a mi papá…
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El 15 de abril mataron a mi esposo y a mi papá. Mi esposo antes trabajaba para Facussé. Él se llamaba Tarín Gabriel García. Mi papá antes era socio de una cooperativa, pero vendieron las tierras (ahora de Reinaldo Canales) entonces puso un billar. Él tenía 52 años, se llamaba Carlos Alberto. Mi mamá ahora está trabajando en las palmeras de Canales. Tengo doce hermanos. Mi vida cambió radicalmente, ha sido duro, nunca había trabajaba en la palmera. Ahora gano 1,050 a la semana. A mi esposo lo mataron por estas tomas y mi papá andaba haciendo unos mandados con él. La policía no me ha dicho nada. Todo se lo he dejado a Dios. No seguiré presionando la investigación. Creo en la justicia divina”, comenta Yemy Acosta, de 53 años, socia de la empresa Productores de Colón en el asentamiento de “La Concepción”.
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Nuestro pollo vale
tres lempiras menos que en el mercado…
De su padre
sólo tiene dos fotos…
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Brendi Jackeline Hernández, de 12 años, le asesinaron a su padre a raíz de los enfrentamientos de la recuperación de tierras. Como en los demás homicidios, no ha habido ninguna investigación policial que les dé respuestas a ella y su familia. Su padre, Julio Hernández, fue encontrado abatido por sicarios desconocidos. Ahora ella vive con su abuela, la que ha decidido no exigir ningún seguimiento a la investigación, “la venganza sólo es de Dios”, comenta su abuela. De su padre, Brendi sólo tiene dos fotos, lo demás queda en sus jóvenes recuerdos.
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Yo no había tenido experiencia en el trabajo de los pollos de engorde, pero a través del MUCA me capacitaron y acá estoy muy contenta haciendo mi trabajo. Los criamos, engordamos, hacemos el proceso de matanza, los vendemos y también nosotros los consumimos. Acá estamos trabajando 16 empresas. Nuestro pollo vale tres lempiras menos que en el mercado. Es un pollo que va bien sanito y limpio. En estas semanas estaremos haciendo otro galpón, esto sin duda es rentable Matamos mil pollos a la quincena. Luego lo venderemos con nuestro logotipo, se llamará Promuca (Pollos producidos por el MUCA).”, señala Alicia Bustillo.
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Una colonia totalmente digna, contará con todo…
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raíz de que 600 familias pertenecientes a las empresas campesinas “La Aurora” y “La Confianza” vivían en un asentamiento inundable, el MUCA decidió tomarse un predio abandonado que anteriormente pertenecía al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA). En esta finca tomada el 20 de julio de 2011, el MUCA trabaja en la construcción de esta colonia. “Será una colonia totalmente digna, contará con todo, escuela, centro de salud, iglesias, cancha de fútbol, jardín de niños, avenidas, calles, drenaje,
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con todo, la construiremos con nuestras propias manos…”, asegura Yoni Rivas, dirigente del MUCA y autor del plano. En el MUCA no hay arquitectos ni ingenieros, pero ello no les impide soñar en la construcción de esta colonia.
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pesar del clima de “guerra” que se vive en el Bajo Aguán, el MUCA ha marcado el inicio de diferentes proyectos que entusiasman a sus socios y socias. El reto que tienen es no repetir los errores del pasado. Llevados por un sentimiento de rencor y reivindicación de sus derechos, el caso del MUCA parece indicar que la realidad social en las zonas rurales del país ha llegado a un límite. Prácticamente aislados y solos, el MUCA se enfrenta a adversarios que encarnan los grandes poderes de Honduras, grandes corporaciones que ven un clima cada vez más adverso para ensanchar su poderío. Todo ello frente a un Estado incapaz de solucionar los problemas de las grandes mayorías, una
zona que ejemplifica que se vive bajo la tutela de un Estado fallido. No obstante, son miles las mujeres, hombres y niños que aún sueñan con una vida mejor, lejos de la pobreza y la humillación. El recorrido es largo, aún falta mucho por hacer y las decisiones de la directiva del MUCA se presentan cruciales. El Bajo Aguán está marcado por la confrontación, por las injusticias, por los grandes poderes, por la impunidad y la muerte. Ya hay viudas y familias marcadas por la tragedia en este proceso de recuperación de tierras; la paz se visualiza complicada, aún más si para llegar a ella se requiere de cambios estructurales.
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