Diario EL COMERCIO 05.12.2012
Editorial: La lógica del jardín El Gobierno debe refinar y potenciar las concesiones forestales para luchar contra la deforestación
Hace unos días informamos que la Amazonía atraviesa una situación dramática. Entre el 2000 y el 2010 se deforestaron 240.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, una extensión equivalente al territorio completo del Reino Unido. Si bien los países más perjudicados son Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, el Perú no es ajeno a esta situación, pues –según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) – nuestra selva sufre una deforestación de 2.611 kilómetros cuadrados anuales. Es decir, cada año perdemos una superficie amazónica casi del tamaño de la ciudad de Lima. Las causas de la deforestación en cada país son distintas, aunque hace buen tiempo que han sido diagnosticadas en el Perú. Ya un estudio de la Universidad del Pacífico del 2005, elaborado por Elsa Galarza y Carlos La Serna, indicaba que –según información del Inrena– el 81% de la deforestación se debía a la agricultura migratoria, es decir, agricultores de la sierra que se trasladan a la selva y queman los bosques para poder plantar en ellos o criar su ganado. Muchos podrían pensar que la solución es sencilla: que el Estado se dedique a proteger nuestros bosques de cualquier persona (ya sea agricultor migrante, minero ilegal o maderero sin licencia) que los deprede. El problema, no obstante, es uno de orden práctico. ¿Cómo así un Estado que ni siquiera cuenta con la capacidad de proteger adecuadamente a sus ciudadanos de la delincuencia común en las mismas ciudades podría lograr cuidar los árboles que se encuentran en varias de las zonas más amplias, alejadas y recónditas del país? ¿O es que creemos que las mismas fuerzas del orden a las que les cuesta capturar a una banda de asaltantes en el Centro de Lima sí van a tener éxito capturando a quienes depredan la selva?