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L

a coyuntura está marcada por la desarticulación de la política económica oficial, que es un tema que viene desde el año 2007 y se está profundizando cada vez más. Tanto lo relativo al tipo de cambio y a la relación con los precios internos, como la situación de las cuentas públicas, que eran superavitarias y ahora están en una situación de déficit, y la escasez de divisas conforman un escenario en el que la Argentina se estancó y la fase de crecimiento acelerado se terminó. En consecuencia, se inicia una nueva etapa donde el crecimiento va a ser, por lo menos, la mitad de lo que fue, en un contexto donde la política económica oficial mantiene niveles de desequilibrio profundos que no ha resuelto todavía. Otra de las cuestiones que determinan este escenario es el comportamiento del sector empresarial en relación con la inversión, que sigue siendo baja como para sostener una tasa de crecimiento acelerado. Con una tasa de inversión donde 5 de cada 10 pesos tienen que ver con ladrillos y no con capital reproductivo, maquinaria y equipos, estamos frente a un patrón productivo que deja mucho que desear. Esta situación no tiene que ver con que la Argentina no tenga potencial, sino con que ha habido un volumen de fuga de capitales monumental que, si se hubiera transformado en inversión, estaríamos viviendo en un mundo totalmente distinto. Cambiar el panorama y poner en marcha nuevamente el proceso de crecimiento económico implicaría, por un lado, asumir

el problema de la desarticulación de la política oficial, con el consecuente replanteo de la estrategia de política económica, y, por el otro, poner en el centro del debate la discusión de la inversión. Es imposible pensar que esto pueda resolverse sin algún tipo de acuerdo social y, lamentablemente, hasta el momento, no se perciben convocatorias en esa dirección. El acuerdo social debe tener dos grandes definiciones inspiradas en la realidad de la Argentina. La primera de ellas es pensar un acuerdo que esté asociado a la mejora del poder adquisitivo de la población, y la segunda es la adopción de un papel rector por parte del Estado para orientar la inversión en dirección a un perfil productivo deseable que no es el que tenemos hoy. La Argentina de la soja y de los hidrocarburos proveyéndonos de divisas para sostener un perfil industrial absolutamente deficitario y débil es una Argentina con bajos niveles de productividad e ingresos y con elevados niveles de precariedad laboral. Si queremos una Argentina con mayor productividad, empleo más calificado y mejor nivel de ingreso, hay que plantear un cambio productivo dirigido a ese objetivo. Por otra parte, el problema que tenemos es que, aun con la economía estancada, la inflación no solo no cedió, sino que está más alta. A esto se suma un tema que no es menor y que es que, en la Argentina, se ha estancado la recuperación social: no hay creación de empleo, y hay un importante deterioro del

poder adquisitivo de la población. La Argentina es un país que socialmente está atado con alambre. Ocho de cada diez trabajadores ganan menos de $6 mil, el ingreso promedio de quienes están ocupados es de $3400, una canasta familiar moderada se ubica en torno a los $7100, seis de cada diez hogares no juntan esa cifra y, por lo tanto, tienen dificultades para llegar a fin de mes y tres de cada diez hogares son pobres. Una cosa es un cuadro social de esta naturaleza con un horizonte de crecimiento acelerado, y otra muy diferente es este mismo cuadro en un contexto de estancamiento y, consecuentemente, mayor conflictividad social. El acuerdo social que planteo para salir de la actual situación supone tres pactos diferenciados: un pacto fiscal capaz de ordenar una reforma impositiva fuertemente progresiva que le permita al Estado vincularse con las rentas extraordinarias asociadas a la explotación de nuestros recursos naturales, para poder financiar de manera más equitativa el perfil del gasto público. En esta línea, también hay que revisar los subsidios, y hay que replantear la relación nación-provincias. El segundo pacto tiene que ver con fijar precios y salarios sobre la base de una recomposición de los ingresos de la población, de manera gradual. Por último, el tercer pacto apunta a fomentar la inversión y replantear el esquema productivo, con el Estado como orientador de esta perspectiva, en el marco de un consejo económico y social del que participen los distintos actores.

Un acuerdo social para relanzar el crecimiento Claudio Lozano, economista y diputado nacional


Lozano