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MERCADO ASEGURADOR

Reforma de la Ley de Seguros

Hacia una nuevo marco jurídico para el sector asegurador En el marco del Plan Estratégico del Seguro 2010-20, en el que viene trabajando la Superintendencia de Seguros, se debate la posibilidad de modificar la ley vigente. Algunos actores del sector sostienen que solo bastaría con cambiar algunos artículos. Entre otras cuestiones, destacan la necesidad de aguardar la modificación de los códigos Civil y Comercial y de zanjar las controversias con la Ley del Consumidor.

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Opinan: Alfredo González Moledo - Manuel Lamas - Carlos Tanghe - Enrique Quintana

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a ley N.° 17.418 del Contrato de Seguros fue sancionada en agosto de 1967; la ley N.º 20.091 de Entidades de Seguro y su Control, en enero de 1973, y la ley N.° 22.400 de Registro de Productores Asesores, en febrero de 1981. Hoy, luego de 45 años de sancionada la primera, se está discutiendo la necesidad de elaborar una normativa que contemple la nueva coyuntura y los avances sociales, económicos y tecnológicos que se han sucedido. Entre los referentes del mercado con-

sultados por NBS Bancos y Seguros se coincide en que no se necesitan cambios profundos de la legislación vigente. Tal es la posición de Alfredo González Moledo, director de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS). “Quizás se necesite algún pequeño ajuste para adecuarla a la jurisprudencia. Pero hay que tener mucho cuidado al modificar una ley que ha sido hecha por tratadistas de la talla de (Isaac) Halperín y (Juan Carlos) Morandi. En su momento fue una sola ley y después terminó siendo varias, ya que los mismos redactores, como había temas más complejos, prefirieron desagregar contratos, control e intermediación”. Manuel Lamas, presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), se manifestó en la misma línea. Si bien considera que es necesario revisar todas las leyes que le dan marco al sector asegurador, ya que tienen muchos años en vigencia, han acumulado jurisprudencia y el mundo ha evolucionado, afirmó que el marco normativo en general se ha comportado razonablemente


bien y que solo hay que hacer retoques. Carlos Tanghe, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, coincidió con sus colegas. “El seguro tiene que responder a las necesidades de la sociedad y de la economía, que, por supuesto, han ido cambiando en las últimas décadas y que, desde el punto de vista de algunos operadores o compañías, podrían requerir algún ajuste legislativo para permitir un mejor funcionamiento. En algunos casos, no habría que depender tanto de esa jurisprudencia que se va formando, sino tener una ley que sea más específica en algunos puntos. Pero no lo vemos como un tema fundamental. Sí pensamos que sí se va a armar un plan para el seguro para los próximos años, cuyo objetivo sea un mayor desarrollo de nuestra actividad, una mayor inserción en el producto bruto y que la sociedad compre más seguros, contemplar la mejora de algunos puntos de la ley podría ayudar a ese objetivo”. Puntos por modificar Enrique Quintana, asesor jurídico de AACMS, recordó que la ley argentina sirvió de modelo inspirador de la ley de contrato de seguros de España y que muchas legislaciones en Europa y Latinoamérica tomaron algunos de sus principios. Respecto a los puntos por modificar, el abogado señaló que “la AACMS ha fijado posición y ha dicho que solo bastaría con modificar el artículo 158 de la ley N.° 17.418, que establece cuáles son las cláusulas modificables y las normas inmodificables por su letra y naturaleza. Como segundo párrafo, debería incorporarse la misma disposición de la resolución 9193

del año 1993, de la Comisión Económica Europea, que establece que las cláusulas de un contrato de seguros que tienen relación con la equivalencia prima o riesgo jamás son abusivas. Y, como tercer párrafo, se tendrían que agregar las normas de interpretación específicas para el contrato de seguros que fueron elaboradas por el profesor Morandi en el proyecto de la ley modelo de contrato de seguro uniforme para América Latina que se terminó de escribir en 1995 para solucionar los dos problemas que parecieran ser el eje de alguna propuesta modificatoria de la ley: solucionar la interpretación de los conceptos de cláusulas abusivas y las normas de interpretación del contrato de seguro. La gente no recuerda que los redactores de la ley, Morandi y Halperín, fueron jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Si hay que interpretar qué quiere decir la ley N.° 17.418, basta con buscar la jurisprudencia de estos dos jueces”. Desde el punto de vista de AAPAS, un cambio en las leyes que rigen la actividad aseguradora debería contemplar: la instauración de un Consejo Nacional del Seguro, amplio, democrático y dotado de facultades que permitan actualizar en forma institucional y permanente los lineamientos del Plan Nacional Estratégico; la derogación del decreto 855/94 que posibilitó la venta masiva de seguros sin la mediación de un asesor; la erradicación de la figura del Agente Institorio, y el análisis pormenorizado de los fallos judiciales para incorporar aquellos que se encuentren fundamentados en la técnica del seguro. Respecto a las cuestiones que considera necesario modificar, Tanghe puntualizó que “en los últimos años, se está llevando

“Si se va a armar un plan para el seguro para los próximos años, cuyo objetivo es un mayor desarrollo de nuestra actividad, una mayor inserción en el producto bruto y que la sociedad compre más seguros, contemplar la mejora de algunos puntos de la ley podría ayudar a ese objetivo”. a cabo en el mercado de seguros la cobertura de las responsabilidades contractuales de muy largo plazo. En el mundo se hacen a través de seguros de reclamos y no por ocurrencia, como era tradicional. Eso obedece a una necesidad técnica de poder hacer las coberturas de una mejor manera y de poder dar respuesta a las necesidades de quienes requieren ese tipo de cobertura. Ha habido discusiones en esa jurisprudencia donde hay opiniones en un sentido y en otro. Si la ley fuera clara y permitiera claramente el acceso a coberturas más modernas y más completas, yo creo que se le haría un favor al

Las agendas de nuestros productores asesores marcan nuestro compromiso con las necesidades del cliente. Por eso, las hacemos cada vez más grandes.


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“Han aparecido organizaciones que dicen ser de defensa del consumidor pero que son algunos abogados que se asociaron y vieron un filón de juicios por ese camino. Discuten absurdos de cláusulas, de normas y de reglas dictadas por la Superintendencia. Que haya aparecido una ley del consumidor con posterioridad a la ley del seguro no tienen nada que ver para que prevalezca sobre ella”.

desarrollo de este tipo de seguros, y eso indirectamente ayudaría al desarrollo del mercado de seguros”, explicó y agregó que la responsabilidad civil ambiental es un área nueva en la que se está viendo cual es la mejor forma de cobertura, el tipo de póliza y el tipo de contrato. “Hay áreas del seguro que vienen de la mano de las exigencias del desarrollo económico. Siempre hay una primera etapa donde aparecen las necesidades y donde se trata de utilizar los productos que existen para luego desarrollar el producto adecuado y dotarlo de un marco de previsibilidad jurídica”. Tanghe también se refirió al tema de la franquicia que incluyen algunos seguros. “Últimamente se ha discutido si la franquicia, desde el punto de vista del consumidor o de cierto tipo de seguros, es aplicable o no en los contratos de seguros. Es una discusión que complica la cuestión técnica de los seguros. Hay riesgos que tienen mucha siniestralidad o reclamos pequeños de mucha frecuencia que, si fueran transferidos al seguro, sería muy cara la cobertura porque, si hay una gran cantidad de siniestros, habría que administrarlos, liquidarlos y pagarlos. Si se determinara que no se pueden aplicar franquicias, el seguro se encarecería mucho o no habría posibilidades de ciertas coberturas”. En torno a la Ley de Defensa del Consumidor La ley de Defensa del Consumidor nació en 1993, y muchas de sus disposiciones entran en conflicto con las cláusulas

del sector asegurador, a las que considera abusivas. Un proyecto de ley de la diputada oficialista Nancy González busca incorporar, a todo el contrato de seguro, el modelo de interpretación a favor del consumidor en caso de duda. “Todavía no hay un acuerdo de qué ley está por encima de la otra. Hay un criterio en el que, en algunos casos, se aplica una ley y, en algunos casos, otra. Habría que hacer una análisis de cuáles son los aspectos que hoy pueden ser conflictivos o de dudas sobre la aplicación de una ley o la otra y que eso quede claro. Sea por una modificación de la norma o por una jurisprudencia clara que diga qué punto rige. La Ley del Seguro tuvo desde siempre normativas de protección del asegurado frente a la contratación porque siempre se supone que, por un lado, está la empresa, que es un ente organizado, que sabe lo que hace, que predispone las pólizas, y por el otro lado, está el consumidor que a lo mejor puede ser sorprendido o no informado debidamente. Yo creo que hay que hacer una amalgama y hacer las correcciones del caso para que esa legislación se unifique y no haya lugar a dudas de cuál se aplica y en qué medida”, explicó Tanghe. Para González Moledo, han aparecido una serie de organismos que “se dicen defensores de los consumidores y que no tienen nada que ver con el seguro, porque este no está dentro del consumo. Estas formas de hacer aparecer como que está todo mal, que no hay roles y que la Ley de Defensa del Consumidor prevalece sobre la ley de Superintendencia

y sobre los órganos de contralor, es una mentira. Se desconoce lo que es la Superintendencia. No es la empresa del Estado para vigilar las empresas de seguros. Su presupuesto se mantiene con la tasa que pagan los asegurados y que exige una contraprestación. Si hay alguien que representa a los asegurados, es la Superintendencia. Han aparecido organizaciones que dicen ser de defensa del consumidor, pero que son algunos abogados que se asociaron y vieron un filón de juicios por ese camino. Discuten absurdos de cláusulas, de normas y de reglas dictadas por la Superintendencia. Es una ley de corte federal, es exclusiva y excluyente para todas las provincias. Que haya aparecido una ley del consumidor con posterioridad a la ley del seguro no tienen nada que ver para que prevalezca sobre ella”. Reforma de los códigos Civil y Comercial Todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de esperar los resultados de la reforma de los códigos Civil y Comercial para luego consensuar en qué puntos de las leyes de seguros sería necesario realizar retoques. “No me parece que sea la mejor oportunidad histórica para insinuar siquiera la posibilidad de modificación de la ley. Sería una imprudencia modificar la ley de Contratos de Seguros sin conocer de qué manera termina concretándose la unificación de los códigos”, afirmó Quintana. Lamas agregó que en la reforma de los códigos puede haber modificaciones en lo que tiene que ver con los plazos de prescripción que tendrían impacto en las leyes de seguros Para Tanghe es conveniente esperar y ver cómo queda diagramado el marco de referencia de los códigos para, dentro de eso, analizar las actuales leyes de seguros y evaluar el mejor armado de estas. De todos modos, enfatizó que “en la Argentina se atravesó la década del noventa en la que hubo una mayor apertura y algunos esquemas desregulatorios, y ahora hay una regulación en torno a los nuevos criterios de solvencia. Todo se ha podido llevar adelante dentro del marco de esta ley. Tal vez haya alguna cosa que pueda ser más fácil con alguna modificación, pero no hay puntos que impidan seguir operando”.


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