REVISTA EL JURISCONSULTO

EDITORIAL

En toda sociedad democrática, la justicia ciudadana representa un pilar esencial que garantiza el equilibrio, la transparencia y la protección de los derechos de cada individuo. Se erige como la herramienta que permite mantener el orden y la armonía en una comunidad diversa, donde cada persona debe ser tratada con igualdad, imparcialidad y respeto. Es imperativo resaltar la importancia de la justicia ciudadana, ya que es la base para construir un tejido social sólido y duradero.

En el corazón de la justicia ciudadana radica la idea de que todos, sin importar su origen, género, orientación sexual, creencias o estatus económico, tienen el derecho a acceder a un sistema legal justo y equitativo. Es la garantía de que cada ciudadano se encuentra bajo la protección de la ley y tiene la posibilidad de defender sus derechos y exigir responsabilidad ante cualquier acto que atente contra su integridad o bienestar.

El sistema de justicia ciudadana no solo debe estar conformado por instituciones fuertes y transparentes, sino también por ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos. La participación activa de la sociedad en el cumplimiento de la justicia es fundamental para lograr una convivencia armoniosa. Esto implica no solo cumplir las leyes y respetar las normas, sino también denunciar las injusticias y velar por el respeto a los derechos de todos.

La justicia ciudadana no solo actúa cuando se comete un delito, sino que también se extiende a la prevención y resolución pacífica de conflictos. La promoción de la mediación, la conciliación y el diálogo es esencial para evitar que los problemas escalen a niveles insostenibles. La educación en valores éticos y el fomento de una cultura de paz contribuyen a la consolidación de una sociedad más justa y respetuosa. Además, la justicia ciudadana es un elemento clave para fortalecer la confianza en las instituciones y en el sistema democrático en su conjunto. Cuando los ciu-

DIRECTORIO

Director Fundador

Lic. Juan Carlos Baca García

Distribución e Información

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Asesor Jurídico

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Asesor Jurídico

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Colaboradores

Lic. Karina Flores Trejo

Dr. Jesús Mendoza Aguirre

Dr. Manuel Cárdenas Montoya

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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Jurisconsulto

dadanos perciben que el sistema judicial es imparcial y transparente, se sienten más seguros y comprometidos con la comunidad. Esto, a su vez, promueve una mayor participación en la vida política y social, y refuerza la cohesión del tejido social.

Es esencial que todos los actores de la sociedad trabajen de la mano para garantizar la justicia ciudadana. Los gobiernos deben proporcionar los recursos necesarios para mantener un sistema judicial independiente y eficiente. La sociedad civil debe estar empoderada para ser parte activa en la lucha por la justicia y la equidad. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera imparcial y objetiva, contribuyendo así a la formación de una opinión pública informada y consciente. En conclusión, la justicia ciudadana es un cimiento imprescindible para el progreso y la convivencia armoniosa en una sociedad democrática. Es un compromiso colectivo que exige la participación activa de todos los ciudadanos, así como la creación y mantenimiento de instituciones sólidas y transparentes. Al destacar su importancia, recordamos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y equitativo, donde prevalezcan los valores de igualdad, respeto y tolerancia. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que la justicia ciudadana brille como faro de esperanza para las generaciones venideras.

LIC. JUAN CARLOS BACA GARCÍA DIRECTOR FUNDADOR REVISTA EL JURISCONSULTO

EN NUESTRA PORTADA

Dr. Francisco Javier Martinez Blanco

Dr. Leonardo Anton Moreno López

Dr. Rodolfo González Torres

Dra. Juana De Jesús Moreno Zapata

Dra. Lorena Centeno Martínez

Revista

Jurisconsulto

Juan Carlos Baca

La Justicia Ciudadana: El Pilar Fundacional de una Sociedad Democrática.

La Laguna por una justicia ciudadana.

DIÁLOGOS POR LA JUSTICIA CIUDADANA

El pasado mes de julio del año en curso, se llevó a cabo el primer foro “DIÁLOGOS POR LA JUSTICIA CIUDADANA”, convocado por la diputada local Alejandra del Valle, en apoyo de las diversas organizaciones y colegios de abogados de la región lagunera, con el objetivo de escuchar y conocer de primera mano de voz de los propios litigantes las deficiencias, carencias y omisiones, en que ha incurrido el poder judicial del estado de Durango, afectando gravemente a la laguna de Durango en particular, ya que han sido años y años de un abandono sistemático, donde los elementos básicos necesarios para el debido funcionamiento de los juzgados, no son satisfechos generando con ello dilación y entorpecimiento en la impartición de justicia haciéndola lenta, tardada, costosa, y a veces esta nunca llega.

Abogados de las diferentes barras y nuestro director del jurisconsulto, LIC. JUAN CARLOS BACA GARCÍA, resaltaron el grave desplazamiento de los abogados y profesionistas de la región, para dar la preferencia a los abogados de la capital, como ejemplo de ello es que en la laguna hay cinco plazas de magistrados y solo una de ellas es ocupada actualmente por un lagunero, así mismo se han estado imponiendo jueces de la capital del estado, en lugar de dar cabida y oportunidad a los laguneros, es evidente pues la política sistemática del poder judicial de no dar cabida a los laguneros.

El primer encuentro de “DIÁLOGOS POR LA JUSTICIA CIUDADANA”, se contó con la presencia y participación de las diver-

sas barras y asociaciones de abogados de la laguna, con los diversos representantes populares como ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ diputada local el diputado federal OMAR CASTAÑEDA nuestro subsecretario de gobierno en la laguna y representante de nuestro gobernador ESTEBAN VILLEGAS VILLARREAL, EL LIC. RAÚL MERAZ representantes del Ayuntamientos de Gómez Palacio, en representación de nuestra alcaldesa LETICIA HERRERA ALE el abogado JAIME ÁVILA VIELMA así como del senador DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ. en la persona de OMAR MATA VALADEZ ,así como de los derechos humanos, nuestra amiga SARA DE LOS SANTOS, y la abogada Laura meraz, en representación de la diputada SUSY TORRECILLAS en la cual se expusieron diversos temas sobre la problemática que impera en la laguna en materia de justicia haciendo propuestas para mejorar la impartición de justicia, generando una sinergia lagunera sin distinción de partidos o colores partidistas, con los diferentes representantes populares y autoridades del estado.

Agradecemos el apoyo a nuestra amiga la DIPUTADA ALEJANDRA DEL VALLE , CONSUELO VILLELA, LIC. SERGIO KARIM CASTRUITA ZAPATA, LIC. GERARDO SILVEYRA Y DR. LEONARDO ANTON MORENO LÓPEZ y a todos los abogados y sus representados por su disposición para esta gran convocatoria un ejercicio democrático, en favor de la ciudadanía de nuestra región lagunera. #lalagunaparaloslaguneros.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O DISCURSO DE ODIO?

Los seres humanos tenemos una necesidad de comunicarnos, de alguna manera u otra, esto es con el fin de exteriorizar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, entre otros.

M.D. Dimar Charlene Guillén Torres Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango

n las diversas luchas de la humanidad por el reconocimiento de nuestros derechos humanos, encontramos uno de los primeros antecedentes en Inglaterra, en donde encontrábamos en los textos jurídicos y doctrinales que “la libertad de palabra y los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento”.

También atestigua John Milton, que luchó contra la censura y a favor de la libertad de expresión, que sentó las bases doctrinales sobre las que se iría desarrollando el concepto de libertad de expresión. El pugnaba por el libre intercambio de ideas y opiniones siendo un requisito ineludible para el progreso del conocimiento y la búsqueda de la verdad.

Por otro lado, Jefferson fue uno de los máximos defensores de las libertades de pensamiento y expresión, así como de la libertad de prensa lo que posteriormente se vería reflejado en el Bill of Rights o Declaración de Derechos de los Estados Unidos de América.

Es pertinente destacar a Rosendo Radilla Pacheco, luchador y líder social, cantautor y compositor de corridos sobre la realidad de México, en quienes las personas encontraban en sus composiciones y letras los abusos, indignación la injusticia y las condiciones de su pueblo en Atoyac de Álvarez, Guerrero lo que lo llevó a ser detenido y ser víctima de desaparición forzada por el estado Mexicano, historia reflejada en la icónica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vino a cambiar el paradigma de los derechos humanos y la supremacía constitucional como la conocíamos hasta antes del 10 de junio de 2011.

Aquí en México, el día de la libertad de expresión se conmemora el 7 de junio, desde el año de 1951, siendo un derecho humano reconocido en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual textualmente señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

La tecnología ha sido un facilitador de nuestra comunicación, hoy en día estamos a un clic de poder comunicarnos, de escribir o decir lo que pensamos y que nuestras palabras lleguen literalmente a todas aquellas personas que tengan acceso a internet.

Gracias precisamente a estas herramientas tecnológicas, encontramos el creciente fenómeno del llamado discurso de odio, las personas que lo hacen se justifican a la luz de un ejercicio de libertad de expresión, es por ello que resulta interesante su análisis.

El discurso de odio, conforme lo señala la Organización de las Naciones Unidas, hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo y que se basa en características inherentes (como son la raza, la religión, género, orientación sexual, identidad, etc.) y que puede poner en peligro la paz social.

El discurso de odio tiene tres características esenciales, primero, se puede materializar en cualquier forma de expresión como imágenes, dibujos, memes, símbolos, etcétera; segundo, es discriminatorio o peyorativo, ya que se basa en prejuicios, despectivos o humillantes de una persona o grupo; y tercero, se centra en factores de identidad reales o percibidos de un individuo o grupo como es la relación, género, discapacidad, origen económico, orientación sexual, entre otras.

El acceso del uso de la tecnología y de las redes sociales, facilita a que las personas detrás del anonimato de un dispositivo o aparato electrónico digan palabras o cosas sin pensar en cómo afectan a las personas a quienes dirigen las mismas.

Es muy fácil hablar o expresarse, pero ¿qué ocurre cuando opinamos sin tener información?, compartimos noticias falsas sin hacer una investigación previa o comprobar las fuentes de la misma., es entonces que el discurso de odio puede compartirse con facilidad, a un bajo costo y de forma anónima, entonces ¿cómo parar este fenómeno creciente? Las compañías tecnológicas se encuentran desarrollando herramientas que permitan detectar palabras o frases consideradas peyorativas o humillantes, sin embargo, dejarlo al margen de una computadora resulta no ser infalible, porque las personas siempre encontramos nuevas maneras de llevar nuestras ideas y saltar dicha tecnología.

También los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en las noticias, la forma y las palabras que utilizan al transmitir los hechos noticiosos, o bien el contenido de sus programas, por ello los medios de comunicación masivos juegan un papel relevante en esto.

Otra de mis consideraciones es que nosotros como sociedad y como personas, debemos de ser más empáticos con los demás que son distintas o diversas, informarnos, y hacer una introspección de ver si lo que vamos a decir va aportar algo bueno o productivo, ya que no sabemos el poder de nuestras palabras.

Les invito a que entren a las noticias, por ejemplo, de las marchas LGBTTTIQA+ de nuestros periódicos locales, o notas periodísticas al respecto, y lean los comentarios que hay, ¿cuántos comentarios positivos encuentran contra comentarios negativos? Incluso se van a encontrar algunos en donde es relativamente aprobable “eliminar” a este grupo poblacional, o bien recientemente un personaje público en donde se refería de manera despectiva a las mujeres con sobrepeso u obesidad a la luz del uso de la “libertad de expresión” de algunos, sin embargo, recordemos que los derechos humanos no es una cuestión de debate.

Hay mucho por hacer, pero nunca es tarde para empezar.

AGOSTO 2023 •

LOS DOCTORES EN DERECHO

En este mes tu Revista el JURISCONSULTO, presenta a cinco de los más destacados Doctor@s en Derecho de nuestra Región Lagunera, pertenecientes al COLEGIO DE MAESTROS Y DOCTORES EN DERECHO DE LA LAGUNA A.C. que atinadamente preside el distinguido Dr. Leonardo Antón Moreno López. A continuación expondremos a manera de ejemplos los alcances y beneficios que pueden aportar estos juristas laguneros y que en la práctica pocas oportunidades se les da en el ámbito jurídico, judicial, y político. En nuestra región.

¿Qué aporta un doctor en derecho a la sociedad?

Un doctor en derecho, al obtener un nivel avanzado de educación y experiencia en el campo legal, puede aportar varios beneficios a la sociedad. Aquí hay algunas formas en las que un doctor en derecho puede contribuir:

1. Experto en legislación.

Los doctores en derecho han estudiado a fondo las leyes y los sistemas legales. Pueden utilizar este conocimiento para asesorar a individuos, empresas y organizaciones en el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Su experiencia en interpretar y aplicar la legislación les permite ofrecer orientación precisa y legalmente sólida.

2. Defensor de los derechos humanos

Los doctores en derecho pueden convertirse en defensores de los derechos humanos. Pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales o bufetes de abogados para proteger los derechos fundamentales de las personas y luchar contra la discriminación, la injusticia y el abuso.

GUIANDO EL RUMBO DE LA JUSTICIA

HACIA UN FUTURO MÁS JUSTO Y EQUITATIVO

3. Promotor del cambio social

Los doctores en derecho pueden trabajar para promover el cambio social y abordar problemas legales y sociales complejos. Pueden involucrarse en la formulación de políticas públicas, la redacción de legislación y la defensa de reformas legales en áreas como derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores, justicia penal, protección del medio ambiente, entre otros.

4. Administración de justicia

Los doctores en derecho pueden desempeñar un papel crucial en el sistema de justicia como jueces, fiscales o abogados litigantes. Su conocimiento profundo del derecho y su capacidad para analizar y resolver problemas legales complicados les permite contribuir a la correcta administración de justicia y garantizar un sistema legal justo y equitativo.

5. Educación y formación

Los doctores en derecho pueden compartir su experiencia y conocimiento como profesores de derecho en universidades y facultades de derecho. Al enseñar a las nuevas generaciones de abogados, contribuyen a la formación de profesionales legales éticos, competentes y conscientes de su responsabilidad en la sociedad.

6. Resolución de conflictos

Los doctores en derecho pueden utilizar su experiencia en la resolución de conflictos y la mediación para ayudar a las partes en disputa a encontrar soluciones pacíficas y justas. Pueden actuar como árbitros, mediadores o facilitadores en casos civiles, comerciales o comunitarios, fomentando la resolución de problemas sin recurrir a procesos judiciales largos y costosos.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo un doctor en derecho puede contribuir a la sociedad. Su conocimiento legal y habilidades especializadas les permiten desempeñar un papel importante en la protección de los derechos individuales y colectivos, la promoción de la justicia y el desarrollo de un sistema legal más equitativo.

¿Qué ventajas tiene un doctor en derecho sobre un abogado sin doctorado?

Obtener un doctorado en derecho puede proporcionar varias ventajas adicionales en comparación con un abogado sin un título de doctorado. Aquí hay algunas ventajas específicas que un doctor en derecho puede tener:

1. Experiencia y conocimiento especializado

Al completar un doctorado en derecho, los graduados han realizado una investigación extensa y han adquirido un conocimiento profundo en un área específica del derecho. Esto les permite tener un nivel de experiencia y conocimiento especializado que puede diferenciarlos de otros abogados sin doctorado.

2. Prestigio y credibilidad

Obtener un doctorado en derecho es un logro académico significativo y puede conferir prestigio y credibilidad adicional al profesional. Esta distinción puede ayudar a los doctores en derecho a establecer su reputación como expertos en su campo y a generar confianza en sus clientes, colegas y empleadores.

3. Oportunidades de enseñanza e investigación

Un doctor en derecho puede tener más oportunidades para enseñar en universidades y facultades de derecho. La posesión de un doctorado a menudo es un requisito o una ventaja para los puestos académicos y puede permitir a los profesionales compartir su conocimiento y experiencia con la próxima generación de abogados.

4. Acceso a roles de liderazgo

El título de doctor en derecho puede abrir puertas a roles de liderazgo en el ámbito legal, como consultor jurídico, director de departamento legal o asesor legal principal. Los empleadores pueden valorar la experiencia y el nivel de conocimiento que aporta un doctor en derecho al considerar a los candidatos para roles de alto nivel.

5. Capacidad para la investigación avanzada

Un doctorado en derecho implica la realización de una investigación original y la producción de una tesis o disertación. Esta experiencia brinda habilidades adicionales para analizar problemas legales complejos, abordar cuestiones legales novedosas y contribuir al desarrollo del campo jurídico mediante la generación de nuevo conocimiento.

6. Posibles oportunidades internacionales

En algunos países y contextos legales, el título de doctor en derecho puede ser un requisito o una ventaja adicional para ejercer la abogacía en ciertos ámbitos especializados o en posiciones de alto nivel. Esto puede abrir puertas a oportunidades internacionales o trabajar en organizaciones internacionales donde se valora la educación avanzada en derecho.

Si bien un doctorado en derecho puede proporcionar ventajas adicionales, es importante tener en cuenta que no es un requisito absoluto para tener una exitosa carrera legal. Un abogado sin un doctorado aún puede lograr el éxito en su campo a través de experiencia, habilidades, especialización y una sólida trayectoria profesional.

Como podemos ver es una oportunidad de mejorar en todos los rubros señalados potencializando estas ramas en todos sus aspectos, pero lamentablemente en nuestra región lagunera poco o nada les interesa allegarse de la experiencia y conocimiento que pueden aportar estos excelsos juristas, es necesario una mayor amplitud brindándoles oportunidades para que puedan desplegar generosamente sus bastos conocimientos en favor de nuestra sociedad.

¿Por qué un doctorado en derecho?

Un doctorado es un posgrado que conduce a la más alta titulación que pueden ofrecer las universidades. Se trata de un programa que, a diferencia de las especializaciones y maestrías que están enfocadas a fortalecer las competencias profesionales en las respectivas áreas del saber, busca la formación de investigadores con el objetivo de hacer aportes a la ciencia.

El resultado principal del doctorando es el trabajo de investigación que se materializa en una tesis doctoral, que lo habilita para actuar como investigador autónomo e ingresar a la comunidad académica científica del área de formación. De este modo, y a partir de su conocimiento y del rigor científico en el que se ha entrenado, el graduado de un programa de doctorado podrá hacer juicios argumentados sobre problemáticas

complejas y será capaz de comunicar sus ideas y conclusiones con claridad y de manera efectiva a grupos de científicos, académicos y profesionales.

En realidad, se trata de un título creado especialmente para aquellos que buscan ir mucho más allá en un área específica de conocimiento, la que sea, que quieren llegar a profundizar en ella todo lo posible. Así que si te sientes identificado/a al leer estas palabras, si buscas aumentar conocimientos por la mera pasión de aumentar conocimientos, entonces el doctorado puede ser tu mejor elección. Estarás contribuyendo a una mayor comprensión del mundo que nos rodea, tanto presente como pasado; y si eres afortunado/a, puede que incluso llegues a descubrir algo que lo cambie por completo.

Un doctorado de investigación jurídica

Hoy en día, ya no basta con tener una licenciatura, ahora también se necesita una especialización por materia; anteriormente no era tan útil una especialización, toda vez que no se contaba con tantos profesionistas en la carrera de derecho, de igual manera la población no era tan grande, y como ya lo comentábamos en un inicio, la sociedad actual requiere profesionistas altamente capacitados en las diferentes ramas del derecho, como lo son: DERECHO PENAL, FAMILIAR, CIVIL, LABORAL, FISCAL, NOTARIAL, AMBIENTAL, AMPARO, entre otras. Es por esto que surge la necesidad de los estudiosos del derecho por actualizarse y brindar una mejor atención a sus clientes, ya que surge la inquietud de estudiar una maestría y nos podemos preguntar ¿Qué podemos encontrar al estudiar una maestría en derecho? pues se aumenta el universo de conocimientos en una rama en específico, y se obtiene una gran ventaja sobre sus oponentes, ya que al conocer sobre una sola materia de derecho, se conocen las ventajas y desventajas de la misma, aunado a que también se conocen los tratados internacionales en los que México forma parte y se puede hacer uso de ellos, utilizando diversos mecanismos como lo son el control difuso, el derecho comparado y la convencionalidad del derecho, a su servidor le surge la idea de conformar un grupo de conocedores del derecho como lo es EL COLEGIO DE MAESTROS Y DOCTORES EN DERECHO DE LA LAGUNA A.C., para brindar a toda la sociedad un servicio de alta calidad en temas de índole jurídico; como presidente del colegio antes citado es mi deber prepararse cada día más como un experto en el arte de la litigación, ya que los tiempos modernos exigen una impecable destreza para dominar los juicios orales en las diferentes ramas del derecho.

Es por esto que acabo de concluir satisfactoriamente con mis estudios del Doctorado en Derecho, ahora bien, si me preguntan ¿Qué herramientas le brinda el doctorado a los apasionados del derecho? Podría comentarles que en un doctorado en derecho, el enfoque principal ya es meramente de investigación, se toma un tema en particular y se estudia a fondo de donde emana su legalidad, sus fundamentos, las fuentes del derecho y se llega a un resultado.

El doctor en derecho se vuelve un investigador de las ciencias jurídicas, puede publicar sus investigaciones en revistas, como lo hacen en esta prestigiada revista diversos doctores como lo son: el DR. JESÚS ALEJANDRO MENDOZA AGUIRRE, el DR. MANOLO CÁRDENAS entre otros grandes juristas laguneros.

Recordemos que en México solo el 18% de la población cuenta con una licenciatura, el 7% de la población cuenta con una maestría y con un doctorado sólo el 0.1% de la población en México.

Es por esto la importancia de prepararse cada día más en una especialización, para poder brindar a los clientes la mejor defensa judicial.

Es un orgullo en lo personal ser el presidente del COLEGIO DE MAESTROS Y DOCTORES EN DERECHO DE LA LAGUNA A.C.

DESPACHO JURÍDICO “LEONARDO ANTÓN Y ASOCIADOS”

C. Narciso Mendoza 33, Col. Centro, Gómez Palacio, Dgo. Abasolo 615 Pte, Col. Centro, Torreón, Coah. Cel. (871) 20 82 60

DR. LEONARDO ANTON MORENO

DR. RODOLFO GONZÁLEZ TORRES

Justicia social ante todo.

El ser Doctor en Derecho Penal me brinda la satisfacción de ayudar a la ciudadanía en diferentes temas legales y reconocer que el estudio de la materia brindará una solución acertada para el beneficio de las personas, así mismo defender mi título con investigaciones y aportaciones a todas las personas que se desenvuelven en la rama del Derecho Penal, pero más que ser investigadores enseñar a las generaciones de abogados tener empatía con cada una de las personas que necesitan ayuda y ser la persona en quien confiaran para solucionar el problema que están atravesando, muchos profesionales han perdido ese tacto humano y es este principio el cual hace un gran abogado penalista.

A lo largo de mi etapa como estudiante aprendí que la teoría y la práctica son totalmente diferentes, no se puede seguir educando a nuestros estudiantes con solamente leyes, procesos penales y códigos, lo que realmente necesitan al entrar a la carrera de Derecho es aprender el contacto con las personas, lo que quiero decir con esto es comprender y entender que cada persona que van a poder ayudar está pasando un problema legal y se debe de tener noción de la psicología para comprender a esa persona y ser un excelente primer respondiente en donde la persona afectada podrá sentir el apoyo del Abogado, más que aprender sobre la carrera de Derecho Penal yo aprendí a tratar las personas como si yo tuviera ese problema y como yo quisiera ser tratado.

DR. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BLANCO

DRA. JUANA DE JESÚS MORENO ZAPATA

Soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtuve un Posgrado en Procuración y Administración de Justicia y Litigación Oral, por la Universidad Valle de México Campus Laguna, un segundo Posgrado en materia de Derecho Penal y Procesal Penal, otorgado por el Instituto de Posgrados Y Humanidades A.C. (INPOSHUAC), así como una tercer Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, otorgada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y mi último grado de estudios, un Doctorado en Derecho con acentuación en Derecho Penal; me he desempeñado como Abogada Litigante y servidora pública durante 15 años en varias instituciones de la Comarca Lagunera, siendo mi último cargo el de Presidenta del Tribunal de Justicia Municipal en Matamoros Coahuila, también he participado en cuestiones de carácter Político como Candidata a Diputada Local; me considero una mujer empoderada con sólida formación académica en instituciones de reconocido prestigio, comprometida con la justicia, la honestidad y la transpa-

DRA. LORENA

CENTENO MARTÍNEZ

Aveintitrés años de este milenio, los cambios en nuestras vidas han sido muy vertiginosos, cambió la telefonía, cambió la computación, cambió la comunicación, y cambiaron las redes sociales. Como hemos visto son cambios muy positivos, pero, con estos cambios también se han actualizado las formas de vulnerar y aprovecharse de las personas, lo que hoy en día llamamos delitos informáticos o ciberdelincuencia, como ejemplo tenemos: Ciberbullying (Montadeudas, forma de extorsión a través de redes sociales), phishing (robo de identidad para manejar tus datos y usarlos para robar tus cuentas en bancos y perfiles en redes sociales), Grooming (obtención de fotos o videos sexuales de menores para luego chantajearlos o abusar sexualmente), Deep Fake (usa la inteligencia artificial para suplantar identidades). Desafortunadamente la mayoría de estos delitos cibernéticos no están tipificados como tales en la ley a excepción de la Ley Olimpia que ya nos defiende en gran parte del sexting que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales (ciberviolencia).

Un doctorado con sentido social

rencia. Quiero iniciar con esta frase: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, ya que el rol crucial de un abogado penalista desde la defensa de las víctimas en la búsqueda de la justicia y la protección de los derechos de las mismas, como abogada penalista mi labor no solo se enfoca en la defensa de los acusados, sino también en brindar un apoyo fundamental a aquellos que han sufrido un delito, tales como dar un asesoramiento legal y acompañamiento, brindando así brindando a las víctimas un trato especializado, guiándose hacia sus derechos; así también se les brinda apoyo emocional y comprensión durante momentos difíciles, lo que contribuye a fortalecer su confianza y empoderamiento. Otra de las labores como abogada penalista implica representar a las víctimas en el sistema judicial, asegurándose de que sus voces sean escuchadas y sus intereses sean protegidos mediante mi experiencia, la ley y habilidades de litigio; trabajamos arduamente para garantizar que se haga justicia y que se tomen en cuenta las necesidades y derechos de las víctimas en cada etapa del proceso legal. Una

parte fundamental de mi trabajo como abogada penalista es recopilar pruebas relevantes para respaldar a la víctima ya que el objetivo es construir un caso sólido que demuestre la responsabilidad del acusado y respalde a la víctima, pero lo más importante llegar a una verdad. Las aportaciones de una abogada penalista a las víctimas de delitos son invaluables, ya que nuestra labor va más allá de la defensa legal, ya que brindamos apoyo emocional representación efectiva y contribuimos a la búsqueda de la justicia y recuperación de las víctimas, mi dedicación y experiencia hacen una diferencia significativa en la vida de aquellas que han sufrido injusticias. En lo particular, otra de las aportaciones que brindo como Doctora en Derecho Penal, en atención a víctimas de delitos, es mediante una casa de Gestoría con servicios Jurídicos gratuitos, la cual está ubicada en Calle Ocampo y Comonfort en la Ciudad de Matamoros Coahuila, la cual está conformada por un grupo de abogados especializados, así como para apoyos diversos para la ciudadanía en general.

La ciberseguridad en La Laguna

En el Colegio de Maestros y Doctores en Derecho de la Laguna A.C. creemos que por el grado académico al que hemos llegado, tenemos la responsabilidad de investigar y proponer alternativas que resuelvan los nuevos delitos que se presentan, dándole importancia a la ciberseguridad en la actualidad, tanto para la sociedad civil, como para las instituciones involucradas en la seguridad pública, prevención, investigación, procuración e impartición de justicia en nuestros estados a través de la información y la formación o capacitación de aquellos a quienes corresponde, llámese autoridades, profesionistas y estudiantes universitarios.

He realizado estudios y encuestas donde he encontrado, que en la Laguna no hay policía cibernética, sólo en las cabeceras de los Estados, así mismo, no hay peritos en informática forense certificados, y las dependencias no cuentan con las herramientas necesarias para la investigación de estos delitos. También he conocido personas que han sido víctimas de estafa, han contactado a la policía y la solución ha sido dejar pasar el tiempo “ya se cansarán los delincuentes y dejarán de llamar”.

Quiero señalar, que en la Laguna existen personas que cuentan con el perfil idóneo y que pueden ser capaces de aportar soluciones. Tenemos colegiados que realizan cursos de capacitación continua, así como conferencias que mantienen al día a sus agremiados, solo hace falta que nos tomen en cuenta y no únicamente a aquellos que están en la capital del estado. Deseo terminar con una pregunta, si nuestro gobierno, no cuenta con lo necesario para resolver el problema de los delitos cibernéticos, ya que ni siquiera estamos adheridos al convenio de Budapest y el gobierno federal ha sido también víctima del hackeo de redes ¿Cómo resolverá lo que se viene con el Deep Fake que surge con la inteligencia artificial?

Los invito a ver el siguiente link de video https://youtu.be/tY3spBuyI2w de un programa llamado ¡QUÉ TAL FERNANDA! de Fernanda Familiar, así como leer el artículo del Universal, donde proponen hasta 7.5 años de cárcel por usar la Inteligencia Artificial para delinquir en la Ciudad de México.

LA TECNOLOGÍA

COMO HERRAMIENTA PARA LOS ABOGADOS

La Importancia del Legaltech para los Abogados

En un entorno legal cada vez más competitivo y complejo, los abogados debemos adaptarnos a las nuevas realidades tecnológicas para no quedarnos rezagados y para agilizar nuestros procesos, y de esta forma enfocarnos en la sustancia de nuestra labor diaria; es decir, la tecnología aplicada al derecho actuará a nuestro favor, facilitando nuestra profesión como coadyuvante del abogado moderno.

En la era digital en la que nos encontramos, los avances tecnológicos han revolucionado la forma en que interactuamos y realizamos nuestras tareas diarias y el sector legal no es una excepción a esta transformación, siendo que, la tecnología se está convirtiendo en una herramienta muy útil para los abogados, tan es así que, en los últimos años el término Legaltech se escucha por todas partes.

El concepto de Legaltech ha surgido como una poderosa herramienta para los profesionales del derecho, de ahí que derive la importancia de conocerlo, por lo cual, en el presente artículo, explicaremos grosso modo, qué es el Legaltech, así como el por qué los abogados debemos familiarizarnos con este término, y cómo su implementación se ha vuelto de vital importancia en el panorama jurídico actual.

¿Qué es el Legaltech?

El término Legaltech, proviene de la combinación de 2 palabras en inglés “Legal” y “Technology” (tecnología legal en español), se refiere al uso de la tecnología para mejorar y agilizar los procesos legales, así como para proporcionar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta la industria legal.

El Legaltech abarca una amplia gama de herramientas y servicios, tales como inteligencia artificial, automatización de tareas, análisis de datos, gestión de casos, plataformas en la nube1, entre otros. Estas tecnologías están diseñadas para optimizar la eficiencia y la precisión, al tiempo que reducen los costos y los tiempos de respuesta.

Ahora bien, a pesar de que se habla mucho de la importancia de implementar el Legaltech en nuestro día a día, es prácticamente imposible integrar todas estas herramientas a nuestra práctica de la noche a la mañana, pues ni siquiera conocemos algunas de ellas, por lo que, como profesionistas del derecho debemos capacitarnos en torno a las nuevas tecnologías, de tal manera que conozcamos lo suficiente del tema, para posteriormente estar en la posibilidad de aplicar estas tecnologías a favor de nuestra profesión.

Pensemos en algunos ejemplos prácticos:

¿Cuántos despachos manejan equipos de cómputo?, actualmente todos, pero ¿qué sucedería si alguno de esos equipos de pronto dejara de funcionar, o si, desafortunadamente mis equipos de cómputo desaparecen al ser sustraídos ilícitamente, o peor aún, maliciosamente se pierde toda la información jurídica con la que cuento?

Pensar en una situación donde pierdes toda la información de tus herramientas de trabajo puede sonar como una pesadi-

Según la definición contenida en https://bit.ly/453e8xu la nube es un término que se utiliza para describir una red mundial de servidores diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios; en lugar de tener acceso a archivos y datos desde un equipo personal o local, obtienes acceso a ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la información está disponible dondequiera que vayas y siempre que la necesites.

Lic. Ana Rosa Carrillo Cárdenas

lla, una situación muy complicada, sin embargo, frente a este tipo de supuestos la tecnología se ha encargado de brindar soluciones que permiten prevenir este tipo de consecuencias catastróficas, por ejemplo, podemos modernizar nuestra forma de trabajo, adquiriendo para nuestro despacho una herramienta tecnológica como lo es la nube, donde podamos almacenar toda la información, como demandas, formatos, etc., jamás perderemos documento alguno debido a daños o pérdidas de nuestros equipos, ya que este tipo de tecnología respalda nuestra información de forma segura en un servidor independiente de los equipos de cómputo del despacho, no obstante a ello, algunas personas pensaran que pueden existir algunos riesgos al tener la información en la nube, y si bien eso puede ser cierto, estos son mínimos, comparados con los beneficios a obtener.

Consideremos otro escenario:

Todos hemos tenido algún cliente que en todo momento insiste en conocer la situación de su caso, pero se da la casualidad que te encuentras de vacaciones y no dejaste a nadie en la oficina que pueda consultar dicha información; tienes en espera a ese cliente que te solicita la información sobre el estado procesal de su juicio, por lo que la solución a esta problemática sería el tener acceso a la información de su caso, pero precisamente, en el lugar en donde te encuentras no cuentas con tu equipo de cómputo de la oficina, pues déjame decirte que si tuvieras un servicio en la nube a tu disposición, estarías en aptitud de acceder a toda tu información desde cualquier lugar en el que te encuentres.

Otra forma en la que el Legaltech puede facilitarnos la vida, es mediante el acceso a información y datos, pues con algunas herramientas tecnológicas es posible acceder a enormes cantidades de información legal y jurisprudencial de manera rápida y precisa, lo que facilita la investigación jurídica, el análisis de casos y la toma de decisiones fundamentadas; un gran ejemplo de esto es la plataforma JulIA, creada por la Suprema Corte, la cual aún se encuentra en fase de prototipo, dicha plataforma utiliza Inteligencia artificial y viene a complementar al buscador jurídico de tesis y jurisprudencias, sin embargo, el “plus” que ofrece es que emplea algoritmos de inteligencia artificial.

Los ejemplos anteriores son solo una pequeña muestra de las tantas tecnologías que el Legaltech nos ofrece, siendo que cada una de estas herramientas nos puede facilitar la vida profesional; pero podemos encontrar muchos más casos de aplicación.

En el panorama jurídico actual, el Legaltech se ha vuelto esencial para mantenerse competitivo y relevante; pues el uso de la tecnología legal para prestar servicios jurídicos es necesario hoy en día y los abogados que adoptan estas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno legal y tecnológico, para así brindar servicios de mayor calidad a sus clientes.

Entonces, nuestro deber como profesionistas del derecho es, investigar y documentarnos hasta conocer lo suficiente del tema, para así comenzar a explorar estas herramientas y finalmente aplicarlas en nuestra profesión, por lo cual valdría la pena la capacitación mediante cursos o especialidades en Legaltech.

Actualmente muchas universidades de derecho ofrecen cátedras sobre Legaltech para los estudiantes de licenciatura. Sin embargo, cabe preguntarnos si en nuestra región, tanto universidades públicas como privadas, están enseñando sobre este tema al alumnado, en caso de que la respuesta sea negativa, valdría la pena revisar y reformar los planes de estudio de las facultades de derecho para incluir un tema tan relevante, pues el Legaltech no es una moda, sino una realidad que llegó para quedarse.

Así mismo es importante que el sector legal, tanto estudiantes como profesionistas, conozcan de temas que van de la mano con la tecnología y el derecho, tales como, Fintech (finanzas tecnológicas), pues recordemos que desde 2018 en México contamos con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, comúnmente llamada ley Fintech; otros temas de gran relevancia son el blockchain (cadena de bloques) y el metaverso, los cuales no son al derecho, incluso estos dos términos, ya han sido definidos por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (DOF 07-VI-2023) en su artículo 2, fracciones VII y XXVI.

Finalmente, me gustaría recordar la frase de Richard Susskind, que cita lo siguiente:

Esta frase es una realidad, ya que, quienes están estudiando derecho, así como las personas que actualmente ejercemos la abogacía, somos ya los abogados del futuro y está en nuestras manos conocer y aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece para mejorar nuestra práctica y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

“Todos los Abogados —salvo los que se retiren el día de hoy— son, en realidad, el Abogado del mañana.”

LIC. GUADALUPE SÁNCHEZ TOSTADO

Lupita Tostado, como comúnmente se le conoce en el medio político y social, es una mujer que siempre se ha distinguido por su liderazgo, tenacidad, esfuerzo y trabajo. Para la sociedad lagunera. con una amplia y dilatada trayectoria política, en la laguna, saltando a la luz pública de manera contundente en el sexenio del entonces senador ISMAEL HERNANDEZ DERAZ, quien sabiendo de la capacidad, carisma y liderazgo de lupita, encargo la organización de las mujeres en la Laguna para su campaña a Gobernador del Estado, quien a la postre ganaría la Elección para convertirse en el gobernador electo de Durango, un pilar fundamental es lupita tostado en la organización las mujeres en Gómez Palacio, Dgo, pues siempre está al tanto y pendiente de las mujeres en la laguna, apoyando en sus necesidades, gestionando apoyos y beneficios en pro de la mujer, trabajo que desarrolla desde hace varias décadas, y sin ostentar cargo público. Es decir por convicción propia, sin que prevalezca algún interés partidista o político sino de corazón por amor a su gente.

Hoy es nuestra décimo primer regidora del R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. 2022-2025. y desde esa trinchera sigue haciéndose presente en la vida de muchas mujeres en necesidad, siempre con la mano extendida para ayudar a sus mujeres en todas sus necesidades y problemas actualmente es presidenta de la comisión de igualdad de género.

En su cargo de presidenta de la comisión apoyó para que dentro del programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres Ejercicio fiscal 2023 del instituto nacional de las mujeres se lograra bajar un recurso de $200,000.00.

Participó en la campaña hombre aliado entregando también volantes con información acerca de la campaña. En la cual su principal objetivo fue impulsar la participación de los hombres para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, con la construcción de nuevas masculinidades que buscan transformar las conductas de masculinidad tradicional.

Participó en el consejo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el cual se presentó la propuesta de lineamientos operativos del mismo.

En su carácter de regidora atiende diariamente a la ciudadanía con las gestiones que cada uno tiene dándole solución a la brevedad.

Es integrante también de las comisiones de salud, inclusión social, tránsito y vialidad, alcoholes y servicios públicos.

DÉCIMO PRIMER REGIDORA DEL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. 2022-2025

LUPITA SÁNCHEZ TOSTADO ES PUES UNA MUJER DE CONVICCION ESFUERZO, TENACIDAD Y LUCHA EN PRO DE LAS MUJERES GOMEZPALATINAS.

EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EFECTIVA

En México, el derecho de acceso a la justicia, es reconocido explícitamente en el numeral 17 de la Constitución, y los Artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En relación con el alcance del derecho de acceso a la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, sostiene que la reserva de ley que prevé el artículo 17 constitucional tiene como fin que las instancias de justicia constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. Y que la prevención relativa a que los órganos jurisdiccionales estarán expeditos para impartir justicia implica que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, no debe supeditar el acceso a la justicia a requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad, en relación con el fin que legítimamente puede limitar ese derecho fundamental. Por lo que para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario respeta el derecho de acceso a la jurisdicción, es necesario analizar si encuentra sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la Constitución Mexicana, considerando para ello, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas, cuya tutela se solicita.

En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva “no se limita a garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales para dirimir sus diferencias, sino también a que ese acceso sea sencillo y expedito, lo que se traduce en una obligación para el legislador ordinario, a efecto de eliminar cualquier obstáculo o traba que dificulte o haga nugatoria la impartición de justicia”. Máxime que “en atención al contexto en que ahora se desarrolla la labor de los órganos jurisdiccionales del país, en cuanto a su facultad de realizar el control de convencionalidad

en materia de derechos humanos”, debe considerarse que “el acceso a los recursos es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y se erige como un subprincipio de éste, tan es así que el ordinal 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de mil novecientos cuarenta y ocho y el mismo numeral 8 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disponen que ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley’.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo al citado principio “no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o, incluso, por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios”, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación “que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.” Lo expuesto con antelación permite colegir que, de acuerdo a los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, al establecer los términos y plazos que deben observar los particulares para acudir ante los órganos jurisdiccionales a plantear una pretensión o defenderse de ella, así como para obtener una resolución sobre las cuestiones debatidas, el legislador ordinario debe garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa de que se trate, motivo por el cual no debe condicionar su procedencia a requisitos o formalismos excesivos, innecesarios o carentes de razonabilidad respecto del fin que legítimamente puede limitar el derecho fun-

damental de acceso a la jurisdicción que consagra el artículo 17 de la Constitucional Mexicana, como lo es el relativo a evitar que la resolución definitiva de un asunto quede al arbitrio de las partes.

Los argumentos expuestos en líneas anteriores, se pueden aplicar en ejemplos prácticos, por citar algunos mencionare los siguientes, en donde se deniega el acceso efectivo a la justicia:

(1) Por no cumplir con el principio de devinitividad en el amparo (no haber agotado los recursos o medios ordinarios de defensa que la materia prevee antes de acudir al juicio de amparo);

(2) Por no haber preparado oportunamente una violacion procesal antes de llegar al amparo entiendase por esto (no haber promovido un recurso o incidente que era oponible, o haberlo interpuesto fuera de tiempo, o haber interpuesto el no idoneo, o no haberlo interpuesto en la forma que la ley procesal exige; (3) Haber ofrecido una prueba en contravención a la norma que regula su admisibilidad; antes estos formalismos que imponen algunos ordenamientos procedimentales, que pudieran para alguna de las partes resultar excesivos para acceder a una justicia efectiva, surge como dice mi Maestro García Amado quien cita a su vez a Robert Alexy, un choque o colisión entre derechos humanos y se tendrá que realizar un ejercicio de ponderación; o al menos un ejercicio de control constitucional o convencional permitido en nuestro país Mexicano a partir de nuestra reforma de 2011, e inaplicar preceptos procesales que impiden o contravengan y vulneren en muchas ocasiones el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, sin embargo al Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que esto debe aplicarse si y solo si no se violenta el principio de igualdad procesal de las partes.

Dr. Jesús Mendoza

FESTEJOS

DEL DÍA DEL ABOGADO EN LA LAGUNA