Los derechos y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar

Los derechos y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar “A menos que enseñemos a los niños la paz, alguien más les enseñará la violencia” – Colman McCarthy.

Por Diana Balderrama

La promoción de los derechos humanos implica de manera inequívoca la promoción de derechos de la infancia, adolescencia y juventud, que corresponden a aspectos que la sociedad tiende a olvidar o dejar de lado puesto que las necesidades de cuidado, formación y protección de los menores de edad suelen estar ligados a la patria potestad y por tanto, se constituyen en responsabilidades de los padres –en primera instancia– pero no debemos perder de vista que es, a la vez, una responsabilidad de todo Estado velar por el interés superior de todo menor.

De hecho, dentro del ordenamiento jurídico de casi todas las naciones –sino el total– está circunscrito el derecho a recibir la asistencia y protección que les garantice el pleno ejercicio de todos sus derechos, los cuales son fundamentales para su desarrollo integral y se encuentran establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño (CDN). Entonces, es de gran importancia la concurrencia que debe existir entre el accionar familiar, el Estado y la sociedad en su conjunto, para garantizar la protección y el ejercicio de los deberes y derechos de cada instancia competente en cuanto al desarrollo integral de los menores.

La violencia y desprotección, sea por negligencia o por indolencia, son actos que vulneran los derechos y la protección de los menores. El abordar estas temáticas desde una óptica intrafamiliar deriva en la necesidad de comprender, transformar y construir relaciones y, por tanto, sociedades más sanas para lograr el goce pleno de los derechos, además de la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar el desarrollo personal del menor, sea éste físico, psicológico, emocional o de cualquier índole.

Actualmente en Bolivia la niñez y adolescencia se encuentran protegidas por la Ley No. 548/2014, Nuevo Código de la Niña, Niño, Adolescente (CNNA), que plantea nuevas metas en cuanto a la protección integral de la población infantil, entre las que se destaca la creación del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), cuya misión es precisamente velar por la protección y derechos del menor, que tiene entre sus atribuciones promover el conocimiento y divulgar los derechos, garantías y deberes de las niñas, niños y adolescentes.

SIPPROINA entonces se convierte en el marco operativo para el diseño, implementación y evaluación de las políticas dirigidas a los NNA. Es además, el mecanismo para el Estado garantice el derecho a la familia a través de acciones de prevención y restitución de derechos, está compuesto por diferentes actores entre los cuales se pueden mencionar: a) las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), b) el juzgado de la niñez y adolescencia, c) el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDGES), d) la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, e) la Defensoría del Pueblo, f) el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) como rector de políticas públicas nacionales y, g) UNICEF, para garantizar el cumplimiento de los derechos internacionales de la NNyA.

1

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)1 Municipal es un servicio municipal, público, gratuito y municipalmente autogestionado, que promueve, protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dicho en términos más simples, se encarga de la protección de los niños haciendo prevalecer lo que textualmente señalan las leyes que parten desde la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La DNA está subordinada a la Gobernación2 de cada Departamento, con dependencias municipales, tiene como misión generar una cultura de respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia, a través de intervenciones directas. Pero además, tiene la competencia de generar información estadística que sirva de orientación para el desarrollo de políticas públicas.

Ejercicio de los derechos y protección del menor en el Chaco tarijeño de Bolivia En los hogares bolivianos se observa una fuerte presencia de violencia intrafamiliar, el 40% de los casos de violencia y criminalidad que se presenta cada año en el país se refiere a delitos de violencia intrafamiliar o doméstica (Ministerio de Gobierno, 2019). De este 40% el 87% corresponden a víctimas de sexo femenino. Según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a nivel nacional 87% de las niñas y niños sufren violencia intrafamiliar, casi nueve de cada 10.

Entre muchas formas de maltratos contra NNA se identifican el infanticidio, la negligencia, el abandono, el castigo corporal o físico. Las dos primeras suelen estar encubiertas por razones culturales, religiosas o políticas; la tercera se escuda en la vergüenza o en la pobreza; la cuarta es avalada por el derecho del sujeto adulto de formar, corregir y disciplinar el comportamiento de niños y niñas; y la última se ampara en razones culturales de proteger el “honor” de las niñas y de la familia.

Estas son prácticas que suelen coexistir en un contexto y que son protegidas por un silencio cómplice de un gran sector de la sociedad y del Estado.

De acuerdo con la cosmovisión de cada identidad cultural, el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes son internalizados de diferentes maneras. Al ser el Chaco tarijeño un área con una gran diversidad cultural, también experimenta diferentes dinámicas en cuanto al desarrollo de los derechos.

Sin embargo, el nivel de coordinación entre instancias se percibe como óptimo en los municipios que serán objeto de investigación, Yacuiba y Villa Montes, elegidos como representativos por su densidad poblacional y su conformación etárea.

El Chaco tarijeño está compuesto por cuatro municipios, de los cuales excluiremos a Caraparí y Entre Ríos por motivos metodológicos. Por tanto, para el presente análisis se estima que la muestra de investigación representa a una población aproximada de 153.614 habitantes comprendidos en los municipios de Yacuiba y Villa Montes, con una densidad promedio de 13 hab./Km2. Esta región presenta un crecimiento poblacional acelerado como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, con una población compensada en cuanto a género, ligeramente superior en el género masculino en el área rural, como se aprecia en el Cuadro No. 2.

1

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia fueron creadas por mandato de Ley No. 1551/1994, Ley de Participación Popular.

2 Una Gobernación Departamental corresponde a un gobierno subnacional, el segundo en jerarquía después del Gobierno Nacional.

2

Cuadro No. 1 Chaco Boliviano: Crecimiento poblacional absoluto e intercensal Censo 2001

Tasa Anual de crecimiento intercensal 1992-2001 (%)

Censo 2012

Tasas de crecimiento intercensal y absoluta 2001-2012 (%)

8.274.325

2,74

10.027.262

1,57 (21,19%)

116.318

4,8

147.164

1,88 (26,52%)

Primera Sección – Yacuiba

83.518

6,16

91.998

0,89 (10,15%)

Segunda Sección – Caraparí

9.035

1,57

15.366

3,69 (70,07%)

23.765

2,1

39.800

4,61 (67,47%)

19.399

0,92

21.378

0,85 (10,20%)

19.399

0,92

21.378

0,85 (10,20%)

Departamento/Provincia/Sección Bolivia Provincia Gran Chaco

Tercera Sección – Villa Montes Provincia Burnet O'Connor Primera Sección – Entre Ríos

Fuente: Elaboración propia con datos ajustados del INE, 2019.

Cuadro No. 2 Distribución poblacional por área, sexo y municipio Municipio Villa Montes

Total 75,8%

Población urbana Hombre Mujer 38,3%

Total

37,6%

Yacuiba

69,6% 34,0% 35,6% Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012

Población rural Hombre Mujer

24,2%

13,4%

10,8%

30,4%

16,0%

14,4%

El área de estudio (AE) es una región que cuenta con una amplia diversidad cultural, una suerte de mosaico donde conviven criollos, migrantes, quechuas, aymaras, menonitas, indígenas guaraníes, weenhayek y tapieté. De acuerdo con el CPV del INE (2012), alrededor del 80% de los habitantes en el AE tienen como lengua materna el castellano, seguida en importancia relativa por el quechua y aymara; mientras que el guaraní como lengua materna representa escasos 2,2% y 0,5% en Villa Montes y Yacuiba, respectivamente.

Cuadro No. 3 Distribución de la Población mayor de 4 años de edad empadronada por municipio y lengua materna Lengua materna

Villa Montes

Yacuiba

Hombre

Mujer

Total

15.719

14.631

Quechua

613

Aymara

113

Guaraní

Castellano

Otros idiomas oficiales Idiomas extranjeros Otros No habla Sin especificar Total

%

Hombre

Mujer

Total

30.350

83,7%

34.408

34.368

68.776

81,8%

514

1.127

3,1%

4.200

4.527

8.727

10,4%

60

173

0,5%

387

347

734

0,9%

393

389

782

2,2%

230

214

444

0,5%

1.227

1.181

2.408

6,6%

1.129

1.125

2.254

2,7%

364

294

658

1,8%

934

860

1.794

2,1%

0 39

1 32

1 71

0,0%

31 73

35 65

66 138

0,1% 0,2%

358

338

696

0,2% 1,9%

18.826

17.440

36.266

100%

%

582

546

1.128

1,3%

41.974

42.087

84.061

100%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012

3

Datos más recientes consistentes con la proyección demográfica del INE (2017), señalan que la población total guaraní al 2018 en el AE asciende a 7.126 habitantes, 2.895 son weenhayek y 178 son tapietés. Durante los últimos 20 años se ha visto el crecimiento de las poblaciones indígenas quechua (10.776) y aymara (943) que migran desde Potosí, Chuquisaca y en menor medida de La Paz y Cochabamba. Además de estas culturas se observó el surgimiento de tres colonias menonitas de habla alemana, una de ellas en la comunidad El Breal, con una población de 1.400 habitantes aproximadamente, pertenecientes a 300 familias; la otra en la comunidad La Florida con 170 familias y 800 personas, ambas colonias se asentaron en el municipio de Yacuiba y una en Villa Montes con 444 personas pertenecientes a 100 familias. Otras minorías registradas son 40 habitantes de habla portuguesa y 44 chimanes. (Servicio Estatal de Autonomías, 2017) La información sobre la dinámica demográfica del municipio de Villa Montes, presenta mayor proporción de población en el rango etáreo de 0 a 19 años, lo que representa el 43,5% del total de la población; mientras que los grupos etáreos de 0 a 4 y de 5 a 9 años representan el 21,3% del total poblacional municipal. De la misma manera, se observa que en Yacuiba el rango etáreo de 0 a 19 años representa el 43,8%, los grupos de 0 a 4 y de 5 a 9 años de edad representan el 20,7% del total de la población municipal. Por tanto, se puede concluir que la población de ambos municipios es principalmente joven.

Gráfico No. 1 Dinámica poblacional por sexo y rango de edad Villa Montes Yacuiba

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012.

Las estimaciones del INE, señalan una importante proyección en el crecimiento poblacional municipal, siendo la tasa de crecimiento para Villa Montes de 30% y para Yacuiba un 12,4%, dados por la proyección en la tasa de natalidad y fecundidad, así como el incremento en la esperanza que de vida que en promedio alcanza a los 73 años de edad.

4

Gráfico No. 2 Proyecciones de Población por Sexo, 2017 – 2020 Villa Montes Yacuiba 60.000

50.000

120.000

51.916

50.671

49.419

48.139

40.000

30.000

103.723

102.943

102.124

101.278 100.000 80.000

26.450

25.896

25.032

60.000

27.360

51.996

40.000

20.000

23.107

23.523

53.693

50.030

49.802

49.552

49.282

24.556

24.221

53.141

52.572

20.000

10.000

0

0

2017

2017

2018 Total

2019 Hombre

2018

2019

2020

2020 Total

Mujer

Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2018.

=

Villa Montes 12,3%

.

ó

ó

á á

∗ 100

Yacuiba 14,05%

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías, 2017.

En adición, se consideran las mejoras en los niveles de vida derivadas de las regalías hidrocarburíferas, que conllevan mejores condiciones en los medios de subsistencia, que reducen las tasas de mortalidad materno-infantil y se constituyen a la vez en un incentivo para la inmigración a la región.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación, la inmigración al AE tiene también otras connotaciones, puesto que no tan solo ejercen mayor presión social sobre los servicios públicos como la salud y educación, sino que además se presenta una problemática de aculturización, donde la cultura más dominante tiende a ejercer mayor fuerza sobre la cultura menos dominante y este fenómeno no necesariamente tiene que ver con la densidad poblacional por cultura, sino por los usos y costumbres de cada cultura y el grado de violencia desarrollado al interior de cada una.

A mayor violencia cultural y menor resistencia de la cultura menos violenta, prevalece la primera en desmedro de la segunda por falta de oposición. Este hecho muchas veces condena a la segunda a su extinción o aculturización, sin que esto sea positivo o negativo en sí mismo.

Empero, en el caso de la AE, se observa que las culturas bolivianas típicamente occidentales (Quechua y Aymara) se han tornado dominantes. Estas culturas, según manifiesta una funcionaria de la DNA de Villa Montes, tienden a tener rasgos más violentos en su accionar y por tanto, ejercen de la misma manera más violencia intrafamiliar y de género; presentándose así, un caso de aculturización negativa.

Este testimonio cobra más relevancia cuando se observan las estadísticas de las denuncias den la DNA, donde la participación de los pueblos Guaraní y Weenhayek, los más populosos de la AE, prácticamente son irrelevantes en el total, mientras que la población urbana, con alta presencia de otras culturas copan las denuncias.

5

En Villa Montes se registraron 1.906 casos denunciados en la correspondiente DNA hasta 2019, de los cuales 1.561 se encuentran en investigación en primera instancia por la Policía y en segunda instancia, para el procesamiento, en la Fiscalía Departamental. Del total sólo 15 denuncias pertenecen a un pueblo indígena (5 guaraníes y 10 weenhayek); sin embargo, el 63% de las denuncias son de personas de sexo femenino, dejando en evidencia la vulnerabilidad y la violencia de género que se ejerce en el país.

Gráfico No. 3 Instancias de coordinación interinstitucional en materia de derechos de NNA

Gráfico No. 4 Villa Montes: Registro de violencia y/o maltrato infantil y adolescente Población Weenhayek

Casos Atendidos por la DNA hasta 2019 1.906

10

Población Guaraní

5 150 180

Población Rural

Niños Niñas

561

Población Urbana

0

200

400

600

1000 800

1000 1200

Fuente: Elaboración propia en base a datos de entrevista a la DNA de Villa Montes.

Yacuiba experimentó un crecimiento de 139% en cuanto a violencia y/o maltrato infantil y adolescente. Se observa además el mismo patrón que en Villa Montes, donde las denuncias de menores con autoidentificación étnica representan una fracción minoritaria, en Villa Montes alcanza al 0,08% y en Yacuiba el 4%. La violencia intrafamiliar es el evento de maltrato más frecuente y presenta una connotación más urbana.

Gráfico No. 5 Yacuiba: Registro de violencia y/o maltrato infantil y adolescente Indígena

1

Gestión 2018 64 Casos

2 17

1

Urbana

Lesiones graves o leves

12

Intento de homicidio

20

Agresión a menor

4 4

0

5 35

Urbana

Infracción por educación 10

45

4

5

10

15

3

Cantidad

17

26 20

25

30

0

Amenazas Infanticidio - suicidio Lesiones graves o veles

2

Rural

20

1

Cantidad

Gestión 2019 89 Casos

2 2

Violencia psicológica

3 Rural

Indígena

Violencia psicológica

10

Violencia intrafamiliar

5 7 10

16 20

57 30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de entrevista a la DNA de Yacuiba.

Este patrón parecería estar relacionado con aspectos propios de las culturas Guaraní y Weenhayek, ya que en el primer caso los guaraníes se perciben a sí mismos como personas libres, conciben el nacimiento de un nuevo ser de una forma poética que integra una percepción de territorialidad y ser, dicho en otras palabras, conciben al recién nacido como una semilla o un pedazo de la historia del pueblo, en términos presentes y futuros, como un proyecto que se desarrollará con palabras y hechos,

6

a veces llamando tekoha3; a diferencia de la visión occidentalizada que tiende a ver al nuevo ser como una suerte de propiedad.

En el caso de los Weenhayek, culturalmente perciben a los niños como un regalo del arcoíris, es además el desencadenante de la uxorilocalidad, ya que cuando nace el primer hijo la pareja decide si quedarse con la parentela materna o la paterna, por tanto, el hijo es el nexo familiar que se desarrolla en un estado de libertad de elección y de territorialidad.

Ambas culturas tienen como costumbre el ejercicio y defensa de sus derechos en base a la conformación de Capitanías, espacios de interacción, diálogo e información. Elemento que es considerado el momento organizativo institucionalizado más importante de los pueblos indígenas. En adición, y como parte de la integración de estos pueblos al ordenamiento jurídico territorial, forman parte del Comité del Niño, Niña y Adolescente, en el cual participan estudiantes en sus respectivas comisiones.

Aunque en términos estadísticos se puede observar la presencia de violencia intrafamiliar, la percepción en las comunidades4 es relativamente distante y puede ser un reflejo de lo que se observa en el patrón mencionado. La violencia intrafamiliar tiene una prevalencia urbana y no así rural, en este sentido no extraña que la percepción de violencia contra NNA sea desde un punto de vista de un observador lejano e incluso ajeno a su cultura o modo de vida.

Del total de la AE el 44% escuchó o supo de algún caso de violencia en el vecindario, de forma similar en la comunidad, solo el 12% en comunidades cercanas. El municipio de Yacuiba posee la mayor frecuencia y por tanto porcentaje, con 45% frente a un 33% en Villa Montes para las dos primeras categorías, hecho que tiene relación con la mayor urbanización del municipio, pero además con el mayor número de observaciones válidas.

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas del trabajo de campo.

Ahora bien, si nos remitimos a la tipología, la violencia psicológica o emocional reportan un porcentaje más elevado en Villa Montes en las categorías “vecinos cercanos” y “comunidades cercanas”, mientras que en Yacuiba el porcentaje más elevado está en la categoría “comunidad”. Este dato es especialmente interesante toda vez que estaría dando una pauta acerca de cuál es la conceptualización de violencia psicológica o emocional, que según las características de la conformación demográfica, suelen ser diferentes. Y si analizamos con detalle los distritos donde fueron tomadas las muestras, observamos que el mayor peso relativo en Yacuiba recae sobre comunidades mestizas o criollas a diferencia de Villa Montes donde un distrito completo es indígena, otro tiene un alto porcentaje indígena y los restantes dos son mestizos.

3

Concepto que se usa al nacer, compuesto de teko– es “lugar donde estamos y somos lo que somos”, conforme el significado que presenta el Primer Diccionario de Guraní de Antonio Ruiz de Montoya, Tesoro de la lengva Gvarani (Madrid, 1639).

4 Se denominan comunidades a las aldeas o centros de aglomeración rurales, que generalmente están habitados solamente por culturas indígenas de origen o pobladores del lugar.

7

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas del trabajo de campo.

Cuando se pregunta respecto al abandono físico, psicológico y/o afectivo-emocional, las mayores frecuencias están en la categoría “vecinos cercanos”, con mayor incidencia en Villa Montes, pero con menor peso relativo dentro de la muestra (solo 4 observaciones frente a 12 en Yacuiba). Empero, también se observa que este criterio es más difícil de percibir como observador, ya que por lo general sólo es posible constatar el abandono físico, mientras que el psicológico-afectivo, pueden ser percibidos a través de la convivencia cercana, por ejemplo, en el colegio o en el vecindario, motivo por el cual claramente esta categoría es la que presenta mayor relevancia.

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas del trabajo de campo.

A pesar de la baja representatividad de toda la muestra del AE, que dentro del total del universo muestral todas las respuestas en conjunto representan el 34%, sumado a ello la información obtenida de las DNAs, se observa un claro patrón de violencia con un sesgo predominantemente urbanomestizo.

Una forma de violencia también es el trabajo infantil, que bajo la legislación nacional se constituye en explotación laboral. En Villa Montes solo una persona respondió de manera afirmativa y con cierta lejanía, en contraposición con Yacuiba donde se tienen 12 observaciones. La baja incidencia del trabajo infantil percibido como explotación laboral tiene una connotación importante y con una raíz cultural.

Los niños, adolescentes y jóvenes trabajan en sus comunidades, especialmente en el agro. Los niños pertenecientes a etnias tienen como costumbre salir a cazar, pescar o bien recolectar como parte de su quehacer habitual sin que ello signifique explotación laboral aunque de alguna manera contribuyen a la satisfacción de necesidades básicas, principalmente alimenticias.

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas del trabajo de campo.

Dado que las comunidades seleccionadas son predominantemente rurales, el trabajo y ayuda en el hogar no son considerados como explotación o ejercicio de violencia.

8

Situación de los adolescentes y jóvenes De acuerdo a la CEPAL (2011)5 son adolescentes a las personas, varones y mujeres, comprendidos en el rango de edad oscilante entre los 14 y 17 años; y jóvenes de 18 a 25 años. Conforme los datos de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija (2018), del total de partos en la AE, el 23% se dan en menores de edad; en Villa Montes el embarazo adolescente alcanza al 27% y en Yacuiba al 21%. Del total de embarazadas con desnutrición, 10% son menores de 20 años y 26% de las embarazadas con obesidad son menores de 20 años (SNIS, 2019), ambos cuadros nutricionales reflejan malos patrones alimenticios, en contraste a lo percibido en el capítulo referido a “Condiciones de vida saludables”, particularmente en lo señalado como observación en el trabajo de campo.

La edad promedio de contracción de matrimonio o pareja de hecho es de 15 a 16 años en promedio para las mujeres del área rural del AE (CERDET, 2018) y 17 a 18 años en el área urbana de los municipios de Yacuiba y Villa Montes (PLAN Internacional, 2017). Debido a la temprana edad de matrimonio o de maternidad, experimentan condiciones de desempleo por el ausentismo o bien el abandono escolar, y como consecuencia, subsisten en condiciones de pobreza y dependencia.

En términos generales la situación laboral juvenil en el AE presenta condiciones de limitación no tan sólo para los jóvenes como colectivo, sino incluso para personas adultas6. En la encuesta “Situación actual del empleo juvenil y la oferta formativa en la región del chaco tarijeño” de CERDET (2018), en una muestra de 200 jóvenes se encontró que el 91,5% de los jóvenes respondieron positivamente a la pregunta “¿Te gustaría trabajar el siguiente año?”, una porción muy superior a los jóvenes que declaran estar buscando trabajo. 72,4% de encuestados que declararon haber trabajado el último año, solamente el 50% trabajaba en el momento de realizada la encuesta.

Estos datos son consistentes con el estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) donde los ocupados con empleo precario extremo aumentaron en toda la región del Chaco, de 22% en 2001 a 51% en 2012, mostrando una tendencia de precarización y exclusión laboral generalizada. Y si se observan las condiciones de trabajo de las comunidades pertenecientes a la AE, es posible observar que la juventud tiene una tasa de precarización que alcanza el 72,4%, esto significa que los jóvenes están ocupados y no así empleados7; además que significa que simplemente consiguieron algún tipo de trabajo temporal durante el último año, ya que éste no habría perdurado porque el 39,48% de la población joven que trabajó el último año estaba desempleada al momento de la encuesta de CERDET. La problemática de precarización laboral afectó al 65% de mujeres ocupadas en el área urbana, así como a un porcentaje mayoritario de jóvenes, entre ellos aquellos con un nivel mayor de instrucción o cualificados, debido a la falta de oportunidades laborales (UAJMS, 2018). Esto se relaciona con el tipo de empleos a los que accede gran parte de la población joven ocupada en los municipios del AE, pues desarrollan sus actividades laborales en rubros reconocidos por su informalidad como el comercio o la agricultura con un carácter de estacionalidad.

5

“Invertir en juventud. Informe regional de población en juventud en América Latina y el Caribe“. CEPAL (2011) El Departamento de Tarija, y por tanto el AE, está entre los tres primeros Departamentos donde los jóvenes inician su actividad laboral a más temprana edad, entre los 16 y 21 años de edad, esto significa que también presentan un importante porcentaje de interrupción de la educación.

7 Es importante realizar una distinción precisa entre empleo y ocupación, siendo la primera categoría referida al empleo de mediano a largo plazo que genera una vinculación social y por tanto beneficios sociales como aportes patronales a AFPs, seguro de salud, vacaciones, derecho a aguinaldo y otros; y por otro lado la ocupación, que no conlleva ningún tipo de obligación social ni está regida de forma estricta por la legislación, es el caso del sector comercial informal por ejemplo.

6

9

Otro dato importante que refleja el estudio es que el 43,56% de personas jóvenes encuestadas que trabajan actualmente declaran estar buscando trabajo, lo que se debe generalmente a que cuentan con trabajos inestables que es posible que concluyan pronto. Para hacer frente a este tipo de problemáticas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) crearon el “Plan de Generación de Empleo” que insertó 6 mil jóvenes en fuentes laborales estables en todo el país, donde la Provincia Gran Chaco representa el 0,03% de las colocaciones laborales en el marco de este plan. (MPD, 2019) Finalmente, las brechas de ocupación y salarial entre jóvenes varones y mujeres ha tendido a acrecentarse toda vez que en promedio la tasa de ocupación masculina en el 2001 era de de 31,6% y 64% para varones y mujeres respectivamente y el 2015 era de 46,8% para varones y 68,9% para mujeres. En tanto que la tasa salarial juvenil por género8 el 2001 era de 58,6% y el 2015 era de 64,7%.

Se puede concluir que a pesar de ser una región con grandes potencialidades derivadas de los recursos naturales –extractivos y no extractivos–, agrícolas, cadenas productivas y sobre todo, el potencial derivado de su ubicación geográfica e interconexión internacional, éstos no son aprovechados correctamente para la inclusión laboral juvenil (en especial juvenil femenina), el potenciamiento productivo de transformación y regional que permita mejoras en los niveles de ocupación y, por tanto, de vida.

8

é

∗ 100

10