Palabra Nro. 53

Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia –ASOPRUDEA– No. 53 • Abril de 2015 Bloque 22 oficina 107 - Teléfonos: 219 5360 - 263 6106 - Correo: asoprudea1@gmail.com http://asoprudea.udea.edu.co

Reflexiones críticas sobre el Acuerdo sobre lo Superior 2034 Contenido

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El gran des-acuerdo por la Educación Superior........................................... 4 Luis Javier Castro Naranjo Representante profesoral. Facultad de Medicina

Ana María Sierra Piedrahita Representante profesoral. Escuela de Idiomas

El Acuerdo por lo Superior 2034: Sobre Inclusión y articulación de la educación media y superior............................................................................. 9 Rafael Darío Aguilar Aguilar Representante Profesoral. Instituto Universitario de Educación Física, IUEF

Sobre Investigación (Ciencia, Tecnología e Innovación) e internacionalización....................................................................................... 14 Diana Margarita Márquez Fernández Representante profesoral. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias

Gobernanza y gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior.17 Marco Antonio Vélez Vélez Representante profesoral. Consejo Académico, UdeA

Sobre financiación de la educación superior............................................... 20 Marco Antonio Vélez Vélez Representante profesoral. Consejo Académico

Financiación de la Educación Superior, en el marco del Acuerdo por lo Superior 2034................................................................................................. 22 Jorge Aristizábal Ossa Profesor Facultad de Ingeniería. Secretario de Asoprudea

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Apreciaciones sobre el Acuerdo 2034 acerca de la Investigación e internacionalización......................................................................................... 6

Reflexiones críticas sobre el Acuerdo sobre lo Superior 2034 Presentación

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l gobierno Santos dio a conocer a la comunidad universitaria nacional a fines del año 2014, el denominado Acuerdo sobre lo Superior, 2034. Se presentó como producto de un “diálogo nacional” fruto de dos años de encuentros regionales. Efectivamente, luego de la derrota por parte del movimiento estudiantil organizado en la Mesa Amplia Nacional estudiantil, MANE, del proyecto de reforma de la Ley 30 en el primer gobierno Santos, este emprendió una vía de encuentros regionales focalizados y con actores preseleccionados para abocar aquello que no había sido posible por la vía de la citada reforma. La MANE no fue convocada para dichos acuerdos y diálogos. De hecho el movimiento universitario continúo su propio camino de debate y discusión. Y generó documentos producto de su propia deliberación; de allí emergió el documento sobre una “Educación Superior para la soberanía, la paz y la democracia”.

La MANE siguió su propia ruta y a su vez el gobierno partiendo de la relativa desmovilización del movimiento universitario en 2013 y 2014, dio a la luz pública el texto del Acuerdo, a nombre del Consejo de Educación Superior, CESU. Este no es el producto de un consenso y aceptación por los miembros de la comunidad universitaria nacional, como quisiera hacernos creer el prestigioso pensador Edgar Morin, a quien el gobierno Santos utiliza para legitimar con una voz autorizada, el 2034.

Allí no hubo consenso, ni “religación”, para usar una palabra cara a Morin. Hubo y hay, disenso y desligazón. Los caminos se separan más que encontrar una vía de convergencia, entre gobierno y comunidad universitaria nacional. El verdadero consenso debió haber surgido del llamado a la MANE y al movimiento universitario nacional a dialogar y deliberar.

El documento que sometemos a la reflexión y crítica surgió de las contribuciones de los representantes profesorales agrupados en el ATENEO, espacio de deliberación y encuentro de la representación. Se abordaron algunos de los temas centrales del citado Acuerdo, partiendo de los diez puntos sobre los cuales hubo consenso entre los generadores del mismo: calidad, internacionalización, financiación, gobernabilidad, articulación de la educación superior y la media, bienestar, educación inclusiva, investigación, nuevas modalidades educativas. Quedaron pendientes ochos temas

cruciales según lo expresado por algunos rectores agrupados en el CESU, entre ellos uno central, la autonomía universitaria.

Entretanto, también, el gobierno Santos a través de su Ministra Gina Parody, ha realizado una avanzada en cuanto al tema de la autonomía, retaceándola, interfiriendo en su ejercicio. Esto se concreta en el Decreto 1740 de diciembre de 2014, o denominada Ley de Inspección y Vigilancia, con ella se propone el Ministerio realizar un control en principio, sobre las llamadas “universidades de garaje”, instituciones privadas sin regulación y con ánimo de lucro, dada la actuación irregular de muchas de sus directivas, caso, Universidad de San Martín. Pero, con la citada ley, todas las universidades, incluidas las públicas quedan abiertas a estos procedimientos de inspección y vigilancia y a la posibilidad de ser sometidos a una Superintendencia educativa a aparecer en el lapso no mayor a un año. El Ministerio por el camino de la ley, empieza el tortuoso derrotero de intervenir sobre la autonomía de las universidades públicas. Es un reto para el movimiento universitario enfrentar esta medida.

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Con el presente texto abrimos pues, un debate necesario y fructífero sobre aquello que requiere la educación superior colombiana, para los próximos decenios. Es importante entender que el gobierno Santos, se aboca a reformas parciales a cuenta gotas para evitar una nueva confrontación global con el movimiento universitario.

Ya aprendió la lección de 2011. El que debe entender esta nueva táctica es el propio movimiento universitario para salirle al paso, al ritmo en que las medidas se vayan desgranando de la acción ministerial.

El gran des-acuerdo por la Educación Superior Luis Javier Castro Naranjo Representante profesoral Facultad de Medicina

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ace muchos años, en el aula máxima de la Universidad de Antioquia, en el programa martes del Paraninfo, Carlos Lleras de la Fuente decía que en materia de educación la política es demagógica y efectivamente el tiempo nos ha mostrado que esta aseveración es cierta no solo para la educación sino también para la salud. Recordemos las frases de salud para todos y educación para todos en el año 2000. Fue necesario que las conferencias mundiales de educación y los organismos multilaterales aplazaran estas metas para el 2015. Año en que tampoco se irán a cumplir.

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En 1992 se aprobó la Ley 30 de Educación superior y después de 22 años podemos afirmar sin temor a equivocarnos que mucho de lo allí contemplado es letra muerta. En materia de calidad de la educación las cifras son muy bajas. Aunque la acreditación de las instituciones y de los programas son voluntarias, el porcentaje de acreditación es tan bajo que se convierte en una vergüenza para el país y hace que cuestionemos el papel en todos estos años de organismos como el CONACES, el CNA y el mismo CESU. Ahora aparece el Acuerdo por lo Superior 2034, que pretende establecer la política de educación superior para los próximos 20 años. Hay que decir en primer lugar, que no es un verdadero acuerdo pues sectores tan importantes como la MANE –Mesa Amplia Nacional Estudiantil– y la base profesoral de las 32 universidades públicas estuvieron por fuera de cualquier debate. Los que llevamos algún tiempo en el sector público hemos visto como el hecho de asistir a un evento académico, una reunión o un foro convocado por entidades oficiales lleva a que en forma automática se asuma que avalamos las políticas o estamos de acuerdo con los consensos o acuerdos a que lleguen unos pocos. En este caso contaron a 33.000 personas que aparecen respaldando la política educativa. Habría que preguntarles a todas estas personas con que realmente estuvieron de acuerdo.

En el año 2013, la MANE pasó de la protesta a la propuesta. Me consta que ríos de estudiantes provenientes de distintos rincones del país se reunieron en la Universidad de Antioquia los días 1, 2 y 3 junio en el marco del VII Plenario Nacional de la

MANE, evento aprobatorio de la propuesta de ley alternativa de educación superior con la participación de más de 2.500 estudiantes. Después de ello públicamente gritaron a los cuatro vientos: “Tenemos propuesta de Ley”. ¿Dónde quedaron todas aquellas ideas de los estudiantes, de los padres de familia y de los profesores que se debatieron a lo largo y ancho del territorio nacional? El gobierno Santos II nos está acostumbrando al incumplimiento de los acuerdos con los distintos sectores y así lo han señalado los paperos, los cafeteros, los maestros, y ahora es común ver paros de jueces, de los guardianes del INPEC ó inclusive de los escoltas que especialmente protegen a la misma clase política.

Siempre ha llamado la atención la problemática que atraviesan los sectores salud y educación. En ambas la corrupción es rampante y contraria a lo que se ha querido sentar como una verdad, es el sector privado el que más se destaca al respecto.

En salud todos conocen lo que ha sucedido con las famosas EPS, entre las cuales destacamos los escándalos de Saludcoop, las quiebras de Comfenalco y Caprecom para solo dar unos ejemplos. En educación superior también son alarmantes las denuncias contra la Fundación Universitaria San Martín, la INCCA, la Rafael Núñez en Cartagena, son alrededor de 10 universidades investigadas.

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En el Acuerdo por lo Superior 2034 se habla del financiamiento, pero poco se dice del desfinanciamiento al que históricamente ha sido sometida la universidad colombiana que según algunos expertos alcanza la no despreciable cifra de 12.5 billones de pesos. Dice el documento que el 75.8% del presupuesto oficial de la educación superior se concentra en pocas universidades aunque de 25 billones del sector educativo, 3.3 billones realmente son para la educación superior. El esquema de financiación de las universidades oficiales está reglamentado por la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87 pero ahora se propone que los actores del sistema de educación superior concurran a su financiamiento: el estado, los entes territoriales, el sector productivo, las familias y la sociedad.

Apreciaciones sobre el Acuerdo 2034 acerca de la Investigación e internacionalización

Ana María Sierra Piedrahita Representante profesoral Escuela de Idiomas

Investigación

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on relación a la investigación son varios los asuntos a resaltar. Primero, si bien el documento señala que el papel de las ciencias sociales y humanas en la construcción de la sociedad es cada vez más claro y en tal sentido, señala que los estudios humanísticos, sociales y artísticos son tan importantes como los estudios en otras áreas del conocimiento, a saber, las áreas de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologías de producción, entonces, ¿Por qué desde la misma universidad se le da tan poca importancia a la investigación en el área de Ciencias Sociales Humanas? ¿Por qué se nos pide a los profesores de esta área que publiquemos en revistas internacionales indexadas si sabemos bien que al final el factor que cuenta es la visibilidad? ¿Por qué no se nos pide que publiquemos en revistas nacionales para que el conocimiento generado a través de la investigación sí se divulgue en el mismo país y lo puedan leer los interesados y a quienes nuestras investigaciones beneficiarían más?

Considero que de esta manera se podrá lograr lo que el mismo documento promulga. Es decir, la especial importancia del concepto de innovación social en atención a la enorme crisis social y política del país.

Segundo, si bien se pide al gobierno más inversión para la investigación, se observa un claro problema al no asumir una actitud crítica frente a la normatividad de Colciencias. El documento da cuenta de las demandas de Colciencias hacía los investigadores dada la escasa producción de estos y que se expresa en indicadores relacionados con CTI, como son: las bajas cifras de patentes, el escaso número de doctores, y la escasez de publicaciones en revistas indexadas y en otros productos resultados de investigación, pero no se cuestiona ninguna de estas demandas, ni se discute las consecuencias negativas que estas demandas traen para algunas áreas y sus respectivos grupos de investigación al momento de hacer la medición de

grupos. Además, observo una contracción en el documento al hablar del limitado ejercicio para mejorar la difusión social del conocimiento por parte de las IES, y su proyección social e intervención en el entorno, cuando son precisamente las IES como la UdeA que se adhieren a los mecanismos de medición y clasificación de grupos e investigadores propuestos por Colciencias y la forma como se debe visibilizar el conocimiento.

Tercero, se cuestiona en el documento la ética en lo relacionado con la ausencia de una política sobre ética e integridad para el ejercicio de la investigación y en particular en relación con el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero no se incluye la ética con relación a los investigadores y su relación con los participantes y la protección de estos en la investigación.

Internacionalización En cuanto a la internacionalización, primero, se observa una contradicción en el discurso. Se dice que se quiere fortalecer a Colombia como país multilingüe, implementando la estrategia nacional de enseñanza del inglés, y promoviendo estrategias para la formar a profesores y al personal administrativo en el manejo de una segunda lengua; ofrecer materias en una segunda lengua en los diferentes programas, exigir un nivel B1 del sistema del Marco Común Europeo como requisito de grado en el pregrado y el postgrado; y fortalecer los centros de idiomas. Sin embargo, un país no será multilingüe sólo con aprender inglés, ¿Dónde queda la importancia de otras lenguas? ¿Para qué en la UdeA tenemos programas como Multilingua si sólo el inglés será importante? Además, se habla de que existe un bajo nivel de inglés que limita la internacionalización de la educación superior en cuanto a movilidad estudiantil, docente, administrativa, trabajo en redes; investigaciones conjuntas; dobles titulaciones, entre otros. Es claro entonces que para este acuerdo

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Cuarto, en las propuestas expresadas en el documento, ¿Por qué no se tiene en cuenta a las IES para la creación del “Marco de Excelencia para la Investigación en la Educación Superior a 2034?” Se dice que las métricas para evaluar el impacto de la actividad de los grupos de investigación de las IES serán responsabilidad conjunta de Colciencias, el CNA, Conaces y el Viceministerio de Educación Superior, VES, pero no se tiene en cuenta a las IES mismas. Además, se propone la expedición de las regulaciones necesarias, para el mejoramiento de las condiciones laborales, incentivos y la carrera de los investigadores en las diferentes categorías (senior, asociados y junior); y promover la construcción y aplicación de un código de ética para los investigadores en aspectos como el respeto por todas las formas de vida, la protección y sostenibilidad ambiental, el cuidado y la preservación del patrimonio cultural y artístico de la nación, y que estos sean elaborados por el MEN en coordinación con el Ministerio del Trabajo, dejando de lado la contribución que pueden hacer las IES en este sentido.

sólo el inglés cuenta y que por tanto sólo los profesores y estudiantes podrán movilizarse a países donde se hable el inglés. ¿Qué pasa entonces con otras lenguas? ¿Hay movilidad sólo para países donde se habla el inglés? El acuerdo limita entonces la internacionalización a países de habla inglesa. En ese mismo sentido me pregunto, ¿Qué significa el “facilitar el reconocimiento de los créditos académicos, en asignaturas en universidades extranjeras, ofrecidas en una lengua diferente al español”? ¿Significa esto que sólo el Inglés será tenido en cuenta por lo expresado en el punto anterior y que otras lenguas no se reconocerán/homologarán?

Segundo, se observa un discurso en pro de la competitividad económica y no de formación en valores y entendimiento de otras culturas y sociedades más justas por ejemplo. El acuerdo señala que en el país existen “algunas estrategias lideradas por entidades del Gobierno Nacional que buscan fomentar la internacionalización de la educación superior, pero no se identifica una política nacional al respecto que contribuya con los objetivos establecidos en la política general de la educación superior articulada con los intereses estratégicos nacionales y atendiendo los necesarios énfasis regionales”. Es claro entonces que los intereses nacionales apuntan a la competitividad del país con otros países y a educar individuos productivos capaces de competir en un mundo globalizado, pero no se incluye la formación en valores y de individuos críticos para la construcción de una sociedad más justa y democrática.

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Tercero, el acuerdo propone analizar la posibilidad de establecer sedes de las IES colombianas en el extranjero y fomentar esta estrategia. Yo me pregunto: ¿No serán para esto mejor los convenios entre universidades y programas nacionales y del extranjero? Además, ¿es pertinente pensar en esto cuando se tienen tantos problemas económicos en el campus actual y cuando los programas en las sedes de las regiones adolecen de recursos de toda índole?

El Acuerdo por lo Superior 2034: Sobre Inclusión y

articulación de la educación media y superior Rafael Darío Aguilar Aguilar Representante Profesoral Instituto Universitario de Educación Física, IUEF

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Sin embargo, resulta inútil entrar a discutir objetivos básicos y elementales como sería consolidar una educación superior incluyente y flexible, con altos estándares de calidad, fundamentada en un sistema nacional y regional, articulado a su vez con el de educación básica y media técnica y tecnológica.

Tampoco pretende solucionar el déficit de las universidades públicas o responder las demandas de las comunidades indígenas y afrocolombianas sobre instituciones dentro del sistema que respeten la diversidad étnica del país. Solo para mencionar una pequeña parte de los silencios del documento.

Además las cifras presentadas en el Acuerdo son engañosas al comparar los arquetipos educativos como el Alemán y el Colombiano en cuanto a la proporción de oportunidades educativas entre la educación universitaria y la técnico-tecnológicalaboral es inversa a la existente en nuestro medio: 61,4% y 32,7%, respectivamen-

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l acuerdo de entrada es claramente sesgado y desligado de un verdadero trabajo y producto colectivo, a pesar de la caprichosa y excedida introducción que hace la ex-ministra Campo de haber logrado una participación consensuada y unánime que albergue las ideas de todos los actores que interactúan en el sistema de educación, lo cual no es verdad. Con relación a la propuesta de la MANE, en todos los puntos hay una suprema diferencia y entra en contradicción con lo acordado por el CESU para el 2034. Esta no está en busca solucionar la deuda histórica educativa básica y superior con las comunidades marginadas de la educación y el respeto por la diferencia étnica. Además la naturaleza del CESU no brinda las garantías necesarias para pensar en una verdadera política pública en materia educativa, ya que los representantes directos son una minoría y sus opiniones tienen un escaso impacto en la toma de decisiones.

te. En cuanto a la cobertura y tipos de educación, el escenario de referencia para el CESU analiza la baja matrícula en los sectores de la población de menores ingresos, 8,5% en 2008, la cual se incrementa hasta llegar al 88% a mayores ingresos. A través del SENA en pocas palabras, decidieron incluir a los “pobres” en la educación terciaria sin utilizar demasiados recursos financieros. El incremento de la matrícula en el SENA desde el 2004 al 2013 asciende a 373.097 cupos nuevos.

Los 10 grandes ejes temáticos que en el seno del CESU se acordaron y que se presentaron como una propuesta estructurada y vertebral del llamado Mapa Estratégico consta de los siguientes puntos: 1. Educación inclusiva; 2. Calidad y pertinencia; 3. Investigación; 4. Regionalización; 5. Articulación educación media y educación superior; 6. Comunidad universitaria y bienestar; 7. Nuevas modalidades educativas; 8. Internacionalización; 9. Estructura y gobernanza del sistema; y 10. Sostenibilidad financiera.

Educación inclusiva

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Lo que es cierto, es que estos puntos están en un nivel de simple esbozo y no ofrecen grandes argumentos que se puedan defender y tampoco sirven de apoyo, el documento es acrítico y carece de una profunda reflexión, es una cortina de humo por la superficialidad que maneja y no busca resolver verdaderamente los problemas y errores del sistema de educación nacional actual.

En lo nacional y lo regional el articulado brinda pocos elementos para intervenir la realidad educativa del país. En su análisis sobre el servicio de educación universitario en la zona rural es tímido y no presenta soluciones de fondo para avanzar en las demandas que las comunidades indígenas, afrodescendientes, personas desplazadas por la violencia, reinsertados y otros, allí, no se vislumbran realmente como superar las deudas del pasado y presente, con el fin de asumir y atender esta diversidad cultural a través de inclusión educativa.

Sobre la educación inclusiva, la preocupación que se nota en el articulado del Acuerdo por lo Superior 2034 se queda solo en cifras comparativas con los países desarrollados, la ampliación de cobertura está sujeta a los baremos internacionales europeos. En este esfuerzo lo que se evidencia es el deseo de legitimar el impacto conseguido hasta ahora a nivel nacional en cuanto a lo educativo, en cifras, que rondan por el 45,5% en la matrícula en instituciones universitarias (Educación superior) y el resto, cercano al 15% de matrículas en instituciones técnicas y tecnológicas –Instituciones Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, IETDH–, esto abarcaría aproximadamente el 60% de la población que egresa de secundaria en el país cada año. Esto es producto de la revisión del CINE-2011 para clasificar el nivel de impacto a nivel internacional sobre la atención en educación superior.

La educación terciaria para Colombia no es la misma que se propone para países desarrollados de Europa. Esta tiene un matiz de exclusión y segregación (descarte), pues la opción para los que no pueden ingresar a la universidad es debido a falta de recursos económicos (élites), por condiciones estructurales, y no por falta de capacidades y talento.

El escaso diagnóstico sobre la formación, impide que la motivación y el interés no se originen en la población competente. Los efectos de la privatización de la educación que sirve a una élite, impide el acceso a los jóvenes de escasos recursos a una educación superior, pues se escudan en la autofinanciación, en la financiación familiar, en los créditos tipo ICETEX y apoyos de entidades crediticias y a la política de retribución (egresados). La gratuidad es la tabla de salvación que acoge estas poblaciones en edad de estudiar e intentan saldar esta insolvencia, brindando programas de educación –IETDH– técnicos, tecnológicos para el trabajo y el desarrollo humano.

La sociedad colombiana necesita programas pertinentes de acuerdo a las características de las regiones y cabeceras municipales con programas técnicos, tecnológicos que atiendan los intereses educativos y formativos en campos del conocimiento y para el desempeño en artes y oficios. La financiación es el talón de Aquiles en toda propuesta educativa, la baja inversión y la poca fundamentación académica y científica, son presupuestos muy bajos para alcanzar las metas de inclusión educativa para atender la población con necesidades de formación técnica y tecnológica. El SENA en la actualidad sirve para esconder la pobreza educativa y ampararse, a pesar del manto de duda que dejan con esta estrategia educativa para el trabajo y el desarrollo humano, sin emplear grandes recursos financieros.

El modelo de cobertura está sujeto a dos principios esenciales, por un lado la equidad del sistema y la competitividad de la economía colombiana. En lo concerniente al primero, se afirma que para estructurar el sistema se debe lograr una educación inclusiva, basada en el acceso, la permanencia y la graduación. Pero más adelante precisa que tal inclusión está sujeta exclusivamente al mejoramiento de la competitividad económica.

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Las palabras acceso, permanencia y graduación ostentan o adquieren un estrato, un rasgo de clase, en concordancia con la distancia geográfica, el desarrollo vial e infraestructura, instituciones educativas de 1º , 2º y 3º nivel. A estos factores se agregan otros que generan la inequidad como son las de tipo cultural, étnicas, desmovilización y desplazados por la violencia. La cobertura para estas poblaciones tienen dificultades para poder acceder al servicio educativo, así, en estas circunstancias son más las dificultades del estado e impedimentos para que pueda acoger a quien busca la formación y a los pocos que acceden o ingresan al sistema a un programa formativo le brinda una atención muy mediocre.

La retórica sobre política social ha insistido en que los principios de eficiencia e igualdad no son compatibles obligatoriamente, teniendo en cuando ciertas concepciones que no incentivan el aporte productivo de los agentes o cuando la mayor eficiencia en las economías está vinculada al mérito y la responsabilidad individual de los agentes, lo cual implica, entonces, la generación de resultados desiguales.

En este sentido el “acuerdo” intenta conciliar ambos principios, y en tal definición en cuanto a la concepción de igualdad se intuye cual es el tipo de “sociedad justa”.

En la relación entre justicia e igualdad, estas concepciones notables, donde una de ellas defiende la igualdad de oportunidades y la otra, la igualdad de posiciones. Por lo tanto el sistema debe garantizar que todos los individuos tengan la misma posibilidad de ocupar las posiciones atendiendo a los principios jerárquicos y del mérito. Por lo tanto, se debe asegurar una “competencia equitativa”.

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Sin embargo, la política social no se compromete con la eliminación de todas las “brechas” existentes. En lo relacionado con la educación superior, es prioritario que se garantice a todos los estudiantes la posibilidad de acceder, permanecer y graduarse en el programa que escoja libremente y con la información adecuada y suficiente.

La igualdad de oportunidades se concibe en el acuerdo como la mejor alternativa para conciliar los principios de eficiencia e igualdad, enmarcados en criterios de mérito y responsabilidad individual, donde las desigualdades producidas en el marco de la competencia entre individuos son aducidas como legítimas y provocan el rendimiento.

En el acuerdo existe el interés por conciliar los objetivos de igualdad, eficiencia y competitividad y da por admitida una estructura educativa segmentada y jerárquica, abanderada en necesidades de ampliación de cobertura y en convenio de un sistema de educación superior que obedece a los imperativos del modelo de desarrollo dominante.

Articulación educación media y educación superior La estructura del quinto componente del sistema, denominado “Articulación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano está enfocado hacia un sistema de educación terciaria”. Allí se definen al menos cinco posibilidades segmentadas de formación, dentro de las cuales cuatro requieren de un mayor impulso del gobierno a fin de ajustar el sistema de educación superior a las necesidades productivas y de competitividad de Colombia.

El sistema presentado en el acuerdo presenta dichas posibilidades y señala los cuatro segmentos que resultan prioritarios en términos de la ampliación de la cobertura, todos vinculados a la “educación para el trabajo y el desarrollo humano”. Por lo tanto los cuatros segmentos prioritarios, al adquirir un mayor dinamismo, llegando

a constituirse entre el 60% y el 65% del total de la matrícula en educación superior en el año 2034, según el CESU. La educación terciaria será la articuladora del sistema al 2034 en la cual no se contará con una verdadera igualdad y se legitimará la desigualdad producto de las oportunidades según la oferta y la demanda, en la cual los de menos poder adquisitivo estarán marginados de lograr el acceso a la educación superior y las brechas entre pobres, afrodescendientes, indígenas, campesinos, desplazados no tendrán punto de encuentro, la educación entonces será segmentada y jerarquizada y no existirá ninguna relación entre educación terciaria y educación universitaria. Por lo tanto la propuesta de un sistema de educación es inexistente. Los marginados estarán condenados, entonces, a ocupar los segmentos inferiores de la jerarquía del sistema. La desigualdad seguirá persistiendo.

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Sobre Investigación (Ciencia, Tecnología e Innovación) e internacionalización

Diana Margarita Márquez Fernández Representante profesoral Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias

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n Colombia las instituciones con capacidad de investigación científica como las universitarias y no universitarias (Ej: institutos de investigación básica, laboratorios estatales y las organizaciones de investigación y tecnología), y el SENA que financian proyectos de ID relacionados con la capacitación y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) han tenido muy poco impacto en la sociedad por varias razones. La primera, es la falta de articulación entre el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Tampoco existe una política de investigación clara que permita destinar mayores recursos para la investigación y estimular a los investigadores. Como resultado, se ha observado una baja difusión de los resultados de investigación, poca pertinencia social de los proyectos de investigación y bajo impacto en los sectores productivos. Además, tampoco hay incentivos para articular los grupos de investigación de las diferentes Instituciones de Educación Superior.

Se pretende “establecer y financiar una infraestructura de laboratorios estatales y centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, lo cual podría disminuir las posibilidades de financiación de proyectos de los grupos de investigación de las universidades debido al aumento de la competencia. También se pretende “el mejoramiento de las condiciones laborales, los incentivos y la carrera de los investigadores en las diferentes categorías”. Esto preocupa debido a que se le daría un trato preferencial a los investigadores que se encuentren clasificados en la mayor categoría, los cuales son los que normalmente tienen mayor producción y con más posibilidades de obtener puntos salariales por la misma, lo cual conllevaría a mejorar su sueldo. Caso contrario ocurriría con los profesores investigadores de menor experiencia, generalmente los más jóvenes, ya que cuando ingresan a la universidad entran con un bajo salario de enganche, y que además, para ingresar al escalafón deben cumplir un tiempo y una experiencia

en las universidades públicas y sería injusto que para lograr un salario digno tuviera también que depender de su categoría de investigador. De otro lado, existe poco estímulo para participar en la docencia, eje misional esencial para la formación de los estudiantes, razón de ser de la universidad.

El aporte del Acuerdo 2034 es que estimula el sistema de investigación con el fin de garantizar su financiación, independiente del momento político y económico que viva el país; promueve la exención tributaria a equipos, reactivos e insumos destinados a la investigación; y propone aumentar el PIB al 1% en el mediano plazo y luego del 2% en el 2034 y la apropiación social del conocimiento, el cual hasta la fecha aún no se ha logrado.

Internacionalización La internacionalización de la educación superior es una consecuencia del proceso de globalización y podría articular los actores nacionales, regionales y mundiales para preparar estudiantes, inclusive con programas que no están en su país de origen y brinda oportunidades para la capacitación y formación del profesorado a través de la movilidad, además, disminuye el riesgo de “endogamia” académica. También permite la participación en redes internacionales para llevar a cabo investigaciones y permite beneficiarse de la experiencia y de las perspectivas de los investigadores de otras regiones del mundo.

Se debería fomentar políticas claras y coherentes con nuestra realidad para mejorar el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, no todas las áreas requieren como segunda lengua el idioma inglés, ni todos los estudiantes y profesores tienen las mismas habilidades para aprender una segunda lengua ni se interesan por ello.

Por otra parte, el número de estudiantes extranjeros en el programa de intercambio de cada Institución depende de la capacidad expresada como el número de cupos destinados a ello por semestre académico, en los respectivos programas.

El acuerdo propone que el sector privado podría financiar parcialmente las estadías en el extranjero, sin embargo preocupa el hecho de que no es claro a cambio de que haría ese aporte. Lo deseable es que sea a cambio de recibir un beneficio tributario

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Sin embargo, no existen políticas relacionadas con la internacionalización en las Instituciones de Educación Superior, y hay una baja cooperación y articulación entre las mismas, especialmente para armonizar las estructuras curriculares sumadas al bajo nivel de inglés. También se carece de fondos para apoyar y facilitar la realización de estancias de investigación o de capacitación de los profesores en universidades extranjeras, incrementar los intercambios de estudiantes y facilitar la homologación de títulos y programas académicos. Por otra parte, los convenios entre IES son escasos y muy burocráticos y sería muy costoso y poco práctico tener sedes de las IES colombianas en el extranjero.

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y no una contraprestación por parte de los estudiantes o investigadores. En el tema de facilitar el visado para que los connacionales puedan realizar pasantía y demás, es una política que se deberá gestionar exclusivamente el gobierno nacional, aunque la ausencia de esta política no ha sido un impedimento para realizar intercambios o movilidad entre Colombia y otros países del mundo.

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Gobernanza y gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior Marco Antonio Vélez Vélez Representante profesoral Consejo Académico, UdeA

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Sobre el tema de la democracia universitaria no hay siquiera una mención, pareciera que para el documento que pretende trazar las pautas de la educación superior a 20 años, este fuera un asunto vedado, impronunciable. No se entiende cómo desde instancias gubernamentales que busca una senda de avances en la educación superior, el asunto de la democracia en el gobierno de las IES no merezca atención. El distractor argumentativo es el plantear que lo democrático abre la universidad a la politización, como si de hecho la actual conformación de gobierno no fuera precisamente, el caldo de cultivo no de la política en su acepción noble, sino el de la más rampante politiquería. El de los acuerdos entre poderes fácticos extrauniversita-

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l Acuerdo sobre lo Superior dedica escasamente dos páginas a un tema álgido para el sistema de educación superior colombiano, me refiero al asunto del gobierno universitario, designado en el documento como la gobernanza de las IES. Sabemos que la Ley 30 de 1992 define los parámetros normativos de dicho gobierno al regular la conformación de los Consejos Superiores Universitarios. Allí se asigna una representación mayoritaria a estamentos que podremos denominar extrauniversitarios, el representante de la Presidencia, el del Ministerio, así el Gobierno nacional se arroga dos representantes; la representación de la administración departamental en cabeza del gobernador; la representación del sector productivo, por lo general un miembro de los gremios de la producción, pero, por ejemplo, no se da cabida a un miembro del sindicalismo o de las centrales obreras; un representante de los exrectores; uno de los decanos del consejo académico, un representante de los profesores y uno de los estudiantes. En este caso los trabajadores y los empleados, por ejemplo, tampoco tienen representación. Como se ve, en dicha forma de representación priman intereses extra-académicos por sobre aquellos que garantizan un predominio de una visión académica y de la comunidad universitaria, como debería ser, para dar paso a una verdadera democracia universitaria.

rios. La democracia universitaria es un viejo anhelo y reivindicación del movimiento universitario, desde las luchas del Programa Mínimo de 1971, en el cual se buscó avanzar en las conquistas democráticas, sin lograr concretar verdaderos espacios democráticos de decisión.

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La democratización es una tarea pendiente del movimiento universitario, el más reciente movimiento estudiantil de gran calado, articulado en torno a la MANE –Mesa Amplia Nacional estudiantil–, reabrió el debate sobre la democracia universitaria y planteó exigencias en cuanto a la co-gobernabilidad de las IES, la propuesta puede ser discutible, lo que no está en duda es la necesidad de ampliar los espacios de participación y decisión en las IES y en las universidades públicas. Ello puede implicar necesariamente, la reforma, la ampliación de la representación de los estamentos universitarios en los consejos superiores. Que tanto la representación profesoral como la estudiantil tengan más miembros, que los trabajadores y empleados tengan sus representantes, que la sociedad civil organizada pueda hacer presencia en cuanto representación social ampliada. Pues, la sociedad no está encarnada solo en las llamadas “fuerzas vivas” o en los denominados coloquialmente “cacaos” (grandes intereses de los sectores productivos).

El Acuerdo sobre lo Superior se queda corto en el diagnóstico y en las propuestas para la gobernabilidad. Se concentra en temas como la equidad regional que no podemos desconocer y en efecto, las IES deben ser factores de equidad entre regiones y sub-regiones. Plantea el Acuerdo, en los llamados “puntos nodales”, en el apartado 8 un asunto polémico, el reconocer que no hay instrumentos para la inspección y vigilancia de la educación superior. Sin plantearse siquiera el reconocimiento de la autonomía universitaria, principio constitucional de vigencia para las universidades.

Si sacamos conclusiones sobre medidas recientes del Ministerio de Educación, es el caso de la Ley 1740 de 2014, definida como de Inspección y Vigilancia de las IES, vemos como este nudo fue resulto por un camino que abre el espacio para interferir sobre la autonomía universitaria. Las facultades de inspección y vigilancia le permiten al Ministerio, incluso relevar el equipo de administración de las universidades si se cree que haya malos manejos administrativos. La ley fue formulada en principio para controlar a las denominadas “universidades de garaje”, es decir a aquellas universidades privadas que se desvían de sus funciones misionales, sin embargo, queda abierta la puerta para interferir en la autonomía de las universidades públicas cuando se presuman malos manejos. Aquí, subyace una amenaza que deberá ser enfrentada por el movimiento universitario en perspectiva de conservar un ejercicio responsable de la autonomía universitaria.

Es de anotar que el ejercicio de lo democrático en la universidad pública debe extenderse a todas las instancias de gobierno universitario, decanaturas y direcciones de Escuelas e Institutos. En la Universidad de Antioquia, la lucha se ha concretado

en la necesidad de modificar el acuerdo que regula las consultas universitarias, para designar autoridades administrativas, consulta no vinculante e interpretable discrecionalmente por el CSU. Hacer de dicha consulta un tema vinculante en la designación de autoridades administrativas, afianzaría el avance de lo democrático en la universidad. Lo demás es propiciar espacios de deliberación y de participación de la comunidad universitaria en los asuntos que nos afectan a todos.

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Sobre financiación de la educación superior

Marco Antonio Vélez Vélez Representante profesoral Consejo Académico

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n el ítem de financiación el Acuerdo sobre lo Superior, dice poco y lo que dice no aporta luces sobre el cómo de la financiación de las universidades públicas y en general de las IES. Sabemos por cifras establecidas por el movimiento universitario que el Estado colombiano le adeuda a las universidades públicas una cifra cercana a los doce billones de pesos, producto de la ampliación de cobertura, las necesidades de infraestructura material y tecnológica, los recursos necesarios para la investigación, la urgente ampliación de la panta profesoral y en general los rubros que cubrirían la canasta educativa de la educación superior pública. Esta deuda no entra en los cálculos del Estado cuando de financiación se habla. De hecho el crecimiento del presupuesto de las universidades públicas sigue atado al criterio del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que enuncia un crecimiento de los recursos para las universidades públicas basado en el crecimiento y reajuste según el índice de precios al consumidor.

El modelo neoliberal desarrollado puso como referente de financiación el denominado subsidio a la demanda. Las becas vía ICETEX y los créditos condonables son la expresión de esta forma de financiación que recae sobre el agente de la demanda y no sobre la oferta estatal de recursos y dineros frescos. Este modelo hizo crisis en Chile, país en el cual el movimiento universitario y estudiantil mostró como contribuyó al sobrendeudamiento de los estudiantes prestatarios, cuya carrera profesional quedó hipotecada por los créditos a pagar. Nada distinto promueve el 2034 como esquema de financiación de la educación superior pública. Se habla de créditos del ICETEX como modelo. De hecho recientemente, la política de créditos condonables impulsada por la Ministra de Educación Gina Parody, va en la vía, con el programa “ser pilo paga”, de endeudar en el sistema financiero a los estudiantes de escasos recursos. El señuelo es un crédito en una universidad de prestigio. Los optantes, seleccionados por sus altos puntajes en las pruebas saber, accedieron en un 80% a universidades privadas, llevándose así a cabo una masiva transferencia de recursos públicos al ámbito de la educación superior privada, consumando el anhelo neoliberal del presidente Santos.

El 2034 parece comprometer al Estado en la financiación al hacer alusión a recursos de regalías para investigación e innovación. Pero sabemos que por un lado, los recursos de regalías están afectados por la caída de los ingresos petroleros y por el otro, en su uso politiquero por los gobernadores se han invertido, no en investigación, y sí en infraestructura y otros ítems que desvían su propósito inicial. Se enuncia que “el Estado puede compensar gastos derivados de incentivos” como por ejemplo, los incentivos por la productividad de los docentes. Esta sería una medida importante si el Estado efectivamente asumiera estos costos por productividad, que por lo general cubren las universidades públicas con sus propios recursos. A su vez hay que desmontar el mito que esta es la fuente de la crisis de financiación de las universidades. El 1279 debe ser mejorado en estímulos a la docencia y la extensión como se ha concluido a partir de los informes de los profesores Fernando Tobón y Remberto Renals de la Facultad de Ciencias Económicas y no plantear unilateralmente que hay sobre-estímulos en el caso particular de la productividad académica y que de allí emergería la crisis de financiación de las universidades.

En general, pues, el documento 2034 deja más vacíos que soluciones en el tema de la financiación a futuro de la educación superior. No resuelve el asunto de la deuda del Estado con las universidades públicas y con la educación superior pública. Quizá mucha alharaca con un documento que deja más preguntas que respuestas, más interrogantes que expectativas resueltas en cuanto a la financiación. Las universidades cada vez más recurren a fondos propios para enfrentar su crecimiento y necesidades, casi el 50% de sus dineros producto de la extensión y venta de servicios cubren los fondos que las financian; es decir, la autofinanciación es el pan cotidiano de ellas. Cuando se trata de la infraestructura el Estado aporta los dineros de estampilla para cubrir las deficiencias y deterioros de instalaciones, como es el caso de la Universidad Nacional. Es un panorama gris y con nubarrones el que se avizora para las universidades públicas en los próximos veinte años.

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El documento enuncia generalidades como la de aumentar recursos según orden de complejidad de las universidades, para docencia y administración, pero estos recursos no se cuantifican. Habría, igualmente, recursos variables para cobertura y calidad, según indicadores de gestión, aquí entran a campear modelos eficientistas de gestión de la calidad, asociada solo a indicadores de gestión. Una medida que si se implementa aparece como positiva, es la de la definición de una canasta educativa. Ya el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la proponía en su momento como modelo de asignación de nuevos recursos para las universidades públicas. La canasta educativa no se confunde con el IPC como criterio de indexación.

Financiación de la Educación Superior, en el marco del Acuerdo por lo Superior 2034* Jorge Aristizábal Ossa Profesor Facultad de Ingeniería Secretario de Asoprudea * Ponencia presentada en un encuentro académico celebrado en la Universidad del Tolima, Ibagué, noviembre de 2014.

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E

l 4 de agosto de este año fue presentado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, el documento “Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”1, que fue producido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Sintetiza este documento, en dos de sus seis capítulos, los diez temas fundamentales de la educación postsecundaria en Colombia donde se describen los problemas nodales (capítulo 4) de cada ítem y los 136 lineamientos o propuestas de solución (capítulo 5), de cada uno de dichos problemas. El tema décimo, “La sostenibilidad financiera” es a mi manera de ver el principal de todos pues sin financiación adecuada no se podrán alcanzar las metas programadas de cobertura, calidad, internacionalización, investigación, regionalización, etc. Por ello y en vista del tiempo disponible esta ponencia solo se ocupa del tema financiero.

Resulta claro para cualquier estudioso del tema universitario que la problemática financiera de las universidades públicas se inicia con la expedición de la Ley 30 de 19922. Esta ley promovió el ingreso del sector privado a la educación superior, congeló el presupuesto de las universidades públicas a lo recibido en el año 1993 y de ahí en adelante solo se incrementarían en el IPC para mantener el poder adquisitivo (Artículo 86), estableció unos ínfimos recursos adicionales que no pasarían de un tercio del crecimiento del PIB anual de la Nación (Artículo 87), y estimuló el crédito educativo para fortalecer la educación privada dando origen a la creación de numerosas instituciones universitarias privadas “sin ánimo de lucro”, más conocidas como “universidades de garaje”.

Esta ley se enmarcaba en el programa de “Apertura educativa”3 que paralelo a la apertura económica se expidió en 1992 estableciendo que de esa fecha en adelante los recursos de las universidades estatales deberían cumplir las metas de provenir en un tercio de la Nación (el aporte estatal en ese año estaba entre el 80 y el 90%, según la institución), un tercio por el cobro de matrículas y el otro tercio por los recursos propios. Hoy encontramos que el promedio nacional de las 32 universidades públicas muestra que reciben de la Nación el 48% de todos sus recursos financieros (ya se sobrepasó el tercio) y el 52% restante proviene principalmente de la venta de servicios (las universidades más destacadas) o del cobro de matrículas (las más pobres).

Durante las siguientes dos décadas a partir de la expedición de la Ley 30/92 han sido muchos los estudios y recomendaciones de diferentes entidades nacionales y extranjeras que han tratado el tema de la financiación de la educación superior entre las que destacamos los siguientes: En el año 1995 se publica “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia”4, estudio del Banco Mundial que entre otros puntos proponía la diversificación del financiamiento, el establecer incentivos para el desempeño (principalmente el aumento de cobertura), un mayor financiamiento privado y el apoyo financiero a estudiantes necesitados (crédito educativo).

En “Elementos para una política de educación superior”6 publicado por el Icfes en el 2002, se priorizaban los indicadores de gestión, se llamaba a acortar los tiempos de las carreras, el uso de nuevas tecnologías y a revisar las formas del trabajo académico apoyando la flexibilización laboral en las universidades públicas ya iniciado con los Decretos 1444 y 1279, de régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios.

Con la “Revolución educativa”7 del primer gobierno de Uribe Vélez en 2003, se eliminan los tres niveles de preescolar, se fusionan los colegios y las escuelas y se obliga a las universidades estatales a abrir 400.000 nuevos cupos sin aumento de recursos. Además fomentaban los convenios de desempeño, la formación por competencias y la introducción de los ciclos propedéuticos.

En el 2005 se aprueba en el Congreso colombiano (el Congreso de los EU lo haría en 2012) el TLC entre Colombia y los Estados Unidos8 que en el capítulo de venta de servicios, en los modos del servicio acordó el comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero y la presencia comercial. Todo ello en el marco del trato nacional.

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La “Misión nacional para la modernización de la Universidad Pública”5, de 1998 conceptuó que había una dependencia excesiva del presupuesto nacional, una incapacidad institucional para generar recursos adicionales y una ineficiencia en el gasto.

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En el año 2011, el presidente Juan Manuel Santos presenta su proyecto de reforma total de la Ley 30 de 19929, que a grandes rasgos establecía: continuar con el congelamiento de la financiación con cero incrementos reales y exiguos recursos adicionales; nuevos estímulos al crédito educativo; el favorecimiento a la educación privada estableciendo las universidades con ánimo de lucro y las entidades público – privadas; establecía recursos estatales a universidades privadas a través del Icetex, el Findeter, el Fodesep y el Fondo Nacional de Garantías FNG; mantenía la estructura antidemocrática de gobierno; promovía la internacionalización para dar cumplimiento al TLC con el suministro transfronterizo mediante la educación virtual y a distancia, el consumo en el extranjero para promover la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes a los EU, la presencia comercial para garantizar la presencia en Colombia de las universidades e instituciones de EU privadas; garantizaba el principio del trato nacional para que no existiera ninguna diferencia entre las universidades extranjeras y las colombianas, incluyendo obviamente la financiación estatal; establecía un exagerado control y supervisión; y promovía un elevado crecimiento de la burocracia.

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Ante tamaña amenaza a la universidad pública, el estudiantado colombiano respondió con la más importante movilización estudiantil de los últimos años y en un proceso de discusión, organización, movilización y denuncia logró que el gobierno retirara del Congreso el citado proyecto.

Sin ninguna solución a la crisis financiera de las universidades en diciembre de 2012 el Sistema de Universidades Estatales SUE, publicó el estudio “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales”10. El estudio fue realizado por una Comisión de los Vicerrectores Administrativos y Financieros de estas universidades (Tecnológica de Pereira, Nacional, Antioquia, Valle, Caldas, Magdalena, Industrial de Santander y Cauca), recogiendo la información histórica, desde 1993 a 2011, de 28 de las 32 universidades estatales existentes.

El estudio consta de dos fases. La Fase I analiza el impacto económico de diferentes leyes, normas, decretos y sentencias de las Cortes producidas en dicho período en materia de contratación laboral que creaban nuevas obligaciones a las universidades sin un aporte de la Nación para el cumplimiento de esas normas. Esta parte cubría el período entre los años 1993 y 2009. Posteriormente se amplió para llegar hasta el 2011.

Resultados del estudio Fase I período 1993 – 2011 Totales por aplicación de cada norma CONCEPTO Puntaje con efecto salarial Puntaje bonificación productividad académica Seguridad social salud Seguridad social pension Sentencia C-006 de 1996 - Docentes ocasionales Sentencia C-401 de 1998 - Supernumerarios administrativos Prestaciones proporcionales x retiro docentes Prestaciones proporcionales x retiro administrativos Aporte patronal en salud períodos de licencia Aporte patronal en pensión períodos de licencia TOTAL (Sin indexación)

VALOR (Millones de $) 337.033 15.013 22.371 105.922 537.900 144.117 30.508 16.696 214 226 1.210.001

Síntesis de la Fase I, en la pág. 32 del citado estudio. Para los detalles se recomienda analizar cada ítem del estudio original.

En 2012 el SUE se compromete con la Ministra de Educación a realizar un estudio más completo que “sirviera de base para la construcción de un modelo que le diera solución al desfinanciamiento estructural en términos de mediano y largo plazo” (Estudio, página 10). Es la Fase II del citado estudio entregado a comienzos de diciembre de 201211.

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La conclusión principal del estudio en la Fase I es que las universidades públicas acumularon un déficit financiero de un billón doscientos diez mil millones de pesos en los 19 años transcurridos desde la expedición de la Ley 30 de 1992 solo por efecto de nuevas normas del orden laboral que debieron cumplir sin el correspondiente aporte del gobierno nacional.

Resultados del estudio Fase II - Tabla Información general de Necesidades

ITEMS

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CONTRATACIÓN DE PERSONAL Docentes Administrativos FORMACIÓN INFRAESTRUCTURA Infraestructura Académica-Administrativa InfraestructuraÁrea No Curricular Adecuación Personal Discapacitado Adecuación Normas Sismo Resistencia RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO (Equipos, Bases de datos y Aulas Audiovisuales) TIC BIENESTAR UNIVERSITARIO Programas de Apoyo Socioeconómico Programas de Salud GASTOS ADMINISTRATIVOS Acreditación y Sistemas de Gestión de la Calidad Seguridad Física, Electrónica e Informática Mantenimiento Infraestructura Física, Tecnológica y de Equipos Servicios Públicos, Aseo, impuestos y Seguros TOTALES (Billones de Pesos)

Cifras en Millones de pesos REALIZADOS ADICIONALES REQUERIDOS POR UNIV. REQUERIDOS 2.030.060 1.364.335 665.724 1.058.894 629.592 429.302 971.166 734.743 236.423 3.302.113 1.206.003 2.096.109 11.424.378 4.193.332 7.231.045 9.485.726 3.882.792 5.602.934 752.84 NA 752.84 490.204 127.174 363.030 695.608 183.366 512.242 391.303

238.251

153.052

446.823 363.815 295.383 68.432 761.138 50.690 294.894

111.855 145.575 89.101 56.475 311.992 14.650 66.646

334.969 218.24 206.282 11.958 449.146 36.040 228.248

245.790

103.879

141.911

169.764 18,72

126.818 7,57

42.946 11,15

Sin entrar en detalles se puede apreciar en la tabla anterior que las necesidades reales de la universidades estatales en estos 19 años requirieron de una inversión no girada de $18.72 billones a lo que las universidades de sus propios recursos aportaron $7.57 billones, generándose un déficit total acumulado a la fecha de $11.15 billones. Con estas cifras se debería alcanzar las metas del 70% del profesorado de planta, el 20% de cátedra y el 10% ocasional y una infraestructura adecuada para que la comunidad universitaria tenga los parámetros mínimos requeridos internacionalmente.

El estudio de la Comisión presentó sus propuestas (páginas 48 a 58); en síntesis hacen unas 15 propuestas, que a continuación enumeraremos y analizaremos: 1. Sistema salarial y prestacional: consideran que los Decretos 144412 y 127913 permiten el crecimiento ilimitado de los salarios de los docentes. Proponen ponerle un tope. Y mientras tanto, hasta que se implemente esta medida, que el presu-

puesto base crezca en un 7% adicional al IPC para cubrir el déficit acumulado de 1.2 billones. Esto es inaceptable y supremamente reaccionario pues quieren disminuir o flexibilizar más aún, los escasos ingresos de los pocos profesores de planta que quedan.

2. Cajas de Compensación: proponen que a las universidades públicas se las exonere de la contribución del 4% para las cajas de compensación. Ya acabaron con casi todo el bienestar universitario y quieren quitarle este derecho, no cumplido por todas ellas, a los empleados, docentes y trabajadores.

3. Entidades territoriales: proponen un nuevo impuesto del 1% de los ingresos tributarios de las entidades territoriales. Más obligaciones para unas entidades con pocos recursos dado el recorte a las transferencias y a las regalías.

Estos tres puntos anteriores son inaceptables para el profesorado. En el primero proponen recortarle derechos a los docentes, en el segundo dejar más desprotegidos aún a los empleados, trabajadores y profesores. En el tercero, para cubrir en parte el déficit acumulado proponen un nuevo impuesto a los entes territoriales que se descargaría sobre toda la población.

Otros puntos, que estaban incluidos en el Proyecto de reforma total de la Ley 30, son:

5. Incrementar los recursos adicionales: de acuerdo al crecimiento del PIB existan recursos adicionales del 30% para crecimiento entre el 0% y el 5%; el 40% del PIB para crecimiento entre 5% y 7.5% y el 50% del PIB para crecimientos mayores. Tal como lo estipulaba el proyecto.

En el análisis de la propuesta de reforma de la Ley 30 se discutió la imperiosa necesidad de acabar con los recursos adicionales que se prestaban para el manejo por parte del MEN y para el lobby de los rectores para conseguirlos. El aporte de la Nación debe ser único y girado directamente a las universidades y no segmentado en presupuesto base y recursos adicionales que maneja el MEN. Otros puntos propuestos por el estudio son los siguientes: 6. Incrementos anuales de la base presupuestal: proponen que siempre sea el mayor de los dos incrementos, el IPC o el incremento en el salario mínimo mensual legal vigente. Para obviar el déficit producido cuando se incrementa con base en uno siendo el otro mayor.

7. El 2% de fomento a la educación superior: este descuento debe ser girado directamente a las universidades y debe aumentar la base presupuestal.

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4. Otras necesidades: para cubrir otras obligaciones proponen el IPC más 3%. 50% directo a la base presupuestal de cada universidad y el otro 50% desglosado según lo invertido por cada universidad. Otro ítem para el lobby.

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8. Doctorados: para cubrir el déficit de doctores proponen crear un Plan Nacional de Formación Doctoral sin definir quién sería el responsable de su financiación, unos $ 2.1 billones.

9. Infraestructura física: proponen unos Proyectos de Construcción concertados entre el MEN y el SUE para responder a las necesidades de planta física, unos $ 5.6 billones.

10. TIC: que el MEN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondan por las necesidades de estas tecnologías, unos $ 335.000 millones.

11. Pasivos y obligaciones laborales: que sean asumidas directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12. Nuevas normas: cuando el Congreso, el Gobierno o las Cortes emitan nuevas normas que crean nuevas obligaciones a las universidades proponen que directamente sean asumidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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13. Exención de impuestos: proponen que las Universidades sean exentas de todo tipo de tasa, impuesto y gravamen de cualquier orden.

14. Canasta educativa: Proponen que un plazo de cinco años, el SUE, el MEN, el MinHacienda, el DANE y Planeación Nacional creen la canasta educativa para ser tenida en cuenta en los presupuestos anuales.

15. Cuota de auditaje: proponen que esta cuota que recibe la Contraloría General de la República por sus labores de control fiscal sean asumidos por el MinHacienda.

Sobre estas diez finales propuestas podemos decir que reflejan la necesidad de que la Nación asuma el financiamiento pleno de estas necesidades. En principios estamos de acuerdo pues mejorarían grandemente las finanzas de la Universidades.

No son fáciles de conseguir. Se requiere la lucha unificada de toda la comunidad universitaria para lograrlos.

A la fecha, noviembre de 2014, el gobierno nacional no ha dado respuesta a estas solicitudes obligando a los rectores del SUE a expedir el 26 de septiembre de este año un comunicado nacional donde se declaran en emergencia ante la inminente incapacidad de pago de los diferentes pasivos a los que están obligadas.

Con el nuevo mandato de Juan Manuel Santos y estrenándose la nueva Ministra de Educación Gina Parody, se expide el documento producido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU “Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”14, que en su diagnóstico, en el tema financiero, plantea

que hay escasez de fondos, unos costos crecientes y la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento. Sobre las fuentes de financiación habla de las dos vertientes de las que se nutren las universidades públicas y son el financiamiento de la oferta por medio de los aportes directos de Nación, la generación de recursos propios, las estampillas pro-Universidad, el sistema general de regalías, los apoyos de Colciencias, los proyectos de fomento del MEN, el impuesto CREE15, y la estampilla ProUniversidad Nacional16. La otra vertiente el financiamiento de la demanda por intermedio del crédito educativo del Icetex, los subsidios de sostenimiento, las líneas de crédito de los entes territoriales, el apoyo o las becas a mejores los bachilleres y/o estudiantes, el apoyo con becas de las cooperativas y las cajas compensación.

Entre los 22 problemas nodales financieros que aquejan al sistema explicitan la financiación no flexible e insuficiente, las cargas tributarias y parafiscales a las Instituciones de Educación Superior, la inequidad en distribución de recursos, los costos crecientes, el que el sistema no permite que todas las IES oficiales reciban recursos públicos, la autofinanciación de las 286 IES con recursos propios en un 47.4% (52% de las 32 universidades públicas), los costos de los servicios personales, los recursos insuficientes de créditos blandos en el Findeter y el Fodesep y que el Icetex no atiende la demanda total.

“Para las IES privadas: 136. Se debe contemplar un nuevo modelo de financiamiento de las IES privadas que contemple la posibilidad de establecer mecanismos que permitan arbitrar recursos en condiciones favorables para sus necesidades de inversión, así: a) El Ministerio de Educación, a través de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER S.A.l., establecerá líneas de fomento de tasa compensada para financiar grandes inversiones de infraestructura física y tecnológica y de dotación. b) El Ministerio de Educación, a través del Fondo Nacional de Garantías y del FODESEP, entre otras, establecerá un fondo de garantías para respaldar los créditos de las IES privadas destinados a inversiones que fortalezcan la calidad de las instituciones. Este fondo se nutrirá con recursos de

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En el capítulo 5, en el tema 10 de “Sostenibilidad financiera del sistema” al presentar las posibles soluciones o lineamientos, propone las nuevas fuentes con destinación específica, los fondos especializados o bolsas concursables, las regalías para investigación e innovación, que el Estado asuma los costos inerciales, la creación de la canasta educativa, que los entes territoriales aporten, la retribución de los egresados o impuesto de egresados, y textualmente en el lineamiento 136, el último:

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las mismas IES privadas y del PGN (Presupuesto General de la Nación). c) Se propone la transformación de FODESEP, para fortalecer su rol actual de financiador de las instituciones públicas y privadas. d) Los programas de fomento, dirigidos desde el Viceministerio de Educación Superior, tendrán líneas específicas para el fortalecimiento de las instituciones privadas”.

Ese último lineamiento propone la cofinanciación directa del Estado a las universidades privadas dando cumplimiento así a lo establecido en el TLC Colombia-Estados Unidos de garantizar la presencia comercial de universidades privadas norteamericanas y el trato nacional.

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En el capítulo 6, “Plan estratégico y prospectivo al 2034: una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo” informa que viene una segunda parte del Acuerdo por lo Superior 2034, superada la fase exploratoria. Se hacen los análisis de los escenarios pesimista, intermedio y de transformación educativa o ideal. Sin entrar en más detalles, dado lo largo del presente escrito, se propone que en el año 2034 en el escenario ideal con una cobertura del 84% de la población joven, el 49% de la matrícula de pregrado y posgrado utilizará el crédito educativo, unos 1.700.000 estudiantes de un total de 3.500.000. Hoy tenemos un total 276.000 créditos estudiantiles, un crecimiento del 1168%. ¡Qué gran negocio para el capital financiero! Nada de gratuidad de la educación.

El problema financiero de las universidades públicas es real y el gobierno nacional en el Acuerdo por lo Superior, con sus propuestas, no quiere resolverlo; es más, lo agudizará de llevarlo a cabo. Pero hay soluciones, entre ellas las propuestas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. En este recinto mucho se ha criticado a la MANE y yo debo salir en su defensa. De la revolución francesa no denigro a pesar de sus desaciertos, errores y desmanes. Rescato el haber derrumbado el sistema feudal con sus monarquías, el haber establecido las repúblicas democráticas burguesas de hoy y sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Del movimiento estudiantil de 1971, que también tuvo muchos errores, rescato sus luchas por la financiación estatal adecuada y oportuna, la autonomía, la democracia y el cogobierno universitario. De la MANE rescato el haber tumbado la más antidemocrática y privatizadora reforma a la educación superior de Juan Manuel Santos, su organización, su nuevo Programa Mínimo17 de seis puntos y sus propuestas de Exposición de Motivos18 y del Proyecto de Articulado19 para una nueva ley de educación superior.

En este propósito el profesorado, a través de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, Fenalprou, y de la Asociación de Profesores de la UdeA, Asoprudea, aportaron sus puntos de vista en los innumerables foros, conferencias, encuentros y otros eventos que se programaron con miras a la elaboración de la nueva ley. Por ello esos puntos los apoyo totalmente.

Propone la MANE como principios, en lo financiero, que el eje central sea la oferta educativa estatal, el manejo autónomo de cada universidad de su presupuesto, el aceptar los costos de la educación crecientes, la no intermediación financiera de los recursos universitarios y no al lucro privado.

Para la nueva base presupuestal de las universidades públicas propone la MANE el tener en cuenta la base presupuestal anterior, incluir el déficit laboral, los gastos recurrentes y la matrícula cero (como parte de la gratuidad). En los planes de inversión propuso la actualización tecnológica cada tres años y de infraestructura física cada cinco años.

Respecto al crédito educativo la MANE propuso que el Icetex sea una entidad sin ánimo de lucro, un establecimiento público y no una entidad financiera, que sus ingresos sean provenientes de la Nación, que los préstamos sean para los pregrados y posgrados de las universidades privadas y para los estudios en el exterior. En cuanto a los créditos también propuso la tasa de interés igual a cero, el eliminar capitalización de los intereses en los préstamos existentes, la suspensión y renegociación de aquellos créditos en cobros jurídicos y la compra, por única vez, de la cartera de sector financiero.

Digo que condena al estancamiento de las universidades públicas pues en el escenario ideal al año 2034 con una cobertura del 84% solo se matricularán 1.365.219 estudiantes en ellas cuando hoy tenemos 1.370.682. Ver parte del Cuadro 3 del Acuerdo por lo Superior 2034, capítulo 620.

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Entrando ya a las conclusiones, el Acuerdo por lo Superior 2034 revive el proyecto de reforma de Juan Manuel Santos del 2011, mantiene congelado el presupuesto de las universidades públicas, favorece a las universidades privadas, masifica el crédito educativo, aumenta la burocracia y el control estatales, desconoce el desfinanciamiento de las universidades, mantiene la estructura antidemocrática de gobierno, niega el derecho y la gratuidad de la educación, no toca la estructura de gobierno, la democracia, la autonomía, las clasificaciones de las instituciones, las categorías docentes, etc., y condena al estancamiento a la universidad pública.

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Cuadro Nro. 3 Escenarios de cobertura 2034 Indicadores

Escenarios (2034)

Linea de Base (2014)

Intermedio

Ideal

50%

70%

84%

3.087.094

3.900.627

Tasa de cobertura bruta educación superior Pregrado Matrícula de pregrado (total)

2.178.444

Matrícula universitaria

1.370.682

1.234.838

1.365.219

807.762

1.852.256

2.535.408

Total de nuevos cupos creados en pregrado

(…)

908.650

1.722.183

Participación de la matrícula universitaria

63%

40%

35%

Participación de la matrícula técnica y tecnológica

37%

60%

65%

Matrícula técnica y tecnológica

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La participación de la matrícula universitaria será del 35% logrando que la matrícula técnica y tecnológica cubra el otro 65% al pasar de 807.762 estudiantes en el 2014 a 2.535.408 en el 2034. Así se llegaría a un total de 3.900.627 estudiantes totales.

El énfasis de la política estatal es la educación técnica y tecnológica, además de la educación para el trabajo y no la educación universitaria. Por ello nos condenan al estancamiento, y, con la asfixia financiera a la que están sometidas las universidades públicas, a posiblemente desaparecer.

Por todo lo anterior la comunidad universitaria debe decir NO al Acuerdo por lo Superior 2034 del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Referencias virtuales (a noviembre 20 de 2014): 1. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-344500.html 2. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85860_archivo_pdf.pdf 3. http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_09docu.pdf 4. http://documentos.bancomundial.org/curated/es/1995/01/5861676/higher-education-lessonsexperience-la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia 5. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103479_archivo_pdf.pdf 6. http://200.116.126.171/portal/images/stories/institucional/normatcolombiana/arc_912.pdf 7. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85576.html 8. http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727 9. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-284552.html 10. http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000810.pdf 11. Ídem

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12. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-103567.html 14. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-344500.html 15. http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/Preguntas_Cree_2014.html 16. http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201697%20DEL%20 20%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 17. http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/programa-minimo-del-movimiento.html 18. http://manecolombia.blogspot.com/2012/07/propuesta-de-exposicion-de-motivos-de_5687.html 19. http://manecolombia.blogspot.com/2013/01/articulado-de-ley-de-educacion-superior_20.html 20. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-344500.html

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13. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86434.html