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Senado aprueba el Presupuesto General de la Nación
2 VIENE DE LA PÁGINA 4
Distrito Nacional. Dicha parcela fue registrada en el año 1969 bajo el título número 697138, con una extensión de 15 hectáreas, 42 áreas y 18.8 centiáreas, a nombre del señor Eduardo Dinzey Mason.
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Tras la venta en 1981 de dos porciones de terrenos, uno de 1,200 metros cuadrados y otro de 800 metros cuadrados, a dos señoras, Dinzey Mason cedió, en el año 1986, un total de 154,218 metros cuadrados a favor del Complejo Turístico y Canófilo S.A. Ese mismo año, en el mes de septiembre, en República Dominicana se realizaba la carrera inaugural de galgos en el Canódromo el Coco, según refieren reportes periodísticos y publicidad de la época.
Atracción diaria
Las carreras, que se promocionaban como una atracción diaria que permitía apuestas, era un proyecto patrocinado por el sector privado, con inversión superior a los 20 millones de pesos y de capital norteamericano.
Ya en 1993, los 154,218 metros de la parcela fueron adjudicados, por un monto de RD$4,632,770 a la empresa Bolívar 46. S.A, representada por la señora Miriam Astudillo. Ese mismo año, Bolívar 46 S.A. cedió, mediante aporte en naturaleza, sus derechos sobre los terrenos a LALA S.A.
Dos años después, en 1995, sale el último certificado que tiene el Registro de Títulos, en el que LALA S.A., pasa al Banco Central sus derechos.
El documento establece que, “en virtud de la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 8 de septiembre de 1995, inscrita en el registro de títulos del Distrito Nacional el 12 de septiembre de 1995, bajo el número 820, folio 205, del libro de inscripciones de actos traslativos de propiedad inmobiliaria, como ventas, permutas, etc, número 139, se hace constar que los derechos registrados a favor de LALA S.A., dentro de la parcela 102-B, del Distrito Catastral #4 del Distrito Nacional, ascendente a 154,218 metros cuadrados, han quedado transferidos a favor del Banco Central de la República Dominicana, en cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la referida resolución”.
Fnancieras quebradas
El traspaso de esas tierras al Estado se hizo como parte de los bienes recibidos de la entidad Financiera Hipotecas y Pagarés, C. por A., en proceso de liquidación y representada por la Superintendencia de Bancos, mediante contrato de compraventa de fecha 18 de marzo de 1994.
Esta última información la ofreció el Banco Central, que indica que motivó la recepción de ese y otros bienes por decisión de la Junta Monetaria “como contrapartida de los pagos realizados por el Banco Central a los depositantes de las financieras quebradas en la década de los años 1980”.
Aunque el título está a nombre del Banco, en 1997 el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emitió el Decreto 402-97 con el que declaró de “utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado dominicano de una porción de terreno con área de 154,218 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 102B, del Distrito Catastral No. 4, del Distrito Nacional y sus mejoras, consistentes en las instalaciones del Complejo Canófilo, conocido como el Canódromo”. Luego, en 2006, Fernández vuelve a emitir otro decreto, el 461-06, con el que deroga el 40297, sin detallar razones.
Para ese momento, el Banco Central libraba una batalla legal en tribunales para mantener la propiedad de esas tierras que eran reclamadas por LALA S.A. Cuestionado sobre las razones para poner la parcela en venta, el Banco Central explicó que debió “llevar a término los procesos judiciales abiertos respecto al inmueble, los cuales se iniciaron en el año 1993 con la sentencia de adjudicación a favor de otra empresa en fecha 8 de junio de 1993, posterior a la sentencia de adjudicación obtenida por la Financiera Hipotecas y Pagarés, C. por A., por lo cual fue anulada ese mismo año”.
Añade que: “No obstante, se debieron agotar los recursos interpuestos en cada instancia hasta obtener la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia a favor del Banco Central en septiembre de 2012”.
Vista aérea del Canódromo
Avenida República de Colombia
Avenida Monumental
Hospital Municipal Dr Jacinto Ignacio Mañón
Centro de Retención Vehicular Canódromo el Coco DIGESETT
Avenida República de Colombia
Avenida Monumental
Departamento de Transportación Policía Nacional
Las acciones de Bonilla
Al ser designado en el INVI, Bonilla Sánchez presentó una declaración jurada de bienes, según la cual es socio, con 99 acciones o cuotas, en CBS Developments, empresa en la que percibe un ingreso por sueldo de RD$600,000.00.
A esa empresa, de la que era socio principal y ocupaba la función de dirección y control de ejecución de proyectos completos, declaró haber entrado en enero de año 2000 y salir en septiembre de 2020.
Sin embargo, al llamar a CBS Developments, la mañana del pasado viernes 2 de diciembre, y pedir conversar con Bonilla Sánchez, un personal avisó de que en ese momento se encontraba en reunión de socios. A solicitud de esta reportera, la persona al otro lado de la línea aclaró que Bonilla Sánchez es socio y que en la actualidad no desempeña ningún cargo en esa empresa.
También se llamó al funcionario al Mived, pero desde Atención al Usuario informaron que solicitara cualquier información al respecto al CBS. En la empresa quedaron de responder, pero aún no lo hacen.
En su declaración jurada, Bonilla Sánchez dice ser socio, además, en las empresas Editora Nuevo Diario, Santo Domingo Country Club, Constructora Velero CDE, S.R.L., Construcción y Desarrollo Terrazas de la Monumental, CBS Developments Las Terrazas SRL, CBS Developments Nuevas Terrazas S.R.L., y en Las Terrazas San Isidro SRL.
El SICA tiene logros, pero con el desafío de la plena integración
Investigador asocia su crisis a falta de eficacia, algo que comparte con otras iniciativas de la región
EDDY VITTINI
Graciela Cuevas
SANTO DOMINGO. Sus logros están más basados en iniciativas que aún no se han cumplido al 100 % o que no incluyen a los ochos países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Por ejemplo, en el pilar de cambio climático y gestión integral del riesgo, se busca que la región esté libre de plástico. Pero solo algunos países han dado pasos concretos para completar el objetivo.
Belice anunció en 2020 la entrada en vigor de la normativa que implementa la prohibición del plásticos de un solo uso y Costa Rica también tiene una estrategia para reducir la utilización de plástico. Pero fue Panamá el primer país centroamericano en prohibir las bolsas de polietileno.
Corregir acciones
Pedro Caldentey del Pozo, investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, publicó en la revista Nueva Sociedad que la crisis del SICA se asocia a su eficacia, algo que comparte con todas las iniciativas del regionalismo latinoamericano. Caldentey del Pozo también le reconoce al SICA ser el proceso latinoamericano de integración “más dinámico”, que más importancia tiene para sus países y el que más lejos ha llegado.
Otra crítica es que, aunque ha generado una cartera de políticas regionales de “mucho valor”, el resultado ha sido un conjunto “excesivamente am-
Reunión en noviembre de cancilleres de países del SICA.
plio e irregular” de políticas difíciles de abarcar y de financiar.
Recomendó la articulación de políticas con las nacionales, los instrumentos de ejecución y financiación para que la integración sea eficaz, cumpla objetivos y sea tangible para las personas.
Senado aprueba en dos sesiones seguidas el Presupuesto 2023
Los legisladores de la Fuerza del Pueblo abandonaron el hemiciclo
SANTO DOMINGO. El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023 por un monto de un billón 479 mil millones de pesos, (RD$1,479,119,199,771), por lo que la pieza ha sido convertida en ley por el Congreso Nacional.
La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo que decidirá si observa o promulga la nueva ley.
La pieza sancionada en medio del rechazo de la oposición alcanzó 19 votos positivos y 3 negativos en las dos lecturas correspondientes.
Los votos negativos fueron de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los congresistas del partido Fuerza del Pueblo decidieron no ser parte de la votación y abandonaron el hemiciclo alegando que la pieza viola la Constitución de la República.
El Presupuesto fue aprobado sin modificaciones.
Senado de la República.
