Otredad. Migrantes, narcos y violencia en México

Vida en riesgo: el duro camino del exilio Fabens, Texas

El Univ ersal 4 de agosto de 2015

No debiera arrancarse a la gente de su tierra o su país, no a la fuerza.

La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida.

Juan Gelman

Huyeron con lo que traían puesto y llegaron a comunidades fronterizas como El Paso, Fabens y Tornillo. Algunos lo hicieron solos; otros se fueron con toda la familia (padres, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, cuñados…). Para poder cruzar el puente internacional y no despertar sospechas, ni siquiera un cambio de ropa se permitieron.

Pasaron de incógnito, como si fueran de compras, conscientes de que difícilmente volverían a su país y menos aún, a su estado natal, Chihuahua.

Por ello, dejaron atrás a sus muertos, a sus desaparecidos, pero también abandonaron patria, amigos, trabajo, casa, negocios, escuela, ganado, las siembras… las raíces ancestrales. Lo que más lamentaron muchos fue marcharse sin los objetos más preciados, los más entrañables: la escritura de la casa, el vestido de novia, el título universitario del hijo, el libro dedicado por el autor, el álbum de fotografías, la primera carta de amor, el zapatito del primer hijo o nieto…

En sus afanes por conservar la vida, los desplazados se vieron obligados a dejar todo atrás. No tuvieron otra opción, ni tiempo para pensarlo.

Salieron de Ciudad Juárez, de Praxedis G. Guerrero, de Villa Ahumada, de Ojinaga, y, sobre todo, de Guadalupe, municipios chihuahuenses con altos niveles de violencia y donde habían sido extorsionados, amenazados, golpeados, mutilados, y uno o más de sus familiares, desaparecidos o asesinados.

Los más veteranos lo hicieron hace siete o más años; los recién llegados, apenas el mes o el año pasado.

“Llegamos muertos por dentro, pues no sólo nos amenazaron, nos desaparecieron y mataron familiares, luego de que huimos saquearon y quemaron nuestras casas, los negocios”, señalan varias de estas víctimas de la violencia, quienes, por gestiones de Carlos Spector, abogado que lleva sus casos, acceden a conversar con El Universal en un destartalado local de hamburguesas (Pop‟s Better Burger) ubicado en el centro de Fabens, un modesto pueblo texano asentado a un lado de la Interestatal 10, una autopista que nace cerca de Santa Mónica, California, y recorre dos mil 460 kilómetros hasta Florida.

(Capítulo aparte: Fabens tuvo sus quince minutos de fama en los setenta, cuando aquí se

filmó una de las últimas escenas de The Getaway, la cinta de Sam Peckinpah protagonizada por Steve McQueen y Ali MacGraw.)

En las tragedias de estas personas, las diferencias son sólo de matices. Algunos, como Miguel Murguía, perdieron a su esposa, quien fue levantada y no se supo más de ella.

Otros, como Enrique Hernández, tuvieron un doble quebranto: la hermana plagiada y, ya en el exilio, la muerte de la mamá, quien nunca pudo recuperarse de la pena de no poder encontrar a su hija, ni viva ni muerta. A unos más, como Alfredo Olguín, le mataron un hijo y fue amenazado de muerte. Huyó con diecisiete integrantes de su familia, pues no quieren volver a enfrentar el drama que significa el asesinato de un ser querido.

También está Martín Hueramo, quien junto con su familia, escapó hacia Fabens cuando el presidente municipal de Guadalupe y los integrantes del consejo ciudadano del ayuntamiento, del cual él formaba parte, comenzaron, primero, a recibir amenazas de muerte y, después, a ser ejecutados uno por uno.

O Luz Elena Archuleta, quien junto con cuarenta integrantes de su familia, también huyó, luego de que apenas en diciembre pasado, también en Guadalupe, levantaron y asesinaron a dos de sus hijos: Elmer y Edgar Iván, y a un sobrino: Gabriel Gándara, hermano de Érika Gándara, la jefa de la policía ejecutada en 2010.

Muchos cargan con secuelas físicas, como Murguía, quien fue golpeado brutalmente, estuvo seminconsciente durante tres meses, y aún no se ha podido recuperar, pero todos padecen de problemas psicológicos por lo que han tenido que tomar terapia para tratar de aceptar lo que ya no tienen y volver a comenzar de cero, algo que les ha resultado sumamente complicado, pues muchos de ellos tienen más de cincuenta años y a esa edad, recalcan, ya no se tiene la misma fuerza, las mismas ganas y, mucho menos, las mismas ilusiones.

“Volver a comenzar y hacer algo para destacar en un país diferente es algo difícil y a veces frustrante”, señala Alfredo Olguín, quien admite que con frecuencia les invade la „bilis negra‟ de la melancolía y la tristeza.

Les preocupa también, y mucho, la suerte de los más pequeños de la familia, pues tampoco han podido adaptarse. No han soportado, por ejemplo, el bullying sufrido por no saber hablar inglés, o los métodos más rigurosos de enseñanza en instituciones educativas en donde han tenido que revalidar materias para poder completar los estudios. La deserción escolar es altísima, dicen.

En este ejercicio coral, las víctimas quieren dejar en claro que si se han visto forzados a autoexiliarse y a demandar asilo político es por una cuestión de mera sobrevivencia. No son, subrayan, refugiados económicos, pues en Chihuahua tenían un modus vivendi, una fuente de ingresos; algunos, incluso, pequeños negocios, casas y terrenos y una vida acomodada.

Hoy son empleados, obreros, albañiles, jardineros y muchos de ellos viven en los campamentos de casas rodantes que proliferan en pueblos texanos como Fabens. Sin embargo, tienen la certeza de que si regresaran a México su vida correría peligro.

Saben de lo que hablan: todos han pasado por la tragedia de ver morir o desaparecer a sus seres queridos a manos del crimen organizado, ante la colusión o, al menos, la omisión de las autoridades.

Tarea compleja Aunque en 1991 ganó el primer caso de asilo político mexicano en la historia en las cortes estadounidenses, el abogado Carlos Spector sabe que su tarea es compleja: las autoridades del vecino país son reacias a otorgar ese estatus a los mexicanos. “99% de los casos de asilo político mexicano son rechazados”, dice tajante.

Y para reforzar su aseveración, muestra las estadísticas del Departamento de Justicia norteamericano: en el año fiscal 2014, 8 mil 840 mexicanos presentaron una solicitud de asilo político en Estados Unidos, pero sólo 124 casos fueron aceptados (1.4%). “De 2008 a 2014, 46 mil 627 mexicanos pidieron asilo, pero sólo se les otorgó a 656. Sólo poco más de 1%”, lamenta.

La cifra contrasta con los procesos relativos a chinos y venezolanos. En el primer caso, de 4 mil 773 ciudadanos que hicieron su solicitud, 3 mil 976 fueron aceptados (83.3%); en el segundo, de 184 ciudadanos provenientes de la tierra de Hugo Chávez, noventa y dos peticiones de asilo político fueron admitidas (50%). Spector, quien está a cargo de las solicitudes de asilo de casi cien familias que tuvieron que huir de México víctimas de la violencia, recibe a El Universal en su despacho ubicado en la zona antigua de El Paso.

Ahí, con sus expresivas manos, como haciendo dibujos en el aire, este pelirrojo nacido en esta ciudad texana en 1954, explica que el rechazo a las solicitudes mexicanas tienen que ver con el hecho de que la mayoría de los jueces encargados de los asuntos de migración son ex fiscales de la migra estadounidense. “Traen esa mentalidad de expulsar a los mexicanos”, dice.

El abogado, quien a ratos habla en una mezcla de inglés y español, agrega que otro factor que influye en el rechazo a otorgar asilo a los mexicanos es el hecho de que se trata de un modelo utilizado en la Segunda Guerra Mundial, que no se ha ajustado a los cambios en el orden político mundial y que sigue hablando de fascismo o comunismo. Para los criterios estadounidenses, México es un país democrático, no así Venezuela o China, por eso las cifras tan dispares entre estas naciones.

Spector, quien ya había logrado el asilo político para víctimas de las guerrillas en Centroamérica, recuerda que en 1991 ganó el primer caso para un mexicano: Ernesto Poblano, un político panista quien en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, fue el primero en

derrotar al PRI en una elección en el norte del país, y al desafiar al sistema tuvo que huir por la persecución que se inició en su contra.

El segundo caso ganado fue el de Jesús Valles, un capitán del Ejército mexicano, que en los años de la guerrilla zapatista en Chiapas se negó a disparar contra los indígenas levantados en armas. Valles huyó del país, Spector lo representó y obtuvo el asilo.

El abogado abre los ojos aún más cuando rememora que en marzo de 2008 comenzaron a llegar a su despacho los primeros casos derivados de la violencia: Emilio Gutiérrez, un periodista de Ascensión a quien se le amenazó por su trabajo periodístico; Cipriana Jurado, una activista muy reconocida arrestada en 2010, y los veintitrés integrantes de la familia Reyes Salazar, conformada por activistas pro derechos humanos, y de los cuales siete fueron asesinados en Guadalupe.

A Spector este último caso le tocó fibras muy sensibles. Su madre nació en Guadalupe.

Incluso su abuelo materno fue alcalde de ese municipio en la época de Lázaro Cárdenas.

“Hasta antes de la violencia, todos los veranos íbamos a Guadalupe”, recuerda.

Después del caso de los Reyes Salazar, el despacho de Spector comenzó a tomar más y más casos de mexicanos autoexiliados hasta sumar casi cien familias actualmente.

Contra todos los pronósticos, dados los criterios estadounidenses, casi diez de las solicitudes de asilo de esa familia han sido aprobadas por Washington.

“En esta frontera, los mexicanos son víctimas dos veces: cuando son corridos del Valle de Juárez por los criminales, y cuando el gobierno de Estados Unidos les niega el asilo político”, concluye Carlos Spector.