¿Recurso de revocación por escrito o digital?

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¿Recurso de revocación por escrito o digital?

Armando Robledo Márquez Puntos Finos - Número 292/2019 - 01/11/2019

INTRODUCCIÓN Como es conocido, el recurso de revocación para temas fiscales federales, sufrió una reforma trascendental el 9 de diciembre de 2013, mediante la cual se estableció en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que la interposición de este medio de impugnación debe de realizarse de manera digital a través del Buzón Tributario. Lo anterior, según la exposición de motivos de la referida reforma, para efectuar una justicia pronta y expedita en favor de los contribuyentes y en atención a la reforma integral de medios digitales que se realizó para los trámites fiscales en general.

Sin embargo, ¿qué sucede si no se tiene activado el Buzón Tributario? ¿Se está obligado a tenerlo? ¿No se puede interponer ese medio de impugnación en ausencia de contar con acceso a Internet?

Y si se presenta por escrito, ¿es legal? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia, los Derechos Humanos, la obligación del Estado de proveer recursos procesales sencillos, rápidos y efectivos en favor de los gobernados? En seguida trataré de discernir esas cuestiones en relación con el recurso Página 1

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de revocación como medio de defensa que en esta ocasión nos ocupa.

ANTECEDENTES En primer lugar, es necesario recordar lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ordenamiento del cual resalto lo siguiente: Artículo 17. … ...

Siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ... (Énfasis añadido.)

Con la respectiva adición a nuestra CPEUM, el legislador incorporó como mandato constitucional el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Esto es, privilegiar al momento de resolver, el fondo sobre la forma, situación que además es reconocida por diversos tribunales internacionales.

Con esta Reforma Constitucional se obliga a toda autoridad jurisdiccional a resolver prefiriendo el derecho sustancial para dejar en segundo lugar cualquier formalismo que al observarse con rigurosidad haga nugatorio al primero.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el principio de prevalencia de la norma sustantiva sea categórico, sino que también admite ciertas condiciones y excepciones en su aplicación, lo cual sin duda atiende a una cuestión de respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica de las partes que intervienen en éste.

Y es que caer en el extremo de considerar procedente la inobservancia a las reglas formales, en todos los casos en que éstas perjudiquen los intereses de alguna parte, produciría desequilibrio o arbitrariedades en el proceso, posiblemente violentando otros Derechos Fundamentales.

Sin embargo, el principio sí debe prevalecer en aquellos casos en los cuales se presentan formalismos enervantes o innecesarios, contrarios al espíritu o finalidad de la norma, sobre todo para evitar convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo del tema planteado.

En este sentido, es conocido en la fase doctrinaria como defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Al respecto, se ha señalado que el defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos constitucionales: el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Al debido proceso, puesto que conlleva al respeto que debe tener el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio. Y al acceso a la administración de justicia, pues implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal.

En este orden de ideas, el funcionario que conozca un tema legal no debe de enfocarse a los formalismos exagerados de la norma y dejar con ello de prestar atención a la petición planteada por el gobernado, debido a que todo procedimiento judicial constituye un medio para lograr la efectividad de los derechos, pues no son fines en sí mismos.

Por otro lado, en materia de Derechos Fundamentales, el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( CADH ), establece lo siguiente: Artículo 25. Protección Judicial:

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1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

De lo señalado con antelación, se observa que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se reconoce el derecho a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; asimismo, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que la protejan contra actos que violen sus Derechos Fundamentales.

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL En tal virtud, ha quedado claro que nuestra Carta Magna y la CADH fijan una postura clara al respecto. Sin embargo, como ha sido planteado, en el caso del recurso de revocación para efectos fiscales se establece en el artículo 121 del CFF vigente, que el mismo se debe de tramitar vía electrónica y a través del Buzón Tributario.

Esa situación deja un vacío al cumplimiento de lo estipulado por los preceptos legales ya transcritos, puesto que se debe contemplar el supuesto de que no todos los contribuyentes cuentan con Buzón Tributario o tal vez con los medios electrónicos para realizarlo, es decir, equipo de cómputo y servicio de Internet.

Por tanto, si el contribuyente no cuenta con lo anterior, automáticamente se estaría limitando su acceso a la justicia para la interposición de ese recurso, al exigir requisitos que no son sencillos de cumplir para muchos contribuyentes, haciendo visible la contrariedad de este precepto normativo respecto a los derechos de acceso a la justicia por medio de un recurso judicial sencillo.

Es importante señalar que pese a que el citado artículo 121 del CFF vigente dispone a la letra lo siguiente: …

El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. … (Énfasis añadido.)

Lo anterior se ha dejado completamente de lado por parte de la autoridad, toda vez que las reglas de carácter general disponen, en su articulado 2.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RM) vigente, que el recurso de revocación deberá de presentarse en línea a través del Buzón Tributario.

Esto deja en claro que la única opción de presentación de ese medio de defensa que la autoridad contempla es a través del Buzón Tributario; por tanto, restringe la posibilidad de presentar el recurso y obstaculiza el acceso a la justicia, dándole prioridad a las formas y no al derecho sustancial.

En esta tesitura, en la práctica, si el contribuyente presenta el recurso de revocación por escrito, el mismo es desechado aduciendo la autoridad administrativa que éste no se presentó conforme a lo Página 3

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señalado en la ley.

Lo anterior, sin duda alguna constituye una falta total al principio de legalidad y se deja de lado el derecho sustantivo material de los contribuyentes, de-bido a que legalmente no existe algún fundamento, el cual impida el análisis del documento y de agravios exhibidos por el contribuyente de forma escrita para que la autoridad se pronuncie, dado que sólo existe el acatamiento a un formalismo legal, dejando en segundo término el acceso a la justicia del gobernado y la posibilidad de la interposición de un medio de defensa, claro, rápido y efectivo.

Esto queda más de manifiesto, cuando en el caso de las entidades federativas que operan bajo el convenio de colaboración administrativa mediante el cual actúan en auxilio de las autoridades fiscales federales, éstas tienen que darles trámite a los recursos de revocación de los créditos determinados –al amparo de ese convenio– en virtud de que no existe adecuación de éste con la reforma del artículo 121 del CFF. CONCLUSIONES En este orden de ideas, se considera que el artículo 121 del CFF es inconstitucional, y es sujeto de un control de convencionalidad. Ello, en atención a los numerales 1 y 17 de nuestra Carta Magna, en relación con lo señalado por el dispositivo 25 de la CADH. Por tanto, se puede concluir lo siguiente: 1. Del artículo 1 de la CPEUM se establece la obligación legal de efectuar una interpretación de conformidad con lo señalado por los tratados internacionales de los que México es parte. Esto es, el órgano jurisdiccional debe optar por la interpretación de los preceptos legales que resulte acorde con el texto de la Carta Magna, cuando admita dos o más sentidos posibles.

2. Por su parte, el artículo 121 del CFF se coloca en el supuesto anterior, debido a que admite dos interpretaciones: la primera del juzgador sería en el sentido de que únicamente puede interponerse el recurso de revocación a través del Buzón Tributario, cayendo en formalismos sacramentales que limitan el Derecho Fundamental del justiciable a un recurso sencillo, rápido y efectivo, sobreponiendo la formalidad sobre la eficacia del medio de impugnación. Y la segunda: dilucidar que el artículo no impide la interposición de este medio de defensa por escrito, favoreciendo con ello el efectivo ejercicio de los Derechos Fundamentales.

3. Por lo anterior, el desechamiento que realice la autoridad fiscal del recurso de revocación presentado por escrito es completamente inconstitucional, debido a que estaría dejando de lado lo establecido por los artículos 1 y 17 constitucionales y el numeral 25 de la CADH, razón por la cual puede recurrirse al juicio de amparo ante las violaciones comentadas.

4. En caso de que no se pueda presentar el recurso de revocación por medio del Buzón Tributario por alguna circunstancia en particular, se deberá de presentar por escrito –sugiero que sea en el área de Recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues seguramente en la Oficialía de Jurídica no lo aceptarán– a efecto de hacer valer el medio de defensa ordinario, y si la autoridad decide desecharlo, se puede impugnar tal circunstancia vía juicio de nulidad, señalando el argumento de la inconstitucionalidad, para que se llegue al amparo directo con ese mismo argumento, por violación a los artículos 1 y 17 constitucionales, y con ello evitar la restricción a una defensa sencilla y al alcance de los gobernados.

Es importante resaltar que la autoridad administrativa debe de atender a los principios constitucionales señalados, y evitar la judicialización de temas que a la luz son sensibles y de criterio para su aplicación.

Cuando es claro el fondo sobre la forma, la autoridad válidamente puede aplicar el criterio para su trámite, pues se trata de una obligación consagrada en el propio artículo 1 de la CPEUM, máxime que no existe como tal en el propio CFF un supuesto de desechamiento por la no presentación del recurso por medios electrónicos, para con ello permitir el real acceso a la justicia, de una manera pronta, efectiva y sencilla para los gobernados. •

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