Avizor Boletín Informativo Enero 2019

Boletín Informativo -2019 15 - enero

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ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO LA RELACIÓN DE CONSUMO EN MATERIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. De acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, una relación de consumo se da cuando intervienen tanto el consumidor como el proveedor quienes se relacionan en virtud a un objeto (bien o servicio) y a cambio de una contraprestación económica. La relación de consumo materia de servicios educativos tiene como consumidores a los padres de familia (caso de instituciones particulares que reciben a menores de edad) y como proveedores a los centros educativos privados de educación básica o técnico-productiva y educación superior, quienes presentarán servicios educativos (OBJETO) a cambio de una contraprestación económica las que usualmente son la cuota de ingreso, matrícula y pensión mensual a cargo de los consumidores. a) La idoneidad del proceso educativo: De acuerdo a lo regulado en el Art. 73° del Código de Protección al Consumidor, el cual establece que en el caso de los servicios educativos será de aplicación la garantía legal, en consecuencia, para verificar la idoneidad del servicio educativo se tomarán en cuenta las normas pertinentes del sector magisterial en lo que resulten aplicables a centros educativos privados, en consecuencia, se tengan en consideración los lineamientos generales del proceso educativo y con ello asegurar la calidad del servicios dentro de la normativa sectorial (sector educativo). b) Respecto al deber de información en el servicio educativo: Cabe precisar, que el derecho a la información en el sector educativo resulta de especial relevancia transversal a todo tipo de producto o servicio adquirido en el mercado, más aun cuando se trata de prestaciones cuya vocación de “continuidad” es larga, pues es sabido que la duración de los servicios educativos, solo en educación básica podría llegar a durar hasta 14 años, ello teniendo en cuenta los niveles, inicial, primaria y secundaria, motivo por lo cual dichas trascendencia resulta aún mayor.

En consecuencia, el deber de informar por parte de los centros educativos privados deben establecer los siguientes parámetros.

Veraz Oportuna Recibir Información

Completa

Producto o Servicio Educativo

Caracterísiticas

Condiciones Económicas

Objetiva Ventajas

De buena fe Demás Terminos y Condiciones.

Mayor información, agradeceremos contactarse con: Ernesto Andrade: areadministrativa@avizor.pe Jorge Rodríguez Pacheco: jrodriguez@avizor.pe

PENAL LA NO OBLIGATORIEDAD DE INCLUSION DE PERSONAS JURIDICAS COMO TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES NI INCAUTACION PREVIA PARA EL POSTERIOR DECOMISO DE SUS BIENES. Mediante Casación N° 1247-2017 de julio 2018, la Corte Suprema de Justicia deja sentada su posición frente a las interrogantes sobre si los terceros pueden ser responsables civilmente sin haber sido parte del proceso y si es posible decomisar los bienes de personas jurídicas sin que estos hayan sido previamente incautados.

En efecto, advierte la Sentencia Casatoria que para la aplicación de los artículos 104° y 105° del Código Penal, de la mano con lo desarrollado en el Acuerdo Plenario N° 05 -2010/CJ – 116 sobre la incautación previa, se deberá tener en cuenta el artículo 90° del Código Procesal Penal, en cuanto que las personas jurídicas deban ser emplazadas e incorporadas en el proceso a instancia fiscal – Incautación precede al decomiso, como consecuencia accesoria-. Sin embargo, cuando es de aplicación el artículo 102° del Código Sustantivo, solicitando el decomiso de bienes provenientes de un delito, no será requisito previo que las personas jurídicas titulares de los bienes objeto de delito sean incluidas en el proceso como tercero civil responsable ni tampoco que se haya requerido incautación previa de dichos bienes. El Derecho de defensa no se encuentra vulnerado de ninguna forma, pues la norma que acompaña al artículo antes señalado tiene carácter dispositivo y no imperativo; es decir, será decisión del juez si es que dispone previo al decomiso de los bienes efectos y objeto de delito, su incautación. Esta interpretación es de recibo de una política pública frente a la lucha contra la corrupción, bandera para este año 2019.

CIVIL LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD YA NO NECESITAN DE UN CURADOR PARA EJERCER DE FORMA PLENA SUS DERECHOS DE MANERA AUTÓNOMA Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES El Decreto Legislativo N° 1384, promulgado el 04 de Setiembre de 2018, reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y promueve su inclusión, modificando el Código Civil y reemplazando la clasificación de “incapacidad absoluta y relativa” por “capacidad plena y restringida”; reconociendo así el ejercicio de sus derechos de forma autónoma y en igualdad de condiciones.

A partir de ahora, las personas con discapacidad no necesitarán de alguien que los represente para poder votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, entre otros; sino que lo podrán hacer ellas mismas. En caso que lo requieran, ellas podrán contar con la ayuda de una persona de apoyo.

Eliminándose así la figura del “curador” para una persona con discapacidad.

En lugar del “curador” se crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”. Los primeros son personas que brindarán asistencia y serán elegidos por las personas con discapacidad; mientras que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo.

Con la promulgación de este Decreto Legislativo, el Perú adecuará su ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se implementará en el País un modelo social por el cual se combate la discriminación.

LABORAL RENOVACIONES DE CONTRATO “EN CADENA”

CAS Nº 16716-2016-LIMA "[…] no se puede presumir que toda renovación sucesiva de contratos de trabajo sujetos a modalidad es ilegal o que persigue perjudicar la contratación a plazo indeterminado, ya que admitir tal presunción constituiría una clara violación del numeral 24) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú"

Las renovaciones de contratos sujetos a modalidad encadenado o sucesivos, es una modalidad implementada y permitida por la legislación laboral peruana. (Ej. Cesa la relación laboral y los 20 días después se suscribe un nuevo contrato de trabajo) La Corte Suprema, a través de la Casación Nº 16716-2016-LIMA, precisó que la renovación continua de contratados a plazo fijo no debe interpretarse como una simulación o fraude por parte del empleador con la finalidad de perjudicar la contratación a tiempo indeterminado.

En ese sentido, se puede establecer que no toda renovación sucesiva de contratos da indicios de relación indeterminada en cubierta, más aún cuando se acredita la interrupción efectiva de la prestación de servicios (por tanto, de la relación laboral).

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que es el DS Nº 003-97-TR (Artículo 74º) el que regula este tipo de contratación. Sin embargo, es necesario precisas que no debe dejarse de lado que la causa objetiva en estos casos no debe obviarse, por el contrario, es uno de los presupuestos esenciales para poder acreditar que el empleador no realizo una simulación de extinción de vínculo laboral fraude sobre las normas laborales.