Separata medios junio 2015

ANEXO

550 JUNIO 2015

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Foto: agoraabierta.lamula.pe

SEPARATA ESPECIAL

Artículos Destacados Otros Medios Comisión de la verdad

• Ofensiva militar o indiferencia • La cultura del cese bilateral • Lo que dijo el vicefiscal de la CPI • Los retos del nuevo Ministro de Defensa • ¿Comisión de la verdad?

• Verdad negociada • ¿Cómo entender la retórica de las Farc?

• Una “pequeña” reforma al fuero • Comentarios al acuerdo de la comisión de la verdad • Farc afirman que son “rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo colombiano”

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Anexo junio 2015

Las Fuerzas Militares parecen haber tomado ventaja del periodo de cese unilateral de hostilidades, pero seguramente pasarán meses hasta que se pueda volver a un escenario de negociación de suspensión de esas operaciones.

Ofensiva militar o indiferencia Camilo Arango y Laura Gallego elespectador.com 28 de mayo de 2015 blogs.elespectador.com

Los lamentables hechos ocurridos en las última semana en varios territorios del país, donde la guerrilla de las Farc y las fuerzas militares han vuelto al campo de batalla arrojando cifras escalofriantes de muertos en combate, bombardeos y ataques de parte y parte, han puesto de nuevo sobre la mesa muchas preocupaciones en rela-ción con la posibilidad de avanzar en el desescalamiento del conflicto armado en Colombia en el marco de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana.

La primera conclusión, que este tipo de coyunturas nos permiten reforzar, es que los procesos de negociación de la paz son lentos y complejos, con altos y bajos en la construcción de confianza entre las partes, y con la posibilidad de que este tipo de eventos lamentables sigan ocurriendo. Por eso es re-

currente en los defensores del proceso de paz la referencia a los plazos que se tomó la negociación en los procesos de paz centroamericanos, en Sudáfrica o en Irlanda del Norte, y el llamado no puede ser otro que a recuperar la voluntad de negociación y continuidad en la mesa para no echar por la borda los avances obtenidos.

La segunda conclusión, es que el gobierno y las Farc empezaron un nuevo round de combates para demostrar su situación militar en el territorio, que puede generar cambios en la mesa de negociaciones si alguno

resultara especialmente vulnerable. Los triunfos o derrotas militares, definirán de nuevo la lógica y el poder de negociación de las partes en la mesa. Las Fuerzas Militares parecen haber tomado ventaja del periodo de cese unilateral de hostilidades, pero seguramente pasarán meses hasta que se pue-da volver a un escenario de negociación de suspensión de esas operaciones.

Finalmente, y más complejo en relación con el objetivo de la paz, es que los hechos ocurridos vuelven a dejar claro que no existe un sueño colectivo de la paz que tenga como acuer-

do mínimo la el cese al fuego definitivo en favor, no solo de las partes en conflicto, sino de todos los colombianos. Voces de todo tipo se han escuchado en los últimos días en favor y en contra de los hechos ocurridos, pero han faltado las reflexiones de fondo en relación con lo que ocurre en Colombia donde somos capaces de recibir la noticia de ataques terroristas, bombardeos y pérdidas humanas de un lado u otro como un titular más, o incluso, como una vuelta a la realidad normal en la que nos acostumbramos a vivir, como si la paz fuera un estado

incómodo para el que no estamos preparados.

El propósito ineludible de la paz debe ser la excusa y la preocupación del gobierno y las Farc, en La Habana. Construir confianza entre las partes para avanzar en un cese definitivo de hostilidades que permita el real desescalamiento del conflicto en Colombia en el reto más grande pero el objetivo más noble que sigue pendiente en la mesa de trabajo. Volverá a empezar desde cero la negociación de un cese bilateral de hostilidades, y con ello, la necesidad de construir confianza.

Todas las organizaciones, incluidas las que realizan acciones terroristas y las de delincuencia transnacional, buscan maximizar beneficios y reducir al máximo los costos. Aún en el marco de un proceso de paz toman decisiones de acuerdo a sus intereses y valoraciones estratégicas, mucho más, cuando, como en el caso de las Farc, se concibe el diálogo con el Estado como una forma de lucha revolucionaria.

La cultura del cese bilateral Alejandro Ordóñez Maldonado periodicodebate.com 13 de junio de 2015 periodicodebate.com

La consigna de “cese bilateral de hostilidades” que agita las Farc tiene claros propósitos políticos y militares a su favor y un altísimo costo para el Estado de derecho. Un análisis simple de costo-beneficio demuestra que tal decisión en vez de contribuir a la firma rápida de un Acuerdo de Terminación del Conflicto, alarga la confrontación y dificulta aún más las negociaciones.

Las razones son: 1) Con el “cese” las Farc buscan dividir a la sociedad a partir del ejercicio de la violencia. Como instrumento de propaganda y desinformación procuran legitimarse al simular compromiso con la paz y deslegitimar al Estado al acusarlo de responsable de la continuidad de la violencia.

2) La experiencia enseña que

un “cese bilateral”, que no sea producto de la disolución de las Farc, lo utilizan para fortalecerse. La “tregua” pactada en 1984 permitió el crecimiento exponencial del grupo. En 1982 eran 1.300 individuos, en 1990 llegaron a ser 8.200. Un aumento de más de 500%. Las Farc se convirtieron en fuerza ofensiva y desarrollaron la capacidad para propinar los más duros golpes a las Fuerzas Armadas en los años noventa, gracias a la inmersión en la cocaína y de inmovilizar a la Fuerza Pública con el llamado cese de fuegos.

3) El “cese bilateral” es una suspensión de hostilidades. Se mantiene el estado de guerra. Al detener las operaciones en contra del grupo se les otorga a sus miembros protección, lo que estimula que se alargue indefinidamente la negociación hasta que el Estado acepte todas las exigencias.

4) Es imposible un “cese bilateral” sin zonas de concentración de las estructuras de

Farc, pues fuera de ellas se mantendrán otros grupos armados que deben ser combatidos. Es previsible que al establecerse en medio del conflicto deban ser varias las zonas, estar ubicadas a todo lo largo y ancho del territorio nacional y tener una extensión considerable, por obvias razones de seguridad para la guerrilla. Es tanto como tener diez o quince “caguancitos” en regiones de influencia de las Farc y que coinciden con las de cultivos ilícitos y de minería criminal. Lugares de descanso, reabastecimiento, reentrenamiento y de inmunidad para los miembros del grupo.

5) Dos cuestiones son previsibles: fortalecimiento militar facilitado por la suspensión de operaciones de las Fuerzas Armadas y consolidación del control de las Farc en determinados territorios.

6) Adoptar un “cese bilateral” junto a la equivocada decisión del Gobierno Nacional de suspender la aspersión con gli-

fosato de los cultivos de coca, dejaría las manos totalmente libres a las Farc para acrecentar el narcotráfico. Eso es más control territorial en zonas de cultivos ilícitos, más ingresos económicos y más coerción sobre la población. Argumentos éstas que juegan a favor de alargar el proceso y dilatar la firma de un acuerdo hasta que no estén por completo satisfechos.

7) El “cese bilateral” no incluye interrumpir actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro. Al paralizar a la Fuerza Pública en la práctica se les da licencia para seguir delinquiendo.

8) El “cese bilateral” es una estratagema, una maniobra de engaño, como lo fue el anuncio de un cese unilateral e indefinido que hicieron en diciembre pasado. Con él se propusieron manipular a la opinión pública y a la comunidad internacional. No obstante que disminuyeron de forma temporal y conveniente las acciones violentas, siguieron

matando, reclutando niños y traficando estupefacientes. Está demostrado que las Farc engañan con anuncios y que no es posible en ellas confiar.

El centro del proceso debe ser la agenda de negociación acordada, no los acontecimientos de la confrontación armada. Un “cese bilateral” es una grave y permanente fuente de crisis que deslegitima el proceso, como lo ha sido el desescalamiento.

Cualquier acción, tanto de las Farc como de la Fuerza Pública, independiente de las circunstancias, se constituye en un serio factor de perturbación sobre la Mesa de Conversaciones. No importa la agenda, sino el cese.

Detrás de la retórica de parar la guerra y salvar vidas con la que presentan el cese bilateral, lo que existe es un gravísimo riesgo para el proceso de paz y para la sociedad colombiana.

La forma de conseguir esos propósitos es la firma inmediata del Acuerdo de Terminación del Conflicto; consecuencia de ello vendrá el cese bilateral y definitivo, simultáneo con el desmantelamiento de ese aparato criminal.

Lo otro, es evidente, es racional para las Farc y una locura para la sociedad colombiana.

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Lo que dijo el vicefiscal de la CPI Foto: eltiempo.com

Carlos Holmes Trujillo García El Nuevo Siglo (+complementos) 17 de mayo de 2015 www.elnuevosiglo.com.co

Es muy importante para Colombia haber escuchado al Vicefiscal de la CPI con ocasión de su visita a nuestro país. Entre otras cosas, ¿qué dijo?

1. “Sin perjuicio del continuo interés académico en la interface entre “paz y justicia”, la relación entre paz y justicia es una cuestión ya decidida con arreglo al Estatuto de Roma”; 2. “Una vez que un Estado se une al sistema del Estatuto de Roma, acepta que la justicia es parte integral de la solución de conflictos y la creación de una paz sostenible”; 3. “La cuestión para la Fiscalía de la CPI, y aún más para los Estados Partes del Estatuto de Roma, es cómo cumplir los requisitos de justicia previstos en el Estatuto y lograr a la vez paz y estabilidad duraderas”; 4. “Cuando un Estado Parte incumple sus obligaciones con arreglo al Estatuto de Roma, la CPI debe intervenir como “corte de último recurso”; 5. “Uno de los deberes de la Fiscalía de la CPI en su examen preliminar de la situación en Colombia es determinar si las autoridades nacionales han instituido actuaciones genuinas contra aquellos individuos más responsables por los crímenes más graves”; 6. “Las medidas de justicia transicional tienen alcances amplios; 7. “Sin embargo, las medidas que Colombia adopte deberán promover los objetivos del Estatuto de Roma”; 8. “La creación de la CPI respondió a una necesidad. La necesidad era evitar que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra quedasen sin castigo, esto es, poner fin a la impunidad”; 9. “El enjuiciamiento efectivo de tales crímenes busca contribuir a su prevención”; 10. “La Fiscalía de la CPI solamente investiga y enjuicia crímenes en los casos en que los Estados no pueden hacerlo o no estén dispuestos a hacerlo”; 11. “En la situación en Colombia, la Fiscal apoya plenamente los esfuerzos por terminar con el conflicto armado… y por hacerlo de conformidad con los principios del Estatuto de Roma que Colombia ha suscrito”; 12. “La justicia transicional no es un tipo especial de justicia… sino simplemente un enfoque para obtener justicia en un período de transición…”; 13. “La justicia transicional habitualmente recurre a cuatro medidas: juicios penales, comisiones por la verdad, programas de reparaciones y reformas institucionales”; 14. El enfoque de la CPI “se centra específicamente en el enjuiciamiento por crímenes internacionales”; 15. “Una situación de justicia transicional sólo activa el mandato de la Fiscalía de la CPI si las autoridades del Estado en cuestión no están realmente llevando a cabo procesos por tales crímenes”; 16. “La Fiscalía inició un examen preliminar de la situación en Colombia en 2004”; 17. “El examen preliminar permanece abierto”; 18. “La forma en que un acuerdo de paz afecte los procesos a nivel nacional tendrá un impacto sobre el examen de la Fiscalía acerca de la admisibilidad de los casos procedentes de la situación en Colombia ante la CPI”; 19. “Los jueces de la CPI han sostenido que la Fiscal debe determinar si las mismas personas que podrían ser investigadas y enjuiciadas ante la Corte están siendo sometidas a procesos genuinos a nivel interno por sustancialmente la misma conducta”; 20. “Cuando el proceso resulta en una condena, la evaluación de la voluntad real también abarcará la pena impuesta”; 21. “En materia de penas los Estados tienen amplia discrecionalidad”; 22. “Las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas”; 23. “El derecho interno solamente debe llevar adelante investigaciones enjuiciamientos y sanciones que apoyen el fin general del sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma -poner fin a la impunidad por crímenes de atrocidad masiva-”; 24. “…La CPI procura imponer sanciones que sean proporcionales a la gravedad de los crímenes y al nivel de responsabilidad de las personas condenadas”;

25. “A nivel nacional, una pena que resulte manifiestamente inadecuada a luz de la gravedad del delito y del grado de responsabilidad de la persona condenada podría viciar el aparente carácter genuino del proceso”; 26. “Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal”; 27. “El que una reducción de la pena resulte compatible con los principios del Estatuto de Roma dependerá de las circunstancias particulares del caso”; 28. “Estas circunstancias podrían incluir medidas de justicia transicional…; 29. “…Por ejemplo, exigir al condenado que cumpla determinadas condiciones, como: un reconocimiento de su responsabilidad penal, la desmovilización y el desarme, la garantía de no repetición de la conducta, la participación plena en el proceso de establecimiento de la verdad respecto de los crímenes graves, una posible prohibición temporal de tomar parte en los asuntos públicos”; 30. “Estas medidas podrían justificar una reducción de la pena que de otro modo sería proporcional a la gravedad del delito y al grado de responsabilidad del autor”; 31. “A pesar de las dificultades y las críticas que se han hecho al proceso de justicia y paz, incluyendo a su muy bajo rango de sentencias, la Fiscalía no ha concluido que los procesos violan las normas del Estatuto de Roma en materia de complementariedad”; 32. “No estoy tomando la Ley de Justicia y Paz como modelo”; 33. “…Estoy señalándola como un ejemplo del amplio margen del que los Estados gozan al decidir sobre los mecanismos diseñados para establecer la verdad, y que también son compatibles con el objetivo del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”; 34. “Sería especulativo para la Fiscalía hacer observaciones sobre las posibles consecuencias con arreglo al Estatuto de Roma de las penas alternativas sin conocer los detalles de qué sanciones específicas se contemplan”; 35. “Al evaluar los procesos nacionales concretos, la Fiscalía estará obligada a tomar en consideración una serie de factores a fin de determinar si las sanciones son compatibles con el interés real de hacer comparecer a las personas condenadas ante la justicia”; 36. “Evaluar si una condena fue manifiestamente inadecuada conllevaría tomar en consideración una serie de factores”; 37. “Estos factores incluirían: la práctica habitual a nivel nacional en cuanto a la imposición de penas por crímenes del Estatuto de Roma, la proporcionalidad de la pena en relación con la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor, el tipo y grado de restricciones a la libertad, la existencia de circunstancias atenuantes y las razones que el juez que impone la sanción haya dado para imponer una sanción particular, entre otras”; 38. “En última instancia, la pregunta será si, en el contexto de un proceso de justicia transicional, las penas alternativas cumplen adecuadamente los objetivos de las sentencias para los crímenes más graves”; 39. “En Colombia, el Marco Jurídico para la Paz prevé la posibilidad de renunciar condicionalmente el enjuiciamiento de miembros desmovilizados de los grupos armados que no estén abarcados en la categoría de ‘los más responsables’”; 40. “Entiendo que esta categoría se aplica a personas que estaban en una posición de poder e influencia sobre las acciones y los hechos”; 41. “El Estatuto no contiene ninguna limitación a las

persecuciones penales basada en el nivel de autoridad que el autor tenía”; 42. “Sin embargo, a la luz del alcance global de la competencia de la CPI , de las disposiciones jurídicas que regulan su funcionamiento, y de las limitaciones prácticas y logísticas que enfrenta, la Fiscalía ha adoptado una política de investigar y enjuiciar a los más responsables por los crímenes más graves”; 43. “Como cuestión de estrategia en materia de persecución penal, la Fiscalía a veces investigará y enjuiciará perpetradores de nivel medio, o incluso de nivel bajo que sean muy conocidos, en un esfuerzo por alcanzar a los más responsables por los crímenes más graves”; 44. “Sin embargo, el foco generalmente estará en los perpetradores de más alto nivel”; 45. “La estrategia de persecución de la CPI no puede ser considerada autoritativa respecto de cómo los sistemas de justicia nacionales deberán determinar a quien investigar o enjuiciar”; 46. “Respecto a las amnistías por los llamados ‘delitos políticos’… la Fiscalía no emite opinión, puesto que tales crímenes no están abarcados por la competencia de la CPI”; 47. “Sin duda una amnistía por conductas que constituyan crímenes del Estatuto de Roma plantearía cuestiones muy diferentes; pero de lo contrario una amnistía no es una cuestión que competa a la Fiscalía”; 48. “La Fiscalía ha desarrollado un marco respecto de cómo aplicar el concepto del interés de la justicia que debería explicar”; 49. ”Solamente cuando se determina que un caso es admisible ante la CPI es que la cuestión del ‘interés de la justicia’ entra en juego”; 50. “Deberá entonces evaluar si, tomando en consideración la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, existen sin embargo razones sustanciales para creer que una investigación no serviría al interés de la justicia”; 51. “Sin perjuicio de ello, las consideraciones vinculadas al interés de la justicia son completamente independientes de aquellas relativas a la complementariedad”; 52. “Es solamente cuando se determina que un caso es admisible que la cuestión del interés de la justicia puede presentarse”; 53. “Al analizar el interés de la justicia, la Fiscalía está obligada por el Estatuto de Roma a considerar los intereses de las víctimas y la gravedad de los crímenes – estos son los dos factores que el Estatuto prevé expresamente”; 54. “…Consideraciones relativas a la paz y la seguridad habitualmente están excluidas de los alcances de la fórmula del interés de la justicia en el Estatuto de Roma”; 55. “Los Estados Partes del Estatuto de Roma crearon la CPI como una institución judicial, no como una institución para el establecimiento de la paz”; 56. “La Fiscal de la CPI tiene la obligación de proceder cuando así lo establecen los criterios del Estatuto de Roma”; 57. “En Colombia, la disuasión de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y una medida de justicia para las víctimas, deberán constituir consideraciones centrales a los efectos del cumplimiento del mandato”; 58. “Este marco (jurídico internacional creado por el Estatuto de Roma) no puede suspenderse o ignorarse por consideraciones de oportunidad”; 59. “No obstante, este mismo marco otorga flexibilidad a los Estados que buscan impartir justicia en situaciones posconflicto”; 60. “Las medidas de justicia transicional pueden, y deben, estar en conformidad con los objetivos del Estatuto de Roma”.

Anexo junio 2015

Foto: colmundoradio.com.co

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Análisis Ley del Montes

Los retos del nuevo Ministro de Defensa Óscar Montes El Heraldo 31 de mayo de 2015 www.elheraldo.co

Luis Carlos Villegas es el primer jefe de esa cartera que llega con el voto de confianza de las Farc. ¿Qué le espera al sucesor de Juan Carlos Pinzón? ¿Cómo le irá al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su relación con las Fuerzas Militares? La pregunta habría sobrado en otra oportunidad, pero en las actuales circunstancias resulta muy pertinente, puesto que por primera vez llega a esa cartera un ministro que no solo no es considerado ‘propias tropas’, sino que es recibido con tono muy amable por parte del principal enemigo de las Fuerzas Militares.

En efecto, el mensaje de ‘bienvenida’ de alias ‘Timochenko’ a Villegas produjo desconcierto en las filas de las Fuerzas Armadas. “Confiamos –dijo ‘Timochenko’– en el papel que Luis Carlos Villegas, amplio conocedor del proceso, puede jugar en las Fuerzas Militares”.

La declaración del jefe guerrillero disparó las alarmas en las brigadas y batallones del país, pues hasta el momento el Gobierno –con el presidente Santos a la cabeza– ha dicho que en La Habana no se está negociando la suerte de las Fuerzas Militares. Por ello causó asombró que ‘Timochenko’ diga que las Farc confían en el papel que Villegas desempeñará dentro de las Fuerzas Militares.

Desde que el ministro de Defensa empezó a ser un civil, una de las condiciones que debía reunir era la de ser ‘amigo’ de las Fuerzas Militares.

Desde Rafael Pardo, quien pese a haber sido negociador de Virgilio Barco, tenía muy buenos amigos entre los uniformados, hasta Juan Carlos Pinzón,

todos los jefes de esa cartera han tenido estrechos vínculos con las Fuerzas Militares en general y con el Ejército en particular. Algunos, inclusive, como Rodrigo Lloreda, en tiempos de Andrés Pastrana, prefirieron abandonar el cargo, cuando consideraron que algunas decisiones del Presidente podrían comprometer la integridad de la institución. Lloreda se retiró del Ministerio en plena negociación del Caguán y ese gesto fue interpretado por las tropas como una demostración de lealtad y compromiso.

Y aunque otros jefes de esa cartera, como Marta Lucía Ramírez, ministra en tiempo de Álvaro Uribe, tuvieron diferencias con altos mandos militares, especialmente por asuntos administrativos, sus relaciones fueron siempre cordiales, aunque distantes. A la postre las diferencias entre ellos se aclararon y Ramírez terminó poniéndose la camiseta de los militares y policías del país.

Juan Manuel Santos fue también un ministro cercano a las Fuerzas Armadas. A ello contribuyó el haber sido cadete de la Armada Nacional y el hecho de que su padre, Enrique Santos Castillo, exeditor general de El Tiempo, fue uno de los grandes abanderados de las causas de los uniformados.

Durante su paso por el Ministerio de Defensa –bajo las órdenes de Álvaro Uribe– Santos se caracterizó por liderar los golpes contundentes contra las Farc, entre ellos los bombardeos a los campamentos de ‘Mono Jojoy’ en las selvas del país y de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador, así como la Operación Jaque, que permitió la liberación de Íngrid Betancourt, agentes estadounidenses y un grupo de soldados y policías, quienes habían sido secuestrados por ese grupo guerrillero.

A Juan Carlos Pinzón –otro ministro muy cercano a las Fuerzas Militares– le tocó el trabajo de tener que ser “el malo de la película” dentro de un gobierno que tiene como principal objetivo la negociación con las Farc. “Pinzón era el perro que ladraba, mientras los otros movían la cola. Hay que esperar si Villegas ladra o mueve la cola”, me dijo un asesor del Ministerio de Defensa, cuando indagué por el papel que desempeñará el nuevo ministro.

La apuesta de Santos es, pues, bastante riesgosa. Cuando llega un nuevo ministro, las tropas confían en tener un gran aliado y una persona que defienda sus intereses no solo ante sus colegas de gabinete, sino ante el país. El Ministerio de Defensa es junto con Interior, Cancillería y Hacienda, las joyas de la corona del Gobierno y por lo general, esos cargos sirven como plataforma de lanzamiento a quienes tienen aspiraciones políticas, como ocurrió con el propio Santos.

Uno de los exministros de Defensa que llegó al cargo con el firme propósito de ser presidente fue Fernando Botero Zea, quien sostenía que el mejor camino para llegar a la Casa de Nariño en “un país en guerra” era ser “ministro de guerra”. Su aspiración se vio truncada por cuenta del proceso 8.000. ¿Qué le espera al ministro Villegas? ¿Un ministro amigo de las Farc? ¿Camuflado o Everfit? ¿Con el visto bueno de ‘Timochenko’?

Uno de los grandes y graves problemas que ha tenido la negociación de La Habana es que el Gobierno no ha sabido convencer a la inmensa ma-yoría de los colombianos de las bondades de la misma. Todo lo contrario: el secretismo y la falta de transparencia con que se han manejado los diálogos ha alimentado

el desconcierto nacional. El asunto es peor cuando se trata de las Fuerzas Militares, que siguen sin saber con claridad cuál será su suerte, una vez se firme la paz con las Farc en La Habana. Las visitas del general Jorge Mora de nada sirvieron, pues las tropas siguen desconfiando de la negociación. A Pinzón lo compartimentaron, hasta el punto de que casi siempre los anuncios de La Habana lo tomaban fuera de base y tenía que dar declaraciones sobre un asunto que ignoraba por completo. Villegas quien–según ‘Timochenko’– “es amplio conocedor del proceso”, deberá emplearse a fondo para convencer a los uniformados de que en La Habana no se está negociando su suerte. Se trata de una tarea bien difícil, pues es la primera vez que un ministro de Defensa llega con el visto bueno de las Farc.

Villegas, comprometido con el posconflicto Luis Carlos Villegas vivió en carne propia el drama de tener un familiar secuestrado por las Farc. Ocurrió en tiempos del Caguán cuando ese grupo guerrillero secuestró a su hija Camila, cuya liberación se produjo sin que el entonces presidente de la Andi pagara un peso por su rescate. Su acercamiento al grupo guerrillero se dio luego de que Juan Manuel Santos lo designara como integrante de la comisión negociadora del gobierno en La Habana, donde –dicen allegados a la mesa- mantuvo siempre una relación cordial y respetuosa con los delegados de las Farc. “Pese a la terrible situación familiar que le tocó vivir, jamás mostró algún tipo de resentimiento con las Farc”, me dijo un exasesor de paz, quien ha conocido información de algunas intimidades de los diálogos. Villegas es un convencido de la salida negociada y es el más optimista con la suerte del posconflicto. Luego de retirarse de la mesa de La Habana viajó a Washington como embajador y allá se encargó de “vender” la negociación con las Farc como la mejor salida que existe para superar el conflicto. ¿Los críticos de La Habana son enemigos de la paz?

Mientras el jefe máximo de las

Farc, alias ‘Timochenko’, afirma que “existe una campaña de desprestigio en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, el propio Santos sostiene que “los enemigos de la paz son unos enfermos mentales”. El Presidente insiste en matricular como “enemigos de la paz” a todos aquellos que critican o cuestionan los diálogos y que no solo tiene que ver con los uribistas, sino con un amplio sector de la población que desconfía de los diálogos. No se trata de una minoría. Todo lo contrario: la cifra –según algunas encuestas- supera el 60 por ciento. Que ‘Timochenko’ califique como enemigos a quienes no comparten sus métodos y su conducta criminal, no puede causar sorpresa. Pero que el propio Presidente que negocia con las Farc descalifique en tan duros términos a quienes se apartan del manejo de la negociación causa asombro. Villegas –a diferencia de Pinzón- es más amigo de los términos cordiales que de los adjetivos para descalificar a sus oponentes. Del buen tino que tenga para tratar a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía dependerá su suerte como Ministro de Defensa.

Ofensiva sin tregua y sin pausa El ataque de la Fuerza Aérea al campamento de las Farc en jurisdicción de Guapi fue la respuesta del Gobierno al ataque de ese grupo guerrillero a una columna móvil en Buenos Aires, Cauca. Se trata de golpes propinados al enemigo por cuenta de llevar a cabo la negociación en medio del conflicto. En el caso de las Farc, al atacar a los soldados en el Cauca rompieron la tregua unilateral e indefinida que ellas mismas habían declarado. Atacar a las Farc sin tregua y sin pausa –mientras se firma la paz con ellas- es el compromiso y la responsabilidad de las Fuerzas Militares y del Ministro de Defensa. Es decir: las Fuerzas Militares esperan que quien esté al frente de las tropas sea el Ministro de Defensa.

Punto. Y ello es así porque se dialoga en medio de la guerra. Ese es el mensaje que Villegas debe entender. O al menos el que las Fuerzas Militares quieren enviarle sin ningún tipo de titubeo.

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A diferencia de otros países latinoamericanos, aquí el Estado sí ha asumido sus responsabilidades voluntaria y activamente. Los que no lo han hecho son los de las Farc, y para afrontarlas no se necesita de ninguna otra comisión.

¿Comisión de la verdad?

Alfonso Monsalve Solórzano El Mundo 17 de junio de 2015 www.elmundo.com

Ahora vamos a entrar en la onda de la comisión de la verdad, por mandato de las Farc. ¿No me creen? En su afán porque esa guerrilla le firme un acuerdo de paz, uno cualquiera, el que sea, el gobierno ahora cede en este punto que implica una dilación de al menos tres años en el reconocimiento de las víctimas de esa guerrilla, para que al cabo de los cuales, su responsabilidad de diluya y, finalmente, se pierda en la noche de los archivos de burócratas especializados en convertir lo blanco en negro, es decir, a los victimarios en víctimas. Que es lo que buscan.

Y si no, piense, respetado lector, en las comisiones de la verdad que han existido. Voy a

poner como ejemplo Argentina.

Eduardo Rabossi, activista de los derechos humanos y filósofo sobresaliente, fue miembro de la comisión argentina. En una charla que sostuvo conmigo, reflexionando sobre ésta, semanas antes de morir, me dijo que su gran carencia y fracaso fue que sólo encontró responsables a individuos de las fuerzas armadas y de los partidos de derecha, dejando libres de culpa a los criminales de izquierda, que también los hubo, y muchos.

La razón era sencilla: para los comisionados, los grupos de extrema de esa tendencia no cometían delitos, como asesinatos, secuestros, extorsiones y postura de bombas, sino acciones legítimas de resistencia en nombre de una causa justa.

Lo que era una comisión de la verdad, se convirtió así, en una de la mentira y el ocultamiento.

Hemos escuchado a los delegados farianos en La Habana decir cosas semejantes, a pesar de que sus crímenes son infinitamente más numerosos y de mayor felonía que los cometidos por sus pares argentinos. Dicen, por ejemplo, que no son comparables sus acciones, ejecutadas invocando el sagrado derecho de la rebelión, con las llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, al servicio de los explotadores.

Eso lo afirman con cinismo, así sus actos hayan llevado al asesinato de más de un centenar de personas mediante la utilización de cilindros bomba en Bojayá. Uno se pregunta qué tiene que ver el derecho a la rebelión con la perpetración de esa masacre y, además, contra cuál dictadura se están revelando, porque en Colombia no hay una de ellas. Pero esas preguntas, y otras tan pertinentes

o más, jamás serán respondidas con la verdad por una comisión de la verdad que está conformada con personas que tienen que tener el visto bueno de las Farc o son sus seguidores. De entrada, es un mecanismo viciado.

Por otra parte, hay algo que no cuadra en todo esto. ¿No ha reconocido el Estado delitos atroces, siguiendo órdenes de los jueces, incluso, muchos que no ha cometido? ¿No ha llevado a cabo una política de reparación administrativa a víctimas, independientemente de quienes hayan sido sus victimarios? ¿La Corte suprema de Justicia y los jueces de la República no han condenado a centenares de personas por relaciones con los paramilitares, aun cuando, en muchos casos, las pruebas son frágiles o simplemente no existen? ¿Y no son miles los soldados y, policías y oficiales que

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han sido condenados o están siendo juzgados por acciones de presuntamente delictivas contra los ciudadanos? Que se sepa, los que han sido poco condenados son los guerrilleros, algunos porque las pruebas no son tenidas en cuenta, como en el caso de os correos de Reyes; y otros, porque han sido amnistiados y siguen tan campantes, a pesar de amenazar periodistas por publicar el punto de vista de la oposición.

A diferencia de otros países latinoamericanos, aquí el Estado sí ha asumido sus responsabilidades voluntaria y activamente.

Los que no lo han hecho son los de las Farc, y para afrontarlas no se necesita de ninguna otra comisión. Cada vez que los mamertos quieren dilatar algo que no les conviene, crean una comisión. En este proceso ya han montado dos, pero ninguna de ellas les ha podido lavar la cara. Con esta, pretenden retorcerle el cuello a la verdad de los crímenes que han cometido en el país. Que la comisión no es judicial sino política, dicen.

Claro, estúpidos, es política, porque no quieren someterse a la justicia y en cambio, ganar la legitimidad que requieren para el asalto final al poder.

Se quiere culpar a todos para exculpar a las Farc. Por ese camino, vamos hacia la impunidad, al igualar a los criminales con los ciudadanos y a una organización criminal con las instituciones democráticas.

Verdad negociada Alejandro Ordóñez Maldonado El Tiempo 1 de junio de 2015 www.eltiempo.com

Por ese camino, vamos hacia la impunidad, al igualar a los criminales con los ciudadanos y a una organización criminal con las instituciones democráticas.

Para que una comisión de la verdad pueda servir a la paz y a los derechos de las víctimas debe ser auténticamente independiente, imparcial y autónoma. Tales atributos se derivan de los mecanismos mediante los que se conforma, el mandato que se le otorga y los controles democráticos a los que se someta su adopción. En estos aspectos, el Acuerdo tiene muy graves problemas.

Por ejemplo, los miembros de la comisión serán elegidos por las Farc y por el Gobierno a través de un comité de selección. ¿Qué derecho tiene la guerrilla para imponerlos? Si no es razonable dar ese poder a las Auc o a agentes estatales que delinquieron, ¿por qué sí concederlo a ‘Timochenko’? ¿Por qué a un aparato armado no disuelto? ¿Cuál independencia? ¿Cuál autonomía?

Respecto al mandato, ya tenemos la nefasta experiencia de la Comisión Histórica y de

las Víctimas. Esa instancia, manipulada y manoseada hasta la saciedad por las Farc, produjo una serie de informes que, con excepción de uno, obedecieron a un guion predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia. Ahora, en el mandato se obliga a que esos documentos sean el “insumo básico”, esto es, el fundamento o la base que sustente las investigaciones que lleve a cabo la Comisión de la Verdad. Una camisa de fuerza que genera el gravísimo riesgo de que la “verdad” sea la que quieren los victimarios. ¿Cuál imparcialidad? ¿Cuál autonomía?

Tercero, el Gobierno, durante tres años, insistió en que la negociación se adelantaba dentro de la Constitución y del Marco Jurídico para la Paz. Cuando las sentencias de la Corte Constitucional le imponen límites a la impunidad, quieren desconocerlo. La intención es clara: impedir que el Congreso regule la comisión y evadir el control constitucional que tienen las leyes.

Tampoco lo acordado contribuye genuinamente a la verdad, ni a la justicia. A pesar de lo repetido por el Gobierno, no existe en el Acuerdo una sola sílaba que obligue a los victi-

marios a decir la verdad y solo la verdad ante la comisión, respecto a las atrocidades, como requisito para acceder a penas alternativas; ni se exige sincero y público arrepentimiento.

La comisión quedó hecha a la medida de las Farc.

Consecuencia de una “verdad negociada”, en conjunto, el Acuerdo revela más una preocupación por absolver victimarios que por satisfacer derechos de las víctimas. Gobierno y Farc parten de una visión compartida de la violencia y de un metarrelato sobre el conflicto que supone “causas” y “responsabilidades colectivas”. Esas conclusiones deben ser resultado de los trabajos de la comisión, no puntos de partida que supeditan su independencia e imparcialidad.

Además, se busca imponer una verdad oficial que reconoce que la responsabilidad es de toda la sociedad y el Estado. Se quiere culpar a todos para exculpar a las Farc. Por ese camino, vamos hacia la impunidad, al igualar a los criminales con los ciudadanos y a una organización criminal con las instituciones democráticas. Para completar, la “verdad oficial”, la “verdad negociada” la quieren implantar en las mentes de

los niños y jóvenes a través del pénsum académico. No menos grave es que el Acuerdo sugiere que las recomendaciones serán vinculantes, con lo que se abre una puerta trasera para la reestructuración del Estado y de las Fuerzas Armadas; finalmente, dicen, son los responsable de la barbarie, no las Farc.

Como lo señalé al Presidente de la República, en agosto del 2014, “la verdad no se negocia, al igual que no se negocian los derechos de las víctimas”. Es conveniente que se consideren las 13 garantías propuestas por la Procuraduría y que el alcance de la comisión sea objeto de un pacto para la paz.

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Anexo junio 2015

¿Cómo entender la retórica de las Farc?

Eduardo Mackenzie periódico Debate 4 de junio de 2015 periodicodebate.com

Las élites gubernamentales colombianas, tan conformistas siempre ante el fenómeno criminal comunista -pues fueron descerebradas al respecto en los años 1930 y 1940 por varios líderes exaltados del partido liberal-, nunca entendieron qué idioma hablaba esa gente, ni qué barbaridades podían lanzar empleando frases de alto valor positivo, emocional y consensual.

No es sino leer lo que dijo hace tres días Pastor Alape y ver cómo ese discurso escalofriante suscitó un cierto entusiasmo y hasta el optimismo en la periodista que habló con él “en un apacible sitio de La Habana”.

Si hubiera entendido el sentido real de lo que el jefe terrorista le decía, ella habría salido consternada. Y no hubiera titulado “Las Farc no descartan reclusión especial”. Alape dijo, en realidad, lo contrario. “¿Por qué iríamos a la cárcel si estamos construyendo la paz?”, le preguntó Alape. La periodista dejó pasar eso sin replicar, convencida quizás que no

había en esa fórmula nada que objetar. Alape, ante esa ventana abierta, pudo insistir en que las Farc son inocentes y que los crímenes que su banda comete no son crímenes: son, según él, actos de paz y, a lo sumo, “fallas”, “errores” y “temas”.

Lo de la famosa “reclusión especial” del engañoso titular resultó ser algo que no tiene nada que ver con reclusión alguna.

Alape explicó que la única sanción que ellos podrían recibir es “trabajar para la comunidad” como improvisar puentes de madera en algunos pueblitos.

Para mostrar su sinceridad, Alape llegó al extremo de admitir que “hay hechos de guerra con los que hemos afectado a la gente”, pero enseguida se auto absolvió al concluir: “pero no son una política de las Farc.”

Las Farc no tienen, pues, como política, matar civiles en atentados, ni en emboscadas. Nunca los han secuestrado para sacarles dinero o para presionar al gobierno a que “despeje” ciertas zonas. Las Farc no extorsionan a nadie, ni mutilan civiles, ni los matan con sus minas antipersona, ni con sus morterazos. Lo que vemos a diario en ese sentido son fantasmas inventados por la prensa, por esos “medios [donde] hay gente que no contribuye” a los designios de las

Farc, advirtió Alape.

El jefe negociador “de paz” en Cuba aprovechó esa entrevista para lanzar amenazas a los periodistas críticos, para advertir que las Farc “van a dar respuestas” sangrientas, que para ellas la reparación a las víctimas son “sueños”, que las Farc no han querido sacar a los niños de la guerra porque eso “necesita un protocolo”, y que, finalmente, para que nadie se haga ilusiones, “aquí no va a haber paz” pues “63 años de conflicto no pueden resolverse en dos meses” y porque la paz “no es llevando a la cárcel” a los jefes farianos. Todo eso dijo Alape sin que su interlocutora saliera de la hipnosis.

Pastor Alape no dijo nada nuevo, en realidad, en esa entrevista. Se limitó a repetir los clichés mamertos de siempre: que la guerra fue “incitada” por “unos sectores poderosos”, que el proceso de paz de Santos “no es un proceso de sometimiento a la justicia”, que la justicia no debe ser impartida por el poder judicial sino por la llamada “comisión de la verdad”.

Es ella la que debe definir que las Farc no son los malos y que nunca lo fueron y que ellas son las víctimas de los “poderosos”.

Finalmente, Alape no pudo ocultar su odio feroz contra el

ex presidente Álvaro Uribe. El espera que las Farc logren llevarlo a la cárcel.

Como todas las formaciones dependientes de una ideología totalitaria, las Farc y el PCC adoptaron un lenguaje particular desde el comienzo. Adoptaron, en realidad, la retórica inventada desde 1905 por Lenin y los bolcheviques y por la Internacional Comunista después, en los años 1930. La labia mamerta de hoy no ha cambiado una sílaba a esas viejas recetas. La clave de todo eso es que el mamerto, armado o desarmado, comprende las cosas al revés. Para interpretar cada frase de esa gente hay que ver el reverso de su sentido primero, de su sentido aparente. La comunicación para ellos, como lo fue también para los hitlerianos, es una técnica, un arma ideológica para legitimar su guerra contra la democracia liberal.

El comunista, educado en un verdadero culto de la mentira, es un verdugo que se presenta como víctima, que alega y cree firmemente que lucha por la justicia.

El ensayista francés Pascal Bruckner explicó cómo esa técnica comunicacional no ha caído en desuso. Fue empleada en 1991 por el ex comunista Milosevic, quien mientras plani-

ficaba y realizaba la bárbara “limpieza étnica” contra bosnios, cróatas, albaneses de Kosovo, en la ex Yugoslavia de Tito, proclamaba alto y fuerte que él era un apóstol de la paz.

Milosevic presentaba “su voluntad belicosa como amor por la paz y su limpieza étnica como ardiente deseo de preservar la federación yugoslava”.

Bruckner resume: “Con la retórica gran serbia (…) hay que habituarse a que la violencia hable el lenguaje de la paz, a que el fanatismo emplee el de la razón, hay que acostumbrarse a que el rechazo del genocidio sea el vehículo de un nuevo crimen contra la humanidad”.

Si los periodistas colombianos supieran estas cosas podrían descifrar los discursos de sus interlocutores más violentos y podrían cumplir con la ética de su profesión la cual no es sólo informar sino develar al mismo tiempo las trampas comunicacionales que acompañan ciertos episodios y procesos como, por ejemplo, las mal llamadas negociaciones de paz en La Habana. La información a secas acerca de lo que ocurre y de lo que dicen los violentos, la llamada “información objetiva”, engendra confusión, indiferencia y vacilación. Es lo que buscan los matones angélicos.

Sectores políticos y defensores de derechos humanos, celebran que se hayan eliminado apartes que implicaban ‘impunidad’ para casos como los falsos positivos y reconocen que la reforma, como quedaría, no necesitaba pasar por el Congreso.

Una “pequeña” reforma al fuero Redacción Política El Espectador 8 de junio de 2015 www.elespectador.com

‘La reforma al fuero no es reforma’. Esa es la percepción de los conocedores del proyecto de reforma constitucional, presentado por el Gobierno, con el que será modificada la aplicación de la justicia penal militar. Si no ocurre algo extraordinario, esta semana el articulado será aprobado en su octavo y último debate, que se dará en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La mayoría de expertos consultados por este diario sostienen que, de la propuesta presentada en 2012 y del proyecto entregado en 2014, ambos por iniciativa del Ejecutivo, quedó muy poco que signifique una reforma trascendental al fuero militar existente.

En 2012, el acto legislativo pretendía modificar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución. La idea del Gobierno fue crear el Tribunal de Garantías Penales y delimitar

expresamente los delitos que son competencia de la Justicia Militar, pero el documento fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma. Luego, en 2014, el Gobierno presentó una nueva reforma que excluía el Tribunal de Garantías, pero mantenía los cambios en los delitos que correspondían a las competencias de las jurisdicciones militar y civil, para el procesamiento de uniformados.

Hoy, lo que está claro es que la reforma presentada inicialmente, en 2014, era mucho más ambiciosa en comparación con el texto que será aprobado esta semana. El primer articulado planteaba que los delitos contra el DIH fueran de conocimiento de la justicia penal militar, salvo unas excepciones que eran: delitos de lesa humanidad y tortura, genocidio, desaparición forzada, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. Pero, luego

de pasar los primeros cuatro debates, el texto cambió.

De acuerdo con fuentes cercanas al Tribunal Superior Militar, lo que quedó “no es algo trascendental y no requiere de una reforma constitucional. Los reparos a la reforma de algunos congresistas, el ambiente político y las manifestaciones contrarias que expresaron organizaciones como Human Rights Watch, hicieron que se redujera la reforma a esto que está actualmente”.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, por su parte, dice que, “inicialmente, el Ministerio de Defensa pretendía darle impunidad a los falsos positivos. Eso se aprobó en primera vuelta y en segunda vuelta el mismo ministerio lo cambió. Cambiaron la redacción del fuero, pero básicamente es el mismo. Lo están haciendo así para ahorrarse “el oso” de tener que reconocer que no hay ningún cambio. Esa ampliación que se pretendía era inconstitucional e inadecuada. Era una

oferta de impunidad a nuestros militares que, además, no la estaban pidiendo”.

“Claro que tenemos que buscar una salida a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Tenemos que buscarles una salida si queremos terminar este conflicto y tener una paz estable. Pero, esa salida no puede ser la ampliación del fuero penal militar para dar impunidad. Esa salida tiene que buscar caminos de justicia transicional para esos uniformados que son muy pocos o casos muy concretos”, señaló la senadora López.

El coronel Camilo Andrés Suárez, presidente del Tribunal Superior Militar, dice que la reforma sí amplía las garantías para los uniformados. “El acto legislativo no excede los fundamentos básicos y los límites del fuero penal militar. En el primer inciso la única modificación es técnica. En la nueva teoría del delito, la investiga-

ción no se hace sobre delitos sino sobre conductas punibles.

Cambian esos términos. En el segundo inciso sí está el cambio de fondo. En un país en conflicto lo que se busca es que la conducta del uniformado se revise desde el Derecho Internacional Humanitario”, señaló.

Pese a que la probable aprobación de la reforma, con las modificaciones hechas para la segunda vuelta, ha sido vista con buenos ojos por defensores de derechos humanos, organismos internacionales y el grueso de los sectores políticos; ya levanta ampollas en algunos sectores relacionados con las Fuerzas, como en la asociación de oficiales retirados, Acore.

“Tenemos mucho temor con lo que se va a aprobar. Les pararon más bolas a los organismos internacionales y a la izquierda que a nosotros. Lo que desapareció fue lo que nos garantizaba a nosotros seguridad jurídica”, dijo a este diario el general (r) Juan Salcedo.

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Observando con estupor el secuestro de la niña Daniela Mora, vinieron a mi memoria los miles de relatos de esa Colombia secuestrada durante años, que vivía este implacable flagelo y que sumía a la nación en el dolor propio de un delito abominable.

¿Comisión de la Verdad?

Maria Fernanda Cabal periodicodebate.com 13 de junio de 2015 periodicodebate.com

Durante mucho tiempo en el libro “Acabar con el olvido” de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), se recogieron historias inéditas de miles de víctimas invisibles y de sus familias, que sufrieron el rigor de las actividades criminales de las Farc y el Eln, que destrozo además patrimonios hechos a través de años con sacrificio y trabajo.

El secuestro ha sido una

huella indeleble en la memoria de sus víctimas. Y, así nos quieran vender desde Cuba a los guerrilleros como compatriotas que luchan por el bienestar del pueblo y pretendan limpiar sus culpas ante el país, aun no recibimos señales de arrepentimiento, dando a conocer el paradero de cientos de colombianos secuestrados durante décadas o el infame destino de quienes no sobrevivieron a este tortuoso cautiverio. Y no lo harán, porque su único interés es el poder, al que hábilmente denominan paz y la mayor sacrificada será la tan

anhelada verdad.

La comisión de la verdad, como se plantea, es un triunfo político para los victimarios de las Farc. Su método es la inversión de la realidad para evadir responsabilidad penales que hoy, no son susceptibles de impunidad disfrazada de amnistía e indulto.

La Comisión es un mecanismo de justicia transicional extrajudicial, que busca satisfacer los derechos de las víctimas y que no debe ser utilizado como instrumento de legitimación del terror como lo pretenden las Farc.

Ya veremos los personajes que desde la legalidad fungen como voceros dentro de la más despreciable incoherencia ética, utilizando narrativas que justifiquen las atrocidades como “acciones de rebelión”.

Para la mentalidad revolucionaria, la verdad es todo aquello que justifique la revolución y la muerte hace parte de estos medios. Por esto, los victimarios escribirán la historia de Colombia a su acomodo. Experiencias como la de Perú, evidencian la inconveniencia de la creación de comisiones que pueden ser permeadas por intereses ocultos. No podemos permitir que a las fuerzas armadas se les acuse de ser un aparato criminal organizado y que los verdaderos victimarios posen de víctimas.

La verdad es una necesidad imperante para la paz, al igual que la justicia; y si estos dos bienes no están presentes en el proceso -como lo hemos visto por más de mil días- este solo servirá para permitir el fortalecimiento de las Farc: se perseguirá a empresarios por no haberse dejado asesinar y se condenará a los militares que, exponiendo sus vidas, serán crucificados como responsables máximos del conflicto.

Los ciudadanos, convidados de piedra, serán llamados a participar reconociendo culpa en lo que no han tenido que ver sino padecer, para dejar a merced del crimen la memoria, la historia, la ley y la vida en democracia y libertad de las futuras generaciones.

de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los integrantes del comité de escogencia. Los 3 integrantes restantes serán los delegados de 3 personas u organizaciones que acordemos…

Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía… La selección de los comisionados deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia” (Es decir, seis).

Comentario: se dejaron en el tintero asuntos a medio camino que por su complejidad pueden llevarse meses o una espera hasta el final. Imaginemos la dificultad para hallar “el procedimiento” que garantice que los aspirantes a la Comisión sean nombrados en un proceso “amplio y pluralista” con garantías “ante la sociedad” (¿quién es la sociedad y cómo se expresaría?) de “legitimidad e imparcialidad”. Basta recordar la discriminación en la selección de las víctimas que comparecieron a La Habana. Luego un comité (otro) de escogencia integrado por nueve personas (tres por el gobierno, tres por la guerrilla y otros tres de común acuerdo) elegirán los once, cada uno de los cuales debe contar con la venia de al menos seis. ¡Tremendo enrredajo! Este párrafo “Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía” es un auténtico golazo de las Farc.

Cómo se va a precisar que la ciudadanía exprese confianza sobre los elegidos? Solo hay una forma: con la realización de una Constituyente cuyas decisiones soberanas no puedan ser controvertidas.

Acuerdo: “La comisión” investigará “Prácticas y hechos

que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)… Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FarcEP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”.

Comentario: el Estado vuelve a dejarse igualar con la guerrilla como si no hubiese ya miles de investigaciones en curso y cientos de fallos contra agentes del Estado. La guerrilla acepta al finque debe poner la cara ante el DIH, aunque se quedó corta en cuanto que de la constatación de violaciones al mismo no se desprenderán penas.

Acuerdo: “La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final”.

Comentario: tres años de presiones de los movimientos sociales y de organizaciones de víctimas muchas de las cuales actúan con sesgo ideológico.

En síntesis, el Acuerdo sobre la Comisión de la Verdad traspapela la verdad jurídica -que implica el testimonio de los afectados, la investigación penal, el juicio, las penas a los responsables y la reparación de las víctimas- en una comisión de ética disfrazada de académica, independiente e imparcial. Deja en el aire demasiadas cosas como para hacerle fiesta al anuncio y deja asomar el mico de la constituyente. De todas formas, no olvidemos que como “nada está acordado hasta que todo esté acordado” hay que esperar el amanecer para saludar el nuevo día.

Desde antes del inicio de las conversaciones, la guerrilla y el Gobierno a través de su Alto Comisionado de Paz acordaron hablar la misma retórica sobre las causas objetivas del conflicto, el contexto histórico. Este apartado, además, satisface la idea de las Farc de movilizar las masas para presionar la paz a cambio de reformas estructurales.

Comentarios al acuerdo de la comisión de la verdad

Darío Acevedo Carmona El Espectador Fecha: 7 de junio de 2015 www.elespectador.com El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc acordaron crear una “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición” que será “un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial” que se pondría en marcha “una vez firmado el Acuerdo Final”.

Comentario: estamos ante un serie de equívocos y confusiones. La verdad en sentido histórico no es una, porque ella supone interpretaciones fruto de un trabajo académico que se puede realizar desde diferentes enfoques, teorías y métodos cuyos resultados están sometidos a la crítica. En materia jurídica sí se puede hablar de verdad en plural porque se individualiza el hecho. Ahí funcionan otras reglas y presupuestos en materia de derecho penal. Lo de imparcial e independiente bien difícil en un asunto que despierta tanta polarización y tanta controversia. El carácter extrajudicial de una comisión que va a esclarecer verdades conduce de hecho a la impunidad a una expiación indolora de los delitos graves. La verdad así es inútil pues no contribuye a la reparación de las víctimas.

De esa forma, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no comparecerán ante un juez. Si no hay valor ju-

rídico, como lo hubo en el caso de los paramilitares, entonces, ¿cómo y quién va a reparar a las víctimas? Las Farc ya lo dijeron, “el Estado es el máximo responsable” del conflicto.

Acuerdo: “la Comisión” debe buscar la verdad y la complejidad del conflicto poniendo “en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones” y aplicando “enfoque territorial” y “de género”. La temporalidad a investigar cubre el tiempo de duración del conflicto pero, tiene la libertad de extenderse hacia el pasado y explicar el “contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros”.

Comentario: desde antes del inicio de las conversaciones, la guerrilla y el Gobierno a través de su Alto Comisionado de Paz acordaron hablar la misma retórica sobre las causas objetivas del conflicto, el con-

texto histórico. Este apartado, además, satisface la idea de las Farc de movilizar las masas para presionar la paz a cambio de reformas estructurales. Se trasluce, igualmente, la aplicación de la metodología de la “acción participativa” preconizada por el sociólogo Fals Borda según la cual la historia se “reconstruye” entrando en contacto con el pueblo. Los informes de la Comisión Histórica, en los que no hubo consensos, bien podrían evitar todo el aparataje de la nueva Comisión.

“La Comisión estará integrada por once miembros” para cuya “escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia... El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad… puedan postular candidatos. Los comisionados serán elegidos por un comité de escogencia… compuesto por nueve integrantes. El Gobierno y las Farc-EP,

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Anexo junio 2015

“Sus fines son conocer la verdad histórica y reparar no pecuniariamente a las víctimas, y su objeto de estudio abarca como mínimo medio siglo, todo el territorio nacional y a todos los que participaron en el conflicto. No es poca cosa”.

Comisión de la Verdad Rafael Nieto Loaiza elpaís.com.co 6 de junio de 2015 www.elpais.com.co

Al final de casi cinco años y 37 ciclos de conversaciones formales, el Gobierno y las Farc “han alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Comisiones de la verdad ha habido un par de decenas en el mundo, con funciones, composiciones y características muy disímiles, de manera que es indispensable una descripción básica de la que acaba de crearse para entenderla. Según el acuerdo,

la Comisión tendrá una duración de tres años “incluyendo la elaboración del informe final” y “contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”. Estará integrada por once miembros elegidos “por un comité de escogencia. [A su vez] este comité estará compuesto por 9 integrantes.

El Gobierno y las Farc-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que [definan] 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/ as delegados/as de 3 personas u organizaciones que [acuerden] en la Mesa” (los espantosos e incorrectos “los/as” son del original). En esa Comisión podrá haber hasta tres extranjeros y el presidente será escogido no

por sus miembros, sino por el Gobierno y las Farc.

Sus funciones son “en primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido… y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto”.

“En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento... de las víctimas; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición… Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios”.

El ámbito temporal del trabajo de la Comisión es “el período

del conflicto”, sin más especificación. Concluidas sus tareas “se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones”.

La larga explicación permite precisar en algo las características de la Comisión: nacerá en virtud de un acuerdo de paz, sus fines son conocer la verdad histórica y reparar no pecuniariamente a las víctimas, y su objeto de estudio abarca como mínimo medio siglo, todo el territorio nacional y a todos los que participaron en el conflicto.

No es poca cosa.

Y exige hacer precisiones: la más importante, que no debe ni puede reemplazar los mecanismos de justicia que permitan la sanción, aunque no sea pro-

porcional, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De hecho, el acuerdo establece que la Comisión “será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra judicial” y que sus actividades “no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Queda una duda, sin embargo: ¿Los responsables de esos crímenes darán su testimonio en la Comisión si saben que, en todo caso, habrá procesos judiciales contra ellos? Más aún, ¿los colegas de esos criminales los incriminarán en sus testimonios, aunque no tengan valor judicial, o predominará el espíritu de cuerpo?

‘Iván Márquez’, en una carta que envió al Procurador General de la Nación, en respuesta a la misiva que el funcionario envió al grupo guerrillero en la cual le advirtió a los integrantes de las Farc que deben someterse a la justicia y que la Comisión de la Verdad que se propone crear en el marco de las conversaciones de La Habana, “no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen”.

Farc afirman que son “rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo colombiano” Redacción 1 (no identificado) correoconfidencial.com 12 de junio de 2015 correoconfidencial.com En medio de la escalada te-

rrorista desatada contra la contra la infraestructura eléctrica, petrolera, de carreteras y contra la población civil, Las Farc afirmaron que son “rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo de Colombia” y que han venido luchando por “justicia social con igualdad, bienestar para todos y calidad de vida al alcance del pueblo”.

Los pronunciamientos los hizo a través del cabecilla alias ‘Iván Márquez’, en una extensa carta que envió en las últimas horas al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, en respuesta a la misiva que el funcionario envió al grupo guerrillero a principios del mes y en la cual le advirtió a los integrantes de las Farc que deben someterse a la justicia y que la Comisión de la Verdad que se propone crear en el marco de las conversaciones de La Habana, “no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen”.

Además, el jefe del Ministerio público afirmó que se debe

reconocer desde un principio a las Farc como los victimarios y en ningún momento se le debe dar legitimidad a sus acciones contra la población civil. Al respecto, alias ‘Iván Márquez’ le dice al procurador que “tiene una visión confusa sobre lo que viene sucediendo en el país y en la mesa de La Habana” y que la verdad que se busca no es “su verdad, señor Procurador”, sino “la que brote de los labios de las víctimas, por haber sufrido en carne propia la tragedia de la guerra”. Según el cabecilla de las Farc, “la verdad que se quiere conocer es la que se escuche desde las tumbas, que hablarán cuando se retiren sus lápidas y se trabajen científicamente los restos mortales que ellas guardan”.

Y luego Márquez afirma: “En su momento nosotros también cumpliremos nuestro compromiso con la verdad como ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo”. “Entonces –dice– no nos pretenda vender la idea, señor Procurador, de que tenemos que acogernos a un sistema de justicia elaborada por doctrinantes extranjeros que nunca imaginaron que sería acomodada a tijerazos y remiendos en una especie de sastrería jurídica para vestir groseramente procesos políticos de paz”.

En seguida descalifica nuevamente a la justicia colombiana, trayendo a colación el escándalo de corrupción de la Corte Constitucional y señala: “La Corte que usted cita con tanto entusiasmo, señor Procurador, moralmente ha dejado de existir”. Igualmente precisa: “Priorización”, “ponderación”, “selección”, “sistematicidad”, “máximos responsables” y “macro procesos”. ¿Tras sesenta años de conflicto interno inventarse semejante procedimiento para ponerle la mano a unos pocos y encarcelarlos al final de la contienda?

Señor Procurador, ¿usted que se dice ser conocedor de la Palabra divina se atreve a “tirar la primera piedra”? “¡Bombas señor Presidente! ¡Bombas!” ha sido su clamor. Usted es una de las partes actuantes del conflicto; hace rato dejó de ser un civil no comprometido, señor Procurador. ¿Cómo es que no se ha dado cuenta?

Además señala que el Procurador “no ha aclarado su papel y el de la institución que pasajeramente preside dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general”. “Lo invitamos a que depon-

Foto: Pulzo.com

ga la falsa armadura con la que ha querido hacer presencia en la vida pública. Mírese primero la viga en el ojo propio”, subraya y agrega que “en su momento, de seguro, tendrá que hacer usted presencia en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Allá queremos oírlo a fin de que le cuente al país por qué sus silencios en momentos en que debió pronunciarse; por qué permitió el escalamiento de la confrontación armada como solución al conflicto interno; por qué no le tendió la mano al pobre, a la víctima del otro lado, al desprotegido defensor de los derechos humanos”.

Dice más adelante que “la esencia de la futura paz, pensando en las víctimas, su reparación, el perdón y el nunca más”, es “la Asamblea Nacional Constituyente” y pide al Procurador que no insista en que con ella se daría “un salto al vacío”. “Todo lo contrario,

complementa, dejar la futura suerte en manos de los poderes constituidos como lo pretende el adefesio del Acto Legislativo 01 de 2012 y la sentencia C-579 de 2013, sí es el verdadero salto al vacío”.

En opinión del cabecilla guerrillero, “solo se llega a la construcción del candado definitivo, a la construcción de la norma pétrea garante de la seguridad jurídica futura acudiendo al poder creador; poder que constituye, es decir, poder que erige, forma y construye”.

Y concluye: “Si hemos llegado a conquistar un sitio en igualdad de condiciones con nuestros contradictores de siempre en la Mesa de La Habana para revisar las enfermedades de la patria y buscar una paz estable y duradera, señor Procurador, es porque hemos sido rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo de Colombia. No vamos a dejar de lado, no vamos a abandonar esta histórica oportunidad.