Revista edición 124, versión digital para Internet julio 2014

EDICIÓN

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VERSIÓN DIGITAL PARA INTERNET

POSCONFLICTO INTELIGENCIA MILITAR JUSTICIA NECESIDAD DEL CAMBIO

REVISTA ACORE No. 124 - JULIO 2014 VERSIÓN DIGITAL PARA INTERNET

ISSN 0124-0226

PRESIDENTE DE ACORE Brigadier General Jaime Ruíz Barrera JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Primer Vicepresidente Brigadier General Rodrigo Quiñones Cárdenas Segundo Vicepresidente Coronel Pastor Duarte Hernández Vocales Ejército Coronel Alfonso Borrero Mansilla Coronel Héctor Samaca Rodríguez Coronel Jesús M. Vivas Mosquera Coronel Ricardo Mora González Coronel Manuel José Santos Pico Coronel Enrique Cotes Prado Vocales FAC Coronel Harold Certuche Caicedo Coronel Gustavo Plazas Jiménez Vocales Armada Capitán de Navío Luis Jaime Correa Pérez Capitán de Navío Ricardo Torres Tono Vocales Asociadas Activas Señora Rosita Aguilar Vda. de Quiñonez Señora Hilda Chávez de Alvarado SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO Brigadier General Guillermo Bastidas Ordoñez DIRECCIÓN Teniente Coronel Rosa María Llovera Terradas EDITOR Periodista Carlos Castillo Lugo DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Sandra Ximena Gallego Torres COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Leydi Liliana Romero FOTOGRAFÍA Archivo departamento de Comunicaciones COLABORADORES General HENRY MEDINA MEJÍA General NESTOR RAMÍREZ MEJÍA Coronel DARIO RUÍZ TINOCO Mayor General JUAN SALCEDO LORA Coronel GERMÁN ARAGÓN BAUTISTA

EDITORIAL

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La paz no se logra con la firma de un decreto o de una ley General HENRY MEDINA URIBE

Venganza contra justicia en el posconflicto General NÉSTOR RAMÍREZ MEJÍA

La desfronterización del Estado colombiano Coronel DARÍO RUIZ TINOCO

La Inteligencia y la seguridad del Estado Mayor General JUAN SALCEDO LORA

Cambiar para crecer Coronel GERMÁN ARAGÓN BAUTISTA

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EDITORIAL

Nuestras Fuerzas Armadas en el posconflicto

Todos queremos la paz. Este es un anhelo nacional que obviamente no presenta ni puede presentar ningún tipo de rechazo. Las Fuerzas Militares y de Policía, no se oponen a la paz. Nuestros soldados y policías son los más afectados por el conflicto armado que enfrentamos. Esta es una realidad que nadie puede controvertir. Miles de familias hoy en día visten y han vestido luto por la pérdida de valiosos jóvenes que un día juraron defender su patria y que, en cumplimiento de ese gran compromiso, ofrendaron sus vidas para proteger a los colombianos.

A través de nuestra historia, las Fuerzas Armadas han sido pilar fundamental de una democracia ejemplar. Nadie puede negarlo.

Esto sin lugar a dudas, se viene traduciendo en estabilidad política, económica y jurídica para el país. Ese es el gran papel que han jugado quienes legal y constitucionalmente, portan las armas de la República.

Todos somos conscientes que esta paz tan anhelada, después de medio siglo de conflicto armado, solamente podrá alcanzarse a través de una negociación política, tal como se está intentando en este momento,

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o por victoria militar mediante el uso legal de la fuerza por parte del Estado. Hoy, la decisión del Gobierno es tratar de lograrla haciendo uso de una negociación política.

Sobre este particular, es conveniente decir que el actual comisionado de paz ha hecho la advertencia, que para la obtención de esta paz tan deseada, se requerirá de un proceso gradual no menor de diez años y que, por ahora, en caso de lograrse los acuerdos respectivos en la mesa de conversaciones y una vez sean refrendados por el pueblo colombiano, se llegaría a una etapa de posconflicto, donde el papel de las FF.MM. y de la Policía Nacional será supremamente importante.

Consecuente con lo anterior, el alto mando militar y policial, previendo el eventual posconflicto, ha anunciado que hay planes que tienen relación directa con tareas de consolidación, control de áreas territoriales para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos, y programas relacionados con obras de infraestructura rural en zonas afectadas por la violencia armada.

Para cumplir con este propósito, el esfuerzo principal estará a cargo de unidades de ingenieros militares y otras especializadas en acción cívica militar y policial.

Por lo tanto, se equivocan quienes creen que en caso de un eventual posconflicto nuestras Fuerzas Armadas deben ser restructuradas en cuanto a su pie de fuerza

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y en cuanto a las funciones constitucionales que les compete en materia de soberanía nacional, tanto en el frente interno como el externo y en asuntos policivos de seguridad y paz ciudadana.

Sin embargo, no nos preocupa el posconflicto. Nos preocupa que fuerzas oscuras conformadas por grupos políticos de extrema izquierda radical que han venido actuando exitosamente en contra de la institucionalidad y de los pilares básicos de nuestra democracia, resulten en esta etapa fortalecidas y se consoliden abiertamente como amenaza permanente contra el país, y particularmente contra el estamento armado de la República.

Esta es la amenaza que insistentemente hemos venido denunciando, con relación a la guerra política y la guerra jurídica, que desde tiempo atrás, nos afecta significativamente.

La guerra política, tal como lo hemos dicho, se está materializando por la acción sistemática y persistente de ONG que habitualmente se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos y, por otras de carácter eminentemente político, comprometidas directamente con corrientes neocomunistas y con movimientos socialistas o progresistas de reciente aparición, tales como el llamado Foro de Sao Paulo y la Coordinadora Continental Bolivariana. De estas dos organizaciones, por ejemplo, el grupo terrorista de las Farc, forma parte integrante desde el momento mismo de su creación.

En cuanto a la guerra jurídica, no es otra cosa que el uso de la normatividad jurídica para someter al escarnio público o al cuestionamiento social a quienes, por circunstancias del conflicto armado, pueden verse involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley.

Como complemento de lo anterior y, siendo consecuentes con los posibles acuerdos que pudieran surgir dentro de la negociación para la terminación del conflicto armado, esto también podría ocurrir: - Creación del ya anunciado Ministerio de Seguridad Ciudadana, contando como componentes principales con la Policía Nacional, una organización legal de reinsertados con algunas facultades de policía, como también, una central única de inteligencia para efectos de seguridad interna y control del orden público. La inteligencia militar sería significativamente restringida y estaría únicamente destinada a la seguridad fronteriza para detectar eventuales amenazas en el frente externo.

- Expedición de una ley habilitante otorgando facultades especiales al Jefe del Estado para implementar las reformas que sean requeridas en concordancia con los acuerdos pactados con las organizaciones terroristas (reforma agraria, control del orden público, participación política, narcotráfico, reinserción, acción penal para desmovilizados, etc.). Este procedimiento excluiría al Congreso de la Republica de su

responsabilidad directa en expedir la normatividad jurídica y legal requerida para formalizar dichas reformas.

- Otorgamiento de algunos beneficios jurídicos a miembros de la Fuerza Pública para justificar en términos de equidad, los que les sean proporcionados a integrantes de las organizaciones terroristas. (Sofisma de justificación).

- Utilización de investigaciones y estudios relacionados con la persistente exigencia de elaboración de una memoria histórica del conflicto armado para el esclarecimiento de la verdad, como instrumento jurídico esencial para futuros procesos y juicios de responsabilidad, particularmente contra las máximas jerarquías de la Fuerza Pública y, en especial, contra quienes hayan sido exitosos en la lucha contra el terrorismo (responsabilidad mediática – unidad de contexto – máximos responsables).

- Crecimiento de las redes de ONG, nacionales y extranjeras, y de algunos grupos políticos, para asediar a miembros de la Fuerza Pública y frenar paulatinamente la acción legitima que les corresponde en materia de seguridad, defensa nacional y tranquilidad pública. Tal circunstancia, sin duda alguna, abriría el camino para el fortalecimiento del neo comunismo o socialismo progresista siglo XXI en busca del poder a través de la vía democrática.

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA

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La paz no se logra con la firma de un decreto o de una ley De llegar a una solución negociada, las Fuerzas Militares podrían cambiar su accionar propio del combate y de búsqueda de la paz, por obras de infraestructura en beneficio nacional.

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FOTO:REVISTAPUEBLOS.ORG

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¿Cuáles son las implicaciones que tiene la desactivación del conflicto armado para la agenda de seguridad en Colombia? ¿Cuáles cambios implicaría un escenario de posconflicto en la consideración sobre amenazas hacia la seguridad? ¿Qué rupturas y qué cambios? ¿Qué factores continuarían y persistirían? ¿Un escenario de posconflicto implicaría la emergencia o desaparición de actores en la agenda de seguridad? Opiniones.

General HENRY MEDINA URIBE

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os escenarios que surgen en el posconflicto para las Fuerzas Militares son todos positivos. Las Fuerzas Militares de Colombia han llevado sobre sus hombros una responsabilidad inmensa durante cincuenta años, en el compromiso de mantener el orden público y garantizar la vigencia de las instituciones legalmente constituidas.

De llegar a una solución negociada, las Fuerzas Militares podrían cambiar su accionar de efectos destructivos, que son propios del combate y la búsqueda de la paz, por tareas de construcción de nación.

Es un gran salto cualitativo expresado en el tránsito de una guerra fratricida, a misiones de defensa de los intereses del Estado, ejercer soberanía, contribuir a minimizar las vulnerabilidades de la sociedad e incrementar el poder disuasivo ante potenciales amenazas. Su principal tarea será la de contribuir a liquidar las causas de la violencia, contribuir al desarrollo sostenible del país y combatir los residuos del conflicto bélico. Es previsible que la delincuencia común en las ciudades se incremente y que la Policía Nacional deba redoblar su esfuerzo.

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La paz no se logra con la firma de un decreto o de una ley. Es un proceso complejo que en mi visión puede superar los diez años. Las amenazas de la subversión pueden desaparecer pero otras persistirán y hasta se incrementarán. Por experiencias de conflictos armados que se han solucionado mediante negociación, no el ciento por ciento de los subversivos pasan a un proceso de reinserción; cerca del 30 por ciento puede seguir delinquiendo. Muchos no encuentran, no buscan o no quieren nuevas oportunidades, porque están familiarizados con ese accionar bélico. Quedará un rescoldo que habrá que combatir con diferentes medios, entre los cuales está la educación y la psicología.

Una de las características de las amenazas al Estado legítimo es que son dinámicas y cada día adquieren nuevas formas o manifestaciones. Ello obliga a nuevas doctrinas, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de armas. Las bandas criminales se incrementarán, el crimen transnacional seguirá evolucionando y creciendo, las fronteras requerirán permanente vigilancia.

Los acuerdos de paz traerán nuevas reali-

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dades para la institución militar, como su participación en el tema de tenencia de tierras, apoyo al desarrollo de la red terciaria de carreteras, el suministro de agua potable para poblaciones menores, campañas de salubridad infantil, la defensa del ecosistema, la sustitución de cultivos hoy dedicados al narcotráfico con la protección de las Farc, el apoyo a los desplazados que quieran regresar a sus lugares de origen y, en fin, un gran número de actividades adicionales. Habrá tareas que hoy no convocan la atención prioritaria por las exigencias del conflicto, pero que en el proceso adquirirán mayor relevancia para las Fuerzas Militares, relacionadas con el incremento de la calidad de vida, la equidad y el desarrollo con sostenibilidad. Los ingenieros militares, que son de alta calidad y mucha experiencia, tendrán un excelente campo de acción.

Revisión de la doctrina En cuanto a la estrategia nacional, el Estado deberá cumplir los acuerdos y buscar

la atención acertada a los factores generadores de violencia. En cuanto a la estrategia militar, las Fuerzas Militares deben hacer una revisión de la doctrina, de la actitud, de los procesos y de los procedimientos para hacerlos coherentes con la nueva estrategia nacional y los retos propios del posconflicto.

Todo esto llevaría a cambios en la organización y en los métodos, con un acercamiento mayor de las Fuerzas Militares a la sociedad, fortaleciendo la simbiosis necesaria entre el pueblo y sus soldados.

Ello implicaría redistribución presupuestal, aclarando que ello no quiere decir ni disminución de los efectivos, ni disminución presupuestal, sino ajustes de las partidas a las nuevas misiones.

La doctrina militar debe ajustarse a los cambios en las políticas del Estado y a las innovaciones tecnológicas. Las Fuerzas Militares de Estados Unidos revisan su doctrina, aproximadamente, cada cinco años y emiten nuevos reglamentos y nuevos manuales para que los militares los estudien y los apliquen. En términos simplistas, la doctrina determina el cómo se ejecutan los procedimientos. Si ello es cierto, y en el panorama del posconflicto vamos a cambiar bombas y fusiles por tractores y equipo de perforación de suelos para pozos artesianos, es obvio que debemos efectuar cambios en nuestra forma de operar. En síntesis, cuando cambia el qué, debemos revisar el cómo lo vamos a lograr.

Si se cambia la doctrina, los centros de formación, capacitación e instrucción deben adaptarse a esa doctrina, entonces se aprenderán nuevas cosas. Ello implica modernización y reestructuración. La gran capacidad que tiene el Ejército de Colombia en combate se puede exportar. Si ya no tenemos un enemigo interno, porque el Estado y la sociedad han salido victoriosos

mediante la firma de los acuerdos y todos trabajamos en consuno para construir nación; a esta gente tan capaz, podría apoyar las misiones de las Naciones Unidas alrededor del mundo donde necesiten imponer el ambiente de paz. Nuestro Ejército hace presencia en el Sinaí, y lo ha hecho exitosamente en Corea, en el Canal de Suez, y en la Antigua Yugoslavia. Esa es una gran reserva del mundo democrático.

La reconversión no es cosa en extremo difícil porque las Fuerzas Militares viven un proceso de renovación continua. porque el soldado regular dura solo 24 meses, el soldado bachiller, 12 meses, de manera que cada tres meses, aproximadamente salen 16.000 soldados que son remplazados por conscriptos que van aprendiendo cosas nuevas y nuevos procedimientos, según modificaciones en las amenazas y nuevos lineamientos doctrinarios.

Ministerio de Seguridad Por lo que veo o presumo, son crecientes los retos para la Policía, porque en el posconflicto sus compromisos se pueden acrecentar. En el pasado proceso de paz con los paramilitares los estimativos previos eran de siete mil hombres en armas, los cuales se convirtieron en más de cuarenta mil presuntos reinsertados. De ellos, menos del setenta por ciento se acogió a las normas del proceso (nada diferente a los estándares mundiales) y el excedente siguió delinquiendo bajo sellos diferentes que se generalizaron como bandas criminales o bacrim.

En el proceso con las Farc y el Eln los estimativos sobre los presuntos reinsertados pueden llegar a cien mil, todos en búsqueda de oportunidades; unos dentro de las reglas de juego que se acuerden y, otros, mediante el aprovechamiento de las

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vulnerabilidades del Estado. Serán miles de personas las que van a llegar a las ciudades a demandar oportunidades, a exigir capacitación para un empleo y a reclamar mayor calidad de vida.

Para aquellos con sana intención, el Estado y la sociedad en general tendrán

“Los acuerdos de paz traerán nuevas realidades para la institución militar, como su participación en el tema de tenencia de tierras, apoyo al desarrollo de la red terciaria de carreteras, el suministro de agua potable para poblaciones menores, campañas de salubridad infantil, la defensa del ecosistema, la sustitución de cultivos hoy dedicados al narcotráfico con la protección de las Farc, el apoyo a los desplazados y, en fin, un gran número de actividades adicionales”.

que hacer un gran esfuerzo. Para los que simplemente quieran sacar ventaja de las vulnerabilidades del Estado y seguir delinquiendo, la Policía tendrá que multiplicarse para negarle sus propósitos. Muy probablemente, el abigeato, el secuestro, el raponeo y el hurto, en sus variadas

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manifestaciones, podrá aumentar durante los primeros años de vigencia de los acuerdos.

Entonces, así como veo que las Fuerzas Militares podrán dedicarse a manejar nuevos escenarios, la Policía tendrá que acrecentar su capacidad, habilidad y eficiencia en los retos que actualmente está manejando.

Por otro lado, en municipios con más de 30.000 habitantes se van a presentar todos esos fenómenos y habrá que definir qué fuerza es más idónea para esas tareas, si es el Ejército o la Policía. Superado el conflicto habrá que definir claramente los papeles del Ejército y la Policía.

Todo esto para concluir que crear un Ministerio de Seguridad Pública es solamente posible cuando el conflicto armado esté superado y las Fuerzas Militares y la Policía puedan depender de diferentes Ministerios. Pero, pensar en ello en las actuales circunstancias, debilitaría la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas.

Algunos conceptúan que la Policía debería estar adscrita al Ministerio del Interior, que es el ministerio de la política. Yo no creo que ello sea conveniente.

Servicio militar obligatorio Después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, las Fuerzas Militares de Estados Unidos entraron en una reingeniería, no para disminuir su capacidad de combate sino, todo lo contrario, para modernizarlas e incrementar su eficiencia. Pienso, entonces, que la ley que reglamenta el servicio militar debería modificarse para un escenario de posconflicto.

La sociedad debe entender que sus Fuerzas Militares son un cuerpo único, valioso y privilegiado, con una organización, con características muy especiales como la lealtad,

la disciplina, la obediencia, la voluntad de servicio a la comunidad y valores éticos y morales que excepcionalmente se pueden encontrar en otra organización pública o privada. Al soldado le duele la pobreza y la inequidad, porque viene de allá. Las Fuerzas Militares son como el crisol en que esos jóvenes mejoran en sus capacidades y compromisos con la nación, y en el escenario del posconflicto puede incrementar tales atributos.

El servicio militar debe ampliarse en su cobertura y propósitos. Hoy en día, por los riesgos de la vida castrense, las personas con mayor nivel social, recursos económicos o influencia política, hacen lo posible y lo imposible para que los miembros de su familia no presten el servicio militar. La misma ley fija excepciones que no tienen lógica y por lo tanto resultan odiosas. Por

ejemplo, los soldados bachilleres no van al combate, o sea que la selección se hace por lo bajo, contrario a lo que debería ser.

Deberían ser los mejores hombres, en formación intelectual, instrucción y nivel social quienes deberían tener el privilegio de vestir el uniforme para defender los intereses de la nación.

Por lo tanto, el servicio militar debe ampliarse, reducir las excepciones y darles cobertura a los profesionales. Aunque la Constitución ordena el servicio militar obligatorio, la población que entra a prestarlo es muy baja con respecto a la población que llega a los 18 años. En ese aspecto también hay inequidad y debemos propiciar la igualdad de derechos y obligaciones, como parte de la responsabilidad ciudadana.

FOTO: FAC.MIL.CO

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“En cuanto a la estrategia militar, las Fuerzas Militares deben hacer una revisión de la doctrina, de la actitud, de los procesos y de los procedimientos para hacerlos coherentes con la nueva estrategia nacional y los retos propios del posconflicto”.

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La incorporación de guerrilleros Hay que reconocer que se ha dado en otros contextos, pero con resultados mayoritariamente negativos. Los resultados en Centroamérica, desastrosos; en Nepal y Asia, han sido positivos, porque allá la estructura militar tiene un ejercicio político pleno, así que muchos miembros del movimiento subversivo maoísta se incorporaron al ejército de la Nación y allí encontraron miles de soldados de su misma ideología, lo que ha hecho la transición poco traumática.

Si miramos los ejemplos y el entorno mundial, a la luz de nuestras realidades, llegaremos a la conclusión de que eso no será bueno en nuestro país. Habrá que buscar la solución en otras áreas, pues no se le puede negar al guerrillero, al subversivo, las oportunidades de resocialización. Hay que darle oportunidades, hay que sacarlo del paradigma de dirimir los conflictos mediante bala, para incorporarlo a estructuras más educadas y con valores diferentes, donde las soluciones de fuerza no sean las cotidianas.

Ellos fueron educados bajo el principio maoísta de que la fuerza nace del fusil y si ellos siguen pensando que él es su Dios, el proceso no irá bien.

Definitivamente, creo que los subversivos que deseen desmovilizarse no deben tener espacio en las Fuerzas Militares. Ello no sería bueno para ellos, en su estructura mental, ni para nuestra institución ni para el país. Ellos tienen derecho a oportunidades, pero hay que buscarlas en otros escenarios, donde las hay de sobra.

La guerrilla en la política Las Farc ambicionan, y es su derecho, cambiar el ruido de los fusiles por el sonido de la palabra. Ellos saben que llegar al poder por medio de las armas les resulta imposible y quieren hacer política, bajo el supuesto de que la política es la continuación de la guerra por otros medios (parodiando a Clausewitz). De otra parte, se les debe permitir hacer política, porque esa es una de las concesiones que hay que hacer, como desarrollo del propósito de involucrarlos en la democracia.

El problema por resolver es a partir de cuándo, con qué precondiciones y en qué circunstancias. La primera exigencia debe

ser el no permitirles hacer política con armas. Tampoco es permisible que hagan dejación de las armas, sin entregarlas al Estado y a la vez hacer política.

Es entendible que las Farc no entreguen las armas hasta tanto el referendo o la fórmula constitucional que se decida, defina que el pueblo colombiano está de acuerdo con lo pactado en La Habana. Luego vendrá el proceso de DDRR (Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración), bajo alguna de las metodologías probadas en el mundo.

El poder político deberá entender que en el proceso ambos deben ceder alguna parte de sus pretensiones. El tema es definir cuánto se cede del poder que históricamente han detentado. Como los poderes políticos y económicos se retroalimentan, los dos deberán ceder espacios que permitan cambios en lo social. La conclusión es la necesidad de una pedagogía para los cambios que el posconflicto exige. Estamos retardados en esa tarea indispensable, la cual nace en la política y termina en el cambio de una cultura violenta hacia una de convivencia pacífica en desarrollo con equidad.

Estos procesos también afectan el campo militar. Creo que se debe pensar desde ya en darles plenos derechos políticos a los militares, cuando las circunstancias lo permitan, con una etapa previa educativa en los centros de formación y capacitación militar. Esto implicará conferirles el derecho al voto a los militares, como parte de una reforma que se diseñe desde los cuarteles y que se discuta y apruebe en el Legislativo.

Relaciones cívico-militares Las relaciones cívico-militares parten del concepto de que el soldado es un ciudadano en uniforme y que la función primaria

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de este soldado es defender los intereses de la sociedad que representa y a la cual sirve. No es correcto pensar que las Fuerzas Militares están para defender los intereses de un gobierno en particular. Su papel es la defensa de la Nación. Por ello, el posconflicto debe llevarnos a cambiar nuestra conciencia colectiva.

Una vez lleguemos al posconflicto, se deben implementar cambios en la política pública de seguridad. Creo que se debe partir del análisis y revisión del discurso de Alberto Lleras como presidente electo, en 1958, y aterrizar en la discusión sobre lo que hoy se respira en Europa respecto al papel de los militares, visto desde nuestras realidades y perspectivas.

La Justicia Penal Militar Me parece que en el corazón de la controversia está la ignorancia de algunos sobre la lógica que sustenta la Justicia Penal Militar.

Negar que una fuerza militar requiera una justicia propia es desconocer una evidencia.

“Estos procesos también afectan el campo militar.

Creo que se debe pensar desde ya en darles plenos derechos políticos a los militares, cuando las circunstancias lo permitan, con una etapa previa educativa en los centros de formación y capacitación militar. Esto implicará conferirles el derecho al voto a los militares, como parte de una reforma que se diseñe desde los cuarteles y que se discuta y apruebe en el Legislativo”.

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La actividad del militar tiene especificidades que no se pueden desconocer ni poner en manos de personas ajenas a tales prácticas.

El oficio del soldado es de alto riesgo y el ambiente en el que se mueve es casi imprevisible, en medio de tensiones que lo pueden llevar a reacciones muy diferentes a las de un ser humano en un ambiente normal. Algunas veces se ve obligado a decidir entre su vida y la del contrincante, en defensa del bien común. Otras veces, en el cumplimiento de su misión, se presentan daños ajenos a su voluntad, que se definen como daños colaterales. Su motivación no es el resultado económico, no trabaja para beneficio propio, trabaja en defensa de la sociedad y protege sus intereses a costa de su propia vida. La normas y los códigos son diferentes a los que rigen el resto de la sociedad, como la obediencia debida.

La Justicia Penal Militar existe en la mayoría de los países y deberá existir con conflicto o sin conflicto. Ella debe ir acompañada de una exigente selección de personal y una formación basada en principios éticos muy sólidos, de manera que no hay que verla como un privilegio, sino como un mandato de las circunstancias. No como una simple excepción sino como una exigencia de la tarea.

En la reciente reforma de la Justicia Penal Militar se incluía el fuero para los policías, que creo, en las condiciones de Colombia, en la coyuntura actual y por las tareas que ella está desarrollando, es relevante.

Sobre el particular, en la reforma constitucional quedaron dos párrafos: uno habla de las Fuerzas Militares y el otro de la Policía. Ello porque son papeles diferentes, doctrinas diferentes, procesos específicos.

Por ello, los jueces deben tener formación y especializaciones diferentes. Me imagino que trabajarán como entes con mucha

parte en común y con especificidades bien determinadas.

Sobre los riesgos El riesgo es una constante en la vida de las personas, de las empresas y de las organizaciones. El mayor riesgo es que la sociedad, o algunos políticos mal informados o mal intencionados, piensen que como las Farc acordaron desmovilizarse, entonces ya no necesitamos Fuerzas Militares o crean que su presupuesto se deba menguar hasta hacerlas inoperantes.

Otro riesgo es pensar como buena idea que los desmovilizados de las Farc entren a hacer parte de las Fuerzas Militares. Uno más podría ser la falta de una pedagogía acertada sobre las implicaciones de los acuerdos y se vendan mal los beneficios de una reforma en la tenencia de la tierra, del perdón, de la justicia transicional.

Existe el alto riesgo de que buena parte de los intereses afectados se opongan al cumplimiento efectivo de los acuerdos y se acaben las Farc, pero surjan otros agentes y otras formas de violencia.

“La reconversión no es cosa en extremo difícil porque las Fuerzas Militares viven un proceso de renovación continua. porque el soldado regular dura solo 24 meses, el soldado bachiller 12 meses, de manera que cada tres meses, aproximadamente, salen 16.000 soldados que son remplazados por conscriptos que van aprendiendo cosas nuevas y nuevos procedimientos”.

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Venganza contra justicia en el posconflicto De experiencias anteriores se deduce que en un hipotético posconflicto, ni siquiera la inclusión de una norma que regule la suspensión de la acción penal para los militares, sería garantía de cumplimiento.

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Mientras los involucrados en los hechos del Palacio de Justicia, en defensa del Estado de Derecho, han sido condenados a largas penas, los agresores han terminado convertidos en víctimas.

General NÉSTOR RAMÍREZ MEJÍA

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ean-Francois Revel hacía notar que “… la democracia confunde al adversario que viola las instituciones, con el adversario leal que utiliza una facultad prevista por las mismas instituciones, por miedo a verse acusada de traicionar sus propios principios…”; y como parte de esta experiencia quizá los colombianos no se han dado cuenta de que más de 15.000 militares que los defienden se hallan hoy sub júdice por esta razón.

Al tiempo, los cabecillas de los 8.000 guerrilleros, como los que asesinaron a garrotazos, hace pocas semanas, a dos policías desarmados, pretenden convertirse en legisladores. ¿Qué les espera de justicia a los militares en el probable posconflicto? Poco o nada, pues es desalentador el panorama que se presenta.

Mucho se ha cumplido de la apreciación de Revel, que en 1983 publicó el libro: Cómo terminan las democracias. Algunos gobiernos en América han utilizado la democracia para destruirla desde adentro, sin que la Carta Democrática tuviere sentido y menos aplicación alguna. En Colombia el sistema de relación social acorde con las dinámicas de una democracia sana es objeto de desestabilización, con el propósito de crear grietas en su institucionalidad, grietas que permitirán cambiar la legalidad, tal como aparece en el Plan Estratégico del Eln de 2003.

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“Los mal llamados falsos positivos, término que no existe en el lenguaje jurídico, se usa para sugerir que tanto las actividades militares como sus ejecutores obedecen a generalizados patrones delictivos”.

Casos emblemáticos en Colombia Mientras los involucrados en los hechos del Palacio de Justicia, en defensa del Estado de Derecho, han sido condenados a largas penas, los agresores han terminado convertidos en víctimas.

Las acusaciones, relativamente recientes, provinieron del exguerrillero del M-19 René Guarín Cortés. Guarín había sido capturado en 1987 por la Policía Nacional, durante el rescate del secuestrado presidente de Atlas Publicidad, Jorge Valencia Ángel. En su poder se le encontró el arma larga de uno de los tres policías asesinados en Nemocón, en aquel año. Luego, en un hecho tan sorprendente como inexplicable, el secuestrador y asesino se transformó en víctima y en activista de DD.HH. para el caso del Palacio de Justicia.

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En sentido contrario, se ha desestimado el testimonio de dos magistrados, diez jueces, treinta conjueces, la Procuraduría General de la Nación, y aproximadamente cuarenta testigos, entre los cuales hubo cinco magistrados víctimas de la toma de rehenes por parte del grupo guerrillero. El contraste se hizo más protuberante cuando la justicia le dio valor al testimonio de cuatro falsos testigos. El estudio y ponencia de fallo absolutorio del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Darío Lara Acuña, se encargó de hacer una disección del monstruo que se engendró, al revertir el sentido primario de

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la administración de justicia para convertirla en venganza hacia quienes le pusieron freno a la intención de disolver la democracia1.

Un segundo episodio corresponde al del general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 40 años de cárcel por los hechos de Mapiripán, cuando está demostrado que no tenía mando sobre el batallón París, unidad involucrada que se encontraba bajo mando operacional de otra unidad superior2. El Colectivo José Alvear Restrepo, cuyo presidente; hasta noviembre de 2013, Alirio Uribe Muñoz, guerrillero del M-193, se convirtió en el cerebro que urdió la condena del general Uscátegui.

La confesión posterior de falsas víctimas que el mencionado Colectivo contrató como testigos desnudó su modus operandi. En dicha delación pública quedó al descubierto el ánimo de lucrarse de manera fraudulenta de los impuestos de los colombianos. No obstante, tanto la justicia colombiana como el Sistema Interamericano de DD.HH. parecen tener otras preocupaciones más relevantes que la de hacer justicia y de velar realmente por los Derechos Humanos

General Jaime Humberto Uscátegui

Tanto el coronel Alfonso Plazas Vega, uno de los afectados, como el general Uscátegui, de manera infructuosa han buscado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al primero, le negaron tales medidas de amparo, después de seis meses; al segundo, nunca le respondieron. Contrasta el silencio grose1. Ver: Salvamento de voto del magistrado Hermens Dario Lara Acuña. ‘Plazas Vega es inocente’. Bogotá: Gato Azul, 2012.

2. Implica que la Unidad a la cual se le asigna el mando operacional de una unidad subordinada, responde por el mando, la coordinación y el control de las operaciones de la misma, aunque en lo administrativo y logístico, responda a la unidad superior orgánica.

3. Alirio Uribe Muñoz, guerrillero del M-19 capturado herido por acción de la policía el 30 de septiembre de 1985 en un enfrentamiento con la autoridad. La policía intervino ante el secuestro de un bus con pasajeros los cuales fueron tomados como escudos humanos. Inexplicablemente un día después de su captura fue dejado en libertad. Desempeñó el cargo de presidente del Colectivo Alvear Restrepo hasta el 6 de noviembre de 2013.

Coronel Alfonso Plazas

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ro y la negativa para oficiales, con la celeridad del pronunciamiento de dicha Comisión en el caso de Gustavo Petro, en ‘horario de cabaré’, como lo señaló un conocido columnista de Bogotá.

El mismo día, sin que se supiese aún el contenido del fallo definitivo del Consejo de Estado en Colombia, la CIDH, en Washington, determinó las medidas cautelares, siendo las 11:54 de la noche. Al conocerse la condición de no juristas de algunos de los miembros de la CIDH y su orientación ideológica, se entiende mejor a Revel y su llamado de atención sobre la manera de cómo, desde un escritorio, se disuelve la democracia.

Un tercer caso se presenta con los mal llamados falsos positivos, término que no existe en el lenguaje jurídico, pero útil para sugerir que tanto las actividades militares como sus ejecutores obedecen a generalizados patrones delictivos4. Los levantamientos de cadáveres, producto de las bajas en combate, figuran como homicidio sin tener en cuenta la causal de exoneración de responsabilidad por estricto cumplimiento del deber legal y como legítima defensa.

Pareciera que la prueba técnica se subestima por el afán de involucrar el máximo posible en número de militares, con la esperanza de aumentar las posibilidades de contradicciones entre sus miembros. No se individualizan responsabilidades estipuladas en los códigos, por lo tanto toda la unidad militar, independiente de su participación o no en las acciones, queda involucrada en el proceso penal. En contraste, cuando de las Farc se trata, se procede al archivo de la acusación por no lograrse la individualización.

Como agravante del panorama anterior, 4. Es evidente el esfuerzo por convertir la organización militar constitucional en estructura de poder (grupo al margen de la ley). Consecuentemente se sugiere que los jefes militares emiten instrucciones genéricas a sujetos indeterminados o perpetradores. Con ello se obvia la necesidad de demostrar la autoría intelectual de un delito, esencia de la Teoría de Roxin.

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“Al igual que en Argentina, en Colombia se reproduce el modelo, se desacredita la Justicia Penal Militar mientras se rodea de todo tipo de garantías a los terroristas, pero se les niega el mismo derecho a los militares. Es así como la Corte Constitucional, en 2003 y usurpando competencias del Legislativo, le dio vía libre a los jueces para reabrir procesos ya fallados”. la presión de los medios, además de influir en las decisiones judiciales, condiciona la opinión pública y afecta a la familia, tal como me lo expresó, la esposa de un capitán investigado. Ella, como abogada, encuentra procesalmente claro el panorama y claras las pruebas, pero con una desesperanza imposible de disimular y que conmueve por el conflicto que lleva dentro. No en vano la escasez de garantías procesales para los militares involucrados en las operaciones alimenta, de manera justificada, su presentimiento adverso y la aprensión derivada.

Experiencia argentina Las leyes de Punto Final, de 1986; de Obediencia Debida, en 1987; la de Legítima Defensa, y los decretos de indulto de 1989 y 1990, fueron flor de un día en Argentina.

El indulto que cobijó también a dirigentes montoneros prófugos y concedió la libertad a líderes de grupos ‘carapintadas’, se desvane-

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Ejercito Argentino

ció para los militares que habían ejercido la defensa del Estado atacado por la subversión con el reglamento y la ley en la mano.

Acciones judiciales promocionadas por ONG y organismos de justicia internacional como la CIDH, lograron que el gobierno argentino procesara exclusivamente a los militares, manteniendo invisibles e impunes a los terroristas.

En 1999 se iniciaron los juicios de la verdad, supuestamente con el propósito de conocer la realidad de lo acontecido. Éstos se constituirían en pieza procesal probatoria contra militares, no así para los terroristas que hoy ostentan cargos políticos, algunas prebendas y promueven de manera abierta la venganza, además de haber sido determinantes en la degradación y casi disolución de las fuerzas armadas argentinas.

Ya para los años 2003 y 2004, por “razones de inconstitucionalidad”, fueron declaradas nulas todas las leyes e indultos que protegían a los militares

El llamado derecho a la verdad como una parte de la historia que allá se vivió en el combate al terrorismo, fue muy cuidadoso de no develar aquella parte que tocase con justicia al terrorismo y en su tránsito anuló otros derechos fundamentales, como por ejemplo el del debido proceso.

De la misma manera, en Colombia se reproduce el modelo argentino: se desacredita la Justicia Penal Militar mientras se rodea de todo tipo de garantías a los terroristas, pero se les niega el mismo derecho a los militares.

Es así como la Corte Constitucional, en 2003 y usurpando competencias del Legislativo, le dio vía libre a los jueces para reabrir procesos ya fallados5.

Al igual que en Argentina, se publicó en Colombia el Informe General de Memoria y Conflicto, realizado por un establecimiento adscrito al Departamento para la Pros5. Sentencia C-004 con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynnet. Corporación Defensoría Militar. ¿Repitiendo la historia? El modelo argentino aplicado en Colombia. Sep. 2013, p. 37

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peridad Social: el Centro Nacional de Memoria Histórica. Con el título de “Basta ya: Colombia, memorias de guerra y dignidad”, se muestra en ese documento, una visión engañosa de la realidad. Los autores del documento mediante presunciones, como así lo reconocen en la letra del escrito, ponen al Estado en términos de igualdad con los actores de violencia6.Por otra parte “omiten a la gran cantidad de guerrilleros y terroristas, al igual que a sus víctimas a quienes se pretende dejar en el olvido”7.

En la misma línea, la Fiscalía General de la Nación creó la Dirección de Análisis de Contextos, con el propósito de detectar al enemigo institucional, para ello está en condiciones de buscar información operacional y de inteligencia, sin que haya restricciones tal y como debería ser, por elementales razones de seguridad nacional. La acción judicial derivada se concentra en sugestivos periodos predeterminados que mostrarían la intención de generar ciertas absoluciones preparadas y producir, al mismo tiempo, intencionadas culpabilidades.

Es decir, de la misma forma como se pone la seguridad nacional en manos de la Fiscalía, el desconocimiento de la acción militar, o la manipulación soterrada de fiscales y jueces, puede llevar al afianzamiento de teorías como la de Roxin8. Es decir, a generar una nueva época de terror -en este caso judicialen pleno siglo XXI. Lo que se está montando en este plano podría conducir a la guilloti6. Informe General Grupo de Memoria Histórica.: Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Capítulo I. Dimensión y modalidad de la violencia del conflicto armado. “Finalmente, el papel de miembros de la Fuerza Pública en la victimización de civiles es condenable e inquietante, pues se presume su participación en 158 masacres y 2.300 asesinatos selectivos (10% del total)… y unos más persiguiendo la idea profundamente ideologizada de los implicados según la cual sólo se podía derrotar a la guerrilla si se golpeaba a la población civil. p. 34 7. Op.cit., Corporación Defensoría Militar, p. 41.

8. Claus Roxin, abogado y jurista alemán. A pesar de que el mismo Roxin manifestara, en un foro realizado por la Universidad Sergio Arboleda, la inaplicabilidad de su teoría en Colombia, varias sentencias contra militares se han estructurado con base en dicha teoría.

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na, no solo a los militares, sino a la misma República.

De las experiencias anteriores se deduce que en un hipotético posconflicto, nisiquiera la inclusión de una norma que regule la suspensión de la acción penal para los militares, sería garantía de cumplimiento. El caso argentino así lo señala. No sobra advertir que el órgano castrense no busca impunidad equivalente a la de los criminales, tan solo se exige el imperio de la justicia, que en los hechos se le niega aunque se declame en contrario.

Ante un escenario tan desalentador es de esperar que el Mando actual sea consciente de que el mañana se puede modificar hoy.

El blindaje institucional y personal hacia el futuro podría iniciarse con la creación de una Oficina de Asuntos Judiciales, como organización de estado mayor, dotada sin escatimar recursos para que dé respuesta a la acción judicial del mismo Estado.

Esta oficina debería coordinar de manera estrecha y eficiente con el nuevo Centro de Memoria Histórica y la Defensoría Militar lo pertinente con la situación de los defensores del Estado que podrían ver vulnerados sus derechos. El Centro de Memoria Histórica debería estar conformada por un equipo multidisciplinario de investigadores, historiadores y juristas de las más altas califica-

“El blindaje institucional y personal hacia el futuro podría iniciarse con la creación de una Oficina de Asuntos Judiciales, como organización de estado mayor, dotada sin escatimar recursos para que dé respuesta a la acción judicial del mismo Estado”.

“Los militares, que ya suman trescientos mil, entre activos y retirados, en lugar de explorar salidas electorales fallidas –que, de no serlo, serían igualmente poco representativas en el Congreso– podrían unirse tras una causa: la simple y clara de la búsqueda de justicia”. ciones académicas, con el fin de que goce de la más alta credibilidad.

Por otro lado, los militares, que ya suman trescientos mil, entre activos y retirados, en lugar de explorar salidas electorales fallidas –que, de no serlo, serían igualmente poco

representativas en el Congreso- podrían unirse tras una causa: la simple y clara de la búsqueda de justicia. Si cada uno de los que defienden a los colombianos tuviese el apoyo irrestricto de unos pocos aliados, tras un norte y no con un nombre que divida, además de un propósito concreto, podrían constituirse en una fuerza de opinión apreciada por aquellos que tienen la responsabilidad de apoyar a quienes resguardan los derechos de todos y les brindan el marco de seguridad en el que pueden desarrollar sus proyectos de vida, esto es: la ciudadanía.

ACORE puede liderar el anterior propósito. Por ahora, en medio de este panorama plagado de historias conmovedoras y desesperanzas que contagian, debe rendirse un homenaje a los soldados de la Patria afectados por la injusticia, a sus valientes esposas, a las madres que los entregaron para servir en las Fuerzas Armadas y a sus hijos.

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La desfronterización del Estado colombiano La excepcional condición fronteriza que tiene Colombia le otorga invaluable dimensión de orden geopolítico y geoestratégico, hasta ahora no valorada en sus componentes y alcances, debido a la visión periférica y secundaria que se ha tenido tradicionalmente sobre el tema fronterizo.

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Las realidades fronterizas han sido percibidas en Colombia como algo lejano, ajeno, poco interesante y levemente incorporadas a los prioritarios intereses nacionales y ello ha traído consigo graves vulnerabilidades de todo orden, representadas en una situación de abandono en las zonas de frontera.

Coronel DARÍO RUIZ TINOCO

L

as fronteras de los Estados pueden llegar a variar por tres razones fundamentales: 1. Como resultado de un conflicto internacional con algún país vecino, a pesar de que en el mundo contemporáneo las conquistas territoriales por vía de la guerra son absolutamente ilegítimas y no reconocidas por el Derecho Internacional, ni por la comunidad internacional; 2. Por acuerdo entre las partes, que es un acontecimiento muy remoto de llegar a presentarse por la intangibilidad jurídica que representa toda delimitación; 3. En el caso colombiano, en mesas de negociaciones, lo que resulta incomprensible e inaceptable, pero lamentablemente así ha sucedido a lo largo de nuestra historia. El término ‘desfronterizar’ significa entonces cambiar, reducir o desaparecer fronteras, tal y como ha ocurrido en Colombia con varios procesos de negociación de fronteras a lo largo de nuestra historia.

El estudio de las fronteras y límites de Colombia constituye una de las disciplinas más amplias, especializadas y complejas, que por muchas razones no ha sido motivo de análisis en el devenir de nuestro proceso de formación como Estado, entre otras, debido al centralismo endémico e imperante que ha acompañado casi toda nuestra historia, el cual convirtió las fronteras en componente marginal y olvidado y, por otra parte, en razón a las características propias de cada frontera, no solo desde el punto de vista geográfico con sus componentes tan disimiles, sino desde el punto de vista histórico –jurídico, toda vez que el hecho de establecer fronteras, representa determinar soberanías, límites naciona-

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les e internacionales, relaciones vecinales y competencias estatales, lo cual abarca un sinnúmero de aspectos difíciles de entender, que parten de la interpretación de títulos históricos que las sustentan, tales como reales órdenes y reales cédulas, disposiciones reales, así como el poder analizar realidades geográficas, socio económicas, culturales y hasta los aspectos técnicos de la demarcación y, obviamente, los componentes de orden estratégico, entre otras.

Lo más interesante resulta comprender la forma como se dieron los procesos de negociación con terceros Estados y la manera como se realizó, en muchas ocasiones de forma equivocada, la defensa de nuestros derechos por parte de quienes tuvieron tal responsabilidad histórica.

Las fronteras determinan una forma de relación y de cooperación entre países vecinos, que se genera por la dinámica propia que representa la presencia de intereses en juego, algunos de ellos concordantes, otros preponderantes y algunos inevitablemente antagónicos, que son precisamente

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los que generan naturales tensiones internacionales.

Sobre el particular, el político francés Robert Shcuman1, considerado como uno de los padres de Europa, afirmaba: “Las fronteras son las cicatrices de la historia” y basta con observar los diferentes mapas del mundo a través de la historia para apreciar las transformaciones que se dieron, en muchos casos producto de las guerras como principal factor desfronterizador, por ejemplo en Europa, antes y después de las guerras mundiales o en el continente africano, por el capricho y los intereses egoístas de las potencias coloniales europeas de repartirse el continente sin respetar las realidades étnico-culturales, religiosas, políticas, históricas y geográficas.

Con referencia a nuestro caso, el diseño del mapa de Colombia permite comprender parte de esa historia diplomática desde 1. Robert Schuman (Luxemburgo, 29 de junio de 1886 - Scy-Chazelles, 4 de septiembre de 1963) fue un político francés de origen germano-luxemburgués.2 Es considerado como uno de los ‘padres de Europa’.

una perspectiva diferente a la que nos enseña la narrativa y el análisis de los acontecimientos políticos y militares de los siglos XIX, XX y principios del siglo XXI. Cinco fronteras terrestres y casi siete fronteras marítimas, y digo casi porque a raíz de la sentencia del 19 de noviembre de 2012 se perdió, aparte de una extensa porción de mar -para citar un ejemplo- el límite marítimo con Costa Rica establecido mediante el Tratado de 19772 que el país centroamericano no alcanzó a ratificar y que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en incomprensible sentencia y en violación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Artículo 183, afectó.

La excepcional condición fronteriza que tiene Colombia le otorga invaluable dimensión de orden geopolítico y geoestratégico, hasta ahora no valorada en sus componentes y alcances, debido a la visión periférica y secundaria que se ha tenido tradicionalmente sobre el tema fronterizo, y a la vez en ello incide la poca capacitación que sobre este asunto se ha tenido en el país.

Por lo general muchos países se empeñan en profundizar sobre el estudio de las fronteras, lo que ha permitido la creación de una ciencia moderna, casi desconocida en nuestro país denominada Fronterología, (Kaldone Nweihed)4.

Las realidades fronterizas, en consecuencia, han sido entonces percibidas en Colombia como algo lejano, ajeno, poco interesante y levemente incorporadas a los prioritarios intereses nacionales y ello ha 2. Tratado Fernández Faccio de 1977 para la delimitación de áreas marinas y submarinas entre Colombia y Costa Rica, con respecto al archipiélago de San Andrés aprobado por Colombia.

3. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor.

4. La editorial Equinoccio y el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Iaeal USB, publicaron la tercera edición del libro Frontera y límite en su marco mundial: una aproximación a la fronterología, escrito por el profesor Kaldone Nweihed.

traído consigo graves vulnerabilidades de todo orden, representadas en una situación de abandono en las zonas de frontera, lo que ha permitido la presencia de toda clase de factores desestabilizadores como la acción de los terroristas de las Farc y el Eln, entre otros, que en muchas ocasiones han actuado con la permisividad de algún país limítrofe, que convirtieron las zonas de frontera en refugio seguro de terroristas afectos a una perversa revolución, en violación a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que les prohíben a los Estados albergar terroristas.

Por otra parte, la minería ilegal y degradación del medio ambiente tiene marcada expresión en la presencia de los llamados garimpeiros5, procedentes de Brasil y cómplices de mineros ilegales colombianos que en su actividad destructora contaminan los ríos con mercurio y cianuro y, a la vez, pagan una cuota de gramaje6 a los terroristas de las Farc que delinquen en las zonas de frontera.

El estudio de las fronteras de Colombia no ha sido abordado ni analizado a fondo, salvo contadas excepciones de universidades especialmente, que tienen dentro de sus pensum académicos materias relacionadas con temas de fronteras. Concretamente, la Academia Diplomática de San Carlos, donde su estudio ha sido incorporado hace varios lustros al de formación diplomática. Parte de esta falencia se reflejó en las funestas consecuencias que para el país tuvo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2012, que ocasionó la pérdida para Colombia de una extensa porción de mar, histórica e indiscutiblemente colombiano. Más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar dejaron de 5. Garimpeiros: Buscadores de oro procedentes del Brasil que realizan actividades ilegales en contra del medio ambiente.

6. Gramaje: impuesto que cobran los terroristas de las Farc a los garimpeiros por cada gramo de oro extraído ilegalmente de territorio colombiano para financiar la guerra contra el Estado.

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ser colombianos, derivados de la presencia soberana del archipiélago de San Andrés.

Muy seguramente si este asunto hubiese sido motivo de debate nacional y de estudio en los círculos de la academia y en la élites del Estado y se hubiesen escuchado y tenido en cuenta los clamores y advertencias que se venían haciendo para evitar a toda costa comparecer ante la competencia del alto tribunal internacional, con sustentadas recomendaciones, esta hecatombe nacional se hubiese podido evitar.

Las fronteras Colombia desde el punto de vista jurídico logró definir plenamente sus cinco fronteras

terrestres en un largo proceso de negociaciones y la gran mayoría de sus fronteras marítimas con los países vecinos, cuyo resumen ilustrativo a continuación se presenta: Con Venezuela. Esta es la frontera más extensa geográficamente (2.219 kilómetros de extensión) y la más compleja desde el punto de vista histórico, jurídico, político y social, por muchas razones, entre ellas, ser una frontera viva y por el hecho de haber sido Colombia y Venezuela parte de una sola unidad política-administrativa y de un solo Estado, la ‘República de Colombia’, consagrada con ese nombre en el Congreso de Cúcuta de 1821. Ecuador fue igualmente parte de la República de Colombia por la pertenencia de las antiguas provincias de

“La frontera con Venezuela es la más extensa geográficamente (2.219 kilómetros de extensión) y la más compleja desde el punto de vista histórico, jurídico, político y social”.

Quito y Guayaquil al Virreinato de la Nueva Granada.

El antiguo Virreinato de la Nueva Granada, creado en 1739 por la Corona Española y la Capitanía General de Venezuela, en 1777, por segregación de algunos de los territorios del Virreinato, hizo que los dos pueblos desde sus orígenes compartieron la misma historia y los mismos próceres, pero diferente carácter nacional: uno con profunda vocación democrática, el otro frecuentemente caudillista y militarista, lo que trajo consigo varias dictaduras militares. Cuando apenas nacíamos a la vida independiente, en el proceso de formación de la República, mediante el Tratado Tadeo Lozano-Cortez de Madarriaga, de 1811, adoptamos como fórmula para definir las futuras fronteras el principio de utis possidetis juris7, tratando de preservar los 7. Utis Possidetis Juris: “Como poseísteis así poseeréis, norma derivada del derecho romano antiguo e incorporado al naciente derecho internacional americano para delimitar fronteras res-

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límites difusos por cierto del Virreinato de la Nueva Granada, con la Capitanía General de Venezuela.

La frontera terrestre con Venezuela tiene varios elementos jurídicos que parten desde la Ley Fundamental de la República de Colombia, expedida en el Congreso de Angostura de 1819 y consolidada en el Congreso de Cúcuta de 1821, que dio vida a la República de Colombia, que solo alcanzó a durar nueve años.

A partir de la disolución de la República de Colombia en los congresos de Valencia (Venezuela) y Riobamba (Ecuador), en 1830, se vio la necesidad imperiosa de definir las fronteras con estos dos países y es así como, en 1833, se llegó a la negociación Pombo-Michelena, con la firma del Tratado que lleva su nombre, que para fortuna de la República no fue aprobado por Venezuela cuando Colombia ya lo había ratificado. Nuestro país renunciaba por este tratado a favor de Venezuela a la mi-tad de la península de La Guajira, desde el Cabo de Chichivacoa y los extensos territorios que hoy conforman los departamentos de Vichada y de Guainía.

Esta negociación, como tantas otras, reflejó un centralismo absoluto y la incapacidad acompañada de un tradicional entreguismo de territorios de nuestro negociador, explicable eso sí, en la ignorancia que sobre este tema tenía nuestro ministro, secretario del Interior (como originalmente se denominó el cargo de canciller) don Lino de Pombo, más poeta que político y más soñador, que conocedor de las realidades del país.

Mientras que don Lino de Pombo negociaba y entregaba territorios a Venezuela, nacía a pocos metros de la mesa de negociaciones su primogénito, el inolvidable poeta Rafael Pombo, inspirador de la poesía infantil y crítico del infantilismo político que acompañó a algunos de nuestros mal llamados padres de petando la división territorial vigente al momento de la independencia.

la Patria.

Este tratado representó el mayor exabrupto que se ha cometido en Colombia en materia de fronteras, al menos hasta la fecha en que perdimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin embargo, su no aprobación por parte de Venezuela, por su inaceptable pretensión sobre la región de San Faustino (corregimiento de Ricaurte, Norte de Santander) y sobre La Guajira, desde el Cabo de la Vela, permitió con el tiempo enmendar el error, que hubiese privado a la República de los extensos territorios orientales.

En 1844, en las negociaciones entre Joaquín Acosta, por Colombia, y Fermín Toro, por Venezuela, llevados al igual que las anteriores en la sede del Palacio de San Carlos, en Bogotá, nuestro negociador, el teniente coronel Joaquín Acosta, conocedor y estudioso del tema fronterizo, le demostró a Venezuela, no solo el error del frustrado Tratado de 1833, sino la legitimidad de los títulos de Colombia sobre sus territorios fronterizos, extraídos del Archivo de las Indias Occidentales, en Sevilla, España, que daban testimonio de nuestros inobjetables derechos, posteriormente (algunos de ellos) entregados en inocuas y erróneas negociaciones.

Luego de la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela en la tenebrosa época del dictador venezolano general Guzmán Blanco, quien inmerecidamente se hacía llamar el ‘ilustre americano’ y restablecidas con el advenimiento a la Presidencia de Colombia del cartagenero Rafael Núñez, se logró firmar el Acuerdo Arbitral destinado a que la Corona de España en cabeza de Rey Alfonso XII, definiera los límites entre sus dos excolonias; es así como el 16 de marzo de 1891 se produce la sentencia arbitral de características inapelables y obligatorias, la cual Venezuela trató de eludir su complimiento con inaceptables argumentos,

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que llevaron a una nueva sentencia arbitral, la del 24 de marzo de 1924, proferida por la Federación Helvética. Para terminar este viacrucis, se suscribió el Tratado López de Meza- Gil Borges, del 5 de abril de 1941.

Cabe recordar que un joven diputado venezolano de la época y posteriormente dos veces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, adelantó, en 1942, una demanda de nulidad contra el Tratado de 1941, sin éxito. El mismo Caldera, que sacó de la cárcel, durante su segundo gobierno, a un teniente coronel golpista, que terminó sentado en el podio de Miraflores.

En síntesis, la frontera con Venezuela es la única en el mundo que se encuentra jurídicamente sustentada en su toda su extensión en tres instrumentos internacionales: el Laudo Arbitral del Gobierno Español de 16 de marzo que definió la totalidad de la frontera terrestre y que fue modificado, en contra de los intereses nacionales, por la sentencia del Consejo Federal Suizo de 24 de marzo de 1922 y, finalmente, el Tratado López de Mesa-Gil Borges del 5 de abril de 1941, que finiquitó con Venezuela todas la cuestiones pendientes en materia de límites terrestres y dentro de cual, por obvias razones, no se incluyeron Los Monjes, porque se suponía que eran colombianos por tratarse de una anexidad natural a la península de La Guajira.

Con Brasil. La frontera de 1.645 kilómetros de extensión se estableció por medio de la imposición de utis possidetis de facto8, o de hecho, que correspondió a la política expansionista de los lusitanos portugueses que proclamaban que las fronteras del imperio irían hasta donde llegaran los colonos llamados ‘bandeirantes’9, sin reconocer la 8. Utis possidetis de facto: imposición del imperio del Brasil contraria al utis possidetis juris que significa ocupación de hecho y no de derecho, hasta donde lleguen los colonos portugueses hasta allí llegarán las fronteras del Brasil.

9. Bandeirantes : nombre con el cual se denominó a los primeros colonos portugueses que fueron conquistando territorios particu-

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titularidad jurídica que tuviesen las excolonias de España sobre estos territorios heredados de la Corona Española. Los portugueses fundaron Tabatinga a orillas del Amazonas, lugar donde e l r í o se contrae o estrecha, e instalaron allí el fuerte que lleva su nom b r e a l lado d e l a población de Leticia, que para la época era un caserío casi despoblado.

Mientras Brasil, sin disparar un solo tiro, llegó territorialmente hasta donde se lo propuso; Colombia, de manera contraria, sin disparar un solo tiro, ha perdido en inocuas negociaciones más de un millón de kilómetros cuadrados de su territorio.

Dos Tratados internacionales perfeccionados y ejecutad o s s u s t entan larmente amazónicos a través y presencia en los remotos territorios amazónicos

esta frontera con Brasil: Vázquez Cobo- Martins, de 1907, que traza la frontera desde la isla de San José, frente a la Piedra del Cocuy en el río Negro, hasta la desembocadura del río Apaporis, en Caquetá; y el segund o , Tr a t a d o García Ortiz-Mangabeira, de 1928, desde la d e s e m b o cadura de río Apapo r i s , e n Caquetá, hasta la desembocadura de la quebrada San A n t onio, en el río Amazonas entre Leticia y Tabatinga.

Con Perú.

Lue g o de u n o d e los m á s complejos procesos de negociación en la historia de límites de Colombia, nacio desde los propios albore s de la República, cuando se suscribió e l Pr o t o c o l o Mosquera-Monteaguado, 6 de julio de 1822, que nada tuvo que ver en

materia de límites, se logró suscribir en 1922 el Tratado Lozano-Salomón que traza una frontera de 1.626 kilómetros de extensión, que puso fin a la pretensión peruana de confinar a Colombia en las márgenes del río Caquetá como frontera sur entre los dos países.

Perú, al igual que Ecuador, maliciosamente pretendía como frontera con Brasil la línea Apaporis - Tabatinga en detrimento de nuestros inobjetables derechos amazónicos. Esta pretensión tuvo explicación con la toma de La Pedrera por parte de las tropas peruanas al mando del teniente Oscar Benavides, en 1907, y la posterior invasión a Leticia en el gobierno del dictador peruano Sánchez Cerro, que se conoció con el nombre del Conflicto Amazónico de 1933. El asesinato de Sánchez Cerro, puso fin prácticamente a las hostilidades y con el ascenso al poder del Perú del ya citado Oscar Benavides, quien años atrás protagonizó la toma de La Pedrera, se firmó la paz y se restituyó el Tratado Lozano Salomón mediante el Protocolo de Rio de Janeiro, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera.

El Tratado Lozano Salomón trazó la frontera desde la desembocadura de la quebrada San Antonio en el río Amazonas por el curso de dicho río hasta San Juan Atacuarí, corregimiento colombiano donde se encuentra el hito que cierra el vértice occidental del Trapecio Amazónico, con el trazado de una línea geodésica hasta Yaguas, sobre el río Putumayo, donde la frontera toma el curso de dicho río aguas arriba hasta Guepi, punto triple de frontera entre Ecuador, Perú y Colombia.

Con Ecuador. Se suscribió el Tratado Suarez- Muñoz Vernaza, de 1916, que trazó la frontera de 586 kilómetros de extensión, desde Guepi en el río Putumayo, hasta la desembocadura del río Mataje en el océano Pacífico, en la bahía Ancón de Sardinas, muy

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cerca de la pobre población colombiana Candelilla de la Mar. Esta referencia geográfica es importante tenerla en cuenta porque permitió determinar luego de muchos estudios, el punto de partida de la frontera marítima con Ecuador, acordada mediante el Tratado Liévano Aguirre- Paredes Lucio, del 23 de agosto de 1975, que es el primer tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas de la historia de Colombia.

Con Panamá. Luego de la separación de Colombia ocurrida el 3 de noviembre de 1903, se firmó el Tratado Vélez – Victoria, 20 de agosto de 1924, cuya línea de frontera se ha venido materializando en sus 226 kilómetros de longitud desde el primer hito fronterizo ubicado muy cerca de la población chocoana de Zapzurro, en el golfo de Urabá, hasta un punto equidistante entre Cocalito (Panamá) y Punta Ardita (Colombia) en el océano Pacífico. A partir de esta referencia geográfica se negoció la frontera marítima entre los dos países por

“Luego de la separación de Colombia, ocurrida el 3 de noviembre de 1903, con Panamá se firmó el Tratado Vélez – Victoria, 20 de agosto de 1924, cuya línea de frontera se ha venido materializando en sus 226 kilómetros de longitud desde el primer hito fronterizo ubicado muy cerca de la población chocoana de Zapzurro, en el golfo de Urabá”.

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el Tratado Liévano Aguirre- Aquilino Boyd, del 20 de noviembre de 1976, que determina tres aspectos importantes en cuanto a los espacios marinos y submarinos: el primero la delimitación en el mar Caribe entre las costas adyacentes de Colombia y Panamá; el segundo, la delimitación en el océano Pacífico con similar criterio que el anterior; y el tercero, la delimitación entre Panamá y el archipiélago de San Andrés, afectado por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Con República Dominicana y Haití. Las fronteras marítimas con estos dos países del Caribe se definieron en 1978 mediante los tratados Liévano Aguirre - Ramón Emilio Jiménez, con el primero de ellos y, con Haití, Liévano Aguirre, Edner- Brutus, mediante el trazado de una línea de equidistancia entre la costa Guajira y las costas la sur de la isla, que antiguamente se denominó La Española.

Con Honduras. Tratado Ramírez OcampoLópez Contreras, de 2 de agosto de 1986, firmado en San Andrés en las postrimerías del gobierno del presidente Belisario Betancur y aprobado en diciembre de 2001 por ambos países, lo que ocasionó la reacción propia de Nicaragua para demandar a Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar afectados sus supuestos derechos.

Este Tratado fue negociado en el más absoluto secreto, sin consulta alguna con la Armada Nacional y en él Colombia renunció al extenso bajo de Rosalinda a favor de Honduras, ubicado al norte de paralelo 15º. Este Tratado igualmente salió afectado por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012.

Con Jamaica. Tratado Sanín-Robertson de 12 de noviembre de 1993, que creó un

área de régimen común en la cual los dos Estados pueden desarrollar exploración y explotación de recursos de pesca, instalación de islas artificiales, actividades de protección y preservación del medio ambiente y conservación de recursos vivos.

Despertar transitorio Cuando se conoció la injusta, inaplicable e inaceptable sentencia de la Corte de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, en la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua para resolver el pleito artificialmente creado por la nación centro americana, se presentó en Colombia un transitorio despertar nacionalista, como ocurrió a comienzos de los años treinta cuando los peruanos ocuparon Leticia, aunque ese despertar sí perduró en la mente y el corazón de los colombianos.

Ahora surgen posiciones extremas en Colombia, que van desde el desacato de la sentencia o el acatamiento de la misma, hasta clamores que invitan a la defensa del territorio arrebatado mediante el empleo de poder militar para restituir a la Patria el mar perdido por ignominiosa sentencia.

Pero al poco tiempo estas manifestaciones nacionalistas extremas, se han venido adormeciendo por nuevos acontecimientos ocurridos en Colombia, como las conversaciones de paz con las Farc, o la cercanía de las fiestas navideñas, y el tema al parecer quedó consignado y reseñado en la historia y en el inventariado de las muchas frustraciones territoriales que empequeñecieron la dimensión de nuestro mapa, por esa incapacidad innata de esos negociadores para defender y preservar la herencia territorial que nos dejó la Corona Españo-

la en nuestros mares.

Hubo eso sí, después de conocerse la sentencia, sentidos lamentos y hasta oportunismos políticos con marchas en San Andrés, mas no los juicios de responsabilidad que se han debido adelantar por semejante descalabro territorial y en tal virtud nadie tuvo el valor de confesar y exclamar: ¡Asumo la responsabilidad histórica y las consecuencias de mi equivocación! como lo haría cualquier digno súbdito de imperio japonés (samurái) antes de hacerse el harakiri o un británico antes de volarse la cabeza de un disparo de revolver, por haber defraudado los intereses de su Patria.

En Colombia todos los responsables del descalabro ante la Corte se escondieron, o se culparon unos a otros, o descargaron en otros su propia cuota de responsabilidad.

Lamentablemente ha sido parte de esa tradición que se reflejó, por ejemplo, cuando se le entregaron Los Monjes a Venezuela.

Bien lo afirmaba el internacionalista Rafael Nieto Navia hace ya muchos años cuando expresaba que “el mapa de Colombia se había confeccionado en tela tan ordinaria que cada vez que negociábamos el mapa se encogía” y esa premonición lamentablemente se volvió a cumplir como si se tratara de un conjuro o de una maldición. De la arrogancia de nuestros negociadores de creer que ganaríamos el pleito, pasamos a la humillación internacional de haber perdido frente al país que considerábamos un pigmeo, Nicaragua.

La posición del gobierno en el sentido de considerar la inaplicabilidad de la sentencia de la Corte, es apenas una salida temporal,

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que no ha ido más allá de un pronunciamiento, porque aquí no cabe una abierta posición de desacato por las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas e internacionales que dicha posición acarrearía - el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos obligaría a su cumplimento mediante medidas coercitivas - y porque las características las sentencias de la Corte son inapelables y obligatorias y sobre ellas solo cabía el recurso de revisión ante la presencia de un hecho nuevo y desconocido por los jueces de la Corte.

En mi concepto, no existió la circunstancia anteriormente descrita, contrario a lo que algunos internacionalistas han llegado a plantear, como el de la intención de Nicaragua de construir un canal interoceánico por su territorio fluvial del río San Juan, con tecnología china, intención agravada por la presencia de una jueza china entre los magistrados de la Corte que votaron en contra de Colombia, lo cual no constituye para nada un hecho nuevo, porque Nicaragua, desde el siglo XIX, ha pretendido construir un canal por su territorio. No podría entonces argumentar Colombia ante la Corte como sustentación de un vicio de la sentencia, la construcción del mencionado canal, atado a la presencia de una jueza china entre los magistrados, porque la votación para la sentencia fue totalmente en contra de nuestro país por parte de todos los jueces.

La contratación de un grupo de abogados por el Gobierno Nacional para enfrentar la nueva demanda nicaragüense sobre el exabrupto jurídico y geográfico de Nicaragua de Plataforma Continental Extendida10 tiene posibilidades de ser exitosa para Colombia, más no el recurso de revisión de la sentencia, cuyo tiempo ya ex10. Plataforma continental extendida: figura inexistente en el Derecho de Mar (Convención de Montego Bay, Jamaica de 1982) mediante la cual Nicaragua pretende extenderse por mar a menos de 200 millas la de costa Atlántica colombiana.

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piró, porque nuestros argumentos para la revisión no eran tan sólidos y, por ello, las posibilidades de éxito muy remotas, casi imposibles y sí podríamos haber caído en la trampa de una nueva sentencia obligatoria y ejecutoria del fallo.

En la historia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no hay antecedentes sobre un recurso de revisión de sentencia fallada a favor del Estado que la presenta (13 en total); todos estos recursos han sido resueltos en contra porque, al parecer, la Corte se considera infalible en sentencia judiciales, como el Papa en materia de actos de fe. De tal manera, se aprecia que si Colombia hubiese presentado este recurso, no habría podido argumentar la inaplicabilidad de la sentencia, salida que por lo menos resulta un paliativo transitorio mientras se rediseñan nuevas estrategias para dilatar el fallo.

El presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Peter Tomka, ha defendido la sentencia contra Colombia y reiterado su carácter definitivo, así como su obligatorio cumplimiento, negando cualquier presión externa por parte de Nicaragua para esta decisión y afirmando que 17 jueces de la Corte consideraron que esta era una solución equitativa. Lo más sorprendente de las declaraciones de Tomka lo constituye la afirmación en el sentido de que Colombia no podía reclamar soberanía sobre Quitasueño “cerca de la isla de San Andrés, pues se trata de formaciones sumergidas casi todo el tiempo”. “Solo hay una formación en Quitasueño que permanece sobre el agua todo el tiempo”. “Es un roca de un metro cuadrado… Para reclamar frontera marítima se necesita una isla”. Eso no es cierto y olvida de manera malintencionada el juez Tomka, que los derechos históricos que Colombia ha tenido sobre Quitasueño, corresponden al ejercicio de soberanía sobre este territorio, a su titula-

“Cuando se conoció la injusta, inaplicable e inaceptable sentencia de la Corte de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, en la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua para resolver el pleito artificialmente creado por la nación centro americana, se presentó en Colombia un transitorio despertar nacionalista, como ocurrió a comienzos de los años treinta cuando los peruanos ocuparon Leticia”.

ridad histórica (Real Orden de San Lorenzo y Fallo Loubet de 1900), así como la forma como se resolvió la disputa con Estados Unidos en el Tratado Vázquez-Saccio, de 1972, y lo más importante, cuando se suscribió el canje de notas Olaya Kellog11 entre Colombia y Estados Unidos para pactar una statu quo sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, en abril de 1928, un mes después de firmado el Tratado con Nicaragua, Quitasueño quedaba excluido del Tratado Esguerra Bárcenas, por el hecho de encontrarse el litigio con Estados Unidos.

Nicaragua en aquel entonces no reservó supuestos futuros derechos sobre este cayo, como tampoco sobre Roncador y Serrana, porque los consideraba colombianos.

Ahora el juez Tomka sorprende al poner en duda el derecho de Colombia sobre Quitasueño, por lo cual me atrevo a poner en duda la imparcialidad de tan dudoso personaje que hoy funge como Presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

11. Canje de notas suscrito en abril de 1928, en el cual la controversia por los cayos Roncador, Serrana y Quitasueño quedo en statu quo que concluyó con la suscripción del Tratado Vásquez Saccio de 1972

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“El presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Peter Tomka, ha dicho que Colombia no podía reclamar soberanía sobre Quitasueño, cerca de la isla de San Andrés, pues se trata de formaciones sumergidas casi todo el tiempo”.

Por consiguiente, la presencia de Tomka en el Alto Tribunal constituye la misma garantía que puede brindar a Colombia el juez de un tribunal de la inquisición frente a la sospecha de una herejía.

El Artículo 121 No 312 de la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, le otorga a Quitasueño un mar territorial de 12 millas, en razón a que la Convención, a propósito, no suscrita aun por Colombia, solo especifica la ausencia de derechos sobre Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva, mas no lo que corresponde al Mar Territorial.

Colombia al haber retirado la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y haberse retirado extemporáneamente del Pacto de Bogotá, no logró blindarse de la nueva demanda de Nicaragua y ahora en la búsqueda de soluciones a futuros contenciosos como el que se tiene con Venezuela, no podrá plantear solución diferente a los medios diplomáticos ordinarios que consagra el Derecho Internacional13, los cuales resultan en muchas oportunidades poco efectivos.

12. “ Las Rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho a Plataforma Continental ni a Zona Económica Exclusiva” 13. Medios Diplomáticos Ordinarios: negociación, conciliación, mediación, investigación y buenos oficios, consagrados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

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Es indiscutible que los límites de la República que están consignados en la Constitución Política (Artículo 101 de la Carta Constitucional)14, no se pueden cambiar por sentencia de un tribunal extranjero, como tampoco los tratados de límites marítimos celebrados con terceros estados del Caribe como Costa Rica, Honduras, Jamaica y Panamá, porque de ser así, se estaría obrando en contra de la intangibilidad de los tratados que consagra el derecho internacional como principio fundamental. Por hermenéutica jurídica los contratos entre dos partes no pueden afectar los intereses de terceros y ello se le aplica a la sentencia de la Corte frente a la afectación de las fronteras ya establecidas por Colombia.

No obstante lo anterior, el contenido de la sentencia del 19 de noviembre de 2012, contrariando el derecho internacional, sí tocó intereses de terceros Estados y tratados plena y válidamente celebrados con terceros Estados.

Complejo panorama Esta es apenas una parte del complejo panorama que se vive hoy en las fronteras marítimas de Colombia, sin desconocer el hecho de que las fronteras terrestres, a pesar de estar plenamente definidas, no dejan de ser vulnerables a la acción expansionista de Estados vecinos. No en vano, como se recordará, Chávez, en su momento, amenazó a Colombia con reclamar La Guajira para Venezuela, desconociendo los tres tratados internacionales ya referidos, 14. “Artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

como lo hizo Nicaragua con el Tratado Esguerra-Bárcenas Meneses, del 24 de marzo de 1928, que definió a nuestro favor la soberanía y el pleno dominio sobre San Andrés, y la de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y las islas del Maíz. El límite tradicional marítimo entre los dos Estados quedó definido por el Meridiano 82º que por iniciativa y propuesta de Nicaragua quedó incluido en el Instrumento de Canje de Ratificación del Tratado15, pero, a pesar ello, y del ejercicio permanente, pacífico, inmemorial, ininterrumpido y no protestado de soberanía de Colombia sobre estos mares, la Corte de un solo tajo arrebató a Colombia estas aguas para entregárselas a un supuesto nuevo titular, Nicaragua, país que jamás las poseyó, con lo cual afectó no solo el Tratado de 1928 al haber desconocido la referencia del Meridiano 82º, sino que violó la costumbre como fuente de derecho internacional.

Esta podría considerarse para el caso colombiano una sentencia inejecutable más que inaplicable. Lo imperdonable, reprochable, inadmisible y condenable lo constituye, sin lugar a dudas, el haber permitido que un tribunal extranjero, definiera unos límites que ya estaban definidos y una soberanía sobre aguas que igualmente tenían un titular por derecho.

Nicaragua consiguió más de lo que ambicionaba, porque amplió a costa de las aguas marinas de Colombia, un espectro marítimo importante del cual carecía, mediante la aplicación de una estrategia dolosamente efectiva y expansionista, absolutamente inteligente “se echó al bolsillo” a todos los magistrados de la Corte mediante una envidiable acción diplomática de más de 24 años, adelantada por su embajador Carlos Arguello, contrario a lo que hizo Colombia en los mismos 24 años 15. El archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82.

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en los cuales tuvo siete embajadores en La Haya, así de esa forma puso a Colombia en un débil escenario jurídico y político internacional y en la disyuntiva del desacato por inaplicabilidad de la sentencia o la aceptación de la misma con todas las funestas consecuencias internas y constitucionales.

Algunas voces autorizadas en Colombia plantean que lo único que le quedaría al país para cerrar este doloroso episodio es tener que negociar con Nicaragua, lo cual considero una humillación adicional y “negociar quién sabe qué, con un ladrón como Daniel Ortega”, lo que sí es seguro es que Nicaragua no negociará con Colombia ningún límite marítimo que no parta del reconocimiento de los ya establecidos a su favor por la Corte, como tampoco cederá en la frontera que estableció el fallo de La Haya.

Reflexiones finales Para concluir este artículo, es bueno anotar que varias generaciones tendrán que pasar antes de que se resuelva uno de los más antiguos pleitos de límites a nivel mundial, como es el de la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Venezuela en el área del golfo de Coquivacoa o de Venezuela, para los venezolanos. El momento para abordar el tema es el menos propicio, debido a la crítica situación política interna que vive el país hermano como consecuencia del chavismo degradante y decadente. Este constituye un tema que en el pasado logró despertar el más malsano nacionalismo en Venezuela contra Colombia, promovido por un grupo de chauvinistas de mala recordación para muchos colombianos, como José Lara Peña, Miguel Ángel Capriles, Jorge Olavarría, entre otros muchos, que pregonaban, el desgastado, peyorativo, insultante e incendiario discur-

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“Esta es apenas una parte del complejo panorama que se vive hoy en las fronteras marítimas de Colombia, sin desconocer el hecho de que las fronteras terrestres, a pesar de estar plenamente definidas, no dejan de ser vulnerables a la acción expansionista de Estados vecinos”. so: “colombiano ladrón si quieres el golfo hay que obtenerlo peleando”. Ya pasó por fortuna la euforia del pasado, los tiempos del ruido y el desenfreno de una carrera armamentista que privilegiaba la posición de Venezuela en las mesas de conversaciones con Colombia.

El diferendo básicamente consiste en la existencia de dos posiciones totalmente antagónicas frente a los intereses preponderantes que Venezuela creé tener en el área en litigio, a la ausencia de delimitación de áreas marinas y submarinas, a la creencia errática de algunos venezolanos de que Colombia no tiene derecho a las aguas de golfo, (Mar Territorial, Plataforma Continental, Zona Económica Exclusiva) que le otorga la condición de Estado ribereño, desde Castilletes hasta Punta Espada y que ese golfo es una bahía histórica de Venezuela; al empecinamiento de Venezuela de buscar una solución al litigio por la vía de las

conversaciones directas, tal y como quedó plasmado en al Acta de San Pedro Alejandrino de marzo 1989; al desconociendo de que hay otros medios de solución pacífica de controversias internacionales que consagra el Derecho Internacional; al hecho de que Venezuela pretende considerar las rocas llamadas Los Monjes como islas, que fraudulentamente le fueron regaladas, mediante un acto de traición a la Patria, en oscura y tenebrosa acción del presidente de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, y con la complicidad de su canciller, Juan Uribe Holguín, y con la impecable redacción del secretario General de la Cancillería, Alfredo Vázquez Carrizosa, (Nota de Cancillería D-M 542, de 22 de noviembre de 1952)16.

Supuestamente fueron entregados a cambio de la vida del guerrillero liberal Eliseo Velázquez, como lo denunciaron Daniel Valios Arce, en su Libro Los Monjes un mito trágico, y Luis Carlos Galán Sarmiento, junto con el presidente Carlos Lleras Restrepo, en la desparecida revista Nueva Frontera.

A ello se la viene a sumar las comprobadas reservas petroleras en el área en litigio, recurso que más para mal que para bien a ha sido la tragedia de Venezuela como bien lo afirmaba en una de sus obras uno de los más ilustres escritores venezolanos de todos los tiempos, Arturo Uslar Petri (1906-2001).

Colombia abandonó y sacrificó en aras de un acuerdo con Venezuela su posición jurídica ajustada al derecho internacional de la Línea Media (Artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar)17 en la frustrada Hipótesis de 16. Colombia no objeta ni tiene reclamación alguna que objetar sobre el ejercicio de Soberanía venezolana en el archipiélago en referencia.

17. Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se encuentren situadas frente a frente ninguno de los Estados tendrá derecho salvo mutuo acuerdo en contrario a extender su mar territorial más allá de una línea media trazada en forma tal que todos los puntos sean equidistantes a los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial de cada Estado.

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bién tienen cuota de responsabilidad en lo que ocurrió con Nicaragua, excluyentes por cierto, que se autocreyeron pontífices de las fronteras, sin percatarse que serían sus sepultureros y, por ello, por su arrogancia, nos llevaron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la cual no solo perdimos vergonzosamente el pleito, sino que ante el mundo debilitamos nuestra posición jurídica y nuestra tradición internacional de respeto al cumplimiento de los compromisos internacionales, lo cual muy seguramente será aprovechado a futuro por Venezuela para hacer prevalecer en una futura delimitación con Colombia un resultado favorable a su interés primordial como es la línea de prolongación de la dirección general de la frontera terrestre a partir de hito de Castilletes y, logrando que Colombia reconozca las rocas llamadas Los Monjes como islas generadoras de toda la jurisdicción marítima que consagra a su favor el Derecho de Mar.

Caraballeda, de 1982, proyecto de acuerdo, logrado durante los gobiernos de Julio César Turbay Ayala y Luis Herrera Campins, el cual, de manera incomprensible, sometió a un consenso popular, con el consecuente rechazo absoluto de los venezolanos, como era de esperarse, por tratarse de una sociedad al menos informada y bien comprometida con lo que creen deben ser sus intereses en el área en disputa de golfo.

Contrario a lo que ha ocurrido en Colombia, donde la ignorancia ha sido generaliza sobre el tema de fronteras, lo cual permitió y facilitó que el asunto fuese manejado por un selecto grupo de funcionarios, que tam-

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A partir de los acontecimientos conocidos como el incidente de la ARC Caldas, ocurrido en agosto de 1987, nuestra posición fue aún mucho más débil, porque a fin de cuentas Colombia que no generó esta situación, como algunos lo afirman y que casi termina envuelta en un conflicto internacional, salió del área en litigio por instrucción del Presidente Barco, y Venezuela mantuvo su preponderante presencia naval. Hoy tan solo ejercemos una tímida presencia militar en el área, sin mayor poder disuasivo, para evitar que a futuro Venezuela nos llegue a aplicar la figura jurídica conocida como la prescripción adquisitiva de dominio por ausencia de soberanía.

Hoy no se sabe que es lo que se está negociando a nivel de los altos comisionados, si es que se está negociando, lo que sí es cierto es que la última vez que el tema se ventiló públicamente fue durante

el famoso encuentro entre los presidentes Chávez y Uribe, junto con la senadora Piedad Córdoba, en la hacienda Hato Grande, en septiembre de 2007, cuando Chávez embriagado por la euforia propia de haber sido convertido por el Gobierno Nacional en mediador, por un acto de cándida torpeza, para la liberación de los secuestrados (Clara Rojas) en manos de sus amigos de Chávez, las Farc anunciaron que en el mes de diciembre de ese año firmaríamos el acuerdo de áreas marinas y submarinas con Colombia. Creo que el más sorprendido con el anuncio fue nuestro alto comisionado para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas el empresario constructor, no internacionalista, por supuesto, Pedro Gómez Barrero.

Como la luna de miel entre Uribe y Chávez después de este encuentro solo alcanzó a durar dos meses, debido a la descarada y comprobada intervención de Chávez en los asuntos internos del Estado colombiano a favor de los intereses de las Farc, el asunto quedó dormido en una profunda incógnita, que solo será despejada cuando Colombia redireccione toda su política de fronteras en el tema de las delimitaciones marítimas, con la presencia de los colombianos más capacitados y comprometidos, que piensen sobre todo en el interés nacional y no particular como ocurrió con el doloroso episodio con Nicaragua, cuando el tema de las fronteras sea motivo del debate nacional y del concurso de todos los colombianos.

FOTO: radiodeluz901fmstereo.blogspot.com

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FOTO: EJERCITO.MIL.CO

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La Inteligencia y la seguridad del Estado Estado actual de la Inteligencia y capacidades en Colombia.

Inteligencia militar, importancia, trascendencia, en el futuro de la Instituci贸n Militar y la seguridad y defensa de la naci贸n.

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Para los colombianos, la agenda de cada día nos trae nuevos factores de perturbación. Nos tocó el calor de un Magdalena Medio, un Caquetá, un Catatumbo, un Urabá, temperatura de incendio que arrasa regiones enteras y va en incremento, como si nada se hubiera hecho para extinguirlo, por lo tanto, nuestra comunidad de Inteligencia debe adquirir información y producir Inteligencia que no se obtiene públicamente sobre las amenazas a la seguridad y bienestar de Colombia.

Mayor General JUAN SALCEDO LORA

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esde hace años, parece ya una costumbre, cada vez que se presentan errores o desviaciones en los cuerpos de Inteligencia estatal, la tendencia es acabarlos, cambiarles de nombre, crear uno nuevo, usualmente en forma inmediata, sin mayores estudios, echar un manto de olvido y volver por las andadas prontamente, por la sencilla razón que no se remedian los problemas o los errores.

El SIC inició y terminó sin penas ni gloria para darle paso al DAS, duró un poco más, fue eficiente y eficaz, pero entró en desgracia por manejos irregulares y terminó sin reemplazo aparente. Se creó un ente, supuestamente de más alto nivel, que el colombiano normal no sabe dónde queda y qué hace, se trata de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, de carácter civil, adscrita a la Presidencia de la República, que sólo cumplirá funciones de Inteligencia y contrainteligencia, mientras las demás funciones, pasarán a cargo de otras instituciones del Estado. Dios le dé larga vida y prestigio.

No fue muy diferente el último cambio. Simplemente se cambian las fachadas y en el fondo, todo queda igual. Los viejos servidores de los desechados servicios, retornan como especialistas que son a los nuevos entes creados, por la elemental razón que en ellos se invirtieron grandes cantidades (de dinero) y tiempo preciosos, en formación, volverlos especialistas y hacer de su experiencia una garantía de eficiencia. Otro factor es que el ente nuevo para iniciar actividades necesita de los expertos.

Se cambian las directivas, usualmente mal seleccionadas, se nombran profesionales idóneos, pero carentes del conocimiento básico de la delicada función que les corresponde, cuál es velar por la seguridad del Estado a través de la producción oportuna y confiable

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de Inteligencia, no de informaciones, de Inteligencia, que es bien diferente, y eso solamente lo saben los especialistas en la materia.

Dicen que la experiencia ajena es mejor que le experiencia propia y sobre todo más barata. David Boren, senador estadounidense, presidente de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, para resaltar la importancia de los cuerpos de Inteligencia estatal, invocaba que, “Algunos discuten que en lugar de cambiar la comunidad de Inteligencia, simplemente debería eliminársela”. Ello, a propósito, es lo que persiguen los enemigos del Estado colombiano – “cantan ‘primero Estados Unidos’, y demandan que EE.UU. se desligue del resto del mundo y comience a ocuparse sólo de los norteamericanos. Aquellos que predican este nuevo aislacionismo engañaron al pueblo norteamericano con la falsa idea de que existe un conflicto entre lo que nosotros necesitamos hacer en el país y lo que necesitamos hacer en el exterior. Estos no son objetivos que compiten entre sí, sino que son complementarios.

Cerrarnos al resto del mundo no nos garantizará seguridad. Antes bien, deberíamos prepararnos para vivir constructivamente

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y, cuando fuera necesario, competir eficazmente en el nuevo medio internacional”, decía.

En Colombia, aparte de las dimensiones abismales y, guardando las proporciones debidas, tenemos forzosamente que prepararnos cada día, más y mejor, para la larga y agotadora lucha que representa un eventual proceso de paz. Lo de La Habana, obedece a una tarea directa: acabar el conflicto, parar la balacera, cesar los enfrentamientos armados y, a partir de ello, comenzar la tarea larga y desgastante de entrarnos de lleno a un proceso de paz.

Argumentaba igualmente el Senador estadounidense que, “En tanto los factores no militares se vuelven más importantes para la seguridad nacional, la Inteligencia creada únicamente con la perspectiva militar sería bastante menos relevante que en el apogeo de la guerra fría. La respuesta no es eliminar la Inteligencia, ni eliminar una comunidad de Inteligencia separada, sino más bien cambiar la comunidad existente, inclusive la CIA. El cambio debe darse en dos áreas de importancia: nuevas prioridades y una nueva estructura, mejor adaptada a dichas prioridades” (.) “La comunidad de

Inteligencia se construyó primariamente con un objetivo: las sociedades ‘cerradas’ del mundo de la guerra fría, que contabilizaban tanto como un tercio del globo. En la actualidad, dicho objetivo ha disminuido considerablemente. Para estar seguros, la comunidad de Inteligencia debe continuar adquiriendo información que no puede obtenerse públicamente, sobre las amenazas a la seguridad y bienestar de EE.UU.”.1 Para los colombianos, la agenda de cada día nos trae nuevos factores de perturbación, que se agregan a los viejos, que siguen vigentes. No nos tocó la guerra fría de la cual habla el senador Boren, la de aquí siempre ha sido de la temperatura de un Magdalena Medio, un Caquetá, un Catatumbo, un Urabá, temperatura de incendio que arrasa regiones enteras y va en incremento, como si nada se hubiera hecho para extinguirlo, pero, nuestra comunidad de Inteligencia debe adquirir información y producir Inteligencia que no se obtiene públicamente, sobre las amenazas a la seguridad y bienestar de Colombia.

En las crisis de 2007, denunciadas por el mismo Ejército, chuzadas en doble vía, y las pasadas de meses atrás, se dejó sentir por los contradictores del sistema de gobierno, por los enemigos armados ilegales que buscan el poder por las armas y sus no pocos simpatizantes, la malévola aspiración de arrastrar al abismo de las condenas a todos los aparatos estatales de Inteligencia. Ocuparon los medios masivos de comunicación, condenando a diestra y siniestra los presupuestos, los directores, los sistemas empleados, torturas, chuzadas, seguimientos y, en fin, todo cuanto su imaginario les permitió para obtener el fin deseado de anular los organismos que habían permitido controlar las acciones criminales de los alzados en armas, golpear 1. David L. Boren, senador de EE.UU. Presidente de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia. La Comunidad de Inteligencia.

sus organizaciones armadas, capturar o dar de bajas sus cabecillas e impedir la acción demoledora de organizaciones espurias supuestamente dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y más bien dedicadas a la propagación de la guerra política y jurídica contra las fuerzas militares.

“Multitud de factores de violencia estructural como la pobreza, el hambre y la carencia de justicia social, contribuyen a aumentar el desorden mundial. Esto se traduce en violencia social, anarquía criminal, flujos de refugiados, tráfico de drogas, crimen organizado, nacionalismo extremo, fundamentalismo religioso, limpiezas étnicas, devastación ambiental, etc. Estas condiciones de desestabilización tienden a ser explotadas por nacionalistas, ideólogos, fundamentalistas, terroristas y autoproclamados profetas para alcanzar sus propios objetivos. Así, el mundo experimenta un aumento de guerras a las que se bautiza con nuevos nombres (limitadas, de guerrillas, camufladas, sin restricción, asimétricas, etc.) y en las que aparecen variados niveles de violencia”2.

Ese cuadro, así descrito no es familiar en Colombia. Tenemos de todo en una mixtura multilateral y multicausal, que nos agobia hace más de media centuria. Ese cuadro amerita aparatos serios de Inteligencia, eficientes, operados sin componendas políticas por expertos y ajenos a factores que los distraigan de su función básica.

Uso e influencia de la Inteligencia3 Nadie duda la necesidad de la Inteligencia en la cobertura de asuntos externos y en las políticas de seguridad nacional. La gente debe armarse con el poder del cono2 Antonio Cabrerizo Calatrava, El Conflicto Asimétrico, “Congreso Nacional de Estudios de Seguridad”, Universidad de Granada, Octubre de 2002 3. Mayor General Juan Salcedo Lora, conferencia, Escuela Superior de Guerra, 1998, Uso de la influencia, fundamentos de la lógica estratégica

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cimiento. Sin embargo, lo que indudablemente seguirá siendo polémico, es la forma como se adquiere tal Inteligencia, cómo se utiliza, y cómo se comparte con el público. Algunos afirman que las fuentes de información abiertas, particularmente en la edad de las comunicaciones masivas y del internet, son suficientes, quizá, inclusive, más confiables, para la obtención del conocimiento estratégico. La mayoría de los estrategas preferirán la información exacta, detallada y a menudo secreta obtenida a través de todos los canales.

Estados Unidos se suscribió alguna vez a un acuerdo de ‘caballeros’ que consistía en no leer el correo de otros. Pero no se cumplió por mucho tiempo. Inclusive desde la segunda Guerra Mundial y en la guerra fría, Estados Unidos ha mantenido extensas capacidades de Inteligencia, gastando extraordinarios recursos públicos en todos los aspectos de Inteligencia (aunque no se ha revelado oficialmente). La información adquirida así fue invaluable en la confrontación de la guerra fría, no como un medio directo de poder, sino como una fuente inmensa de influencia. Con el final de la guerra fría, aparentemente sin ser tenida en cuenta por la mayoría de las agencias de Inteligencia, la necesidad de tener un inmenso aparato de Inteligencia se ha cuestionado nuevamente. La efectividad y la eficiencia del sistema de Inteligencia están en revisión por su capacidad de intrusión no solo en los derechos de los ciudadanos, sino en los intereses de sus aliados.

En Colombia tenemos casos de demandas aceptadas, investigaciones adelantadas y sanciones contra miembros de Inteligencia de la Fuerza Pública por la violación de la correspondencia de personas o entidades y la violación de la privacidad por la escucha no autorizada de comunicaciones telefónicas. La Constitución Nacional de Colombia es clara cuando se trata de pro-

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teger la libertad de las personas y su privacidad.

Para entrar en materia de este ensayo, se parte de lo elemental, antes de tratar en los asuntos complejos de la seguridad del Estado y la herramienta poderosa de la Inteligencia, nada mejor que considerar los conceptos básicos sobre tan amplio concepto.

Sea cual fuera la definición de Inteligencia que se tome en cuenta, y los criterios de clasificación que se seleccionen para efectuar su tipología, existe un conjunto de criterios básicos que no deben ser soslayados. En primer lugar, siendo que la Inteligencia no existe por sí misma, sino en función de su utilidad dentro de los procesos de toma de decisiones, su producto debe ser políticamente relevante para el decisor. Y debe serlo en un doble sentido: por un lado, con relación al tema; y por otro, con relación al contenido. En segundo término, el producto de Inteligencia debe reflejar neutralidad axiológica4, buscando el mayor nivel posible de objetividad, a través de abordajes metodológicos rigurosos basados en datos fácticos, con independencia del efecto que esta postura tenga en su consumidor.5 Lo más elemental es conseguir una información, someterla a un ciclo perfectamente lógico, dentro del cual se planea lo que se quiere hacer y el esfuerzo de búsqueda de información, que una vez obtenida, se someta a un proceso de análisis hasta determinar por varios sistemas, para producir entonces sí, Inteligencia. En la crisis primera de las chuzadas, los ofendidos se rasgaron 4. Axiología (del griego axios, ‘lo que es valioso o estimable’, y logos, ‘ciencia’), teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. (Encarta, 2000). Anexo 1 al final del texto 5. Michael I. Handel Sun Tzu y Clausewitz: ‘El arte de la guerra’ y ‘De la guerra’, comparados

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“En las crisis de 2007, denunciadas por el mismo Ejército, chuzadas en doble vía, se dejó sentir por los contradictores del gobierno, por los enemigos armados ilegales que buscan el poder por las armas, la malévola aspiración de arrastrar al abismo de las condenas a todos los aparatos estatales de Inteligencia”.

Información militar: dato de un hecho, actividad, persona o cosa, de interés para los medios de búsqueda y de importancia en el planeamiento y conducción de operaciones militares. Puede ser verdadero, dudoso, falso, exacto o inexacto, pertinente o no.

Constituye la materia prima para la producción de Inteligencia.

las vestiduras y se lanzaron a la cacería de brujas por cuanto se suponían chuzados, más nunca pudieron ni siquiera acercarse remotamente al punto convincente que permitiera llegar a condenar al supuesto chuzador. En un día de interceptaciones telefónicas o de cualquier tipo de procedimiento se obtienen paquetes inmensos de información, las estadísticas son crueles, por cuanto lo que de allí se extrae, en su gran mayoría es de poco o nulo valor. Sin embargo, para el analista de Inteligencia, si de cien informaciones se extrae una de valor, Inteligencia en sí, no se ha perdido el tiempo, se consiguió un inapreciable valor para alguien en la estructura operacional.

Así de simple es la tarea.

Inteligencia estratégica: conocimiento de las capacidades políticas, económicas, religiosas, culturales y militares de una nación, que sirven para conseguir el logro de los objetivos nacionales y desarrollar planes político-militares a nivel nacional e internacional.

Conceptos Básicos6 Información: conocimiento específico o dato de interés, normalmente parcial sobre personas, acciones, lugares y cosas; que no han sufrido un proceso intelectual y sirve para la producción de Inteligencia.

6. Manual de Inteligencia de combate del Ejército de Colombia, cuarta edición septiembre e 1993

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Inteligencia militar: producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la información disponible que ofrece valor inmediato o potencial para el planeamiento y conducción de operaciones militares.

Abarca, Inteligencia de combate, Inteligencia básica, Inteligencia estratégica y contrainteligencia.

Inteligencia de combate: conocimiento sobre los factores de enemigo, tiempo atmosférico, terreno, población civil y ambiente operacional, indispensables para el planeamiento y conducción de operaciones tácticas. Concierne a situaciones locales y es el elemento esencial que necesita un comandante para combatir.

Inteligencia básica: informaciones que se encuentran en registros, archivos, biografías, etc., útiles para comparar situaciones y obtener de allí la Inteligencia requerida.

Contrainteligencia: elemento constitutivo de la Inteligencia militar, que permite planear y ejecutar medidas activas y pasivas para contrarrestar, obstaculizar y neutralizar el sistema de Inteligencia enemigo, para proteger las instalaciones contra el sabotaje, los documentos e información

contra el espionaje, el personal orgánico contra el transbordo ideológico inadvertido y las comunicaciones contra la intercepción.

Informe de Inteligencia: medio para transmitir en cualquier tiempo, informaciones o Inteligencia relacionada con últimas actividades del enemigo, que impliquen cambios en el orden de batalla del mismo. Siempre que sea posible debe incluirse el análisis y la conclusión.

Operaciones de Inteligencia: planeadas y ejecutadas por personal especializado para obtener información útil para el planeamiento y conducción de operaciones militares. Son de planeamiento centralizado y ejecución descentralizada; exigen gran nivel de entrenamiento y coordinación.

Pueden ser abiertas o cubiertas.

Operaciones abiertas: actividades de Inteligencia desarrolladas por las agencias de Inteligencia militar, ejecutadas en cumplimiento de un mandato judicial.

Operaciones cubiertas: actividades de Inteligencia cumplidas normalmente por agencias especializadas las cuales cuentan con adecuado entrenamiento y preparación propia, en cuyo desarrollo protege la identificación de la agencia y el verdadero objetivo que persigue. Área de influencia: la misma área de responsabilidad asignada a un comando, donde se emplean todos los medios disponibles para obtener la Inteligencia necesaria que le permita un adecuado empleo de su poder de combate. Área de interés: conformada por el área de influencia y áreas adyacentes, de responsabilidad de unidades vecinas, desde las cuales el enemigo puede llegar a afectar el cumplimiento de la misión.

mación planeado y ejecutado con personal especializado para obtener información clasificada, normalmente relacionada con aspectos de interés estratégico de un país o de un grupo de países.

Sabotaje: todo acto premeditado por parte del enemigo que destruye, impide o interrumpe la actividad de una persona, organización o cosa, con el fin de obtener ganancia sicológica, política, económica o militar.

Penetración: técnica de cubrir las actividades y obtener información de un blanco mediante el empleo de personas (normalmente reclutadas) ubicadas en el mismo blanco o pertenecientes a él.

Infiltración: técnica mediante la cual se coloca un agente de Inteligencia dentro del blanco de interés.

Otros conceptos Un prestigioso instituto de investigación define la Inteligencia como aquella actividad que brinda información procesada, útil y oportuna, sobre alguna situación específica y que contribuye a optimizar el proceso de toma de decisiones. En la medida en que ese proceso alude a la acción de gobierno, se hace referencia, en líneas generales, a la Inteligencia de Estado, que aporta el conocimiento necesario para la elaboración de objetivos y políticas en concordancia a los objetivos nacionales y al interés nacional.7 7. El desafío de la inteligencia estratégica. Trabajo realizado

“No es función de los organismos de Inteligencia la defensa de los Derechos Humanos, es responsabilidad de los ejecutores no violarlos, allí radica la gran diferencia”.

Espionaje: actividad de búsqueda de infor-

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Dentro del marco de la actividad de Inteligencia en Argentina, se especifica que la Inteligencia es “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. En tanto que la contrainteligencia es “la parte de la Inteligencia referida a la actividad que se realiza con el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje y/o actividades psicológicas secretas llevadas a cabo por actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad de la Nación” y agregan un concepto nuevo para este trabajo, cual es el de la Inteligencia Criminal como “la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Finalmente, definen la Inteligencia Militar como “la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional.

Así como el ambiente geográfico de áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar”8.

Normatividad nacional La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013), en su Artículo 1° establece que su objeto es fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de Inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadapor el Instituto de Investigación sobre Seguridad y Crimen Organizado (ISCO), diciembre de 1999.

8. Ramiro Anzit Guerrero, ¿Sistema de Inteligencia argentino? ¿Ficción o realidad?, Marco legal de la actividad de Inteligencia en la Argentina

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mente con su misión constitucional y legal.

Establece los límites y fines de las actividades de Inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas, entre otras disposiciones.

A su vez, en el Artículo 2°, define la función de Inteligencia y contrainteligencia, como aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los Derechos Humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley; y el Artículo 3°, versa sobre los organismos que llevan a cabo tales funciones. La protección de los Derechos Humanos como función de la Inteligencia y la contrainteligencia no tiene nada que ver con tal actividad.

Sin embargo, al igual como se comenta en el párrafo anterior, se estima que en un exceso de celos se vuelve en el Artículo 4°, a limitar la función de la Inteligencia en su ejercicio a proteger los Derechos Humanos, al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como limitarla por el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso, crea un serio obstáculo para las agencias y agentes encargados de recoger la información y producir la Inteligencia respectiva.

Es un inmenso campo del derecho, que

cualquier autoridad, saltará sin duda alguna a proteger lo que esta ley en su Artículo 4° ha incluido. Sólo a manera de ejemplo, si dentro de las tareas normales para ejecutar una operación ofensiva, que incluye uso de armas de guerra y destrucción masiva, se le incluye como función la defensa de los Derechos Humanos, esa pesada responsabilidad, puede dar al traste con la operatividad de ese organismo. Una cosa es defender y garantizar los Derechos Humanos como gran responsabilidad de la Fuerza Pública y otra, y bien diferente, es que la operación ofensiva tenga como función la defensa de los Derechos Humanos. No es función de los organismos de Inteligencia la defensa de los Derechos Humanos, es responsabilidad de los ejecutores no violarlos, allí radica la gran diferencia.

La función de un organismo de Inteligencia debe ser claro y no condicionado, con arandelas innecesarias y tiene más que ver con la forma de operar de los organismos, la técnica empleada, la incorporación de sistemas técnicos o tecnológicos, inclusive la ética y, finalmente, con los resultados esperados por el nivel superior que hace las exigencias. “Así, entonces, la función de la Inteligencia se define a partir de la capacidad que posea el sistema de Inteligencia de cada país para producir información útil que sea pertinente, anticipatoria y oportuna. Para ello, el sistema debe trabajar en un ambiente de confianza, credibilidad y bajo exigentes criterios metodológicos” (.) “En virtud de ello, la presentación de una legislación para satisfacer la necesidad de Inteligencia precisa de algunas condiciones. La primera de ellas se refiere a la existencia de los principios y objetivos orientadores de la actividad de Inteligencia; la segunda, se refiere a la creación de un organismo integrador de las capacidades y recursos ya existentes; la tercera, se refiere a mecanismos de control efectivos asociados a la naturaleza del Sistema y la

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particularidad de la actividad; la cuarta, supone la existencia de una visión de futuro que distinga los distintos niveles en que el sistema debe desarrollar capacidad analítica; y, la quinta, al cumplimiento y satisfacción de los requerimientos democráticos que eviten la concentración de poder que entrega el manejo de información y, a su vez, genere espacios de confianza, transparencia y credibilidad”9.

“El desempeño de la función de Inteligencia es y seguirá siendo estructuralmente la misma, pero las formas de llevarla adelante evolucionan y, como se ha expuesto, deberán adecuarse a las evoluciones rápidas de la tecnología, porque una simple actitud de reacción (sobre todo tardía) constituye un fracaso por anticipado y no será posible revertirlo de modo alguno. Información es lo que hoy abunda.

Certeza y Verdad es lo que cada vez escasea con acuciante desesperación. Los datos están cada vez más cerca de los usuarios, pero lo necesario de saber es la mejor forma de conjugación entre la voluntad de los protagonistas de los hechos y las voluntades que intervienen en el desarrollo de su discurrir”10.

El mismo Artículo 4° contiene tres incisos en los cuales categóricamente se prescribe que ninguna información de Inteligencia y contrainteligencia podrá ser obtenida con fines diferentes a la de los altos intereses allí relacionados en los incisos a, b, y c, contra lo cual no hay objeción alguna, salvo la normal posibilidad de encontrar en la información obtenida, aspectos diferentes a los contemplados en una orden o un requerimiento y que se apartan de tal prohibición. Se anotó renglones atrás, en un día de interceptaciones telefónicas o 9. Guillermo Holzmann, “La Inteligencia estratégica en países emergentes”. notas para una propuesta.

10. El Conflicto Asimétrico, Antonio Cabrerizo Calatrava, “Congreso Nacional de Estudios de Seguridad”, Universidad de Granada, 21-25 de octubre de 2002

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de cualquier tipo de procedimiento, se obtienen paquetes inmensos de información, pero lo que de allí se extrae, en su gran mayoría es de poco o nulo valor. En la calle un agente, o un informante captan en una conversación informaciones de todo tipo y si se aplica lo preceptuado en los incisos a los que se hace referencia, no se podría darle trámite.

Pero el remate del artículo citado es perentorio en cuanto prevé que en ningún caso la información de Inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de Derechos Humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición. Se desconoce de tajo la forma de actuar, pero se impide hacerlo contra los blancos normales políticos o filosóficos, por ejemplo, de donde la tradición nos muestra la cantidad de peligros que allí se incuban y que en su desarrollo se ciernen sobre la sociedad. Nada se tiene contra la mujer, contra la raza o etnia, contra la religión o contra los sindicatos o las organizaciones sociales, de Derechos Humanos o comunidades de diversa calidad, pero en este conflicto interno de más de cincuenta años, son frecuentes las mujeres criminales, las etnias armadas, o los sindicalistas seriamente comprometidos con los grupos armados. Se reitera, no se ataca a las organizaciones per se, se busca dentro de ellas a los elementos nocivos, porque la larga experiencia no orienta hacia ello. Si se cumple ese artículo ¿en dónde pretende el legislador que se busque la información? Hace mucho tiempo, alguien delante del suscrito criticaba acerbamente a un gran abogado santandereano porque defendía infractores de la ley penal, y la respuesta fue tajante –

“me moriría de hambre defendiendo gente honrada, monjas y seminaristas”.

El Artículo 15, que trata de las autorizaciones para las operaciones de Inteligencia y contrainteligencia, ha sido tradicional y reglamentariamente cumplido por los organismos de Inteligencia nacionales, para asuntos de responsabilidad, pero salta a la vista lo contemplado en el parágrafo respectivo, que enciende una alarma innecesaria, como para ser incorporado en esta ley, tal como lo habíamos considerado en líneas anteriores. Es lógico que quién infrinja sus deberes y obligaciones sea sancionado, pero llevarlo a causal de mala conducta sin mediar la consideraciones de modo, tiempo, lugar y circunstancia, es caer en un exceso innecesario. Diferente sería que la norma hubiera dicho por ejemplo, “Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de Inteligencia y contrainteligencia que infrinjan sus deberes u obligaciones en materia grave, incurrirán en causal de mala conducta….”.

La parte final del inciso, es más peligrosa aun, cuando trata de la obediencia debida como forma prescrita de alegato en la suposición de violación a los Derechos Humanos una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH)y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como norma general, incluida en los códigos, es para todo tipo de delitos, pero cuando se tocan los Derechos Humanos y el DIH, se convierte para el planeador y el ejecutor en seria barrera, por la respuesta inmediata de los blancos seleccionados por la agencia de Inteligencia para operar. Es un perfecto burladero de las acciones legales de Inteligencia y una trampa autodestructiva para quién actúa.

El Artículo 16, vuelve y juega con la innecesaria conexión entre la Inteligencia y

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los Derechos Humanos. Desde el año 2006 se inició en la Fuerza Pública un proceso de actualización en el tema de la transversalidad, para que en todos los manuales se incorporaran los preceptos del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Se trabajó arduamente con un experto en los temas, doctor Reinaldo Botero (q.e.p.d.), algo que fue considerado por los expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja como modelo para América.

Pretender incorporar, tal como lo hizo la nueva ley, el obstáculo escrito y manifiesto para hacer nugatoria la acción de los organismos de Inteligencia es crear una herramienta para que no se pueda utilizar. Es como dotar al Ejército de fusiles que solamente disparan salvas inofensivas, propias de las ceremonias. O armar los aviones de combate, con costales de arena para futuros bombardeos. ¿A quiénes enfrenta el aparato represivo del Estado, no ya el preventivo? ¿Contra quiénes se planea en la Inteligencia colombiana? Analicemos un poco su componente ideológico y su mensaje subliminal: “Solo se puede vencer a un enemigo más poderoso poniendo en tensión todas las fuerzas y aprovechando obligatoriamente con el mayor celo, minuciosidad, prudencia y habilidad la menor fisura entre los enemigos, toda contradicción de intereses contra la burguesía de los distintos países, entre los diferentes grupos o categorías de la burguesía en el interior de cada país; hay que aprovechar, así mismo, las menores posibilidades de lograr un aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional. El que no comprenda esto, no comprende ni una palabra de marxismo ni de socialismo científico, contemporáneo, en general. El que no ha demostrado en la práctica, durante un lapso bastante considerable y en situaciones políticas bastante variadas, su habilidad para aplicar esta verdad en la

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“Nadie duda la necesidad de la Inteligencia en la cobertura de asuntos externos y en las políticas de seguridad nacional. Sin embargo, lo que indudablemente seguirá siendo polémico, es la forma como se adquiere tal Inteligencia, cómo se utiliza, y cómo se comparte con el público”.

vida, no ha aprendido todavía a ayudar a la clase revolucionaria en su lucha por liberar de los explotadores a toda la humanidad trabajadora y lo dicho es aplicable tanto al periodo anterior a la conquista del poder político por el proletariado como al posterior”11.

Caben unas preguntas al respecto ¿Dónde deben buscar los organismos de Inteligencia a los receptores colombianos de tal mensaje? ¿En cuáles organizaciones se mimetizan los realizadores de las teorías del gran Lenin? ¿O las que nos están llegando del Socialismo del Siglo XXI? ¿O las que de continuo nos aportan el Foro de Sao Paulo?

El Artículo 18, obliga a rendir informaciones, oficios y verdaderos paquetes de datos y detalles que deban llegar algunos hasta el propio Presidente de la República. ¿Dónde está la cadena de mando y responsabilidades, si ésta no se utiliza precisamente para eso? Los subalternos informan al jefe respectivo y tal vez el penúltimo de la larga cadena, tendrá que ser necesariamente el Ministro de Defensa, que informará al Comandante en jefe 11. Lenin: “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”, página 367, Tomo III, Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1966.

de la Fuerza Pública, sobre realizaciones, éxitos, defectos, fracasos, vulneraciones, avances y retrocesos de las actividades de los organismos de Inteligencia. No es una operación, son múltiples operaciones de Inteligencia que se realizan diariamente.

Exceso en la supuesta supervisión y el control que se pretende.

Del Artículo 19, que crea la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y contrainteligencia, se debe esperar mucho, nadie sabrá de sus alcances, pero si se puede presentir la voluntariedad de sus integrantes. La ley ordena que en esa comisión se incluyan un Representante y un Senador de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno; pueden ser más, no se dice cuantos, pero con absoluta seguridad habrá todos los voluntarios de tales corrientes, ávidos de hurgar, punzar, descubrir y denunciar, buscar condenar, ojalá a los altos niveles de la estructura militar y policial.

La única favorabilidad en el futuro mediano, será que esos exponentes no llegarán rencorosos y vengativos, porque la ley prohibió meterse con ellos en los artículos anteriores ya comentados. Ni hablar de las mociones de observación contra los directores de la Inteligencia a todo nivel y las continuas citaciones para hacerlos perder tiempo y distraerlos de tareas diarias tan absorbentes. Eso sí, se enterarán hasta la

“Nada se tiene contra la mujer, contra la raza o etnia, contra la religión o contra los sindicatos o las organizaciones sociales; pero en este conflicto interno de más de cincuenta años, son frecuentes las mujeres criminales, las etnias armadas, o los sindicalistas seriamente comprometidos con los grupos armados”.

saciedad de los planes de Inteligencia, los objetivos trazados y los documentos reservados y secretos, que serán de seguro comentados y analizados en muchos lugares de las montañas de Colombia.

Como si no fuera suficiente lo preceptuado sobre las actuaciones que involucren género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, sindicatos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, o partidos o movimientos políticos, de carácter intocable, el Artículo 29 vuelve a las andadas para exigir que se garantice por las secciones que almacenan informaciones e Inteligencia, que no lo hagan. Ya no es ingenuidad, es pura intención de no ver el futuro, es no creer que el hombre sea bueno hasta que deja de serlo, que la pertenencia a una organización de cualquier tipo, no garantiza, que después termine convertido en un peligroso antisocial, un guerrillero o un terrorista. ¿Sabrán acaso los legisladores la historia de un hombre bueno como Camilo Torres Restrepo, sacerdote consagrado, ideólogo convertido y guerrillero forzoso? Cada actuación de ese hombre importante fue registrada como tal, y cada nueva información fue mostrando su comprometimiento con un grupo armado, ese precisamente, que le obligó a rapar un arma a un teniente herido, para ganarse, los laureles de un combatiente del Eln. No se le perdió de vista en cada informe almacenado debidamente como persona influyente. Es más, conocimos por Inteligencia militar su estado de frustración al comprender que se le obligaba a pelear y matar en combate, para ser combatiente integral del movimiento sedicioso, en ese estado partió hacia la cita mortal en Patio Cemento. No se legisla por legislar, ni con la intención de impedir que las organizaciones actúen, si de entrada se aclaró que el objeto y alcance, de la nueva ley era fortalecer el marco jurídico que

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FOTO: elpueblo.com.co

permitiría a los organismos que llevan a cabo actividades de Inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal. El articulado en amplia extensión está demostrando lo contrario.

Cada paso que se avanza en la ley es un paso en que se retrocede en la realidad de la operatividad de los organismos de Inteligencia. El Artículo 30, produce otra comisión, la de depuración de datos y archivos de Inteligencia y contrainteligencia, integrada por una mixtura de personajes en dónde no son extraños gente de la izquierda acompañando al Procurador General de la Nación, como ese miembro del grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Re-

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paración y Reconciliación o quien haga sus veces, académicos, representantes de la sociedad civil y otros. Se observa la tendencia para buscar ubicar en el corazón de la Inteligencia militar especialmente, precisamente a quienes usualmente se incorporan en los planes de búsqueda de Inteligencia. Se trata de dormir con el enemigo en la misma cama.

Risibles las disposiciones contempladas en el Artículo 34, sobre inoponibilidad de la reserva. Bastaría traer a colación lo sucedido con los informes reservados o secretos, no se sabe, que recolectados por la Fiscalía, fueron a dar, con excusas no aclaradas, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y desde uno

de los dos lugares, pasaron a las páginas de Semana en un momento crucial cuando la credibilidad de este medio estaba en franca decadencia. ¿Quién garantiza la reserva debida si de los sumarios penales y disciplinarios permanentemente son extraídas las hojas de vida de los comandantes de división y brigada?

Imposible que se les olvide a los legisladores lo sucedido con las investigaciones adelantadas por la Procuraduría en la década del 80, contra la cúpula del Ejército Nacional, en donde reposaban las hojas de vida de los implicados, valga decir, todos los comandantes de unidades operativas menores y mayores de la institución, que después aparecieran textualmente en el libro “El terrorismo de Estado en Colombia”12, hecho en Colombia y producido en Europa con la participación de iglesias alemanas.

Camino por seguir Mientras estamos a la espera del destino de los hombres de Inteligencia, puestos en la picota pública por Semana, que pasaron de ser héroes incógnitos a blancos indudables y desacreditados, echando por tierra lo contemplado en la flamante Ley Estatutaria 263 de 2011, especialmente sus artículos 23, 40, 41, 45 y el Capítulo VII completo, referido a la Protección de los servidores públicos que realizan activi12. Ediciones NCOS, 1992, Vlasfabriekstrat 11, 1060 Bruselas.

“Nuestra inteligencia humana y tecnológica ha llegado a permear la intimidad de los cabecillas guerrilleros, de las bandas armadas criminales y los carteles del narcotráfico. Casi llegando a través del análisis y la experiencia a determinar su modo de pensar”.

dades de Inteligencia y contrainteligencia, se puede afirmar que los frentes guerrilleros se desgastaron tratando de identificar y ubicar, algo que recientemente alcanzaron por los medios, no solamente a los comandantes de las unidades operativas que tanto daño les han causado, o a los pilotos de los Arpía y supertucanos, pero también con mayor énfasis a los hombres de Inteligencia que cristalizaron en el éxito rotundo sus participaciones en las operaciones sonadas, Camaleón, Alcatraz, Jaque, Fénix, Libertad, Sodoma y otras tantas que ya casi nadie se acuerda. El olvido es generalizado, hasta los altos jerarcas de la estrategia nacional borraron de su memoria los nombres de tantos héroes incógnitos que uno a uno, desfilarán al uso del buen o mal retiro, hacia la tierra del nunca jamás llenos de tristeza y pesar por la ingratitud y las deslealtades.

El panorama para los organismos de Inteligencia no es nada claro. Antes se trabajaba a la incógnita de la sociedad, hoy se defienden en la picota pública, antes laboraban encerrados en sí mismo, ahora les tocará desempeñarse en un quiebrapatas de comisiones y comisiones, citaciones y citaciones, largas esperas en filas interminables para entregar informes que nadie leerá y conclusiones que tendrán valores negativos, pero eso sí, listos y orgullosos para oír el teclado de los computadores, y anotaciones reiteradas de “preguntado”, para ahí sí, usar toda la Inteligencia que interiormente les adorna para defenderse de las graves acusaciones de los cientos de personas que por tecnicismos legales hacen parte o se entrometen en las antes cerradas y muy reservadas oficinas de los organismos de Inteligencia.

No se planearán con tanto entusiasmo las operaciones de Inteligencia, más sí las de contrainteligencia a fin de prevenir las ofensivas de los múltiples enemigos institucionales que después de haber penetrado

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o infiltrado, o ambas cosas, nuestras estructuras, harán lo posible por hacer desaparecer lo que quede de los registros en las nuevas oficinas de almacenamiento de los Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contrainteligencia.

La primera ley de Inteligencia tramitada tuvo el problema que se presentó como ley ordinaria en el Congreso, pero la Corte Constitucional en su rígido control de constitucionalidad la criticó sabiamente en cuanto que debía ser una ley estatutaria por las incidencias que en mala hora le colgaron atravesándole el enorme palo en la rueda de sus engranajes del tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El Decreto 0857 del 2 de mayo de 2014, reglamento la ley estatutaria del 17 de abril de 2013 para cerrar el círculo experimental que los autores de lo uno y de lo otro suponen darle vida legal a las actividades de Inteligencia. Ello no es así, le han puesto freno, que es diferente, a las actividades mediante las cuales se obtenía información y se producía inteligencia a todos los niveles. Así como quedó la ley es inconveniente y perniciosa. El tiempo lo dirá, mientras tanto otros y no precisamente la gente honesta o la desprevenida que transita diariamente dentro de los límites de la ley, se beneficiarán de la reciente ley de inteligencia colombiana. Para la gente honesta o la desprevenida, le será preferible andar desarmado por las calles inseguras de cualquier ciudad, que hacerlo con un revólver sin municiones.

Así es la nueva ley, sin municiones.

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Entre las perlas del decreto reglamentario, se encuentran los organismos y las dependencias autorizadas que desarrollarán estas actividades observando la Constitución y la Ley, que serán del Ejército Nacional: la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, las dependencias y unidades de Inteligencia y Contrainteligencia subordinadas a ella, las dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia en cada división, brigada, batallón y, unidades que por su naturaleza y misión, desarrollen estas actividades y las unidades especiales creadas por el Comandante del Ejército, mediante acto administrativo, para realizar actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, previo concepto de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, de acuerdo con su misión, competencias y funciones. De acuerdo con lo anterior, y ello es ley, las patrullas de combate que están en la búsqueda de fuerzas enemigas no pueden desarrollar actividades de inteligencia, es to es, desaparece “la inteligencia de combate”.

En eseo por la cantidad de controles y descontroles que se crearon. Hay limitaciones naturales por la configuración del territorio colombiano, las numerosas organizaciones armadas de delincuencia común y delincuencia organizada, carteles del narcotráfico, organizaciones en armas con objetivos claros de tomar el poder con el uso de ellas, organizaciones paralelas de apoyo logístico e ideológico a todas las anteriores y ello no fuere suficiente, estarán también en la mira de los recolectores de información, los extensos y cada vez más

crecientes carteles de corrupción que día a día invaden áreas sociales con sus tentáculos corrosivos.

Algo de ello se está tratando en los foros internacionales, cuando anotaba un analista: “No obstante, cabe aclarar que existen limitaciones a la información que la Inteligencia puede proveer. Puede recolectar información secreta (aquella que es oculta pero conocible), pero no la que simplemente no puede ser conocida. “Lo que está pensando un líder extranjero, no puede ser conocido a menos que él mismo lo haga saber”13.

Sin embargo, nuestra inteligencia humana y tecnológica ha llegado a permear la intimidad de los cabecillas guerrilleros, de las bandas armadas criminales y los carteles del narcotráfico. Casi llegando a través del análisis y la experiencia a determinar su modo de pensar. Como destacó John Hedley, en un coloquio sobre el futuro de la inteligencia, realizado en Washington, en 1995: “Disminuyendo los niveles de generalidad y enfocando en planos más específicos, la función tradicional de la Inteligencia no se traduce en misiones estáticas, sino que éstas son susceptibles de experimentar importantes variaciones, vinculadas a una doble influencia exógena: por un lado, a la potestad de cada ocupante del Poder Ejecutivo de decidir dónde concentrar los esfuerzos de los entes de Inteligencia; por otro, a la dinámica del sistema internacional en el cual todo Estado se halla inserto.

13. HEDLEY, John (comp.): Checklist for the Future of Intelligence. Georgetown University, School of Foreign Service, Institute for the Study of Diplomacy (ISD), Washington DC. 1995. Este seminario incluyó a agentes y exagentes de Inteligencia, profesionales de la comunidad académica, la política, y otros conocedores, con el fin de producir un estudio que comprendiera las perspectivas de la actividad. El mencionado coloquio, que se desarrolló durante 1995, se convirtió en un foro que permitió debatir este tema. Como conclusión de esta labor de investigación, se elaboró un listado de tópicos y sugerencias para contribuir a las actividades de la Comisión.

Esta dinámica exhibe: • El crecimiento cuantitativo y la complejización cualitativa del fenómeno de la interdependencia, provocando que muchas inestabilidades regionales generen repercusiones a nivel global, elevando la vulnerabilidad estatal a la ocurrencia de eventos distantes; • La multiplicación de actores no estatales, como los organismos internacionales, empresas multi o transnacionales, ONG y otros; • La re-jerarquización, en las ecuaciones del sistema productivo y del poder nacional, del llamado poder blando (soft power), concepto que abarca la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y el poder del conocimiento.

Finalmente, puede decirse que la Inteligencia desarrolla cuatro roles funcionales básicos: recolección de información, análisis, acciones encubiertas y contrainteligencia. Con respecto a ellos, “las dos actividades principales son las de recolección y análisis de información, la tercera -más reducida- es la de las acciones encubiertas.

Como función adicional, la contrainteligencia está integrada a todo el proceso14”.

El empleo de la Inteligencia en cubierto, o encubierta, como la llaman algunos, por parte de los organismos de Inteligencia colombianos estará pasando de moda prontamente, pues en una generalidad operativa violan los Derechos Humanos de las personas seleccionadas como posibles blancos.

En el caso del último DAS que tuvimos, hay mucho de ello.

Mucho antes del escándalo provocado por Semana, el último, porque son varios en su negativo inventario, un conocido periodista analizaba un fenómeno que afecta 14. Ibídem

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a la sociedad colombiana y por supuesto, a su flor y nata, la Fuerza Pública, “Para empezar, hay que admitir, sin que ello sea una excusa para la tolerancia, que en todo país donde hay narcotráfico y mafias dedicadas a este delito hay corrupción y hay infiltración, tanto en el sector público como en el privado. En nuestro país ha ocurrido en casi todas las instituciones públicas, y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no han sido la excepción. En el caso particular del Ejército, porque su participación en la lucha contra el narcotráfico ha sido imprescindible e inevitable dadas las características singulares de nuestro conflicto interno que es alimentado por él… La corrupción erosiona gravemente el capital más preciado de la Fuerza Pública: la confianza ciudadana. Por ello, fortalecer la contrainteligencia es indispensable para robustecer su legitimidad.”15.

fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, por citar los más graves; que a través de sus agentes logran hacer que estos grupos no sean localizables, ya sea por la facilidad de desplazamiento, la mutación de sus facetas o el respaldo de la población”.

“Actualmente las amenazas que representan un riesgo para la seguridad de las naciones son totalmente diferentes que las del siglo pasado, pues no se habla de un ejército enemigo disputando a otro el control de un territorio específico; sino que se habla de la invasión múltiple y global de

¡Dios nos salve de la ausencia de las leyes, pero que también nos ayude de la existencia de leyes inconvenientes!

15. Alfredo Rangel Suarez, Infiltración permanente, Contrainteligencia pasiva, 20 Agosto de 2007

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“En síntesis, las amenazas del siglo XXI representan una dimensión distinta en todos los sentidos, por lo que es necesario enfrentarlas con la Inteligencia. Mediante el cambio de los paradigmas que han regido los roles de Inteligencia, en donde normalmente se actuaba sobre los efectos más que sobre las causas, en un contexto donde los gobiernos protegían a sus ciudadanos mediante las fronteras; sin embargo, hoy día ha quedado demostrada la porosidad de las fronteras y la imposibilidad de aislar totalmente a una nación del resto del mundo”16.

16. Nuevo Sistema de Inteligencia y nuevos paradigmas.

Manuel Balcázar Villarreal, Center for Hemispheric Defense Studies, Research and Education in Defense and Security Studies, August 7-10, 2002, Brasilia, Brazil. Panel on Strategic Studies. Reforms to the traditional intelligence thinking, towards a new Paradigma. Manuel Balcázar Villarreal.

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Museo del Oro Banco de la RepĂşblica

Cambiar para crecer

El cambio tiene que ser sustantivo en el modelo de desarrollo a favor del interĂŠs general y no particular, dando confianza, credibilidad y esperanza.

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Coronel GERMÁN ARAGÓN BAUTISTA

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n esta Colombia de hoy hay realidades sociales, culturales y percepciones que se deben comunicar para que sean analizadas, porque hay diferentes interpretaciones de nuestra realidad.

¿A qué voy? A que estamos viviendo un conflicto de grandes intereses con organizaciones al margen de la ley como las Farc, el Eln, las bacrim y otros grupos, que a lo largo de la historia reciente de Colombia han provocado un derramamiento de sangre fratricida, que, a su vez, viene acompañado de una conducta colectiva que se enquistó en nuestra sociedad con claras muestras de agresividad individual.

Pero, este no es precisamente el instrumento legítimo para la solución de los problemas sociales, políticos, culturales y económicos de nuestra nación. Por eso los invito a que iniciemos nuestras reflexiones sobre el sentido y la naturaleza de esos enfrenamientos violentos armados donde intervienen el Estado, la Fuerza Pública y los grupos ilegales armados, trilogía que hoy está presente en el actual conflicto.

El rechazo a la violencia y la no retaliación debe ser una norma de conducta que siempre será compatible con nuestros principios y nuestros valores y que a la postre nos va a ayudar a analizar la doctrina milenaria de las guerras “justas o injustas”, “necesarias o no necesarias”, recordando siempre que la guerra “justa” no busca otra cosa que hallar la paz,

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Grafiti en Bogotá

restaurar el orden y el respeto para todos los conciudadanos.

Nuestras Fuerzas Armadas han actuado siempre basadas en el derecho natural y respaldadas por las instituciones de la Nación que, cuando está amenazada y en peligro inminente de acciones bélicas, como el terrorismo, su actuar lo hace con instrumentos legítimos del poder y la política, buscando castigar a los culpables con procedimientos jurídicos y con una imparcialidad soportada en los valores y las virtudes que tienen expresión en el ordenamiento jurídico internacional que permiten el accionar de unas autoridades comprometidas en la contienda de las armas. Esta es inclusive nuestra concepción dominante así haya apreciaciones subjetivas y con cierta carga política que se opongan a la inquebrantable filosofía de la razón.

Pues bien, son muchos otros los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de analizar las consecuencias del conflicto, veamos algunos de ellos: La seguridad. Es afín al bienestar de nuestro pueblo y busca la paz permanente. Esto no es una teoría, es una realidad, es un hecho que debe ser encauzado y organiza-

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do. Es una impronta para poder gobernar, no se puede tener inestabilidad pues crea vacíos políticos institucionales y éticos perdiéndose poder y proyectando una imagen de patria amenazada por el caos.

Terrorismo. Es la violencia utilizada en forma selectiva contra objetivos específicos o indiscriminados contra blancos civiles, y ejercida con la intención de producir efectos de terror sobre la población. Ha sido usada para elevar el nivel de confrontación contra el Estado. Para maximizarlo encuentran el poder masivo de los medios de comunicación, en especial la televisión, pues al ser inmediato, global y repetitivo, hace que el mensaje de terror llegue a miles de televidentes, cumpliendo su propósito de afectar las decisiones del Estado.

Desplazamiento. Ante la amenaza de los grupos armados ilegales por el control de las regiones la población es obligada salir forzosamente de sus lugares de origen, llegando a engrosar los cinturones de miseria de los grandes centros urbanos, iniciando así una situación de desplazamiento agravada por el sufrimiento de todo orden y la injusticia social. Este caos generado por el desplazamiento forzado es difícil de solucionar inmediatamente por el Estado por la complejidad que acarrea una población

diversa, con objetivos perdidos, ubicada en zonas urbanas que no les ofrecen garantías de bienestar porque sencillamente no son de ahí.

Recursos naturales. La producción de coca, la explotación ilegal de oro, los campos petroleros, entre otros muchos, son productos que sirven para la financiación de los grupos rebeldes ilegales y que cada vez se vienen convirtiendo en su fuente de recursos para sostener el conflicto. A esto se suman el saqueo, la extorsión, el secuestro económico, los cobros por protección, el pillaje y la apropiación de bienes, que utilizan como estrategia logística para mantener su actuar delictivo, ya sea de carácter armado o político.

Los políticos. Este es un punto prioritario, imperativo y categórico que está en crisis, pues no hay cambio de ninguna especie; la magnitud es casi de drama, ningún proyecto llámese como se llame se puede realizar ni consolidar. Es el centro de gravedad de las soluciones a los problemas de la sociedad.

El liderazgo brilla por su ausencia. No hay proyectos a largo plazo, no hay reformas de fondo, todo es a medias, no hay cambios, no hay planes de equilibrio en los diferentes tejidos sociales, hay improvisación, todo es al acomodo del Gobierno de turno, la carta de navegación no tiene rumbo fijo.

El desprestigio de la política es creciente, no hay credibilidad. Los clanes políticos manejan a su antojo los períodos gubernamentales y de igual manera se reparten la “torta burocrática”.

Justicia. Suscita mucha discusión pues hoy en día está en entredicho. La naturaleza de la misma hace suponer que los jueces valoran las pruebas con serenidad y prudencia, basados en lo que les dicte la conciencia y las normas jurídicas, pero no ocurre así,

pues se encuentran dominados por la justicia mediática o política, que solo trae incongruencias. Se supone que también es un sistema garantista y ágil, pero vemos con estupor que se tienen hoy en día represados miles y miles de expedientes haciendo agua por todas partes, facilitando su manipulación con pruebas y testigos falsos y jueces proclives a cohonestar con ello, entre otros.

Casos tan aberrantes donde la autoridad captura al delincuente y la justicia lo suelta, no solo genera desmoralización de los organismos públicos y de la misma sociedad sino que trae como consecuencia la incredulidad y la insolidaridad.

Narcotráfico. Mientras haya una demanda rentable por atender, habrá siembra, producción y comercialización de narcóticos.

Sin embargo, el proceso de paz no acabará el narcotráfico, tal vez lo reducirá si se desmovilizan los frentes dedicados al negocio, y las Farc y Eln cooperan en una campaña de erradicación a cambio de terminar la aspersión con glifosato.

El despertar de los movimientos sociales, apoyados en las redes sociales, que movilizan multitudes de los no incluidos y de los inconformes, será también una realidad que cambiará la forma de manejar el país.

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FOTO: archief.rnw.nl

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Se debe evitar que otros grupos tomen su lugar, acompañado de la destrucción de laboratorios y pistas clandestinas y el control de precursores químicos, entre otros, así como políticas económicas claras, con recursos ciertos y con la inmediatez requerida para la sustitución de cultivos ilícitos.

Posconflicto. Este escenario es de crisis y el tratamiento político solo puede ejercerse con argumentos e ideas pero no en combinación con las armas.

El país solo podrá enfrentar los inmensos retos del posconflicto si se gobierna con los mejores ciudadanos en cada uno de los campos, para que se tomen adecuadamente las grandes decisiones, teniendo por prioridad el campo, la industria, la educación y la salud.

El despertar de los movimientos sociales, apoyados en las redes sociales, que movilizan multitudes de los no incluidos y de los inconformes, será también una realidad que cambiará la forma de manejar el país. El posconflicto comenzará con una lista grande de pendientes y no pocas incertidumbres, donde la prioridad debe dárseles a quienes acumularon mayor número de tragedias y quienes necesitan sanar heridas más profundas. El gobierno deberá, con extrema precaución, cumplir las tareas encomendadas a sus Ministerios y para poder arrojar “verdaderos positivos”.

El rechazo absoluto a este conflicto debe motivar una reacción con una concepción que diseñe un actuar político que empiece a solucionar las causas del conflicto y tener los remedios para acabar con ellas; se requiere un activismo político que rechace toda forma de violencia y de actuar bélico de grupos fuera de la ley, procurando la acción institucional que impida su continuación y le ponga un fin cierto y duradero.

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Debemos tener nuevas oportunidades para corregir el camino y superar todas nuestras dificultades, transfiriéndonos a un ámbito nuevo, con unas formas nuevas de actuar en comunidad de manera progresiva y no como un individuo aislado, pues nadie nace por su cuenta.

Ahora, si ésta no es suficiente y convincente, está la solución militar como último recurso, enmarcado en nuestra constitución donde le da misión a sus fuerzas del orden de velar por la vida, honra y bienes de sus ciudadanos.

Compromiso de todos Miremos entonces las dimensiones y las comprensiones integrales y sistemáticas de la complejidad de la problemática colombiana vislumbrando proyectos encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Estado, reconstruyendo y articulándolas entre sí, planteando metas.

La tarea la tenemos todos. El firme propósito de la paz y la convivencia es una construcción que es de todos. Debemos con ahínco y esfuerzo alcanzar el anhelo de desarmar en nuestras vidas el odio, el rencor, la maldad, el egoísmo, las injusticias, el desamor y tantas y tantas otras

actuaciones negativas como la corrupción y el dinero fácil.

Cuando la sociedad empieza a cambiar se convierte en instrumento de paz. Lo hacemos cuando saludamos, nos despedimos, nos realizamos en el trabajo, respetamos las autoridades, pero también, cuando las autoridades son justas ante las leyes y normas para que la vida sea mejor y las personas tengan dignidad y sean igualmente respetadas como tal.

Cuando consigamos dejar atrás nuestro pasado, estaremos avanzando en la tarea de no repetir nuestras tragedias históricas, y por el contrario, entenderemos que:

El rechazo absoluto a este conflicto debe motivar una reacción con una concepción que diseñe un actuar político que empiece a solucionar las causas del conflicto y tener los remedios para acabar con ellas.

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Hay que buscar la transformación del tejido social, en lo económico, en lo político, pero también en lo judicial, lo cultural, lo educativo y lo ambiental.

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Hay que superar las ambigüedades y pasividades estatales pues está en juego la equidad y la justicia social de los más necesitados y excluidos.

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Debemos prevenir, mitigar, restaurar, compensar y garantizar que los problemas no se repitan ya que lo que no se resuelve de fondo regresa.

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El cambio tiene que ser sustantivo en el modelo de desarrollo a favor del interés general y no particular dando confianza, credibilidad y esperanza.

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Todo debe tener un enfoque integrador, sostenible en el mediano y largo plazo, acudiendo a la creatividad y a mucho emprendimiento.

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Debe ser un estado de bienestar no de malestar, con una democracia que rompa su bloqueo mental.

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Es construir paz y país capturando como propio “el cambio para poder crecer”.

Estas son metas claras y es un camino que debemos recorrer para ir más allá de sí mismas con dinamismo y con la verdad como guía para cumplir las esperanzas y alcanzar la felicidad.

Debemos tener nuevas oportunidades para corregir el camino y superar todas nuestras dificultades, transfiriéndonos a un ámbito nuevo, con unas formas nuevas de actuar en comunidad de manera progresiva y no como un individuo aislado, pues nadie nace por su cuenta.

Es un proyecto que no es fácil pero si es viable si se es constante. El instrumento es el cambio, desarrollando nuevos esfuerzos integrales que nos deben convocar a ser solidarios contra la desigualdad y la pobreza para evitar el continuo debilitamiento de la vida social, venciendo la globalización de la indiferencia.

Estimado lector: debemos reconocer las realidades de nuestra historia, las cuales

El escenario del posconflicto y el tratamiento político solo puede ejercerse con argumentos e ideas, pero no en combinación con las armas.

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debemos afrontar, así tengamos opiniones contrarias. Tendremos como guía nuestros valores que son principios que nos permitirán orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, y actuando por convicción donde se piensa, se siente y se actúa.

Hay que tener presente que la paz no puede ser con impunidad y si hay un proceso de paz, no puede ser sin víctimas, ni con elegibilidad de aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. La responsabilidad recae en el Presidente de la República, que no deberá violar sus juramentos constitucionales, para no estar lamentándonos más adelante de haber dado “saltos mortales al vacío”.

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