RESUMEN EJECUTIVO
sectores, las inversiones se deben multiplicar por tres o cuatro en los próximos años para alcanzar los niveles necesarios. Las presentes deficiencias requerirán una mayor inversión nacional en estos sectores, así como el financiamiento público, privado e internacional. Una vez más, el papel de los gobiernos locales es clave en todos los niveles: i) para impulsar las políticas sociales, orientar y focalizar los subsidios hacia los grupos más vulnerables, ii) para mejorar la eficiencia de los servicios o empresas municipales con el fin de reducir los costes (por ejemplo, la disminución de pérdidas, la mejora de la productividad de la administración y el uso de nuevas tecnologías), iii) para mejorar la recaudación de pagos e impuestos locales, movilizar más recursos y asegurar una mayor equidad, y iv) para promover una cooperación más estrecha, no sólo con el sector privado, sino también con pequeños proveedores de servicios y el sector informal. Las políticas de fortalecimiento de la gestión local de servicios, en combinación con marcos regulatorios más adaptados y una mejor colaboración entre los diferentes
actores y niveles de gobierno, pueden ayudar a reducir la actual falta de financiación. De acuerdo con este informe, la existencia de una política de descentralización adecuada, que con el tiempo permita la participación cada vez más activa de los gobiernos locales, supone una contribución directa a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Una gobernanza más eficiente requiere de políticas nacionales que promuevan la inclusión social y que asuman compromisos con los gobiernos locales, promoviendo su intervención en el desarrollo de sus comunidades. Ello exige un liderazgo local activo y eficiente, así como un sector privado comprometido con las necesidades de la comunidad. En definitiva, la mejora del acceso y la calidad de los servicios locales básicos en América Latina depende del fortalecimiento del proceso de descentralización y del papel de los gobiernos locales, de un mayor volumen de inversiones públicas y una mayor cooperación entre las partes interesadas, incluido el sector privado y la ciudadanía.