Revista InduAmbiente nº 187

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD.

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CAMBIO CLIMÁTICO

EL PLAN PARA LA ADAPTACIÓN

Con algunas novedades que incluirá la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y los avances en la medición y control de las emisiones de GEI de alcance 3 en Chile, abrimos este apartado.

9 a 32

PUNTOS DE VISTA

CÓMO ACELERAR LA ELECTROMOVILIDAD

¿Cuáles son los desafíos para masificar la electromovilidad en Chile?, ¿qué acciones están en marcha o se pueden sumar para apurar este proceso? Especialistas responden en nuestro foro desayuno.

36 a 46

MINERÍA SUSTENTABLE

LA MINERÍA Y LA BIODIVERSIDAD

Un reporte con los avances y desafíos que enfrentan las empresas mineras en torno al resguardo y conservación del patrimonio natural en las áreas de influencia de sus operaciones.

52 a 54

AGROINDUSTRIA Y ALIMENTOS

APETITO POR LA EFICIENCIA

La apuesta por el uso eficiente y recirculación del recurso hídrico se ha ido masificando en la industria de alimentos, especialmente en la actividad agrícola. Detallamos acciones concretas en ese sentido.

56 a 59

INFORME TÉCNICO

NUEVAS REGLAS, MENOS RUIDO

En esta sección destacamos tecnologías, medidas, actualizaciones regulatorias y algunas iniciativas para medir y controlar la emisión de olores y ruido en la industria, sectores urbanos y ambiente laboral.

61 a 77

¿CHAO CABLES?

Aunque, desde el año 2019, las empresas de telecomunicaciones están obligadas por ley a retirar el cableado en desuso, la falta de reglamento ha ralentizado esta labor.

80 a 83

INTERNACIONAL

SUBMARINA Y CONTROVERSIAL

El permanente interés de algunos países por explorar y explotar comercialmente minerales en el fondo marino mantiene el debate sobre estas actividades y su impacto ambiental.

84 a 85

EVENTOS

ACUICULTURA AZUL

Con casi el doble de asistentes respecto a la versión de 2022, se cerró la última edición de Aquasur, la feria acuícola más relevante del hemisferio sur que puso énfasis en la “transformación azul” del sector.

86 a 87

PORTADA

A mi mente vienen recuerdos de lagos y montañas

Paisajes de belleza infinita que mi corazón extraña

Montañas cubiertas con un manto de nieve pura

Lagos que reflejan los rayos del sol con ternura

SECCIONES

Editorial 7

Recursos Hídricos 48-49

En Pocas Líneas 50-51

Salud y Seguridad

Ocupacional 78-79

Bitácora 88-89

Agenda 90

Quién es Quién 91

Entretención 92

Pulso Empresarial 93-95

Cultura 96

COLUMNISTAS

Martín Becker 14

Eduardo Astorga 20

Flavia Liberona 34

Marie Claude Plumer 55

Sebastián Videla 65

Ximena Ruz 83

El Desafío de la Adaptación

El cambio climático es, sin duda, una de las principales amenazas para la vida y el bienestar de todas las especies que habitamos el planeta. Las evidencias de sus impactos son cada vez más abrumadoras: basta con ver las intensas lluvias e inundaciones que en las últimas semanas han azotado distintas partes de Sudamérica, Asia o África dejando decenas de fallecidos y desplazando a miles de personas; o recordar las olas de calor del verano reciente en Chile que favorecieron la expansión de los mortales y devastadores incendios –provocados por la mano del hombre– en la región de Valparaíso, como también las ciudades y pueblos del sur de nuestro país que quedaron bajo las aguas en el pasado invierno. Durante las últimas tres décadas, científicos de todas las latitudes han venido anticipando este penoso panorama, señalando la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar las consecuencias de la crisis climática impulsando incluso un pacto político global para comprometer acciones al respecto (el Acuerdo de París de 2015), pero en la práctica poco se ha logrado. De hecho, el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea verificó que entre febrero de 2023 y enero de 2024 la temperatura promedio del planeta aumentó 1,52 °C en relación a la media preindustrial, siendo la primera vez que se supera “durante un periodo de tiempo tan sostenido” el umbral planteado como meta para evitar desastres mayores.

En ese marco, Chile ha comprometido acciones de mitigación en las que ha ido avanzando –como la descarbonización de la matriz energética–, pero al representar alrededor del 0,25% de las emisiones globales de GEI, es una batalla en la que poco puede aportar. Si a eso le sumamos que nuestro país reúne siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, la tarea es clara: hay que seguir trabajando para reducir las emisiones de carbono, pero sobre todo redoblar los esfuerzos para avanzar en la urgente adaptación a los efectos de este fenómeno.

En ese sentido, la Ley Marco de Cambio Climático es un buen punto de partida para fortalecer el trabajo realizado hasta ahora, ya que pone la resiliencia entre sus principales objetivos, mandata el desarrollo de un Plan Nacional de Adaptación (PNACC) que debiera estar listo este año y amplía de nueve a doce los planes sectoriales a elaborar con este fin, además de considerar la planificación de acciones regionales y comunales.

Sobre ese escenario, resulta crucial el trabajo que está haciendo el sector público para renovar y reforzar los instrumentos de este tipo ya existentes y generar los faltantes, partiendo por la actualización del PNACC que definirá las directrices y los estándares mínimos que deberán cumplir los restantes planes. En ese proceso, cabe destacar la incorporación de algunos elementos que, sin duda, ayudarán a enfrentar mejor los efectos del cambio climático, como estudios de vulnerabilidad e impactos considerando el enfoque de género y de las comunidades más expuestas a los impactos de este fenómeno, lineamientos para reforzar la reducción del riesgo de desastres, orientaciones para elaborar estrategias financieras para la adaptación climática, líneas estratégicas para la observación y monitoreo del clima, entre otros temas.

Desde el punto de vista técnico, resalta la integración de las soluciones basadas en la naturaleza que en los últimos años han ido probando su utilidad, por ejemplo, para mitigar los efectos de las “islas de calor” en las ciudades o aprovechar las aguas lluvias –que ahora se suelen presentar con menor frecuencia, pero mayor intensidad– para recargar acuíferos y acumular agua en medio de la sequía estructural asociada al calentamiento global, reduciendo a la vez el riesgo de inundaciones. La creciente escasez de recursos hídricos es, sin duda, uno de los impactos climáticos al que, en la práctica, debemos adaptarnos con mayor urgencia. Por lo mismo, es necesario concretar pronto la elaboración del plan sectorial sobre esta materia, como también reforzar los asociados a rubros productivos en que el agua juega un rol esencial como el silvoagropecuario, pesca y acuicultura, energía y minería. En relación a esto, resulta también relevante el trabajo que se está haciendo en la actualización del PNACC para fortalecer la cooperación pública-privada.

Es de esperar que la integración de éstos y otros elementos permitan enriquecer y potenciar los planes de adaptación para ir construyendo un país más resiliente frente al cambio climático, y que también sea capaz de transformar los desafíos que este fenómeno plantea en oportunidades para avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

CAMBIO CLIMÁTICO

Las novedades que traerá la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, los avances para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las cadenas de suministro de las grandes empresas, y recomendaciones para impulsar la eficiencia energética que juega un rol clave para alcanzar la meta de carbono neutralidad. Todo eso es parte de este especial que aporta información relevante para enfrentar la crisis climática que tiene en jaque a nuestro país y al planeta.

EL PLAN PARA LA ADAPTACIÓN

Lineamientos para integrar soluciones basadas en la naturaleza y reforzar la seguridad hídrica, así como para crear estrategias financieras o potenciar el trabajo público-privado, serían algunas novedades en la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que debiera estar listo este año.

¿Qué otros aspectos se podrían incluir?

“La Ley Marco de Cambio Climático nos obliga a tener planes sectoriales y un Plan Nacional de Adaptación a dos años de promulgada la Ley, lo que se cumple este año. Estamos bastante avanzados, en proceso para que ese Plan pase por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático… Va a estar listo en los próximos meses”. Las palabras pertenecen a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y dan cuenta del trabajo que lidera su cartera para actualizar una herramienta clave para que el país pueda afrontar las consecuencias de la crisis climática.

Así lo expone la secretaria de Estado: “Recordemos que nuestra Ley de Cambio Climático tiene dos objetivos: carbono neutralidad al año 2050, pero también resiliencia ante los efectos adversos. Son muchos los efectos adversos que ya estamos viviendo, como la sequía y también las inundaciones y eventos extremos asociados al régimen de agua en el país. Por lo tanto, la construcción de resiliencia a un mundo que se calienta a 1,5 °C como nos comprometemos a limitar en el Acuerdo de Paris, es lo que tiene que trabajarse en el país para adaptarnos a esos efectos adversos”

¿Qué aspectos se están reforzando y qué novedades incluirá este Plan en relación a las directrices para este eje establecidas en documentos anteriores?, ¿qué otros elementos convendría considerar? Eso es parte de lo que revisamos en este artículo.

ACTUALIZACIÓN EN MARCHA

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) busca entregar lineamientos transversales para articular las políticas y acciones impulsadas desde del sector público para avanzar hacia un país más resiliente ante los impactos de la crisis climática. Al respecto cabe tener en cuenta que, según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el 54% de la población y el 12,9% de la superficie en nuestro país está expuesta a tres o más tipos de amenazas derivadas de dicho fenómeno. En ese contexto, el PNACC establecerá objetivos, metas e indicadores de vulnerabilidad y adaptación, con miras a proteger a la ciudadanía y los ecosistemas frente a esta problemática.

El proceso de actualización en marcha reforzará las directrices para este tema incluidas en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático publicado en 2017, que a su vez tomó como base el plan de adaptación aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en 2014. Asimismo, incorporará nuevos conocimientos sobre impactos, vulnerabilidad y lecciones aprendidas, y sumará líneas de acción que han ido ganando espacio en los últimos años como herramientas necesarias para abordar la adaptación climática.

Así el renovado Plan incluirá, por ejemplo, temas relacionados con la reducción del riesgo de desastres, el enfoque de género y de pueblos indígenas y comunidades locales como población vulnerable al clima, directrices para implementar soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y reforzar la seguridad hídrica, así como para elaborar estrategias financieras o fortalecer la cooperación pública-privada, entre otros aspectos. Es importante considerar que el PNACC entregará las bases y los estándares mínimos para alinear y actualizar los planes sectoriales, regionales y comunales que también se están trabajando en el país, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Marco de Cambio Climático. Sobre ese escenario, su alcance será mayor, ya que este cuerpo legal amplió de nueve a doce los sectores vulnerables (ver dato) en que se deben generar planes con medidas y acciones para responder a los efectos adversos.

El proyecto de actualización del Plan Nacional es financiado por el Fondo Verde para el Clima y está siendo implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El proceso comenzó en 2022 y, según destacan desde el Ministerio

del Medio Ambiente, ha considerado el desarrollo de estudios e instancias de participación e interacción con diversos sectores de la sociedad (comunidades vulnerables, pueblos originarios, representantes de empresas y del sector privado, entre otros), con el objetivo de generar la información necesaria para construir el Plan.

“Gracias a este trabajo previo, en febrero de este año se dio inicio formal a la actualización del plan y se espera iniciar la consulta pública del anteproyecto durante el primer semestre de este año. Con ello, esperamos que se presente el proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático a finales de este año”, informan desde el MMA.

SBN, GÉNERO, FINANZAS Y MÁS

Sobre el escenario descrito, ¿qué aspectos específicos se están reforzando y qué elementos nuevos se están incorporando en este proceso de actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático? Desde el Ministerio del Medio Ambiente responden: “Se han hecho esfuerzos para abordar brechas significativas, entre ellas, la incorporación de lineamientos de género, soluciones basadas en la naturaleza y grupos vulnerables, entre otros. El Plan actualizado proporcionará guías con estos lineamientos para que sean incorporados principalmente en los instrumentos de gestión del cambio climático en todos los niveles territoriales, aunque también son útiles para acciones de adaptación en general. El Plan también considera medidas específicas para monitorear la incorporación de estos lineamientos por parte de los planes sectoriales y los planes regionales de cambio climático y se está diseñando su plataforma de seguimiento, de manera que los responsables de dichos planes puedan reportar esos avances de manera concreta”

Añaden que se sumarán “directrices y guías en torno a finanzas para la adaptación y un mayor involucramiento del sector privado. Adicionalmente, varias medidas apuntan a generar conocimientos e información a escala local y regional, para proveer de herramientas a los territorios para enfrentar el cambio climático” En ese contexto, se están incorporando, por ejemplo:

• Líneas estratégicas para la observación y monitoreo del clima.

• Estudios de vulnerabilidad e impactos.

• Elementos específicos para evaluar vulnerabilidad interseccional (cuando se integran aspectos socio económicos y condiciones que pueden agudizar la vulnerabilidad y se agregan, por ejemplo, condiciones de discapacidad, género, rango etario, etnia) y sus correspondientes indicadores.

• Finanzas y tecnologías para la adaptación.

• Mejoras en el mecanismo de medición (monitoreo y reporte) que per12 Planes sectoriales de adaptación al menos se deben desarrollar y actualizar cada cinco años, señala la Ley Marco de Cambio Climático. A los 9 sectores vulnerables definidos con anterioridad (recursos hídricos, biodiversidad, infraestructura, salud, energía, silvoagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades y turismo), se sumaron 3: minería, zona costera y transporte.

mitan identificar el incremento de la capacidad de adaptación y la reducción de la vulnerabilidad en el país y sus territorios.

De igual manera, con el proceso de actualización del PNACC se pretende:

• Avanzar en el desarrollo de un marco de resiliencia para el país e indicadores de resiliencia.

• Avanzar en temas de pérdidas y daños y costos de inacción.

• Generar capacidades en todos los niveles, y avanzar en educación, sensibilización y empoderamiento climático.

Varios de los elementos señalados son también mencionados por el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), como aspectos que conviene fortalecer en el nuevo PNACC. Su Director de Adaptación, José Tomás Videla, plantea: “Son varios los aspectos que la actualización del PNACC debería reforzar, pero en resumen, se debe asegurar la vinculación efectiva de la adaptación climática con otros ámbitos de acción relacionados con el clima, la planificación y el desarrollo humano. Estos ámbitos son, como mínimo, la gestión y reducción del riesgo de desastres, la planificación y ordenamiento territorial, la participación y el conocimiento de los pueblos indígenas, y el enfoque de género. La mejor integración de estos aspectos resultará en una mejor adaptación climática”

Soluciones basadas en la naturaleza

En el Centro de Acción Climática PUCV también consideran prioritario integrar las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Macarena González destaca que estas soluciones han demostrado ventajas significativas en relación a las medidas convencionales para aminorar los riesgos climáticos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Para Chile, un país particularmente vulnerable al cambio climático, las SbN podrían desempeñar un papel crucial en su adaptación, reduciendo riesgos climáticos y generando beneficios sociales y ambientales. Incorporar SbN en políticas y proyectos de desarrollo local, así como en planes comunales, regionales y a escala de cuencas hidrográficas, sería un primer paso significativo en esta dirección”, comenta.

Añade que los planes sectoriales de adaptación pueden integrar estas herramientas para abordar los compromisos, objetivos y metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo.

“Es crucial reconocer que las SbN no solo consideran acciones concretas, sino que también deben generar beneficios a corto y largo plazo para la biodiversidad, promover servicios ecosistémicos, mejorar la salud y resiliencia de los ecosistemas y contribuir al bienestar humano. Además, se deben implementar considerando un enfoque transversal y transdisciplinario, con la participación de diversos actores, incluyendo comunidades locales, grupos indígenas, mujeres e infantes, y fusionando saberes tradicionales y científicos”, indica González.

La ingeniera civil explica que, para facilitar su implementación, se deben seguir una serie de pasos que incluyen la evaluación del contexto, la identificación del problema a resolver, el diseño técnico, la evaluación económica y la identificación de fuentes de financiamiento.

SEGURIDAD HÍDRICA

Considerando que la menor disponibilidad de agua es uno de los principales efectos del cambio climático a los que debe adaptarse gran parte del país, cabe preguntarse ¿se incluirán nuevos lineamientos para reforzar la seguridad hídrica?

Al respecto, en el MMA señalan: “El Plan entregará lineamientos en relación a soluciones basadas en la naturaleza, los que incluyen elementos de seguridad hídrica. Sin embargo, el corazón de los temas de seguridad hídrica y medidas específicas se esperan abordar a través del plan sectorial de adaptación al cambio climático para los recursos hídricos, el cual es de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y que se encuentra actualmente en elaboración”

En relación a esta temática, José Tomás Videla plantea que, en primer lugar, es necesario “comprender adecuadamente el concepto y las variables que inciden en la seguridad hídrica, que incluyen la variable climática y muchas otras que influyen en la cantidad y calidad de la oferta y demanda de agua. Lo anterior, considerando el contexto urbano, el rural, y también una creciente inseguridad hídrica en asentamientos tanto informales como formales en la periferia urbana fuera de las áreas de concesión sanitaria”. Agrega que convendría, además, incorporar instrumentos y capacidades para monitorear dichas variables, lo que incluye la fiscalización efectiva tanto de la autoridad como de las empresas concesionarias y la comunidad; como también, la capacidad de tomar acciones preventivas y de respuesta y adaptación a una mejor oferta hídrica. Macarena González, ingeniera civil integrante del Centro de Acción Climática PUCV, profundiza en la materia. “Es esencial adoptar directrices específicas que aborden tanto la disponibilidad como la calidad del agua”, dice. Luego, comenta que como muchos planes de adaptación fueron concebidos antes de la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio Climático, en 2022, es fundamental integrar las nuevas definiciones y enfoques establecidos por esta regulación, entre los cuales destaca “la inclusión de una definición integral de Seguridad Hídrica, que no solo considera la cantidad de agua disponible, sino también su calidad. Por lo tanto, las medidas adoptadas deben reflejar esta perspectiva integral”.

Añade que, considerando que los riesgos de inseguridad hídrica pueden variar significativamente en cada cuenca del país, se recomienda adoptar un enfoque territorial para todas las medidas relacionadas con este tema, centrándose en la gestión por cuencas. “Es imperativo avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca, reconociendo el agua como un valor ambiental, social y productivo. Esto implica considerar tanto el agua superficial como la subterránea, así como su interacción con los diferentes usos del territorio. Este enfoque integral garantizará una gestión más efectiva y sostenible del recurso hídrico”, enfatiza Macarena González.

La especialista advierte, asimismo, que una de las principales limitaciones identificadas es “la falta de datos hidrometeorológicos y de aguas subterráneas, lo que dificulta la definición de soluciones óptimas. Actualmente, la densidad de la red de monitoreo hidrometeorológico en Chile es insuficiente, con una estación de precipitación por cada 818 km², muy por encima de la densidad recomendada de una estación cada 5 km. En el caso de las aguas subterráneas, la Dirección General de Aguas (DGA) posee un número limitado de pozos de monitoreo distribuidos en diversas regiones y acuíferos, lo que subraya la necesidad de fortalecer y ampliar esta red de información para una gestión más precisa y eficaz de los recursos hídricos a nivel nacional”

COOPERACIÓN PÚBLICA-PRIVADA

Si bien el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático entrega directrices para el trabajo desde el sector público, el proceso de actualización también ha puesto énfasis en fortalecer el involucramiento del sector privado. Así lo indican desde el Ministerio del Medio Ambiente: “Se está realizando

El nuevo PNACC incluirá medidas para el monitoreo del clima con miras a reducir el riesgo de desastres.

un estudio que ha integrado trabajo con el sector privado y se incluirán medidas en el Plan que tendrán como objetivo implementar una hoja de ruta para la mayor participación del sector privado en la adaptación al cambio climático y para generar mejores mecanismos de cooperación pública-privada”

Agregan que en los planes sectoriales se deberían abordar rubros productivos específicos claves para la adaptación, para hacer más efectiva su incorporación en las políticas de cambio climático particulares de cada sector.

¿En qué áreas productivas se debiera poner más atención? José Tomás Videla responde: “Ante escenarios de mayor escasez e inseguridad hídrica, el énfasis debería estar en la resiliencia del sector silvoagropecuario y agroalimentario de la zona centro-sur y norte chico del país. En la zona centro y sobre todo el norte, se debería lograr la independencia hídrica del sector minero”

RIESGOS DE DESASTRES

Reducir los riesgos de desastres asociados a los eventos climáticos extremos, como las inundaciones en el sur de Chile registradas el invierno pasado o las olas de calor de cada verano, es otra preocupación que debiera abordar el renovado PNACC.

De hecho, en el MMA aseguran que “se trabaja coordinada y colaborativamente” con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). De manera más específica agregan que se incluirán medidas para el monitoreo del clima, en coordinación con la Dirección Meteorológica de Chile, y que aportan a mejorar los sistemas de alerta temprana.

“Así se mejorará significativamente la información relativa a la ocurrencia de eventos extremos de origen hidrometeorológico y sus impactos y cómo éstos aumentan producto del cambio climático. Todo esto, mediante las evaluaciones de riesgo y estudios sobre la ocurrencia de estos eventos, considerando escenarios futuros de cambio climático, de manera de estudiar los posibles aumentos en la frecuencia e intensidad que tendrían estos eventos a futuro, como ha sido observado en el presente. Los resultados de estas evaluaciones se incorporarán en el Atlas de Riesgo Climático ARClim”, anuncian desde la autoridad ambiental.

Además, se contemplan medidas que apuntan a capacitar a los equipos de las direcciones regionales de SENAPRED y mejorar su preparación en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

Desde el Centro de Acción Climática PUCV, Videla sostiene que, para construir mayor resiliencia frente a los eventos climáticos extremos, “se debe

asegurar una sinergia entre la adaptación climática y la reducción del riesgo de desastres (RRD). La adaptación climática puede aportar mucho con elementos de diagnóstico y prospección de escenarios, mientras que la RRD tiene mucho que aportar a la acción climática a la hora de implementar medidas de respuesta y recuperación. En ambos casos, el desafío principal es que dicha sinergia se debe dar no solo a nivel central, sino sobre todo a nivel regional y local”

FINANCIAMIENTO

Contar con los recursos necesarios para concretar las acciones impulsadas para adaptarse al cambio climático también preocupa a las autoridades. Muestra de eso es que el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica está desarrollando el estudio “Financiamiento para la Adaptación Climática en Chile” –mandatado por el Ministerio del Medio Ambiente– que “incluye una guía de lineamientos generales para implementar estrategias de financiamiento estatal para adaptación a través del Sistema Nacional de Inversiones”, exponen.

En el Centro de Acción Climática PUCV advierten que los distintos actores, y en particular los municipios, “tienen muchas dudas respecto al financiamiento de la acción climática en general, y en particular de la adaptación. A diferencia de la mitigación, el financiamiento de la adaptación está disperso en distintos fondos diseñados a nivel de acciones o proyectos específicos. Así que el Plan debiese aportar con orientación, opciones y ejemplos al respecto, e idealmente influir la Estrategia Financiera Climática para fortalecer el financiamiento de la adaptación”, postula Videla.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otro aspecto relevante que incluirá el nuevo PNACC es el fomento a la necesaria participación de las comunidades en la adaptación climática. Para eso, primero se someterá a consulta pública –probablemente la segunda quincena de mayo– el anteproyecto de Plan que está en desarrollo, para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía e incorporar mejoras al proyecto final.

Además, en el PNACC se pretende incluir un plan comunicacional –a cargo del Ministerio del Medio Ambiente– enfocado en difundir información para mejorar la comprensión, educación y preparación de las comunidades ante el cambio climático.

Martín Becker Toro

Líder Área de Sustentabilidad y Cambio Climático

Gestión Ambiental Consultores

El cambio climático en el SEIA

Como un hito importante desde la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, en febrero de 2024 se publicó en el Diario Oficial la modificación al Decreto Supremo Nº 40 (Reglamento del SEIA), elevando a nivel reglamentario la consideración de los efectos del cambio climático sobre los objetos de protección y sus posibles interacciones con los impactos de proyectos evaluados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Las modificaciones al artículo 6 del Reglamento del SEIA introducen nuevos conceptos, dentro de los cuales destaca que un titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, con énfasis sobre los recursos que sean escasos, únicos, representativos o que tengan el carácter de sumidero de origen natural. Un sumidero se define como un reservorio (de carbono) en suelos, océanos o plantas, que absorbe una mayor cantidad de gas de efecto invernadero que la cantidad que emite. En forma similar, se considerarán los impactos generados por pérdida de resiliencia de los ecosistemas, con el objeto de evaluar si un proyecto genera los efectos adversos significativos antes señalados.

A modo de ejemplo sobre la complejidad de considerar estos nuevos conceptos en la evaluación ambiental, un bosque nativo podrá tener una absorción o una emisión neta de dióxido de carbono dependiendo de su estado de desarrollo. Durante las etapas de crecimiento inicial, el balance será probablemente a favor de una absorción neta de carbono, sin embargo, bajo determinadas condiciones, un bosque maduro puede tener un balance con mayores emisiones que absorciones de carbono. Otros ecosistemas como turberas y humedales también pueden presentar un balance de absorción o emisión neta de gases de efecto invernadero, dependiendo sobre todo de las condiciones hidrológicas, climáticas y las perturbaciones que afectan al ecosistema a nivel local.

La evaluación en terreno de la condición de sumidero natural requeriría el desarrollo de mediciones de las existencias de carbono en la vegetación aérea, raíces y en el suelo a lo largo de múltiples temporadas de crecimiento vegetativo. Esto escapa de los plazos y actividades que se realizan habitualmente en el marco de las líneas de base ambientales, pudiendo afectar la costo-eficiencia de Estudios de Impacto Ambiental que ya se encuentran sometidos a largos plazos de evaluación.

Para facilitar la implementación práctica de las modificaciones al Reglamento del SEIA, resultaría conveniente que el Ministerio del Medio Ambiente establezca criterios simplificados sobre qué ecosistemas se considerarán en forma precautoria como sumideros de origen natural, dejando abierta la posibilidad de que titulares de proyectos presenten evidencia para fundamentar una excepción al criterio general. Otros conceptos como la pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas requerirían de un enfoque similar, de manera de compatibilizar estos nuevos criterios con una mayor eficiencia y efectividad de los Estudios de Impacto Ambiental.

OJO CON LOS PROVEEDORES

Controlar las emisiones de GEI vinculadas a su cadena de suministro plantea un desafío mayor para las grandes empresas. ¿Qué avances presenta este proceso?

Gentileza Carolina

Echague

Escalón por escalón. Del reto más simple al más complejo. Superando niveles hasta lograr los resultados esperados. De esas y otras formas se podría expresar la “cruzada” o desafío por etapas que están emprendiendo, o deben asumir, las empresas que generan altas concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para lograr su reducción progresiva.

En términos más claros, las compañías que registran una elevada huella de carbono deben controlar, con sentido de urgencia y acciones efectivas, sus emisiones de GEI, las cuales se agrupan en 3 alcances:

• Emisiones directas (Alcance 1): Provienen de procesos o áreas que son de propiedad o están controladas por la empresa, como el consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas y/o móviles, fugas no intencionadas de los equipos de climatización y otras.

• Emisiones indirectas por consumo y distribución de energía (Alcance 2): Están asociadas al consumo de electricidad y/o vapor que generan terceros.

• Otras emisiones indirectas (Alcance 3): No son de propiedad ni están controladas por la empresa, como el transporte aéreo o terrestre de sus trabajadores, traslado de insumos, generación y transporte de residuos, entre otras. O sea, se vinculan con su cadena de suministros y proveedores.

ABORDAJE NECESARIO

María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG-Chile, expone que las emisiones de alcances 1 y 2 “han recibido mayor atención debido a que dependen directamente de cada empresa, lo que hace que sean más fáciles de manejar con compromisos de metas de reducción. Las de alcance 3, en cambio, representan el desafío más complejo para la acción climática”.

Para muchas compañías, la principal fuente de emisiones de GEI está relacionada directamente con su cadena de suministro. Según la organización internacional CDP, dedicada a estos temas, a nivel mundial las emisiones vinculadas con este ítem son 11,4 veces más altas que las directas de las operaciones, reflejando más del 70% del total de las emisiones globales. “Y a nivel nacional los números son similares. En CLG Chile, por ejemplo, hay empresas cuyas emisiones de alcance 3 representan más del 90% del total. De ahí se desprende la prioridad que le están dando a su reducción”, afirma Ruiz-Tagle.

Agrega que, actualmente, no hay ninguna política en Chile que aborde directamente las emisiones de alcance 3. “Sin embargo, es destacable la norma de carácter general 461 de la Comisión para el Mercado Financiero,

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Beneficios, al menos, obtienen las empresas proveedoras de Enel Chile que participan en su programa Green Contractor para reducir su huella de carbono: destacan en diferentes niveles según su estado de emisiones, reciben un certificado, acceden a publicaciones y logran una evaluación positiva en la categoría de medio ambiente en el proceso de Supplier Performance Management.

la cual modifica los requerimientos del contenido de la memoria anual de las empresas. Ahora se debe reportar información sobre los criterios ambientales, sociales y del ámbito corporativo (ASG) dentro de la organización. Esto es un paso en la dirección correcta en términos de reporte de emisiones de alcance 3”, señala. Más aún, considerando que, según la Bolsa del Clima de Santiago (SCX), sólo el 65% de las 110 empresas más grandes del país mide todos los alcances.

PRIMEROS AVANCES

Para avanzar, muchas empresas que son parte de CLG Chile han adquirido compromisos net zero, “lo que significa que deberán abordar sus emisiones de alcance 3 para cumplir con sus metas a más tardar al 2050”, revela Ruiz-Tagle, quien sostiene que los mayores progresos en este sentido han venido desde el sector privado.

Lo explicita: “Son varias las empresas que han desarrollado métodos innovadores para enfrentar el desafío de las emisiones de alcance 3 en el país. Enel Chile, por ejemplo, está implementando su programa Green Contractor, que tiene como objetivo reducir la huella de carbono de sus proveedores. También en la industria energética, Colbún lanzó este año su calculadora para medir la huella de carbono. La iniciativa ‘Mide tu Huella Proveedores´, de libre acceso, busca apoyar a este segmento a medir sus emisiones de dióxido de carbono correspondientes a todo un año. En el sector minero, Codelco ha desarrollado una iniciativa similar”

Aportando más antecedentes, la representante de CLG-Chile especifica que en el área de distribución de combustibles líquidos y gaseosos ya hay empresas que publican la huella total del uso de sus productos. En la vereda de las tareas pendientes se ubican los rubros agroindustria-alimentos y pesca-acuicultura, donde más del 50% de las compañías no mide su huella o lo hace de forma incompleta. “Y en el retail se observa un avance positivo, pero aún un 40% de las empresas no informa su huella completa. Un caso complejo es el del sector financiero, el cual se reconoce

95% De las emisiones promedio de GEI de una compañía minera o metalúrgica pueden ser de alcance 3, lo que depende de su cartera de productos básicos. Tal porcentaje llega a una media del 75% en empresas de otros sectores, según diversos estudios.

25 Empresas proveedoras participarán en el pilotaje que en 2024 realizará la minera Teck en Chile para avanzar en el proceso de medición de sus emisiones de GEI de alcance 3.

como el más atrasado en reportabilidad de alcance 3”, revela.

Arturo Brandt, Senior Counsel del Grupo Vial Abogados, valora el rol de la gran minería en este ámbito al exigir a sus proveedores la medición de su huella de carbono. También destaca el trabajo de sectores exportadores –como el vitivinícola, forestal y fruticultor– que, según señala, presentan avances asociados a las exigencias de mercado y regulatorias en la Unión Europea (UE).

En relación con esto último indica que, a falta de una regulación local sobre la materia, la UE a través del llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) obligará a algunos proveedores de sus países miembros, que tienen su base fuera de ese territorio comunitario, a declarar su huella de carbono.

Las bolas de molienda pueden llegar a representar cerca del 25% de las emisiones indirectas (de alcance 3) de la industria minera nacional.

En noviembre pasado comenzó a funcionar la “Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3” para la industria del cobre.

María Teresa Ruiz-Tagle lamenta que en Chile no haya ninguna política que aborde directamente las emisiones de alcance 3.

Arturo Brandt aboga para que el Estado apoye a las empresas en el desafío de reducir este tipo de emisiones.

INICIATIVAS MINERAS

En una muestra de su liderazgo en el tema a nivel nacional, en noviembre de 2023 las principales compañías productoras de cobre del país suscribieron un acuerdo para coordinar un único criterio en materia de acciones concretas para medir los efectos de las emisiones de alcance 3 en el medio ambiente.

Con ese objetivo, Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore y Teck, apoyadas por la Corporación Alta Ley, oficializaron un acuerdo marco de colaboración técnica para la conformación de la primera “Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3” para la industria del cobre.

En la ocasión, Jorge Barrios, Líder de Trazabilidad de Corporación Alta Ley, señaló: “En la gran minería del cobre, la ruta para gestionar las emisiones de alcance 1 y 2 está bastante trazada. El desafío actual radica en las acciones necesarias para comprender en detalle las emisiones de alcance 3, lo cual depende de un trabajo conjunto entre todas las partes que la integran”

Como prioridad, la instancia abordará la homologación de estándares y metodologías existentes, enfocándose en la medición y reporte de dichas emisiones asociadas a este sector productivo. Para eso, las compañías contarán con la colaboración de organizaciones tan relevantes como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Organización Internacional del Cobre (ICA).

Además, la mesa promoverá la formación de capacidades mediante

un proceso de trabajo colaborativo con sus proveedores y asociaciones como Aprimin y Minnovex. Contemplará, entre otros, un plan de capacitación destinado a brindarles apoyo en la utilización de la plataforma web huellaminera.cl.

En relación con lo anterior, en febrero último, el ICMM, al que pertenece el Consejo Minero de Chile, publicó la Guía para la Fijación de Objetivos de Emisiones de Alcance 3 en el rubro. El documento subraya la importancia de la transparencia y el compromiso con los proveedores, clientes, inversionistas y reguladores en el establecimiento de objetivos, para ayudar a acelerar la reducción de emisiones en la cadena de valor.

La guía define los principios de fijación de objetivos adaptados a las consideraciones específicas del sector de la minería y los metales, y se basa en los marcos normativos vigentes en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Meses antes, y también para aportar a la medición y reducción de las emisiones de alcance 3 en la minería mundial, el ICMM publicó una guía para mejorar la divulgación de estas emisiones en la industria minera y metalúrgica, entregando un marco estandarizado para el cálculo de emisiones en la cadena de valor.

NUDOS A DESATAR

Para Arturo Brandt, el hecho que en torno al 70% de las emisiones de GEI sean de alcance 3 “obligará a un nuevo segmento de empresas, que son de menor tamaño, a ocuparse de su reducción. Sin embargo, éstas no cuentan siempre con la data/recursos para hacerlo, por lo que es importante el apoyo del Estado. Para este segmento hay que evitar establecer exigencias que vayan más allá de las que pueda cumplir con los recursos que tiene, sin contar con algún tipo de apoyo o subsidio. Nuestro país dispone del programa Huella Chile que permite a las empresas medir su huella de carbono. Sin ser lo ideal, es un avance”

Para que sea un trabajo efectivo, el especialista en legislación en cambio climático expone la necesidad de regular este proceso, “de lo contrario dificulto un avance rápido, aunque se comienzan a observan algunas exigencias de parte de compradores, especialmente en Europa, que está liderando el tema”.

Asegura, asimismo, que los gremios podrían apoyar los avances en este campo “liderando el desarrollo de factores de emisión por sector para que luego sean aplicados a sus asociados, lo que podría significar un gran ahorro y ayudaría a agilizar el cálculo de la huella de carbono de alcance 3. También es muy importante que las mediciones de este indicador, de cualquier alcance, sean homologadas y así podamos contar con estándares universalmente reconocidos”

Ruiz-Tagle, en tanto, manifiesta la complejidad de integrar al proceso “a proveedores que aún no cuantifican su huella de carbono y que no necesariamente conocen mucho acerca de las políticas climáticas. Se debe capacitar, incentivar y realizar un trabajo conjunto entre las empresas y sus proveedores, que pueden ser miles y representar la mayoría de sus emisiones. Lograr el alcance necesario para llegar a cada uno de ellos es un desafío mayor”

Para conseguirlo, a su juicio, es clave generar un entorno que entregue facilidades a los proveedores para medir su huella, realizar capacitaciones sobre la importancia de gestionar y reducir sus emisiones, y facilitar herramientas para ello. “Cuando este segmento comience a sentir que una huella de carbono baja funciona como mecanismo de diferenciación y de oportunidades de negocio, comenzaremos a ver avances sustanciales en la reducción del alcance 3. En este desafío es fundamental el involucramiento de las grandes empresas con sus proveedores y también el apoyo del sector público, por ejemplo, a través de Corfo”, expresa.

Eduardo Astorga Ph.D. y Profesor de Derecho Ambiental

La evaluación de desempeño ambiental de Chile

La OCDE ha entregado su evaluación de desempeño ambiental 2024, entregando diversas recomendaciones, entre las que destaco las siguientes.

En materia de cambio climático y contaminación atmosférica, plantea la necesidad de implementar de forma integral y oportuna la Ley Marco de Cambio Climático, con un enfoque intergubernamental; clarificar los planes sectoriales y regionales con una combinación coherente de políticas; completar el cierre de las centrales con carbón con la debida celeridad, teniendo presente el concepto de transición justa; fijar un marco temporal para el establecimiento gradual de niveles más elevados del impuesto al carbono y potenciar la coordinación de planes de adaptación al cambio climático, fundamentados en evaluaciones de riesgos climáticos.

En el ámbito de la biodiversidad, residuos y economía circular, señala que es necesario asignar suficientes recursos para garantizar la implementación de la Ley SBAP (21.600). Mejorar la gestión de los datos sobre biodiversidad y establecer bases de referencia sobre el estado del capital natural para incorporar la biodiversidad a las cuentas nacionales. Aplicar sin demora el proyecto de ley que promueve la valorización de residuos orgánicos; acelerar la aplicación de nuevos regímenes de responsabilidad extendida del productor y reforzar el uso de impuestos sobre los vertidos.

Sobre gobernanza y gestión ambiental, apunta a reforzar la calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental; garantizar una participación significativa de la población, especialmente de las comunidades indígenas y reforzar la capacidad institucional de la Superintendencia de Medio Ambiente con recursos suficientes.

Para garantizar la coherencia de las políticas para un crecimiento respetuoso, sugiere suprimir gradualmente el reembolso del impuesto a los combustibles para el transporte de carga y el diésel utilizado en vehículos que no transitan por carreteras; endurecer las normas sobre emisiones y eficiencia energética para todos los vehículos; garantizar la inclusión de consideraciones sociales, ambientales y de seguridad en la producción de hidrógeno verde; proteger los recursos hídricos y los ecosistemas, especialmente las salinas, en el contexto de la producción de litio.

Finalmente, para la gestión y planificación de recursos hídricos, recomienda establecer una autoridad pública central para regular, planificar, desarrollar, conservar y proteger los recursos hídricos; reforzar la coordinación de la gestión del agua a todos los niveles. Dar prioridad a la aprobación del proyecto de ley para formalizar la gobernanza a escala de cuenca y mejorar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático en el abastecimiento urbano y rural de agua y saneamiento. Llevar a cabo una reforma integral de la asignación de agua para frenar la sobreexplotación y la entrega excesiva de recursos. Acelerar la elaboración de normas secundarias de calidad del agua; adoptar normas más estrictas de vertido de aguas residuales, ampliar su cobertura a sectores claves, como la agricultura y la acuicultura. Introducir instrumentos económicos para la gestión hídrica (por ejemplo, gravámenes a la extracción e impuestos sobre el vertido de efluentes en el agua y el uso de pesticidas y fertilizantes) que contribuyan a una mejor aplicación de los principios de “quien contamina paga” y “quien se beneficia paga”

¿Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?

Más de un tercio de la meta de carbono neutralidad al 2050 se podría alcanzar con el uso eficiente de la energía que fomenta la Ley 21.305. Revisamos los avances y dificultades en su implementación, así como recomendaciones y ejemplos para impulsar esta práctica.

Según datos del Ministerio de Energía, más de un 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 se podrían lograr gracias al uso eficiente de la energía. Esa cifra releva parte de los grandes beneficios de esta práctica, entre los cuales también destacan el ahorro de recursos, la reducción de costos de producción y aumento de la productividad, el incremento de la seguridad energética del país y la disminución de la contaminación local e intradomiciliaria.

De hecho, las autoridades apuestan que, si se aplican las medidas contempladas en la Ley 21.305 que promueve la eficiencia energética (EE), “al año 2030 se logrará una reducción de intensidad energética del 10%, un ahorro acumulado de US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones toneladas de CO2. Esto equivale a evitar el recorrido anual de 15,8 millones de vehículos livianos o a la absorción anual de 1,8 millones de hectáreas de bosque nativo”

En la misma línea, Mónica Gazmuri, Gerente General de Anesco, asociación que reúne a empresas que desarrollan proyectos de EE y autoconsumo, recalca: “Todo proyecto de eficiencia energética tiene un equivalente en disminución de emisiones”. Agrega que el uso eficiente de la energía “no sólo ayudará a las empresas de distinto tamaño a minimizar los efectos de las crisis económicas, sino también a cumplir con el medio ambiente. Hay un sin fin de medidas tecnológicas y de gestión, y también se pueden financiar con contratos por desempeños”

De ese modo, alude a las variadas oportunidades que existen para concretar mayores avances de los que se registran hasta ahora en esta materia en el país. Muestra de ese retraso es que solo un 71% de los grandes consumidores energéticos que debían tener implementado un sistema de gestión de energía (SGE) a comienzos de marzo pasado, cumplieron con esa exigencia legal.

¿Qué dificultades y alternativas existen para consolidar la EE en nuestro país?

LEY EN IMPLEMENTACIÓN

El 13 de febrero del 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.305 cuyo objetivo es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos en todas las áreas, planteando obligaciones para el sector público y privado.

Para su implementación ya se han dado algunos pasos importantes, como la aprobación en enero del año siguiente del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026. Este documento, oficializado en abril de

“Todo proyecto de eficiencia energética tiene un equivalente en disminución de emisiones”, enfatiza Mónica Gazmuri.

2023, fija un marco estratégico para el desarrollo de esta temática en el país, estableciendo como metas generales reducir la intensidad energética respecto del año 2019 en: un 4,5% al año 2026, un 13% al año 2030, y un 30% al año 2050. Asimismo, el Plan define líneas de acción para alcanzar esos objetivos, señalando metas y medidas específicas en cuatro áreas: sectores productivos, transporte, edificación y ciudadanía.

En paralelo se han dictado varios reglamentos relevantes, como aquel que fija el procedimiento para la elaboración y evaluación del mencionado Plan Nacional de Eficiencia Energética, que se debe revisar cada cinco años; el reglamento para grandes consumidores de energía; y el que establece la interoperabilidad de los sistemas de recarga de vehículos eléctricos. Además, según informan en el Ministerio de Energía, están en trámite en la Contraloría General de la República el reglamento para edificaciones y el que establece estándares de EE para vehículos livianos, medianos y pesados.

En dicha secretaría de Estado destacan estos pasos adelante y añaden: “Desde la perspectiva regulatoria, nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años al contar con etiquetado para casi el 80% del equipamiento que determina los consumos residenciales”

TRABAS Y RETOS

Al mismo tiempo, la autoridad sectorial señala algunas trabas para avanzar de manera decidida hacia las metas planteadas de EE. “Aún se observan importantes barreras de conocimiento o capacidades para desarrollar los proyectos, tanto por parte del cliente final que adopta la tecnología como de una oferta más amplia y especializada. Otro obstáculo que se suma a este desafío es la falta de financiamiento para proyectos que apuntan a reducir la intensidad energética”, indican.

Desde Anesco, Mónica Gazmuri plantea una mirada más crítica, señalando que, “en general, los resultados que quisiéramos están algo distantes” y que los reglamentos ya dictados “no han significado la puesta en marcha de proyectos de EE implementada para hablar de avance en la meta del 10%. Respecto de los grandes consumidores, no todas las empresas estaban preparadas para la Ley. No todos cuentan con personal capacitado a nivel interno y les ha tomado más tiempo reaccionar y cumplir. Los edificios públicos requieren de un esfuerzo por facilitar que las implementaciones se realicen con prontitud e incorporen el modelo ESCO”, argumenta.

Cabe recordar que dicho modelo consiste básicamente en que las empresas que prestan servicios energéticos apoyan las inversiones de eficiencia energética de sus clientes, pagándose principalmente con los ahorros generados por la implementación de las medidas.

La implementación de sistemas de gestión de energía por parte de los grandes consumidores es clave para concretar proyectos y consolidar el avance de la eficiencia energética.

La ejecutiva gremial advierte, además, que hoy no solo se debe cumplir la Ley de EE, sino que también hay que estar preparados para las exigencias de productividad y medioambientales, como las que propone la Ley Marco de Cambio Climático.

“El informe IEA (Agencia Internacional de Energía) así como la COP28 llaman a duplicar la EE al 2030 para lograr mantener la temperatura de 1,5 °C, y el uso eficiente de la energía es clave para la carbono neutralidad, por lo tanto nuestras industrias deben estar encaminadas a ello. Necesitamos avanzar junto a autoridades y el mismo sector energético al unísono y con convicción de que la eficiencia energética es algo bueno para el país”, sentencia.

Gazmuri agrega que hay cosas que no están necesariamente en la Ley de EE y que se deben hacer, como el retrofit o reacondicionamiento de todo lo construido. “Más que esperar que una ley lo obligue, posiblemente esto comenzará a ser requerido por las personas que gastarán más para calefaccionar los edificios poco eficientes, por ejemplo. En este sentido, esperamos que existan mejores condiciones de la banca como de otros actores financieros para fomentar dichas inversiones”, dice.

Asimismo, señala que esperan que “los ministros que han mostrado interés en la carbono neutralidad nos apoyen para retomar el ritmo requerido y seguir empujando la eficiencia, de modo que llegue a todos cuanto antes”

RECOMENDACIONES

Anesco desarrolló un documento base con recomendaciones a nivel público y privado para masificar la EE y el autoconsumo en el país. “Pese a que el documento es algo vivo, pues se va actualizando, reconoce por ejemplo a nivel de ministerios, varios procedimientos y aspectos ligados a la administración o licitaciones que deben considerar la actualización tecnológica, los criterios de EE y mayor coordinación”, dice Mónica Gazmuri.

Otras propuestas de la Asociación para consolidar la EE son:

• Incorporar el modelo ESCO en todos los proyectos de ministerios y municipios, “pues permite mejoras integrales de EE, sumar el autoconsumo, el cual se logra apalancar, y reducir su payback”, resalta la ejecutiva. Con relación a esto, en el Ministerio de Energía comentan: “Desde la Subsecretaría de Energía, a través de la línea de trabajo Gestiona Energía colaboramos con la implementación del Sistema Estado Verde, en conjunto con DIPRES, la Subsecretaría de Medio Ambiente y Chilecompra. Este año entramos en la segunda etapa de implementación de este sistema, en la que los servicios públicos deben comprometer un Plan de Gestión Ambiental que contemple brechas, objetivos y acciones concretas para avanzar por la senda de la eficiencia energética y la mitigación de emisiones. Por medio de una Oficina Técnica, desde el Ministerio de Energía se apoyará a los servicios públicos con estudios de prefactibilidad y en el seguimiento a la implementación de los proyectos. Asimismo, se guiará para que soliciten recursos y puedan implementar los proyectos en modalidad ESCO”

• Fomentar el uso de dicho mecanismo en el sector privado, mediante un fondo especializado que permita contar con un financiamiento más fluido para este tipo de proyectos, un fondo de garantía para proyectos residenciales, así como mayor difusión y colaboración de varios actores como la banca y el mismo sector energético.

• Dar mayor valor a los proyectos de EE con un certificado que reconozca su aporte en disminución de uso de energía y su equivalente en reducción de emisiones. “Estos componentes no sólo tendrán valor económico en un mercado de carbono, y un aporte a las empresas que pagan un impuesto verde, por ejemplo, sino que en lo más práctico de cara al beneficiario del proyecto de EE, significa evidenciar el aumento del valor de las edificaciones versus otras sin mejoras”, afirma Gazmuri.

4% Es la meta de reducción de la intensidad energética para los grandes consumidores de los sectores productivos al año 2026, respecto al año 2021, planteada en el Plan Nacional de Eficiencia

Energética (PNEE). Para 2050, la meta sube al 25%.

8 Medidas define el PNEE para el sector transporte, destacando el establecimiento de estándares de eficiencia energética para vehículos y el impulso a la electromovilidad. Con eso, se pretende duplicar el rendimiento de los vehículos livianos nuevos que entran al país al año 2035, en relación a 2019, y cuadruplicarlo al 2050.

SISTEMAS DE GESTIÓN

Una de las principales obligaciones que impone la Ley 21.305 es que los grandes consumidores de energía (sobre 50 Tcal/año) implementen sistemas de gestión, que les permitan definir y concretar medidas para optimizar el uso de este recurso.

El año pasado, el Ministerio de Energía identificó 149 “Consumidores con capacidad de gestión de energía” (CCGE), 62 de los cuales debían reportar el cumplimiento de dicha obligación en marzo recién pasado. De esta última cifra, “44 han implementado su sistema de gestión de energía (SGE), dando un 71% de cumplimiento. En el caso de los CCGE que no han cumplido con la implementación de su SGE, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está iniciando la formulación de cargos correspondientes, conforme lo indica el artículo 60 del reglamento”, informan desde la Secretaría de Estado.

En relación a esto, Mónica Gazmuri señala: “No todas las empresas estuvieron preparadas y hoy están siendo asesoradas para poder reportar e implementar. Los asesores identifican su matriz energética, facturación de ventas, gasto de energía, y cómo implementar un SGE”

¿Cuáles son los requisitos y pasos esenciales para poner en marcha adecuadamente un sistema de gestión de energía?

La representante de Anesco responde primero: “Para que se logre llegar a la implementación de un proyecto exitoso, depende de quien ejerce el liderazgo de la compañía y cuán convencidos estén de los objetivos, pues esto permite no sólo permear al resto de la institución sino también que continúe el nivel de mejora, y viabilice la continuidad de estas decisiones en el tiempo”

En ese marco, detalla las condiciones y etapas para implementar un SGE: comprensión de la normativa, compromiso de la alta dirección de la organización, formación y conciencia, evaluación inicial de energía, definición de objetivos y metas, desarrollo de política y procedimientos, implementación de medidas, monitoreo y medición, revisión y mejora continua, y certificación.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Mónica Gazmuri pone énfasis en que una vez que las industrias implementen sus SGE, se espera que “puedan llevar a cabo una batería de mejoras que realmente impacten en su performance. Ahí hay espacio para

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Medidas establece el PNEE para los sectores productivos. Las principales son: implementación de SGE, promoción de soluciones eficientes para usos térmicos y motrices, capacitación y certificación de capital humano, difusión de resultados y beneficios.

Gasco desarrolló un proyecto de suministro de vapor con EE que permitió a la empresa AMA Time reducir sus emisiones y costos.

hacer proyectos integrales, con autoconsumo y con modelo ESCO”

Agrega que las oportunidades que esto ofrece para mejorar la productividad y aportar al medio ambiente son transversales a todos los sectores productivos y distinta escala o tamaño de empresas.

“Las empresas deben lograr identificar su matriz energética y consumo. Si su uso de la energía es superior al 10% de su presupuesto, éstas serán las primeras en tomar medidas al respecto”, expone.

Añade que el alza de tarifas eléctricas es un driver adicional para crear conciencia y estar mejor preparados para optimizar el uso de la energía.

“Lo fundamental es identificar aquellas oportunidades que no solo son viables desde el punto de vista técnico, sino que también presentan un equilibrio óptimo entre impacto energético y rentabilidad financiera. En este sentido, en varios proyectos de EE que integran autoconsumo, éste último es apalancado gracias a la eficiencia energética y reduce su payback hasta en un 50%. Por otro lado, en empresas de alto consumo, los proyectos más integrales también potencian su financiamiento ESCO, mediante contratos por desempeño”, explica.

La ejecutiva agrega que un sector que se debe mirar con atención para reducir emisiones es el de edificación residencial, donde existe aún una gran oportunidad para cambiar la forma de calefaccionar. Esto “incidirá de forma importante en el presupuesto y salud de las personas de tercera edad, pensando que nuestro país envejece rápidamente”, apunta.

De manera más concreta, ¿en qué áreas de los procesos industriales y actividades productivas existen mayores oportunidades para desarrollar proyectos de eficiencia energética?

Roxana Silva, presidenta de Anesco Chile, enumera las más destacadas:

• Optimización de equipos y maquinaria: “Esto puede incluir actualización de tecnologías obsoletas, mayor mantenimiento, sistemas de control, automatización”, detalla.

• Gestión de la demanda energética, programando la producción en horarios de tarifas más bajas e implementando sistemas de gestión que controlen el uso de energía en tiempo real.

• Recuperación de calor y residuos: Esto incluye aprovechar el calor generado por ciertos procesos industriales en otros procesos, así como prácticas de reciclaje y reúso de materiales que reduzcan la necesidad energética adicional.

• Sistemas de iluminación y climatización: “Puede ser desde la incorporación de tecnología LED, hasta sistemas de gestión de climatización que ajusten automáticamente la temperatura y ventilación según las necesidades”, plantea Roxana Silva.

• Mejoras en procesos de producción: Esto se puede lograr mediante la optimización logística y del transporte de materias primas o productos terminados, la implementación de mejores prácticas de fabricación, etc.

• Mejores prácticas: “Sin duda un punto fundamental tiene que ver directamente con la cultura interna de la empresa. Aquí es clave permear las mejores prácticas en el personal de toda índole en la compañía”, comenta Roxana Silva.

Mónica Gazmuri complementa que para los sectores productivos que no están clasificados como gran consumidor de energía, “es importante acortar esta brecha con incentivos a diferentes sectores independiente de su consumo, dado la realidad actual, donde la única medida para las empresas de ser resiliente energéticamente es la EE. Los asesores podrán ayudarles a conocer su matriz y nivel de pérdidas, y tener un plan de mejoras y financiamiento”

EJEMPLOS Y REDUCCIONES

Desde Anesco comentan que sus socios han implementado proyectos de variada naturaleza y dimensiones en distintos sectores. “Tenemos proyectos en grandes edificaciones como hospitales, clínicas, hoteles o edificios residenciales donde se integran varias soluciones, como también otros muy específicos como cambios de tecnología y de autoconsumo por separado”, acota Mónica Gazmuri.

A continuación, presentamos algunos ejemplos de proyectos de eficiencia energética, indicando sus beneficios ambientales y económicos, que pueden servir como incentivo para que otras empresas adopten medidas para optimizar el uso de la energía.

Suministro de vapor con caldera a gas licuado:

En base a la mejora de procesos productivos, desplazamiento de un combustible más contaminante y medidas de eficiencia energética (EE), Soluciones Energéticas de Gasco GLP desarrolló un proyecto de suministro de vapor bajo el modelo ESCO para la empresa AMA Time. Este consistió en la producción de vapor a través de una caldera que utiliza gas licuado para calentar agua hasta las condiciones de presión y temperatura de saturación de vapor. En la etapa inicial, se realizó una auditoría energética para levantar la línea base energética e identificar el perfil de producción de vapor y los niveles de EE del sistema. Esta medición fue realizada en temporadas de baja y alta demanda, identificando el comportamiento y eficiencia de la central térmica, la cual fue del 78% medida a la salida de la caldera (PCI). En la segunda etapa se reemplazó el combustible fuel oil nº 5 por gas licuado y se implementaron medidas de EE, las cuales contribuyeron a mejorar los niveles de eficiencia de la central térmica, alcanzando un 88,5% sobre PCI. La mejora se atribuye, entre otros, a la instalación de un sistema de recuperación de calor residual denominado economizador, diseñado específicamente para cumplir con las necesidades de AMA Time con sistema de alimentación modulante para precalentar el agua que in-

Gentileza Gasco

gresa a la caldera. Además, se realizaron labores de mantenimiento que contribuyeron a mejorar el desempeño energético del proceso. Por último y para efectuar una gestión energética, se instaló un sistema de monitoreo y control integral para analizar parámetros de operación y manejar los niveles de eficiencia del proceso de generación del vapor según sea requerido.

Gracias al cambio de combustible y al menor consumo energético derivado de las medidas de EE, se logró reducir la emisión de 420 toneladas de CO2, lo que representa un 26% en relación a la condición inicial. Además, disminuyeron las emisiones de material particulado en un 88%, los óxidos de nitrógeno (NOx) en 47%, y los óxidos de azufre (SOx) en 99%.

Asimismo, la reducción de costos se valorizó en US$ 35.000 anuales, asociado principalmente al ahorro energético, calculado en 439.605 KWh/año. La inversión en el proyecto fue de US$ 205.000 y su periodo de recuperación (payback) se estimó en cuatro años.

— Edificio corporativo inteligente:

La empresa Heavenward Ascensores invirtió US$ 2 millones para implementar una serie de soluciones tecnológicas que permitieron desarrollar un edificio corporativo inteligente, basado en el uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética. Como resultado de esa transformación se han ahorrado 6.000 KWh/año en energía y US$ 2.000 anuales. Asimismo, se ha evitado la emisión de 2,7 toneladas de CO2.

Algunas de las soluciones aplicadas fueron: sistema de control del consumo de energía eléctrica, termo paneles en todos los ventanales, alumbrado led, estación de carga de autos eléctricos, paneles solares fotovoltaicos de 10 kw, baterías de respaldo de electricidad de 8 kw, control de consumo de agua, circuito cerrado de televisión, control de acceso de portones y puertas a través de sensores y huellas dactilares. Entre el equipamiento técnico disponible figuran un ascensor regenerativo de electricidad sin sala de máquinas y otro con sala de máquinas, un ascensor hidráulico de pasajeros y carga, una escalera mecánica, un sistema de aire acondicionado de 2 ductos y secadores de mano en los baños.

— Mejora de central térmica en edificio:

La empresa de servicios energéticos Energy Tracking desarrolló una solución de suministro de agua caliente sanitaria en base a gas natural para mejorar la eficiencia de la central térmica existente en el edificio Hipódromo 1310, ubicado en la comuna de Independencia, Santiago. Este proyecto se realizó bajo el modelo ESCO y aprovecha las herramientas que otorga la eficiencia energética para entregar un servicio de calidad a los 365 departamentos que componen esta comunidad.

La solución consideró una revisión de las instalaciones existentes en el edificio, lo que permitió identificar diferentes puntos de mejora y arrojó la necesidad de realizar mantención de equipos y reemplazar algunos que se encontraban en malas condiciones, lo que implicaba un sobrecosto en los servicios de agua caliente.

El proyecto consideró una inversión de US$ 110.412 y ha generado un ahorro de 17.000 US$/año y de 369.028 KWh/año. ¿Beneficio ambiental? Se ha evitado la emisión de 66,2 toneladas de CO2

Implementación y certificación de SGE en universidad:

La Universidad de Talca implementó un sistema de gestión de energía (SGE) basado en el estándar ISO 50.001 que abarca 4 de sus campus y ha sido certificado por los organismos competentes. “En esta implementación

veíamos la oportunidad de abordar las temáticas energéticas de manera sistémica y transversal a la institución, pudiendo disminuir el consumo energético, nuestra huella de carbono asociada y generar ahorros; los cuales permitirían financiar la incorporación de tecnologías más eficientes, generando la mejora continua del desempeño energético”, declaran desde la casa de estudios. Añaden que la implementación se inició en 2019 en el campus Talca que cuenta con un centenar de edificios. El proceso tardó un año, periodo en el cual se debió definir una política energética, instalar un modelo de gobernanza y catastrar la totalidad de los consumidores energéticos. Sobre esa base, se establecieron los procesos que sostienen el SGE que fue certificado en 2020. Al año siguiente el sistema de gestión se amplió a los campus Curicó, Linares y Colchagua, siendo recertificado en 2023 por un nuevo periodo de 3 años.

La puesta en marcha del SGE ha traído los siguientes beneficios:

• Reducción del consumo energético entre un 5% y 20% anual en los campus Talca, Curicó, Linares y Colchagua.

• Mejora en los estándares de diseño de nuevas edificaciones en términos energéticos mediante la incorporación de la certificación CES.

• Promoción del cumplimiento normativo en las áreas eléctricas y energéticas.

• Mejora en el confort térmico de las instalaciones mediante programas de mantenimiento preventivo de consumidores eléctricos

• Reducción del precio de la energía mediante el traspaso a cliente libre.

CARGA SOSTENIBLE

Tres modelos de camiones eléctricos son parte del aporte de Volvo Chile a reducir la huella de carbono de sus clientes en el transporte.

“Las empresas que venden sus productos a nivel mundial están cada vez más interesadas en transportes sostenibles debido a la creciente demanda de productos con una huella de carbono reducida. Es en este contexto donde adquieren relevancia los vehículos eléctricos”

Las palabras pertenecen a René Calderón, gerente de Desarrollo Comercial de Volvo Chile y expresan la importancia que la empresa, y su división de Camiones y Buses en particular, le da a la electromovilidad y a la descarbonización del transporte como ejes para apoyar el crecimiento sustentable de sus clientes y cuidar el medio ambiente.

En ese marco, la marca de origen sueco cuenta con un amplio catálogo de camiones de carga con emisiones reducidas, entre los que destacan los modelos Volvo FHE, FME y FMXE. El primero es totalmente eléctrico, con baterías de 540 kWh y una transmisión de 12 velocidades I-Shift de propulsión. Se diseñó específicamente para operaciones de transporte y distribución de larga distancia, con una cabina dormitorio, techo panorámico, asientos neu-

máticos y sistemas de seguridad avanzados.

A su vez, el Volvo FME destaca por su agilidad y versatilidad en el transporte entre ciudades y la distribución urbana. Este vehículo opera sin emitir ruido y tiene una autonomía que oscila entre los 300 y 350 kilómetros, siendo una opción eficiente para desplazamientos urbanos limpios y silenciosos.

El Volvo FMXE, en tanto, está diseñado para transportar maquinaria y materiales pesados de manera eficiente y con el menor impacto posible en entornos urbanos.

“Como Volvo Chile hemos introducido una

René Calderón resalta el aporte de Volvo a descarbonizar el transporte.

mayor oferta sustentable en el transporte de carga desde 2022 y, a nivel mundial, desde aproximadamente unos dos años antes”, destaca Calderón.

A nivel global, Volvo Camiones tuvo en 2023 su mayor volumen de ventas en su historia, con 145.395 unidades comercializadas, y su mayor extensión del catálogo eléctrico.

Para seguir fomentando la electromovilidad en el país, el representante de Volvo Chile participó del foro “Desafíos y propuestas para acelerar la electromovilidad en Chile”, organizado por la reconocida Revista InduAmbiente. En el evento, René Calderón compartió sus experiencias y opiniones en la materia, enfocado en la sustentabilidad en el transporte de carga.

En el encuentro, que reunió a expertos y representantes de diversos sectores, el ejecutivo resaltó la relevancia de generar ecosistemas integrales en el ámbito de la electromovilidad en donde se puedan integrar nuevas tecnologías, considerando los soportes e infraestructura necesaria para responder a las necesidades de las empresas. Manifestó, además, la importancia de las alianzas público-privadas para llegar a las metas propuestas.

NUEVA NORMA PROTEGERÁ CALIDAD DE LAS AGUAS EN CUENCA DEL RÍO VALDIVIA

Tras 20 años de espera, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca del río Valdivia, la cual fija límites y establece el monitoreo de 15 parámetros clave –como el pH, oxígeno o nitrógeno– con miras a mantener y mejorar las condiciones ambientales de una de las reservas de agua más importantes de nuestro país y preservar este ecosistema. Si durante dos años se miden excedencias en los parámetros establecidos, el Ministerio del Medio Ambiente deberá elaborar un plan de descontaminación con medidas específicas para recuperar la calidad de las aguas y evitar daños en esta cuenca, la cual sostiene el abastecimiento hídrico de las personas y el desarrollo de las principales actividades productivas de la Región de los Ríos, y también alberga la mayor riqueza de peces nativos de todo el país y es el hábitat de más de 2.000 ejemplares de cisnes de cuello negro.

DISMINUYE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

VEHICULAR

EN SANTIAGO

Una reducción en la contaminación acústica causada por el tránsito vehicular mostró la actualización del mapa del ruido del Gran Santiago Urbano, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en 35 comunas de la capital.

Según la modelación, un 12% de la población (850.000 personas, aproximadamente) está expuesta a niveles de ruido sobre lo recomendado en el periodo diurno, mientras que un 15% (alrededor de 1.000.000) sufre el mismo problema en el periodo nocturno. Estos datos señalan una mejora en comparación al anterior estudio realizado en 2019, pese al aumento del parque automotriz: en horario diurno, dicho porcentaje cayó un punto, mientras que durante la noche disminuyó nueve puntos porcentuales. Desde el MMA atribuyeron estas mejoras al aumento en la electromovilidad del transporte público, la reducción de tránsito vehicular post pandemia y la aplicación de las normas de emisión de ruido para las fuentes móviles. Las comunas con más personas expuestas a ruido diurno sobre lo recomendado son Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa y La Florida.

COP3 DE ESCAZÚ APROBÓ PLAN PARA RESGUARDAR A DEFENSORES AMBIENTALES

La aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales fue el principal resultado de la 3ª Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú que se realizó en Santiago a fines de abril. Esta iniciativa –coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis– se enmarca en el artículo 9 del mencionado Acuerdo que busca consagrar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En ese marco, el Plan aprobado busca garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medio ambiente, proteger sus derechos y contar con medidas de respuesta frente a eventuales amenazas.

PUBLICAN LEY PARA CONSERVAR LAS TURBERAS

El pasado 10 de abril fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 21.660, sobre protección ambiental de las turberas, humedales que son reconocidos internacionalmente por ser uno de los mayores sumideros de carbono del planeta.

En ese contexto, la ley prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional con miras a preservar y conservar estos ecosistemas y los servicios que prestan como reservas estratégicas para mitigar el cambio climático y regular los recursos hídricos. Además, regula el manejo sustentable de la cubierta vegetal de musgo Sphagnum magellanicum a través de planes aprobados por el Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismos que también participarán de en la fiscalización de la ley. El reglamento para implementarla se deberá dictar en un plazo de dos años desde su publicación.

RED DE SALARES PROTEGIDOS SUMARÍA 27 ECOSISTEMAS

Como parte de la implementación de las medidas comprometidas en la Estrategia Nacional del Litio, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó iniciar la creación de una red de salares protegidos. Considerando las áreas protegidas ya existentes –equivalentes a cerca del 8% de los salares preandinos y andinos–, la iniciativa propone añadir 27 ecosistemas de lagunas y salares, ubicados principalmente en las regiones de Antofagasta y Atacama, bajo rango de protección oficial, aumentando en un 25% la superficie protegida de estos ecosistemas, según lo indicaron desde el Ministerio del Medio Ambiente.

La propuesta inicial incluye a todos los salares que son parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, más todos aquellos salares pre y altoandinos que completen el proceso de creación de áreas protegidas que dispone la Ley Nº 21.600.

OCDE APORTA 36 RECOMENDACIONES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CHILE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (EDA Chile 2024), la cual analiza el cumplimiento de los compromisos del país en esta materia y aporta 36 recomendaciones claves para seguir avanzando en la protección del medio ambiente y alcanzar el desarrollo sostenible.

“La EDA 2024 releva avances cruciales en nuestro país desde la última evaluación realizada por la OCDE en 2016, como la adopción de la Ley Marco de Cambio Climático, la creación reciente del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y fomento al reciclaje (Ley REP), la adhesión al Acuerdo de Escazú y el inicio de la instalación de gobernanzas hídricas a nivel de cuencas”, destacó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La tercera EDA de Chile puso especial foco en la gestión y políticas de agua. Entre las principales observaciones contenidas se destaca que la crisis del agua aumenta los conflictos sociales; que es necesaria una reforma a la asignación del agua y que se requiere mejorar su calidad; que la contaminación atmosférica sigue siendo un grave problema para la salud pública, por lo que es necesario continuar avanzando en los Planes de Descontaminación Atmosférica en las principales zonas saturadas; que el país avanza fuertemente en la conservación de la biodiversidad; que existe un fortalecimiento de las instituciones medioambientales, pero que los recursos para su correcto desarrollo aún parecen insuficientes; y que la reforma fiscal verde debe continuar.

En ese contexto, la ministra Rojas puso énfasis en dos de las recomendaciones planteadas por la OCDE. La primera es el reforzamiento de la institucionalidad ambiental que “no viene solo por tener más regulación, más normas, más leyes, sino que esto tiene que poder implementarse, y ahí los recursos humanos y financieros son una columna vertebral relevante”, indicó.

También relevó la necesidad de “mejorar la asignación en cantidad y calidad, como también la gobernanza de los recursos hídricos, porque la crisis se ha profundizado”. En relación a esto, la OCDE aconseja revisar el funcionamiento del Código de Aguas, cuya reforma se promulgó en marzo de 2022 tras 11 años de discusión legislativa. Sobre ese escenario, Rojas comentó que primero es importante implementar la actual reforma y que es relevante que las políticas públicas se desarrollen en base a la evidencia. “Hay una parte de la actual implementación del Código de Aguas que está asociada a saber cuántos derechos de aguas hay y adónde los hay. Eso va a estar listo el año 2025, por lo que me parece completamente razonable que, una vez que tengamos esa evidencia, nos sentemos de nuevo a conversar si es necesario reformar algo más”, planteó.

Flavia Liberona

Bióloga y directora ejecutiva de Fundación Terram

¿Red de salares (des)protegidos?

En abril de 2023 el Presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, donde se anunció la creación de una Red de Salares Protegidos. Hoy, después de casi un año, conocimos en detalle los “criterios” para determinar cuáles son los denominados salares estratégicos y cuáles formarán parte de dicha red.

Según el anuncio, se definieron cuatro proyectos como salares estratégicos, en los cuales el Estado aseguraría su presencia. De acuerdo a la información oficial, esto representa el 49% de la superficie de los salares del país.

No obstante, lo que más nos preocupa son los “criterios ambientales” utilizados para identificar y proponer los salares que quedarán bajo protección, presentados por el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Desde el Ministerio señalaron que no formarán parte de la Red los salares –o porciones de ellos– que tengan actualmente presencia de faenas mineras de explotación de minerales, pero no explicita de qué minerales se trata, por tanto, es de suponer que no solo sería litio.

Es evidente que lo que primó al establecer esta propuesta de Red de Salares no tiene que ver con criterios respecto de su valor ecológico, la biodiversidad o su importancia hidrológica. Lo que se define como criterio es que NO serán protegidos aquellos salares que tienen recursos minerales de interés para el Estado y los privados, sin importar el valor de su biodiversidad, como tampoco importa el daño o impacto ambiental que se genere en el ecosistema y las comunidades locales.

En este sentido, el Gobierno en una actitud autocomplaciente señala que con este anuncio se protegerá el 33% de los salares, pero cabe preguntarse, ¿qué pasa con el 67% de superficie de salares restantes? Ya sabemos que el 49 % es estratégico para el Estado, mientras un aproximadamente un 18% será dejado a merced del interés de privados, por lo que podrán ser usados y destruidos por distinto tipo de actividades extractivas.

Además, lo que tampoco nos dicen es cuál será la figura de protección oficial a utilizar, ya que no es lo mismo un Parque Nacional que una Reserva Nacional, pues mientras en el primero no se pueden realizar actividades extractivas, en las reservas sí. Esto es fundamental si consideramos la cantidad de concesiones de explotación y exploración minera que alojan los salares y lagunas salobres del norte del país, donde una investigación de Fundación Terram reveló que cerca del 64% de la superficie de salares de San Pedro de Atacama poseen concesiones de explotación ya constituidas.

Poniendo raya para la suma, desde Fundación Terram creemos que una vez más en esta pasada ganó la partida el promover la extracción de recursos naturales, con bajos estándares de protección ambiental, ya que se permitirá extraer minerales en el 67% de los salares restantes, mientras que –supuestamente– se protegerá solo el 33%. Esto, sin importar cuáles tienen un mayor valor ecológico, es decir, que haya especies y ecosistemas únicos que serán destruidos. El desarrollismo más tradicional y menos sustentable por ahora está ganando la partida del litio.

El impulso a la movilidad eléctrica es uno de los pilares para descarbonizar el sector transporte y alcanzar la carbono neutralidad a más tardar en 2050, que es la gran meta establecida en nuestra Ley Marco de Cambio Climático.

Chile cuenta con una “Estrategia Nacional de Electromovilidad”, cuya primera versión se lanzó en diciembre de 2017, cuando existían alrededor de 240 vehícu-

los eléctricos (VE) circulando en el país. En ese entonces, se plantearon grandes metas como que, al 2050, el 100% de los buses de transporte público sería eléctrico y el 40% de los automóviles particulares ocuparía esta tecnología.

En febrero de 2022 se publicó una actualización de dicho documento, con objetivos más cercanos: al año 2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos, medianos, de

INVITADOS

MAURICIO RIVEROS

Jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía

Gerente de Desarrollo Comercial de Volvo Chile

transporte público (buses, taxis y colectivos) y de maquinaria industrial mayor serán cero emisiones. Para avanzar en esa dirección, se establecieron cuatro ejes de trabajo, con 13 lineamientos entre los que figuran el estudio de instrumentos de fomento al transporte cero emisiones, el aumento de la infraestructura de carga, la generación de regulaciones y estándares para el uso de esta tecnología y el desarrollo de capital humano.

IGNACIO RIVAS

Jefe de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde de la Agencia de Sostenibilidad Energética

JEAN PAUL ZALAQUETT Head of e-mobility Latin America de Enel X

DIEGO MENDOZA

Secretario General de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)

RENÉ CALDERÓN

Sobre esa base, en agosto del año pasado, el Gobierno presentó una Hoja de Ruta que apunta a desarrollar un ecosistema de electromovilidad que permita masificar el uso de esta tecnología en el país. En ese marco, plantea una serie de acciones a concretar a más tardar en 2026, distribuidas en 5 ejes, como las siguientes: avanzar en un Plan Nacional de Infraestructura de Carga Pública en centros urbanos y rutas interurbanas; incorporar buses, taxis y colectivos eléctricos para el transporte público en Antofagasta, Copiapó y Concepción, entre otras ciudades; y remover algunas barreras regulatorias.

En paralelo, a lo largo de estos años, se han suscrito acuerdos público-privados que han ido sumando cada vez más instituciones (el sexto incluyó 156) que están aportando al avance de la electromovilidad en nuestro país.

Con todo ello en marcha, Chile ha logrado hitos relevantes como convertir a Santiago en la ciudad fuera de China con la mayor flota de buses eléctricos en el mundo y ser un líder reconocido en la materia en Latinoamérica.

No obstante, algunos antecedentes muestran que aún estamos lejos de las metas y proyecciones planteadas. Datos de la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Asociación Nacional Automotriz de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas, indican por ejemplo que, a febrero de este año, las ventas históricas de vehículos eléctricos habían alcanzado las 8.710 unidades: 5.927 livianos y medianos, incluyendo los híbridos enchufables; 2.654 buses; y 129 camiones. En tanto, su porcentaje de penetración con relación al total de ventas del parque automotriz en el año 2023 llegó a 0,67% en los medianos y livianos, 46,4% en los buses y 0,28% en los camiones. Al mismo tiempo, hasta el 19 de marzo pasado se contabilizaban 761 cargadores de acceso público, una cifra que ha ido creciendo, pero que se concentra fuertemente en la Región Metropolitana (71,7%) y no alcanza a cubrir importantes zonas del país.

En ese contexto, cabe preguntarse ¿cuáles son los principales desafíos para consolidar el desarrollo y masificar la electromovilidad en nuestro país?, ¿qué acciones se están adoptando o se pueden sumar para acelerar este proceso? Cinco especialistas analizan y dan respuesta a estos y otros temas en el siguiente foro desayuno.

El Gobierno está impulsando un plan para contar con cargadores rápidos en las rutas principales del país, distanciados por no más de 100 kilómetros.

I

nduAmbiente: Queremos partir con una pregunta general para todos: ¿cuán lejanas ven hoy las metas establecidas en la Estrategia de Electromovilidad? Y pedirle a cada uno que señale un desafío relevante a resolver para avanzar hacia esos objetivos.

Riveros: Primero, quisiera señalar que la Hoja de Ruta que lanzamos el año pasado se construyó en base a la Estrategia de la administración pasada. Eso muestra que en esta materia hay una política consistente, independiente del color de la gestión de turno, lo que es fundamental para avanzar. Yo llegué el año pasado desde Inglaterra y tuve la oportunidad de ver el avance de electromovilidad en distintas partes del mundo, y me da la impresión de que Chile está bastante bien posicionado, pero evidentemente siempre se puede ir más rápido. Tenemos grandes desafíos por delante. Y creo que la meta más difícil de lograr es que el 100% de las ventas de vehículos sean eléctricos a 2035, porque eso va a estar muy supeditado a lo que suceda en el contexto global y en los mercados internacionales.

En ese marco, el principal tema que estamos abordando en 2024 es la habilitación de la infraestructura de carga, porque eso es clave para que la gente pueda utilizar los vehículos eléctricos, y así podamos ir reemplazando el parque vehicular y no aumentarlo.

La infraestructura de carga es un pilar para viabilizar la masificación de la electromovilidad y lograr su penetración en todo Chile. Estamos avanzando bastante rápido en esto, comparado con otras experiencias en la región, pero

tenemos desafíos importantes, como que existan cargadores que permitan recorrer las rutas principales del país. Por eso uno de los pilares de nuestra Hoja de Ruta es un plan que apunta primero a tener dispositivos de carga rápida, de norte a sur, distanciados a no más de 100 kilómetros. Hoy, gracias a la contribución público y privada, ya tenemos cargadores en gran parte de la zona centro-sur y algunos pocos en el norte, por lo que queremos completar esa carretera eléctrica. Esa primera etapa queremos tenerla lista en 2025. Luego viene la segunda etapa que apunta a lo mismo: tener cargadores separados por no más de 100 kilómetros en todas las carreteras principales que van de este a oeste. Y con esto tener cargadores de acceso público desplegados por todo el país.

Mendoza: Estando muy de acuerdo con lo que dice Mauricio (Riveros), voy a agregar algo: creo que nos estábamos acercando a la meta de que el 100% de las ventas al 2035 corresponda a vehículos eléctricos, que como sector compartimos, pero hoy siento que nos estamos alejando.

Ese es un primer llamado a atención, porque la gracia era que la meta fuese cada vez más fácil de cumplir. Y si bien ha habido avances en infraestructura de carga, en regulaciones, en los pliegos técnicos, en los esfuerzos de nuestros importadores por traer productos, esto se hace en un contexto global y también de economía local que hoy es negativo. Actualmente, Chile es un país objetivamente más pobre. En vez de ir creciendo en el PIB, que es lo que se necesita para llegar a ser un país de-

sarrollado, nos estamos encogiendo. Eso es lo primero que hay que revertir para que la electromovilidad, que es un coletazo de que al país le vaya bien, pueda cumplir las metas.

Cuando salió la Estrategia Nacional de Electromovilidad, en 2022, nosotros dijimos “está súper bien”; era una meta a la altura de los países más desarrollados, por sobre el promedio de la OCDE. Incluso hay países que están creciendo más que nosotros, como China, que no tienen una meta de electrificarse al 2035; y tampoco tienen, ni creo que vayan a tener, metas de carbono neutralidad o de trazabilidad de carbono.

En Chile somos más parte de la solución, lo que está bien, pero si no empezamos a ordenar la casa, la meta queda en una declaración y no se cumple.

InduAmbiente: ¿Y en qué aspectos se están enfocando para aportar al avance de la movilidad eléctrica?

Mendoza: Como gremio tenemos una estrategia de movilidad sostenible con siete pilares de acción. Para que esto se logre hay

que potenciar la economía circular y la conducción autónoma, hay que unificar normas de homologación, entre otras cosas, pero si tuviese que dar la batalla por uno este año sería la modernización tributaria para los automóviles eléctricos.

Siendo todavía vehículos de mayor valor, a pesar que hay modelos que ya se están vendiendo por menos de 15 millones de pesos, no tiene sentido que el auto eléctrico no tenga ninguna posibilidad de aprovechamiento tributario para aquellas personas que más kilómetros recorran al año. El ministro (Juan Carlos) Muñoz ha propuesto enfocar la electrificación en quienes más kilómetros andan, como los buses de transporte público y el transporte colectivo menor con los programas “Mi taxi eléctrico” o “Cambia tu colectivo”, lo que está bien. Pero luego debieran seguir los flotistas, pymes y emprendedores que ocupan el auto como herramienta de trabajo y que circulan todo el día. Sin embargo, esa gente hoy compra un vehículo eléctrico y no puede activarlo como gasto en su contabilidad, no puede aprovechar el IVA como crédito fiscal, como si se hace con una camioneta.

La idea es ampliar ese beneficio tributario para que haya una reactivación económica, pero también para promover el uso del automóvil eléctrico o también del híbrido enchufable, y en general las tecnologías de cero emisión.

InduAmbiente: Ignacio (Rivas), ¿cuál es su visión de los temas planteados?

Rivas: A mi juicio, la meta de que al 2035 el 100% de la venta sean vehículos eléctricos, la veo más desafiante hoy que cuando se planteó inicialmente. Ahora, desde una mirada optimista, dado que en algún momento vamos a alcanzar la “paridad de precios” y vemos que hay vehículos eléctricos que ya están bajando de los 20 millones de pesos, creo que va a haber un momento en que van a costar lo mismo o menos que uno convencional.

InduAmbiente: Hay estudios que señalan que esto puede demorar en torno a 10 años, ¿puede ser menos?

Rivas: Siempre en las predicciones nos equivocamos, pero cada vez nos vamos acer-

Los invitados coincidieron en resaltar que, gracias al trabajo público-privado, Chile ha logrado importantes avances en electromovilidad que son reconocidos internacionalmente.

cando más a ese punto. Y creo que en algún momento vamos a tener una alta demanda de vehículos eléctricos y ahí coincido con Mauricio (Riveros) en que el gran desafío es desarrollar la infraestructura de carga. Eso lo vemos en los programas que tenemos como “Mi Taxi Eléctrico”, cuando los taxistas compran un vehículo al otro día te preguntan “¿cómo cargo?”, o te dicen que la app del operador de carga no les funciona. Entonces, en esto hay temas de educación, pero también hay problemas de suficiencia en la infraestructura de carga.

Por eso creo que es buena la planificación del Ministerio de Energía, porque vender o comprar un auto eléctrico a lo mejor toma días o semanas hasta que está en circulación, mientras que la implementación de la infraestructura de carga puede tomar meses o años.

Ahora, no solo tenemos que pensar en la infraestructura de carga, sino también en el ecosistema total y preocuparnos de educar, capacitar, ver qué vamos a hacer con las baterías después que cumplan su vida útil, etc. Y tener en cuenta que esos ecosistemas son distintos en cada localidad: puede que en la Región Metropolitana esté súper maduro y unos kilómetros más al sur, en Rancagua, sea inmaduro. Como último punto, quiero mencionar algo respecto de los vehículos híbridos enchufables: las últimas mediciones que se han hecho en Europa indican que, en la realidad, tienen más emisiones de lo que se pensaba nominalmente…

Mendoza: …Por el mal uso del usuario...

Rivas: …Sí, porque el usuario tiene una batería un poco más chica, pero el cambio cultural de ir a cargarla o hacerlo en la casa es más complejo y tiende a seguir ocupando la gasolina.

InduAmbiente: Jean Paul (Zalaquett), ¿qué opina de lo planteado y qué otro desafío cree importante abordar?

Zalaquett: Primero, hay que constatar que Chile ha sido bien inteligente en la adopción de la electromovilidad, porque ha partido por donde ha sido más rentable. Primero con los buses que recorren unos 7.000 km al mes, y si uno considera su vida útil completa es más barato tener un bus eléctrico que uno a combustión interna. Reflejo de eso es que las empresas que compran flotas de buses en Santiago prefieren los eléctricos, dado que el

“La infraestructura de carga es un pilar para viabilizar la masificación de la electromovilidad y lograr su penetración en todo Chile”.

Mauricio Riveros

sistema regulatorio también lo facilita. Hace cinco años, jamás hubiésemos soñado que en 2024 todas las compras de buses urbanos iban a ser eléctricas, considerando que los primeros buses de este tipo llegaron a fines de 2017 y fueron solo dos.

La velocidad a la que se cambia es muy grande. Podemos pensar que para 2035 falta poco tiempo, pero esa inflexión va a llegar porque creo que, a ese año, simplemente, no va a haber autos a combustión interna que se puedan comprar.

También están las flotas de última milla. Hay empresas, como Mercado Libre, en que todos sus vehículos nuevos son eléctricos porque les conviene. Han conseguido buenas ofertas y tienen un mix de infraestructura de carga en el que usan cargadores públicos y privados, lo que les permite crecer y poner a circular los vehículos de manera inmediata mientras van poniendo la infraestructura de carga en sus propias bodegas.

En Santiago hay más infraestructura pública que en otras partes porque hay muchos más autos usándola; hay un efecto de red. Ese creo que es el mayor desafío: ir logrando ese efecto de red, de modo que haya una masa

crítica de vehículos y cargadores en cada zona geográfica. Eso hoy ocurre en Santiago y no en el resto de Chile.

InduAmbiente: René (Calderón), en el transporte de carga la electromovilidad está mucho menos avanzada que en el resto del parque vehicular, ¿qué obstáculos ven para un mayor desarrollo?

Calderón: Volvo participa en la industria de los camiones pesados que es el segmento donde está prácticamente el 60% de los camiones en Chile. Y los camiones pesados están un poco alejados de las políticas públicas. Nosotros nos incorporamos desde el comienzo a los acuerdos público-privado, pero el sector público se ha concentrado en los vehículos de uso urbano y no se realizan actividades para fomentar la electromovilidad en los camiones pesados. Nosotros estamos empujando para que se reconozca la importancia que tiene este segmento, considerando que un camión pesado recorre en promedio 120 mil kilómetros al año, lo que es una cantidad importante. Hay varios aspectos que desde el sector público pueden aportar fuertemente para fomentar el uso de unidades eléctricas. Desde el punto de vista normativo, por ejemplo, se requiere revisar la capacidad de carga que se puede transportar, ya que los camiones pesados eléctricos llevan 3 toneladas de batería en su eje delantero, con lo cual prácticamente se alcanza el máximo permitido que hay en Chile y en el mundo en general, sin considerar el equipo y la carga de bienes que tiene que transportar. Eso no hace factible su uso.

En Europa lo resolvieron aumentando la capacidad de carga en 2 toneladas para vehículos cero emisiones. Y para proteger el pavimento, aumentaron el ancho de los neumáticos delanteros, de manera que la presión por pulgada cuadrada sobre el pavimento sea exactamente la misma que en el sistema tradicional. Por lo tanto, eso está solucionado; es cosa de copiar la ley. Estamos trabajando con ANAC para que eso se fomente y no sea una barrera de entrada para los camiones eléctricos por la disminución de productividad. Por otro lado, falta infraestructura de carga. Los camiones eléctricos no tienen problemas de autonomía, pero no hay suficientes cargadores en las carreteras y no están los espacios físicos para que un camión pueda cargar.

InduAmbiente: ¿Cuánto puede demorar la carga de un camión pesado?

Calderón: Los camiones son capaces de llevar, en el caso de Volvo, por ejemplo, 540 kWh.

Y eso en un cargador rápido, el 80% lo hace en 1 hora 25 minutos.

Mendoza: ¿Los tripulantes de los camiones tienen algún cambio de comportamiento o muestran alguna preferencia por los vehículos eléctricos?

Calderón: En Chile es muy temprano aún para decir algo así, porque no hay suficiente experiencia todavía. Sin embargo, en un encuentro sobre electromovilidad que hicimos con el embajador de Suecia, invitamos al dueño de una empresa sueca de camiones hormigoneros que tiene el 100% de su flota eléctrica, al que se le preguntó ¿cuál ha sido el mayor impacto que eso ha tenido en su empresa? Su respuesta fue la mejora en la calidad de vida y condición de trabajo de los conductores, ya que por ejemplo la cantidad de vibraciones y el nivel de ruido se reducen significativamente. Eso los conductores lo aprecian muchísimo, lo que es importante porque la escasez de choferes de camiones es dramática. Y considerando esos beneficios, lo más probable es que ellos prefieran irse a trabajar a empresas que tengan flotas con camiones eléctricos.

Mendoza: Solo para complementar, la electromovilidad también elimina las barreras de entrada para las mujeres en la conducción. Paola Tapia, Directora de Transporte Público Metropolitano, señalaba que se pasó de tener 17 mujeres choferes de buses en Transantiago a 1.900 conductoras en los buses eléctricos, lo que bajó muchísimo la siniestralidad porque manejan mejor que los hombres. Quizás esto llegue a ocurrir también con los camiones. Creo que con los vehículos eléctricos también podríamos tener un parque de circulación más controlado y más seguro.

REGULACIONES E INCENTIVOS

InduAmbiente: En el ámbito regulatorio, a fines de 2022 se publicó la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, ¿cuál ha sido su principal aporte y qué otros aspectos se debieran regular en esta materia?

Riveros: Se ha hablado mucho sobre sacar una ley de electromovilidad, pero eso no ha ocurrido. Sí se dictó la Ley de Almacenamiento que incentiva la electromovili-

“Tenemos que pensar en el ecosistema total y preocuparnos de educar, capacitar, ver qué haremos con las baterías después que cumplan su vida útil, etc.”

Ignacio Rivas

dad al establecer un descuento en el pago del permiso de circulación para los vehículos cero emisiones durante ocho años, partiendo por una eximición total durante los primeros dos. En esa condición se encuentran los eléctricos, los de hidrógeno verde y también los de recarga exterior porque lo que se busca es promover la posibilidad de almacenar energía con dispositivos que puedan interactuar con la red eléctrica y generar flexibilidad.

Nos han planteado por qué no dar este beneficio también a los vehículos híbridos, considerando que igual disminuyen las emisiones comparados con los convencionales. Eso lo estamos analizando, pero el foco es el almacenamiento.

Hay otras regulaciones que también aportan al avance de la electromovilidad, como la Ley de Eficiencia Energética, a la que le hemos dado muchísimo impulso porque esta práctica es fundamental para reducir las emisiones de carbono y todavía tiene un potencial altísimo para alcanzar el objetivo al 2050. Esta ley tiene un artículo en particular que se focaliza en la eficiencia energética vehicular. Sobre esa base, al final de la administración pasada, se publicó el estándar de

eficiencia energética para vehículos livianos, el cual empezó recién a regir el 1 de marzo pasado. Eso busca que los importadores traigan vehículos cada vez más eficientes y tiene un incentivo directo a la electromovilidad, ya que los eléctricos o los enchufables son contabilizados como si valieran más de uno, facilitando al importador el cumplimiento de la meta establecida, la cual va a ir subiendo cada dos años hasta llegar a un tope en seis años más.

De forma similar, este año publicaremos el estándar para vehículos medianos que tiene la misma lógica y estamos iniciando el trabajo para establecer el estándar para vehículos pesados, donde se incluyen los camiones, los buses y todos los vehículos de mayor calibre. Para implementar bien estos estándares, hemos estado trabajando con la ANAC para ir revisando cómo se van cumpliendo los objetivos y, eventualmente, mejorar lo que sea necesario.

Además, en Chile ya tenemos un reglamento de interoperabilidad para la infraestructura de carga, y estamos trabajando para contar con una plataforma que permita a los vehículos eléctricos inyectar energía a la red eléctrica, mediante una conexión V2G, pero todavía no tenemos los incentivos de mercado para que eso suceda.

InduAmbiente: ¿Cómo se podría resolver ese problema?

Riveros: Frente a eso, creo que el siguiente paso en materia regulatoria debe apuntar a generar distintas fuentes de ingreso para quienes usen el vehículo eléctrico, por ejemplo, otorgando algún beneficio a los que carguen en ciertos momentos del día y, eventualmente, recibir un pago por eso. Eso podría favorecer a quienes invierten en un vehículo eléctrico, sobre todo a empresas con flotas. Y lo segundo es avanzar en líneas de financiamiento, donde se puede pensar en distintos mecanismos, como la deducción de impuestos, las garantías para la inversión o incentivos con mecanismos financieros directamente con los bancos.

El problema va a estar si queremos apostar a la masividad del vehículo eléctrico y por eso ponía el primer punto: nosotros pensamos que tenemos que frenar esa masividad hasta que no tengamos una infraestructura de carga. Si no, la gente con más recursos se va a comprar un vehículo eléctrico y va a ser el segundo auto, pero no el vehículo de reemplazo.

InduAmbiente: Jean Paul (Zalaquett), ¿ustedes ven alguna barrera regulatoria para el desarrollo de la infraestructura de carga?

Zalaquett: No hay barreras regulatorias, pero me llama la atención eso de “frenar” la masificación...

Riveros: Más que “frenar” se trata de modular adecuadamente…

Zalaquett: Lo que pasa es que hay varios ejemplos que demuestran que cuando hay proyectos de electromovilidad, se construye y se despliega la infraestructura de carga necesaria. Es el caso de RED, en que se compran buses y se ponen los miles de cargadores necesarios antes de que lleguen; o de las flotas de vehículos de última milla. O sea, cuando hay una

“El mayor desafío es ir logrando un efecto de red, de modo que haya una masa crítica de vehículos y cargadores en cada zona geográfica”.

Jean Paul Zalaquett

Riveros: Disculpa, pero en ese ejemplo no hay cargadores de alta potencia. Con la Agencia de Sostenibilidad Energética hemos visto que en esos casos a veces toma bastante más tiempo, por las conexiones con las distribuidoras eléctricas y otras cosas.

Zalaquett: Lo que toma tiempo posiblemente es conseguir un aumento de capacidad, no instalar un cargador, pero se podría usar la capacidad existente.

En Transantiago, por ejemplo, en general no se atrasan los proyectos por culpa de los cargadores y son todos de alta potencia. La instalación de cargadores no es una restricción para el despliegue de las flotas si se planifica bien, como se ha hecho. El desafío en realidad tiene que ver con el efecto red, que haya masa crítica para ir instalando cargadores. Para las carreteras, posiblemente, nos vamos a demorar en tener masa crítica, entonces ahí tiene que entrar la autoridad y generar alguna política pública para acelerar ese proceso de masa crítica o de instalación, no poniendo los cargadores, ni diciendo dónde ponerlos, sino que generando un incentivo general que permita decidir dónde

colocarlos e ir instalándolos donde se vayan necesitando, en la forma más eficiente posible.

Riveros: Concuerdo con Jean Paul (Zalaquett), pero haría una precisión: el privado no va a ir a todos los lugares donde está la demanda y nosotros tenemos que incentivar en algunos puntos. En el trabajo en torno al plan de infraestructura de carga hemos detectado que tenemos una zona en Chile donde no hay infraestructura y, por lo tanto, no es posible circular en un vehículo eléctrico de norte a sur. Y no se ve un interés comercial de ir a instalar un cargador ahí porque se están concentrando donde hoy existe el parque vehicular, que es en la zona centro de Santiago. Entonces, es necesario instalar esa infraestructura para que se genere un incentivo al uso del vehículo eléctrico.

Zalaquett: En eso estamos totalmente alineados.

Riveros: Y cuando mencioné la palabra “frenar”, más bien me refería a que debemos tener cuidado en no poner los recursos en incentivos equivocados y en que se desplieguen en forma masiva los vehículos eléctricos en momentos donde todavía no tenemos la infraestructura y puede generar problemas.

Zalaquett: Es que nunca vas a tener el riesgo de que haya demasiados vehículos eléctricos.

Riveros: A nivel de baja tensión de distribución, no tengo tan claro que no haya un riesgo.

Rivas: Yo creo que, en el mediano y largo plazo, teóricamente, el mercado debería adecuarse. El problema es puede que en un año se dupliquen o tripliquen las ventas de vehículos eléctricos, y necesitamos un año y medio o dos para poder construir la infraestructura de carga para cubrir esa demanda.

Zalaquett: La innovación tecnológica en el mundo siempre se las ha arreglado.

Rivas: Pero acá hay también otros problemas. En nuestra experiencia, muchas veces la principal barrera para la infraestructura de carga no está en el desarrollador de los cargadores, sino en la conexión a la red.

Zalaquett: Sí, lo hemos sufrido.

Mendoza: Quisiera hacer una pregunta. Se publicó en el Diario Oficial el pliego técnico RIC15 sobre seguridad en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, que era algo que todos estábamos esperando y que tiene exigencias respecto a la disponibilidad de los puntos de carga, para asegurar que los cargadores estén siempre operativos. Jean Paul (Zalaquett), ¿lo ves como una buena noticia?, ¿supone un mayor costo para los operadores de puntos de carga como ustedes?, o ¿va a sacar quizás a empresas que no sean serias?

Zalaquett: Es una buena noticia en el sentido de que todas las redes líderes de infraestructura de carga están cumpliendo cada vez más. Inicialmente podía ser difícil cumplir cuando un cargador nadie lo ocupaba en seis meses y justo llegaba alguien a usarlo y tenía un problema, pero ya no es así: hoy todos los cargadores están conectados online, hay redes de monitoreo. Yo creo que esta normativa tiene una gran virtud: empareja la cancha en términos de seguridad y exige un nivel óptimo a todas las instalaciones. Pocos países del mundo tienen eso.

VEHÍCULOS Y PRECIOS

Mendoza: Quiero aportar otros puntos a la conversación. Tenemos un parque de 5.500.000 vehículos en circulación hoy, en livianos y medianos, que tiene 10 años de antigüedad y es el más joven de América Latina. Si sumamos motocicletas, camiones y buses, se superan los 6 millones.

En ANAC compartimos el concepto de renovación del parque que plantea Mauricio (Riveros) porque es clave para reducir las emisiones. No queremos que pase como en Argentina, Bolivia o Perú en que el ingreso de autos nuevos es muy bajo y es tan caro que la gente extiende la vida del auto usado 10, 15, 20 años, generando más contaminación. Hoy tenemos un auto cada 3,6 habitantes en Chile y nosotros creemos que vamos a seguir creciendo. Si retomamos la senda de crecimiento y de ingreso per cápita vamos a llegar a un auto cada 2 personas, lo que significaría que volveremos a tener ventas de 400.000 vehículos al año. Eso va a ocurrir también con vehículos híbridos, enchufables y eléctricos en los próximos 10 u 11 años.

Por otra parte, yo creo que la Ley y los estándares de eficiencia energética para los vehículos están funcionando: este año, el 50% de los vehículos que hemos lanzado en Chile son con versiones eléctricas y son de todo tipo: autos, camiones, buses, camionetas, SUV. Y con

distintos precios. Yo no creo que la paridad de precios sea esencial; muchos dicen “me voy a comprar el auto eléctrico cuando sea barato” y se ha demostrado que es mentira: en Estados Unidos, el auto eléctrico más barato hoy es el Nissan Leaf, que todavía tiene subsidio en la mayoría de los estados, y lo puedes comprar por 22.000 dólares. Si es así de barato, debiera ser el auto más vendido en Estados Unidos, pero en los últimos cinco años el número uno en ventas ha sido la Ford F-150, a combustión interna, cuyo precio parte en 45.000 dólares.

Esto significa que no sólo es un tema de precios, sino también de la utilidad: hay muchos clientes que no se cambian a vehículos eléctricos porque no están convencidos de que la electromovilidad funciona. Ahí tenemos un desafío. La eficiencia energética nos está incentivando a traer modelos eléctricos y eso está súper bien, pero eso tiene que ir de la mano con una mayor difusión hacia la ciudadanía porque la mayoría no conoce aún los beneficios de la movilidad eléctrica.

InduAmbiente: Los primeros meses de este año cayeron las ventas de vehículos eléctricos en un 62%, ¿a qué lo atribuye?

Mendoza: Vamos a ver si fue por la implementación de la Ley, porque a contar de marzo nos multiplican los vehículos eléctricos por 3. Entonces, es probable que más de algún cliente en enero o febrero haya dicho “mejor véndemelo en marzo porque va a ser más accesible”. A mí no me alarma la baja; obviamente, la idea es que todos los meses haya crecimiento, pero creo que este año la venta de eléctricos va a crecer igual, a pesar de que se prevé un año económicamente malo. Creo que la venta total de vehículos va a estar en el rango de las 300.000 a 320.000 unidades, que son 100.000 menos de lo que se vendía hace dos años, pero en electrificación debiese crecer. Nuestra meta es llegar al 1% a fin de año.

InduAmbiente: Y hay una meta más ambiciosa: llegar al 5% en 2025, ¿será posible?

Mendoza: El crecimiento en electrificación es exponencial, no es lineal. En todas partes ha sido así. Más que el 5% me preocupa el 1%, porque esa es una barrera psicológica para las marcas. Si no superamos el 1% a fines de este año, creo que Chile va a tener un periodo de electrificación más extendido, incluso más allá de 2035, y significaría que vamos a vivir un periodo en que la tecnología

“Para fomentar el uso de camiones pesados eléctricos, por ejemplo, se requiere revisar la capacidad de carga que se puede transportar”.

René Calderón

por excelencia será la de híbridos convencionales, autorecargables. Eso no está mal, igual es eficiente energéticamente, pero hay que dar un salto cualitativo para ser un país electrificado. No van a dejar de existir motores a combustión interna yo creo por los próximos 50 años: esa va a ser la tecnología en África y si Chile no da el salto a la electromovilidad también vamos a tener que traer automóviles a combustión interna, Euro 6c o quizás Euro 7, pero equiparándonos a África. Sería la primera vez que ocurra porque siempre hemos sido un país más cercano a Europa, donde hoy la venta de vehículos eléctricos está en 11% o 12%. Por lo tanto, hoy estamos perdiendo la batalla y no somos la punta de lanza de la electromovilidad en América Latina. Nos supera Colombia; hay más incentivos incluso en Costa Rica, aunque el parque es distinto al nuestro, y también en Uruguay donde la población reconoce más a los vehículos eléctricos gracias a la difusión que han realizado.

Riveros: ¿Por qué dice que Colombia nos está ganando en electromovilidad?

Mendoza: Colombia tiene una trampa normativa: el auto de combustión interna paga un 33% de arancel y para el eléctrico derogaron los aranceles, entonces quedan al mismo precio porque el primero es muy caro. Entonces, ellos están vendiendo muchos más autos eléctricos que en Chile.

Riveros: Hago la pregunta porque estuve trabajando para el gobierno colombiano con la meta de la electromovilidad que ellos tienen y estaban bien atrasados. Es más, he ido muchas veces a Bogotá, la última a fines del año pasado, y la electromovilidad se ve mucho menos presente que en Santiago, donde

se puede tomar un taxi eléctrico en cualquier parte de la ciudad y el 30% de los buses son eléctricos.

Nosotros queremos impulsar que la electromovilidad llegue a todo el país y a todo el mundo. Y creo que, si ponemos el foco de la política pública en, por ejemplo, subsidiar el precio del vehículo eléctrico, pero no tenemos la infraestructura de carga extendida a todas partes, ese vehículo se va a concentrar en cierta parte geográfica del país.

RED ELÉCTRICA

InduAmbiente: Mauricio (Riveros), ¿el aumento explosivo de la venta de vehículos eléctricos podría estresar la red eléctrica?

Riveros: El mundo de la distribución eléctrica constantemente ha estado planteando eso y una herramienta relevante para enfrentar ese posible problema es la flexibilidad. La electromovilidad y los cargadores en particular están dentro de lo que se llama recursos energéticos distribuidos. En Chile, si queremos avanzar con fuerza hacia la carbono neutralidad es fundamental que esos recursos puedan masificarse en distintas partes del país y hoy no tenemos esa situación. Por eso iniciamos un trabajo donde vamos a revisar los reglamentos relacionados con la generación distribuida, pero además desde una perspectiva más holística queremos ver cómo estos recursos energéticos distribuidos pueden interactuar con el sistema eléctrico y facilitar un desarrollo mucho más armónico de las redes. A eso me refiero con la flexibilidad.

Otro punto es que en el mundo de la distribución hay distintas realidades. En algunos casos se facilita la conexión de estos recursos, como en los paneles solares tipo Net Billing y los cargadores de vehículos eléctricos; y hay otros donde se retrasa un montón. Estamos viendo cómo podemos nivelar la cancha en el acceso a la información para quienes hacen las inversiones y también sobre cuál es la realidad actual de la red, pero tarde o temprano tendremos que revisar cómo funciona el mundo de la distribución en sí, para viabilizar una penetración masiva de la electromovilidad.

Rivas: Quiero hacer algunas acotaciones respecto de lo dicho. Con respecto a la mayor visibilidad de la electromovilidad en Chile, creo que tiene que ver con que nos hemos focalizado en las flotas de alto recorrido, por

“La renovación del parque vehicular es clave para bajar las emisiones de CO 2”.

Diego Mendoza

lo tanto, aunque sean menos vehículos se ven todo el tiempo.

Mendoza: Además, tiene que ver con dónde se cargan esos mismos vehículos porque el que lo ocupa a veces vive en la periferia y por eso hay instalaciones de carga también en esas zonas. Durante el día se mueven y cargan en sectores céntricos de la ciudad, pero en la noche lo hacen afuera.

Rivas: Tal cual. Nosotros tenemos unos mapas de calor bien interesantes del primer programa “Mi taxi eléctrico”, donde se veía una discrepancia total entre los lugares donde estaba la infraestructura de carga y donde vivían los taxistas, pero también hemos visto que el mercado se ha ido desarrollando y ha llegado a poner cargadores en San Bernardo, Pudahuel, Puente Alto, etc.

Lo segundo que quiero destacar es que la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad entrega la posibilidad de que los vehículos eléctricos inyecten energía a la red, lo que parece un poco futurista todavía en Chile y en el mundo, pero nosotros estamos haciendo un pre-estudio para el Ministerio y la conclusión es que la flexibilidad de los vehículos eléctricos es costo-efectiva para el sistema eléctrico. Es decir, el sistema eléctrico puede ser más barato gracias a la electromovilidad si es que

se explota la carga inteligente y también la tecnología del V2G. Por eso es importante el reglamento sobre este tema.

En materia normativa, también creo que hay que estar atentos a la Ley REP, que en noviembre empezó a discutir el tema de las baterías de litio. Hay que ponerle mucho ojo a eso porque una vez que las baterías pierdan su vida útil en los vehículos, a lo mejor vamos a tener la capacidad de darle una segunda vida y solucionar en parte problemas como el vertimiento de energía renovable en el norte.

Zalaquett: A mi juicio, cuando se piensa en vehículos eléctricos tenemos que pensar también en infraestructura de carga y en la red eléctrica. Son temas que están interrelacionados. Y yo creo que los autos eléctricos son una oportunidad porque pueden consumir cuando hay exceso o no falta energía, o dejar de consumir cuando falta. Por ejemplo, nuestros clientes de flotas ya no cargan a la hora punta, porque el precio de la energía es más caro. Esas señales se ven reflejadas en un mejor uso de la red. Por eso, soy optimista de que en la medida que las tres cosas vayan avanzando juntas, vamos a lograr masificar la electromovilidad al 100% como se pretende de aquí al 2035.

InduAmbiente: Más allá del comportamiento de los usuarios, en la AgenciaSE están trabajando en algunas opciones para reducir el impacto que podría tener el aumento de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico, como son los sistemas de gestión de carga, ¿en qué consiste esto y qué otras alternativas hay para afrontar ese desafío?

Rivas: Todo esto depende de los incentivos que generan las tarifas, como lo mencionó Jean Paul (Zalaquett). En el caso de los clientes residenciales tenemos la tarifa general BT1 que es plana y ahí hay una gran oportunidad para darle incentivos a los usuarios para que consuman la electricidad cuando no hay congestión en las redes de distribución o de transmisión, generando un beneficio en todo sentido. Existen las tecnologías para eso: muchos de los cargadores que instalamos en el programa “Mi taxi eléctrico” u otros, vienen con la capacidad de ser configurados a niveles de tarifa, incluso tienen la posibilidad de trabajar con tarifas dinámicas para que se pueda cargar en los momentos en que el precio de consumo eléctrico es menor.

Zalaquett: Todos los cargadores de Enel tienen esa característica…

Rivas: Así es, pero para que eso ocurra, falta que las distribuidoras ofrezcan esas tarifas a los clientes o que la CNE cree tarifas especialmente de esta manera.

Mendoza: A propósito de eso, existía otro proyecto que era el de los medidores inteligentes que para el mundo de los autos eléctricos es necesario, ¿en qué está eso?

Riveros: En su momento, fue un gran error de política pública la forma en que se planteó este tema porque la gente se quedó con la idea de que iba a tener que pagar por el cambio del medidor y no quedaba claro cuáles eran los beneficios.

Nosotros queremos retomar la discusión del medidor inteligente porque es un activo necesario para la interacción de los cargadores de vehículos eléctricos con la red, pero primero hay que generar los mecanismos de mercado para impulsarlo.

Reino Unido hace años tiene una política de despliegue de medidores inteligentes, pero todavía no llega ni al 70% de la población y eso que tienen incentivos. Allá muchos usuarios, principalmente los industriales, comerciales, pymes y también algunos residenciales, están instalándolos porque les permite, a través de almacenamiento, de recarga u otros mecanismos, acceder a tarifas horarias más convenientes o vender servicios a la red y eso les genera una remuneración.

AUTONOMÍA

InduAmbiente: ¿Qué espacios de mejora tecnológica quedan para igualar la autonomía de un vehículo eléctrico a la de uno de combustión interna?

Rivas: La principal diferencia entre ambos vehículos es la batería, que es lo que le imprime el mayor costo. Y el precio de las baterías por kilo, por decirlo así, va bajando, pero además la densidad energética, es decir, cuánta energía puedo tener por kilo, va aumentando. También hay distintas tecnologías de baterías: por ejemplo, Tesla está ocupando mucho la tecnología LFP (fosfato de hierro y litio) que, si bien tienen un poquito menos de densidad energética, disipan muy bien el calor y no se calientan tanto. Eso implica que necesita meter menos metal y

cobre en las baterías, por lo que baja el peso de las baterías y también reduce el riesgo de que se recalienten y se incendien, como ocurre con las de litio. Yo creo que ahí hay un camino que va a ayudar harto a bajar el precio de los vehículos eléctricos y aumentar su autonomía.

Calderón: Quiero acotar algo respecto a la infraestructura de carga que, en nuestro caso, es fundamental, porque los camiones pesados tienen generalmente una autonomía de entre 300 a 350 kilómetros. La larga distancia en camiones pesados eléctricos es factible, porque nuestro país es largo, entonces no tenemos la problemática de colocar tantos cargadores en distintos sitios porque todos los camiones pasan por la misma parte. Nosotros hemos hecho varias simulaciones y, por ejemplo, para llegar a Chillán se requiere un solo cargador intermedio. Y ahí tienes el 80% o 90% de la larga distancia nacional.

Creo que no se considera relevante todavía el cambio a la electromovilidad en los camiones pesados, porque no hay nada que se esté conversando al respecto. Yo hablé de la normativa de la capacidad de carga por eje, pero también hace falta infraestructura de carga.

Riveros: En ese punto, creo que nos falta una estrategia de descarbonización del transporte en la que definamos cuánto apostamos a las dos opciones que tenemos: electromovilidad o combustibles bajos en emisiones, dícese hidrógeno verde y sus derivados.

En mi opinión, por la necesidad de almacenamiento de energía y el peso del vehículo, a medida que los vehículos son más pesados –como los camiones grandes, barcos, aviones– la electromovilidad no tiene tanto sentido. En el caso de los vehículos medianos y livianos, en cambio, creo que debiéramos optar por la electricidad porque se pueden conectar directamente a la red para recargar las baterías, mientras que para usar hidrógeno verde primero hay que producirlo y para eso se necesita energía renovable. O sea, este último es un proceso mucho más ineficiente.

Recién estamos iniciando la discusión en torno a esta estrategia de descarbonización. Por un lado, tenemos el desafío de electromovilidad, donde las flotas de vehículos grandes, como los mineros, están empezando a impulsar el uso de electricidad en

camiones grandes. Y, por otro, tenemos la estrategia y el plan de acción del hidrógeno verde, pero tenemos que empezar a definir cuál es el camino que vamos a seguir con el transporte pesado para llegar a la carbono neutralidad en 2050. Ese es otro desafío.

Calderón: Volvo tiene una visión global con respecto a eso. Efectivamente, los camiones diésel se van a seguir manteniendo durante varias décadas más. También el camión a gas va a participar, al igual que el camión eléctrico en base batería, incluso en larga distancia, aunque con harta más influencia en media distancia y en distribución.

En faenas mucho más exigentes, como las mineras o forestales, como también en larga distancia internacional, el hidrógeno verde aparece como una opción interesante, pero para eso faltan muchos años de desarrollo todavía.

Mientras tanto ya está la tecnología eléctrica de larga distancia nacional para camiones pesados disponibles en nuestro país. Volvo ya ha comercializado algunos y yo creo que vamos a lograr hitos importantes este año. Todos los esfuerzos se están haciendo a nivel privado, pero si queremos realmente masificar esto necesitamos también el apoyo y el fomento del Estado.

InduAmbiente: ¿Incentivos tributarios, por ejemplo?

Calderón: Incentivos como los que planteaba Jean Paul (Zalaquett), por ejemplo, para que se instalen cargadores y eso no sea un problema que se sume a la alta inversión que implica el camión.

InduAmbiente: ¿Cuánto más es esa inversión?

Calderón: En un camión eléctrico es 3 veces un camión diésel. Y los transportistas están pensando hacerlo igual porque los mandantes están demandando camiones de bajas emisiones ya que ellos necesitan bajar la huella de carbono en el sistema de transporte de sus productos para que sus exportaciones sean más “verdes”

Mendoza: Hay otro punto importante relacionado con la disminución de la huella de carbono que menciona René (Calderón): el ingreso indiscriminado de vehículos usados antiguos. Eso está prohibido por ley des -

de fines de la década de los 80, a excepción de algunos para fines muy específicos. Pese a ello, los ingresos se habían mantenido en unos 28 mil al año, pero el 2021 creció a 68 mil por falta de fiscalización.

Es necesario que las autoridades controlen esto, de manera que el ingreso de vehículos usados sea igual a cero, porque ese es un parque que contamina mucho más, que es inseguro y que atenta contra cualquier estrategia de descarbonización que queramos hacer.

CREAR CAPACIDADES

InduAmbiente: Otro tema relevante para acelerar la electromovilidad es que existan las capacidades humanas para, por ejemplo, el mantenimiento de estos vehículos, ¿cómo ha avanzado ese tema?

Calderón: Nosotros reconocemos que, tanto los transportistas de camiones pesados como los mandantes de carga, no tienen el conocimiento, ni las herramientas, ni los materiales necesarios para hacer mantenciones de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, para eliminar esa incertidumbre y ese riesgo cada vez que comercializamos un camión eléctrico va con un contrato de mantenimiento full por parte nuestra, de manera que el cliente se sienta seguro de que al menos la mantención preventiva y correctiva está realizada por la marca que fabricó el camión.

InduAmbiente: ¿Para el desarrollo e instalación de la infraestructura de carga se necesita personal especializado?, ¿Hay suficiente?

Zalaquett: En eso la normativa pone una vara alta, necesaria y muy homogénea en la calidad de la instalación que entrega una pauta. Eso ha sido positivo, pero siempre es necesario contar con electricistas calificados en todo Chile, que tengan experiencia en electromovilidad lo cual se hace en forma paulatina. Definitivamente, ese es un desafío, pero hoy existe el marco de formación y normativo para ir superándolo.

InduAmbiente: Ignacio (Rivas), en la Agencia realizan capacitaciones en electromovilidad, ¿existe mucha carencia en el país en este tema?

Rivas: Evidentemente faltan capacida -

des, sobre todo en regiones. Frente a esto, con el financiamiento del Ministerio de Energía y del GEF de las Naciones Unidas, estamos haciendo varias capacitaciones en regiones, en relación con dos perfiles ocupacionales de Chile Valora: uno para la mantención de vehículos eléctricos y otro para infraestructura de carga. Hasta ahora estas capacitaciones han sido bastante bien evaluadas y, muchas veces, los operadores de carga nos piden el listado de alumnos para después contratarlos.

Este trabajo lo hacemos en regiones, en conjunto con universidades que dictan estos cursos a instaladores electricistas.

PROYECCIONES

InduAmbiente: Para terminar, les queremos pedir una reflexión final en relación a lo que hemos conversado y sus proyecciones para lo que viene.

Mendoza: No cabe duda que, por lo que se ha dicho aquí, la intención es que esto avance. Hay muchos desafíos, pero no hay que desalentarse. Faltan cambios normativos por hacer, pero va a estar el aporte privado y público para eso. Creo que este será un año bisagra con la llegada de nueva tecnología eléctrica, muy buena, con autonomías de 400, 500 y hasta 600 kilómetros, que va a permitir enganchar a nuevos usuarios de estos vehículos. La exención de pago para los permisos de circulación eléctricos termina en diciembre, pero ojalá se renueve por un par de años más. Esa sería una señal de que se puede circular en modo eléctrico y ahorrar dinero.

Rivas: Primero, creo que el contexto mundial de la electromovilidad es positivo: los precios siguen bajando, hay más modelos disponibles, y eso es una buena oportunidad para Chile. Además, en el país existe un ecosistema robusto para el desarrollo de este tema: hay conocimiento del tema, si vemos la infraestructura de carga disponible por número de vehículos todavía tenemos un buen indicador, Chile ha sido pionero en varias normativas. Entonces, hay agua en la piscina para lograr un punto de inflexión en el crecimiento de la movilidad eléctrica, que en algún momento se va a dar y tenemos que estar preparados porque será bastante masivo.

Zalaquett: Somos bien críticos cuan -

do decimos que Chile está atrasado en el avance de la movilidad eléctrica porque solo comparamos los vehículos livianos, pero es importante recalcar que nuestro país es líder en electromovilidad: pocos países del mundo tienen flotas de buses, de última milla, taxis y colectivos eléctricos como nosotros. Eso es de clase mundial y de otras partes vienen a ver nuestros avances. Yo creo que la bases están para la masificación. Todo finalmente depende del precio y la oferta, y como nosotros no subsidiamos los vehículos eléctricos hay que esperar un poco más, pero ya está llegando. Así es que, sin duda, al 2035 vamos a tener mucha más flota de la que nunca soñamos.

Calderón: Como reflexión final quisiera decir que no hay que olvidar que el transporte de carga por carreteras vía camiones es una ventaja competitiva de nuestra oferta exportadora. Y los mercados a los que acceden esas exportaciones demandan cada vez más productos con una huella de carbono menor y el transporte de carga pesada eléctrico es clave para responder a esa demanda.

Riveros: Quiero terminar con dos ideas fuerza. Primero, la electromovilidad está avanzando fuerte en Chile. Estamos en un escenario muy positivo y cuestionaría la necesidad de avanzar ahora hacia un subsidio a los vehículos eléctricos livianos habiendo otras prioridades, como ampliar las capacitaciones para masificar en todo el país la fuerza laboral que pueda trabajar en esta área.

La segunda idea es que tenemos que mirar esto como un ecosistema, abordando en paralelo tres puntos que acá mencionamos: la infraestructura de carga, el desarrollo de la red eléctrica y su interacción con los vehículos, y los mecanismos financieros para el pago de esa infraestructura y de los vehículos eléctricos. Abordando eso de forma adecuada desde el sector público, el mercado se va a seguir desarrollando y las señales muestran que vamos por buen camino. En la última COP se presentó la alianza de países por el transporte cero emisiones y Chile es el único país de la región que forma parte de eso porque nos ven como líderes en el desarrollo de la electromovilidad, que es mucho más que solo la cantidad de vehículos eléctricos vendidos; es el conjunto del ecosistema que hemos logrado generar para impulsar la electromovilidad.

ABRIENDO NUEVAS AGUAS

En su balance como presidente del grupo Aguas Nuevas, Takeshi Kurioka destaca avances en la calidad de servicio y en proyectos claves, como la planta desaladora para Arica, así como la posible expansión más allá de Chile.

Fue en abril de 2022 cuando Takeshi Kurioka, economista japonés de Marubeni Corporation, llegó a Chile para asumir la presidencia de Aguas Nuevas, grupo que reúne a las empresas sanitarias que prestan servicios a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Pese a tener más de 25 años de experiencia en la industria sanitaria internacional, el ejecutivo confiesa que, en esos momentos, “estaba bien inquieto. Me preocupaba que aún hubiera impactos negativos derivados de la pandemia del Covid-19, pero, francamente, después de 2 años de trabajo acá, sentí que la recuperación fue bastante fluida y que todo ha ido bien. Creo que la resiliencia de la economía y la sociedad chilena es muy fuerte, y realmente tuve una buena experiencia”

Ese es parte del balance que Kurioka hace tras completar su período al frente del Grupo Aguas Nuevas, en el cual lideró tareas relevantes, como la inversión en obras, para continuar mejorando sus estándares de suministro de agua potable y tratamiento de las aguas servidas, con miras a responder a las necesidades y elevar la calidad vida de los casi 2 millones y medio de personas que atiende. Ejemplos son la puesta en marcha de la planta desalinizadora de agua de mar más eficiente del país –aseguran en la empresa–, la cual abastece a más de 210 mil habitantes de las comunas de Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla; y la ampliación de la planta de agua potable en Punta Arenas.

Un ciclo de crecimiento empresarial en que el economista también encaminó el avance de proyectos emblemáticos, como la futura implementación de una planta desaladora en Arica, como una fuente adicional y confiable de suministro hídrico para la ciudad; y que pretende seguir apoyando desde Marubeni, planteando incluso la posibilidad de expandir los servicios de Aguas Nuevas más allá de nuestras fronteras.

MEJORA CONTINUA

“Antes de mi asignación a Chile, estuve 4 años en Portugal. También, como jefe del equipo de agua dentro de Marubeni, me ocupé de varias operaciones de agua potable y aguas residuales en el mundo. Y un punto del que los chilenos pueden estar orgullosos es su marco institucional y legal: los organismos supervisores como la SISS y el Ministerio de Obras Públicas están bien coordinados, la concesión de los servicios a empresas privadas funciona bien, y cuando hay denuncias o críticas de los consumidores se ejerce un control estricto. Eso no sucede en otros países”, valora Kurioka.

Agrega que, en ese contexto, “las empresas privadas como Aguas Nuevas tienen buenas condiciones para hacer negocios, especialmente en términos de sostenibilidad y crecimiento futuro. De hecho, durante mi gestión completamos la adquisición de la empresa Nueva Atacama, de la cual ya teníamos el 50% del capital desde 2018. Allí, gracias al esfuerzo que hemos hecho desde ese mismo año, el índice de satisfacción de los clientes ha ido en progresivo aumento. Ese es otro punto a resaltar: la relación con la sociedad, las comunidades y las autoridades se mantienen bastante bien, ejemplo de esto es el reconocimiento que entregó Praxis Xperience Index a Nueva Atacama por su mejora sostenida en los últimos años” Comenta que, para seguir mejorando los estándares de los servicios de Aguas Nuevas, se han propuesto “considerar continuamente los cambios de la sociedad y estar preparados para cumplir con las demandas futuras de la gente que cada vez son más altas. Esa es nuestra misión, muy desafiante a veces. Más aún con la escasez de recursos hídricos, especialmente en la zona norte. Además,

como empresa le damos un valor importante a construir una buena relación con las personas a las que prestamos servicio: queremos ser parte de la comunidad y ayudar a mejorar su calidad de vida”

LÍDER EN DESALINIZACIÓN

La construcción de una planta desalinizadora para proveer agua potable a Arica es uno de los principales proyectos en la carpeta de inversiones de Aguas Nuevas. Al respecto, Takeshi Kurioka comenta que el estudio de impacto ambiental está terminado y es probable que pronto se presente a evaluación de las autoridades. “El proyecto está avanzando de manera positiva y eso es bueno para el desarrollo de la desalinización en Chile. Marubeni también está involucrado en el proyecto de desalación de Codelco, en la Región de Antofagasta. Aguas Nuevas apoya ese trabajo y está bien posicionada para liderar el crecimiento de la desalinización en Chile. Ese es también un aporte a la sociedad chilena y al medio ambiente, y está en consonancia con nuestra estrategia”, señala.

Puntualiza que en la planta desalinizadora de Caldera “estamos acumulando experiencia en operación y mantenimiento. Eso también nos permitirá contribuir al desarrollo de nuevos proyectos en esta área. En el norte de Chile, sobre todo en las zonas mineras, el agua desalada será un recurso hídrico muy habitual para distintos usos en el futuro; y nos gustaría ser el operador líder en desalinización en el país”.

EXPANSIÓN DEL MERCADO

Takeshi Kurioka destaca que el sector sanitario en Chile está más avanzado que en otros países de la región. “Esa es una de las razones por las que, como accionista, Marubeni es tan activo en Chile. El entorno empresarial y el marco legal acá son buenos para los inversores extranjeros. Marubeni Corporation está haciendo muchos negocios en todo el mundo y Chile es el segundo país en nuestra cartera de inversión después de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno está incluyendo seriamente el tema ambiental en varios aspectos, y en el área de los negocios se están considerando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, lo cual está en línea con Marubeni Corporation”, plantea.

A su juicio, ¿en qué aspectos debería poner énfasis el país para asegurar el abastecimiento hídrico de la población en un contexto de cambio climático?

“En primer lugar, es necesario que todos se den cuenta de la importancia del agua, especialmente en la zona norte donde hay más escasez.

También, debemos preocuparnos de cómo optimizar su uso; y ahí una de las principales opciones es el reúso del agua, no sólo para uso humano sino también para la agricultura, para regar espacios públicos o para algunas industrias. Probablemente, no sea tan difícil adoptar la tecnología necesaria para eso, pero tenemos que cambiar la estructura de los sistemas de agua y aguas residuales”.

¿Cuál espera que sea su legado para el grupo Aguas Nuevas?

“Hoy, atendemos a unos 2,5 millones de usuarios en Chile, casi el 10% de la población, y nuestro principal propósito es ampliar y fortalecer los servicios sanitarios que prestamos.

También, nos gustaría aprovechar el conocimiento y la experiencia de nuestra gente para expandirnos a otros países. Definitivamente, creo que Aguas Nuevas puede hacerlo y Marubeni está dispuesta a apoyarlo. Cuando regrese a Japón, seguiré involucrado en el negocio del agua y, desde Tokio, me gustaría ayudar para que Aguas Nuevas amplíe su mercado hacia Sudamérica o Latinoamérica y, tal vez, se transforme en un referente para otras empresas sanitarias a nivel global. Aguas Nuevas tiene un futuro muy brillante”.

PIONERO E INNOVADOR

Albemarle lidera la Nueva Era del Litio, buscando nuevas fuentes de agua y nuevas formas de producción con tecnologías de extracción directa.

Hace 40 años se realizó la primera producción de litio en Chile. Eran mediados de los años 80 y se marcaba un hito que casi medio siglo después sería fundamental en el desarrollo de una industria clave para la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

El litio es protagonista de la revolución tecnológica en marcha y Albemarle, en ese tiempo Sociedad Chilena del Litio, ha sido pionero en esta historia.

“Somos una compañía que lidera el mundo en la transformación de recursos esenciales en ingredientes críticos para la movilidad, energía, conectividad y salud. Buscamos los mejores socios para ser pioneros en nuevas formas de mover, alimentar, conectar y proteger pensando en las personas y el planeta. Nuestro compromiso es el de aportar a la construcción de un mundo más resiliente”, resaltan en la empresa.

Asimismo, destacan que, como una de las mayores productoras de litio del mundo, están presentes desde hace más de 40 años en Chile,

siendo un socio estratégico del país en su desarrollo.

El cómo produce litio es tan importante como el cuánto, y es por eso que la compañía se ha comprometido con las mejores prácticas de la industria y de sostenibilidad en diálogo con las comunidades, con respeto al medio ambiente y generando valor social.

MIRANDO AL FUTURO

Albemarle es sinónimo de futuro, “por lo que está dando pasos concretos para avanzar hacia el desarrollo de la Nueva Era del Litio evolucionando en la forma de hacer las cosas, en la búsqueda de nuevas fuentes de agua, en la colaboración con otros para hacer viable el acceso de agua de mar desalinizada a la cuenca del Salar de Atacama, y en la investigación y aplicación de nuevas formas de producción de litio con tecnologías de extracción directa”, detallan en la minera.

En Albemarle trabajan en distintos proyectos para avanzar hacia la producción sustentable de litio.

Agregan que la compañía fue pionera en el desarrollo de la industria del litio en Chile, firmando un acuerdo con Corfo que permite al país obtener importantes ingresos. También destacan su acuerdo de sustentabilidad y beneficio mutuo con el Consejo de Pueblos Atacameños y las

18 comunidades que agrupa, que marca otro hito en una operación que se proyecta al futuro.

En concreto, la productora de litio tiene contrato con el Estado hasta 2043, lo que le permite mirar a largo plazo. De ahí que esté avanzando en la transición hacia tecnologías de extracción directa.

“Tenemos la responsabilidad de demostrar que estas nuevas tecnologías benefician al salar de Atacama. Este proyecto incluye proveernos de agua de mar desalinizada y conectarnos a la red eléctrica nacional para utilizar energía limpia y realizar pruebas de reincorporación”, afirman en la empresa.

GRAN PRESENCIA EN EXPONOR

Como es tradicional, Albemarle estará presente en Exponor 2024, una de las ferias mineras más importantes del mundo que se realiza en Antofagasta cada dos años, esta vez del 3 al 6 de junio. Ahí buscará acercar el mundo del litio a todo el público visitante, mostrando cómo la empresa está liderando la transición hacia la extracción directa de litio, de manera educativa y cercana. Durante el evento ofrecerá una serie de actividades, incluyendo una visita técnica a la Planta de Conversión Química La Negra, a realizarse el miércoles 5 de junio; y un show de acrobacias en una moto eléctrica, a cargo de Jordi Muñoz, campeón latinoamericano de moto trial.

Además, hará posible la exhibición de micromovilidad eléctrica y, a través del uso de gafas de realidad aumentada, mostrará cómo se produce litio en el salar de Atacama. También expondrá maquetas explicativas de la extracción directa de litio, contará con cámaras 360 para sacarse fotografías, y el equipo de Albemarle estará disponible para responder preguntas y explicar todo lo relacionado con la compañia.

LA MINERÍA Y LA BIODIVERSIDAD

¿Qué avances y desafíos enfrentan las empresas mineras en torno al resguardo y conservación del patrimonio natural en las áreas de influencia de sus operaciones?

Las vegas son humedales que se forman por afloramientos de agua subterránea. Una de ellas, las de Tilopozo, se emplazan al sur del Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, e históricamente han sido utilizadas por comunidades indígenas como zona de pastoreo, para extraer agua para uso medicinal, obtener leña, recolectar plantas medicinales y, hoy en día, para actividades recreativas y de turismo.

Se trata de un ecosistema abastecido por el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, que, de acuerdo a una demanda de reparación ambiental presentada en 2022 por el Consejo de Defensa del Estado contra tres sociedades mineras, ha sufrido daños irreparables, afectando seriamente a la biodiversidad que lo rodea. Tanto es así, que se espera que su capacidad de regeneración, además de su flora y fauna, se recuperen no antes del año 2200.

A juicio de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, ese tipo de impactos deja en claro que “la industria minera no tiene un buen comportamiento ambiental. De hecho, existen muchos conflictos socioambientales relacionados con proyectos mineros que han generado consecuencias en el agua y la biodiversidad, además de contaminación. Aunque no existe una cuantificación de casos que han afectado a la diversidad biológica, destacan algunos que han llegado a la opinión pública. Entre ellos, la afectación a los salares de Atacama y Maricunga, donde empresas como SQM, Albemarle y Escondida han sido fiscalizadas y multadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”

La bióloga también pone en la palestra “la insistencia de la minera norteamericana Nutrex SpA por ingresar con fuerza pública al Parque Andino Juncal (región de Valparaíso), donde adquirió concesiones mineras, pero habita una valiosa biodiversidad y existe una gran cantidad de glaciares que cumplen un rol de reserva de agua para la zona. Lamentablemente los titulares de estos proyectos no han mostrado sensibilidad en temas de resguardo de la biodiversidad y el medio ambiente”.

Si bien reconoce que parte de la industria minera ha hecho un esfuerzo por reducir el consumo de agua en sus procesos, plantea que “ahora es el momento en que debe ponerse al día en temas de cambio climático y protección de la biodiversidad, donde sin duda está al debe”

ALGUNOS AVANCES

Considerando información aportada por las mismas compañías mineras, a través de sus

Minera Los Pelambres protege más de 27.440 hectáreas de tierras, incluyendo el Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí en la región de Coquimbo.

reportes de sustentabilidad y otras fuentes de información, a continuación, destacamos algunas iniciativas relevantes que estas empresas han impulsado y están ejecutando para resguardar la diversidad biológica presente en las áreas de influencia de sus operaciones.

Antofagasta Minerals

Actualmente, la compañía, a través de Minera Los Pelambres (MLP), protege más de 27.440 hectáreas de tierras de alto valor de conservación, que incluyen cuatro Santuarios de la Naturaleza: Laguna Conchalí, Quebrada de Llau-Llau, Monte Aranda, y Cerro Santa Inés, todos en la Región de Coquimbo. En la misma zona, MLP desarrolla un programa de vigilancia de las poblaciones de guanacos mediante observación directa, eva-

luando su supervivencia y el uso de bofedales cordilleranos y/o cursos de agua. Además, trabaja en forma conjunta con pescadores de Los Vilos para la repoblación del congrio colorado y de moluscos como locos, erizos, ostiones y choritos.

En 2016, Antofagasta Minerals aprobó su primer Estándar de Biodiversidad, el cual actualizó en 2022. Este documento busca evitar o minimizar los impactos en esta área; restaurar o compensar apropiadamente todo impacto generado, y producir beneficios adicionales en las zonas en que opera.

En 2023, la compañía se enfocó en implementar el renovado estándar, consolidando y apoyando la gestión en el área en las operaciones, proyectos y exploraciones. Fue así como realizó un análisis integral de la cobertura en los territorios, junto con un mapeo espacial para delinear zonas operativas e identificar áreas de alto valor de biodiversidad y sus principales atributos de conservación.

Sobre este punto, el Reporte de Sustentabilidad 2023 de la minera señala que “para salvaguardar este valor vital de la biodiversidad, nuestra empresa está comprometida con cursos de acción específicos, incluyendo actividades continuas de monitoreo, verificación y presentación de informes. A partir de una línea base, estamos analizando todo nuestro quehacer en este ámbito para realizar los ajustes necesarios y avanzar en 2024. También continuamos definiendo nuestro marco conceptual de soluciones basadas en la na-

CMP ha impulsado la instalación de boyas hidroacústicas en la bahía de Chungungo, en la región de Coquimbo, para monitorear y mapear el ruido submarino para salvaguardar la fauna marina, en especial las ballenas.

Anglo American cuenta con un plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza Los Nogales, ubicado en Lo Barnechea, región Metropolitana.

turaleza, además de identificar potenciales planes piloto para implementar en el corto y mediano plazo”

Teck

Se fijó como objetivo convertirse en una empresa positiva para la naturaleza, conservando o rehabilitando al menos tres hectáreas por cada una afectada por sus actividades mineras.

En Chile, en colaboración con la comunidad quechua de Ollagüe, protegerá 5.800 hectáreas de un ecosistema de humedales único y de gran valor cerca de la operación Teck Quebrada Blanca. Esto, en el salar de Alconcha, cerca de la frontera con Bolivia, a 4.123 metros sobre el nivel del mar. La iniciativa es la primera de este tipo en Chile.

CMP

Uno de los mayores aportes de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en materia de gestión de la biodiversidad, ha sido la instalación de boyas hidroacústicas en la bahía de Chungungo, en la región de Coquimbo, en el marco del proyecto para construir el puerto Cruz Grande. Lo que busca es embarcar su producción de hierro de manera sostenible, monitoreando y mapeando el ruido submarino para salvaguardar la fauna marina, en especial las ballenas.

Las boyas, que funcionan con energía solar, permiten recopilar información científica y crear conocimiento en un área poco explorada en nuestro país.

Esta iniciativa cuenta con una sala de in-

mersión acústica de uso educativo para quienes visiten la zona y también de conocimiento científico-tecnológico, que registrará y procesará sonidos en el mar.

BHP Chile

En 2023 lanzó su “Estrategia de biodiversidad y uso del territorio” para responder a los desafíos globales en esta materia y que, según la empresa, entienden como un elemento importante de su crecimiento.

“Nuestra estrategia nos exige mejorar significativamente nuestro desempeño en biodiversidad, incorporándola en la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Además, en algunos de nuestros activos implica tomar acciones concretas para instalar y consolidar trayectorias de restauración de los pasivos ambientales históricos derivados de nuestro actuar pasado. Esto, a través del involucramiento activo de la compañía en conservación de biodiversidad y restauración de ecosistemas”, señalan en la minera.

BHP se comprometió a implementar, en al menos el 30% de la tierra y agua bajo su tutela en Chile, acciones de conservación, restauración o prácticas regenerativas para 2030, como parte de su estrategia de valor social.

Con un enfoque integral, además diseñó un “Estándar de jerarquía de mitigación de impactos sobre la biodiversidad”, que determina cómo actuar al desarrollar proyectos, priorizando, evitando y minimizando los efectos negativos en este ámbito.

— Anglo American Como parte de su Plan Minero Sustentable

se impuso la meta de generar un efecto positivo en la naturaleza al 2030.

En concreto, implementa tres proyectos:

• Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza Los Nogales (Lo Barnechea, Región Metropolitana): En febrero de 2024, la compañía terminó de adquirir la totalidad de este lugar protegido. La iniciativa considera destinar el 63,8% de la superficie a la conservación, un 35,1% a preservación y un 0,3% a uso público. El 0,8% restante se encuentra intervenido para uso industrial. Se busca el adecuado resguardo de vegas, arroyos, quebradas y bosques.

• Plan de Rehabilitación de Bosque en Colina (RM): En el área donde se ubica el tranque de relaves Las Tórtolas la empresa está realizando una plantación de 240 hectáreas de bosque mediterráneo.

• Plan de Reforestación en Nogales (Región de Valparaíso): En el área cercana a la mina El Soldado se efectúan labores de reforestación y se implementan sistemas de riego más eficientes y medidas para el control de incendios forestales.

— Codelco

Las operaciones de Codelco se localizan, mayoritariamente, en zonas de desierto de altura, en plena cordillera o en centros urbanos, “por lo que no tienen mayor impacto en hábitats ricos en biodiversidad”, sostienen en la cuprífera estatal. Además, ninguna de sus faenas se encuentra cerca de algún humedal del Convenio Ramsar. El más cercano es el sistema hidrológico de Soncor, en la región de Antofagasta, a unos 130 kilómetros de la división Codelco Norte. Y tampoco se emplazan en áreas definidas como sensibles o protegidas, según el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Se exceptúa la Roblería del Cobre, de 5.870 hectáreas de extensión, que en 1996 fue declarada reserva nacional. Ésta se ubica aguas arriba de la hacienda Los Cobres de Loncha, de propiedad de división El Teniente, que entregó su administración en comodato a Conaf.

Las divisiones Codelco Norte, Salvador y el proyecto Gaby se sitúan en ecosistemas de extrema aridez, entre los 2.300 y 3000 metros de altitud. Allí, la vegetación y la fauna son escasas y su presencia está asociada a cursos de agua temporales, oasis o zonas con disponibilidad de agua subterránea. A su vez, las divisiones Andina y El Teniente se localizan en plena cordillera de Los Andes, en zonas de baja biodiversidad.

Marie Claude Plumer Superintendenta del Medio Ambiente

Fiscalización de cara a la ciudadanía

La Superintendencia del Medio Ambiente ha redoblado sus esfuerzos en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví en torno a las exigencias establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental vigente en la zona.

Entre las medidas ejecutadas durante el año 2023 se encuentran la implementación de una red de monitoreo prospectivo de BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) a través de equipos Pyxis, los cuales permiten revisar en tiempo real las concentraciones en el aire de estos contaminantes por medio de cromatografía de gases. La presencia de estos gases en altas concentraciones puede afectar a la salud de las personas, por lo que es de vital importancia para esta Superintendencia conocer en tiempo real la dinámica de estos contaminantes en el aire. Lo anterior, con el fin de responder oportunamente frente a potenciales escenarios de emergencia ambiental que puedan ocasionarse debido al alza en las concentraciones de los gases monitoreados.

La puesta en marcha de esta red de monitoreo requirió del esfuerzo mancomunado entre todas las áreas de la SMA con el fin de generar acciones y productos a partir de estos. Por ejemplo, con la información disponible se generan actualmente minutas automatizadas las cuales se publican diariamente en el sitio web de la SMA. Además, a partir de la definición de umbrales de alerta para los contaminantes, se activan distintas medidas de acción según sea la gravedad de la superación. Todo esto requirió del desarrollo de un sistema de validación de datos, con el fin de asegurar la calidad de las mediciones y por consecuencia mejorar la precisión del monitoreo mismo.

Con el fin de transparentar este trabajo a la ciudadanía, y en línea a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chile en el Acuerdo de Escazú, la Superintendencia del Medio Ambiente está trabajando en la publicación de los datos de monitoreo BTEX a través del sitio Aire CQP del Ministerio del Medio Ambiente. La idea es que dichos datos queden a disposición de la ciudadanía, universidades, centros de investigación y de cualquier persona que quiera revisar en detalle el valor de los promedios horarios obtenidos por dicha red de monitoreo y realizar sus propios análisis sobre estos datos, haciéndose así parte activa de esta red de monitoreo.

El trabajo en este ámbito demuestra cómo la tecnología y la información se pueden poner al servicio tanto de las necesidades de nuestra institución como de los territorios.

Todo este trabajo y esfuerzos son una muestra de la relevancia que tiene este tema para el Estado. Transparentar la información a las personas es una responsabilidad que debemos asumir los servicios públicos, con el objetivo de entregar una mejor calidad de vida a quienes habitan nuestro país.

APETITO POR LA EFICIENCIA

Progresivamente la industria de alimentos, incluida la actividad agrícola, ha ido reduciendo su consumo de agua fresca, apostando por el uso eficiente y recirculación del recurso hídrico. En este artículo lo dejamos en evidencia.

Abrir las compuertas de un canal para regar los cultivos, una práctica milenaria que aún utilizan agricultores de nuestro país. De buenas a primeras, podría celebrarse la mantención de esta arraigada costumbre, sin embargo, su eficiencia es menor al 50%, versus el 75% y más que se alcanza con el riego por aspersión o goteo. Según expertos, considerando el escenario de sequía que persiste en gran parte del país, los productores agrícolas deben optar por ese tipo de tecnologías para un mejor uso de tan vital y escaso recurso. Y para eso, por cierto, requieren contar con fuentes de financiamiento estatales.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) revelan que la eficiencia hídrica promedio en la industria del agro está en torno al 50%, e incluso menos en algunas regiones, la que es similar a la media internacional. Esto quiere decir que por cada 10 litros de agua que se aportan a un cultivo, solo 5 litros son aprovechados por la planta en sus procesos de transpiración, en tanto que el resto se pierde en conducción, evaporación y percolación profunda, entre otros procesos.

Claudio Balbontín, experto en recursos hídricos del INIA, plantea que tal indicador se repite hace mucho tiempo “y no logramos aumentarlo de

La empresa Kilimo desarrolla en Chile proyectos de inteligencia artificial para el monitoreo de riego y conversión de riego superficial a goteo.

1 Modificación a la ley Nº 21.075 permitirá reutilizar las aguas grises –provenientes de las duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa– para el regadío de cultivos agrícolas, salvo los de frutas y verduras que crecen a ras de suelo o suelen consumirse crudas.

2030 Año hasta el que se extenderá la prórroga a la Ley Nº 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje. La iniciativa, despachada en 2023 por el Congreso, busca incrementar los apoyos estatales a la pequeña y mediana agricultura, a las comunidades y a organizaciones de regantes.

manera global. Pese a que ha habido muy buenos aportes desde programas de tecnificación de la Comisión Nacional de Riego, en términos globales seguimos con números bajos. Si lográramos llegar a un 60% de eficiencia creo que se aliviaría la presión que existe en este momento sobre los recursos hídricos en el país. Esa debe ser una meta concreta que nos debemos poner”

El también director regional del INIA Intihuasi, con sede en la región de Coquimbo, aboga “por el uso de marcos conceptuales, de una métrica, que permita definir las necesidades de riego de los cultivos y el empleo de nuevas tecnologías para el monitoreo de éstos y del riego. Vemos que la mayoría de los agricultores sigue sin utilizar información y, por lo tanto, no se apoya en una métrica para estimar sus necesidades hídricas. Hoy en día, no solo hay que tener mucha experiencia en el rubro, sino que también hay que medir, porque lo que no se mide no se mejora”

RIEGO, SENSORES Y MÁS

Para reducir la huella hídrica del rubro, el especialista pone como ejemplo una práctica muy antigua: el riego localizado, que mejora la eficiencia frente a un riego por surco o por tendido. “Permite verter el agua en la zona de las raíces sin mojar otros sectores. Esa técnica, el INIA la ha implementado y transferido a un gran número de agricultores, entre ellos todos los productores de frutales en la región de Coquimbo. En cambio, en el riego de cultivos anuales, como las hortalizas, se sigue manteniendo el riego por tendido, por lo que debemos continuar trabajando para que adopten nuevos sistemas”, expone.

El INIA también ha promovido el riego subterráneo, que se está implementando en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. “Este sistema, que evita perdidas por evaporación, ha sido posible gracias a desarrollos tecnológicos que estamos validando”, acota.

El Instituto, además, impulsa el empleo de tecnologías para el monitoreo de humedad en el suelo. Al respecto, Balbontín afirma que “estamos trabajando fuertemente en el uso de sondas para que los agricultores sepan cuánta agua hay disponible en el suelo”

Pone de relieve, asimismo, el trabajo que realizan con herramientas satelitales que permiten evaluar y observar el desarrollo de cualquier cultivo a nivel país. Añade: “Si eso lo multiplicamos por la demanda de agua que hay en el ambiente donde crecen las plantas, vamos a poder tener la tasa de transpiración y la huella hídrica de los cultivos. Por lo tanto, el uso de estas tecnologías para su monitoreo, en el marco de la metodología FAO 56, nos permite estimar el consumo hídrico de los cultivos de manera simple y rápida”

En general, en la entidad estatal sostienen que el empleo de instrumentos de precisión ha demostrado ser clave para mitigar los efectos del cambio climático. De hecho, permiten hacer una gestión más eficiente del uso del agua de riego en la agroindustria, reduciendo hasta en un 36% la aplicación del recurso en los cultivos, según arrojan algunas de sus investigaciones.

Por ejemplo, con el apoyo del INIA y Corfo, un grupo de 25 agricultores del Valle del Aconcagua está transformando su gestión del agua en el campo combinando conocimientos sobre fertirrigación y manejo del insumo a través del análisis de imágenes multiespectrales y uso de sensores avanzados, entre los cuales se incluyen los de capacitancia y conductividad eléctrica.

Las tecnologías de sensores remotos montados en drones han surgido tras unos 10 años de investigación, “pero solo hace algunos años están comenzando a ponerse a disposición de los agricultores”, precisan en el INIA. Otras nuevas herramientas que está utilizando el sector son un micro tensiómetro (modelo Flora pulse), que desempeña la función de medir el potencial hídrico xilemático de las plantas; y el porómetro fluorómetro,

que registra la conductancia estomática, factor relacionado al estrés hídrico. “Es útil en la gestión del riego, ayudando a determinar cuándo y cuánto regar para optimizar el rendimiento de los cultivos. Permite a los agricultores evaluar la eficiencia del uso del agua en las plantas y controlar el balance hídrico”, explican en el organismo.

El Dr. Carlos Zúñiga, experto en agricultura de precisión, comenta que el “uso y manejo de estos dispositivos brindará a los agricultores la capacidad de utilizar el agua y los fertilizantes de manera sustentable y económicamente más eficiente, además de monitorear de cerca la salud del suelo y la absorción de nutrientes por parte de las plantas”

Por su parte, el subdirector nacional de I+D de INIA, Christian Alfaro, resalta que “hoy, nuestras nuevas variedades de arroz, trigo y porotos son más eficaces y más eficientes en el uso de los recursos hídricos y de los nutrientes. Sus rendimientos se han incrementado, mientras la demanda de agua ha disminuido”

PLANTAS DE PROCESO

Además de ocuparla intensivamente en las faenas agrícolas, sobre todo en riego, un segmento importante de la industria de alimentos emplea el agua en sus plantas procesadoras: para la limpieza y desinfección de frutas y verduras; aseo de maquinarias, herramientas e instalaciones; y producción, elaboración y envasado de alimentos, principalmente.

Muchas de estas empresas, conscientes de la necesidad de disminuir su huella hídrica y mejorar sus estándares ambientales en general, han participado, desde hace más de 18 años, en cuatro Acuerdos de Producción Limpia (APL) dirigidos al rubro. Sin ir muy lejos, en marzo pasado la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo certificó a 32 plantas productivas pertenecientes a 18 empresas de la industria de alimentos procesados ubicadas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, que dieron cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el cuarto APL del rubro.

El grupo de compañías certificadas está integrado por Agro Entre Ríos, Agroindustrial Surfrut, Alimentos y Frutos, Ama Time, Comfrut, Empresas Carozzi, Empresas Lourdes, Exportadora Anakena, Exportadora Rancagua, Friort, Frutícola Olmué, Ideal, Patagoniafresh, Procesadora Baika, Procesos Naturales Vilkún, Sugal Chile, Vitafoods y Watt’s.

En materia de uso eficiente del agua, el último APL ha permitido a las empresas de alimentos mejorar el indicador específico en un 15,6%, gracias a inversiones que han superado los $675 millones. “El consumo de agua reutilizada aumentó en un 69%, y se han implementado acciones de responsabilidad empresarial en relación al uso del recurso hídrico, que involucró a agricultores y la comunidad, con una inversión de más de $3 mil millones, ejecutándose un plan de eficiencia hídrica que involucró a 788 proveedores agrícolas”, indica la nota de prensa con los resultados del acuerdo.

En un balance más global, Carlos Descourvieres, gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de Chilealimentos, el principal gremio del sector, subraya los exitosos resultados alcanzados por las empresas asociadas que han participado desde 2005 en los distintos APL reservados a esta industria. “Esto queda demostrado con el indicador de intensidad del uso de agua que gradualmente ha pasado de 57 m3/tonelada producida a 16 m3/tonelada producida, y con un creciente aumento de agua reutilizada equivalente al 44% del total del recurso ocupado. Acabamos de finalizar la cuarta versión del APL y nos encaminamos a abordar una quinta con nuevos desafíos”, detalla.

ACCIONES CONCRETAS

El ejecutivo destaca las siguientes acciones concretas, impulsadas

localizado.

por las empresas agrupadas en Chilealimentos, para reducir su huella del agua:

• Medir y registrar los consumos de agua, sincerando su empleo.

• Aplicar medidas al interior de los procesos como limpieza en seco y utilización de sistemas de alta presión y bajo caudal en las labores de aseo.

• Establecer procedimientos para la asignación y manejo de equipos y herramientas al personal, incluyendo gatillos de corte rápido, mangueras y otras.

• Elaborar protocolos de mantención para detectar tempranamente filtraciones en ductos y equipos.

• Análisis crítico de los circuitos de agua para relevar los puntos factibles de recirculación o reutilización de agua.

• Intercambiar información sobre mejoras y de las mejores prácticas en la materia entre pares.

• Conformar un equipo integrado por jefaturas, operadores de plantas de riles, operadores de aseo y limpieza, y mantenedores, cuya responsabilidad es plantear e implementar mejoras en el uso del agua y monitorear sus resultados.

Sobre la medición de la huella del agua, Descourvieres precisa que “deben realizarla profesionales con los conocimientos necesarios para implementar el proceso bajo la norma ISO 14.046”

Añade que el énfasis o prioridad en este ámbito debe seguir puesto en un trabajo conjunto entre el sector público, empresas y agricultores, “con el fin de que estos últimos implementen y aumenten sus medidas de gestión hídrica, considerando que del total de consumo de agua en la cadena de valor de la industria de alimentos el 97% corresponde a la agricultura”.

El ejecutivo asegura que Chilealimentos, en particular, seguirá ejerciendo su rol de ente articulador en los APL, promoviendo planes de gestión hídrica y mediciones de la huella de agua, realizando talleres de capacitación y cursos para ampliar el conocimiento sobre la gestión del agua, y fortaleciendo los nexos con la Comisión Nacional de Riego.

Para reducir la huella hídrica del rubro, Claudio Balbontín pone como ejemplo una práctica muy antigua: el riego

OLORES Y RUIDO

Medir y reducir las emisiones de ruido y olores son desafíos ambientales que se están abordando de manera creciente en nuestro país empujados por nuevas regulaciones y la mayor conciencia ambiental de las empresas. Las siguientes páginas así lo reflejan.

Conozca los cambios aprobados a la norma de emisión de ruido que buscan mejorar su control en fuentes fijas como actividades industriales, de construcción y esparcimiento.

Foto Superintendencia del Medio

Dar mayor certeza técnica y jurídica, avanzar en acciones preventivas y fortalecer la fiscalización. Esos son los principales objetivos de las modificaciones a la norma de emisión de ruido para fuentes fijas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el pasado 13 de marzo, y que aún deben pasar por la Contraloría para su posterior publicación.

Los cambios son fruto de la revisión del Decreto Supremo Nº 38, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el año 2011, y buscan optimizar el control de la contaminación acústica provocada por actividades industriales, comerciales y de esparcimiento, entre las que figuran las faenas de construcción, las instalaciones productivas, los centros comerciales, las discotecas y los elementos de infraestructura. Un tema no menor, considerando que alrededor de un 50% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) corresponden a emisiones de fuentes reguladas por esta norma.

Entre los ajustes regulatorios destacan mejoras en la zonificación para clarificar el límite a cumplir por las fuentes fijas y modificaciones para determinar de manera más precisa el umbral de ruido en áreas rurales. Además, se perfeccionan los métodos para determinar el nivel de emisión de este contaminante según normativas internacionales y se incorporan buenas prácticas para controlarlo, impulsando la autogestión preventiva para las fuentes de ruido más denunciadas. También se suma la posibilidad de apoyar la fiscalización de las fuentes fijas mediante ordenanzas municipales.

ANTECEDENTES GENERALES

La regulación del ruido emitido por las fuentes fijas tiene su origen en el Decreto Supremo (DS) Nº 286 dictado en 1984 por el Ministerio de Salud. De ahí en más se han hecho revisiones periódicas que dieron pie a nuevos decretos: el DS 146/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que corresponde a la primera norma ambiental de Chile, y el mencionado DS 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy vigente. Desde el MMA indican que esta norma regula unas 150.000 fuentes fijas en todo el país y es ampliamente utilizada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que aplica al 99% de los proyectos.

En términos generales, esta regulación establece límites de ruido diferenciados por período (diurno o nocturno) y tipos de zonas (urbanarural, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial respectivo). Y su cumplimiento

se verifica donde se encuentra el receptor. Como ya se mencionó, la nueva actualización de la norma apunta fundamentalmente a aumentar la certeza técnica y jurídica para los sujetos regulados y las comunidades, aclarando algunos aspectos e introduciendo mejoras en los métodos de medición. En ese marco, a continuación, se detallan las principales modificaciones.

DETERMINACIÓN DE ZONAS

De acuerdo a lo indicado por la autoridad ambiental, con el DS 38 “algunas veces no es simple hacer la homologación entre las zonas de la norma y las definidas en los IPT” (instrumentos de planificación territorial), ya que se usa terminología antigua y existen ciertas contradicciones y vacíos.

Para resolver ese problema, ahora se explicitan todas las combinaciones de usos de suelo para cada zona de la norma (I, II, III y IV) y se introducen consideraciones que ayudan a determinar el área en que se encuentra el receptor.

En particular, se corrige la definición de la zona IV, ya que no ha sido adecuada para reconocer sectores industriales o equivalentes establecidos en los IPT. Con esto, algunas áreas actualmente catalogadas como III y que corresponden a zonas industriales, por sus características urbanas y usos de suelos permitidos, podrían pasar a ser zona IV. Esto implicará que los límites de emisión de ruido serán menos estrictos, pero sólo para los receptores que se emplacen en zonas industriales, y en ningún caso para los que se ubiquen en sectores urbanos con uso residencial.

Desde el MMA sostienen que estos cambios permitirán interpretar mejor los usos de suelos establecidos en los instrumentos de planificación territorial, con lo cual se determinará con mayor certeza el límite de ruido que deben cumplir las fuentes fijas en los receptores localizados en zonas urbanas.

LÍMITES RURALES

La nueva norma también incluye mejoras para determinar el límite de ruido que deben cumplir las fuentes reguladas en zonas rurales. Considerando que en estas áreas el ruido de fondo (RF) es variable y que los errores en su medición implican una incorrecta definición del límite, la actualización regulatoria:

• Aumenta el tiempo de medición del ruido de fondo, elevando el lapso mínimo de 10 a 15 minutos.

• Establece un nuevo método para definir el límite de ruido, indicando que, para un rango establecido de RF corresponderá un úni-

co límite de ruido, tanto en periodo diurno como nocturno. Estos valores se detallan en las tablas adjuntas.

Límites ruido diurno en zonas rurales

RF Diurno (7:00 a 21:00) Límite (dBA)

Límites ruido nocturno en zonas rurales

RF Nocturno (21:00 a 7:00) Límite ruido (dBA)

10.371 USD/año sería el beneficio cuantitativo de la nueva norma, según el análisis general de impacto económico y social (AGIES). A eso se suman beneficios cualitativos como la mayor certeza jurídica y una mejora en la salud y calidad de vida de las personas.

Algunos cambios buscan mejorar la medición del ruido en parques eólicos.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente destacan que con estas modificaciones los posibles límites de ruido se reducen de 30 a 6 en período diurno, y de 15 a 3 en período nocturno.

NIVEL DE EMISIÓN

Otra mejora aprobada por el Consejo de Ministros dice relación con un nuevo método para determinar con más certeza el nivel de emisión de ruido de las fuentes fijas, basado en normativas internacionales.

En ese contexto, se proponen nuevos descriptores acústicos, más representativos, junto a un mayor tiempo de medición, lo que permitirá una mejor representación temporal y ayudará a replicar la condición de mayor emisión de ruido con más facilidad. Con ello, se busca dis-

465.123 USD/año sería

el costo de aplicar los cambios planteados, según el AGIES. Esto se asocia al aumento en los tiempos de medición de ruido y a la inversión en medidas de mitigación, principalmente.

minuir la variabilidad de niveles que se pueden registrar, incluso, en momentos equivalentes de funcionamiento de una fuente de ruido. De este modo, para fuentes fijas generales se considera:

• Caracterizar la emisión de ruido mediante el descriptor Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq).

• Aumentar el tiempo de medición de 3 a 15 minutos en ambientes exteriores.

• Incrementar el tiempo de medición 9 a 15 minutos en ambientes interiores.

• Hacer una corrección del Ruido Impulsivo (aquel cuya intensidad aumenta bruscamente y alcanza un nivel sonoro muy alto) sólo para el periodo nocturno.

Además, para la operación de parques eólicos dispone:

• Caracterizar la emisión de ruido mediante el descriptor Percentil Acústico L90.

• Realizar mediciones continuas de niveles de ruido y velocidad de viento por 14 días.

• Hacer un análisis estadístico de regresión entre datos de velocidad de viento y niveles de ruido.

PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Otras mejoras relevantes al DS 38 apuntan

a avanzar en el control preventivo de dos de las fuentes de ruido más denunciadas ante la SMA: las faenas de construcción y las actividades de esparcimiento nocturno como pub y discotecas.

Para estas actividades se plantea la presentación voluntaria de un plan de condiciones de operación, donde se establezcan medidas de gestión, control y mitigación.

Por otra parte, la nueva norma de ruido fortalecerá la fiscalización, abriendo la opción a que los municipios controlen las fuentes fijas de ruido de menor magnitud, como las actividades comerciales, de esparcimiento y de servicio.

En ese marco, se establecerán convenios entre el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y los municipios para elaborar o actualizar ordenanzas y generar capacidades técnicas para fiscalizar.

Todas las modificaciones descritas aún deben pasar por la Contraloría para su toma de razón. Tras eso, el nuevo decreto que actualizará el DS 38 se publicará en el Diario Oficial. A partir de esa fecha, la autoridad contará con 6 meses para definir los nuevos protocolos de medición de ruido requeridos por la norma. Una vez que éstos se publiquen, habrá un año para aplicarlos a los proyectos en los procesos de evaluación ambiental (SEIA) y dos años para que la norma entre completamente en vigencia.

La actualización de la norma incluye modificaciones para determinar de modo más preciso el umbral de ruido en áreas rurales.

Foto

REMEDIACIÓN EN ARMONÍA

Mitigar ruidos y olores en faenas de remediación ambiental de sectores urbanos es clave para proteger a trabajadores y vecinos. ¿Cuándo y cómo hacerlo?

No cabe duda que la remediación de sitios contaminados trae numerosos beneficios para el medio ambiente y las personas. Sin embargo, si esta tarea no se hace de manera cuidadosa puede también generar molestias y externalidades negativas para quienes realizan estas labores o están cerca de los lugares que se busca limpiar y recuperar. Así puede ocurrir con faenas ejecutadas en sectores urbanos que no controlan adecuadamente los ruidos que producen sus actividades o que

no manejan de manera apropiada compuestos que liberan olores al ambiente.

A continuación, presentamos algunos aspectos a tener en cuenta para prevenir estos inconvenientes, así como alternativas para minimizar los impactos acústicos y odorantes en los procesos de remediación.

¿CUÁNDO MITIGAR?

Para abordar esta problemática, lo primero

es tener claro en qué casos es necesario aplicar medidas para mitigar posibles olores y ruidos. Maurice Menadier, Gerente de Servicios Ambientales de Séché Group Chile, compañía con amplia experiencia en la remediación de sitios contaminados, entrega orientaciones al respecto: “Los sitios sujetos a remediación ambiental pueden estar contaminados con compuestos orgánicos volátiles (COVs), que incluyen plaguicidas, surfactantes y derivados del petróleo. Estos COVs, que tienen un bajo punto de volatilización, pueden

liberar olores al ambiente. Los COVs comúnmente encontrados en estos sitios incluyen los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), que son predominantes en suelos contaminados con derrames de petróleo y sus derivados. Además, los compuestos orgánicos alifáticos clorados como el cloruro de vinilo, cloroformo, tricloroetano y percloroetano son químicos difíciles de degradar y altamente volátiles. Estos pueden causar efectos tóxicos e incluso carcinogénicos cuando se inhalan o ingieren”. Luego señala que las actividades de remediación que implican excavaciones pueden exponer estos COVs al ambiente, causando problemas de olores si no se manejan correctamente.

Asimismo, el especialista indica que los trabajos de excavación pueden generar ruido debido al funcionamiento de maquinaria pesada y al flujo constante de camiones para retirar los suelos contaminados. “Este ruido puede ser molesto y significativo, especialmente en intervenciones de gran magnitud”, acota.

REQUISITOS Y EFICACIA

Frente a escenarios como los descritos, ¿cómo se determinan las acciones de mitigación a implementar y qué requisitos se deben cumplir?

Maurice Menadier responde: “Se pueden

Maurice

Menadier señala diversas estrategias para mitigar las emisiones.

implementar distintas medidas para minimizar la generación de olores dependiendo de la técnica de remediación que se utilice. No obstante, la técnica de remediación se definirá luego de analizar varios factores, tales como: el tipo de compuesto químico que se busca remediar, el nivel y profundidad de la contaminación, la composición del suelo a remediar en el sitio, la presencia de agua subterránea, entre otros”

Añade que “en Chile no contamos con normas de olores asociadas específicamente a actividades de este tipo, por lo que los impactos que se pueden producir en la materia se estiman a partir de modelaciones matemáticas tomando como límites referencias de normas extranjeras”

En relación al control del ruido, el experto de Séché Group recuerda que “todas las actividades realizadas deben buscar cumplir con el Decreto Supremo 38 del año 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece las normas de emisión de ruidos según la fuente emisora. De igual manera, los análisis de ruido que se generarán por las maquinarias involucradas pueden ser modelados desde las etapas de ingeniería del proyecto de remediación”

Enseguida comenta que, para garantizar la efectividad de las medidas implementadas en las fases de ingeniería, se pueden instalar sensores durante la ejecución de las faenas de remediación. “Estos sensores permiten la detección directa de la concentración de compuestos orgánicos volátiles y otros gases, como el ácido sulfhídrico (H2S), que son los causantes de las molestias olfativas en el entorno. Sin embargo, dado que la percepción del olor es subjetiva y varía de persona a persona, también se pueden emplear paneles olfatométricos, que corresponden a un grupo de personas entrenadas que inhalan el olor diluido a través de un olfatómetro para determinar su concentración en el aire”, explica Menadier. Agrega que, para verificar la eficacia de las

Cubrir las zonas a remediar con carpas de gran tamaño permite minimizar olores y ruidos.

acciones aplicadas para mitigar ruido, en tanto, se pueden realizar mediciones directas con sonómetros.

EJEMPLOS DE MEDIDAS

El ejecutivo de Séché Group Chile advierte que “es crucial implementar medidas de control de olores y ruidos, dado que aproximadamente el 50% de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Medio Ambiente en 2023 correspondieron a estos factores”

Luego, describe algunos ejemplos de medidas concretas que se pueden adoptar para controlar estos contaminantes.

“Existen varias estrategias para minimizar la emisión de olores. Una de ellas es el uso de carpas de gran tamaño que cubren la zona de excavación. Estas carpas cuentan con un sistema de renovación de aire que inyecta aire fresco al área de trabajo mientras captura los olores emanados de la excavación. Posteriormente, estos olores son tratados mediante filtros o sistemas de lavado de gases, entre otras alternativas. Es importante también considerar las unidades de tratamiento de las aguas subterráneas que se deben tratar, ya que pueden emitir compuestos orgánicos volátiles al ser extraídas del subsuelo”, expone. Añade que este sistema de carpa también permite minimizar la propagación del ruido de la excavación, pese a lo cual puede ser necesario implementar barreras acústicas adicionales en el perímetro del sitio para reducir el ruido generado por el movimiento de camiones y equipos en operación.

Maurice Menadier también comenta que existen métodos de tratamiento de suelos y aguas subterráneas contaminadas que podrían evitar la necesidad de realizar excavaciones de gran magnitud, lo que reduciría significativamente los impactos relacionados con olores y ruidos. “Entre estas alternativas se encuentran el sistema de ‘pump and treat’, que bombea el agua subterránea contaminada hasta la superficie a través de un pozo profundo. En una unidad de tratamiento, se eliminan los contaminantes y el agua tratada se devuelve a la capa freática, creando un ciclo. Otra opción es el método de ‘sparging and venting’, que es similar al anterior, pero implica insuflar aire en la capa freática. Esto genera un arrastre de los COVs hacia la superficie, donde los gases son capturados por otro pozo bajo vacío. Los gases capturados son tratados en una unidad antes de ser emitidos al ambiente. Estas técnicas pueden ser utilizadas cuando el nivel de contaminación en el suelo no es muy alto o cuando se dispone de tiempo suficiente para llevar a cabo la remediación”, concluye.

CON AROMA A VINO

Una revisión de las fuentes generadoras de olor en la industria vitivinícola y de las principales tecnologías que se emplean para su control.

Ecolife utiliza la atomización de neutralizante de olores en plantas de riles con muy buenos resultados.

Si usted disfruta al máximo beber de vez en cuando una o más copas de vino, entonces debe saber lo que es el buqué o bouquet. El término hace referencia a los aromas que adquiere el vino durante su proceso de envejecimiento. Para que una persona pueda percibirlos, el mosto se debe servir en una copa, la cual se agita

y se deja reposar unos instantes. Enseguida, al acercar la nariz, podrá notar el buqué.

Por cierto, tales aromas se perciben de manera agradable y no se relacionan con algunos olores que genera la industria vitivinícola en sus diferentes etapas o procesos.

¿Cuáles son éstos? Héctor Vergara, gerente de Diagnóstico de Envirometrika, la unidad de estudios de la empresa TSG, señala que las principales fuentes de generación de olores en el sector viñatero provienen del manejo y tratamiento de los residuos líquidos (riles). “Si bien en distintos puntos de la línea de producción de vino pueden producirse olores, como en la recepción de la materia prima, en el proceso de macerado y prensado, y durante la fermentación, éstos son descritos como ‘no ofensivos’, mientras que en el tratamiento de riles y disposición de residuos sólidos se pueden encontrar las principales emisiones de olores molestos” , explica.

Agrega que estas emisiones odoríferas potencialmente desagradables provienen de unidades que mayoritariamente corresponden a fuentes difusas (como pozos de recepción o lagunas de acumulación de riles), fuentes de volumen (como galpones en cuyo interior se genera el tratamiento de riles) y fuentes con emisiones fugitivas (como válvulas no herméticas y fugas en estructuras de cierre).

De manera coincidente, Valeria Quintriqueo, ingeniero de ventas en Ecolife y con alta experiencia en medición y control de olores, ex -

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Gama de productos bioenzimáticos, formulados con bacterias y microorganismos benéficos especializados, ofrece la empresa Indurres para reducir los malos olores en viñas, bodegas y plantas envasadoras de vinos, sobre todo los generados por las aguas residuales.

“Donde más se perciben olores es en la planta de riles, sector con mayor carga orgánica, pH bajos y alto flujo en época de vendimia”, asegura Valeria Quintriqueo.

procedimientos sancionatorios contra viñas por omisión y deficiente manejo de sus residuos líquidos.

PLAN DE GESTIÓN Y FIDOL

Aunque no hay normativa de olores para este rubro en Chile, Valeria Quintriqueo sostiene que “cualquier proceso que los pueda generar debe contar con un plan de gestión para controlarlos. En específico para el área vitivinícola, sugerimos mantener un control del acopio del abono y realizar su volteo con precaución, así como implementar buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos y en las plantas de residuos líquidos”

Héctor Vergara, en tanto, explica que muy pocos países cuentan con una norma de olores para esta industria, por lo que en nuestro país “es la comunidad quien establece límites de forma tácita, manifestando su molestia ante eventos de olor a los cuales puede verse expuesta. De ahí que las autoridades nacionales estén tomando cada vez más en serio los impactos por olor, independientemente de la actividad que los genera”

Añade que, en ese contexto, los principales aspectos que debiesen controlarse a la hora de evaluar el impacto y la molestia por olores son aquellos que forman parte del acrónimo FIDOL: frecuencia de la ocurrencia de olor (F); su intensidad, es decir, qué tan fuerte es (I); duración de la exposición al olor o del evento odorante (D); ofensividad del mismo, es decir, a qué huele y qué tan desagradable es (O); y localización de los receptores del olor (L).

“En resumen, avanzar en la minimización de todos los factores antes descritos debiese ser parte del objetivo principal en el control de los impactos por olor. Para eso, es primordial que trabajen alineados tanto la autoridad ambiental como la comunidad, la industria vitivinícola y los especialistas en el diagnóstico, control y remoción de olores”, asegura.

TECNOLOGÍAS DE CONTROL

Sobre las tecnologías que se emplean para el control de los olores en las instalaciones vitivinícolas, Quintriqueo pone como ejemplo las soluciones que aplica Ecolife: “Utilizamos la atomización de neutralizante de olores en plantas de riles con muy buenos resultados, disminuyendo o eliminando los reclamos de la comunidad. Nuestro objetivo siempre será generar una barrera entre la emisión y el receptor, ajustándonos a la dosificación necesaria, horarios, dirección o velocidad de viento”

Añade que la empresa actualmente implementa este tipo de soluciones en seis plantas de riles del sector vitivinícola durante todo el año, aunque en temporada de vendimia la dosificación del neutralizante es constante considerando las altas cargas en cada planta.

Por su parte, Vergara plantea que el tipo de tecnología a utilizar para el control de los impactos por olor va a depender de varios factores, como el nivel de actividad de la o las fuentes emisoras, el tipo de fuentes de emisión, los ciclos de emisión y la temporalidad.

pone que “hay presencia de olores en las bodegas por el proceso de fermentación y la aplicación de sulfito para prevenir la oxidación del vino, los cuales tienden a mantenerse en lugares cerrados, por lo que no generan malestar en la población. Donde más se perciben es en la planta de riles, sector con mayor carga orgánica, pH bajos, alto flujo en época de vendimia y exposición directa a las condiciones ambientales, como temperaturas o vientos que pueden permitir la propagación del olor producido”

Al respecto, cabe indicar que en los últimos 5 años la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado cerca de una decena de

Especifica: “En algunos casos, se requerirán sistemas de mitigación de olores que permitan controlar en forma efectiva y rápida los impactos a través de sistemas de neutralización de olor, aplicables en actividades generadoras de altas emisiones de olor en tiempos cortos de emisión”. En otras situaciones, comenta, “serán necesarios sistemas de fin de línea que posibiliten alcanzar niveles de remoción de olor tan altos que logren evitar impactos por esta causa. Estas tecnologías están diseñadas para tratar y controlar los principales compuestos o sustancias gaseosas que generan problemas por olor, como el sulfuro de hidrógeno (H2S) y los compuestos orgánicos volátiles, ambos muy presentes en los riles de la industria vitivinícola” En ese contexto, destaca la alta eficiencia de los filtros de carbón

3Unidades de olor por metro cúbico (uo/m3) utiliza como valor límite el proyecto “Aumento productivo de bodega y modificación de planta de tratamiento de riles de viña Montgras”, actualmente en evaluación ambiental. Esto, en base a la Resolución Nº 1.541- 2013 de Colombia.

Sistema de tratamiento de gases odorantes Smart Filter de TSG Environmental.

catalítico de tercera generación que, a diferencia de los filtros de carbón convencional, permiten alcanzar altos niveles de remoción de gases odorantes producto más de reacciones químicas que de procesos de adsorción. “Hemos implementado esta tecnología en viñas en unidades de proceso generadoras de H2S, logrando remociones continuas por sobre un 99%”, resalta.

BIOFILTROS Y SCRUBBERS

El profesional de Envirometrika TSG cuenta que también se emplean biofiltros, que “mediante un adecuado control de media filtrante y de colonias de microrganismos logran una alta remoción de la carga odorante del aire oloroso, generando una corriente de aire limpio a la salida del sistema”. Otra solución que menciona son los lavadores de gases o scrubbers, los cuales remueven y limpian el aire oloroso a través de reacciones químicas de los compuestos presentes, buscando neutralizar las emisiones. O sea, se tratan las emisiones ácidas con compuestos básicos y viceversa, tratándose las emisiones básicas o alcalinas con compuestos ácidos para reducir y remover la emisión de olor.

El especialista, además, pone de relieve algunas técnicas que “permiten minimizar los impactos por olor a través del confinamiento de algunas o todas las unidades de proceso y/o cubiertas sobre la superficie de fuentes difusas, como estanques abiertos, piscinas y lagunas, de manera de reducir la superficie expuesta que emite olores al aire ambiente”

A su juicio, en todos los casos, si los sistemas están bien diseñados y controlados, “se pueden alcanzar altísimos niveles de eficiencia y efectividad en el control de las emisiones de olor”

SILENCIO EN LA INDUSTRIA

Destacamos algunas tecnologías de silenciadores para reducir los niveles de emisión de ruido en los sistemas de escape de gases en fuentes fijas.

En los centros urbanos los ruidos son casi parte del paisaje. Escucharlos se ha vuelto una rutinaria e insana costumbre, pero no por eso hay que tolerarlos si alteran nuestro diario vivir. De hecho, en Chile prácticamente la mitad de las denuncias que atiende la Superintendencia del Medio Ambiente son por esta causa.

Muchas industrias no escapan a esta realidad y son parte del problema. De ahí que, como lo indican en la empresa Silentium, máquinas como sopladores, ventiladores industriales, venteos, compresores, motores diésel o a gas, bombas de vacío y otras requieran medidas de control de ruido específicas para lograr su reducción. Para eso, los proveedores del rubro diseñan y fabrican silenciadores de procesos industriales para su aplicación en estos equipos y también en sistemas de escape de gases de combustión.

Felipe Ugarte, gerente de Operaciones de Prosac, otra firma del rubro, explica por qué se requiere atenuar el impacto acústico que genera la salida de este tipo de gases en fuentes fijas: “Los escapes de gases de combustión son una de las principales fuentes de ruido industriales. Poseen un alto nivel de potencia acústica y, por lo general, se ubican en altura, donde es mayormente probable que exista una propagación sonora directa hacia la comunidad”

En particular, los silenciadores logran reducir los niveles de emisión de ruido en los escapes de gases de motores de combustión interna (por ejemplo, de grupos electrógenos diésel y GLP) mediante el uso de cámaras de expansión que combinan etapas resistivas y reactivas. Para su diseño se consideran variables de entrada como el caudal y temperatura del gas, el espectro de emisión sonora, la atenuación requerida, la máxima contrapresión admitida, la orientación y espacio disponible, entre otros factores.

REGULACIÓN

Los niveles de ruido generados por las fuentes industriales se encuentran regulados por la norma nacional D.S. N°38/11 del Ministerio del Medio Ambiente, cuya versión actualizada fue aprobada en marzo pasado por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Según explica Ugarte, esta regulación estipula los límites permisibles de ruido de acuerdo a la ubicación de los receptores comunitarios y los usos de suelo permitidos por el instrumento de planificación territorial vigente. “En general, estos límites se encuentran diferenciados en periodo diurno (entre las 7.00 y 21:00 horas) y nocturno (entre las 21:00 y 7:00 horas), siendo los últimos los más exigentes. Comúnmente, los gru-

pos electrógenos utilizados como respaldo eléctrico pueden funcionar tanto en periodo diurno como nocturno, por lo tanto, en la mayoría de los casos se requiere aplicar medidas de control de ruido en los escapes de gases de combustión para alcanzar el cumplimiento normativo”, asegura.

Además, en el contexto de su evaluación ambiental en el SEIA, los proyectos deben cumplir con los criterios asociados a afectación conductual y fisiológica de fauna nativa (avifauna, mamíferos, anfibios y reptiles). Para eso, deben asegurar que no se superarán los umbrales respectivos de ruido en los hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción y alimentación. Y se requiere incluir en la evaluación de los impactos por ruido sobre la salud de la población el efecto sinérgico producido entre proyectos cercanos con Resolución de Calificación Ambiental vigente. “En estos casos hay que considerar la suma de los aportes sonoros de los distintos proyectos. Por lo tanto, si dos o más fuentes están generando ruido de escape de gases en algún receptor, se debe evaluar la sinergia de éstos con umbrales específicos”, expone.

TIPOS, DISEÑO Y EFICIENCIA

Circunscribiéndose a los equipos, Ugarte revela que los silenciadores de escape de gases se clasifican según su estándar de atenuación sonora. “En situaciones donde el requerimiento de reducción de ruido es menor, pueden utilizarse silenciadores de tipo industrial o residencial, pero en condiciones donde se requiera una mayor atenuación, se pueden considerar, por ejemplo, aquellos de tipo crítico u hospitalario”, comenta.

Destaca, asimismo, la gran variedad de modelos existentes en el mercado: desde aquellos con un rendimiento de alrededor de 15 decibeles (dB) hasta otros que consiguen atenuaciones sobre 40 dB. “Sin embargo, no son aplicables a cualquier situación. Si se selecciona un silenciador de menor estándar al requerido, no se conseguirá solucionar el problema de ruido. Y si se escoge uno de mayor estándar al necesario, es probable que ocurran problemas de funcionamiento del equipo asociados a la mayor contrapresión que ofrece. De ahí que sea indispensable realizar un estudio de ingeniería que defina cuál es la tecnología más apropiada para la fuente de ruido a tratar”.

Respecto a su formato de diseño, señala que debe responder a una sintonización en las bandas de frecuencias de interés de acuerdo con el espectro de emisión de la fuente de ruido, idealmente en tercios de octava, que se caracterice por mediciones realizadas in situ. “En su diseño óptimo también influyen variables mecánicas no acústicas, como la máxima contrapresión

admitida del equipo, tipo de gas, temperatura, caudal y espacio disponible. En todos los casos, debe ajustarse a las necesidades particulares de cada requerimiento, teniendo en consideración el nivel de atenuación necesario para el cumplimiento normativo y el espectro de frecuencia de la emisión sonora”, especifica.

La eficiencia acústica de un silenciador de escape es otro aspecto muy importante a considerar. En la empresa Decibel sostienen que esto “depende en gran medida de los antecedentes y especificaciones técnicas entregadas por el cliente, junto a un correcto diseño de ingeniería, fabricación y montaje del sistema de control de ruido. Según la configuración del silenciador de escape se pueden llegar a atenuaciones de 15 a 45 dB”

Para optimizar su eficiencia, Felipe Ugarte plantea que “el proceso de diseño debe incluir una etapa previa de modelación computacional mediante el método de elementos finitos, evaluándose el rendimiento del dispositivo para definir la configuración óptima. Luego, los resultados se validan con pruebas y mediciones para asegurar que el silenciador incorporará todos los parámetros

Silenciador de escape de gases implementado por la empresa Prosac.

deseados. Este know-how constituye un proceso iterativo de mejora continua, permitiendo optimizar procesos y conseguir mejores resultados a la medida de las necesidades del cliente”

MANTENIMIENTO

Por lo general, este tipo de dispositivos tiene una vida útil prolongada que se puede extender entre 5 y 10 años dependiendo del entorno en que opere: borde costero, valle central o precordillera. Su funcionamiento correcto se relaciona, principalmente, con la duración del manto externo del silenciador, que en la mayoría de los casos es una aplicación de acero de distintos tipos y espesores. “Sin perjuicio de lo anterior, es recomendable revisarlos de manera periódica para inspeccionar el estado del material fonoabsorbente interior y verificar si mantiene sus características acústicas, reemplazándolo en caso que sea necesario”, recomienda Ugarte.

CONTROLE LOS OLORES

Las siguientes opciones permiten mitigar las emisiones odorantes en la industria pesquera, como también en planteles de cerdos y otras fuentes.

Arnulfo Oelker Behn Thermal Engineering Ltda. aoelker@thermal.cl

Plasma no térmico para abatir olores.

Las emisiones odorantes se miden en unidades de olor (OU). Una OU corresponde al umbral de detección del 50% de los panelistas sometidos a la muestra de olor analizada.

No obstante lo anterior, la concentración detectable para el olfato humano varía para los distintos compuestos generadores de olor. Por ejemplo, el propano requiere de una concentración de 1.500 partes por millón (ppm), el sulfuro de hidrógeno (H2S) de 0.41 partes por billón (ppb) y los mercaptanos menos de 0.07 ppb.

FUENTES ODORANTES

La producción de harina de pescado es una de las actividades industriales que genera olores y ha sido priorizada por el Ministerio del Medio Ambiente para controlar sus emisiones.

Las fuentes odoríferas típicas en estas plantas son las siguientes:

• Recepción y almacenamiento de pescados: Mercaptanos (MA, huele

a orina), aminas (DMA y TMA, olor a pescado y carne descompuesta).

• Cocedores, prensas y secadores: Amoniaco (NH3), sulfuro de hidrógeno (huele a huevo podrido), sulfuros orgánicos (DMS y DMDS, olor a repollo podrido), MEM, MA, DMA y TMA.

• Enfriadores y molinos: MA, DMA y TMA.

ESTRATEGIAS DE CONTROL

Las estrategias empleadas en el control de olores son las siguientes:

• Contención: Cerrar transportadoras, estanques y recipientes, contención en edificios (cortinas físicas y cortinas de aire).

• Captación del aire contaminado: Implementación de sistemas de evacuación de aire contaminado. Mantener las zonas con olor bajo presión negativa, extraer aire contaminado de zonas de trabajo, etc.

• Tratamiento del aire contaminado: Aplicación de diversas tecnologías de abatimiento, que se analizarán a continuación.

• Otras estrategias: Dispersión del aire contaminado a través chimeneas u otros sistemas, y neutralización (enmascaramiento) de olores mediante aceites esenciales.

TECNOLOGÍAS DE ABATIMIENTO

Las tecnologías más relevantes que sirven para abatir olores en la industria pesquera –y que también se pueden aplicar a otras actividades productivas reguladas como los planteles de cerdo y otras fuentes similares– son el plasma no térmico, la oxidación térmica regenerativa (RTO) y los scrubbers químicos. A continuación, se describe su funcionamiento, ventajas y desventajas.

Plasma no térmico:

Los sistemas de plasma no térmico oxidan los agentes causantes del olor al entrar en contacto con oxígeno reactivo (con un alto nivel de energía), resultante de su paso por un campo de plasma (arco eléctrico).

Lo que se hace es inyectar aire ambiente, que previamente ha pasado por un equipo de plasma, a un ducto por el cual circulan gases que contienen los agentes generadores de olor que se busca abatir.

Esta tecnología tiene las siguientes ventajas: elevada eficiencia de abatimiento de olores, no requiere químicos ni agua, no genera desechos, no posee partes móviles, requiere baja inversión y tiene larga vida útil, no se ve afectada por variaciones en proceso, su operación es simple y segura, tiene bajos costos de mantención, bajo consumo de energía eléctrica y no requiere de gran espacio para su instalación.

Oxidación térmica regenerativa:

Los sistemas de oxidación térmica regenerativa (RTO) elevan la temperatura de los gases cargados con agentes odorantes entre 750 °C y 950 °C. Considerando un tiempo de residencia de al menos 1 segundo, aseguran la destrucción de dichos agentes, oxidándolos para formar dióxido de carbono (CO2), agua (H2O), dióxido de azufre (SO2) y ácido clorhídrico (HCl), entre otros compuestos.

Los sistemas RTO normalmente se usan para tratar flujos de hasta 250.000 Nm3/h y concentraciones de 1 a 10 mg/Nm3 de agentes generadores de olor. Tienen una elevada eficiencia de destrucción de compuestos orgánicos volátiles (COV), alcanzando un 99.5% para RTO de 3 lechos, y poseen una elevada eficiencia térmica (97%).

Estos sistemas destacan también por su alta eficiencia para abatir prácticamente todos los agentes generadores de olores, pero llevan asociada una alta inversión, mayor requerimiento de espacio, elevado costo de operación (combustible) y generan NOx.

Scrubbers químicos:

El principio de funcionamiento de los scrubbers químicos es el siguiente:

- Los gases se depuran al entrar en contacto con una corriente líquida absorbente (ácidos, alcalinizantes u oxidantes).

- Se aplica para eliminar contaminantes que sean solubles como H2S, HCl, SO2, NH3, algunos COV, partículas, etc.

La contaminación se transfiere del medio gaseoso al medio líquido, generando un residuo líquido.

- Se colocan equipos en serie: scrubber ácido para remover NH3 y aminas, y scrubber alcalino para controlar H2S y mercaptanos.

Rango de aplicación de las tecnologías de control de olor

Absorción

- Pueden usarse scrubbers con agua de mar como pretratamiento para remover partículas, NH3, aminas y otros elementos solubles.

Entre las características de los scrubbers químicos destacan las siguientes: son muy eficientes para altos contenidos de H2S, logrando eficiencias de remoción de 99%; pueden trabajar con diferentes tipos de packing; pueden tratar flujos con polvo o neblinas; cuentan con sensores de pH y de ORP (potencial de reducción de la oxidación); su operación y mantención es más compleja e intensiva; requiere manejo y acumulación de químicos; necesita poca área o superficie para su instalación; requiere tratamiento de agua residual.

La figura adjunta muestra el rango de aplicación de las distintas tecnologías de abatimiento, considerando como parámetros el flujo de gases a tratar y la concentración del agente generador de olor.

DISPERSIÓN Y ENMASCARAMIENTO

Otros mecanismos (por llamarlos de alguna manera) que contribuyen a controlar olores son la dispersión y el enmascaramiento.

La dispersión reduce la concentración de los agentes generadores de olores al descargar las emisiones a la atmósfera. Factores relevantes para la efectividad de este mecanismo son la altura de descarga (chimenea), la dirección y fuerza del viento.

El enmascaramiento, en tanto, consiste en inyectar aceites esenciales a la corriente cargada con compuestos generadores de olor para disminuir su efecto desagradable al olfato humano.

Estos dos mecanismos pueden ser usados en combinación con una o más de las tecnologías de abatimiento odorífero presentadas anteriormente.

En conclusión, el control de olores es un proceso de relativa complejidad, que involucra la definición de las estrategias y los sistemas de abatimiento a utilizar, considerando la diversidad de compuestos odorantes, la dispersión en el ambiente de las emisiones, y la distancia a puntos residenciales, entre otros factores.

TRAS LA HUELLA DEL H2S

Considerando su alta peligrosidad para los trabajadores y diversas fuentes de origen, sepa cómo se puede detectar, medir y controlar el ácido sulfhídrico.

Por José Miguel Montaña Product Manager Gas Detection en Soltex

Si alguna vez ha roto un huevo podrido, debe saber que ese olor característico corresponde al temido ácido sulfhídrico (H2S), un gas peligroso que se encuentra en muchos entornos de trabajo y que en bajas concentraciones ya es tóxico. Puede surgir producto de un proceso artificial o ser un subproducto de la descomposición natural de la materia orgánica.

Desde la producción de petróleo hasta las obras de alcantarillado, pasando por las plantas de tratamiento de aguas servidas, petroquímicas, plantas mineras y los barcos de pesca, el H2S allí presente representa un gran peligro para los trabajadores. ¿Por qué? Al ser más pesado que el aire, este gas se desplaza hacia abajo y puede acumularse a nivel de suelo en pozos, túneles, zanjas o conductos.

El olor penetrante del H2S es muy perceptible, sin embargo, el gas paraliza el sentido del olfato, dando la falsa impresión de que se ha dispersado. Por eso, las personas que inhalan este compuesto enfrentan un riesgo inminente de intoxicación. Su alta toxicidad, entonces, es su principal peligro, pues inhibe la respiración celular y la captación de oxígeno.

La exposición prolongada a bajas concentraciones de H2S, desde 2-5 partículas por millón (ppm), puede provocar náuseas, dolores de cabeza, irritar los ojos, fatiga, irritabilidad, mareos y deterioro de la memoria, principalmente.

A medida que aumenta su concentración, los síntomas empeoran, apareciendo tos, conjuntivitis, parálisis del olfato, colapso y pérdida de conocimiento. Y la exposición a niveles más altos puede provocar la muerte casi instantánea.

El H2S es inflamable y explosivo en altas concentraciones. Además, arde y produce otros vapores y gases tóxicos, como el SO2

DETECCIÓN Y MEDICIÓN

¿Cómo se puede detectar y cuantificar este peligroso gas? La tecnología más utilizada para hacerlo es la celda electroquímica, que contiene en su interior un electrolito preciso creado para reaccionar a un tipo específico de gas. Esta combinación genera un impulso eléctrico, el cual es interpretado por un software que nos muestra la información en pantalla expresada en ppm.

La vida útil de este tipo de sensor es de 12 a 24 meses, aunque por distintos factores puede saturarse en cualquier momento. Si eso ocurre, debe reemplazarse por uno nuevo, lo que genera la necesidad de realizar el análisis y verificación de su integridad en forma permanente con gases patrones.

En el mercado también están los detectores mono o multigás, con o sin bomba. Existen tres

riesgos que se pueden evitar al utilizar un equipo de este tipo: desplazamiento de oxígeno, atmósferas inflamables y ambientes tóxicos.

Los detectores monogás se utilizan, principalmente, cuando el gas a medir ya está identificado. A su vez, los instrumentos multigás con bomba son los más recomendados para el uso en “espacios confinados”, empleándose para medir CO, H2S y otros gases más específicos. Y ocupar una bomba de muestreo permite medir la calidad del aire al interior del área confinada, en distintos niveles, autorizándose el ingreso del personal solo cuando estos niveles son aceptables.

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL

Para controlar la presencia de H2S en el ambiente de trabajo es importante contar con un sistema de gestión y control, que considere la identificación del agente de riesgo, la implementación de medidas de control y el uso de equipos de protección, dentro de los cuales se encuentra el uso de detectores de gas de tipo fijos y portátiles. Los equipos fijos monitorean continuamente las fuentes de formación de gas, transmitiendo la lectura a un sistema centralizado que permite controlar y monitorear todos los puntos de mues treo. Si un detector lee un nivel de gas peligroso, el panel activa las alarmas, sean estas sirenas o balizas externas, iniciándose los protocolos de control o evacuación del personal.

Se recomienda, asimismo, que los propios trabajadores usen equipos portátiles, ya que así serán alertados en caso de niveles altos de H a través de la emisión de una alarma sonora, visual y vibratoria. Con estas soluciones se logra monitorear el nivel de exposición al gas, en zonas donde no hay detectores fijos, y medir el nivel de exposición diaria acumulada.

Por último, el sistema debe considerar un programa de mantención y calibración progra mada de cada equipo fijo e instrumento portable. Para eso, se deben utilizar servicios técnicos au torizados por fábrica y cilindros de gases certifi cados, lo que aportará trazabilidad y confianza a todo el proceso.

Ante cualquier duda o consulta, escríbame a jmontana@soltex.cl

Detector portátil de H2S BW SOLO de Honeywell.

CON EL FOCO EN LAS PERSONAS

Con capacidades humanas y técnicas especializadas, SGS ofrece servicios integrales en salud y seguridad ocupacional.

La seguridad y salud de los trabajadores son valores y objetivos que toda empresa debiese buscar. En esa línea, considerando la experiencia internacional, en Chile se han desarrollado diversas guías, normas y protocolos para controlar y reducir la prevalencia de enfermedades ocupacionales entre los trabajadores expuestos.

En particular, el Ministerio de Salud, con el fin de regular los riesgos producidos en el trabajo, ha elaborado diferentes cuerpos o marcos normativos que establecen acciones preventivas, curativas y reintegradoras. “La actualización de este marco regulatorio, junto con los roles y responsabilidades de los actores participantes, generan nuevos desafíos y, al mismo tiempo, la evolución de los servicios y requerimientos de nuestros clientes”, asegura Alexis Contreras, jefe de Higiene y Ruido de SGS.

Agrega que, a causa de esta evolución en el área, nace la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual pretende modernizar la institucionalidad e incorporar activamente a todos los sectores involucrados. “Uno de sus ejes centrales es la prevención de los riesgos laborales, la que prioriza por sobre las medidas de protección, mejorando, actualizando y/o evolucionando continuamente nuestro trabajo tanto en la vigilancia ambiental como en las asesorías que realizamos en higiene y salud ocupacional”, destaca.

CAPACIDADES Y VENTAJAS

Daniela Otaiza, gerente de Desarrollo de Negocios de SGS, detalla las capacidades técnicas y humanas con las que cuenta la empresa para desarrollarse en este nicho de mercado.

• Estructura robusta para la operación de servicios, con un gerente de unidad de negocio, jefe de servicio de salud y seguridad ocupacional (SSO), ingenieros especialistas (higienistas, ergónomos, inspectores ambientales, entre otros) y técnicos en terreno.

• En Chile, dispone de más de 100 equipos para la ejecución de servicios de higiene industrial, ruido ambiental y vibraciones, así como también softwares de modelación de ruido. “Lo anterior permite otorgar continuidad operacional a nuestros clientes y velocidad en tiempos de respuesta”, plantea la ejecutiva.

• Laboratorio de ensayos - NCh 17.025.

• Acreditación PEEC-CA Ocupacional 2023: Sílice libre fracción respirable.

• Organismo de inspección ETFA NCh 17.020 - Ruido.

• Autorización ETFA 023-01 en los alcances de medición, inspección y verificación.

• Respaldo técnico de laboratorios internacionales, filiales de SGS.

Profundizando en lo anterior, Dominique Senler, product manager de SGS, expone que contar con una red de laboratorios a nivel nacional y mundial le proporciona a la compañía “una mayor capacidad técnica respecto a la competencia, llevando a cabo una variedad de análisis de distintos agentes, superando las mediciones requeridas por normativa, como lo descrito en el Decreto Supremo 594”

También menciona como ventajas comparativas el menor tiempo de respuesta en el resultado de los análisis; la amplia cantidad y variedad de equipos de medición, tanto en la línea ambiental como ocupacional; la vasta experiencia en las áreas de seguridad, salud e higiene, “respaldada por una trayectoria probada

y profesionales calificados en la organización”, señala; y las robustas áreas de apoyo, particularmente un compromiso con la calidad en todas las operaciones de la empresa.

En el mismo sentido, Contreras revela que los profesionales especializados en ruido ambiental de SGS son ingenieros civiles acústicos que cuentan con más de 15 años de experiencia, “lo que conduce a una prestación de servicio de alto nivel, otorgando confiabilidad en los resultados obtenidos. Esto permite implementar mejoras, soluciones de ingeniería, modelar, proyectar y realizar cualquier otro análisis que los clientes requieran para responder a la autoridad, comunidad y/o procesos de control interno y mejora continua”, acota.

ABANICO DE SERVICIOS

Los servicios que ofrece SGS en las áreas de seguridad y salud ocupacional son:

• Asesorías y apoyo en sistemas de gestión de riesgos a empresas principales y sus firmas contratistas de baja dotación.

Daniela

Otaiza detalla las ventajas comparativas de SGS en este ámbito.

Alexis Contreras destaca los servicios de alto nivel que provee la empresa.

• Apoyo en evaluaciones psicosociales, seguridad conductual y mental.

• Evaluación de riesgos, implementación de programas de prevención, gestión de emergencias y planes de contingencia.

• Auditorías de cumplimiento normativo de seguridad y salud laboral aplicables en cada industria.

• Identificar, evaluar y controlar los agentes de riesgos (químico, físicos y biológicos) para establecer el cumplimiento de las condiciones ambientales en las áreas de trabajo y exposición laboral establecidas en DS 594, protocolos Minsal y normas internacionales.

• Mediciones de ruido ambiental considerado la normativa legal vigente -Decreto Supremo Nº 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente (ETFA).

• Inspección y verificación de medidas de control de ruido, presentes en los instrumentos de gestión ambiental.

“Contamos con una mayor capacidad técnica respecto a la competencia”, resalta Dominique Senler.

• Mediciones de ruido a fauna, carreteras, tronaduras y parques eólicos.

• Elaboración de mapas de riesgos, mapas de ruido ocupacional y ambiental.

• Medición de vibraciones ambientales.

• Análisis ergonómico.

• Asesoría en protocolos y guías de vigilancia ambiental.

• Calidad del aire interior.

¿CHAO CABLES?

Aunque desde 2019 rige la ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso, la falta de reglamento ha impedido un avance significativo en esta labor.

Diego Ascencio Equipo Periodístico InduAmbiente

Cuidar el paisaje urbano y la calidad de vida en las ciudades se ha convertido, de manera progresiva, en un desafío de creciente relevancia en Chile. En este contexto, un problema a tener en cuenta es la sobresaturación de cableado aéreo de los servicios de telecomunicaciones, lo cual no solo genera contaminación visual, sino también riesgos de accidentes para peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados. Más aún cuando el ma -

yor porcentaje de esas redes está en desuso. Para ser precisos, según antecedentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el 70% del cableado conectado a través de postes se encuentra en un estado “no operativo”. De acuerdo a la Ley 21.172, popularmente conocida como “Ley Chao Cables”, toda esa “basura aérea” debiera ser retirada por las empresas de telecomunicaciones, sin embargo, a más de cuatro años de publicada esa norma eso aún está lejos de concretarse y aún no exis-

te el correspondiente reglamento que permita acelerar su aplicación.

PROBLEMAS CON EL REGLAMENTO

La “Ley Chao Cables” se publicó en el Diario Oficial en agosto de 2019 y en sus principales aspectos establece que las compañías serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación,

Gentileza

Movistar

El uso de tecnologías más eficientes como la fibra óptica ayuda a reducir el cableado aéreo utilizado por los servicios de telecomunicaciones.

traslado y retiro de líneas aéreas o subterráneas de cables.

Asimismo, plantea que el plazo para retirar los cables no podrá superar los cinco meses desde que son calificados como desecho por la municipalidad correspondiente. Cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la compañía.

En caso de que las empresas no saquen los cables dentro del plazo indicado, los municipios podrán hacerlo con costo a las empresas. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (entre $6,5 millones y $65 millones aproximadamente, según el valor de abril).

En su articulado también señala que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) debía generar un Plan de Gestión y Mantención de Redes en un plazo de 90 días tras la publicación de la Ley en el Diario Oficial. Eso, por cierto, no se cumplió debido a que “Contraloría rechazó el reglamento elaborado por la administración pasada”, indican en la Subtel. Ante un oficio de algunos diputados, de

julio de 2023, la entidad estatal respondió que “viene desarrollando una serie de actividades para establecer el texto del reglamento, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por la ley”. Y, recientemente, desde el propio organismo señalaron que siguen trabajando junto a la Contraloría para lograr que el reglamento de la Ley pueda estar operativo durante 2024.

Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, expone que “actualmente el reglamento se encuentra sometido al trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Desde Subtel estamos a la espera de las observaciones, modificaciones o aprobación para que este reglamento se aplique”

LENTO AVANCE

La falta de reglamento para hacer operativa la Ley ha ralentizado el retiro de los cables en desuso en zonas urbanas.

Cifras del Gobierno anterior indicaban que, entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, las empresas de servicios de internet, tv cable y telefonía habían eliminado casi 1.200 kilómetros de ese tendido. Y proyectaban

que, para el término de su administración, en marzo de 2022, se llegaría a 3 mil kilómetros retirados.

No obstante, datos más recientes y extendidos de la Subtel precisan que entre 2016 y 2022 se sacaron desde la vía pública un poco más de 1.530 kilómetros de cables en desuso, distancia similar a la que hay entre Arica y La Serena. Expresado en kilos, hasta diciembre de 2023 se habían retirado aproximadamente 21.988 kilos de estos residuos.

En términos más específicos, algunos municipios, gracias a la dictación de ordenanzas, han ejecutado las labores de retiro del cableado o han establecido acuerdos con las compañías responsables para que se hagan cargo de esta tarea. Los resultados han sido dispares dada las diferencias de recursos con que cuentan.

Por ejemplo, en la región de O’Higgins, el municipio de Rengo logró retirar más de 13 kilómetros de “chatarra aérea” desde distintos puntos de la comuna. Ñuñoa hizo lo propio en la Región Metropolitana en 2022 con el apoyo de empresas de telecomunicaciones, mientras que el año pasado San Miguel tam-

Gentileza Movistar

Contaminación visual y riesgos para peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados genera la acumulación de redes aéreas, la mayoría fuera de operación.

Gracias a la dictación de ordenanzas, numerosas municipalidades han podido avanzar, generalmente con el apoyo de empresas de telecomunicaciones, en el retiro del cableado en desuso de sus comunas.

bién comenzó este trabajo en algunos puntos de la comuna. Puente Alto, a inicios de 2024, envió a las calles un “equipo municipal de escombros aéreos” que opera en varios sectores de este territorio.

En el norte, específicamente en Antofagasta y Calama, se eliminaron unos 41 mil metros de cables en desuso, en tanto que en Iquique partió este trabajo en diciembre de 2023.

Las firmas del rubro, en tanto, han avanzado a distintas velocidades en la solución de esta problemática ambiental y social. En tal sentido, Andrés Espinoza, gerente de Operaciones de Movistar Chile, subraya la importancia del “retiro del cableado y de todo el cobre que se encuentra en desuso. Desde hace años

venimos colaborando con la Subtel y los municipios, integrándonos a las mesas de trabajo que realizan en la materia”

En concreto, en 2023 la empresa inició el retiro de todo el cableado de cobre que desplegó desde 1880 en nuestro país, fijando un plazo no mayor a cuatro años para completar este desafío.

“Apuntamos a finalizar este 2024, de la mano del Plan de Renovación Tecnológica, con un 100% de los clientes hogar de Movistar con fibra óptica, un avance que hoy se encuentra en más de un 97%. Hemos retirado ya más de 7.000 toneladas de cables de cobre y también apagado 175 centrales de este tipo en 180 comunas a lo largo del país”, destaca el ejecutivo.

1.332 Denuncias relacionadas con la falta de retiro de cables en desuso se registraron entre 2019 y noviembre de 2023, según datos obtenidos vía Transparencia.

36 Millones de pesos debió pagar en 2023 la empresa Movistar a la Municipalidad de La Reina por el no retiro de cables en desuso. Esto, gracias a una ordenanza municipal que se estableció con ese objetivo.

Por su parte, WOM, a diciembre de 2022, había retirado 5,3 toneladas de redes, lo que equivale a 254 kilómetros de cableado. Otras empresas de telecomunicaciones, como VTR-Claro y GTD, también reportan avances en la materia, la mayoría impulsados por mesas de trabajo que se han establecido en diferentes ciudades y comunas del país.

¿Y LOS RESIDUOS?

Uno de los “coletazos” de la eliminación del cableado aéreo en desuso es el destino que se les da a estos residuos. Si bien existen diferentes métodos para reusar los componentes de estas redes, en la “Ley Chao Cables” no hay artículos ni menciones sobre este tema. Solo un estudio encargado por algunos parlamentarios plantea la opción de dejar abierta la puerta para que estos materiales sean calificados a futuro como productos prioritarios dentro de la Ley Nº 20.920, que establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para contribuir a su adecuada gestión.

En relación a este punto, Andrés Espinoza comenta el plan de acción de Movistar: “El 100% de los cables de cobre que hemos retirado, por el plan de renovación tecnológica que impulsamos, será reutilizado. Tantos éstos, como los equipos eléctricos y electrónicos que sacamos de circulación, se envían para su procesamiento y reciclaje a la empresa Midas, cumpliendo estrictamente la normativa medioambiental”

Dando mayores detalles, el ejecutivo especifica que el cableado se somete primero

Gentileza Movistar

a procesos de clasificación, considerando que está compuesto por diferentes tipos de cables que deben ser separados. Con posterioridad comienzan los procesos de reciclaje que incluyen el corte, molienda, segregación magnética y fundición del metal recuperado”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La innovación permanente forma parte del ADN de los servicios de telecomunicaciones, por lo que en muchos casos el uso de cables de cobre está quedando obsoleto ante el avance, por ejemplo, de la fibra óptica. En la empresa ENEL X exponen los beneficios de esta tecnología: “Los cables de fibra óptica pueden transportar señales hasta 40 kilómetros sin que ésta se deteriore, mientras que la señal máxima que alcanzan los cables de cobre es ligeramente inferior a un kilómetro. Además, los primeros son resistentes a los cambios de temperatura y a las condiciones meteorológicas adversas. Al ser más ligeros, finos y robustos que los cables de cobre, es menos probable que se rompan o dañen”

Por su parte, en Movistar destacan la contribución al desarrollo sustentable de esta solución cada vez más utilizada: “Según datos de Telefónica, una central de fibra óptica presta servicios al mismo número de accesos que cuatro centrales convencionales de cobre. Además, la fibra ocupa solo un 15% del espacio y consume mucha menos energía eléctrica que la otra tecnología, por lo que va en línea con los objetivos de frenar el cambio climático y reducir la huella de carbono que son parte de nuestra estrategia”, destaca Andrés Espinoza.

El especialista agrega que la compañía ya está proyectando lo que será el uso masivo de internet inalámbrico, que se presenta como una solución innovadora al evitar interrupciones imprevistas del servicio y evitar la generación de escombros aéreos.

Otra empresa del rubro, Netline, se promueve como “un proveedor de internet innovador y consciente del impacto ambiental de su infraestructura. Nuestro servicio de internet aéreo ofrece una alternativa sostenible y avanzada frente a los problemas causados por los cables en desuso. Al utilizar tecnología inalámbrica para la conexión a internet no solo eliminamos la necesidad de cables físicos, sino que también ofrecemos una solución más segura y confiable para las empresas”

En ese contexto, la firma ofrece a las empresas la tecnología NetAir, “un servicio de internet dedicado que funciona a través de microondas, lo que elimina la necesidad de cables físicos”

¡Le saco la sal! Una oportunidad ante la crisis hídrica

La crisis del agua en Chile requiere soluciones urgentes, especialmente en un contexto donde se prevé que empeorará en los próximos años. En este escenario, la desalinización emerge como una alternativa crucial particularmente en regiones afectadas por la sequía y la desertificación, donde el acceso al agua dulce es limitado.

Aunque la desalinización presenta desafíos significativos –como el alto consumo energético y el impacto ambiental de las descargas de salmuera–, bien implementada puede ser una tremenda oportunidad de adaptación al cambio climático. Transformar agua de mar en agua dulce para el uso en nuestras ciudades, puede ser una herramienta efectiva para garantizar el suministro a la población y apoyar diversas actividades económicas.

La evidencia científica respalda la viabilidad de una desalinización sostenible mediante la implementación de prácticas de gestión adecuadas y el uso de fuentes de energía renovable. En este sentido, es decisivo estandarizar prácticas sustentables que impulsen el crecimiento responsable de esta industria en Chile. No podemos hacer de la desalinización una mala medida de adaptación, en donde las emisiones u otros impactos negativos terminan por ser un retroceso ambiental.

En línea con estos objetivos, la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental del país, presentada recientemente por la OCDE, destaca el notable potencial que posee la tecnología de desalinización en Chile, especialmente en provisión de agua para la producción de hidrógeno.

Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático promovemos el desarrollo de este sector. Apoyamos a la Asociación Chilena de Desalinización en el desarrollo de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), con la participación de 25 empresas y el respaldo de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética. Este APL busca establecer estándares de operación y desarrollo de plantas de desalinización y reúso de aguas residuales, fomentando la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

Entre los resultados esperados del APL destacan la reducción del consumo energético en las plantas y la sustitución de agua dulce. Estos objetivos están alineados con las políticas públicas chilenas, tales como la Contribución Nacionalmente Determinada 2020, la Ley Marco de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026, que enfatizan la importancia de la seguridad hídrica y la sostenibilidad ambiental.

Actualmente, Chile cuenta con 38 plantas desaladoras y, sin duda, el contexto de crisis hídrica, junto con el crecimiento de proyectos de energías renovables, proporciona un escenario favorable para un mayor desarrollo de estas instalaciones, especialmente en regiones como Atacama, Valparaíso y Coquimbo. En este proceso, es fundamental adoptar un enfoque integral y sostenible que garantice que los beneficios de la desalinización superen cualquier impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad.

Ximena Ruz Espejo Directora Ejecutiva Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

SUBMARINA Y CONTROVERSIAL

Sigue abierto el debate a nivel global sobre la viabilidad de la exploración y explotación comercial de la minería en el fondo marino debido a su impacto ambiental.

Sin los océanos la vida se haría imposible. Como lo resalta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los mares cubren más de dos tercios de la superficie de nuestro planeta y producen cerca de la mitad del oxígeno que respiramos, haciéndolo

habitable para todos los seres vivos. Incluso, absorben cerca del 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono y el 80% del calor generado por el creciente aumento de los gases de efecto invernadero (GEI).

Por si fuera poco, influyen en el clima y la temperatura y nos proporcionan alimentos, medicamentos, recursos energéticos y también minerales.

En relación a esto último, el fondo de los océanos contiene grandes reservas de níquel, cobalto, cobre, molibdeno y litio, entre otros re-

cursos que contribuirían a satisfacer la demanda proyectada y alcanzar uno de los objetivos del Acuerdo de París, referido a reducir en un 45% las emisiones de GEI para 2030 respecto a los niveles preindustriales, y lograr la carbono neutralidad para 2050.

En ese marco, diferentes gobiernos, empresas y consorcios internacionales han manifestado su interés en la extracción de recursos desde el suelo marino. Sin embargo, diversas voces, muchas de ellas científicas, han planteado los riesgos que conllevan estas faenas para la biodiversidad y algunas comunidades, amén de los vacíos legales que existen sobre el derecho propio del océano y la naturaleza.

Las actividades de exploración y extracción de estos recursos se engloban bajo el concepto de minería submarina, que implica la explotación de minerales sobre los 200 metros de profundidad, y hasta un máximo de 7.000 metros, en los océanos de alta mar, o sea, en aguas internacionales.

Como lo explicita el documento técnico “La Minería del Fondo Marino: Regulación internacional y comparada”, fruto de una asesoría parlamentaria en Chile, a través de contratos internacionales de exploración y explotación (más de una treintena a la fecha), celebrados al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar) y de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), “países como China, Rusia, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica pueden explorar un área de alta mar de hasta 75.000 km². La licencia de exploración es válida por 15 años”

NAURÚ Y NORUEGA

En junio de 2021, el gobierno de Naurú, estado de unos pocos miles de habitantes localizado en pleno Océano Pacífico, informó a la AIFM su intención de explotar el fondo marino de la zona Clarion-Clipperton, una extensión del Pacífico Norte entre Hawái y México que contendría abundantes riquezas minerales y que ha despertado el interés de otros países. A falta de reglamento que regule esta actividad, el estado insular aprovechó una autorización de la AIFM, concedida en 2011, para efectuar prospecciones en esa zona a través de The Metals Company, una de las empresas líderes en la carrera global por explotar los metales en el suelo oceánico. La misma firma realizó hace solo algunos meses, a través de un robot submarino, un estudio para cuantificar los daños ambientales producidos por sus últimas pruebas. Tal informe, que entregaría en

los próximos meses, será clave para obtener la autorización de la AIFM para iniciar la minería submarina a escala comercial.

También reciente es la aprobación que dio el Parlamento de Noruega a la exploración y explotación comercial de la minería submarina en aguas del océano Ártico. Un informe gubernamental confirmó, en junio de 2023, que la plataforma continental del país nórdico posee recursos mineros altamente cotizados, entre ellos, cobre, zinc y cobalto, considerados minerales críticos para la industria de los vehículos eléctricos y otras tecnologías ligadas a la transición energética.

Científicos han advertido que la actividad minera podría causar estragos importantes en ecosistemas marinos de esa y otras zonas del planeta. El Gobierno noruego, en tanto, prometió que el futuro otorgamiento de licencias a las empresas se hará en base a estudios sobre los probables impactos.

En respuesta a la decisión de Noruega, el Parlamento Europeo instó a los países miembros de la Unión Europea a establecer una moratoria internacional para estas faenas. El llamamiento se sustenta en la premisa de que es imprescindible realizar estudios exhaustivos sobre el impacto ambiental de este tipo de minería antes de proceder con su explotación.

En la misma línea, y tras intensos y controvertidos debates, los estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, o Convenio de Bonn), acordaron en febrero último “no realizar actividades mineras en aguas profundas hasta que se haya obtenido información científica suficiente y sólida que garantice que no se causarían efectos perjudiciales a las especies migratorias, sus presas y ecosistemas, como expresa la resolución aprobada en dicha reunión”, afirma una nota de prensa.

¿Y EL REGLAMENTO?

Mientras otros países también miran con buenos ojos la posibilidad de incursionar en este rubro, la AIFM avanza a trastabillones en la redacción y aprobación de un reglamento para la minería submarina, cuyo borrador fue publicado en febrero pasado. El organismo ha intentado, sin éxito, alcanzar consensos entre sus miembros, “divididos entre quienes piden pausar la actividad, quienes piden acelerar la explotación minera del fondo del mar y quienes no se pronuncian en público”, destaca en un artículo el sitio web climatica.coop.

El informe encargado por parlamentarios chilenos sostiene que las actuales regulacio-

nes sobre la materia, elaboradas por la AIFM, “serán subsumidas en un cuerpo normativo internacional de mayor alcance: el Código de Minería. Este proyecto contiene disposiciones técnicas, financieras y ambientales, el que podría ser aprobado en el corto plazo de acuerdo a la moratoria acordada en la última sesión de la AIFM en julio de

90% De las especies marinas que no han sido descubiertas habitan en la zona de mayor interés para la explotación de la minería submarina, según investigaciones.

Muchos países, científicos y activistas ambientales se oponen terminantemente a la actividad minera submarina.

2023. Esta decisión fue liderada por Chile y Francia entre una veintena países”

Agrega que, de acuerdo a diversos investigadores, uno de los mayores desafíos que plantean los intentos de regular la minería submarina es que “simplemente no se sabe lo suficiente sobre los ecosistemas de aguas profundas, su conectividad con otras áreas oceánicas y su papel en los sistemas terrestres”

El documento plantea, asimismo, que aún se discute entre los estados miembros de la Convemar el mecanismo de participación en los beneficios de esta actividad, “ya que las normas de explotación exigen asegurar que la minería de aguas profundas en aguas internacionales beneficie a toda la humanidad. Por lo tanto, las ganancias obtenidas deben ser compartidas entre todos los países que integran la convención”.

Foto Gustavo Graf, Greenpeace

ACUICULTURA AZUL

Una convocatoria histórica tuvo la última edición de Aquasur, la feria acuícola más relevante del hemisferio sur que puso énfasis en la “transformación azul” del sector.

Casi un 100% más. Ese incremento de visitas tuvo Aquasur 2024, la principal exhibición acuícola de Chile y el hemisferio sur que destacó por la presentación de nuevas tecnologías, productos, servicios e innovaciones para este rubro, con un énfasis marcado en su desarrollo sustentable. En los tres días del evento llegaron al Centro Logístico TMP de Puerto Montt más de 22.700 personas, quienes pudieron recorrer más de 480 stands y ver el despliegue de unas 1.800 marcas y de 20 países participantes en una superficie de 17 mil metros cuadrados.

“El éxito de esta versión de Aquasur se debió a varios factores. En primer lugar, por la capacidad de reunir a la gran mayoría de los representantes de las principales compañías productoras acuícolas del país. También por el liderazgo y compromiso que exhibieron los gremios y todo el ecosistema acuícola; y por el desarrollo de una industria que crece de manera sustentable y que refleja, a través de la feria, la fortaleza de una actividad económica que es la segunda en importancia en nuestro país”, sostuvo Rodrigo Lobo, gerente general (A) de FISA, la empresa organizadora.

Junto a la muestra se realizó un congreso internacional, que incluyó 11 paneles con la participación de más de 50 speakers nacionales e internacionales. En la instancia se analizaron temas vinculados al presente de la acuicultura bajo un concepto común: la transformación azul, que asigna a

Más de 480 empresas pusieron en vitrina su amplia oferta de soluciones para el sector acuícola.

esta industria un rol clave a futuro en la seguridad alimentaria nacional y mundial, además de abordar las perspectivas de los países productores, los desafíos y las nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Las imágenes de estas páginas resumen, en parte, lo que fue Aquasur 2024.

Alejandro Reyman, José Miguel Hernández, Alberto Piel, Christine Ward, Mauricio Mera y José Luis Daroch detallaron la oferta de Proterm en control de olores y procesos térmicos.

Resiter y su apuesta por la economía circular: Julio Lienlaf, Andrés Quinteros, Benjamín González, Alejandro Valencia, Alex Bahamonde, Matías Artigas, Fernando Rodríguez, Carlos Grandon y Marcelo Bahamonde destacaron los servicios de la empresa.

ALS Inspection Chile fue representada por Patricio Morales, Juan Álvarez, Humberto Arroyo, Vania Acuña y Gabriel Jarufe.

Kran y sus especialistas en nanoburbujas: Atrás, Santiago Jara, Mauricio Bueno, Nicolás Zúñiga, Gabriel Rojas, Luis Álvarez, Ignacio Coronado, Manuel Vial, Sebastián Vera y Felipe García. Adelante, Valentina Muñoz, Carol Torres, Pilar Señoret e Ignacia Gamboa.

La gestión integral de residuos también tuvo un espacio relevante en Aquasur de la mano de Hidronor.

Las preguntas y dudas sobre las tecnologías de WEG fueron resueltas por Cristian Albornoz, Jaime Albarrán, Cristian Ulloa, Marcela Farías, Gonzalo Benavides y Christian Huerta.

La amplia delegación de KSB: Víctor Gubelin, Diego Fábrega, Pablo Donoso, Karel Águila, Elizabeth Villar, Hans Baumann, Pamela Ojeda, Omar Castro, Susana Maldonado y Eduardo Bahamondes.

Muy variada se viene en los próximos meses la “carta” de eventos asociados a temas de sustentabilidad, entre los que destacan dos encuentros sobre temáticas de alto interés organizados por InduAmbiente. Revise los detalles aquí.

Conversatorio

sobre

Ley REP en la USS

Analizar los principales avances y desafíos para la implementación de la Ley sobre Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la Región Metropolitana (RM), es el objetivo del foro universitario que se desarrollará el 14 de mayo, a partir de las 9:00 horas, en el campus Bellavista (Bellavista 7, Recoleta) de la Universidad San Sebastián. El evento es organizado por dicha casa de estudios junto a InduAmbiente, con la colaboración de la empresa especialista en gestión de residuos Hidronor Chile. El encuentro abordará el cambio de paradigma en la gestión de residuos que plantea la Ley REP, así como experiencias concretas y desafíos en su implementación, mediante dos paneles de conversación en que participarán Paola Cofré, Jefa área de Economía Circular de la SEREMI del Medio Ambiente RM; Cristóbal de la Maza, ex Superintendente del Medio Ambiente y Director de Postgrados FEG de la USS; y Nathalia Silva, Gerente de Economía Circular del sistema de gestión de residuos ReSimple, entre otros especialistas.

Hyvolution Chile

Del 3 al 5 de septiembre se desarrollará la 2ª exhibición y congreso del mundo del hidrógeno en Chile. Además de la exhibición de tecnologías, productos y servicios, contempla programas de conferencias, encuentros profesionales y demostraciones, entre otras actividades, que reunirán a actores políticos y económicos, profesionales y técnicos que compartirán sus proyectos e investigaciones para impulsar el sector. ¿Lugar? Centro de eventos Metropolitan Santiago.

Más info en www.chile.hyvolution.com

Expo Frío Calor

La VI versión de la Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria está ad portas de realizarse: entre el 7 al 9 de mayo en Centro Parque, en Las Condes (Santiago). Congregará a las marcas más destacadas del sector, que pondrán en vitrina sus nuevas tecnologías e innovaciones, estimándose la participación de más de 100 expositores y sobre 6 mil visitantes. Se le reconoce por ser un espacio de networking que contempla toda la cadena de valor de esta industria. Entérese de más en www.expofriocalor.cl

Seminario

sobre remediación ambiental

Exponor 2024

El recinto ferial de la Asociación de Industriales de Antofagasta acogerá nuevamente, entre el 3 y 6 de junio, la vigésima edición de la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor, que en su versión de 2022 concretó negocios por US$850 millones. Se anticipa la participación de unos 850 expositores de 30 países. Incluye, aparte de la muestra, un congreso técnico, seminarios, ruedas de negocios, charlas técnicas y visitas a faenas mineras, principalmente.

Su sitio oficial es www.exponor.cl

“Recuperación de sitios contaminados” es el título del seminario que se desarrollará el martes 30 de julio, desde la 8:30 a las 18:00 horas, en Hotel Radisson Blu Plaza El Bosque (Av. El Bosque Norte 656, Las Condes) de Santiago. Organizado por InduAmbiente en colaboración con FCAB, ofrecerá a los asistentes una excelente oportunidad para conocer experiencias e información clave para remediar y dar nuevos usos a sitios afectados por contaminantes industriales. Entre los temas a tratar destacan el marco regulatorio para recuperar sitios contaminados; claves para el adecuado desarrollo de proyectos en esta área; casos prácticos, experiencias y proyectos ejecutados en Chile; tecnologías, productos y servicios para remediar suelos y aguas contaminadas. Más información en: seminario@induambiente.cl

GMarisol Garrido Muñoz

ran parte de la trayectoria profesional de Marisol Garrido ha estado vinculada a la industria de tratamiento y gestión de residuos, donde se ha especializado en diversas áreas, como residuos peligrosos, orgánicos y mineros, residuos líquidos industriales, desarrollo y evaluación de proyectos. A ello suma conocimientos en ecología industrial.

Ingeniera Civil Ambiental de la U. Técnica Federico Santa María con un intercambio realizado en la U. de Technologie de Troyes, es también diplomada en evaluación y gestión de proyectos de la U. de Chile y economía circular de la U. Tecnológica de España.

Hoy se desempeña como Gerenta General de Séché Group Chile, compañía con más de 35 años de experiencia en la valorización, tratamiento y gestión de residuos complejos, peligrosos y no peligrosos, además de remediación de sitios contaminados, entre otros. En ese cargo, su prioridad es asegurar que los servicios de Séché “incorporen soluciones donde apliquemos economía circular, especialmente para la industria minera. Hemos fortalecido nuestro equipo de profesionales y compartido e intercambiado experiencias con otras filiales del grupo. El objetivo es ofrecer alternativas que realmente se enmarquen en la sostenibilidad para una industria tan relevante en el país”. Sus principales retos profesionales hoy apuntan a que la empresa sea conocida y reconocida “como un socio estratégico en la industria para la implementación de prácticas sostenibles en gestión de residuos y servicios ambientales en general”. A más largo plazo, busca impulsar “la descontaminación y remediación de pasivos ambientales o sitios contaminados, que es un tema aún en desarrollo en el país. Es una experiencia que tenemos a nivel de grupo y entendiendo que existe la necesidad me encantaría que lográramos ser referentes en la ejecución de estos proyectos”

Marisol Garrido manifiesta su preocupación por el medio ambiente también a nivel personal: “Trato de ser consumidora consciente, aunque es un real desafío. Segrego mis residuos reciclables y composto mis residuos orgánicos. Además, soy vegana, lo que me ha permitido conversar y sensibilizar con distintas personas sobre los impactos de la industria alimentaria”.

Christian Eltit Avilés

Un aspecto que define a Christian Eltit en el ámbito profesional es, a su juicio, la pasión que pone al momento de ofrecer servicios de calidad y excelencia a los clientes. Pero no es el único: “La rápida y oportuna atención de las necesidades del mercado es otro sello que me caracteriza, además de posicionar siempre la seguridad de los colaboradores como un valor principal para nuestras operaciones”, afirma.

Son atributos que actualmente pone al servicio de dos empresas especializadas en el monitoreo de variables medioambientales. Esto, luego que, a principios de 2024, tras la adquisición de Algoritmos por parte de ALS Group –laboratorio australiano con presencia en más de 70 países y con más de 40 años de trayectoria a nivel mundial–, asumiera la gerencia comercial para Chile de ambas organizaciones. Como tal, hoy en día se encarga de su dirección comercial, dando cumplimiento al plan estratégico corporativo de crecimiento para Chile y prestando apoyo técnico-comercial a las sedes que ALS tiene a nivel latinoamericano.

En lo más inmediato su objetivo es dar pleno cumplimiento al plan de integración de servicios Algoritmos/ALS, “alcanzando las metas de crecimiento y desarrollo que me han propuesto. En el mediano plazo, mi principal desafío es consolidar a ALS Life Science como el principal laboratorio ambiental en Chile y Sudamérica”, plantea.

Ingeniero en electrónica e ingeniero civil industrial, durante su trayectoria laboral de casi dos décadas se ha especializado en las áreas de instrumentación ambiental, dirección y evaluación financiera de proyectos, servicios ambientales, desarrollo de negocios y gestión comercial.

En sus casi 18 años en Algoritmos se ha desempeñado como jefe de laboratorio de instrumentación ambiental (2006-2009); jefe zonal norte (2009-2011); gerente general en Panamá (2011-2013), donde lideró la apertura de una oficina; gerente de operaciones (2014 -2016); gerente comercial y subgerente general (2017-2023). “En todas estas labores siempre he tenido como eje principal la satisfacción del cliente y el cuidado del medio ambiente”, concluye.

¿Qué se le viene a la mente si le hablamos de cambio climático, olores y ruido? De seguro, asociará rápidamente esos conceptos a problemas ambientales actuales. Muy buena respuesta, aunque, por supuesto, no se pueden poner los tres al mismo nivel. Sin duda, que la crisis climática es uno de los principales flagelos, no solo ambiental, que enfrenta hoy la humanidad. Como intuirá, sobre estos temas le preguntaremos a continuación para poner a prueba sus conocimientos.

Esperando que se haya preparado adecuadamente, le recordamos cómo es la puntuación: si contesta bien las 7 preguntas, tiene permiso para gritar y llorar de felicidad; con seis o cinco aciertos puede presumir ante sus cercanos, pero sin exagerar; con 4 no está ni para festejos ni lamentos, solo para reforzar el estudio; y con 3 o menos buenas no le quedará otra que aplicarse al máximo. Las siguientes son las consultas:

1. ¿Qué porcentaje de la población y de la superficie en Chile está expuesta a amenazas derivadas del cambio climático?

2. ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3?

3. ¿Qué metas a corto, mediano y largo plazo fija el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026?

4. ¿Qué son las vegas?

5. ¿Cuáles son los principales objetivos de las modificaciones a la norma de emisión de ruido para fuentes fijas?

6. ¿Cuáles son las fuentes más importantes de olores molestos en la industria vitivinícola?

7. ¿Qué año se promulgó la Ley “Chao Cables” y cuál es el gran problema que impide su implementación?

Solución en página 94

IFX

busca reducir consumo de energía en centros de datos

En Chile, IFX Netglobalis, filial del proveedor multinacional de telecomunicaciones IFX Networks, trabaja en un plan para disminuir el consumo de energía de sus centros de datos Magnus I y Magnus II, ubicados en Ciudad Empresarial, en la comuna Huechuraba. Mediante la implementación de este proyecto, la empresa ya ha logrado ahorrar, en promedio, 28 mil kilovatios por hora mensuales a través de la automatización de las torres de enfriamiento y el mejoramiento de los flujos de aire frío que se aplican a las instalaciones. Por eso, continuará haciendo esfuerzos para alcanzar una reducción de 75 mil kilovatios por hora mensuales este 2024.

Aceros AZA inauguró su primera planta solar

Con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de descarbonización y a la transición energética en Chile, Aceros AZA inauguró su primera planta fotovoltaica, instalada en el techo del casino de su planta Colina, en la Región Metropolitana. En colaboración con Flux Solar, la empresa instaló 162 paneles solares, con una capacidad total de 87,5 kWp, lo que se traducirá en una reducción significativa de 55 toneladas de CO2 al año. “Es un proyecto que nos llena de satisfacción, pues conocemos el interés genuino de AZA por avanzar hacia una industria más sostenible”, comentó Iván Morán, Seremi de Energía de la RM.

AyT provee equipos que miden COV en Concón, Quintero y Puchuncaví

Dados los buenos resultados de los equipos Pyxis, que provee la empresa Ambiente y Tecnología (AyT), la Superintendencia del Medio Ambiente comenzó a utilizarlos en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, donde hay vigente un plan de descontaminación atmosférica y se desarrolla un programa anual de medición, muestreo y análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV). Se trata de cromatógrafos compactos para el monitoreo en tiempo real de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno en aire ambiente. “Son perfectos, tanto para aplicaciones interiores como exteriores”, aseguran en la empresa.

Aprueban proyecto de gestión de residuos industriales en Tiltil

El Comité de Ministros aprobó el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI) que el grupo francés Séché Group, a través de su filial Ciclo, planea instalar en la localidad de Rungue, en la comuna de Tiltil. La iniciativa, rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana en 2023, contempla una inversión por US$85 millones. Consiste en la construcción, operación y cierre de infraestructura sanitaria para el tratamiento, disposición y eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, a través de procesos de revalorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final en relleno de seguridad.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?

1. El 54% de la población y el 12,9% de la superficie en nuestro país, según datos del Ministerio del Medio Ambiente.

2. Son aquellas vinculadas con la cadena de suministros y proveedores de una empresa.

3. Reducir la intensidad energética, respecto del año 2019, en un 4,5% al año 2026, en un 13% al 2030 y en un 30% al 2050.

4. Las vegas son humedales que se forman por afloramientos de agua subterránea.

5. Dar mayor certeza técnica y jurídica, avanzar en acciones preventivas y fortalecer la fiscalización.

6. El manejo y tratamiento de los residuos industriales líquidos, especialmente en la época de vendimia.

7. Se publicó en 2019 y no se ha hecho operativa por la falta de reglamento.

Paris gestiona envases de productos de belleza

Paris puso en marcha un nuevo servicio de gestión de envases de productos de belleza, como perfumes y cosméticos, que brinda la posibilidad a los clientes de dar nueva vida a los envases asociados a estas categorías y así contribuir con la reducción de residuos relacionados a esta industria. Desde el 5 de abril, Paris dispone de contenedores en sus 49 tiendas a nivel nacional, donde los clientes pueden depositar sus envases, hayan sido adquiridos o no en la tienda. La empresa Degraf procesa los artículos que se depositan en los contenedores, en tanto que Axxa Recyling se encarga de la valorización energética de estos residuos.

Sonami presentó nuevo centro de estudios

Con el objetivo de abordar desafíos de la industria minera, la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, presentó su nuevo centro de estudios que estará a cargo de generar análisis sobre los desafíos actuales del rubro, tanto de la gran, mediana y pequeña minería, para aportar a su desarrollo. La entidad estará integrada por analistas e ingenieros con formación en diferentes áreas del proceso minero y será liderada por un equipo comprometido con el desarrollo y la mejora continua en temas como la valoración de activos mineros, geología, metalurgia, ingeniería de procesos, sostenibilidad y economía minera, entre otros.

Ya opera la mayor planta para almacenar energía de América Latina

Un importante paso en su camino hacia la descarbonización dio Engie en Chile al obtener la autorización del Coordinador Eléctrico Nacional para operar comercialmente BESS Coya, el mayor parque de baterías de almacenamiento de energía en América Latina a la fecha. Este nuevo activo de la compañía tiene una capacidad de almacenamiento de 638 MWh, con 139 MW de capacidad instalada. Su tecnología es en base a Battery Energy Storage System (BESS) y utiliza baterías de litio para almacenar la energía renovable generada por el parque fotovoltaico PV Coya (180 MWac), ubicado en María Elena, región de Antofagasta.

Innovadora tecnología mitiga ruido de transmisión eléctrica

Para controlar el ruido que genera el paso de la electricidad por cables, equipos de subestaciones y otras instalaciones, Transelec desarrolló un sistema disipador sustancialmente más eficiente que los tradicionales muros. Así, junto a la empresa canadiense Zero Sound, dio forma y piloteó un dispositivo de cancelación activa de ruido, capaz de mitigar los decibeles de sonido que emiten algunas subestaciones eléctricas por medio de paneles de 60x60 cm, los cuales, posicionados a 30 metros de distancia de los equipos de la subestación, logran reducir la misma intensidad de ruido que una barrera física de 400 m2

CHEX: primer modelo comercial para almacenar energía

Científicos chilenos del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal), perteneciente a la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzaron un sistema de almacenamiento capaz de reservar la energía proveniente de fuentes renovables e inyectarla al sistema eléctrico cuando sea necesario. CHEX, sigla de Compressed Hydro Energy Storage, ofrece una solución sustentable y funciona en base a un proceso cíclico, que utiliza aire comprimido y una cantidad limitada y constante de agua. Mediante la combinación de estanques que contienen estos elementos, el proceso emula la acción de una jeringa: cuando el aire entra al estanque, impulsa el agua hacia una turbina hidráulica de alto caudal, generando así energía eléctrica.

AGRU

www.agru.cl 59

Aguas Andinas www.aguasandinas.cl Tapa 2

Albemarle www.albemarlelitio.cl 47

ALS www.alsglobal.com/es/ 3 - 20

Ambiental y Sectorial www.ambientalysectorial.cl 34

Ambiente y Tecnología www.ayt.cl 25

Arauco www.arauco.com 15

Atia Consultores www.atia.cl 27

BION www.bioconservacion.com 70

Colbún www.colbun.cl 31

Conade www.conade.cl 41

Ecolife www.ecolife.cl 77

Enel www.enel.cl 2

Exponor www.exponor.cl Tapa 3

Gestión Ambiental Consultores www.gac.cl 33

Hidronor www.hidronor.cl 6 - Tapa 4

Hotel Radisson - Plaza El Bosque www.plazaelbosque.cl 43

IFX www.ifxnetworks.com 71

InduAmbiente www.induambiente.com 1- 60 - 88

Inquinat www.inquinat.cl 51

Jaime Illanes y Asociados www.jaimeillanes.cl 8

Orbe Legal & Ambiental www.orbeconsultores.com 30

Prosamb www.prosamb.cl 17

Proterm www.proterm.cl 65

Proyecto Ilustrador www.proyectoilustrador.cl 93

Resiter www.resiter.com 21

Séché Group Chile www.sechegroup.cl 35

Simtech www.simtech.cl 49 - 55

Soltex www.soltex.cl 23

Thermal Engineering www.thermal.cl 14

WEG www.weg.net/cl 29