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Revista Desafio Exportar 256

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Desafío Exportar | Noviembre 2026


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editorial

Richard Ramsay. El hombre que abrió el camino. Por Paola Batista.

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economía

Retroceso del multilateralismo: ¿hacia un nuevo orden económico en el mundo?. Por Marcela Cristini. Una economía mundial resiliente y el histórico ciclo exportador que salvaguardó la macroeconomía argentina. Por Marcela Federico Vaccarezza. ¿Cómo impacta la reelección de Lula sobre la Argentina?.

comercio exterior 16

Exportamos impuestos: la aduana invisible de provincias y municipios. Por César Roberto Litvin. Más allá del superávit: ¿Y cómo podemos medir ahora el éxito exportador?. Por Lic. Yanina S. Lojo. El compliance como límite al derecho penal aduanero. Por Claus Noceti. Exportar también es una cuestión de cultura organizacional. Por Jackie Condomi Alcorta La nueva frontera exportadora de América Latina. Por Tarek Hamdan. Menos Aduana, más mercado: el desafío de controlar cuando la mercadería ya está adentro. Por Gustavo Fadda. América Latina vive su mejor momento comercial en años, pero la CEPAL advierte: el desafío es exportar más conocimiento, no solo más materias primas.

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El cannabis entre el potencial exportador y la parálisis estatal. La Tasa Estadística Aduanera frente al Principio de Reserva de Ley. Análisis a la Luz de la Sentencia “Storm Control SA”. Por Dr. Juan Pedro Arancedo.

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logística

Resiliencia en la Cadena de Suministro: El Impacto de la Volatilidad Macroeconómica y la Demografía Industrial en la Logística Argentina (2001-2026). Por Dr. Julio Theaux. ¡QUE SE FUNDAN! Argentina, un país que renuncia a competir. Por Paola Batista. La “Ruta de las Arenas”: el desafío logístico ante el boom energéticol. Por Juan Ignacio Angona y Lorenzo Barrios.

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transporte

Practicaje, motivación, premios Póliza y Día del Práctico Argentino.

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industria naval

Servimagnus celebra la culminación oficial del proyecto de Tandanor.

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sociedad

¿Igualdad es sinónimo de poder? Una radiografía de lo que significa ser mujer en Colombia, Argentina y Brasil. Por Iael Abramovich, Ana Ferraris y Valentina Persegani.

novedades empresarias 74

Editor/Director Richard Leslie Ramsay Subdirectora General Paola Batista Diseño Gráfico Ronald Leslie Ramsay Asesoría Legal Estudio Arbit y Asoc. Desafío Exportar La revista de comercio exterior es una publicación de Puls Media

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l a

online

r e v i s t a

d e

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del tintero

editorial

RICHARD RAMSAY. El hombre que abrió el camino Paola BATISTA Subdirectora Revista Desafío Exportar

El pasado 8 de octubre falleció Richard Leslie Ramsay, quien además de ser nuestro director, fue mi suegro. No son muchos los que tuvieron el privilegio de verlo comenzar su carrera allá por 1970. Sí son muchos los que lo acompañaron a lo largo de estos años, compartiendo con él una profesión a la que dedicó su vida y en la que dejó una huella que difícilmente pueda borrarse. Richard fue un pionero. Fue el primer periodista que entendió que la actividad marítima, portuaria, naval y el comercio exterior necesitaban un espacio propio en los medios, y dedicó su vida a construir ese espacio. Y no se limitó a contarlo. Lo hizo durante décadas, desde distintos medios y formatos marcando un rumbo que muchos siguieron después. Su carrera comenzó con una apuesta que hoy parece increíble. Trabajaba en el diario El Mundo como vendedor de publicidad cuando un día decidió proponerle al director del diario un suplemento de ocho páginas sobre la industria naval, con especial atención al Astillero Río Santiago. Él escribiría las notas y conseguiría la publicidad. La respuesta que obtuvo

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fue clara: que lo hiciera, pero si salía mal, tendría que despedirlo. Richard aceptó el desafío. El resto es historia. Aquel suplemento fue el comienzo de una carrera que lo llevó por el diario El Economista, El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, la televisión con dos programas que marcaron agenda, Entre Nosotros y El Mar y luego El Poder de la Palabra, y tantos otros espacios donde dejó su mirada y su manera de entender el periodismo. Sus últimas palabras las dejó en DESAFÍO EXPORTAR, una publicación que continúa hoy con el mismo espíritu con el que él comenzó aquel camino. Recibió muchos premios y reconocimientos, pero creo que el mayor legado está en haber sido el primero en abrir una puerta y en haber dejado un camino para que otros pudieran transitarlo. Hoy nos toca despedirlo. Para mí, además de despedir a un gran periodista, despido a mi suegro. Para mi marido, a su papá. Y para mis hijos, a Bubú, su abuelo, sus más preciadas joyas y uno de los grandes orgullos de su vida.


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Y sé que para muchos de los que compartieron con él tantos años de profesión, también se va una parte importante de la historia del periodismo marítimo,

portuario y del comercio exterior argentino. Richard se fue, pero el camino que abrió queda para siempre.

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economía

Opinión

Retroceso del multilateralismo: ¿hacia un nuevo orden económico en el mundo? Marcela CRISTINI Economista de FIEL y miembro del CARI.

El retroceso de las reglas multilaterales del comercio les impone a los países en desarrollo nuevos costos a la vez que limita uno de los factores que promueven su crecimiento. Las Naciones Unidas definen el multilateralismo como “una acción colectiva coordinada entre al menos tres actores e implica que los participantes comparten la idea de que deben trabajar juntos para resolver problemas que son excesivamente complejos para abordarlos de manera individual”. Siguiendo este lineamiento, los principios multilaterales del comercio internacional se basan en que cada país debe lograr un intercam-

bio equilibrado con todo el sistema comercial en lugar de con naciones individuales (la tan mencionada “reciprocidad comercial” del presente) y en su gestión no debe discriminar a ningún país (principio de nación más favorecida). Se ha reconocido que el sistema del comercio multilateral no sólo fomenta oportunidades económicas, sino que también desempeña un papel central en el mantenimiento de la paz. Lamentablemente desde hace algunos años, estas reglas internacionales comenzaron a ser vulneradas por países de mucho peso internacional, por ejemplo, con el bloqueo estadounidense al funcionamiento del Órgano de Apelaciones para la resolución de conflictos dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), limitando seriamente el uso del Órgano de Solución de Diferencias para saldar conflictos comerciales entre países. Más recientemente, las iniciativas unilaterales del presidente TRUMP a través de la fijación de altos arance-

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les y la imposición de negociaciones de nuevos acuerdos preferenciales bilaterales con sus principales socios comerciales, fueron un nuevo y grave paso que llevó al debilitamiento del multilateralismo y de la OMC como su gestora institucional. El camino de este declive reconoce varios hitos decisivos, aunque no excluyentes. Desde la crisis financiera internacional de 2008, la competencia económica entre China y los Estados Unidos fue creciente. A esto se sumó, en los últimos años, una feroz competencia tecnológica en el área de la Inteligencia Artificial. El episodio de la pandemia del COVID 19 en 2020, llevó a que los principales países se replantearan la arquitectura de las cadenas globales de valor que, sin desaparecer, se han ido reinventando para favorecer el abastecimiento de insumos desde países cercanos (nearshoring), países alineados políticamente (friendshoring) y, en menor medida, por el regreso de los procesos de producción a los países de mayores ingresos (reshoring). En este escenario los países se endeudaron masivamente (ver Gráfico


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1) creando las dudas actuales sobre la sostenibilidad fiscal de sus economías y, en consecuencia, sobre la estabilidad financiera internacional. A esta situación económico-financiera de riesgos crecientes se sumaron factores geopolíticos graves. Así, en 2022 se produjo la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y, recientemente, en 2026, los Estados Unidos e Israel enfrentaron a Irán luego de un episodio en el que el último país creó dudas sobre el uso pacífico de su desarrollo nuclear. Ambos conflictos llevaron a disrupciones en los mercados de productos básicos, en especial el del petróleo, desatando un nuevo episodio inflacionario mundial. Pero también afectaron a otros mercados de bienes básicos como el trigo, girasol y los fertilizantes complicando los abastecimientos y limitando los avances en la seguridad alimentaria mundial. Este escenario internacional les impone nuevos desafíos a los países en desarrollo. Uno muy importante es

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia con base en datos Fondo Monetario Internacional. el de lograr la continuidad del crecimiento del comercio mundial como una de las principales palancas de su desarrollo. El nuevo proteccionismo los obliga a la revisión constante de las barreras que se les imponen, a

cambios de estrategias de sus políticas industriales y comerciales y a la atención de los mayores costos para sus empresas y consumidores, en particular en el caso de la energía. Por el momento los flujos comercia-

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economía

les han mostrado cierta resiliencia con una desaceleración moderada del volumen a una tasa del 1,9% para 2026 (dato OMC). Otro desafío, que ya estaba presente, es la recuperación de la densidad en las relaciones económicas intrarregionales. Un ejemplo de la pérdida sufrida es la desarticulación del comercio intrazona a partir de la intensificación de los flujos industriales con China, a medida que este país avanzaba desde la provisión de insumos dentro de las cadenas de valor a la provisión de productos terminados de alta tecnología (teléfonos celulares, pantallas solares, automóviles eléctricos). En casi todas las regiones con vinculación geográfica, el intra-comercio ha caído. En el caso de América del Norte, donde los Estados Unidos protagonizan un lento “desacople comercial” con China, las relaciones comerciales intrazona se han mantenido debido al viraje norteamericano hacia el abastecimiento desde México (Gráfico 2). A primera vista, la estrategia geopolítica y geoeconómica de la actual administración de los Estados Unidos parece haber dado espacio para el empoderamiento de los países con los que, precisamente, enfrentaba competencias de variado tenor (Rusia, China, Irán). Por ejemplo, en su reciente reunión de setiembre, los BRICS ampliados convinieron retomar las agendas de la reforma de la gobernanza mundial, pedir el cese de los conflictos armados, y promover los mecanismos de desarrollo del comercio y las finanzas, la política energética y climática, la tecnología, la salud, la agricultura y la cooperación entre pueblos. Con la visita personal de XI JINPING a India donde tuvo lugar la reunión, se observó un acercamiento no anticipado entre ambos países. Con todo, la búsqueda de una coordinación del llamado “Sur Global” se vería limitada por los propios problemas internos que enfrentan

Gráfico 2

Fuente: elaboración propia con base en datos INTRACEN.

“

Pero la complejidad de este escenario obliga a los países en desarrollo, como la Argentina, a extremar el cuidado en el armado de sus estrategias comerciales y de inversiones externas muchas de estas economías. Otros países, como Canadá y los países europeos, también buscan un espacio de liderazgo en la reorganización del orden mundial a partir de la activación de iniciativas de las llamadas “Potencias Medias”. Aún es muy temprano para arriesgar ideas sobre un nuevo orden internacional pero la complejidad de este escenario obliga a los países en desarrollo, como la Argentina, a extremar el cuidado en el armado de sus estrategias comerciales y de inversiones externas. Por el momento, en el caso de nuestro

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país, la recuperación de nuestras exportaciones de bienes y servicios con un crecimiento a dos dígitos y con un valor que superaría los USD 100000 millones en el año resulta una muy buena noticia. A ello se suma la diversificación del patrón de productos con el aumento de la exportación de minerales y la incorporación del petróleo y gas no convencionales. Con el debido tiempo, estas novedades positivas y la complejidad del escenario internacional deberían alentar una asociación más estrecha entre el sector privado y público para asegurar y ampliar el camino exportador.


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economía

Opinión

Una economía mundial resiliente y el histórico ciclo exportador que salvaguardó la macroeconomía argentina Federico VACCAREZZA Analista Macroeconómico, profesor de la Especialización en Comercio Internacional en la Universidad Austral, profesor de Economía en la UNDAV y Director del Departamento de Europa (IRI-UNLP).

A pesar de las severas turbulencias que sacuden al escenario internacional—con el precio del petróleo Brent firmemente consolidado por encima de los USD 100 por barril, el endurecimiento monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la constante asfixia logística que imponen la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz—, la economía global viene exhibiendo una resiliencia formidable. Lejos de la parálisis, el Fondo Monetario Internacional estimó en su informe de octubre de 2026 que el Producto Interno Bruto mundial se expandirá un 3,1%, un dinamismo apuntalado por el extraordinario despliegue de

la revolución tecnológica y la Inteligencia Artificial, que actúa como el gran amortiguador de la crisis. Al analizar el mapa de las grandes locomotoras globales, Estados Unidos lidera el bloque desarrollado con un avance del 2,3%, sostenido por un consumo interno inquebrantable a pesar de las altas tasas de interés, mientras que China asimila una desaceleración moderada del 4,5% bajo el peso de las restricciones comerciales occidentales y la reconfiguración de las cadenas de valor. Por su parte, la Zona Euro camina a un ritmo más modesto del 1,1%, afectada por los altos costos de la energía, pero con una notable asimetría interna, donde la pujanza de España al 2,5% contrasta con el lento despertar de Alemania al 1,3% y el letargo de Francia e Italia. En el universo de los mercados emergentes, India se corona como el motor indiscutido del año con un espectacular crecimiento del 7,0% empujado por la inversión pública, escoltada por un Brasil que modera su marcha al 2,2% debido a una estricta política antiinflacionaria, y

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un México que resiste en el 1,5% capitalizando su integración estratégica en el entramado industrial norteamericano. Finalmente, en la cuenca del Pacífico y el bloque anglosajón, Corea del Sur emerge como una de las grandes ganadoras globales con una expansión del 3,3% impulsada por el auge global de los semiconductores, mientras que Australia al 1,9% y Canadá al 1,5% estabilizan sus cifras gracias al flujo de sus materias primas, dejando rezagado a un Japón que avanza apenas un 0,7% condicionado por su debilidad demográfica y de consumo interno. Este tablero de crecimiento heterogéneo pero persistente, traza el preludio perfecto para adentrarse en las mutaciones de un comercio mundial que se ve forzado a rediseñar sus rutas y su propia naturaleza.

Un comercio mundial resiliente El comercio mundial de mercancías continúa exhibiendo una notable solidez en el segundo semestre del año, desafiando abiertamente el


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complejo entramado de las fricciones geopolíticas y la volatilidad de costos. En sintonía con la resistencia de la actividad global, el último Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en septiembre de 2026, arrojó una lectura de 102,0 puntos, consolidándose por encima de su valor de referencia de 100 y superando el registro de 101,7 del pasado mes de junio. Este indicador adelantado ratifica que el volumen de los intercambios no solo se mantiene sobre su tendencia histórica, sino que además aceleró su expansión durante el tercer trimestre del año. Al desglosar los motores de esta dinámica, la Inteligencia Artificial vuelve a emerger como el gran dinamizador global y el índice de los componentes electrónicos lidera la recuperación con un contundente 104,9, reflejando la insaciable demanda de insumos para la infraestructura tecnológica que logra

amortiguar con creces, el impacto adverso de la parálisis logística en Oriente Medio como también la creciente incertidumbre arancelaria. A excepción de los fletes marítimos en contenedores, que marcaron un leve letargo con 99,6 puntos a raíz de los desvíos obligados en las rutas marítimas tradicionales, el resto de los componentes del indicador sectorial se mantienen en un terreno expansivo. Las órdenes de exportación (103,5) y el transporte de carga aérea internacional (102,8) exhiben una firme aceleración que anticipa un cierre de año robusto para el flujo de bienes, mientras que las materias primas agrícolas (102,6) y el sector automotriz (101,5) se acoplan holgadamente a esta inercia positiva. En suma, este panorama nos ofrece un bálsamo de previsibilidad para el mediano plazo y representa un dato sumamente alentador para la Argentina, garantizando la continuidad de un viento de cola indispensable para apuntalar el frente

externo.

Las perspectivas para la Argentina: El colchón del superávit en un mapa de precios y cantidades La resiliencia de la economía y el comercio mundial se evidencia de una manera contundente en el frente exterior argentino, donde las exportaciones crecen empujadas por el virtuoso efecto de la doble tracción: un aumento simultáneo en las cantidades despachadas y en los precios internacionales. En contraste, las importaciones permanecen comprimidas por la debilidad de la actividad doméstica, una combinación asimétrica que le permite al Gobierno proyectar un superávit comercial neto de entre USD 17.000 millones y USD 19.000 millones en la balanza consolidada de bienes y servicios, donde el universo de las mercancías por sí solo, aportaría un saldo histórico

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de USD 23.000 millones. Este “superávit por compresión” opera como un colchón macroeconómico indispensable para absorber la demanda interna de divisas y amortiguar los embates de una coyuntura financiera global y local que se perfila cada vez más desafiante. Al desmenuzar el comportamiento del intercambio según los últimos datos del INDEC para el período eneroagosto, el índice de los precios de las exportaciones exhibió un avance del 10,4% interanual—impulsado por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), Combustibles y Energía (CyE) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)—, acoplándose a una sólida suba del 10,0% en las cantidades vendidas, con incrementos transversales liderados por la energía (27,8%) y los Productos Primarios (15,7%). Por el lado de las compras al exterior, si bien el índice de precios reflejó un encarecimiento del 7,3%, las cantidades importadas se desplomaron un 9,2% debido al menor volumen demandado en la mayoría de los usos económicos. Esta evolución dispar, consolidó una mejora del 2,9% en los términos del intercambio, llevando el índice sec-

torial a un nivel de 145,4 puntos. En términos reales, la mayor velocidad de ajuste de los precios exportados frente a los importados le reportó al país una ganancia neta de USD 1.773 millones; de no haber existido este beneficio exógeno, el superávit comercial acumulado a agosto habría sido de USD 15.242 millones, confirmando que, la firmeza de la demanda global, actúa como un aliado estratégico fundamental para el equilibrio macroeconómico argentino.

Conclusión: El sector externo como el salvavidas macroeconómico de 2026 En retrospectiva, la economía y el comercio internacional debieron sortear severas e imprevisibles tormentas durante los primeros tres trimestres de 2026. Sin embargo, la resiliencia del entramado global terminó imponiéndose con holgura sobre los desafíos geopolíticos y monetarios, permitiendo que la economía mundial cierre el año en un terreno positivo. En este contexto, la Argentina logró capitalizar exitosamente un valioso viento de cola, encontrando en los altos precios internacionales

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de los combustibles y los alimentos el oxígeno de las divisas que tanto necesitaba en un momento crítico para estabilizar parcialmente sus principales indicadores macroeconómicos. Es fundamental destacar también que este fenómeno, no respondió a un mero azar de las cotizaciones. El volumen físico de las ventas externas también registró una firme aceleración, consolidando para las exportaciones nacionales un ciclo de expansión estructural que no se observaba desde hacía quince años. De esta manera, mientras las rutas marítimas tradicionales se reconfiguraban bajo presión, el sector externo se convirtió en el auténtico salvavidas de la economía local durante 2026. Hacia el horizonte, los organismos internacionales proyectan una aceleración y un rebote del crecimiento global que alcanzaría el 3,4% para 2027 de la mano de una paulatina normalización energética, pero el análisis de ese escenario quedará para más adelante. Como bien enseñaban los romanos con su imperecedero Carpe Diem, a cada día le basta su propia preocupación y, hoy por hoy, el sector exportador argentino tiene sobradas razones para celebrar su fortaleza.


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Informe

¿Cómo impacta la reelección de Lula sobre la Argentina? Por Invecq Consulting S.A.

Economía La reelección de Lula abre una nueva etapa para Brasil y tiene implicancias en Argentina: el principal socio comercial del país crecería a un ritmo moderado en 2027, mantiene desequilibrios fiscales relevantes y, tras el resultado electoral, registró una fuerte depreciación de su moneda. Para la economía argentina, los dos canales centrales a seguir serán justamente esos: por un lado, cuánto pueda crecer Brasil y, por otro, qué ocurra con el real, cuya depreciación le agrega tensión al frente cambiario local. Además, tuvo un impacto inmediato en la plaza bursátil local (ver Sección Finanzas y mercados). Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. En lo que va de 2026 explicó el 16% del intercambio total de bienes: las exportaciones hacia ese destino sumaron USD 9.789 M (13% del total) y las importaciones USD 12.005 M (21%). Esa participación, sin embargo, es menor a la de otras épocas: entre 2000 y 2015 promediaba el 24% del comercio exterior. El vínculo, además, ha sido históricamente deficitario para la Argentina: desde 2000, el saldo bilateral solo fue positivo en 2000-2002 y 2019. La relevancia de Brasil no pasa solo por el volumen sino también por la composición: más del 60% de las ventas a ese mercado son manufacturas de origen industrial, con vehículos y sus partes como principal producto (44% del total), seguidos de lejos por cereales (9%), lácteos (6%) y combustibles y energía (6%), entre otros. Para varios sectores, además, es un destino difícil de reemplazar: concentra el 65% de las exportaciones argentinas de vehículos y sus partes, el 60% de las de plástico y sus manufacturas, y en torno al 40%

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de las de lácteos y de aparatos mecánicos. Incluso en rubros de menor escala su peso es casi total, con más del 90% tanto en fibras sintéticas o artificiales discontinuas como en plomo y sus manufacturas. A esto se suma el canal de la inversión: Brasil es el cuarto país con mayor stock de inversión extranjera directa en la Argentina (6,2% del total), mientras que en términos de flujos explicó el 9% en los últimos 12 meses, ubicándose en el séptimo puesto. Dado este grado de exposición comercial, lo que ocurra con su nivel de actividad resulta determinante, y allí el frente fiscal aparece como el principal foco de atención. El sector público consolidado cerró 2025 con un déficit de 8,3% del PBI, explicado casi en su totalidad por el pago de intereses, ya que el resultado primario fue de apenas -0,4%. El deterioro es marcado si se tiene en cuenta que en 2022 se registraba un superávit primario de 1,3% y un rojo total de 4,6%. Para este año, el relevamiento de expectativas del BCB anticipa un primario similar (-0,4%) y un déficit financiero cercano al 9%. El correlato es una deuda que gana peso por su propia dinámica: el déficit se financia con más deuda, que a su vez eleva la carga de intereses. Según el FMI, la deuda bruta del gobierno general rondaría el 100% del PBI en 2026 y seguiría en aumento en los próximos años. El desafío para el nuevo mandato de Lula será sostener el crecimiento en un contexto de tasas todavía elevadas, sin profundizar los desequilibrios fiscales. Las proyecciones para 2027, de hecho, muestran una economía que seguiría expandiéndose, pero sin demasiado dinamismo: el relevamiento de expectativas del BCB estima 1,3% para el año


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que viene y 1,8% para este, cuando venía de crecer 3% en promedio durante 2022-2025. Para la Argentina, esto supone que el canal comercial debería seguir aportando demanda —en particular para las manufacturas industriales—, aunque difícilmente pueda esperarse un gran impulso. Al mismo tiempo, la posibilidad de una política fiscal expansiva enfrenta una restricción cada vez más evidente: con deuda elevada y un costo de financiamiento alto, un deterioro adicional de las cuentas públicas podría mantener las tasas altas por más tiempo y terminar limitando el propio crecimiento brasileño. El segundo canal, y el que mostró una reacción más inmediata al resultado electoral, es el cambiario. Al día siguiente del balotaje, el real se depreció 8,8%, de R$ 4,98 a R$ 5,35 por dólar y cerró la semana en R$5,47. Más allá de la sobrerreacción inicial del mercado, la dinámica cambiaria será una variable especialmente relevante para la Argentina: un real persistentemente más débil reduce la competitividad de las exportaciones argentinas frente a la producción brasileña, presiona sobre algunos sectores que compiten con importaciones y también afecta el turismo. De hecho, el ITCRM ya cayó 2% entre el 29/10 y el 23/10, y el TCR bilateral 7,2%. Así, el escenario más favorable para la Argentina no depende simplemente de que Lula consiga sostener el crecimiento, sino de que pueda hacerlo sin profundizar el desequilibrio fiscal y sin que esa incertidumbre termine traduciéndose en

una depreciación persistente del real.

Finanzas y mercados La semana financiera estuvo marcada por el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, que generó una fuerte corrección en los mercados financieros brasileros y repercutió sobre los activos argentinos. En el plano local, el BCRA permaneció tres jornadas sin realizar compras en el MULC, mientras que el riesgo país se acercó a los 800 p.b. Lula da Silva se impuso en el balotaje del 25 de octubre con el 51,8% de los votos válidos, frente al 48,2% obtenido por Flávio Bolsonaro, revirtiendo así el resultado de la primera vuelta. El resultado tuvo un fuerte impacto sobre los activos financieros brasileños, en un contexto en el que los mercados habían priceado una mayor probabilidad de triunfo de Bolsonaro. En la primera rueda posterior a las elecciones, el EWZ (principal ETF que replica las acciones brasileñas y cotiza en Nueva York) llegó a registrar una caída de 26%, pero cerró el día con una caída de 20% (la segunda mayor caída del índice, luego de la pandemia). La corrección continuó durante el resto de la semana, aunque a un ritmo considerablemente menor en torno a 1% diario. Por su parte, el Ibovespa, principal índice bursátil de Brasil, activó el mecanismo de circuit breaker[1] durante la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de las operaciones, algo que no ocurría desde marzo de 2020. Una vez reanudada la

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economía

operatoria, el índice cerró con una caída del 14%. La reacción también se reflejó en los flujos de capitales. Los inversores retiraron R$ 6.820 M (USD 1.321 M) de la bolsa brasileña B3 durante las tres ruedas alrededor del balotaje, de los cuales R$ 2.850 M (USD 526 M) correspondieron al lunes 26, primera jornada posterior a las elecciones, siendo la tercera mayor salida diaria de 2026. No obstante, el saldo neto de octubre continúa siendo positivo, con ingresos por R$ 13.300 M (USD 2.456 M), impulsados por la entrada récord registrada luego del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. En aquella jornada, el lunes 5 de octubre, ingresaron R$ 10.060 M (USD 2.015 M), la mayor entrada diaria desde 2008. En paralelo, los inversores incrementaron significativamente sus posiciones en derivados cambiarios como cobertura, con compras por R$ 36.803 M (USD 6.840 M), el mayor saldo diario desde 2022. A esto se le sumó el impacto en el Real antes mencionado (Ver sección economía) y en el riesgo país brasileño que mostró una reacción más acotada que la observada en el mercado accionario, con un incremento de 22 p.b. en la primera rueda, frente a una suba de 6 p.b. del indicador latinoamericano. La corrección de los mercados brasileños también tuvo grandes repercusiones sobre los activos argentinos. En la primera rueda posterior a las elecciones, el índice Merval cayó un 5%, mientras que el riesgo país aumentó 64 p.b., frente a una suba de apenas 6 p.b. del indicador latinoamericano. No obstante, a pesar de la fuerte corrección registrada tras las elecciones, el mercado brasileño todavía acumula una suba del 4% en lo que va del año, frente al avance del 34% que registraba antes del balotaje. En contraste, el mercado argentino presenta un desempeño considerablemente más débil: el Merval acumula una caída del 18% en dólares en el año, ubicándose entre los índices bursátiles más castigados. Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista avanzó un 0,8%, aunque durante el resto de la semana los activos se

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mantuvieron relativamente estables. En el frente cambiario, el BCRA permaneció tres jornadas consecutivas sin realizar compras netas en el mercado oficial. No obstante, parte de la intervención se canalizó a través del Tesoro, que realizó una venta de USD 100 M durante la primera rueda y recompró USD 44 M en la segunda. A pesar de esta interrupción, la autoridad monetaria acumula compras por USD 1.396 M en octubre, un desempeño poco habitual para esta época del año. Por otro lado, el Tesoro obtuvo un resultado positivo en la última licitación, en la que enfrentaba vencimientos por $10,8 bn y alcanzó un rollover del 107%. En cuanto a la composición de la adjudicación, el 31% correspondió a un bono CER-TAMAR, el 22% a instrumentos dólar linked, el 18% a tasa fija, el 17% a CER y el 13% restante a instrumentos TAMAR. En términos de tasas, con excepción del instrumento dólar linked, las adjudicaciones se realizaron en línea con las condiciones del mercado, sin necesidad de ofrecer premios adicionales. Sin embargo, el aspecto más relevante de la licitación estuvo en la extensión de los plazos. El 62% del monto adjudicado, equivalente a $7,2 bn, corresponde a vencimientos anteriores a las elecciones de octubre de 2027, mientras que el 38% restante ($4,4 bn) vence con posterioridad. Esto representa una mejora respecto de las licitaciones de agosto y septiembre, en las que el Tesoro había encontrado dificultades para extender los vencimientos más allá del período electoral. De cara a un año electoral con importantes compromisos de deuda en pesos, lograr despejar la mayor cantidad posible de vencimientos con anterioridad a las elecciones resulta clave para reducir las necesidades de refinanciamiento y los riesgos de concentración de pagos. [1] Es un mecanismo que suspende automáticamente las operaciones en la bolsa cuando el índice cae bruscamente, para frenar el pánico y dar tiempo a procesar la información.


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comercio exterior

Opinión

Exportamos impuestos: la aduana invisible de provincias y municipios César Roberto LITVIN Ceo Lisicki, Litvin & Abelovich.

La Argentina quiere exportar más, pero castiga fiscalmente el camino que debe recorrer cada producto antes de llegar al puerto. Discutimos el tipo de cambio, los aranceles y los acuerdos comerciales, mientras toleramos una carga menos visible: los impuestos provinciales y las tasas municipales que se acumulan dentro de los costos. Así, junto con alimentos, manufacturas y trabajo argentino, exportamos impuestos. El comercio internacional ofrece una orientación clara para los impuestos sobre el consumo: gravar en destino y liberar las exportaciones de la carga indirecta recuperable que soportaron en origen. Ese

principio inspira el tratamiento del IVA en los sistemas modernos. No significa que los exportadores del mundo no paguen ningún impuesto. Significa evitar que la tributación sobre las transacciones se convierta en una desventaja artificial para vender en otro país. Ingresos Brutos funciona en sentido contrario. Alcanza la facturación en sucesivos eslabones, sin un mecanismo general de crédito que permita descontar lo pagado en las etapas anteriores. Cuando el proveedor incorpora el gravamen a su precio, el siguiente eslabón lo recibe como costo y puede volver a tributar sobre un importe que ya contiene impuestos. Es el conocido efecto cascada: una acumulación que distorsiona precios y organización productiva. Por eso, afirmar que una exportación está excluida o exenta de Ingresos Brutos no resuelve el problema. La venta final puede quedar liberada y, sin embargo, el producto conservar la carga soportada por materias

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primas, envases, energía, mantenimiento, servicios y logística. La exclusión del último eslabón no limpia los anteriores. Pensemos en una botella de vino, un alimento elaborado o una autoparte. Antes de exportarse necesitaron insumos, transporte, depósitos y prestaciones de terceros. Según las actividades y jurisdicciones involucradas, esos proveedores pudieron soportar Ingresos Brutos y tasas locales e incorporarlos, total o parcialmente, a sus precios. Cuando el bien cruza la frontera, esa carga acumulada no desaparece: viaja dentro del costo, aunque no figure discriminada en la factura al comprador extranjero. No existe una alícuota única que permita medir esa incidencia para todas las exportaciones. Depende de la cadena, las exenciones, los márgenes, las jurisdicciones y los reintegros aplicables. La medición debe reconstruir cada cadena y determinar cuánto impuesto queda efectivamente incorporado después de las devoluciones y compensaciones.


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La situación se agrava con las tasas municipales calculadas sobre la facturación. La tasa de seguridad e higiene debe responder a un servicio efectivamente prestado. Sin embargo, cuando su recaudación se expande por el volumen de ventas sin una justificación razonable vinculada con el servicio, aparece una lógica semejante a la de otro impuesto sobre los ingresos. La autonomía municipal no puede convertirse en un cheque en blanco para encarecer la producción. Los municipios necesitan recursos y deben prestar servicios, pero también justificar qué cobran, por qué lo cobran y cómo determinan el importe. La discusión exige transparencia sobre prestaciones y costos, reglas previsibles y límites a las superposiciones. Ninguna estrategia exportadora será consistente si cada nivel de gobierno agrega cargas sin evaluar el resultado conjunto. En un mercado competitivo, el comprador extranjero compara precio, calidad, entrega y confiabilidad. No acepta pagar más porque el proveedor argentino deba financiar una estructura tributaria acumulativa. Si la empresa no puede trasladar ese costo, lo absorbe en su margen. Si el margen se agota, pierde la operación. El impuesto que parecía recaer sobre una factura termina afectando la rentabilidad, la inversión y las posibilidades de empleo de toda la cadena. También existe un sesgo contra la especialización. Una empresa que contrata proveedores independientes puede acumular más imposición sobre transacciones que otra que reúne esas tareas dentro de una misma estructura. Se favorece así la integración por razones fiscales, aunque no sea la organización más eficiente. La Argentina cuenta con recupero del IVA vinculado a exportacio-

nes y con reintegros destinados a restituir, total o parcialmente, tributos internos. Pero su existencia no prueba que toda exportación salga libre de carga: debe verificarse qué conceptos compensan, en qué proporción y en qué plazo. Una devolución insuficiente deja impuestos dentro del producto; una devolución tardía agrega un costo financiero al exportador. La salida requiere un acuerdo entre Nación, provincias y municipios que coloque a la competitividad exportadora entre sus objetivos

impedir que las retenciones y percepciones generen saldos a favor persistentes: financiar al Fisco por adelantado y en exceso inmoviliza capital que la producción necesita para competir. El costo de la transición debe discutirse con metas de gasto, eficiencia y financiamiento. La dependencia de estos recursos no justifica perpetuar sus distorsiones. Tampoco alcanza con bajar un impuesto nacional si otra jurisdicción absorbe el alivio aumentando sus cargas. El compromiso debe abarcar a los tres niveles de gobierno

“

La Argentina quiere exportar más, pero castiga fiscalmente el camino que debe recorrer cada producto antes de llegar al puerto verificables. Debe relevarse la carga indirecta por cadena y transparentarse la incidencia de los tributos locales. Con esa información corresponde revisar los reintegros para evitar tanto compensaciones insuficientes como devoluciones superiores a lo efectivamente soportado, respetando las reglas del comercio internacional. En paralelo, debe trazarse una sustitución gradual de Ingresos Brutos por un esquema que evite la acumulación entre etapas, con coordinación federal y resguardo del equilibrio fiscal. Las tasas municipales deben vincularse con servicios efectivos y una cuantificación razonable. También hay que

y evitar que una reforma termine siendo una simple mudanza de la presión fiscal. Exportar exige productividad dentro de la fábrica y sensatez tributaria fuera de ella. Mientras otros sistemas procuran neutralizar los impuestos indirectos sobre lo que venden al exterior, nosotros conservamos una aduana invisible antes del puerto. La Argentina necesita exportar valor agregado, conocimiento y trabajo. Seguir exportando impuestos es resignar competitividad por decisión propia y cobrar hoy una recaudación que puede costarnos las exportaciones de mañana. Es urgente cambiar ese rumbo.

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comercio exterior

Opinión

Más allá del superávit: ¿Y cómo podemos medir ahora el éxito exportador? Lic. Yanina S. LOJO Mg. en Dirección de Finanzas y Control. Titular de Consultora Lojo @mg.yaninaslojo www.consultoralojo.com

Las exportaciones argentinas muestran resultados favorables. Pero detrás de los grandes números persiste una pregunta que merece mayor atención: ¿cuántas empresas participan de ese crecimiento y cuántas consiguen sostenerse en los mercados internacionales?

Los dólares importan. Las empresas, también Argentina cerró los primeros nueve meses de 2026 con exportaciones de bienes por USD 77.267 millones y un superávit comercial acumulado de USD 21.198 millones. Son cifras relevantes. La generación de divisas, la capacidad de abastecer mercados

y la consolidación de sectores exportadores constituyen condiciones necesarias para una economía que necesita crecer. Reconocer esos resultados no impide formular una segunda pregunta: ¿qué tan extendida está esa capacidad exportadora dentro de nuestro entramado productivo? El saldo comercial es un indicador macroeconómico, no una medida de la profundidad de la internacionalización empresarial. Puede mejorar por mayores exportaciones, menores importaciones o una combinación de ambas. Incluso cuando el aumento de las ventas externas es significativo, no necesariamente crece en la misma proporción la cantidad de firmas que participan. Por eso, el próximo debate no debería limitarse a cuánto vendemos: también importa quiénes venden, con qué continuidad y qué capacidades desarrollan para seguir haciéndolo. No se trata de enfrentar el crecimiento de los grandes exportadores con la incorporación de empresas pequeñas. La Argentina necesita ambas cosas. Los sectores que ya cuentan con

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escala internacional deben poder invertir y ampliar su oferta. Y, al mismo tiempo, necesitamos que más empresas encuentren condiciones para iniciar una trayectoria exportadora, crecer y diversificar sus mercados. Son objetivos complementarios, no excluyentes.

Una concentración que obliga a mirar la estructura Los datos del Observatorio PyMEx 2015–2024 de CERA–IEI permiten poner dimensión a este desafío. En 2024 se contabilizaron 9.085 empresas exportadoras de bienes, frente a un máximo de 15.075 en 2006. La diferencia, cercana al 40%, muestra que la discusión no nace de un resultado puntual de 2026. Es una cuestión de trayectoria y de estructura productiva. La concentración del valor exportado es todavía más elocuente. Según ese relevamiento, las grandes empresas representaban aproximadamente el 9% de las firmas, pero explicaban el 93,6% del valor exportado. Las diez primeras empresas concentraban el


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42% de las ventas externas. En el otro extremo, las PyMEx reunían cerca de la mitad de las firmas exportadoras y aportaban el 6,3% del valor; las microempresas, alrededor del 40% de las firmas, participaban con apenas el 0,06%. Estos porcentajes deben leerse con cuidado. La concentración no demuestra por sí sola una falla de competencia ni justifica reducir la participación de las compañías de mayor tamaño. La agroindustria, la energía y otras actividades intensivas en capital operan naturalmente con escalas elevadas. Su aporte al comercio exterior es decisivo. Pero el contraste entre cantidad de firmas y valor exportado sí permite identificar una tarea pendiente: desarrollar las capacidades de quienes hoy participan poco o todavía no participan. En septiembre de 2026, el Ministerio

de Economía informó para enero– septiembre 7.061 PyMEs exportadoras y USD 8.330 millones vendidos al exterior, con un crecimiento del 23,2% en el valor exportado. Es una señal favorable, aunque conviene no mezclar series: los registros de PyMEs difundidos por el Ministerio y las categorías de PyMEx del Observatorio CERA no necesariamente aplican iguales criterios de tamaño, cobertura o período. Comparar ambas cifras como si midieran el mismo universo llevaría a conclusiones equivocadas. La lectura relevante es que el país puede registrar avances coyunturales en sus exportaciones PyME y, al mismo tiempo, arrastrar una dificultad de largo plazo para expandir el universo de exportadores. Una cosa no invalida la otra. Precisamente por eso necesitamos indicadores que permitan distinguir los movimientos de un año de los cambios estructurales.

¿Por qué una empresa competitiva en el mercado interno no siempre puede exportar? Una primera venta internacional exige mucho más que encontrar un comprador. La empresa debe evaluar demanda, adaptar el producto, verificar requisitos sanitarios o técnicos, gestionar documentación, negociar condiciones de cobro, contratar logística y financiar el ciclo comercial. Una parte importante de esos costos aparece antes de que exista una operación confirmada y puede resultar difícil de recuperar si el proyecto no prospera. Para una compañía que exporta grandes volúmenes, los costos fijos se distribuyen entre numerosas operaciones. Para una firma pequeña que intenta colocar su primer embarque, pueden representar una porción decisiva del negocio. La escala condicio-

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comercio exterior

na la capacidad de absorber riesgos, contratar especialistas y sostener una estrategia comercial durante el tiempo necesario para consolidar clientes. La logística y el financiamiento también pesan. No es lo mismo producir cerca de un puerto que hacerlo a cientos de kilómetros de los principales corredores. Tampoco es igual disponer de crédito para capital de trabajo que financiar insumos, producción y plazos de cobro exclusivamente con recursos propios. Son diferencias que pueden transformar una oferta competitiva en planta en una propuesta que deja de serlo cuando llega al mercado de destino. Por eso insisto en una idea: la competitividad no depende de una única variable. El tipo de cambio importa, pero no reemplaza la productividad, la infraestructura, la previsibilidad normativa, la disponibilidad de financiamiento ni la profesionalización de la gestión. Una empresa compite con toda su estructura de costos y capacidades.

El acceso a información comercial confiable es otro factor decisivo. Detectar que las importaciones de un producto crecen en determinado mercado es apenas una señal. La decisión requiere saber quién compra, quién provee, qué precio acepta ese mercado, cuáles son las barreras de entrada y si la empresa puede sostener entregas. La información describe; la inteligencia comercial ayuda a decidir.

La primera exportación no es la meta final Las ferias, misiones comerciales y rondas de negocios cumplen una función importante: permiten establecer contactos, conocer mercados y reducir algunas barreras iniciales. Pero una primera operación no equivale a una internacionalización consolidada. Una venta excepcional puede surgir por una necesidad puntual de abastecimiento, una mejora transitoria de precios o una oportunidad comercial que después no se repite.

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El verdadero salto ocurre cuando la empresa transforma esa operación en una relación comercial recurrente. Eso exige calidad constante, cumplimiento de plazos, atención posventa, planificación financiera y capacidad de adaptación. También exige aceptar que no todos los mercados ni todos los clientes justifican la misma inversión. A veces, consolidar un destino es más valioso que multiplicar contactos sin continuidad. La literatura sobre comercio internacional distingue el margen intensivo —vender más mediante exportadores y productos existentes— del margen extensivo —incorporar firmas, productos o mercados—. A esa distinción debemos agregar una tercera dimensión práctica: la permanencia. No basta con saber cuántas empresas comienzan a exportar; necesitamos conocer cuántas siguen activas doce, veinticuatro y treinta y seis meses después. Esta medición exige trabajar con co-


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hortes: identificar a las empresas que realizaron su primera exportación en un año y seguir su trayectoria. También conviene distinguir entre quien deja de exportar definitivamente y

quien interrumpe operaciones por un período para luego retomarlas. Son situaciones diferentes y requieren respuestas distintas. La falta de una serie pública, regular y fácilmente comparable de supervivencia exportadora limita la posibilidad de evaluar con precisión este fenómeno en Argentina. Por eso sería impropio presentar una tasa única de abandono sin definir el universo, el período y la metodología. Lo que sí podemos afirmar es que medir la permanencia ayudaría a mejorar tanto las decisiones empresariales como el diseño de instrumentos de acompañamiento.

¿Qué podemos aprender de otras experiencias? La experiencia internacional ofrece herramientas útiles, aunque ninguna puede trasladarse mecánicamente. Chile desarrolló evaluaciones de sus instrumentos de promoción y encontró, para una cohorte específica asistida por ProChile, que una proporción acotada de empresas no exportadoras logró ingresar al comercio exterior durante los años poste-

riores. También observó dificultades de continuidad entre empresas que ya exportaban. Corea del Sur ha utilizado esquemas de vouchers para que empresas de menor tamaño contraten servicios especializados de internacionalización. Singapur aplica instrumentos de cofinanciamiento para determinadas actividades de desarrollo de mercados. Más allá de sus diferencias, ambos casos muestran una lógica interesante: la asistencia puede organizarse alrededor de necesidades concretas, en lugar de ofrecer exactamente el mismo recorrido a todas las empresas. Argentina tiene instituciones, cámaras, universidades, agencias provinciales y profesionales con experiencia en comercio exterior. El desafío no es empezar desde cero ni copiar modelos extranjeros. Es coordinar capacidades, identificar cuellos de botella y evaluar qué intervenciones ayudan a convertir una oportunidad comercial en una relación sostenida. La política de promoción tiene que dialogar con la realidad operativa de las empresas.

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De contar actividades a medir trayectorias Una agenda de internacionalización necesita indicadores de gestión, pero también indicadores de resultado. Contar asistentes a una capacitación, reuniones en una misión o contactos generados en una feria permite saber qué se hizo. No alcanza para determinar qué cambió. El seguimiento debería incluir primeras operaciones, recurrencia, nuevos destinos, crecimiento del valor exportado y continuidad de las firmas. Las necesidades, además, varían según la etapa. Quien nunca exportó puede requerir un diagnóstico de preparación exportadora. Quien negocia su primera venta necesita resolver costos, documentación y medios de cobro. Quien ya opera puede necesitar financiamiento para aumentar escala o inteligencia comercial para diversificar destinos. Y una firma consolidada puede requerir certificaciones, tecnología y nuevas redes de distribución. No propongo sumar trámites ni crear estructuras que terminen consumiendo recursos sin mejorar resultados. La clave es aprovechar la información disponible, ordenar esfuerzos y establecer metas verificables, respetando la confidencialidad de los datos empresariales. El éxito de una estrategia no debería medirse solo por la cantidad

de actividades organizadas, sino por la evolución concreta de las empresas acompañadas. En este punto, la coordinación público-privada es indispensable. El Estado tiene responsabilidades en infraestructura, facilitación, reglas y acceso a mercados. Las cámaras aportan conocimiento sectorial y redes. Las universidades forman profesionales y desarrollan capacidades. Las empresas toman las decisiones de inversión y asumen el riesgo comercial. Ningún actor puede sustituir al resto.

El efecto multiplicador de las grandes cadenas exportadoras La concentración exportadora también puede leerse desde otra perspectiva: la capacidad de los grandes actores para generar demanda de proveedores nacionales. Agroindustria, energía, minería y manufacturas necesitan equipamiento, mantenimiento, ingeniería, servicios tecnológicos, transporte y soluciones especializadas. Parte de esas actividades puede convertirse en una vía de aprendizaje para empresas que todavía no exportan directamente. Integrarse a una cadena exportadora puede exigir mejores estándares de calidad, certificaciones, productividad y cumplimiento de plazos. Esas capacidades, una vez desarrolladas, pueden facilitar la búsqueda de clientes in-

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ternacionales propios. Pero la integración no ocurre automáticamente: las empresas proveedoras deben ser competitivas y las grandes compañías necesitan contar con incentivos operativos para incorporarlas. Por eso, grandes exportadores y PyMEs no deben pensarse como sectores enfrentados. El crecimiento de los primeros puede ampliar oportunidades para las segundas, siempre que exista una agenda de desarrollo de proveedores y de fortalecimiento de capacidades productivas. No se trata de imponer compras sin considerar costos y calidad; se trata de ampliar la cantidad de empresas capaces de competir por esos contratos.

Apertura comercial y capacidad de aprovechamiento Los acuerdos comerciales y la reducción de barreras pueden mejorar el acceso a mercados. Pero una preferencia arancelaria no garantiza una exportación. Para aprovecharla, la empresa debe conocer las condiciones de origen, cumplir requisitos técnicos o sanitarios, conseguir compradores y financiar operaciones. La apertura ofrece oportunidades; la competitividad permite convertirlas en negocios. Esto vale también para la diversificación de destinos. Un mercado nuevo puede resultar atractivo en las estadísticas y ser inviable para


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una firma específica por su escala, logística o estructura financiera. La estrategia comercial debe reconocer esas diferencias. No toda oportunidad es una oportunidad para todas las empresas. La apertura y el desarrollo productivo no son agendas opuestas. La integración internacional puede estimular inversiones, aprendizaje y productividad, pero sus resultados dependen de las condiciones que encuentren las empresas para adaptarse y competir. Una política comercial de largo plazo debe trabajar hacia afuera, ampliando mercados, y hacia adentro, reduciendo costos sistémicos y fortaleciendo capacidades.

La próxima medida del éxito exportador Argentina necesita seguir aumentan-

do sus exportaciones. No hay discusión sobre la importancia de generar divisas, ampliar inversiones y consolidar sectores con potencial internacional. Pero sería insuficiente evaluar los próximos años solamente por el saldo comercial o por un récord de ventas externas. Propongo que incorporemos otras preguntas al debate: ¿cuántas empresas exportan?, ¿cuántas lo hacen por primera vez?, ¿cuántas permanecen?, ¿cuántas aumentan su escala?, ¿cuántas logran incorporar nuevos destinos y productos? Y, especialmente, ¿qué condiciones permiten que esos avances se sostengan más allá de una coyuntura favorable? La respuesta requiere una mirada de mediano plazo. Internacionalizar una empresa lleva tiempo: identificar demanda, adaptar procesos, construir

confianza y consolidar canales comerciales no sucede de un trimestre a otro. Por eso, una estrategia exportadora necesita continuidad, evaluación y capacidad de corregir el rumbo sin comenzar siempre desde cero. El desafío no es reducir el protagonismo de quienes ya exportan mucho. Es conseguir que más empresas puedan sumarse, crecer y quedarse. Porque un país fortalece su inserción internacional cuando vende más, pero también cuando logra que exportar deje de ser una experiencia excepcional para convertirse en una actividad habitual de una parte cada vez mayor de su estructura productiva. El próximo salto exportador debería medirse en dólares, sí. Pero también en empresas. Y, sobre todo, en empresas que permanecen.

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comercio exterior

Opinión

El compliance como límite al derecho penal aduanero Claus NOCETI Abogado, especialista en derecho empresarial y compliance normativo.

el dependiente infiel que se aparta de las reglas de su propia organización. Lo que aquí interesa no es ese dependiente, sino la empresa y su directorio.

El compliance como derecho en tiempo futuro Un programa de cumplimiento efectivo no solo es una excelente herramienta de gestión aduanera, también puede ser prueba de la ausencia de dolo de la empresa y de su directorio. Bien entendido, su éxito limita al derecho penal aduanero. El derecho penal económico persigue un objetivo que rara vez se explicita: que las empresas se comporten de tal modo que eviten su intervención. Es decir, paradójicamente, sanciona para que la sanción no sea necesaria. Así, si las organizaciones alcanzaran un cumplimiento pleno, el derecho penal empresario se quedaría sin destinatarios, salvo

El derecho tradicional, tal como se lo entiende, siempre llega tarde: interviene cuando el hecho ya ocurrió: el sumario, la denuncia, la sentencia. El compliance opera en el extremo opuesto de esa línea de tiempo: identifica el riesgo, diseña la conducta y la controla antes de que exista conflicto. Por eso, puede definirse como derecho en tiempo futuro: interpretar hoy las normas, vigentes y por venir, para decidir antes de que alguien las aplique. Ahora bien, esa anticipación cumple una doble función. La primera, evidente, es preventiva. La segunda, menos advertida, es probatoria: cada procedimiento, cada control y cada registro es prueba que se construye antes de ser necesaria. Y cuando el programa se apoya en

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principios, y no solo en reglas, resiste mejor el cambio normativo, porque anticipa lo que la norma futura exigirá. No se trata de obedecer reglas inexistentes, sino de aplicar hoy principios vigentes, como la integridad, la buena fe o la prevención del daño, que las reglas futuras se limitarán a concretar.

El delito aduanero: su elemento subjetivo En el contrabando, el elemento subjetivo es central. El Código Aduanero exige que el control del servicio aduanero se impida o dificulte “mediante ardid o engaño”, y es un juez quien debe determinar si existió esa voluntad en la empresa y en quienes la dirigen. Adicionalmente, las inhabilitaciones impuestas a la persona jurídica se extienden a sus directores y administradores, salvo que prueben que no participaron en el hecho o que se opusieron a él. A su vez, los directores responden solidariamente por las multas si la sociedad condenada no las paga, y la empresa responde por las penas pecuniarias de sus de-


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pendientes. La pregunta es ¿cuál es la mejor prueba de no haber participado o de haberse opuesto? Ningún abogado penalista dudaría un segundo en probarlo a partir de un programa de cumplimiento real, con procedimientos de clasificación y valoración, revisión técnica de las operaciones, canales de alerta y actas que registren qué se preguntó y qué se decidió. Que un directorio pueda exhibir esa trazabilidad es una ventaja inmensa. La premisa no se agota en el delito: el régimen de las infracciones aduaneras ofrece un argumento adicional. Aun allí, donde podría bastar la culpa (concesión que hacemos a la administración sin compartirla del todo), el Código dispone que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen,

“

La Ley 27.401 exime de pena a la persona jurídica que, contando con un programa de integridad adecuado, detecta e investiga internamente un hecho de corrupción, lo denuncia espontáneamente y devuelve el beneficio obtenido. la operación o la destinación de que se trate. Si la diligencia acreditada excluye la infracción, con mayor razón debería pesar al examinar el dolo que exige el delito.

El modelo norteamericano Desde 1993, la legislación aduanera de los Estados Unidos establece que el importador debe demostrar que

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comercio exterior

actúa con “cuidado razonable” al declarar, clasificar y valorar. Por otro lado, las sanciones civiles se gradúan según la culpabilidad: fraude, culpa grave o negligencia. Lo interesante es que la definición de negligencia es la actuación sin el mencionado “cuidado razonable”. Ergo, si hay cuidado razonable no hay negligencia, si no hay negligencia no hay culpabilidad, y si no hay culpabilidad no hay sanción (sí podrá haber, si correspondiera, ajustes tributarios). Con mayor razón, esa diligencia debería pesar en un proceso penal que exige dolo.

El marco global y la brecha local El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC avanza en la misma dirección. Obliga a emitir resoluciones anticipadas vinculantes, al menos en materia de clasificación y origen, y define al operador autorizado a partir de un historial apropiado de cumplimiento y de sistemas de registro que permitan controles internos. A cambio, ese operador accede a beneficios como menores requisitos documentales, menos inspecciones físicas y un levante más rápido. En la Argentina, el programa de Operador Económico Autorizado y los criterios de clasificación vinculantes recogen esa lógica. Sin embargo,

el premio al cumplimiento se agota en la facilitación: menos controles y despachos más ágiles. Lamentablemente, el régimen penal no lo reconoce expresamente. No obstante, fuera del régimen aduanero, la Ley 27.401 exime de pena a la persona jurídica que, contando con un programa de integridad adecuado, detecta e investiga internamente un hecho de corrupción, lo denuncia espontáneamente y devuelve el beneficio obtenido.

Una evolución lógica Hay un paso que parece razonable, lógico, pero no indispensable: reconocer, en el ámbito del comercio exterior, un estándar de diligencia en el que un programa de cumplimiento efectivo opere como prueba de la ausencia de dolo de la empresa y de su directorio, y habilitar un mecanismo de regularización espontánea más ágil que los vigentes. Algo similar a lo que mencionamos sucede en la normativa norteamericana basada en el “cuidado razonable”. No se trata de una inmunidad: aquel que se aparte del programa seguiría respondiendo personalmente por sus actos. Se trata de que la responsabilidad del delito aduanero se detenga donde corresponde.

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Un límite que ya existe Un reconocimiento expreso daría certeza y agilidad, pero no es indispensable: aunque no lo diga explícitamente, el derecho positivo ya lo contiene. Libera al director que acredita haberse opuesto al hecho, exime de sanción a quien cumplió todos sus deberes y exige, para el contrabando, ardid o engaño. Un programa de cumplimiento efectivo es la prueba más sólida de esa oposición, de ese cumplimiento y, en definitiva, de la ausencia de dolo de la empresa y de quienes la dirigen. Ningún juez debería dejar de valorarla. Dos advertencias completan la idea. La prueba vale lo que vale el programa: uno meramente formal no exculpa, sino que documenta que el riesgo era conocido y no fue atendido. Y el compliance no puede convertirse en una carga: su ausencia no prueba el dolo, que sigue debiendo acreditar la acusación. Así entendido, el compliance no amenaza al derecho penal aduanero: le marca su límite. Lo devuelve a su lugar natural, el de aquella persona en particular que se aparta de las reglas y el de la empresa que elige no prevenir ni saber.


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comercio exterior

Opinión

Exportar también es una cuestión de cultura organizacional Jackie CONDOMI ALCORTA Directora Via Positiva. Lic. RRPP, Especialista en Psicosociologia Organizacional, Coach Psicológica, Organizacional Sistémica y de Equipos, Consultora. Bienestar. viapositiva@gmail.com

Resiliencia, comunicación interna y seguridad psicológica: capacidades estratégicas para competir en mercados internacionales Exportar, vender un producto o servicio y tener éxito más allá de las fronteras implica asumir el desafío de responder a otros mercados, coordinar procesos entre distintas áreas, cumplir compromisos y adaptarse a condiciones cambiantes. Para lograrlo, las empresas necesitan calidad, competitividad, conocimiento comercial y operativo y alinear su cultura interna con la

estrategia global. Esta dimensión, menos visible pero estratégica, es la manera en que las personas trabajan juntas para anticipar problemas, comunicar información crítica y aprender de los errores. La cultura organizacional también forma parte de la capacidad exportadora. Una estrategia puede estar bien diseñada, pero su ejecución depende de que la información circule a tiempo y los equipos puedan revisar lo que no funciona sin buscar culpables, sino promoviendo la flexibilidad. Desde esta perspectiva, la resiliencia organizacional consiste en desarrollar la capacidad colectiva de reconocer cambios, responder con criterio y transformar la experiencia en aprendizaje continuo.

Cuando la coordinación interna se convierte en una ventaja competitiva En una empresa exportadora, una decisión comercial puede tener consecuencias sistémicas en la planificación, la producción, los insumos, el control de calidad, la logística, las

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finanzas y la relación con el cliente. Esa inteligencia cultural y la negociación entre áreas no deben operar de manera aislada, ya que sus decisiones se condicionan mutuamente. ¿Qué sucede cuando una demora se conoce tarde, una especificación genera dudas que nadie plantea o un problema operativo se comunica cuando las soluciones son limitadas? El impacto puede comprometer un pedido o la confianza de un cliente. Por eso, la función de la comunicación interna no se limita a transmitir novedades; es una infraestructura de coordinación que permite comprender prioridades, compartir información y actuar conjuntamente sobre una misma realidad. Comunicar mejor significa asegurar que la información llegue a quienes toman decisiones, generar espacios para plantear dificultades y conversar sobre interdependencias de áreas. Los líderes deben explicar el sentido de las decisiones y habilitar conversaciones incómodas. Sobre todo en contextos internacionales, esta capacidad evita que la organización agrave la incertidumbre por falta de coordinación.


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El costo invisible del silencio En La organización sin miedo, Amy Edmondson desarrolla el concepto de seguridad psicológica, que es la creencia compartida de que el entorno laboral es seguro para hablar con franqueza, expresar dudas, compartir errores, proponer ideas y plantear preocupaciones sin temor a castigos. Esto no implica la ausencia de exigencia ni la eliminación de responsabilidades. Una organización puede sostener objetivos ambiciosos y exigir resultados mientras crea condiciones para que sus integrantes adviertan riesgos antes de que escalen. Si hablar implica exponerse a una sanción o quedar como incompetente, el silencio se vuelve una conducta defensiva y la organización pierde información vital. La seguridad psicológica es responsabilidad del liderazgo. Se construye en las respuestas cotidianas ante una mala noticia, un resultado inesperado o un error reconocido. Los equipos necesitan comprobar que hablar sirve para mejorar y no para quedar expuestos. En Cultura FAIL , Demian Sterman propone revisar la relación que las organizaciones mantienen con los errores, las fallas y aquello que no resulta como se esperaba. En lugar de ocultar el fracaso, plantea analizarlo y generar herramientas de mejora. Para aprender de un error, primero

hay que reconocerlo y comunicarlo. La organización debe investigar sus causas, distinguir entre equivocaciones, fallas de procesos y conductas negligentes, y establecer medidas para que no se repita. Ese aprendizaje comienza con preguntas como ¿qué esperábamos que sucediera?, ¿qué sucedió realmente?, ¿qué señales no vimos o no atendimos?, ¿qué información faltó?, ¿qué debemos cambiar en el proceso?, ¿cómo nos aseguramos de que lo aprendido llegue a otras áreas y no quede restringido a quienes participaron del incidente? Sin esta instancia, cada equipo repite los mismos problemas y la experiencia no se convierte en conocimiento organizacional.

Resiliencia organizacional: capacidad de respuesta y transformación La resiliencia organizacional se construye en la articulación de pilares clave como la comunicación interna, que detecta y comparte información y valores organizacionales; la seguridad psicológica, que facilita que las personas se animen a expresar lo que observan; y la cultura de aprendizaje, que transforma esa información en mejoras. Estas condiciones fortalecen la capacidad de una organización para afrontar imprevistos, revisar decisiones y adaptarse con agilidad.

Para los dueños y directivos, esto supone ampliar la mirada estratégica sobre la competitividad y los indicadores financieros y examinar cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan las alertas y las malas noticias y cuánto aprende la empresa de sus desvíos. El verdadero impulso radica en cultivar relaciones de confianza, hábitos de liderazgo coherentes y un entorno donde la comunicación abierta sea el motor del desarrollo. Las empresas que compiten en mercados internacionales necesitan una sólida coordinación interna, conversaciones transparentes y capacidad de aprendizaje continuo. Esto puede marcar una diferencia cuando la empresa debe responder a un problema, ajustar su funcionamiento o revisar una práctica que dejó de ser adecuada. El liderazgo efectivo genera entornos seguros y las condiciones necesarias para identificar desafíos, abordarlos con responsabilidad y transformarlos en oportunidades de crecimiento, delineando estándares claros desde una conducción que no confunda autoridad con infalibilidad. Asegurar una exitosa apertura al mundo también exige mirar hacia adentro. La competitividad internacional se construye en lo que los equipos logran decir, coordinar y transformar antes de cruzar la frontera.

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comercio exterior

Opinión

La nueva frontera exportadora de América Latina Tarek HAMDAN Co-Founder www.readybench.io Conectando empresas y talento tecnológico a escala global.

Talento, capital y tecnología sin fronteras

La región ya no compite sólo por costos: exporta conocimiento, atrae capital y empieza a construir una infraestructura regional de talento capaz de cambiar su inserción internacional. Durante buena parte de las últimas dos décadas, América Latina fue presentada ante el mundo tecnológico con una fórmula bastante simple: buenos desarrolladores, costos competitivos y una zona horaria conveniente para trabajar con Estados Unidos. Esa descripción no era falsa. El problema es que hoy resulta demasiado pequeña.

La región está entrando en otra etapa de su internacionalización. Software, servicios digitales, inteligencia artificial, cloud, data, ciberseguridad y desarrollo de producto dejaron de ser solamente sectores de soporte para convertirse en activos de comercio exterior. El talento ya no viaja dentro de una valija ni necesita una planta industrial cerca de un puerto: puede integrarse a una compañía en Nueva York, Madrid, Londres o São Paulo desde Buenos Aires, Montevideo, Medellín, Santiago, Lima o Ciudad de México. Esto modifica la discusión sobre competitividad. La pregunta ya no es solamente cuánto software produce América Latina, sino cuánto conocimiento puede exportar, con qué velocidad puede organizar su talento, qué capital puede financiar esa expansión y qué infraestructura empresarial necesita para competir globalmente. Los números muestran que no estamos hablando de una promesa. Brasil cerró 2025 con un mercado de TI de USD 67.800 millones y 38,4% de la inversión regional. Argentina expor-

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tó USD 2.674 millones de software en 2024, máximo histórico del sector. Uruguay exportó USD 2.323 millones desde su industria TIC en el mismo año, equivalentes al 63% de su facturación sectorial. Colombia construyó una industria de software y TI con ventas por COP 44,25 billones y más de 6.800 empresas activas. Son modelos distintos, pero una misma señal: la tecnología se está convirtiendo en una de las nuevas infraestructuras de inserción internacional de América Latina.

De siete mercados a una plataforma regional Hablar de “LATAM” como si fuera un único mercado es cómodo, pero comercialmente impreciso. La fortaleza está justamente en la complementariedad. Brasil aporta escala. Su mercado de TI alcanzó USD 67.800 millones en 2025, creció 18,5% interanual y se mantiene entre los diez mayores mercados tecnológicos del mundo. ABES representa alrededor de 2.000 em-


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presas que explican aproximadamente 80% de la facturación brasileña de software y servicios. Para cualquier estrategia regional seria, Brasil no es una extensión: es un mercado en sí mismo. México juega otra partida. Su integración económica con Estados Unidos, el nearshoring y la profundidad de sus sectores industrial, financiero, retail y logístico lo convierten en una puerta natural para compañías que quieren vender tecnología hacia Norteamérica. Su escala de inversión TI -unos USD 42.800 millones en 2025 según el corte regional de ABES/IDC- lo coloca inmediatamente detrás de Brasil. Argentina conserva una ventaja difícil de replicar: una base de talento tecnológico construida durante décadas y una cultura empresarial acostumbrada a vender servicios fuera de sus fronteras. La industria del software llegó a 158.179 empleos registrados en 2024, después de sumar más de 60.000 puestos en diez años. Sus exportaciones de software alcanzaron USD 2.674 millones, 15,4% por encima del año anterior, y Estados Unidos explicó 46,9% de los destinos.

Uruguay demuestra, quizás mejor que ningún otro país, que en la economía del conocimiento el tamaño de la población no determina el tamaño de la ambición exportadora. En 2024 su sector TIC facturó USD 3.681 millones, equivalentes al 4,5% del PIB, y exportó USD 2.323 millones. El 76% de las empresas del sector declaró ventas internacionales. Es un caso de especialización exportadora más parecido al de una economía pequeña y abierta que al tradicional modelo latinoamericano basado en commodities. Colombia agrega escala empresarial y velocidad. Fedesoft reportó ventas de software y TI por COP 44,25 billones en 2024, 50% más que en 2020, y 6.805 compañías activas. Chile aporta institucionalidad, infraestructura y una alta intensidad digital, aunque la OCDE advierte que la demanda de profesionales TIC calificados continuará superando la oferta. Perú, por último, viene ampliando su ecosistema alrededor de fintech, comercio electrónico, servicios empresariales y transformación digital, con un mercado TI estimado en USD 7.600 millones.

En todos ellos, las cámaras y asociaciones -CESSI, ABES, ACTI, Fedesoft, AMITI, CUTI y las organizaciones empresariales peruanascumplen una función que excede la representación gremial. Son nodos de internacionalización: articulan empresas, gobiernos, formación, misiones comerciales, inversión y acceso a mercados. Visto así, América Latina no tiene un único hub tecnológico. Tiene una constelación de hubs que todavía están aprendiendo a operar como red.

El capital volvió, pero ya no financia cualquier historia La internacionalización necesita clientes, pero también capital. Y aquí la región atravesó un aprendizaje costoso. Después del ciclo excepcional de 2020-2021, el venture capital corrigió valuaciones, redujo apuestas y obligó a muchas compañías a reemplazar la narrativa de crecimiento por la disciplina de ejecución. En 2025 comenzó a verse una recuperación diferente: aproximadamente USD 4.126 millones de VC en Amé-

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rica Latina, 13,8% más que el año anterior, pero distribuidos en apenas 681 operaciones. Es decir: más capital con menos rondas. Brasil captó cerca de USD 2.032 millones y México USD 980 millones. Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Perú completan un mapa en el que el tamaño importa, pero no explica todo: algunos ecosistemas pequeños muestran una intensidad inversora muy superior a la que sugeriría su PIB o población. También cambió el menú de financiación. Los ángeles siguen siendo críticos para las primeras validaciones. Los fondos de VC financian velocidad y expansión. El Corporate Venture Capital suma algo especialmente va-

lioso para compañías B2B: distribución, clientes, conocimiento sectorial y potenciales alianzas estratégicas. Más adelante aparecen growth equity y private equity, donde el lenguaje cambia hacia consolidación, rentabilidad, adquisiciones y escala regional. Y crece una cuarta vía: la deuda. LAVCA registró más de USD 2.000 millones de financiamiento crediticio y estructuras de deuda para compañías latinoamericanas respaldadas por VC durante 2025. El dato es relevante porque revela madurez. Una compañía que puede financiarse con deuda ya no se evalúa únicamente por la próxima ronda: se evalúa por su capacidad de generar flujo, administrar riesgo y construir

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un negocio sostenible. La conclusión para quien busca internacionalizar una compañía tecnológica es incómoda pero saludable: hoy hay capital, pero el capital exige evidencia. No alcanza con tener talento. Hay que demostrar producto, mercado, eficiencia comercial y delivery.

El cuello de botella ya no es sólo encontrar programadores La demanda, mientras tanto, se vuelve más sofisticada. Las conversaciones empresariales dejaron de girar únicamente alrededor de “digitalización”. IA aplicada, modernización de aplicaciones, integración, APIs, data


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platforms, cloud, ciberseguridad, automatización y experiencia digital ya forman parte del core operativo de bancos, aseguradoras, retailers, industrias, energía y servicios. Esto aumenta la necesidad de perfiles especializados justo cuando varios mercados enfrentan escasez. La OCDE señala para Chile un déficit de profesionales TIC altamente

calificados y espera que la demanda siga superando a la oferta. Colombia ha estimado brechas de decenas de miles de profesionales tecnológicos. En Argentina, aun con crecimiento sostenido del empleo, las compañías compiten regional y globalmente por perfiles senior. Pero existe una paradoja que quienes trabajamos con empresas de

tecnología vemos todos los días: mientras una compañía no consigue un backend senior, un especialista en cloud o un data engineer para comenzar un proyecto, otra empresa puede tener exactamente ese perfil disponible entre asignaciones. Escasez y capacidad ociosa pueden convivir. Esto cambia radicalmente la natu-

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comercio exterior

raleza del problema. Parte de la brecha de talento es educativa y requiere formar más personas. Pero otra parte es un problema de información y coordinación: no sabemos con suficiente velocidad qué capacidad existe, dónde está, cuándo queda disponible y bajo qué condiciones puede integrarse a otro delivery. Para el comercio internacional de servicios esto es central. Una fábrica tradicional puede almacenar inventario. Una compañía de software no puede guardar una hora de un ingeniero senior para venderla seis meses después. La capacidad que no se asigna hoy se pierde. Por eso el bench no es únicamente un costo financiero: es capacidad exportadora que quedó sin utilizar.

De exportar talento a construir capacidades regionales Uno de los grandes desafíos que identifico en la industria tecnológica latinoamericana no está únicamente en la generación de talento, sino

en nuestra capacidad de aprovechar mejor los recursos y conocimientos que ya existen en la región. Históricamente, las empresas de servicios tecnológicos construyeron sus estrategias de crecimiento e internacionalización de manera individual. Cada compañía desarrolló sus propios equipos, capacidades comerciales y estructuras operativas para responder a las oportunidades de nuevos mercados. Sin embargo, considero que estamos frente a un cambio de paradigma. La creciente especialización tecnológica, la velocidad de los negocios y la necesidad de responder a proyectos cada vez más complejos nos obligan a repensar cómo competimos y, especialmente, cómo colaboramos. América Latina cuenta con ecosistemas tecnológicos consolidados, talento altamente calificado y empresas con experiencia internacional. El verdadero desafío es lograr que esas capacidades dejen de funcionar de manera aislada y comiencen a complementarse.

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Imaginemos una empresa argentina que pueda ampliar su capacidad de ejecución con especialistas colombianos, una compañía uruguaya que aborde proyectos en Estados Unidos junto a socios brasileños o una firma chilena que incorpore conocimientos específicos desarrollados en México. No se trata simplemente de compartir recursos, sino de construir relaciones empresariales que permitan acceder a nuevos mercados, asumir proyectos de mayor envergadura y generar oportunidades que individualmente serían difíciles de alcanzar. Desde mi perspectiva, la próxima ventaja competitiva de América Latina no estará exclusivamente en el costo o la disponibilidad de talento, sino en nuestra capacidad de articularlo regionalmente y transformarlo en una oferta de valor internacional. El próximo salto exportador de América Latina no dependerá solamente de cuánto talento seamos capaces de desarrollar, sino de cuánto valor podamos generar trabajando juntos.


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La próxima ventaja competitiva de LATAM Durante décadas América Latina discutió su inserción internacional alrededor de bienes: soja, cobre, petróleo, carne, minerales, automóviles. Todos siguen siendo fundamentales. Pero la economía del conocimiento introduce una diferencia estructural: permite aumentar exportaciones sin que cada dólar adicional requiera mover físicamente una tonelada más por un puerto. El desafío tampoco es menor. La región necesita más formación técnica, más inglés y portugués, mejores habilidades comerciales, marcos regulatorios previsibles, capital de crecimiento y compañías capaces de vender valor en lugar de costo por

hora. Necesita también más integración entre sus ecosistemas. Brasil tiene escala. México, proximidad e integración con Norteamérica. Argentina, talento y ADN exportador. Uruguay, una extraordinaria intensidad internacional. Colombia, dinamismo y una base empresarial en expansión. Chile, institucionalidad y sofisticación. Perú, un mercado digital con amplio espacio de crecimiento. El activo diferencial puede surgir cuando esas fortalezas dejan de competir exclusivamente entre sí y comienzan también a complementarse. En comercio internacional solemos pensar primero en mercados: dónde vender. En tecnología tendremos que incorporar una segunda

pregunta: desde dónde construir la capacidad para cumplir lo que vendemos. Ese cambio parece semántico, pero no lo es. Significa pasar de una lógica nacional de oferta tecnológica a una lógica regional de capacidad. Y quizá allí esté una de las mayores oportunidades de América Latina para la próxima década: no convertirse simplemente en el lugar donde el mundo contrata desarrolladores más baratos, sino en una región capaz de diseñar, financiar, construir y exportar tecnología con estándares globales. La ventaja competitiva ya no será solamente tener talento. Será poder conectarlo con capital, mercados y oportunidades antes que los demás.

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Opinión

Menos Aduana, más mercado: el desafío de controlar cuando la mercadería ya está adentro Gustavo FADDA Consultor y Especialista en Comercio Internacional.

La Argentina desplaza controles desde la frontera hacia la vigilancia de mercado en un contexto donde el comercio ilícito moviliza miles de millones de dólares. La discusión ya no parece pasar por controlar más o controlar menos, sino por decidir dónde controlar y cómo hacerlo. Durante décadas, el comercio exterior se apoyó en una premisa tan sencilla como poderosa: controlar antes de autorizar. La frontera constituía el gran punto de validación estatal. Allí convergían la fiscalización aduanera, las certificaciones técnicas, los

requisitos documentales y buena parte de las herramientas destinadas a proteger a los consumidores, garantizar la seguridad de los productos y resguardar condiciones de competencia leal. Sin embargo, esa lógica comienza a transformarse. La reciente evolución del régimen argentino de reglamentos técnicos constituye una muestra concreta de este cambio. A partir de la Resolución SIyC N.° 237/2024, la Dirección General de Aduanas dejó de verificar, al momento de oficializar determinadas destinaciones de importación para consumo, el cumplimiento de diversos reglamentos técnicos emitidos por la Secretaría de Industria y Comercio. Para muchos operadores, la medida fue interpretada inicialmente como una simplificación administrativa. Para otros, incluso, como una forma de desregulación. Sin embargo, ninguna de esas lecturas alcanza a explicar completamente lo que está ocurriendo. Las obligaciones no desaparecen.

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Los reglamentos técnicos continúan vigentes. Las certificaciones siguen siendo exigibles. Las responsabilidades permanecen intactas. Lo que cambia es algo más profundo: cambia el lugar donde se ejerce el control.

Cuando la frontera deja de ser el centro Históricamente, buena parte de los esfuerzos regulatorios se concentraban en impedir que una mercadería ingresara al mercado sin haber demostrado previamente su conformidad técnica. Hoy el enfoque comienza a desplazarse. La documentación vinculada con la evaluación de la conformidad ya no constituye necesariamente una condición para el libramiento aduanero, pero sigue siendo indispensable para la comercialización legal de los productos. La diferencia es que la verificación deja de realizarse exclusivamente en el momento del despacho y pasa a integrarse en un esquema de fiscalización posterior.


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En este nuevo modelo, la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos (DNRT) adquiere un rol protagónico a través de procedimientos de vigilancia de mercado, auditorías documentales y requerimientos dirigidos a importadores, fabricantes y distribuidores. La responsabilidad ya no termina cuando la mercadería sale de zona primaria aduanera. Por el contrario, allí comienza una nueva etapa. ¿Puede existir facilitación comercial sin vigilancia de mercado? La respuesta es sí. Pero sólo bajo una condición fundamental: que la simplificación de los controles previos sea acompañada por mecanismos eficaces de control posterior. Y aquí aparece uno de los debates más relevantes del momento. Mientras la Argentina avanza en procesos de facilitación comercial

“

Cuanto más se alivian los controles ex ante, mayor importancia adquiere la capacidad de fiscalizar ex post y reducción de intervenciones administrativas en frontera, simultáneamente crece la preocupación por la expansión del comercio ilícito, el contrabando, la falsificación de productos y la comercialización irregular de mercaderías a través

de canales físicos y digitales. Lejos de ser fenómenos contradictorios, ambas cuestiones forman parte de una misma ecuación. Cuanto más se alivian los controles ex ante, mayor importancia adquiere la capacidad de fiscalizar ex post.

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comercio exterior

La simplificación regulatoria no elimina la necesidad de control. La transforma. Y esa transformación exige desarrollar capacidades institucionales más sofisticadas que las tradicionales verificaciones documentales de frontera.

La nueva frontera está dentro del mercado Las cifras difundidas en los últimos meses ayudan a comprender la magnitud del desafío. Diversos estudios y estimaciones sectoriales sostienen que el comercio ilícito genera pérdidas fiscales por miles de millones de dólares anuales y afecta a sectores tan diversos como electrónica, indumentaria, neumáticos, bebidas, cosméticos y juguetes. Pero existe un aspecto particularmente relevante: una parte signifi-

cativa de esas operaciones ya no se desarrolla en espacios marginales o circuitos informales tradicionales. Hoy los productos ilegales compiten dentro del propio mercado. Circulan en plataformas digitales, redes sociales, canales logísticos complejos y entornos comerciales cada vez más descentralizados. Por esa razón, el combate al comercio ilícito empieza a depender menos de la inspección física en frontera y más de la trazabilidad, el intercambio de información, la inteligencia de datos y la vigilancia de mercado. En otras palabras, la frontera regulatoria ya no coincide necesariamente con la frontera geográfica.

Del expediente al ecosistema de datos Este fenómeno se encuentra alinea-

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do con una transformación que atraviesa a las administraciones aduaneras y regulatorias de todo el mundo. El modelo tradicional estaba basado en expedientes. El nuevo modelo está basado en datos. Declaraciones de conformidad, sistemas digitales de certificación, códigos QR, trazabilidad electrónica, interoperabilidad entre organismos y análisis de riesgos forman parte de una misma evolución institucional. La lógica cambia por completo. Ya no se busca controlar cada operación. Se busca identificar aquellas operaciones, productos u operadores que presentan mayores niveles de riesgo y concentrar allí los recursos de fiscalización. La vigilancia de mercado deja de ser una actividad complementaria para convertirse en una herramien-


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ta central de la política regulatoria moderna.

Una nueva cultura de cumplimiento El principal efecto de este cambio probablemente no recaiga sobre los organismos públicos sino sobre las empresas. Durante años, gran parte de la gestión del cumplimiento estuvo orientada a reunir la documentación necesaria para obtener el libramiento aduanero. Hoy ese enfoque resulta insuficiente. Las organizaciones deben desarrollar sistemas internos capaces de garantizar trazabilidad documental, consistencia regulatoria y disponibilidad permanente de la información que respalda la conformidad de los productos.

La pregunta ya no es simplemente si una mercadería puede importarse. La pregunta es si la empresa podrá demostrar, seis meses o un año después, que ese producto cumplía efectivamente con todos los requisitos exigibles al momento de su comercialización.

El desafío que viene La evolución normativa argentina permite observar una tendencia que probablemente continuará profundizándose durante los próximos años. El control ya no se concentra exclusivamente en la frontera. Se distribuye a lo largo de toda la cadena de suministro. La Aduana continúa siendo un actor fundamental, pero deja de ser el único punto de validación.

La vigilancia de mercado se perfila como una nueva aduana invisible. Ya no controla únicamente el ingreso de los productos al territorio aduanero. Comienza a controlar su permanencia legítima dentro del mercado. Por eso, la discusión no pasa por elegir entre facilitación o fiscalización. La verdadera cuestión consiste en construir sistemas capaces de facilitar el comercio legítimo mientras identifican con precisión las operaciones, productos y actores que representan riesgos para los consumidores, la competencia leal y la economía formal. En definitiva, la mercadería puede ingresar más rápido. Pero en el comercio internacional del siglo XXI, el verdadero examen empieza después.

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comercio exterior

Servimagnus

América Latina vive su mejor momento comercial en años, pero la CEPAL advierte: el desafío es exportar más conocimiento, no solo más materias primas El informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, presentado en Santiago, combina un diagnóstico de bonanza en bienes con una propuesta para impulsar los servicios modernos. El comercio exterior de la región atraviesa su semestre más dinámico en años, en un mundo atravesado por la incertidumbre geopolítica. La directora de la División de Comercio Internacional e Integración, DANIELA GARCÍA, resumió tres mensajes: el comercio sigue siendo motor del desarrollo, la geografía comercial cambió y Asia es una oportunidad, y los servicios modernos pueden abrir una nueva vía de desarrollo (video, 1:02-1:59).

Una globalización distinta, no una desglobalización La CEPAL descarta que el mundo esté desandando la globalización. Habla de una “nueva fase”, donde pesan más la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la sostenibilidad que la eficiencia y el costo. El informe identifica diez tendencias que se refuerzan entre sí. El secretario ejecutivo, JOSÉ MANUEL SALAZARXIRINACHS, las ordenó en tres grupos: l Geopolítica y política pública: el regreso de las políticas industriales, la instrumentalización de la política comercial, la reconfiguración de la gobernanza multilateral y los ciclos económicos más cortos. l Reorganización productiva y logística: la competencia por minerales críticos y energía, la reconfiguración de las cadenas de valor y el peso de la logística.

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l Cambios en el comercio: la expansión de los servicios

digitales y modernos, los requisitos ambientales de acceso a mercados y el fortalecimiento del comercio Sur-Sur. Pese a ese clima, el volumen del comercio mundial de bienes creció 5,5% en el primer semestre, muy por encima del 1,9% que proyectaba la OMC para todo el año. Detrás está la demanda de componentes electrónicos ligada a la inversión en inteligencia artificial, con China y el resto de las economías en desarrollo de Asia a la cabeza.

El mapa del comercio se redibuja Estados Unidos redujo sus compras a China (-22,3%) y a la Unión Europea (-21,8%), y aumentó las de la ASEAN (+34,1%), Corea (+20,8%) y América Latina (+10,3%). Salazar-Xirinachs advirtió que el desacople es menor de lo que sugieren las estadísticas, porque las importaciones estadounidenses desde Vietnam o la India contienen muchos insumos chinos. Para la región, la lectura es favorable. China incrementó 29,4% sus importaciones desde América Latina y la Unión Europea 16,9%. Por eso la región se perfila como proveedora cada vez más estratégica de las grandes economías. El desafío, dijo el secretario ejecutivo, es convertir ese acceso a mercados en inversión, diversificación y valor agregado, articulando me-


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jor las políticas comerciales con las de desarrollo productivo. En esa línea avanzan acuerdos como UEMercosur, la adhesión de Costa Rica y Uruguay al CPTPP y las negociaciones del Mercosur con India, Japón y EFTA.

Cuellos de botella: de Ormuz a los aranceles El conflicto en torno a Irán y la tensión en el mar Rojo golpearon dos pasos críticos del comercio mundial. El tránsito por Ormuz cayó más de 90% y los buques se desviaron por el cabo de Buena Esperanza, lo que sumó unas dos semanas a la ruta Asia-Europa, con más costos, seguros más caros y menor fiabilidad de los itinerarios. Los fletes subieron con fuerza, pero sin llegar al récord de 2021. La CEPAL recuerda que la conectividad marítima de la región es de las más bajas del mundo. En materia arancelaria, el 20 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los “aranceles recíprocos” . Primero fueron reemplazados por un arancel uniforme de 10%. Desde el 24 de julio rigen nuevos gravámenes surgidos de investigaciones por trabajo forzoso: 12,5% para la mayoría de los países y 10% para 17 de ellos, entre ellos siete de la región. El arancel promedio ponderado casi no cambió: pasó de 11,3% a 11,1% . Dentro de la región, solo Haití (20,9%) y Brasil (16,6%) enfrentan promedios claramente superiores. En el caso brasileño pesa un 25% adicional, que no alcanza a productos como el petróleo, el café o el mineral de hierro (solo China enfrenta un arancel mayor que el Brasil (26,8%)). Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala firmaron “acuerdos de comercio recíproco” con Washington. Incluyen cambios regulatorios y cláusulas de seguridad económica orientadas a reducir el espacio de China. A eso se suma la revisión del T-MEC, iniciada el 1 de julio, con resultado incierto: Estados Unidos busca reducir su déficit con México y endurecer las reglas de origen para frenar la triangulación de productos chinos. Las conversaciones con Canadá fracasaron a fines de agosto.

La región, en su mejor semestre En el primer semestre, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 18% y las importaciones 13%. Los bienes lideraron, con +20% en exportaciones y +14% en importaciones .Minería y petróleo avanzaron 29% y las manufacturas 20%, mientras que los servicios exportaron apenas 8% más. El principal motor son los precios. Para el conjunto de 2026, la CEPAL proyecta que las exportaciones de bienes crezcan 20%, de los cuales unos 11 puntos se deben a mayores precios y unos 9 a mayores volúmenes. Es decir, los precios explican algo más de la mitad

Daniela García, directora de la División de Comercio Internacional e Integración.

del aumento y el volumen casi la mitad restante. Además, sería el sexto año consecutivo de crecimiento del volumen exportado. El índice de precios de exportación subió 23,5% entre enero y agosto, y se proyecta +20,4% para todo 2026. Los minerales y metales crecerían 31,2% y los minerales críticos 38,6%, con la plata en +102,6%, las tierras raras en +55,6% y el cobre en +38,3%. Salazar-Xirinachs explicó que el cobre responde a la demanda de China y Asia, y el oro a su rol de reserva de valor en tiempos de incertidumbre. La energía subiría 29,6%, con el petróleo en +28,3%. Las importaciones, en cambio, se encarecerían solo 8,2%. De ahí que los términos de intercambio mejoren 6%, con ganancias de 26% en Perú y 23% en Venezuela. Las proyecciones para el cierre de 2026: l Exportaciones de bienes: +20%, por una suba de 11% en precios y de 9% en volumen. Sería el sexto año consecutivo de crecimiento del volumen. l Importaciones de bienes: +16%, con 12% de mayor volumen, lo que refleja la recuperación del consumo y de la demanda de insumos y bienes de capital. l Países: 28 de los 33 verían subir sus exportaciones, y 16 con aumentos de dos dígitos. l Destinos: Asia sin China lidera con +32%, seguida por Estados Unidos (+24%), la Unión Europea (+20%) y China (+19%). El comercio intrarregional crece apenas 8% y su peso cae del 14% al 13%. García calificó esa cifra intrarregional como preocupante, lo que según los datos del informe, reflejaría una integración regional que avanza más lentamente que los vínculos con el resto del mundo. l Subregiones: América del Sur crece 17%, con un alza

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de 15% en precios y 2% en volumen. México, 26%, con 21% de aumento de volumen. El Caribe, 11%, y Centroamérica, 7%. l Panamá, por el cierre de la actividad minera de cobre, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tabago registraron caídas exportadoras en el semestre. Los países centroamericanos y caribeños importadores netos de energía y alimentos tendrían mejoras limitadas en sus términos de intercambio o incluso deterioros .

El gran tema: servicios modernos El comercio mundial de servicios llegó a 9,6 billones de dólares en 2025 y crece más rápido que el de bienes, con un promedio anual de 6,6% en la última década. Para 2026, el informe proyecta +11% en las exportaciones regionales de servicios, pero con protagonismo de los servicios tradicionales (transporte y viajes) y un avance más moderado de los modernos. La CEPAL parte de un diagnóstico: la manufactura perdió capacidad de absorber empleo por la automatización y la mayor sofisticación tecnológica, mientras la digitalización volvió comerciables servicios que antes no cruzaban fronteras. Replicar el modelo exportador manufacturero asiático podría generar “enclaves” muy productivos pero con poca capacidad de absorber mano de obra. Los servicios

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modernos ofrecen una alternativa, sin abandonar la industria (pp. 17, 19). Son actividades de alto valor agregado, como los servicios empresariales, profesionales, financieros, informáticos, audiovisuales y de I+D (p. 18). La región tiene un desempeño dispar. Sus exportaciones de servicios modernos crecieron más de 350% entre 2005 y 2024, frente a unos 160% de los tradicionales, pero su cuota mundial sigue estancada en torno al 2% (pp. 18, 91). En 2024 exportó 90.000 millones de dólares en estos servicios, el 35% de sus ventas externas de servicios (p. 91). Brasil (29.953 millones) y México (15.517 millones) lideran en valor, y Uruguay (16,1% anual) y Costa Rica (15,5%) en crecimiento (pp. 93-94). El informe advierte que no es una receta mágica: estos servicios requieren personal muy calificado, generan poco empleo para trabajadores de menor educación y pueden concentrar beneficios en zonas urbanas y de mayores ingresos (pp. 18, 89).

Una estrategia con tres pilares La CEPAL propone una estrategia integrada con tres pilares y un eje transversal, la gobernanza público-privada (pp. 18-19, 96). 1. Promoción de exportaciones. Los servicios son intangibles y se compran por reputación y confianza, por


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lo que las ferias generalistas y los subsidios logísticos sirven poco. Funcionan mejor las certificaciones, las marcas sectoriales, la inteligencia comercial y el acompañamiento personalizado (pp. 94-95, 123). El informe ordena los instrumentos en una pirámide de cinco niveles (pp. 104-105): l Inteligencia de mercado. l Certificaciones y estándares. l Encuentros de negocios curados. l Fondos para la primera venta. l Marcas sectoriales consolidadas.

Perú, con el Perú Service Summit, generó oportunidades proyectadas por más de 1.195 millones de dólares (p. 108). Costa Rica creó la marca Esencial Costa Rica casi dos décadas después de su agencia de promoción (p. 105). Una certificación internacional puede costar entre 20.000 y 80.000 dólares, de ahí el sentido del cofinanciamiento público (p. 107). 2. Atracción de inversión extranjera directa. Para los servicios modernos, la decisión de localización depende menos de los incentivos fiscales que del talento, la conectividad y la estabilidad regulatoria (pp. 19, 110, 114). Las agencias más avanzadas combinan prospección focalizada, ventanillas únicas y seguimiento posterior a la instalación (aftercare) para impulsar la reinversión (pp. 19, 112-117). Costa Rica reúne 420 empresas de servicios en zonas francas, con unos 120.000 empleos directos (p. 114), y en Chile más de 90 multinacionales instalaron su base regional (pp. 114, 118). 3. Talento humano. Es “tal vez la principal restricción” (p. 19). El informe propone un ciclo que va de la definición de las competencias a la formación, la certificación y la actualización continua (pp. 119-123). Cita bootcamps en Argentina, Chile y Colombia, una estrategia de IA en Perú y programas para mujeres en tecnología, además del aprovechamiento de las diásporas, aún poco desarrollado en la región (pp. 120-123). Gobernanza. El caso más citado es Chile, donde un comité público-privado lleva más de 80 sesiones desde 2016 y sobrevivió a distintos gobiernos (pp. 98-99). La CEPAL habla de “gobernanza endógena” y de capacidades institucionales técnicas, operativas, políticas y prospectivas (pp. 97, 123). También reconoce una debilidad: pocos programas se evalúan con rigor. Costa Rica es una excepción, donde la asistencia de PROCOMER eleva entre 3 y 4 puntos porcentuales la probabilidad de exportar (pp. 101-102). El informe aclara que no hay receta única (pp. 19, 124-125):

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo.

l Capacidades incipientes: mesa público-privada, in-

teligencia de mercado y talento digital básico. l Capacidades intermedias: integrar promoción, inversión y formación. l Capacidades avanzadas: atraer I+D y sedes regionales, y formar talento en IA y ciberseguridad. Vulnerabilidades y oportunidades En el cierre de su exposición, García resumió el balance en tres vulnerabilidades y cuatro oportunidades (video, 30:46-32:20; informe, pp. 16, 75). l Vulnerabilidades: la volatilidad arancelaria, el mayor costo de insumos estratégicos como energía y fertilizantes, y la creciente primarización de la canasta exportadora. l Oportunidades: la revalorización de los recursos naturales, la diversificación geográfica de socios, el reordenamiento de las cadenas de valor, que puede fortalecer la manufactura regional, y el dinamismo de los servicios modernos. El desafío, según García, es gestionar las vulnerabilidades mientras se capitalizan las oportunidades, con estrategias claras, instituciones sólidas y una visión de largo plazo. El informe lo resume así: el éxito dependerá “menos de la selección de un sector ganador” que de la creación de capacidades empresariales, tecnológicas, laborales e institucionales. Link a Informe Completo https://www.cepal.org/es/ publicaciones/90408-perspectivas-comercio-internacionalamerica-latina-caribe-2026-la-importancia Link a Video de presentación https://www.youtube.com/live/ bwIBmFlBZ3M?si=x7vzUzJhItglA5iF

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Cannabis

El cannabis entre el potencial exportador y la parálisis estatal En el marco de ExpoCannabis, la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA) impulsó acuerdos de cooperación con entidades de Costa Rica y cámaras provinciales para fortalecer la cadena productiva. Con mercados como Alemania y Brasil en la mira, el sector busca transformar su potencial productivo en exportaciones sostenidas. La industria argentina del cannabis y el cáñamo busca ampliar su alcance productivo y comercial, con la mira puesta en los mercados internacionales y en el desarrollo de nuevos negocios. En ese escenario, la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA) participó de una nueva edición de ExpoCannabis Argentina 2026, que se realizó los días 23, 24 y 25 de octubre en La Rural de Buenos Aires, con una agenda centrada en acuerdos de cooperación regional y oportunidades para fortalecer la cadena de valor. Uno de los principales ejes fue la conformación de una Federación Latinoamericana y del Caribe de Cámaras de Cannabis, junto con la Cámara de Cannabis de Costa Rica. La iniciativa contempla una sede proyectada en San José y una base operativa en Argentina, con el objetivo de establecer criterios compartidos de calidad, buenas prácticas y bioseguridad. La propuesta apunta a fortalecer el intercambio regional y mejorar las condiciones de acceso a mercados internacionales. “El principal objetivo es el fortalecimiento regional del sector frente a la parálisis de la agencia regulatoria, la ARICCAME, la cual se encuentra intervenida desde el inicio de la gestión y ha frenado por completo el otorgamiento de permisos y la regulación de toda la cadena productiva”, señaló LUIS OSLER, presidente de CAINCCA. En paralelo, la Cámara proyecta acuerdos de articulación con entidades provinciales de Tierra del Fuego, Salta, Tucumán y San Luis. Las

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iniciativas buscan vincular las capacidades productivas de cada región con la demanda de genética, equipamiento, análisis, capacitación, logística y servicios especializados. Se trata de acuerdos clave para un sector que cada vez moviliza más innovación y empleo. De hecho, un estudio de Savio Economics realizado para CAINCCA estima que el mercado argentino de cannabis medicinal movilizaba aproximadamente US$ 46 millones anuales en 2024, bajo las restricciones existentes. El mismo informe proyecta que, con un programa medicinal ordenado, podría alcanzar los US$ 834 millones en 10 años y generar alrededor de 62.000 puestos de trabajo.

El potencial exportador de Argentina y los mercados en la mira La agenda internacional responde a una oportunidad que el sector busca convertir en operaciones comerciales sostenidas. Alemania aparece entre los destinos de mayor interés para la flor medicinal: distintas empresas de ese país cursaron solicitudes de inflorescencias a la Cancillería argentina. Brasil, por su parte, representa un mercado cercano para derivados y cosmética. Aunque ya se registraron exportaciones puntuales de flor medicinal, todavía no existe un circuito regular que permita ampliar esas operaciones. “Argentina cuenta con condiciones agroclimáticas, capacidades técnicas y costos de producción competitivos, lo que resulta muy atractivo para inver-


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sores de países en donde su costo productivo es mucho más elevado”, afirmó Osler. La oportunidad, sin embargo, no se limita a exportar materia prima. La genética y las semillas también tienen potencial, al igual que los extractos, aceites, aislados, resinas y productos cosméticos, además de la tecnología, la maquinaria y los servicios de cultivo, análisis de laboratorio, capacitación y asesoramiento técnico. Algunas empresas argentinas ya registran experiencias de inserción internacional en distintos segmentos. Es el caso de Evogrow, que comercializa en Brasil iluminación LED fabricada en el país; Le Caburé, dedicada a maquinaria de poscosecha con operaciones hacia Paraguay; y Cannafis, de Chaco, que informó una operación de exportación de flor medicinal a Nueva Zelanda. Estos ejemplos muestran que la capacidad exportadora puede abarcar tanto productos vinculados al cultivo como desarrollos tecnológicos y equipamiento de origen nacional.

Una cadena productiva que busca ganar escala Detrás de esas oportunidades existe una red de empresas y organizaciones que ya participa de distintos eslabones de la actividad. Las asociaciones civiles vinculadas al cannabis medicinal concentran parte de la demanda de productos, insumos y servicios, mientras que los proyectos de investigación y desarrollo y los criaderos de genética aportan capacidades técnicas. A su alrededor trabajan proveedores de iluminación, sustratos, tecnología, maquinaria, logística, laboratorios y servicios profesionales. Sin embargo, otros segmentos, como el procesamiento de derivados, la logística especializada y la cosmética, todavía tienen margen para desarrollarse.

Para CAINCCA, uno de los principales obstáculos es la falta de un régimen de licencias medicinales que permita transformar la capacidad instalada y los proyectos autorizados en producción comercial regular. A esto se suma la necesidad de coordinar criterios entre ARICCAME, ANMAT, INASE y las autoridades sanitarias, además de establecer circuitos comerciales claros y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento. La incertidumbre también dificulta sostener contratos y planificar inversiones a largo plazo. “Hay conocimiento, empresas y demanda: lo que se necesita es previsibilidad para invertir y crecer”, sostuvo. La Cámara advierte que la falta de reglas estables afecta los plazos, la escala y la continuidad de los proyectos. Una empresa puede contar con infraestructura, equipos técnicos y potenciales compradores; pero, sin certezas sobre cuándo podrá producir, procesar o exportar, le resulta difícil sostener inversiones y avanzar en oportunidades comerciales. El horizonte que plantea CAINCCA es el de una industria federal, con empresas de distintos tamaños y desarrollos adaptados a las economías regionales. Además del cannabis medicinal, el cáñamo industrial podría generar oportunidades para actividades como la producción textil, la metalmecánica y la agroindustria. Para que ese potencial se traduzca en resultados, el sector identifica como condiciones centrales la puesta en marcha de licencias operativas, la coordinación regulatoria y la posibilidad de sostener exportaciones recurrentes. El objetivo, según la Cámara, no es empezar una industria desde cero, sino generar las condiciones para ampliar una actividad que ya cuenta con empresas, conocimiento y capacidades productivas.

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comercio exterior

Opinión

La Tasa Estadística Aduanera frente al Principio de Reserva de Ley Análisis a la Luz de la Sentencia “Storm Control SA” Dr. Juan Pedro ARANCEDO Abogado especializado en derecho aduanero y comercio exterior. Socio del Estudio Soto Arancedo. www.sotoarancedo.com.ar

La Naturaleza Jurídica de la Tasa Estadística y las Exigencias Constitucionales del Tributo. La delimitación de la naturaleza jurídica de la denominada tasa estadística constituye la piedra angular para articular un control riguroso de constitucionalidad fiscal en el ámbito del comercio exterior. Como sostuvimos en nuestro artículo de octubre de 2025*, el ordenamiento normativo argentino sitúa orgánicamente a esta figura dentro de la Sección IX del Código Aduanero, consagrada a los tributos regidos por la legislación aduanera, específicamente en su Título I bajo la rúbrica de especies de tributos. Esta ubicación sistemática no resulta inocua ni meramente

metodológica, sino que condiciona indefectiblemente el estándar de validez constitucional aplicable a sus elementos configurativos y a los mecanismos de fijación cuantitativa de su alícuota. Al desentrañar el presupuesto de hecho diseñado en el artículo 762 del Código Aduanero, se advierte que la norma habilita la imposición de una tasa ad valorem a las operaciones de importación o exportación bajo el supuesto sustancial de que se preste, con carácter general, un servicio estadístico. Sin embargo, este diseño normativo entra en directa colisión dogmática con la definición clásica de “tasa” forjada de manera invariable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el Máximo Tribunal, la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio estatal, de estructura análoga al impuesto, cuya nota distintiva y determinante radica en que su hecho imponible exige necesariamente la prestación efectiva, concreta e indivi-

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dualizada de un servicio estatal referido a una actividad o bien del contribuyente. En este marco, corresponde evaluar el quiebre dogmático que supone la utilización de la tasa estadística como un gravamen esencialmente recaudatorio y de interés fiscal general, totalmente disociado de un servicio directo o individualizable prestado al operador aduanero. Esta desnaturalización como impuesto implícito cobró relevancia internacional en 1997, cuando la Organización Mundial del Comercio, ante un reclamo formal de los Estados Unidos, resolvió que la alícuota del 3% ad valorem aplicada por la República Argentina quebrantaba el artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), al no guardar una proporción razonable con el costo aproximado de la función estadística. Dicho conflicto derivó en la necesidad del Estado de acotar el gravamen mediante el Decreto 37/98 —que redujo la alícuota al 0,5%— y el Decreto


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108/99, que introdujo topes en valor absoluto de hasta 500 dólares estadounidenses según la base imponible aduanera. Al sopesar las exigencias del principio constitucional de reserva de ley y legalidad tributaria, delineados en los artículos 4°, 17 y 75 inciso 2° de la Constitución Nacional, se evidencia que la matriz representativa de los contribuyentes impide considerar a la tasa estadística como una carga disponible para la discrecionalidad ejecutiva. La garantía sustancial de representatividad exige que la totalidad de los elementos esenciales de la obligación tributaria —el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y el régimen de exenciones— sean delineados exclusivamente por el Congreso de la Nación. La rigidez de este mandato constitucional de reserva de ley pro yecta límites infranqueables que condicionan de manera categó rica la validez de cualquier pretensión de delegación legislativa

tendiente a modificar la alícuota del gravamen.

La Ilegitimidad Constitucional de la Delegación Legislativa del Artículo 764 del Código Aduanero El examen de los confines dogmáticos de la delegación legislativa en materia fiscal exige afirmar que la existencia de una autorización formal dentro del texto legal no exime al Poder Ejecutivo de someterse irrestrictamente a pautas y bases legislativas precisas. Tal como anticipamos en análisis anteriores, la validez de un mecanismo de delegación no depende de la mera concesión de facultades, sino del cumplimiento estricto de las exigencias sustanciales que la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo cuando encomienda la regulación de aspectos cuantitativos del tributo. Analizar la invalidez intrínseca del mecanismo previsto en el artículo

764 del Código Aduanero implica advertir que dicha norma pretende otorgar una facultad abierta al Poder Ejecutivo Nacional para modificar la alícuota de la tasa de estadística fijada legalmente. Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 76 de la Ley Fundamental consagra una regla general de prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, admitiendo únicamente excepciones de alcance restrictivo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, bajo la condición irrenunciable de que el ejercicio delegado se efectúe dentro del plazo fijado y con arreglo a las bases que el Congreso establezca. El artículo 764 del Código Aduanero incurre en un vicio de inconstitucionalidad sobreviniente e insubsanable al otorgar un verdadero cheque en blanco, desprovisto de topes cuantitativos máximos o mínimos, carente de un plazo determinado de vigencia y privado de presupuestos de emergencia o de una política le-

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comercio exterior

gislativa clara, dejando el aspecto cuantitativo del tributo al solo arbitrio de la autoridad administrativa. Esta ilegitimidad se encuentra plenamente articulada con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre precedente “Camaronera Patagónica SA”. En dicha oportunidad, el Máximo Tribunal determinó de forma inconmovible que el valladar de la reserva de ley tributaria no cede ante la activación del mecanismo de delegación previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional —aplicable en la esfera aduanera por la remisión del artículo 764 del Código Aduanero—. La Corte puntualizó que el silencio del Congreso respecto del tope de la alícuota o la falta de pautas cuantitativas precisas coloca a toda norma reglamentaria a extramuros de la Carta Magna, puesto que el aspecto cuantitativo de la obligación fiscal queda ilegítimamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo. La recepción jurisprudencial de estos principios por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Dass Argentina SRL c/ EN-DGA” reafirmó la inaplicabilidad de las pretensiones fiscales dirigidas a alterar las alícuotas mediante reglamentos administrativos. El fuero federal determinó que normas reglamentarias como el Decreto 332/2019 carecen de validez por no apoyarse en una clara política legislativa, confirmando que la distinción alegada por el Fisco entre derechos aduaneros y tasas resulta inconsistente frente a la aplicabilidad universal del principio de reserva de ley a la totalidad de las especies tributarias. Dicha doctrina sobre la invalidez de la delegación no acotada del artículo 764 ha encontrado una expresa y definitiva ratificación en el criterio judicial fijado en autos “Storm Control SA”.

La confirmación de la doctrina en la Sentencia “Storm Control SA”: Inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos. El pronunciamiento dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 en septiembre de 2026, en el marco de la causa “Storm Control SA c/ DGA”, ostenta un valor doctrinal de singular trascendencia para el derecho tributario aduanero. Esta decisión consolida de manera categórica el criterio jurisprudencial uniforme que descalifica las pretensiones del Poder Ejecutivo de arrogarse potestades tributarias sustanciales mediante el dictado de normas reglamentarias sin amparo legal formal. En el desarrollo de la ratio decidendi del fallo “Storm Control SA”, la magistratura invalidó de pleno derecho los Decretos 332/2019 (que elevó transitoriamente la alícuota al 2,5%), 901/2021 (que fijó el 3%) y 1140/2024 (que extendió la aplicación del 3% hasta el año 2027). La inteligibilidad dogmática de la sentencia exige conceptualizar la secuencia normativa analizada como un ciclo regulatorio dividido en tres fases: un ciclo que se inicia con la regulación reglamentaria inconstitucional del Decreto 332/2019; se interrumpe y convalida de manera temporal mediante la intervención del Congreso a través de leyes formales (el artículo 49 de la Ley 27.541 y su prórroga por la Ley de Presupuesto 27.591 hasta el 31 de diciembre de 2021); y retorna ulteriormente a la ilegitimidad con las reasunciones de potestad ejecutiva mediante los Decretos 901/2021 y 1140/2024. Al desentrañar la naturaleza del vicio sustancial que invalida a estos decretos, la sentencia pone de manifiesto que la invocación del artículo 764 del Código Aduanero y del artículo 99 inciso 1° de la Cons-

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titución Nacional no resulta apta para subsanar la ausencia de baremos cuantitativos. La pretensión administrativa de incrementar la alícuota sobre operaciones aduaneras o de prorrogar sistemáticamente incrementos transitorios quebranta la garantía fundamental de representatividad fiscal, en tanto el Congreso no estableció las bases ni los parámetros máximos dentro de los cuales el Poder Ejecutivo podía ejercer válidamente la atribución delegada. El impacto dogmático de esta declaración judicial radica en ratificar la nulidad absoluta del ejercicio de facultades delegadas cuando el propósito del decreto es exclusivamente fiscalista o recaudatorio. La sentencia sopesa que los considerandos de los decretos impugnados evidencian una finalidad de mera recaudación presupuestaria frente a variaciones macroeconómicas, desprovista de toda correlación con mayores costos en la prestación del servicio estadístico o con una directriz trazada expresamente por el Poder Legislativo. Esta estricta censura a la actuación del Poder Ejecutivo exige deslindar conceptualmente la inconstitucionalidad de los actos delegados de aquellos supuestos en los que el cobro del tributo contó con la cobertura temporal de leyes formales sancionadas por el Congreso.

El deslinde dogmático entre la invalidez del ejercicio delegado y la vigencia temporal de las leyes formales En consonancia con la doctrina que hemos venido analizando, resulta imperativo trazar una distinción técnica fundamental entre el control de constitucionalidad ejercido sobre los decretos del Poder Ejecutivo y la presunción de validez de las leyes formales expedidas por el Poder Legislativo. La razón profunda


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de esta diferenciación se asienta en el régimen de la carga probatoria y la intensidad de la tacha constitucional: mientras los decretos sufren una invalidez originaria por un vicio intrínseco de competencia y conculcación directa de la reserva de ley —lo que dispensaría de acreditar cualquier desproporción económica—, las leyes formales gozan de una presunción de constitucionalidad que solo cede ante la prueba fehaciente de un quebrantamiento manifiesto de las garantías sustanciales o de una confiscatoriedad desproporcionada. El criterio consagrado en la sentencia “Storm Control SA” excluye del derecho a la restitución tributaria a aquellos períodos en los cuales el cobro de la alícuota del 3% de la tasa estadística estuvo sustentado en disposiciones formales emanadas del órgano legislativo. En particular, la resolución valida la exigibilidad del tributo abonado durante la vigencia temporal del artículo 49 de la Ley 27.541 y de su prórroga dispuesta mediante la Ley de Presupuesto 27.591, marcos legales formales que rigieron la materia hasta el 31 de diciembre de 2021. Al sopesar los fundamentos normativos y jurisprudenciales de este deslinde, la doctrina judicial reafirma que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la función más delicada encomendada a los tribunales de justicia y configura un acto de suma gravedad que opera como la última ratio del orden jurídico, conforme los lineamientos históricos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 302:1149 y 315:923. Por ende, la sola imputación de una presunta falta de correlación entre la alícuota legal y el costo del servicio no alcanza para descalificar una ley si no se demuestra una desproporción sustancial o un vicio constitucional intrínseco.

Esta diferenciación entre la ilegalidad de los decretos y la validez de las leyes formales encamina directamente el análisis hacia las consecuencias operativas y monetarias que acarrea la repetición aduanera de las sumas percibidas indebidamente.

Implicancias dogmáticas y pragmáticas para la repetición tributaria aduanera El pronunciamiento jurisprudencial en torno a la invalidez de los decretos reglamentarios proyecta efectos directos sobre el derecho tributario aduanero sustantivo, fijando pautas precisas para la repetición de los importes abonados en exceso, la delimitación del régimen monetario de restitución y el cómputo de los accesorios aplicables bajo el marco normativo del Código Aduanero. Queda firmemente establecida la procedencia del derecho del importador a repetir el excedente cobrado indebidamente por sobre la alícuota histórica del 0,5% respecto de todas las destinaciones aduaneras oficializadas bajo la vigencia de los Decretos 332/2019, 901/2021 y 1140/2024. Este criterio de restitución del monto pagado en demasía ratifica la doctrina fijada por la Sala I de la Cámara del fuero en autos “Dass Argentina SRL”, garantizando que la invalidez de los decretos que fijaron alícuotas del 2,5% y 3% restablezca la aplicación de la tasa legalmente subsistente para las operaciones no cubiertas por leyes formales. En lo relativo a la moneda de cancelación de la condena, la jurisprudencia efectúa una aplicación estricta del principio del nominalismo tributario, apoyándose en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cencosud SA” y en la previsión del artículo 809 del Código Aduanero. Si bien el artículo 20 de la Ley 23.905 establece que los tributos al comercio exterior se

determinan cuantitativamente en dólares estadounidenses, el pago efectivo se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente al día anterior del desembolso. En consecuencia, el servicio aduanero debe restituir las sumas abonadas estrictamente en pesos argentinos, puesto que ordenar la devolución en divisas extranjeras generaría un enriquecimiento sin causa a favor del contribuyente, contraviniendo el mandato del artículo 809 que impone devolver exactamente los importes percibidos en forma indebida. Respecto del régimen de devengamiento de intereses, el marco legal queda supeditado a lo dispuesto en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Al no haberse efectuado un reclamo administrativo previo, los intereses corren desde la fecha de interposición de la demanda judicial (12 de noviembre de 2024) hasta su efectivo pago. La liquidación de dichos accesorios debe practicarse en dos tramos temporales diferenciados: desde el 12 de noviembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, se aplicará la tasa fijada en el artículo 4° de la Resolución ME 3/2024; mientras que a partir del 1° de julio de 2025 y hasta el momento del efectivo pago, las sumas devengarán la tasa establecida por el artículo 3° de la Resolución ME 823/2025 o las normas que la sustituyan. En conclusión, este plexo de decisiones doctrinarias y judiciales alcanza un sano equilibrio entre la vigencia irrestricta del principio de reserva de ley tributaria y la estabilidad de las finanzas públicas, otorgando certeza técnica y previsibilidad operativa a los procesos interpuestos por los operadores de comercio exterior para el recupero de los tributos percibidos al margen del ordenamiento constitucional. • Link al artículo de octubre https://netnews.com. ar/nota/4350-Calculo-de-intereses-sobre-deudas-aduaneras-en-dolares--Fin-de-la-discusion

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logística

Opinión

Resiliencia en la Cadena de Suministro: El Impacto de la Volatilidad Macroeconómica y la Demografía Industrial en la Logística Argentina (2001-2026) Dr. Julio THEAUX Ph.D. en Ciencias Económicas Empresariales | Delegado LATAM en Roca Defense & Systems| Investigador y Director de Investigaciones FAE-UdeMM | Vicepresidente ASIS Capítulo 215.

de suministro a mutar forzosamente, migrando desde paradigmas de eficiencia global hacia modelos de supervivencia pura, donde la gestión integral de riesgos corporativos se erige como el último bastión para la protección del capital y la continuidad del negocio.

El Péndulo Macroeconómico: 2001-2026 La trayectoria económica de la República Argentina desde el colapso La logística moderna ha trascendido su definición tradicional vinculada al mero movimiento de mercancías para consolidarse como el sistema nervioso central de la economía contemporánea. En la Argentina, este ecosistema crítico absorbe, procesa y mitiga los severos shocks derivados de una volatilidad política y macroeconómica endémica. El presente artículo analiza cómo el péndulo histórico de las últimas dos décadas y media ha reconfigurado la demografía empresarial y la capacidad productiva del país. Este escenario ha obligado a las cadenas

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del régimen de convertibilidad en 2001 hasta el actual ciclo de estabilización en 2026 constituye un caso de estudio excepcional sobre los efectos destructivos de la debilidad institucional en la formación bruta de capital. Tras la implosión de 2001, la economía experimentó un rebote acelerado impulsado por una vasta capacidad instalada ociosa y términos de intercambio excepcionalmente favorables para las materias primas. Sin embargo, este impulso inicial mutó progresiva-


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mente hacia un modelo de matriz estado-céntrica caracterizado por un intervencionismo exacerbado. La implementación sistemática de controles de cambio restrictivos y trabas discrecionales a las importaciones generó un mercado interno cautivo; si bien esto sostuvo temporalmente el empleo a través del subsidio indirecto, incubó ineficiencias estructurales agudas y estancó la demografía empresarial al aislar al sector privado de la innovación y la tecnología de frontera. El tránsito hacia modelos de liberalización y shocks de estabilización ortodoxa expuso brutalmente las fragilidades de esta matriz. Los ciclos de apertura y ajuste, caracterizados por el intento de contener la inflación monetaria a través de

la contracción extrema del crédito y la liberación de precios relativos, sometieron al sector productivo a niveles de estrés financiero insostenibles. La alternancia pendular entre etapas de represión financiera con inflación oculta y etapas de sinceramiento con tasas de interés reales fuertemente positivas ha aniquilado el horizonte de previsibilidad, condición sine qua non para la planificación corporativa. En un entorno donde el marco regulatorio del comercio exterior, la estructura tributaria y el costo del capital mutan drásticamente con cada recambio presidencial, las decisiones de inversión a largo plazo se paralizan. La formación de capital se desvía hacia maniobras de cobertura financiera o especulación

de corto plazo para preservar el valor de la liquidez frente a la inflación y la devaluación. Esta anulación del horizonte destruye sistemáticamente la base productiva, alejando al país de la integración en las cadenas globales de valor y relegando su escasa competitividad a los enclaves primarios o extractivos, mientras el entramado industrial manufacturero se debilita de manera crónica e irreversible.

El Impacto en la Matriz Industrial Las consecuencias de este péndulo macroeconómico se cristalizan dramáticamente en la demografía empresarial del país. Los datos oficiales más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

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logística

(SRT) exponen una contracción alarmante de la estructura productiva: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la Argentina registró la pérdida neta de 32.290 empresas empleadoras formales, lo que representa una caída del 6,3% del tejido productivo empleador. Esta mortandad corporativa no es homogénea, sino que impacta de manera asimétrica y profunda en sectores que históricamente han funcionado como vectores del empleo asalariado, fundamentalmente la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, y el sector agropecuario. Paralelamente, el uso de la capacidad instalada industrial ha fluctuado de manera errática a lo largo de las décadas, cayendo sistemáticamente por debajo de la barrera crítica del 60% durante los ciclos de estabilización ortodoxa y retracción forzada de la demanda interna. Este panorama macroeconómico esconde un “lado B” microeconómico profundamente destructivo para las operaciones corporativas. El colapso de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas no solo evapora puestos de trabajo formales que sostienen el consumo, sino que detona la ruptura sistemática de las cadenas de pagos. Esto genera un efecto dominó que arrastra a la quiebra a firmas financieramente sanas pero con deficiencias temporales de liquidez. A medida que desaparecen los actores más vulnerables del mercado, se consolida una silenciosa pero peligrosa oligopolización. La supervivencia queda estrictamente reservada para corporaciones transnacionales o conglomerados con espaldas financieras capaces de acceder a fondeo externo o soportar tasas internas prohibitivas. Asimismo, en este ecosistema de supervivencia, se produce un efecto de transferencia perverso: las grandes compañías extienden

unilateralmente sus plazos de pago para financiarse a costa de sus proveedores, asfixiando el capital de trabajo de los eslabones inferiores de la cadena de suministro y profundizando la recesión en el tejido pyme.

El Eslabón Logístico: De la Eficiencia a la Supervivencia En el núcleo de este ecosistema corporativo hostil, la industria logística argentina ha sido empujada a una mutación genética obligatoria, abandonando los estándares

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de eficiencia global para adoptar tácticas de resistencia extrema. Históricamente, la rentabilidad y la competitividad en la gestión de la cadena de suministro se basaron en la optimización milimétrica de los flujos y la reducción sistemática de inventarios a través de filosofías Just in Time (JIT). Sin embargo, la inflación estructural, la restricción de divisas y las barreras a la importación de insumos críticos han obligado a los Supply Chain Managers a aplicar un repliegue táctico hacia modelos Just in Case (JIC). Esta acumulación defensiva y especula-


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tiva de stock —diseñada para blindar los procesos productivos contra el desabastecimiento y cubrirse frente al riesgo de hiperinflación cambiaria— inmoviliza cantidades masivas de capital de trabajo, reduciendo drásticamente la agilidad financiera de las organizaciones y disparando exponencialmente los costos de almacenamiento, seguros y custodia de activos físicos. Bajo este esquema, la ecuación financiera del operador logístico y del shipper se ha visto severamente distorsionada. El encarecimiento del crédito interno, sumado al violento sinceramiento de las tarifas energéticas y de combustibles, y una asfixiante presión fiscal que no reconoce la inflación real, han provocado una explosión incontenible en los gastos operativos (OPEX). Las operaciones logísticas destinan la inmensa mayoría de su flujo de caja a sostener una operatividad diaria cada vez más costosa, absorbiendo en sus márgenes de rentabilidad ineficiencias que no pueden trasladar íntegramente a

los precios finales por la depresión del consumo. Esta inflación descontrolada del OPEX canibaliza de manera directa la capacidad corporativa para ejecutar inversiones de capital (CAPEX). Como resultado ineludible, presenciamos un envejecimiento peligroso del parque automotor y las flotas de transporte pesado,

un retraso tecnológico severo en la adopción de herramientas de automatización de almacenes e Internet de las Cosas (IoT), y la postergación indefinida del desarrollo de nuevos nodos logísticos. La imposibilidad de ejecutar CAPEX sumerge a la industria en un círculo vicioso de menor productividad operativa, mayores costos de mantenimiento

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logística

preventivo y correctivo, y una exposición inaceptable a fallas críticas en el servicio. A la descapitalización intrínseca del sector privado se suma el peso muerto de la degradación progresiva de la infraestructura de transporte nacional. La ausencia crónica de un plan maestro de inversión estatal sostenido e independiente de los vaivenes políticos ha dejado a la matriz logística argentina anclada en deficiencias estructurales del siglo pasado. Las rutas colapsadas y carentes de mantenimiento, las vías navegables troncales sometidas a incertidumbre sobre su dragado y balizamiento, y la subutilización de la matriz ferroviaria incrementan de forma exponencial los tiempos de tránsito (Lead Times) y los índices de siniestralidad. Esta ineficiencia basal en la infraestructura física opera en la práctica como un arancel oculto pero devastador sobre la competitividad de las exportaciones, diluyendo cualquier ventaja comparativa circunstancial originada en el tipo de cambio. Hoy, la logística argentina no compite por velocidad o trazabilidad, sino por la mera capacidad de sortear obstáculos para llegar a destino.

La Perspectiva ESRM: Mitigación de Riesgos en la Cadena de Suministro Frente a un escenario de tan alta complejidad y vulnerabilidad sistémica, el management de seguridad corporativa está obligado a despojarse de su enfoque tradicionalmente reactivo (enfocado solo en guardias y alarmas) para sentarse en la mesa chica de las decisiones directivas. Es aquí donde la adopción del marco metodológico de Enterprise Security Risk Management (ESRM) proporciona la brújula indispensable para que los niveles ejecutivos (C-Level) alineen milimétricamente la mitigación de riesgos físicos y ló-

gicos con los objetivos estratégicos del negocio. En una cadena de suministro argentina donde la disrupción y el quiebre no son probabilidades estadísticas remotas sino realidades cotidianas, el enfoque ESRM permite identificar, evaluar y neutralizar las amenazas antes de que impacten fatalmente en la línea final de resultados (bottom line). Para un CEO o un Director de Operaciones, implementar ESRM implica asimilar que la protección integral de los activos críticos —mercancías de altísimo valor de reposición, infraestructura logística clave y datos de transacciones— es una palanca directiva para la protección y expansión del EBITDA. En este contexto, la implementación de Inteligencia Económica y arquitecturas de datadriven security se vuelve innegociable. A través del análisis predictivo de mapas del delito, conflictividad social, cortes de rutas, bloqueos sindicales y vulnerabilidades en la infraestructura, las corporaciones pueden recalibrar dinámicamente sus operaciones de ruteo y distribución. Bajo esta óptica, la gestión de seguridad deja de contabilizarse como un centro de gastos friccional (OPEX ineludible) para transformarse en un habilitador estratégico que garantiza el cumplimiento de los Service Level Agreements (SLA). Garantizar la Continuidad del Negocio (Business Continuity) en la Argentina exige el diseño de una arquitectura logística profundamente redundante. El profesional de ESRM debe orquestar planes de contingencia (BCP) robustos que abarquen: l La diversificación táctica de pres-

tadores de transporte y distribución de última milla. l El diseño georreferenciado de ru-

tas alternativas con protocolos de activación en tiempo real. l La

custodia física y electrónica

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avanzada para los volúmenes de inventario inmovilizados requeridos por el modelo Just in Case. Al blindar proactivamente la cadena de suministro contra el entorno altamente volátil, el equipo directivo no solo protege la fluidez de la operación inmediata y el capital de trabajo de la compañía, sino que asegura la credibilidad frente a los accionistas, la confianza de los clientes institucionales y, en última instancia, la sustentabilidad del capital corporativo a largo plazo.

Perspectiva a Futuro La anatomía productiva y logística de la Argentina es el testimonio tangible de un cuarto de siglo de inestabilidad macroeconómica y pendulación política sin consensos básicos. La desaparición reciente de más de 32.000 empresas empleadoras y el estancamiento crónico de la capacidad instalada no son coyunturas aisladas, sino los síntomas terminales de un tejido productivo que ha sido forzado a operar al límite absoluto de su resiliencia. La competitividad futura y la inserción internacional del país no dependerán de ventajas comparativas estáticas o saltos devaluatorios esporádicos, sino de la capacidad estructural e institucional para estabilizar la macroeconomía, anclar expectativas y garantizar el respeto irrestricto a los contratos. Solo en el momento en que se consolide un horizonte genuino de previsibilidad para la formación de capital, el sector logístico podrá desmantelar sus pesadas y costosas estrategias de supervivencia defensiva. El imperativo estratégico para el Estado y el liderazgo corporativo en las próximas décadas es lograr que la cadena de suministro deje de administrar crisis, para volver a gestionar innovación, automatización y eficiencia pura.


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logística

Marina Mercante

¡QUE SE FUNDAN! Argentina, un país que renuncia a competir Por Paola Batista. Hasta 2023, la palabra más trillada en los medios para justificar la falta de exportaciones era la necesidad de abrir mercados. Según el Fraser Institute, en su informe Economic Freedom of the World, en 2023 Argentina ocupó el puesto 161 entre 165 economías en el indicador de libertad para comerciar internacionalmente. Definitivamente, éramos una de las economías con mayores restricciones al comercio internacional. A partir de 2024, la situación empezó a cambiar. Según cifras del Ministerio de Economía, entre 2024 y el primer semestre de 2026 se registraron 178 nuevas aperturas y 360 reaperturas de mercados para productos agroindustriales, estas últimas vinculadas con habilitaciones sanitarias que habían sido restringidas en distintos mercados. Con esta apertura, una fuerte reducción de la inflación y un dólar estable, las nuevas reglas de juego se volvieron promisorias. Los beneficios se hicieron visibles en sectores como el agroindustrial, con una fuerte presencia de productos primarios y de escaso procesamiento, además de la minería, el petróleo y la energía. Sin embargo, el boom exportador no alcanza para cubrir las necesidades cotidianas de la gente. La macroeconomía puede ser la vidriera del Gobierno, pero la economía real es la que le marca el pulso a la población. En un país con un mercado interno relativamente pequeño y una parte importante de la población con ingresos ajustados, las pymes cumplen un papel vital en un engranaje capaz de mejorar el bienestar económico. ¿Pero entonces cuál sería ese algo que no termina de cerrar? Cuando se va deshojando la margarita de las explicaciones, empieza a aparecer una verdad incómo-

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da: abrir mercados y estabilizar la economía son condiciones necesarias, pero no suficientes. Porque una cosa es tener dónde vender y otra muy distinta es poder competir para hacerlo.

Esta “incomodidad” tiene nombre y apellido Alentamos a nuestros fabricantes, sin importar el tamaño de sus empresas, a salir a exportar. El país lo necesita. Pero cuando los resultados no llegan, se los acusa de falta de competitividad y allí empieza un ida y vuelta de acusaciones entre gobierno y privados, encontrando en la logística al mejor chivo expiatorio de la temporada 2023/2027. «La culpa es de los prácticos», sentencia el superministro desregulador, Federico Sturzenegger a quien al parecer nadie le informó que durante el gobierno de Mauricio Macri, los mismos acusados ya se habían sentado en el banquillo y negociaciones mediante, se dispuso una reducción de sus tarifas. La rebaja anunciada rondaba el 20% en promedio, con reducciones de hasta el 40% según los conceptos y las condiciones aplicables. ¿El resultado? Un estruendoso 0% en la reducción de la tarifa del flete. El descuento tampoco llegó al precio de los productos, mucho menos al bolsillo de los productores, y terminó beneficiando al armador extranjero y a algunos acopiadores de granos. Es decir que le sacaron ganancias a un privado para dársela a otro. Cambio de gobierno en 2023 y el diagnóstico se repite, los prácticos al banquillo. Los resultados fueron de público conocimiento. El gobierno propuso el practicaje como opcional y los prác-


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Pablo Lavigne, secretario de coordinación productiva.

ticos no están dispuestos a navegar si las condiciones de seguridad no están dadas. ¿Por qué entonces teniendo una experiencia tan infructuosa del pasado reciente se insiste con culpabilizar a los “ñatos”? La respuesta es simple, tapar el nombre y apellido del único culpable que hace que la Marina Mercante Argentina no sea competitiva: PRESIÓN IMPOSITIVA. Y detrás de esta realidad están los responsables: los políticos, que en su búsqueda por esconder su ineficacia para gobernar y ganar perpetuidad a través de los votos, crean una súper estructura estatal que necesita de los impuestos para sostenerse. El resultado es una carga impositiva que distorsiona los precios en góndola y los costos de exportación. La falta de competitividad es de la clase política, que paradójicamente son quienes deberían generar las condiciones para que las empresas cumplan su función dinamizadora en la economía. Milei gana las elecciones de 2023 con la promesa de ponerle fin a la casta. Muchos compartimos aquella visión apocalíptica, imaginando al país convertido en una película de terror clase B, con una motosierra ensangrentada haciendo rodar cabezas. Sí, es cierto, quizá había algo de exageración. Pero la sociedad esperaba que se produjera un cambio paradigmático y que la clase gobernante, junto con un Poder Judicial independiente,

llevara ante la Justicia a los responsables de nuestras penurias económicas. Y no solo a los primeros mandos, sino a toda la cadena de funcionarios.

“LOBISTA O ENSOBRADA”: el insólito cruce con el secretario Pablo Lavigne Hablando de funcionarios en el último encuentro organizado por la AMCHAM el pasado 28 de octubre tuve un encuentro particularmente violento con el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne. Durante la entrevista realizada en el escenario por la periodista Julia Arrizo de TN el funcionario volvió a la cargar contra la falta de competitividad de la marina mercante, una definición totalmente acertada, identificando a la Ley de Cabotaje de 1944 como uno de los motivos, mientras el otro: “tres tipos a los que (el Estado) se les está defendiendo el statu quo”. Para ejemplificar la situación mencionó la problemática que atraviesa la industria maderera. Un sector que creció al amparo de la Ley 25.080, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, en 1998. Este dato es curioso y merece una aclaración. El gobierno que hoy se preocupa por esta industria, difícilmente habría encontrado el desarrollo que alcanzó el sector de no ha-

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logística

ber existido aquella ley de fomento. Una paradoja para estos nuevos libertarios, que parecen considerar que el Estado solo debe intervenir el mercado cuando se trata de atraer grandes inversiones, ya sea a través del RIGI o del Súper RIGI. El problema al que hace mención Lavigne que atraviesa la industria maderera es que actualmente transporta casi toda su carga por camión en vez de hacerlo por barcaza, hecho que permitiría un ahorro significativo en flete. La premisa es acertada. Al término de su entrevista, me dirigí hacia el funcionario y lo abordé mientras salía del auditorio, sin que se detuviera en ningún momento. Le pregunté si sabía que el problema de la falta de flete fluvial para la industria maderera obedecía a que la potencial empresa que podría prestar ese servicio necesitaba tener garantizada carga tanto de ida como de vuelta para que el negocio fuese rentable. Su respuesta, visiblemente molesto, fue comparar el transporte fluvial con un taxi: “Ellos toman un viaje de ida, que se las arreglen con la vuelta”. Allí confirmé que estaba tratando con un verdadero neófito en temas de logística marítimo-fluvial. Imaginemos a un avión haciendo un viaje de ida con pasajeros y retornando vacío, o a un tren haciendo 1.500 kilómetros con carga para volver vacío. Bueno, al parecer, para el funcionario la actividad de una barcaza es comparable con la de un taxi. Ya manifiestamente molesto, traté de explicarle que la falta de competitividad de la Marina Mercante argentina frente a la paraguaya obedecía a las asimetrías impositivas y que podía solucionarse mediante la creación de un Segundo Registro. Su respuesta fue: “Te comiste el verso o la peli”. Cuando le respondí que hacía 25 años que conocía la problemática del sector, me acusó de “lobista o ensobrada” y afirmó que me estaba pagando Patagonia Shipping, para luego involucrar también a National Shipping. Ante mi negativa a aceptar esas acusaciones, le pedí que mantuviéramos un diálogo y que dejara de agredirme, porque lo que yo buscaba era conocer su opinión. Intenté entonces explicarle el potencial que tendría recuperar parte de las 40 empresas argentinas que hoy conforman la flota paraguaya. Ni siquiera me dejó desarrollar el argumento de que, como punto de partida, podrían ingresar al país 1.200 millones de dólares en divisas. Me interrumpió para decirme, ya en la calle y a los gritos: “¿Vos sabés cuánto representa esto para el fisco? Cuatro o cinco millones de dólares. ¿Sabés qué? ¡Que se fundan!” Quizás convenga mirar un poco más allá de nuestras fronteras. Paraguay cuenta con una poderosa flota fluvial y buena parte de ella está vinculada con capitales y empresarios argentinos que encontraron al otro lado de la frontera condiciones fiscales y regulatorias más favo-

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rables (y laxas) para desarrollar un negocio que hacían acá. Una suerte de “bandera de conveniencia” que permite seguir transportando cargas vinculadas con la economía argentina, pero bajo reglas tributarias y operativas más convenientes para el armador. El dato no es menor. Si empresarios argentinos encuentran en Paraguay las condiciones que necesitan para competir, ¿por qué la respuesta argentina tiene que ser resignarse a perder bandera, actividad y capacidades propias, en lugar de crear condiciones que les permitan operar desde nuestro país? Esa condición se llama, Segundo Registro. El Gobierno parece no terminar de comprender el valor geoestratégico de contar con una marina mercante nacional. No se trata solamente de barcos, tripulaciones o tarifas. Se trata de conservar capacidades de transporte, empleo especializado y herramientas propias para participar del comercio exterior. Mientras otras potencias como Estados Unidos e India revisan sus políticas marítimas y buscan fortalecer sus capacidades estratégicas, aquí seguimos discutiendo cómo desregular una actividad sin que parezca existir el mismo empeño en construir una alternativa nacional competitiva. Ignorancia. ¿Sería tan descabellado considerar un segundo registro? Un régimen que permita conservar el pabellón argentino, incorporar beneficios fiscales y operativos y competir en mejores condiciones con las flotas de la región. ¿O acaso la propuesta resulta incómoda porque obligaría a reconocer que la competitividad también puede construirse mediante una reforma tributaria inteligente? Treinta años de destrucción y decadencia podrían empezar a transformarse en inversión y desarrollo. Treinta años de promesas podrían convertirse, finalmente, en resultados. Y hay una oportunidad adicional. Un segundo registro bien diseñado no solo podría beneficiar a los armadores y trabajadores del sector. También permitiría un éxito político. Así como el gobierno mostró flexibilidad en sus principios y en vez de cerrar el Banco Central, lo reformó con un buen uso y propósito, un éxito de la Marina Mercante podría ser el ejemplo que el gobierno busca para demostrarle a gobernadores e intendentes que la reducción de la carga tributaria no significa necesariamente resignar ingresos, sino crear las condiciones para que la actividad económica crezca y amplíe la base de contribuyentes. Pero cuando una política pública ignora alternativas capaces de conciliar competitividad, empleo e intereses nacionales, cabe preguntarse si la resistencia a revisar una decisión es la propia ignorancia o interés del asesor. En un año electoral, ofrecer una salida superadora sería bastante más útil que insistir con la motosierra como respuesta universal.


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logística

Opinión

La “Ruta de las Arenas”: el desafío logístico ante el boom energéticol Juan Ignacio ANGONA | Lorenzo BARRIOS JIA: Lic. en Relaciones Internacionales y Pg. en Negocios Internacionales, consultor en comercio exterior LB: Lic. en Relaciones Internacionales, especialista en movilidad y logística

El traslado de las arenas para fracking desde Entre Ríos hacia Neuquén vía camión ha alcanzado su límite estructural. Frente a una logística terrestre de 4000 camiones diarios que satura las rutas, encarece la tonelada al explicar el 85% del valor final, y con proyecciones de duplicar la demanda para 2030, las vías ferroviaria y fluvio-marítima surgen como necesidades capaces de aportar un salto de escala sostenible.

La conexión ferroviaria a Vaca Muerta La posibilidad ferroviaria tomó nuevamente protagonismo ante los anuncios de YPF para el tras-

lado desde San Nicolás hasta Palmira, en Mendoza, por la red de trocha ancha de las líneas Mitre y San Martín. Desde allí se realiza un trasbordo hacia el camión que recorre 750 Km hacia Vaca Muerta. Lejos de tratarse de una alternativa novedosa, cabe destacar que en 2021 la petrolera y Trenes Argentinos firmaron un acuerdo de colaboración por 10.000 Tn mensuales, que en su momento fue facilitado por un convenio entre este último y la concesionaria de la línea Mitre Nuevo Central Argentino. Esta alternativa, además, fue posible por el traslado por ferrocarril de piedras en la zona cuyana hacia la siderúrgica Ternium, ubicada en la citada localidad bonaerense, cuyas formaciones volvían en ocasiones sin ningún tipo de carga hacia Palmira. La ruta multimodal, sin embargo, dista de ser óptima y una alternativa sostenible. El trayecto de la línea San Martín entre Rufino y Palmira posee tramos deteriorados que impiden desarrollar velocidades comerciales ópti-

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mas y garantizar la seguridad operacional, derivando en frecuentes descarrilamientos de formaciones. Si bien se desarrollaron algunas intervenciones, como la recuperación del pedraplén en Laguna La Picasa, el tendido no recibió inversiones integrales. Una propuesta de renovación de vías desde Pilar hasta Palmira, con financiamiento por parte de China que comenzó a negociarse en el 2020, había sido incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional pero fue descartada en la propuesta del 2026. En el marco de la privatización de la carguera estatal, que exige un paquete de “obras obligatorias” a financiarse con un fideicomiso fondeado con la venta del material rodante, se incluyen trabajos de mejoramiento y renovación de vías en tramos puntuales del corredor troncal, pero sin un proyecto integral. Fuera de esta ruta, cobra relevancia el corredor ferroviario de la línea Roca, entre la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, que posee conexión con la línea


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Mitre siendo posible organizar despachos desde San Nicolás. En este caso, el tendido Buenos Aires – Bahía Blanca – Neuquén (vía Lamadrid) se encuentra bajo concesiones de Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca, cuyos contratos no serán renovados luego del vencimiento de su prórroga en el 2027. La ventaja de esta opción es que se realiza la mayor distancia por ferrocarril, evitando un trasbordo en camión como el caso de Palmira. Sin embargo, el tendido entre Bahía Blanca y Neuquén no ofrece condiciones de seguridad operativa para un transporte regular. Este tramo intentó renovarse durante las dos administraciones anteriores: mediante un esquema de Participación Público Privada y con financiamien-

to chino. El primer caso resultó fallido y en el segundo se vieron avances, como la adjudicación de la Playa Ferroviaria Añelo en 2023 a Pietroboni-Sabavisa. Sin embargo, este hito, considerado como el puntapié inicial para el proyecto de renovación de vías (incluyendo un nuevo tramo en el Alto Valle para evitar zonas urbanas) quedó paralizado. La apuesta de YPF a las arenas entrerrianas a largo plazo abre la puerta al desarrollo de inversiones que permitan un traslado eficiente, regular y seguro hacia los yacimientos. A su vez, la conexión con las terminales portuarias de Bahía Blanca para proyectar diversificación de operaciones y gestión multimodal suman un aliciente importante. Sin embargo, a la fecha no hay un proyecto concreto en

puertas y la falta de definición de la concesión de Ferrosur aporta un interrogante al esquema.

La vía fluvio-marítima En una situación similar, y a partir del acuerdo de cooperación firmado en octubre de 2026 entre YPF y Entre Ríos para mejorar la producción y logística de arenas silíceas, la alternativa fluvio-marítima cobra importancia como solución a parte del problema pero también con restricciones propias. La principal fortaleza de esta alternativa es su eficiencia en escala. Un solo buque equivale a retirar mil camiones pesados de las rutas, al tiempo que permite reducir hasta un 50% los tiempos de abastecimiento, al eliminar las demoras por cuellos de botella viales, gestiones administrativas, pesajes y descansos

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obligatorios. Trasladar el tramo de larga distancia al agua proyecta reducciones cercanas al 25% en el costo logístico total, asimismo, genera un ahorro de aproximadamente el 65% en costos de mantenimiento de las redes viales. Por caso, el Puerto de Ibicuy, ubicado a unos 20 Km de las principales canteras, con calado natural apto para operar buques Panamax y en el marco de la reciente incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal, se posiciona como el nodo de origen natural. El puerto, hoy en obras de ampliación por medio de un proyecto adherido al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones provincial de 16 millones USD por parte del concesionario PTP Group, requiere finalizar el Muelle Isla -obra

paralizada por más de 2 décadas-, instalar sistemas de carga y descarga continua, celdas de acopio, ampliar la potencia eléctrica y la red de gas natural, y mejorar los deteriorados accesos desde la RP 45 -en proceso de concesión- y de la RN 12. Por su parte, el puerto de San Antonio Oeste representa la ruta marítima más corta a Añelo y es la opción principal para las operadoras. Diseñada para la exportación de frutas y hortalizas, y adaptándose recientemente al del sector energético, no esta preparada para recibir arena en volúmenes masivos. Es necesario adecuar zonas exclusivas y silos de acopio -evitando la contaminación de cargas alimenticias-, e incorporar equipos de descarga como tolvas y cintas transportadoras. En términos viales,

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se proyecta la construcción de un trazado de 119 Km que bordeará el norte del lago Pellegrini para evitar los cascos urbanos. En adición, un reciente informe técnico elaborado por el Consejo Federal de Inversiones evalúo la posibilidad de desarrollar una hidrovía en los ríos Limay y Río Negro que demandaría inversiones por unos 520 millones USD. Como segunda opción, el puerto de Bahía Blanca tiene la ventaja de ser el principal polo offshore vinculado a la cuenca. En octubre de 2026, su consorcio anunció inversiones por 56 millones USD para infraestructura portuaria y vial. Sin embargo, para la carga de arena, requiere una estricta separación de las terminales de granos o combustibles -probablemente mediante la ampliación del sector oeste de Puer-


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to Galván y la nivelación de sectores de cangrejales-. Si bien posee conexión ferroviaria, las formaciones no pueden ingresar eficientemente a los muelles; requiriendo readecuaciones como playas de maniobras, grúas móviles o cintas que permitan trasbordar hacia trenes y camiones con el menor manipuleo posible. Finalmente, exige mejoras en el acceso vial que iniciaron con recientes convenios para reconstruir tramos de las RN 3 y 252, y optimizar las rotondas de acceso y calzadas para el tránsito. No obstante, la viabilidad comercial de estas alternativas requiere de un acompañamiento normativo. En este sentido, la reglamentación del Operador de Transporte Multimodal (Ley 24.921), y de Marina

Mercante (Ley 27.419), permitiría trabajar con un contrato único de la cantera a el pozo, exenciones al combustible y reducción de cargas sociales. otra de las principales barreras es la Ley de Cabotaje, la cual restringe el tráfico fluvio-marítimo interno a buques de bandera nacional, en una vía dominada en un 90% por buques paraguayos que transitan directamente hacia puertos oceánicos y muchas veces retornan vacíos. Aquí las provincias del norte impulsan una propuesta para habilitar a buques extranjeros a capturar carga interna entre puertos nacionales, facilitando la salida de cargas del NEA y NOA y reduciendo el flete fluvial interno entre 40% y 50%. Por su lado, el sector armador y sindical impulsa un Segundo Re-

gistro con un canon anual fijo sobre el tonelaje del buque y rebajas previsionales a cambio de retener la tripulación local y la bandera nacional. En conclusión, superar el estrangulamiento logístico de Vaca Muerta exige abandonar la dependencia del camión para adoptar un enfoque intermodal. Los corredores ferroviarios y fluvio-marítimos no son vías excluyentes, sino eslabones complementarios que demandan una urgente articulación entre los niveles de gobierno y con el sector privado. Solo mediante la inversión en infraestructura portuaria y vial postergadas, así como la modernización normativa, será posible transformar este cuello de botella en un motor de desarrollo territorial.

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transporte

VI Encuentro Nacional de Prácticos

Practicaje, motivación, premios Póliza y Día del Práctico Argentino La Fundación Instituto del Practicaje Argentino (FIPA) realizó el VI Encuentro Nacional de Prácticos en la sede del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, que fue el anfitrión. La experiencia europea El presidente de la European Maritime Pilots’ Association (EMPA), Capitán Miguel Vieira de Castro, dio dos exposiciones. En la primera, «EMPA: la voz europea del practicaje», presentó a la asociación, fundada en Amberes en 1963, que hoy representa a más de 4.500 prácticos de 24 países. Explicó cómo la Unión Europea dejó el practicaje fuera de la competencia de mercado, con el Reglamento (UE) 2017/352, por razones de seguridad marítima y de protección del medio ambiente. Repasó además las experiencias de Portugal, Dinamarca, Rumanía, Turquía y Bélgica, y cerró con seis lecciones para la profesión, entre ellas hablar con una sola voz y sostener cada posición con datos. La segunda exposición estuvo dedicada a la seguridad en el embarque y desembarque de prácticos. Su punto de partida fue un accidente fatal ocurrido en Lisboa. Explicó cómo ese caso llevó a revisar los medios de acceso, los dispositivos de recuperación de personas caídas al agua y el entrenamiento de las tripulaciones de las lanchas, en conjunto con la Marina portuguesa. Su conclusión fue clara: la tripulación de la lancha es la primera respuesta posible, y su preparación previa es la que salva vidas.

Modelos regulatorios en Brasil y la Argentina El Capitán Otavio Fragoso, de Brasil, comparó la evolución de los regímenes de practicaje de ambos países. Analizó cómo las reglas de contratación y competencia inciden en la distribución del trabajo, la organización de las manio-

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bras y la seguridad. Advirtió también que la experiencia de un país no se traslada sin más a otro.

Día del Práctico: el 1º de agosto El Encuentro adoptó el 1º de agosto como Día del Práctico Argentino. La adopción se hizo junto con el Centro de Capitanes y la Asociación Civil de Prácticos y Pilotos de la República Argentina. La fecha recuerda la acción unánime y colectiva de los prácticos de todo el país el 1.º de agosto de 2026, en resguardo de la seguridad de la navegación. Se proyectó el video institucional de la Fundación «Unidad del practicaje». Luego el vicepresidente de la Fundación, Capitán Alejandro Lodigiani, leyó los fundamentos de la nueva fecha, acompañado por los Capitanes de Ultramar Gustavo Suárez y Jorge Pablo Tiravassi.

Presentación especial El navegante brasileño Beto Pandiani compartió su experiencia de décadas de travesías oceánicas, entre ellas la Patagonia y el cabo de Hornos. Destacó el valor de la planificación, la adaptación al mar y la prudencia en la toma de decisiones.

Premio «Práctico Francisco Póliza» Edición I La Fundación entregó por primera vez su distinción institucional, con fallo unánime del Jurado presidido por la Dra. Laura Caruso e integrado por los Capitanes de Ultramar


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Eduardo Fiducia y Julio César Longa. El Premio, en la categoría Coraje y Pericia Profesional, fue para la tripulación de la lancha de prácticos «Cometa»: el Patrón Daniel Aguilera, el Jefe de Máquinas Miguel Alarcón y el Marinero Gastón Lamas. El fundamento, tal como lo resolvió el Jurado: «Por rescatar con rapidez y pericia al Capitán José Luis Regueiro, caído al agua durante la maniobra de embarque en el buque «MSC Hortense» fondeado en Zona Común, en la madrugada del 30 de noviembre de 2025, salvando su vida.» Recibieron la Mención de Honor en Seguridad de la Navegación: l los Capitanes de Ultramar Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Gisel Navarro, por su participación ante las autoridades nacionales durante la revisión del régimen del practicaje; l el Maquinista Naval Superior Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, por su labor de concientización social; l la Asociación Civil de Prácticos y Pilotos de la República

Argentina, y su presidente, el Capitán de Ultramar Gustavo Suárez; l el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la

Marina Mercante, y su presidente, el Capitán de Ultramar Jorge Pablo Tiravassi; l el Capitán Fluvial Claudio Nahuel Venturini, práctico del río Paraná.

La Capitana Navarro recibió también la Mención del Capitán Doñate en su nombre. El vicepresidente de la Asociación, Capitán Fluvial Javier Torres, recibió la Mención de la Asociación. Los diplomas fueron entregados por los integrantes del Consejo de Administración de la Fundación: su presidente, Pablo Pineda; su vicepresidente, Capitán Alejandro Lodigiani; y su secretario, Paul Medina Rodríguez.

Una Carta de Reconocimiento a cada práctico La Fundación reconoció además a los 520 prácticos de la República Argentina con una Carta de Reconocimiento individual a cada uno, «por ser actor fundamental, pilar y parte de la unánime acción colectiva en resguardo de la seguridad de la navegación el 1° de agosto». Se proyectó un video con cada uno de esos nombres. En representación de todos los prácticos del país recibió el ejemplar simbólico el Capitán Guido Lesca, práctico de Puertos del río Paraná, por ser uno de los prácticos más modernos. Las Cartas se harán llegar a cada práctico.

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industria naval

Servimagnus

Servimagnus celebra la culminación oficial del proyecto de Tandanor La compañía dio por finalizadas con éxito la obra de un proyecto de alta complejidad técnica jamás realizada en la historia, permitiendo recuperar y ampliar la capacidad operativa de la plataforma de elevación de buques del astillero Tandanor. En efecto, Servimagnus cerró oficialmente el proyecto de “Recuperación de la capacidad operativa de la plataforma de elevación de buques Syncrolift” en el astillero Tandanor. El proyecto tuvo como objetivo incrementar la capacidad de descenso de la plataforma mediante distintas intervenciones de dragado y adecuación del área, ejecutadas tanto en su lateral como por debajo de la propia estructura del Syncrolift. Los trabajos comprendieron la construcción y operación de un recinto de refulado para más de 45 mil m3 de capacidad, la remoción de obstáculos y restos existentes con la operación de la grúa flotante Magnus VI y su grampa tipo almeja de salvamento de 90m3. Para las tareas de dragado de la zanja perimetral, la compañía operó su Draga Cortadora Lucio, y sus equipos de apoyo como el Multicat Máximo. La Lucio también fue protagonista de una de las etapas más exigentes desde lo técnico, con la profundización bajo plataforma mediante inyección de agua. Para esta última tarea, Servimagnus implementó una metodología adaptada a las particulares condiciones del proyecto, trabajando debajo de una infraestructura existente y operativa, ajustando progresivamente las intervenciones de acuerdo con los resultados obtenidos en campo. Con todo, Servimagnus logró retirar más de 23 mil m3 de sedimentos y llevar la disponibilidad operativa del 10% al 99,5%.incrementando significativamente la capacidad de descenso del Syncrolift y ampliando las posibilidades

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de utilización de una infraestructura estratégica para la actividad del astillero y la industria naval nacional. “Para Servimagnus, haber participado en la recuperación de una infraestructura de esta importancia representa una enorme satisfacción. Fue una obra técnicamente muy exigente, que requirió adaptar nuestros equipos y nuestra forma de trabajo a condiciones muy particulares. El resultado alcanzado es, fundamentalmente, consecuencia del compromiso, la experiencia y la capacidad de todo el equipo que participó del proyecto”, señaló Marcos De Vincenzi, Gerente General de Servimagnus. La finalización de esta obra representa un nuevo hito histórico para Servimagnus y refleja la capacidad de la compañía para abordar proyectos de alta complejidad, combinando ingeniería, dragado, equipos de gran porte y experiencia operativa para desarrollar soluciones adaptadas a cada proyecto.


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sociedad

Opinión

¿Igualdad es sinónimo de poder? Una radiografía de lo que significa ser mujer en Colombia, Argentina y Brasil Iael ABRAMOVICH, Ana FERRARIS y Valentina PERSEGANI

Analizar lo que implica “ser mujeres” en las sociedades contemporáneas latinoamericanas es un ejercicio que incomoda, no sólo porque existe una contradicción entre la idea de una sociedad libre e igualitaria y la realidad, sino también porque la vigencia de la plena igualdad de género no es un debate saldado. En otras palabras, como toda sociedad plural, existen diversas posturas en cuanto a la plena participación de las mujeres en distintos espacios de la vida cotidiana, no hay una postura permanente y consensuada. Si bien hemos evolucionado a lo largo del tiempo y efectivamente hoy las mujeres tienen muchas más

libertades y oportunidades, no podemos afirmar que las mujeres gozan del mismo grado de libertad e igualdad que los hombres. Al analizar las sociedades en Argentina, Brasil y Colombia, identificamos que la situación femenina es compleja y presenta distintas aristas relevantes para poner en debate. Siendo la educación un pilar central para el desarrollo personal y colectivo, los datos sobre los tres países mencionados evidencian que los sistemas educativos garantizan el acceso igualitario para hombres y mujeres. De hecho, un fenómeno interesante es que, en el nivel universitario, tanto en Argentina como en Colombia y Brasil, la proporción de mujeres graduadas en educación superior es mayor que la de hombres. En Argentina, en 2023, un 63,9% de egresados de carreras universitarias eran mujeres, mientras que un 36,1% eran hombres (INDEC). En Colombia, en 2020, por cada 100 hombres que se graduaron, lo hicieron 127 mujeres (DANE).

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En Brasil, las mujeres también superan a los varones en matrícula y graduación superior según el INEP, con una tasa de conclusión acumulada de cohorte del 42% para las mujeres frente al 34% para los varones (y menor tasa de deserción: 57% en mujeres frente al 65% en varones), además de un promedio de 12,2 años de escolaridad en mujeres de 18 a 29 años frente a 11,6 años en varones (IBGE). Sin embargo, a pesar de contar con niveles educativos más altos, las mujeres enfrentan mayores desafíos para acceder y permanecer en el mercado laboral. En los tres países analizados, los datos evidencian menores tasas de empleo y mayores tasas de desocupación y subocupación femenina. Los logros de las mujeres en otros espacios como la educación no se traducen en mayor inserción laboral ni en una mejor calidad de los empleos en los que se incorporan. Esta disparidad responde a factores económicos y de incentivos concretos. Por un lado, se observa una marcada segregación en las áreas de


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conocimiento: mientras las mujeres se concentran mayoritariamente en educación, salud y ciencias sociales (sectores con remuneraciones promedio más bajas), los varones predominan en ingenierías y tecnología, donde las primas salariales del

mercado son más altas. Por otro lado, entran en juego las decisiones de conciliación familiar y el tiempo que las mismas conllevan; los datos muestran que los varones trabajan, en promedio, más horas remuneradas por semana, mientras que la demanda de tiempo en el hogar suele

orientar a las mujeres hacia esquemas de jornada parcial, empleo independiente o sectores informales que ofrecen mayor flexibilidad a cambio de menores ingresos. De este modo, el mayor nivel educativo no garantiza un retorno económico equivalente si persisten diferencias en la espe-

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sociedad

cialización productiva y sobre todo, en la continuidad laboral. Todo eso nos hace preguntarnos si esta división por áreas de conocimiento, ¿responde únicamente a una diferencia natural de intereses entre hombres y mujeres?, ¿o de alguna forma la costumbre nos condiciona a seguir ciertos modelos que reproducen estas distinciones? La misma pregunta se traslada al ámbito político, otro espacio relevante a tener en consideración a la hora de analizar una sociedad considerada democrática. En los tres países investigados se han implementado diversas medidas para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en espacios de representación política. El establecimiento de cuotas para aumentar esta participación femenina son el ejemplo más concreto de estos esfuerzos. A primera vista, estos datos (correspondientes a la actualidad) y la implementación de leyes de paridad podrían hacernos pensar que la representación política entre hombres y mujeres empieza a equilibrarse.

Sin embargo, el problema de fondo aparece cuando analizamos el verdadero alcance de la intervención estatal. Que el Estado imponga cupos o paridad de forma vertical puede abrir puertas y asegurar bancas en los papeles, pero esa exigencia legal no se traduce automáticamente en cambios dentro de la sociedad civil. Mientras en la cultura cotidiana sigan arraigados prejuicios que asocian la autoridad y el liderazgo con lo masculino, las leyes alcanzan

para ocupar casilleros en las listas, pero no para transformar las relaciones reales de poder. Si bien es erróneo generalizar una observación a toda una sociedad, es difícil de creer que la discriminación que sufren las mujeres sea realizada de manera conscientemente maliciosa. A grandes rasgos, el mundo occidental y gran parte del mundo oriental, a lo largo de la historia pudo comenzar a revertir los patrones de la discriminación, violencia y desigualdad de la mu-

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No podemos afirmar que las mujeres gozan del mismo grado de libertad e igualdad que los hombres

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jer, reconociéndoles una serie de derechos y obligaciones, generando que en la actualidad, hombres y mujeres sean iguales ante la ley. Sin embargo, al trasladar esta idea del plano legal al plano empírico, nos encontramos con una profunda contradicción: las mujeres siguen encontrándose relegadas de ciertos espacios de la sociedad, y subordinadas a puntos de vista predominantemente masculinos. A lo largo del artículo observamos que tener más títulos universitarios o exigir cuotas para aumentar la participación femenina en la política no alcanza para emparejar las cosas de forma automática. Pero el punto donde esta contradicción se vuelve más cruda y urgente es en los femicidios. En los últimos años, las respuestas estatales en la región han priorizado el endurecimiento penal: Brasil fijó penas de hasta 40 años de reclusión mediante la Ley 14.994/2024; Argentina castiga el femicidio con pri-

sión perpetua en su Código Penal; y Colombia contempla sanciones de hasta 50 años bajo la Ley Rosa Elvira Cely. Sin embargo, las cifras demuestran que el aumento de las penas no disuade por sí solo la violencia letal. Con tasas que oscilan entre 0,9 víctimas por cada 100.000 mujeres en Argentina, 1,2 en Colombia y 1,5 en Brasil, donde se asesinan en promedio cuatro mujeres por día, la realidad expone los límites del derecho punitivo. La gran mayoría de estos crímenes ocurren dentro del hogar, a manos de parejas o exparejas, y en una proporción alarmante involucran a víctimas que ya habían radicado denuncias o contaban con órdenes de restricción que nunca se controlaron. Esta brecha confirma que la ley penal siempre actúa ex post, cuando la tragedia ya se consumó. El problema es que el Estado suele poner toda la energía en castigar después del hecho, pero falla en la prevención cotidiana y, sobre

todo, en garantizar que las mujeres tengan autonomía económica real. Muchas veces una mujer no puede cortar un vínculo violento simplemente porque no tiene ingresos propios, no tiene a dónde ir con sus hijos o depende del agresor para subsistir. De poco sirve tener las escalas penales más severas del continente si fallan los mecanismos de alerta temprana y si no se construyen condiciones previas de autonomía económica y habitacional que le permitan a una mujer cortar a tiempo un vínculo violento. La igualdad ante la ley fue una conquista enorme, pero creer que la violencia se resuelve sumando años de cárcel o creando leyes más severas es una ilusión. Mientras las instituciones sigan fallando en cuidar a tiempo y no existan condiciones materiales para que una mujer pueda ser verdaderamente independiente, la ley seguirá prometiendo una protección que en la vida real no llega.

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novedades empresarias

RIO TINTO

PHILIP MORRIS

Celebra la inauguración de dos proyectos de litio por USD 1.400 millones en Argentina.

Prepara el terreno para Iqos, la categoría que jubila al Marlboro.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron con el Chief Executive de Rio Tinto, Simon Trott, para celebrar un hito histórico para la industria del litio en el país: la inauguración oficial de la expansión de Fénix 1B y de Sal de Vida, la nueva operación de Rio Tinto en Catamarca, tras una inversión combinada de alrededor de USD 1.400 millones.

El tabaco es la industria más castigada de la historia y -precisamente por eso- sus funcionarios son hábiles declarantes y pelean sus batallas con mucha astucia. Philip Morris dice que quiere jubilar al cigarrillo y mandarlo a los museos.

Ambos proyectos alcanzaron su primera producción en el segundo trimestre, antes de lo previsto, y actualmente se encuentran en proceso de incremento gradual de la producción (ramp-up). Una vez que alcancen su plena capacidad operativa, sumarán 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) a la capacidad instalada, lo que fortalecerá la posición de Rio Tinto y el rol de Argentina entre los principales proveedores de litio para los mercados globales. La celebración incluyó la visita del presidente Milei y el gobernador Jalil a Fénix, donde fueron recibidos por Simon Trott, seguida de un acto de inauguración donde se destacó la relevancia de ambos proyectos. Del encuentro participaron autoridades nacionales y provinciales, integrantes de los equipos de Rio Tinto, proveedores y representantes de las comunidades locales e indígenas. El presidente de la Nación expresó: “La expansión del proyecto Fénix es un hito histórico que muestra el potencial que tiene el sector minero. Esto fue posible gracias a que el país volvió a incentivar la producción de los recursos más importantes para el mundo moderno”. “Es un orgullo que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable y vuelva a invertir en nuestra tierra, validando las decisiones que tomamos en estos últimos años”, destacó Milei. El CEO de la compañía, Simon Trott, señaló: “Estos dos proyectos se sostienen en casi tres décadas de producción de litio en Catamarca y en la experiencia y el conocimiento técnico de nuestro personal en Argentina. Demuestran nuestra capacidad de ejecución de proyectos líder en la industria, mientras avanzamos con disciplina hacia nuestro objetivo global de alcanzar una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente para 2028”. “La concreción de estos proyectos refleja la dedicación de nuestra gente, la capacidad de los proveedores argentinos y el trabajo conjunto con las comunidades y los gobiernos locales. Ahora nuestro foco está puesto en incrementar la producción de manera segura, abastecer con litio de alta calidad a nuestros clientes y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas y para la Argentina”. Fénix comenzó sus operaciones en 1997 como la primera operación comercial de litio de Argentina. La expansión Fénix 1B suma 10.000 toneladas adicionales de capacidad anual de LCE a la operación existente, lo que eleva su capacidad nominal total a aproximadamente 40.000 toneladas anuales. Sal de Vida es una nueva operación de carbonato de litio ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Fénix, con una capacidad anual objetivo de 15.000 toneladas de LCE. Ambos proyectos forman parte de la plataforma de litio de Rio Tinto en la Argentina, que comprende operaciones y desarrollos en Catamarca, Jujuy y Salta, entre los que destaca el proyecto Rincón. El crecimiento de Rio Tinto en Argentina está fortaleciendo la red de proveedores del país. Se prevé que alrededor del 70% de los aproximadamente USD 4.000 millones en inversiones destinadas a ampliar nuestras operaciones de litio en Argentina sea destinado a compras y contrataciones con proveedores locales.

Desafío Exportar | Noviembre 2026

Fuman dentro de una garrafa. Los PR (relacionistas públicos) de las tabacaleras decían hace 15 años que ellos no querían vender más cigarrillos: “nuestro objetivo es que las personas que ya fuman elijan nuestras marcas”. Ahora, en 2026, van más lejos en la articulación de su discurso: queremos que los cigarrillos dejen de existir y sean una pieza de museo. En el mundo, estiman desde el sector, hay 1.000 millones de fumadores, 60 millones en Latinoamérica y unos 8 en Argentina. El mercado está ahí, el desafío es orientarlo a sus “soluciones”. Con esa línea de argumentación, Philip Morris International presentó en Buenos Aires sus tres soluciones libres de humo, una ya en el mercado y las otras dos “al caer”: Bolsitas de nicotina: son como un mini saquito que colocás en el vestíbulo bucal (entre la encía y el labio, por dentro) y que hace el delivery de nicotina al cuerpo por absorción. Ideal para fumadores que tienen que hacer largos viajes en avión o que deben permanecer en un lugar libre de humo, por ejemplo. Los vapeadores: una categoría que no inventó la industria del tabaco pero que sí ayudó a emprolijar. No tienen combustión del tabaco y la nicotina llega dentro de un líquido que el vaper permite inhalar por boca. Hoy no es una categoría estándar y conviven cosas menos peligrosas que el cigarrillo de tabaco (las que impulsa la industria) y muchas peores y más tóxicas que el peor de los cigarrillos. El tabaco calentado: bajo la marca Iqos (se pronuncia “aicos”) es un artefacto que se carga con cartuchos consumibles de la marca Terea en diferentes “sabores”. No genera combustión (calienta pero no quema el tabaco) ni cenizas y solo genera un débil humo -casi sin olor- a la salida de la boca y los pulmones del fumador. Las tres opciones con las que PMI quiere jubilar al pucho -dicenson mejores (menos peores) que fumar, con 95% menos de los elementos nocivos que produce la combustión del tabaco. No solo lo dicen ellos (los interesados), sino que la FDA de EE.UU. le dio vía libre como un camino para mitigar el daño que los cigarrillos causan en la salud pública. En Argentina, la gestión Milei eliminó la prohibición de vapeadores y aparatos para calentar tabaco como el Iqos. En breve saldría la última papeleta del Ministerio de Salud y se podrán comercializar tanto vapeadores como Iqos en toda Argentina, aunque la industria sigue inhibida de casi toda forma de publicitar sus productos. Disponibles en más de 100 países del mundo, estas alternativas de PMI -dicen desde la empresa- han logrado reducir hasta el 47% la venta de cigarrillos tradicionales (en Japón, por ejemplo), sustituyendo un consumo malo por uno menos malo.


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BRUBANK EMPRESAS

MASTERCARD

Llegó a 10.000 clientes pymes.

Lanza Wallet Pay para impulsar la interoperabilidad global de las billeteras digitales.

La fintech que nació de la demanda de sus propios clientes individuales lleva dos años construyendo el banco digital de las pymes argentinas, con apertura de cuenta en 24 horas, operatoria 7x24 y comercio exterior en camino para el primer trimestre de 2027. Gonzalo Campos lleva más de dos décadas en banca empresas. Pasó por Supervielle, BBVA y Banco Patagonia, siempre liderando el segmento corporativo. Cuando en 2023 el directorio decidió entrar al mundo de las pymes, lo convocaron para liderar ese proceso desde cero. “Es casi como emprender dentro de una empresa. Una página en blanco, con recursos, con equipo de tecnología y un montón de desafíos”, describe. Esta semana, llegó a los 10.000 clientes, un hito que, para Campos, confirma que la oportunidad es enorme. El diagnóstico que encontró Campos al arrancar no era sutil. “Escuchás a la gente y decían: odio a mi banco, estoy cansado de que no salgan las cosas, de que tenga que ir a firmar papeles a una sucursal, y que además sea caro.” Esa insatisfacción latente es la que Brubank Empresas está capturando. Los problemas concretos que identificaron son tres. El primero es el costo: la banca tradicional cobra mantenimiento desde el día uno, antes de que la empresa tenga un solo ingreso. Un emprendedor que abre su SRL puede recibir a su banco con una factura de $80.000 por mes el primer día. Brubank no cobra mantenimiento. El segundo es la burocracia: abrir una cuenta en un banco privado tradicional puede tomar entre 10 y 15 días, con papeles físicos y visitas a sucursales. En Brubank se hace en menos de 24 horas desde la app o la web, sin papel. El tercero es el horario: en 2026, una empresa que quiere hacer una transferencia a las 8 de la noche recibe un mensaje de “fuera de horario” en casi todos los bancos tradicionales. Brubank opera 7x24 sin excepción. Hay un plan de pago optativo —el Plan Impulso— con beneficios adicionales de tasas para empresas con mayor operatoria, pero es una elección, no una condición para operar. Lo que viene: comercio exterior y 100.000 clientes Nació en 2018, llegó al millón de clientes durante la pandemia y hoy tiene 4,5 millones de clientes individuales —es el banco digital más grande de Argentina-. Empresas arrancó porque esos mismos clientes empezaron a pedir lo mismo para sus pymes. Hoy, con 10.000 clientes, el siguiente escalón es claro: 100.000 en los próximos dos años. Para llegar ahí, el producto que falta es comercio exterior. “Es tremendamente traumático para las empresas hacer operaciones de comercio exterior en la banca tradicional. Lo vamos a simplificar y al mejor costo del mercado”, anticipa Campos. El lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2027. El argumento de fondo que usa Campos para justificar la apuesta es el mismo que repiten todos pero pocos bancos traducen en producto: las pymes representan el 70% del empleo y el 55% del PBI en Argentina. “Necesitan un banco que acompañe y no sea una traba, que sea un facilitador. Eso es lo que queremos ser”, cierra.

Mastercard presentó Mastercard Wallet Pay, un portafolio global de soluciones diseñado para facilitar la interoperabilidad entre billeteras digitales, impulsar los pagos sin contacto, con códigos QR y en línea, así como ampliar el acceso a servicios financieros en todo el mundo. Las billeteras digitales han evolucionado rápidamente para convertirse en plataformas integrales que ofrecen múltiples servicios y hoy conectan a más de 4.300 millones de usuarios en todo el mundo. Con una adopción global que se espera supere los 6.000 millones de usuarios para 2030, el nuevo portafolio busca impulsar la innovación y el crecimiento de las billeteras digitales a través de pagos sin contacto (NFC), códigos QR y comercio digital. Impulsadas por las capacidades más avanzadas de la industria de pagos, las soluciones de Mastercard Wallet Pay permiten a los proveedores de billeteras ofrecer experiencias más fluidas y seguras, desde compras cotidianas hasta transferencias internacionales, respondiendo a las necesidades de una economía digital en constante expansión. A través de colaboraciones con líderes en pagos digitales como Alipay+, la plataforma global de billeteras digitales de Ant International que conecta a socios como AlipayHK, Clip, GCash, KakaoPay, TNG eWallet y TrueMoney, junto con Axian, CRED, DaviPlata, Mercado Pago, MTN y TenPay Global, Mastercard Wallet Pay amplía el acceso a herramientas financieras esenciales y posibilita la aceptación en cientos de millones de comercios y puntos de acceso digitales alrededor del mundo. Por su parte, Alipay+ conecta más de 50 billeteras electrónicas, aplicaciones bancarias y más de 10 esquemas nacionales de pago, ayudando a escalar el alcance de la infraestructura en todo el mundo. Gracias a tecnologías como los pagos basados en la nube y la red global de aceptación de Mastercard, los proveedores de billeteras pueden incorporar Mastercard Wallet Pay y habilitar nuevos casos de uso sin realizar cambios significativos en su infraestructura. Las soluciones Wallet Pay fueron diseñadas para promover la inclusión, la innovación y la escalabilidad mediante diversos ejes: • Interoperabilidad. • Emisión segura. • Experiencias unificadas para comercio digital y presencial. • Movimiento de dinero acelerado. • Mayor acceso financiero. “A través de nuestras soluciones Wallet Pay, ayudamos a los proveedores de pagos a mejorar la interoperabilidad y la experiencia de usuario de sus ser vicios, apoyándose en la confianza, escala y conveniencia que las personas y empresas necesitan para desenvolverse en la economía digital”, afirmó Jorn Lambert, Chief Product Officer de Mastercard, quien destacó además que las billeteras digitales son puertas de entrada a la economía digital y plataformas que habilitan una gama cada vez mayor de ser vicios financieros.

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on line

La CIRA firmó un convenio con la secretaría de industria y comercio para combatir la competencia desleal en el comercio electrónico El acuerd o busca fortale cer la transp arenci a de los merca dos digital es y proteg er a los consu midore s y a las empre sas que cumpl en las reglas . La Cáma ra de Import adores de la Repúb lica Argen tina (CIRA ) firmó un conve nio de colabo ración con la Secret aría de Indust ria, Come rcio y de la Peque ña y Media na Empre sa. El acto contó con la presen cia de otras entida des empre sarias y de empre sas de tecnol ogía y comer cio. El conve nio tiene tres objetiv os: promo ver la compe titivida d, fortale cer la transp arenci a en los merca dos digital es y contrib uir a la protec ción de los consu midore s. Para alcanz arlos, la CIRA difund irá entre sus empre sas asocia das los canale s y las herram ientas dispon ibles para aporta r inform ación. “Las empre sas import adoras que cumpl en con la norma tiva neces itan compe tir en iguald ad de condic iones. Este conve nio es un paso para que el comer cio electró nico sea un ámbito más transp arente , donde quien opera dentro de las reglas no quede en desve ntaja frente a quien las evade . Desde la CIRA vamos a acomp añar esta iniciat iva con compr omiso y a trabaja r junto a nuestr as asocia das para que aporte n la inform ación neces aria”, afirmó Fernan do Furci, gerent e genera l de CIRA. La CIRA consid era que los contro les en fronter a deben compl ement arse con accion es sobre la comer cializa ción de los produc tos que ingres an de maner a irregul ar. En ese sentid o, el comer cio electró nico, hoy uno de los princip ales canale s de venta, es un ámbito clave para comba tir el contra bando , la inform alidad y la compe tencia deslea l. La Cáma ra promu eve la compe tencia leal y aseso ra a sus asocia das en el cumpl imient o de la norma tiva vigent e y de los requis itos de confor midad de sus produc tos. Con este conve nio, ratifica su compr omiso con el comer cio formal y con las iniciat ivas que proteg en a los consu midore s y a las empre sas que cumpl en las reglas .

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