Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos México
C. Graco Ramírez Garrido Abreu Gobernador del Estado de Morelos
Dr. Rafael Moreno Valle Gobernador del Estado de Puebla
Dr. Raúl Plascencia Villanueva Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Javier Hernández Valencia Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU A las autoridades Civiles y Penales competentes
A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION
Ante los acontecimientos de los últimos días el Centro de Estudio Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. manifiesta su preocupación por el hostigamiento policiaco a las comunidades de los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; investigadores sociales; así como las detenciones de Enedina Rosas Velez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan (proceso 121/2014 por los delitos de robo agravado y oposición a una obra pública), Juan Carlos Flores Solís, vocero e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (proceso 127/2012 por los delitos de Motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica) y Abraham Cordero Calderón (proceso 55/2014 por privación de la libertad, amenazas e ilícitos contra funcionarios públicos), integrante del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, aprehendidos el 6, 7 y 8 de abril de 2014 respectivamente, así como de la probable aprehensión de otros campesinos y representantes comunitarios. Los detenidos son campesinos, representantes comunitarios e integrantes de organizaciones sociales de Tlaxcala, Puebla y Morelos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), así como al Arco Poniente. Estas acciones las miramos como parte de una estrategia gubernamental de represión a la libre manifestación, organización y protesta social ante proyectos que las comunidades e investigadores sociales han identificado como de alto riesgo para la vida de las comunidades por sus impactos sociales, económicos, culturales y ambientales y ante los cuales han decidido oponerse. Estas acciones, nos parece, son una forma de imponer autoritaria y arbitrariamente por la vía de la fuerza, lejos del diálogo y negociación con los actores involucrados, en este caso los dueños de las tierras en pequeña propiedad o propiedad social, proyectos financiados y con beneficios para el capital transnacional (Elecnor, Eneagas, Abengoa y Bonatti). Consideramos que esto no abona a una convivencia democrática, a la formación y maduración de la ciudadanía, a la gobernabilidad y estabilidad social, en tanto, si es muestra de la ilegitimidad del actuar gubernamental. En este sentido apelamos a la sensibilidad política de los representantes gubernamentales a escuchar las decisiones de los pueblos sobre el destino y uso de sus territorios e iniciar el diálogo con los diferentes actores sociales opositores a los proyectos de infraestructura en cuestión, con los detenidos excarcelados; ya que consideramos que no es con rehenes ni violentando a los movimientos sociales, es decir, criminalización de la protesta social.
Llamamos a los gobiernos y empresas involucradas a encontrar una vía más fructífera y adecuada para dirimir y resolver los conflictos sociales, ambientales y económicos que diferentes sectores de la sociedad han señalado en torno al Proyecto Integral Morelos que incluye las dos termoeléctricas, el gasoducto y acueducto.
México D.F. A 17 de abril de 2014 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS A.C.
Por una sociedad justa, equitativa y solidaria