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Se trata, entonces, de proponer un sistema casatorio que tenga como objetivo prioritario concederle a la Corte Suprema la posibilidad de cumplir la función social y política prospectiva, tal como lo venimos anunciando. Para ello –esto es de Perogrullo– resulta indispensable que la actividad de la Corte no se detenga en un quehacer menudo, cotidiano, masivo y, como podemos apreciar de sus frutos, virtualmente inútil, que consiste en convertirse en el órgano de revisión de todos o casi todos los casos que se procesan en el sistema judicial. Por otro lado, no puede dejar de tenerse en cuenta la ausencia de una tradición casatoria en sede nacional. Hay países hermanos, como Venezuela, en donde el recurso de casación se instaló prácticamente con el inicio de su vida republicana, hacia la segunda década del siglo XIX. Este es un dato histórico que puede explicar, en buena medida, porqué el sistema regulado en el Código Procesal Civil de 1993, fuese estructurado de forma tan respetuosa de los rasgos propios de una concepción clásica del recurso. Es decir, para el Perú el recurso de casación era en estricto, para 1993, una institución sin antecedentes legislativos ni doctrinarios por lo que, a casi catorce años de haber sido incorporada, resulta conveniente reorientarla. Esta es la finalidad de la propuesta normativa que a continuación se fundamenta y detalla. Su razón de ser es convertir a la Corte Suprema en un órgano de expresión de las tendencias sociales y valorativas más significativas de la sociedad contemporánea. Por esa vía, no sólo el Judicial recupera su calidad de poder, sino se crean las condiciones para que el Derecho empiece a ser expresión de su propio proceso formativo histórico, es decir, comience a reconocer como matriz aquello que ocurre en su tejido social y que resulta indispensable que el Derecho, como superestructura de ese tejido, lo destaque, para que sea reconocido y repetido o, de otro lado, lo proscriba para que no vuelva a ocurrir. Se trata de contar con una Corte Suprema que no sólo postule, desde el Derecho, una reforma radical del estado de la situación nacional en sus rasgos generales, sino que, además y en un plano