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incurrir en exageración, que el grado de trascendencia y significación social y política que tenga un Poder Judicial en una sociedad está, sin duda, definido y orientado por el (in)cumplimiento y (in)eficacia de las funciones y finalidades que haya asumido su Corte Suprema. Los sistemas judiciales sudamericanos optaron durante el siglo XX, mayoritariamente, por una Corte Suprema que realizara funciones de órgano de tercera instancia o de tercer grado. Ese fue nuestro caso. Las consecuencias de tal elección, entre otras, fueron que el flujo de los casos a ser conocidos por las distintas salas especializadas, que en concordancia con su función se conforman dentro de una Corte Suprema, han sido y son lo suficientemente considerables como para determinar, de manera inexorable, la renuncia de la Corte a convertirse en un instrumento de afirmación y de difusión de las tendencias sociales, políticas o económicas de una sociedad. Es decir, cuando la cantidad prima sobre la calidad, el ‘Poder’ de impartir justicia y reafirmar las tendencias sociales y axiológicas de la Comunidad –razón de ser de un órgano supremo– es sustituido por una suerte de protagonismo minimalista que consiste en expresar, a través de miles de expedientes, todas las opciones que se pueden decidir respecto de un conflicto, además, de manera irresponsable y morosa. En otras palabras, la opción acogida ha determinado que la actividad de las salas supremas se haya convertido en la construcción de un amasijo de información jurídica regularmente caótica y contradicha cotidianamente por ellas mismas. Es bueno precisar que la situación descrita es lo que ha significado la Corte Suprema para nuestra vida republicana. Lo dramático es que entrado al siglo XXI, lo expuesto sigue siendo uno de los temas más agudos por resolver en materia de impartición de justicia. Resulta de una evidencia insospechable que, el hecho de tener que resolver entre veinte y treinta mil procesos al año por las distintas salas supremas, ha conducido a la Corte Suprema a renunciar incondicionalmente al llamado ‘efecto guía de la jurisprudencia’, es decir, a la posibilidad de asumir la tarea de reafirmar las tendencias