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Presidente por ejemplo. La otra función es la clásica, por así llamarla, función jurisdiccional propiamente dicha. Ésta es la función que debe quedar precisada y definida desde la Constitución, desarrollada por la ley orgánica respectiva y, sobre todo, claramente precisada por los ordenamientos procesales y, más específicamente, por una regulación casatoria que recupere para la Corte Suprema la trascendente importancia social que le corresponde asumir. Este último extremo es el asumido con encargo por la propuesta que ahora se fundamenta.
b. Identificación y limitación del ámbito de actuación jurisdiccional de la Corte Suprema Esto significa que la Corte Suprema no puede seguir siendo órgano de primer grado, de revisión y de casación a la vez. Este es un absurdo que debe de acabar. La Suprema sólo debe ser corte de casación y, excepcionalmente, para confirmar la regla, cumplir con los procesos extraordinarios que la Constitución le ordena (Art. 100). Sin embargo, para que esta reducción, que es sin duda significativa4, sea eficaz, resulta de la mayor importancia enmarcar el ámbito de actuación de la Corte Suprema en tanto corte de casación.
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Aunque parezca increíble, la Corte Suprema nacional tiene procesos en los que una de sus salas se comporta como órgano de primer grado, es decir, recibe demandas, pedidos cautelares, tramita excepciones y tachas, sanea el proceso. Y, como el inicio del proceso fue ante ella, no hay otra alternativa que aceptar que el segundo grado esté conformado también por otra sala suprema. Finalmente, para terminar de complicar el panorama, como no se puede proscribir el derecho de impugnar aduciendo error en el juez competente para interponerse la demanda, otra sala de la Corte Suprema debe comportarse como corte de casación. Metida en este entrevero, resulta imposible pensar que la Corte Suprema pueda cumplir las elevadas funciones de política social que le corresponden.