Mundo Legislativo No.105

LETRAS E IMÁGEN

México abre industria petrolera al capital extranjero: WSJ (Pág. 17)

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Reforma política...

O solo forma Ineficiente y cuestionado el papel de Raúl Plasencia en CNDH

Solo seis diputados del PRD le “robaron” la nota al Congreso

Ya no se pueden “comprar” ni “adquirir” entrevistas en medios ENTRE-PÁGINAS

Por primera vez se creará protocolo para prevenir fenómenos astronómicos

Rafael Cardona. Estación San Lázaro Teresa Gurza. Somos muy dejados Octavio Raziel. La isla Manuel Clouthier. Perversos

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Año IX. No.105 1º-Junio-2014

Opacan la reforma

por el “haber de retiro” a los magistrados del Tribunal Electoral

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Fortalece el sistema democrático; garantiza certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad: PRI

Los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones del primer domingo de junio de 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del 2014.

Para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta, el uso de encuestas como propaganda electoral Por J. Alfonso Ramírez R. / MUNDO LEGISLATIVO

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a Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de mayor –en un periodo extraordinario- el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), cuyo propósito es reforzar –precisamente- a las instituciones y los procesos electorales, las candidaturas independientes y los medios de defensa electoral.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) advirtió que “esas reformas ahondan la separación entre la ciudadanía y la clase política y constituyen una regresión más que una evolución, pues establece la mayor cantidad posible de barreras para que los ciudadanos

puedan participar en los comicios de manera independiente.

“Hoy, los vendedores de humo anuncian reformas en nombre del supuesto progreso democrático, pero esta ley no alcanzará a trascender los procesos de 2015, porque no tiene nada que haga conservarla merecidamente”, afirmó.

El documento avalado en lo general con 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones, también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con esta nueva ley, se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-

les (Cofipe), publicado el 14 de enero de 2008, lo que representa el comienzo de la transformación del sistema político mexicano hacia uno más moderno, acorde a las exigencias sociales y a los modelos internacionales que han demostrado éxito.

Además, contiene el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, de las entidades y de los municipios; los organismos electorales federales y locales; los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas.

También, las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de sus

recursos y los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.

Precisa que los ciudadanos podrán participar como candidatos en las elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión, siempre por mayoría relativa. Los candidatos independientes que participen por el cargo de Presidente de la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular.

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Establece que ninguna persona podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco lo podrá ser para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, municipios o del Distrito Federal. En el supuesto de que el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro.

Conforma el Sistema Nacional Electoral cuya función será la de organizar las elecciones populares y estará integrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas.

Instituye una distribución de tiempo del Estado de manera igualitaria, para lo cual el INE tendrá la facultad de garantizar a los partidos políticos y candidatos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; las pautas específicas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables, y determinará, en su caso, las sanciones.

Además, prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos, así como a las candidatos independientes a cargos de elección popular, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

El dictamen erige el uso efectivo y oportuno de los recursos de las asociaciones políticas y candidaturas independientes. Argumenta que para el financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones podrán obtener de simpatizantes o militantes recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito.

Destaca que los partidos políticos y candidaturas independientes, al concluir sus campañas, deberán presentar ante el INE sus informes especifican do los gastos realizados por cada una de las candidaturas en cada ámbito territorial que corresponda.

Precisa que el proceso electoral comprenderá: preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones y dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

Subraya que las precampañas sólo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se trate de consultas populares mediante voto directo, a efecto de evitar campañas anticipadas. Añade que un ciudadano podrá ser precandidato de más de un partido político sólo en el caso en que medie coalición.

El dictamen argumenta que para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta, el uso de encuestas como propaganda electoral. Añade que para las encuestas, el Consejo General del INE certificará aquellas que cumplan con los criterios de carácter científico.

Establece que ninguna persona podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral;

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Impiden “dobletes”

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Campañas en el extranjero

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Respecto al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se precisa que podrán ejercer su derecho para la elección de Presidente, gobernador de las entidades federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el servicio postal.

Plantea un proceso de credencialización permanente en embajadas y consulados, y elaborar la lista nominal de electores para el voto en el extranjero aplicable en elecciones de Presidente, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y gobernadores.

Resalta que los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones normativas de cada país y utilicen los recursos provenientes de su financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades que recaben en el territorio nacional.

Además, precisa que en procesos electorales, la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente. Los partidos o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

Refiere que a más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General del INE determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

Los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones normativas de cada país.

Otorga a la credencial electoral para votar, el carácter de documento de identidad ciudadana con vigencia de diez años contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva.

En los artículos transitorios, se precisa que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del Instituto Federal Electoral (IFE) se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de su oportuna renovación.

Argumenta que por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones del primer domingo de junio de 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del 2014.

Al fundamentar el dictamen en la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), expresó que esta ley busca ordenar la participación en los procesos electorales nacionales y locales, establecer con precisión las facultades del INE y su coordinación con los órganos locales, a través del Sistema Nacional Electoral.

De igual modo, dijo, pretende dar las directrices de aspectos tan relevantes como los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el Servicio Profesional Electoral, las candidaturas independientes, la Credencial Electoral de Identidad, la administración del tiempo del Estado en medios de comunicación y el régimen de fiscalización, y el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Se garantiza imparcialidad Moreno Cárdenas subrayó que este dictamen cumple a cabalidad el mandato establecido por el constituyente en la reforma político-electoral de febrero de 2014; fortalece el sistema democrático mexicano y da un paso determinante en garantizar los principios que rige la materia electoral, es decir, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Con su aprobación, sostuvo, se culmina el proceso legislativo que busca fortalecer el proceso democrático de México y es el inicio de un nuevo reto de la vida democrática, pues en las próximas elecciones se pondrán a prueba muchas de las reglas que aquí se están estableciendo.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (NA) dijo que votaría a favor del dictamen porque atiende los puntos de mayor fragilidad del sistema electoral, constituye una norma actual y precisa que permitirá ascender los niveles de participación política, de acceso y legitimación de la función pública.

Señaló que los acuerdos orientaron el alcance y la estructura de la nueva ley electoral. “El resultado es positivo al producir instrumento integral, moderno y eficiente que regulará las distintas instituciones electorales y los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos expresarán su preferencia electoral en los próximos tiempos”.

la Federación (TEPJF), lo que consideró “un vicio de origen” del dictamen. “No se vale echar a perder el esfuerzo en la construcción de este acuerdo”, sostuvo.

Reconoció avances en reglas y fórmulas, como en la igualdad de género, en derechos de los pueblos indígenas, las facultades para calificar de mejor manera las elecciones y fiscalizar los recursos, para evitar el uso de dinero del crimen organizado.

No hay garantias en los estados Por el PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval afirmó que el principal avance es llevar a todos los estados del país los mismos estándares de calidad democrática que ya existen a nivel federal, en virtud de que los órganos electorales locales se han convertido en espacios de poder que no garantizan comicios pulcros ni el cumplimiento de normas justas.

Destacó el voto electrónico de mexicanos en el extranjero,

ya que más del 10 por ciento de la población reside en otras naciones; los avances en la organización política de comunidades originarias; la prohibición para transferir votos mediante los convenios de coalición, que “dan vida artificial a partidos que carece de representación social”, y la entrega de tarjetas para comprar votos o garantizar un pago a operadores electorales.

A nombre del PRI, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, afirmó que el proceso legislativo de la reforma fue plural e incluyente en el debate, donde se manifestó la voluntad política y se incorporaron las propuestas sustantivas de todas las fuerzas políticas para transformar el sistema electoral.

Apuntó que las leyes propuestas propician la equidad y la competencia, a fin de garantizar una mayor imparcialidad; se contará con partidos sólidos y se atienden las exigencias de la población para consolidar la cultura democrática y de derecho en el país. Comentó las reglas para el financiamiento privado y del prorrateo, y la homologación de criterios en materia electoral.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) manifestó que su postura sería en contra porque “es una reforma mediocre y regresiva, por lo que aún con su aprobación se seguirá con la utilización facciosa y clientelar de programas sociales, la compra de votos y la intervención descarada de gobernadores para manipular los procesos electorales”.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) se pronunció a favor de la aprobación de esta

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El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) se manifestó en contra del dictamen porque las reglas que anuncian “son un gatopardismo que no garantiza un marco de competencia electoral equitativa, transparente y pública”, y tampoco contiene a los poderes fácticos en los estados ni la autonomía de los órganos electorales locales del poder de los gobernadores de los estados y los caciques regionales.

Destacó que la nueva ley deja sin voz a partidos minoritarios, a expertos electorales, académicos e inve stigadores y agregó que las legislativas violentan el proceso legislativo, que podría generar espacios de análisis y evaluación a los cambios.

En tanto, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) dijo que votaría a favor porque la reforma constituye una consolidación de la democracia mexicana, pues en el proceso se han escuchado todas las voces de los partidos políticos.

Indicó que su grupo parlamentario apuesta por un México republicano, representativo y ciudadano, y consideró que esta es la reforma que los ciudadanos hoy necesitan, pues contiene muchos fundamentos de suma importancia, como candidaturas ciudadanas, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mecanismos de fiscalización voto de mexicanos en el extranjero, y la utilización de materiales amigables con el medio ambiente.

Al fijar la postura del PRD, el diputado Miguel Alonso Raya señaló la irresponsabilidad de incluir las pensiones vitalicias de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

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reforma, toda vez que se fomentará la calidad democrática; sin embargo, afirmó que para que funcione correctamente se necesita la participación del centro, izquierda y derecha.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que su voto sería en sentido negativo, ya que es una reforma excluyente y tortuosa y que al contrario de ser una política de inclusión plural está llena de ilusiones de equidad, transparencia; además, sostuvo, trata de eliminar a los partidos minoritarios, promueve el bipartidismo y no cumple con el ánimo democrático que el país necesita.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) mencionó que con la aprobación de estas normas se garantizará el derecho esencial de elegir a los gobernantes; supervisado y dirigido por órganos del Estado, a través de la conducción de ciudadanos y evitar con ello que las contiendas electorales se ganen a través de “pilletazos”.

En contra del dictamen, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) consideró “irreal” que la minuta amplíe los derechos políticos de los ciudadanos.

“La idea primaria que subyace en la legislación que se propone es imponer la mayor cantidad posible de barreras a la entrada para los ciudadanos que osan tener la intención de participar en las elecciones”, dijo.

Que no habra recursos ilicitos… ¿será?

Por su parte, la legisladora del PRD, Alfa Eliana González Magallanes, señaló que el nuevo modelo electoral contempla un blindaje para no permitir la entrada de recursos ilícitos en las campañas políticas, además de que el INE contará con un marco legal adecuado para los comicios federal y locales.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) criticó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Precisa que en procesos electorales, la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente.

Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hayan sido incluidas en la orden del día de la sesión del periodo extraordinario, cuando éstas no eran objeto del periodo, por lo que las calificó de “inconstitucionales”.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) aseguró que el dictamen de la minuta es resultado de una profunda labor de análisis y estudio. “Es imperativo que aprobemos la legislación que regirá los procesos electorales”, destacó.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) indicó que con la legislación no se establece un procedimiento jurídico efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, por lo que consideró a la minuta violatoria de los derechos fundamentales.

Para hablar a favor, el diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) señaló que la nueva ley apuesta por un sistema electoral más justo, además de que promueve la participación ciudadana y garantiza la limpieza en los procesos electorales.

El diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) sostuvo que es un dictamen que contiene reformas a dispositivos legales no contemplados en la convocatoria a este período extraordinario. “Se trata de una violación fragante a la Constitución y la única salida es que esta cámara acepte las reservas presentadas por el diputado Miguel Alonso Raya,” y devolverlo a al Senadores de la República “para que enmienden la violación constitucional”.

En su turno, el diputado Mar-

cos Rosendo Medina Filigrana consideró que la nueva legislación incorpora reglas sobre el prorrateo, la equidad de género en los cargos de elección popular y en las dirigencias partidistas, debates presidenciales y facilita el voto de los mexicanos en el extranjero. “El problema en este dictamen es el hecho de que se pretende meter por la puerta de atrás, tres legislaciones que no están contempladas en la convocatoria a este periodo extraordinario”.

También participaron los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Domitilo Posadas Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Roberto López Suárez, Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por el PT; Aída Fabiola Valencia Ramírez y Francisco Alfonso Durazo Montaño, MC; Raúl Gómez Ramírez, del PAN; Martha Gutiérrez Manrique, PRI; y, Felipe Arturo Camarena García, por el PVEM, para rectificación de hechos.

Previó a los posicionamientos y discusión, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) para detener el procedimiento, con el propósito de leer el dictamen, hacer propuestas que lo mejoren y tener un ejercicio parlamentario responsable, pues el documento, dijo, no es producto del consenso sino del arrebato, agandalle y del oportunismo político, es decir, “un vulgar trueque y moneda de cambio; entregar la reforma político-electoral por la energética”.

Del fiasco de la “pensión vitalicia”… al “portazo” de los magistrados a los legisladores Por Sócrates Francisco / MUNDO LEGISLATIVO

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siones vitalicias a los magistrados electorales. “No fue una propuesta de ninguno de los tres partidos políticos, ni tampoco fue un tema del diálogo que tuvimos”, indicó.

Ya en la polémica , el senador priista Miguel Angel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado y uno de los dictaminadores, emitió un comunicado señalando que es “impreciso” que haya “un haber de retiro”, y además negó que se tratara de otorgarle una “pensión vitalicia” a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En su argumentación, Chico Herrera no negó ni afirmó que hubiera un “madruguete legislativo” en el dictamen de la reforma político-electoral. El priista precisó que el agregado 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación propone como atribución del Consejo de Administración del Tribunal Electoral “determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.

“Del texto anterior se desprende que corresponde a dicha Comisión de Administración determinar si otorga un haber de retiro o no lo concede, y en ningún momento se refiere a que el mismo sea vitalicio”, arguyó el senador del PRI. El senador Javier Corral manifestó que la pensión vitalicia otorgada a los magistrados electorales

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l senador panista Roberto Gil, no se anduvo con rodeos. Señaló directa y claramente a los dirigentes del PRI y el PAN, César Camacho Quiróz y Gustavo Madero, respectivamente, como los autores intelectuales de haber “colado” la pensión vitalicia a los magistrados en las leyes secundarias de la Reforma Política.

Con ello, y en plena discusión en la Cámara de Diputados, seis legisladores de oposición “le robaron” al Congreso “la foto” y el impacto mediático, al denunciar el “haber de retiro” para presentarlo como “pensión vitalicia”.

Todos en el Senado y en la Cámara baja se deslindaron. Nadie asumió la autoría como propia. No se necesitaba porque llevaba el sello del PRI y la marca del PAN. Ambos partidos salieron a decir que habría una “rectificación”. El senador Emilio Gamboa dijo que él estaba de acuerdo, en principio, para que a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se les retirara –una vez agotado su encargo- con dos años más de salario íntegro.

El PRD denunció que hubo una modificación a la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de darle a la Comisión de Administración del TEPJF la facultad de “determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”, los funcionarios mejor pagados del servicio público.

El vicecoordinador del PRD, Luis Sánchez, denunció en rueda de prensa que habían acordado retirar esa adición, pero el tema se dejó incluido en la votación del paquete de reformas políticoelectorales. “Imagínense que nosotros en el Senado determináramos tener una pensión vitalicia o que el Ejecutivo federal determine que el gabinete tendrá una pensión vitalicia. Es lamentable que el trabajo que desarrollamos por muchos días, con mucho esfuerzo, sea manchado por este tipo de acciones. No es un tema de la reforma electoral”.

Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks afirmó que no sabían en qué momento y quién incorporó al dictamen el tema de las pen-

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mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debe ser rectificada, pues pone en juego la credibilidad de los integrantes del TEPJF. En su cuenta de Twitter ‫ @ ‏‬Javier_Corral, el senador panista que el silencio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el “haber de retiro” que “colocó de manera subrepticia el gobierno y su partido en la reforma político-electoral es ominoso”.

Recordó que están pendientes de discusión en el tribunal asuntos como la entrega de tarjetas Monex y el rebase de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. “La defensa y voto del PRI a favor del bono de retiro a magistrados tiene toda la significación de un pago de facturas pasadas o futuras”, dijo.

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¡Renuncian!

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Luego de las críticas que recibieron los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la posibilidad de recibir una pensión vitalicia denominada haber de retiro, los magistrados acordaron, por unanimidad, renunciar ocho días después de aprobada la prestación aprobada por el Congreso de la Unión.

“Hemos decidido que ese haber de retiro es necesario y justo para quien sea magistrado del Tribunal, pero no cobraremos un solo peso”, manifestó el magistrado Salvador Nava.

Indicó la necesidad de que sus sucesores sí gocen de esa pensión, la cual aclaró que no será vitalicia, sino de dos años.

Los diputados informaron que modificarán la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que la prestación se otorgue sólo por dos años.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había rechazado que los magistrados electorales hayan negociado una pensión vitalicia con el Congreso de la Unión ni el haber de retiro, que se aprobó como parte de las leyes electorales.

“Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo”, adujeron.

En un comunicado emitido el pasado 15 de mayo, explicaron que se trata de un “haber de retiro”, que no pensión vitalicia. “No se trata de una pensión vitalicia, tampoco de un bono”, precisaron.

El “haber de retiro”, subrayaron, es una garantía prevista en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la Constitución.

Y explicaron que se debe ajustar a lo que exige el artículo 134 constitucional bajo los principios de racionalidad, transparencia y honradez.

“El haber de retiro está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los ex integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de dos años”.

Los magistrados recordaron que en 2006 renunciaron al Fideicomiso integrado para el retiro, “el cual posteriormente, la Comisión de Administración autorizó su extinción y liquidación, reintegrando a la Tesorería de la Federación el importe existente al momento de la devolución del mismo”.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó ya la derogación del haber de retiro para los magistrados. En México, la cúpula del Poder Judicial e instancias autónomas ganan más que el Presidente de la República.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el manual de percepciones de servidores públicos 2014, el presidente Peña Nieto tiene una remuneración total anual bruta de 4.2 millones de pesos, y al restarle impuestos queda un ingreso neto de 3 millones 54 mil 974, monto casi idéntico al que se asigna al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

El presidente de la SCJN tiene una remuneración anual bruta de 6.3 millones de pesos, la cual está integrada por 4.4 millones de “sueldos y salarios”, 1.1 millones de prestaciones y 714 mil de “pago por riesgo”.

En tanto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen ingresos netos por más de 4 millones de pesos anuales.

Los legisladores reciben sueldos netos anuales menores al rango de los dos millones de pesos. Los diputados, 1.4 millones, mientras los senadores, 1.9 millones, según las cifras oficiales detalladas en el PEF 2014.

Los ingresos anuales del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien se asigna una percepción de 4.1 millones, integrada por 2.3 millones de “sueldos y salarios”; un millón por prestaciones y 740 mil por “pago extraordinario”, antes de impuestos.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía recibe 3.3 millones, de los cuales 2.4 millones corresponden a “sueldos y salarios” y 864 mil a prestaciones. Niveles similares tienen los mandos de la Comisión Federal de Competencia Económica, el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Sueldos de “fantasía” para millones de mexicanos que viven en la pobreza, y para un país en el que existen niños que mueren de hambre.

Incluyen en la Constitución el término “adquirir” de manera ilegal tiempos en la radio y la televisión.

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO

No fijan el criterio entre una entrevista “legítima” y una “adquirida” Pero ahora es causa de nulidad de elecciones, aparecer en pantallas

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a Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada el pasado 14 de mayo, el dictamen de la minuta que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política en materia político-electoral, propuesta por el Ejecutivo, que incluye el supuesto “adquirir”, en cuanto a cobertura informativa o tiempos en radio y televisión en campañas electorales se refiere, y que, al igual que la “compra”, fuera de lo previsto por la ley, sean motivo de nulidad de elecciones.

De acuerdo con el dictamen aprobado en lo general y en lo particular, con 413 votos a favor, 29 en contra y dos abstenciones, se producirá la nulidad de las elecciones no sólo ante la compra, sino por cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de lo previsto en la ley.

El propósito de la enmienda, menciona, es incluir el supuesto “adquirir”, ya que el Senado de la República consideró que existe la posibilidad de celebrar operaciones diversas a la acción de “comprar”, hipótesis prevista en la Ley Fundamental vigente y que debe señalarse como sancionable.

Con ello, agrega, se pretende evitar la simulación en la contratación de medios de comunicación.

El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentó que el tema de los medios de comunicación ha estado presente a lo largo del ciclo democratizador que ha vivido nuestro país desde la reforma política de 1977.

Explicó que cuando se abrió la puerta para el ingreso de nuevos partidos políticos al escenario electoral institucional, se entendió que uno de los derechos de los mismos sería un mínimo acceso a

la radio y a la televisión a través de los llamados tiempos oficiales.

En ese sentido, dijo, el tema no ha quedado al margen de cada reforma político-electoral, pues para que las contiendas fueran consideradas legítimas, se requería equidad. “Para ello resultaba indispensable que los medios se comportaran de una manera equilibrada, sin sesgos a favor o en contra de alguno o algunos de los contendientes”.

Moreno Rivera añadió que la reforma constitucional de 2007 intentó construir un modelo de comunicación política, ya que refrendaba la prohibición para que se pudiera comprar espacio en radio y televisión durante las campañas electorales; sin embargo, diferentes organizaciones empresariales e intelectuales promovieron juicios de amparo indirectos bajo la premisa de que se violaba la libertad de expresión.

“Este simple ejemplo es un antecedente que justifica la presente reforma constitucional. Con la propuesta contenida en esta minuta se pretende evitar la simulación en la contratación de medios de comunicación”, refirió.

Consideró que la enmienda fortalece nuestra democracia y es acorde a los principios que deben regir todo proceso electoral, tales como la certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

“Además, se advirtió que en la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, al estar consideradas las acciones comprar y adquirir, se complementa y justifica la incorporación de este último término, como supuesto para el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales”.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Luis Antonio González

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Roldán (NA) destacó que la reforma propicia que los partidos políticos y sus candidatos realicen su acceso a tiempos en radio y televisión con pleno conocimiento de que la contratación o adquisición de cobertura informativa, fuera de los supuestos previstos en la ley, se sancionarán con la nulidad de una elección.

Ricardo Cantú Garza (PT) recordó que cuando se aprobó la reforma electoral, la redacción era exactamente en los términos del presente dictamen; sin embargo, en el momento de la presentación de reservas, de manera extraña, “porque nadie se adjudicó la autoría de esa reserva”, se presentó un texto para suprimir la palabra “adquiera, y en esos términos el pleno la aprobó”. Lo anterior, indicó, “constituyó un severo atentado a la credibilidad de los procesos electorales”.

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Es moneda de cambio la RP

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Ricardo Mejía Berdeja (MC) aseguró que la reforma es “un resabio” de la reforma política pasada, que ha sido moneda de cambio para las reformas energética y de telecomunicaciones.

“Nosotros no caemos en el garlito de que esto ayudará a la equidad en las contiendas. Nos parece una reforma muy menor”, dijo.

Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) indicó que con su iniciativa, el Presidente de la República envía un mensaje para la democracia, pues deja ver su compromiso para que nadie, con ningún tipo de argucia, pueda hacer un indebido uso de los tiempos de radio y televisión, habida cuenta de que la adquisición de los espacios en medio de difusión masiva no necesariamente proviene del acto jurídico de la compra-venta, sino que no pueden existir otras tantas figuras recurridas para tal efecto.

Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) señaló que la modificación regresa a la reforma constitucional de 2007 para evitar que sea el dinero, expresado en los medios electrónicos, el que defina una contienda electoral. Con ello, añadió, se evita la posibilidad de la simulación.

Mencionó que esta enmienda responde al compromiso presidencial cuando se promulgó la reforma política. Ahí el jefe del Ejecutivo se comprometió a hacer este cambio, en virtud del gran escándalo generado en medios de comunicación por haberse quitado la palabra adquirir y sustituirla por comprar.

Marcos Aguilar Vega (PAN) comentó que la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero, soluciona muchos problemas que aún presenta nuestra democracia,

entre otros, la inequidad en las contiendas, generada por la influencia indebida del dinero, principalmente en el acceso a los medios de comunicación.

Es menester reconocer, dijo, que todo proceso legislativo es susceptible de ser mejorado y en este sentido, indicó, la Cámara de Diputados modifica la minuta del Senado para establecer como causa de nulidad de las elecciones, federales o locales, la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

Héctor García García (PRI) coincidió en que el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático no puede ser analizado sin tomar en cuenta la influencia de los medios de comunicación, ya que para el óptimo funcionamiento del primero se requiere la existencia de vehículos de información veraz, independiente, honesta, plural y responsable.

Derivado de lo anterior, agregó, y toda vez que los medios de comunicación han alcanzado una influencia primordial en la formación de la opinión pública, se vuelve importante la aprobación del dictamen que proviene de una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal, la cual perfecciona el sistema de nulidades de las elecciones.

Se manifestaron en pro del dictamen los diputados Rosendo Medina Filigrana, Lilia Aguilar Gil, Uriel Flores Aguayo, Purificación Carpinteyro Calderón, quienes coincidieron en que con esta reforma se amplía la naturaleza del artículo 41 constitucional para que no sea él que tenga más dinero, él que tenga la posibilidad de ganar las campañas y evita una laguna jurídica para fomentar la violación a la ley.

Hablaron en contra, los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Alfonso Durazo Montaño y Javier Orihuela García.

Ante el señalamiento de que no fue un error sino que hubo dolo en sustituir la palabra “adquirir” por “comprar”, en el texto del dictamen de la reforma electoral aprobado en diciembre pasado, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Valle (PAN) aclaró que durante la discusión de dicho documento, fue él quien presentó la reserva, la cual fue aprobada y eso provocó que se presentara nuevamente una iniciativa para corregir la decisión.

“Es mentira que ese día no se presentó una reserva, y se los aclaro porque la reserva la presenté yo, yo la firmé. Se ganó y se votó. Ahora se está presentando una iniciativa y se va a votar.

Eso es todo lo que pasó”, concluyó.

El dictamen fue enviado a los congresos de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

Nuevos tipos penales, en materia de Delitos Electorales Por Mayela Navarrete / MUNDO LEGISLATIVO

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e impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo a una precampaña o campaña electoral.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, la cual establece los tipos penales, las sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

El documento fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Este ordenamiento tiene la finalidad de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular re-

ferida en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política.

El documento, avalado en lo general con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, describe las conductas realizadas por diversos sujetos activos del delito, establece sanciones desde las pecuniarias y la pena privativa de la libertad hasta la suspensión de los derechos políticos electorales por no cumplir con el mandato de ley.

Para el precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de otro contendiente, se le sancionará con prisión de dos a nueve años.

A los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, se les impondrá de 100 hasta 500 días multa.

Se sancionará con prisión de seis meses a tres años y con 50 a 100 días de multa a quien obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el es-

crutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas.

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales.

También a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio a favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político, o coalición.

Fija de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años a los funcionarios electorales que alteren los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales.

Carcel por difundir datos falsos Asimismo, a quien sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.

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Fija de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años a quien permita la emisión del voto a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de ley o divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado

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Además, a quien permita la emisión del voto a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de ley o divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado.

Establece de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.

También se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que condicione la prestación de un servicio, cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, esa pena se aumentará hasta un tercio.

Precisa que los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta norma, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), señaló que con esta ley se consolida el sistema jurídico penal electoral, al establecer los tipos penales que impidan la realización de los principios electorales consagrados en la norma fundamental.

Precisó que este ordenamiento contiene tres títulos. El primero, relativo a disposiciones generales que establecen los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. El segundo, respecto a los delitos electorales, y el tercero de las competencias, facultades y coordinación entre la Federación y las entidades.

Invitó a los diputados a apoyar el dictamen, a fin de dotar al Estado mexicano de las herramientas y directrices para prevenir y combatir conductas que lesionen los bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

El diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, resaltó que la Ley General en materia de Delitos Electorales es novedosa, ya que responde a los reclamos y necesidades sociales, además de que protege el bien jurídico en el adecuado desarrollo de la función pública electoral.

Expresó que en la actualidad es necesario contar con una legislación especializada en la materia. Por ello, acotó, “hago patente la relevancia de la minuta, ya que sabemos que los delitos electorales están vinculados a las más lesivas prácticas y consecuentemente permitirá tutelar el derecho individual y colectivo de los ciudadanos para elegir libremente y sin menoscabo sus derechos”.

Lagunas juridicas En tanto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) señaló que la minuta no establece tipos penales para sancionar el acceso ilegal a tiempo de radio y televisión, no garantiza la investigación, ni la sanción a las aportaciones de recursos fuera de la ley; tampoco contempla como delito el financiamiento ilegal en precampañas y campañas políticas, así como la aportación de partidos políticos y fondos públicos durante su desarrollo.

El también secretario de la Comisión de Gobernación, dijo que dicha Ley excluye la responsabilidad de funcionarios electorales en particular de quienes integran los órganos de dirección y administración de la misma, por lo que “continuará la impunidad para casos como Monex, Pemexgate o similares”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que en el fondo este dictamen “está lleno de argucias legales” de nulo impacto para mejorar el marco electoral. “Contiene aparentes avances, pero notables lagunas jurídicas y vaguedades conceptuales” que redundarán en la imposibilidad de su aplicación, por los grandes vicios en la lógica jurídica del procedimiento, advirtió.

Destacó que a 17 años de existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha iniciado 18 mil 235 averiguaciones previas, “lo grave es que de todos los delitos no se ha castigado a uno solo de los responsables; de esa dimensión es el tamaño de la ineficacia del marco electoral”, precisó.

Por el PVEM, el diputado Arturo Camarena García refirió que la incorporación de nuevas conductas y penalidades por conductas electorales ilícitas, “accede a la independencia de la materia punitiva electoral con una ley propia descriptiva de estos delitos”.

Resaltó la conveniencia de aprobar esta ley porque se requiere sancionar con fuerza, conductas típicas antisociales en detrimento de la democracia del país y prevenir que no se realicen. Sobre todo porque la tipificación de delitos responde a los reclamos y queja de la ciudadanía por los partidos políticos, “esta propuesta es importante para que realmente haya esa sanción”, dijo, y pidió tener confianza en que se va aplicar y que los partidos sean ejemplo de la voluntad política de hacer campañas limpias y transparentes.

Consideró que los resultados de este dictamen deben ser tales que inhiban, a través de la imposición de sanciones, “la comisión de diversas conductas que han venido afectando la calidad de nuestra democracia”.

Durante la discusión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que en materia de delitos electorales “el punto fundamental es la voluntad para atacar de fondo el problema de la impunidad”. Subrayó que las prácticas ilegales “adulteran, prostituyen y golpean a la democracia nacional”, además de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es un “elefante blanco que cuesta muchos recursos y no sirve para nada”.

Un inhibidor El diputado Nabor Ochoa López (PVEM) precisó que dicha Ley permite dar un paso importante en la consolidación democrática del país en cuanto a la equidad en los procesos electorales. Sin embargo, dijo, por sí sola no podrá acabar con las prácticas ilícitas, hace falta la voluntad política de los partidos, candidatos y autoridades de los distintos órganos de gobierno, pues sólo de esa manera podremos transitar a una verdadera transparencia electoral.

En contra del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó que la Ley deja más dudas y huecos jurídicos, ya que no otorga un procedimiento claro contra funcionarios públicos que cometan actos ilegales en la materia y falta claridad en cómo será estructurado un delito en cuanto a propaganda. “A pesar de que la Ley integra tres delitos que son necesarios como la utilización de los programas sociales, el turismo electoral y la coacción o compra del voto, hay que mejorarla y no mandar leyes incompletas”, subrayó.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) se pronunció a favor, pues esta ley contribuye a la protección y el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los derechos políticos de los ciudadanos, pero subrayó que la eficiencia de la reforma dependerá de su cabal cumplimiento no por parte de la sociedad, sino de las autoridades responsables de cumplirlas.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) mencionó que su grupo parlamentario no convalidará el espíritu de servidumbre de aquellos que han comprometido que las reformas no se toquen “ni con el pétalo de una coma”. Además, recalcó que es falso que esta ley contribuya al cambio de la realidad de las elecciones del país, ya que el establecimiento de sanciones no incentiva la inhibición de las conductas antijurídicas.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) habló a favor del dictamen porque representa un avance contra la impunidad en materia electoral.

Dijo que presentará reservas sobre el financiamiento paralelo, porque no se ataja, “avanza un poco en la búsqueda del dinero pero no en las personas morales que crean estructuras paralelas”; además, respecto al corporativismo, no se establece una clara prohibición en cuanto a que sindicatos u otras organizaciones coaccionen a sus empleados o integrantes para que voten por alguien.

A su vez, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) habló en contra del dictamen porque no garantiza a los ciudadanos el derecho de ejercer el voto, el cual está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además, dijo, no queda clara la distribución de competencias entre la Federación y los estados para juzgar delitos electorales.

“La mantiene en absoluta confusión y abona a la falta de seguridad jurídica”, aseguró.

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Por su parte, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), señaló que su voto sería en sentido positivo, toda vez que es un avance. Sin embargo, afirmó que se dejaron fuera delitos como el financiamiento en las campañas electorales y la compra de votos, porque les convino a los partidos que se han beneficiado de estas prácticas fraudulentas.

Añadió que el avance en esta reforma no es pleno, ya que es necesario una legislación más rígida, con menos vacíos y tipos penales específicos, para que ninguna práctica disfrazada y fraudulenta que se genera cada seis o tres años por los expertos mapaches electorales quede sin ser castigada.

Del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes adelantó que votará a favor de esta primera ley secundaria en materia electoral pues busca sancionar conductas que agravian el proceso democrático que hasta la fecha se mantenían impunes y establece sanciones penales para quienes vulneren el desarrollo de las contiendas electorales, así como regula la competencia en materia penal electoral y las directrices para establecer políticas públicas que combatan y prevengan dichas conductas.

Llamó a la voluntad política a los grupos parlamentarios para dar cauce a los compromisos adquiridos en materia de candidaturas comunes, financiamiento público, fiscalización, voto en el extranjero o acceso a medios de comunicación.

La diputada Cristina Ruíz Sandoval (PRI) sostuvo que esta ley recoge la experiencia derivada de los últimos procesos electorales, por lo que se establecen nuevas conductas delictivas y se modifican y adecuan las ya existentes en el ordenamiento punitivo federal, lo que permitirá sancionar aquellas conductas antijurídicas desplegadas por servidores públicos y funcionarios partidistas.

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EDITORIAL DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud

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Catorce años perdidos…

La secretaría de Hacienda redujo tarde su pronóstico de crecimiento para México, en apenas 2.7 por ciento. Perdió credibilidad e insistió en que las reformas legislativas traerán crecimiento para el país… pero dentro hasta 15 o 30 años más tarde.

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Fernando Aportela subrayó que México no crecerá 3.9% como había pronosticado la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. En un mensaje emitido este 23 de mayo, el subsecretario redujo la estimación de crecimiento para este 2014 a 2.7%.

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Antes, el Banco de México (Banxico) recortó su previsión de crecimiento a un rango de 2.3 y 3.3% del estimado de entre 3 y 4%.

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Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que durante el primer trimestre se registró un crecimiento del 1.8% por debajo del 2% estimado por analistas.

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C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año IX. No. 105 Edición del 1º de junio de 2014. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2011-011313414700-102 Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada El senador Emilio Gamboa Patrón y el diputado Manlio Fabio Beltrones, han sido los operadores de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto…

Dominan el Congreso federal.

Luis Videgaray, ausente en la conferencia de prensa de hoy, había señalado que el pronóstico de crecimiento económico para 2014 era de 3.9%. Difícilmente, según algunos analistas se podrá llegar siquiera a un mediocre 2 por ciento.

A esas noticias se añade la nueva parálisis en el Congreso, que no avanza con las reformas secundarias en telecomunicaciones y de energía.

El tiempo se va para un gobierno, cuyo partido mereció una oportunidad más de los electores en México, que quedaron hastiados de los panistas Fox y Calderón, por ineptos.

Las expectativas de que regresara el PRI –que roba pero reparte, según la vox populi-, y cambiaran las cosas, se esfumaron con la mal llamada reforma hacendaria, a la que el sector empresarial le dio la espalda por abusiva e inoperante para la economía.

La crisis económica se ahonda y crece la inequidad social; la carestía y la pobreza; la inseguridad y la violencia; no hay empleos, ni inversión.

El gobierno tiene guardado el presupuesto y hay enormes subejercicios porque no saben planear, invertir o gastar para hacer que la gran masa de dinero que tienen autorizada por el Congreso, sea el motor que “jale” la economía.

Si el presidente Peña Nieto no rectifica su política fiscal y económica, seguirá el camino de Calderón: él y su partido serán derrotados en las urnas en las elecciones intermedias del 2015.

Pero parece no preocuparles mucho.

Leyes secundarias de reforma energética plantean dejar a Pemex con régimen fiscal similar al actual: Isabel Trejo Reyes

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as comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, se instalaron en sesión permanente, como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para iniciar los trabajos de análisis y dictaminación de las leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, correspondientes a la Reforma Energética.

El presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo Reyes, informó lo anterior y recordó que son siete las reuniones programadas antes de someter a discusión y votación los dictámenes finales.

Agregó que ambas comisiones se reunirán previamente con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y del Banco de México (Banxico), así como con expertos en el tema.

“Esta es la mejor medida que se puede tomar para darle orden al proceso de dictaminación, tanto de las iniciativas que están en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República”, refirió.

En entrevista, Trejo Reyes destacó que de forma paralela a las reuniones con funcionarios y la discusión en el Senado, la Comisión de Hacienda elaborará varios

predictámenes, “de acuerdo con las posiciones que surjan tanto del Senado como de las mesas de negociación de los grupos parlamentarios”.

Reconoció que el camino para la dictaminación no será fácil y surgirán discusiones polarizadas entre las distintas fuerzas políticas, dado que cada una tiene una visión propia sobre el tema; sin embargo, añadió, también existen muchas coincidencias y eso podría, en un momento dado, allanar el camino.

En este sentido, mencionó que existe una diferencia de fondo en lo que tiene qué ver con el Régimen Fiscal de Pemex, como empresa del gobierno.

En la posición de arranque en la iniciativa, dijo, el Régimen Fiscal es muy parecido al actual, lo que no es conveniente porque se deja a la paraestatal en situación de debilidad frente a otras empresas de carácter privado.

“Hay que dejar a Pemex en posición de competitividad y eso es algo que, creo, se tiene que corregir”, afirmó.

Trejo Reyes subrayó que no se puede dejar un esquema fiscal similar, en donde se le quita mucho dinero a Pemex y no se le deja capital para invertir. “Esa parte es obligada que la revisemos y se corrija”, dijo.

Por otra parte, comentó que lo conveniente será discutir y votar

uno por uno los dictámenes y no hacerlo en paquete, como ha ocurrido en otros procesos. Por su contenido, cada dictamen tendrá un trato diferente, además de que otros más estarán a expensas de lo que decida el Senado.

Por citar un ejemplo, dijo, la Ley de Hidrocarburos debe tener como base de discusión en la Cámara de Diputados, lo que el Senado decida. Es decir, los diputados deberán esperar sobre la forma en la que se permitirá la exploración y la explotación; los términos de las asignaciones, de los contratos y de las regalías.

“Para nosotros serán las bases para establecer las tasas y los impuestos; esas figuras determinarán el Régimen Fiscal de Pemex y mientras no se establezca en el Senado el cómo, no se podrá elaborar un dictamen, por lo que será muy difícil que se aprueben en paquete, pero tampoco será un obstáculo”, afirmó.

Comentó que lo ideal sería concluir el proceso de dictaminación y votación antes de que termine el mes de junio; sin embargo, señaló, la ruta no es tan clara.

“Hasta el 19 de junio todavía tenemos sesiones de desahogo y a eso hay que añadirle la elaboración del dictamen, la discusión y votación en el Pleno, por lo que entonces se hace difícil el camino; sin embargo, también están los acuerdos”, concluyó.

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Se le debilitaría frente a empresas privadas, advierte el presidente de la Comisión de Hacienda

Diputados no pueden establecer tasas e impuestos si Senado no fija asignaciones, contratos y regalías

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Somos muy dejados.

Por Teresa Gurza/ MUNDO LEGISLATIVO

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Los mexicanos somos demasiado dejados.

Un vistazo a algunas de las principales noticias de la semana lo confirma.

Veamos: * La jerarquía católica protegió durante 30 años, en los que violó a 100 niños, al sacerdote Eduardo Córdova; pero horas después que el Vaticano lo sacó del sacerdocio, la Diócesis de San Luis Potosí presentó denuncia penal en su contra. * Por los errores de todo tipo que contienen, Jaime Labastida presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, calificó como desastrosos los libros de texto gratuito hechos en el calderonismo y en los que estudian decenas de millones de niños mexicanos. Su reposición tardará cuatro ciclos escolares. ¿Culpables?, aún no los hay. * La actual legislatura se está dando tajadas semestrales de cuando menos 521 millones para ser repartidas entre las bancadas partidistas como “asignaciones extraordinarias”.

Mil 848 millones de pesos han gastado los diputados en el año y medio que llevan, sin que hayan informado para que necesitan tanto dinero ni su destino, sólo lo llaman “servicios generales”. * Dizque para economizar, la Cámara de Diputados alquiló 130 automóviles; pero el tal ahorro nos salió 16 millones y medio de pesos más caro que si los hubieran comprado. * El diario Reforma informa que sin ninguna comprobación y habiendo dado una dirección falsa, la fundación De Corazón por Guanajuato que preside Alma Lilia de la Rosa, esposa del legislador panista Luis Alberto Villarreal conocido por sus fiestas escandalosas y exigir moches a cambio de recursos públicos, recibió siete millones de pesos de recursos otorgados por el Congreso y etiquetados para proyectos culturales.

Además, Villarreal dispuso de más de tres mil 500 millones de pesos de dinero de todos los mexicanos, para los municipios de su entidad. Pero pese a las acusaciones, fue ratificado por Gustavo Madero como coordinador panista en el Congreso.

Conaculta, institución que entregó los recursos a su esposa, especificó que entre los proyectos beneficiados entre 2009 y 2013 hay varias asociaciones relacionadas con políticos acusados de fraude, esposas de asesores, y diputados.

Nadie los ha denunciado penalmente. * México tiene más de la mitad de sus habitantes en la pobreza; pero sus senadores gastan como millonarios; en el primer trimestre del año, despilfarraron 34 millones de pesos en vales de despensa y 22 en mantenimiento de sus inmuebles. * El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó a la PGR reparar el daño patrimonial y moral causado a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, detenida en 2006 y presa durante tres años por supuestamente secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación.

Positivo que aunque tarde se le haga justicia.

Pero mal que quien habló a nombre del tribunal, tuteara a Jacinta en un tono despreciativo y condescendiente. * La organización civil Sin Fronteras encontró celdas de castigo en el Instituto Nacional de Migración, donde caen los extranjeros que no tienen para coyotes y mordidas. * La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cobra 48 pesos por usar la carretera de un carril de ida y otro de vuelta, entre La Pera y Cocoyoc; siendo que está llena de baches, desviaciones, curvas y camiones de doble remolque; lo que ocasiona que en 30 kilómetros se lleguen a hacer dos horas. * En cuanto empiezan las lluvias en varias calles del DF, hay coladeras que parecen fuentes brotantes; el segundo piso del Periférico se llena de charcos; y caen en los parabrisas cascadas de agua, si transita por abajo. * Los consejeros del IFE criticaron hasta cansarse al INE, que aún no nacía; pero esos mismos consejeros ahora lo alaban en una publicidad que asegura que al crearse “evolucionamos”. ¿Por fin? * Seguimos sin conocer lo sucedido con el 40 por ciento de los 26 mil 121 desaparecidos en el gobierno de Calderón… en cinco mil 597 de los casos, era tal el desorden que no hay ni actas. ¿Qué pasa con los responsables?. * Los mexicanos ni siquiera sabemos a ciencia cierta, cuanto les pagamos a funcionarios de la administración pública, legisladores, magistrados y consejeros, debido a que sus millonarios salarios están disfrazados porque reciben diferentes cantidades por varios conceptos.

Información sobre sus sueldos reales, es lo menos que debemos exigir.

ESTACION SAN LAZARO

La botarga

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a figura más perdurable de Marcos para mí fue en aquella entrevista en Televisa cuando presumió las piernas más hermosas de la selva Lacandona. Tal frivolidad no se ha visto ni a Ninel Conde. De su charla con Julio Scherer, en las mismas pantallas, mejor no acordarse.

En el mes de noviembre de 1977 salió a la circulación en México un diario promisorio, lleno de innovaciones editoriales y políticas. Orientado definitivamente hacia el pensamiento cultural y partidario de la izquierda en evolución, no tenía otra finalidad sino mudarle cuerpo en los medios de comunicación a la reforma política de Jesús Reyes Heroles. Quizá por eso el primer encabezado principal fue una declaración de Rodolfo González Guevara alabando la obra bienhechora del gobierno.

Pero el primer reportaje, desplegado a través de los primeros y tres números en la primera plana llevaba un ominoso encabezado: “La selva Lacandona, cercana al estallido incontrolable”.

Lo firmaba este servidor. Y estaba firmado en Ocosingo con base en muchas declaraciones, preferentemente informes del ex obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz. Ya se sabe cuántos años pasaron entre esa publicación y el alzamiento del 1 de enero de 1994 con todo y la simulación de combates, el cese

Por Rafael Cardona unilateral del fuego y la declinación de la circunstancia de casus belli. Todo mundo sabía de los hechos por venir.

Muchas cosas ocurrieron pero todas se sintetizan en una figura: Marcos. El apóstol, cuyo símbolo en el santoral evangélico es un león.

El tiempo entre otras cosas es insobornable. No podemos hacer nada con excepto verlo pasar. Él nos acomoda en nuestros sitios, nos da el valor definitivo y nos

guarda un lugar en la historia. Y cuando no merecemos la historia, nos quedamos en la historieta.

La figura más perdurable de Marcos para mí fue en aquella entrevista en Televisa cuando presumió las piernas más hermosas de la selva Lacandona. Tal frivolidad no se ha visto ni a Ninel Conde. De su charla con Julio Scherer, en las mismas pantallas, mejor no acordarse.

Por eso ahora cuando en medio de la misma teatralidad de múltiples

relojes y micrófonos desconectados, con una gorra agujereada debidamente raída junto con el pasamontañas casi “Dioríssimo”, Marcos anuncia la cancelación del personaje, no es muy necesario volverlo a tomar en serio. ‘‘Éstas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir’’, anunció el subcomandante Marcos este fin de semana en el caracol zapatista de La Realidad, durante el homenaje a Galeano, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asesinado en dicha comunidad el 2 de mayo.

De ‘‘botarga’’, ‘‘holograma cambiante y a modo’’ y ‘‘distractor’’ con un ‘‘repertorio’’ calificó el subcomandante al ‘‘personaje Marcos’’, quien hasta ahora fungía como vocero del EZLN. Después de la Escuelita Zapatista ‘‘Por la Libertad’’, en meses pasados, los rebeldes determinaron que el personaje ‘‘ya no era necesario’’.

En cambio pensaron ‘‘necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en lugar de Galeano ponemos otro nombre para que él viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida.

Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy’’.

Los muertos que vos matáis…

Los países ponen la alfombra a las petroleras que rechazaban: TWSJ*

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ueva York, Estados Unidos.Algunos de los mayores países productores de petróleo del mundo están haciendo más fáci­ les las condiciones para atraer a las petroleras occidentales que cotizan en bolsa.

Durante años, México, Irán, Irak, Argelia y Libia —la mayo­ ría de ellos entre los 10 mayores productores del mundo— fueron ferozmente nacionalistas a la hora de proteger sus hidrocar­ buros. Les ponían a las firmas occidentales condiciones punitivas para desarrollar sus reservas o no hacían negocios con ellas, manteniendo un estricto control de sus suministros a través de las petroleras estatales.

Ahora, ante una gama de problemas, estos países bus­c an explotar sus reservas y ofrecen a las empresas occidentales condiciones más genero­s as para conseguir su asisten­c ia. ¿Qué podría significar todo esto? Muchas cosas.

Beneficio imprevisto En muchos casos, la aper­tura representa un potencial beneficio económico para los países productores. El gestor de activos BlackRock estima que la liberalización sumaría un punto porcentual al creci­m iento anual del Producto In­t erno Bruto de México, es decir unos US$12.000 millones.

También intervienen consi­ deraciones políticas locales y globales. En los casos de Irán, Libia y Argelia, la población es

adicta a los precios bajos de la energía y a un alto gasto social fi­n anciado con los recursos del pe­t róleo. Todo esto está en riesgo conforme los países tienen problemas para aumentar la producción y necesitan nuevos ingresos para aplacar un posible malestar o prevenir problemas.

La liberalización podría sig­ nificar más estabilidad para los consumidores occidentales.

Es menos probable que los au­ tomovilistas enfrenten alzas bruscas en los precios de la ga­ solina como las que tuvieron lu­ gar en julio de 2008 —cuando el petróleo se disparó a US$147 el barril— si hay nuevas fuen­tes para atenuar el efecto de las interrupciones de suminis­tro. Pero el petróleo podría no ser mucho más barato que hoy: los analistas calculan que debi­d o a que gran parte de esta producción se realizaría en zonas que son costosas de desarrollar, los precios se mantendrán en al menos US$70 el barril.

Los principales interrogan­ tes están en las propias petroleras, renuentes a hacer comentarios sobre potenciales acuerdos.

Pero no está claro si regresarían a todos esos países, señalan analistas. La evolución del negocio podría fa­ v orecer distintos proyectos de exploración en lugares que no presentan los riesgos políticos que suponen Medio Oriente y el norte de África.

Como mínimo, el hecho de que estos países estén extendiendo una rama de olivo muestra que las principales petroleras occidentales han recu­p erado poder de negociación en países que so-

lían dominar. “El péndulo quizás se esté alejan­d o de una producción energética dominado por el Estado”, afirma Jonathan Wood, director asociado de temas transnacionales de la consultora británica Control Risks.

La marginación de las prin­ cipales petroleras occidentales de estos países constituyó un enorme cambio en el equilibrio de poder. Hasta comienzos de los años 70, las grandes firmas controlaban 85% de las reservas petroleras del mundo, pero el resentimiento se esta­b a acumulando. Los países productores comenzaron a ver la participación occidental como una forma de neocolonialismo y querían recuperar el control de sus recursos energéticos.

Comenzaron a nacionalizar el suministro o a limitar la inversión extranjera. Cuando la situación se estabilizó, la participación de las grandes petroleras occidentales privadas en las reservas mundiales se desplomó a 6% mientras las reservas caían en Estados Unidos y Europa. Por ende, las empresas tenían escaso margen de manio­b ra frente a las duras condiciones de negociación en Medio Oriente y el norte de África.

En 2004, por ejemplo, Libia pidió 90% del petróleo producido por las empresas. Al año siguiente, Argelia obligó a las firmas foráneas a ceder el control de sus yacimientos e impuso un impuesto sobre las ganancias de más de US$30 el barril.

En muchas instancias, las petroleras aceptaron estos acuerdos. Pero no se quedaron de

Grandes cambios La mayor reorganización se está produciendo en México, el décimo productor mundial has­ta 2012, según el informe anual de estadísticas de BP PLC. No sólo la producción de México viene cayendo de forma constante, sino que la demanda creciente de electricidad hizo que el país se volviera dependiente del gas natural importado y los precios se han disparado.

Nuevas leyes están poniendo

fin al monopolio de la estatal Pe­ tróleos Mexicanos sobre crudo y gas, y pronto permitirán la participación de empresas extranjeras por primera vez desde 1938. La liberalización podría duplicar la producción al agregar 2,5 millones de barriles diarios según Citigroup Inc. Además de impulsar el PIB, el nuevo marco podría aliviar la ten­s ión sobre el suministro de ener­g ía y los costos del combustible.

Chesapeake Energy Corp., To­ t al SA y Chevron Corp. han expresado interés en México. Total firmó en abril de un pacto de cooperación técnica con Pemex.

“Es un paso gigantesco”, señala el presidente ejecutivo de la petrolera francesa, Christophe de Margerie, sobre la apertura de México. “Pero no sabemos cómo serán los contratos”.

Los cambios en Irán, el sexto productor mundial hasta 2012, no son tan transformadores, pero in­ v olucran muchas expectativas políticas. Se espera que en los próximos años, Occidente levante su prohibición a la inversión en campos pe­ t rolíferos iraníes.

Irán evalúa cambios en sus estrictas regulaciones con el fin de elevar 43% su capacidad de producción. No solo se les dará a las empresas un control sin precedentes sobre los proyectos, sino que los acuerdos durarán en­t re 15 y 20 años, frente a los cinco años de los contratos antiguos.

Hasta el momento, las nuevas políticas no están provocando el tipo de turbulencia registrada en el último siglo. En México, por ejemplo, una huelga masiva dio paso a la nacionalización del petróleo, y el Partido Revolucionario Institucional, que la llevó a cabo, utilizó el proceso como un hito en la historia moderna mexicana para el resto de su extenso periodo en el poder, que terminó en 2000. Al volver al poder en 2012, el PRI decidió revertir la naciona­l ización.

En Irán, donde la estati­z ación

de los recursos desató un golpe de estado auspiciado por Occidente en 1953, la oposición a prospectos de nuevos contratos no se deja escuchar.

Argelia está ofreciendo menos impuestos y pagos de regalías al gobierno dependiendo de la pro­ ducción, gasto y rentabilidad en el campo, lo que hace que sea más atractivo invertir en proyectos más riesgosos. El país espera que la nueva ley le ayude a concretar planes para casi duplicar su pro­d ucción petrolera a dos millones de barriles al día y liberar alrede­d or de 27 billones (millones de millones) de metros cúbicos de reservas de gas natural no con­v encionales.

De todos modos, la apertura po­d ría enfrentar oposición de buró­c ratas que temen la agitación de facciones que se oponen a las medidas, dice Denis Florin, un director asociado de la consultora de París Lavoisier Conseil.

Todo depende de cómo las pe­ troleras respondan. Invertir más en Medio Oriente y en el norte de Áfri­ c a representa el retorno a proyectos tradicionales, dice Amy Myers Jaffe, directora ejecutiva de energía y sustentabilidad en la Universidad de California. Pero no es seguro que las petroleras regresen a esas zonas.

“Hay una preferencia cada vez ma­ y or a explorar esquisto en América del Norte, Australia y China. La crisis en Ucrania ha reforzado la tendencia a pensar sobre el riesgo geopolítico como un gran factor”, señala.

El dinero también cuenta.

“Las inversiones en crudo y gas de es­q uisto en EE.UU. han sido como una máquina de imprimir dinero para las empresas que han tenido mucho éxito”, dice Jaffe.

“Es poco probable que los países petroleros de Medio Oriente y el norte de África le quiten ese capital al auge petrolífero y gasífero de EE.UU.”, indica. *ARTÍCULO DEL DIARIO The Wall Street Journal

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brazos cruzados: comenzaron a invertir en nuevas tecnologías en sus países. En los últimos años, esas apuestas comenza­r on a rendir frutos. Avances como la perforación en aguas profundas y la fracturación hidráulica para extraer petróleo de formaciones rocosas de esquisto abrieron paso a reservas a las que antes no se podía acceder y revirtieron casi tres décadas de caída en la producción de crudo en EE.UU. El resultado es que las energé­ ticas de EE.UU. —y algunas euro­p eas— están reduciendo su presencia en otros países. Producir petróleo de esquisto en EE.UU. cuesta 14 veces más que el petróleo convencional en Medio Oriente. No obstante, los operadores obtienen la propiedad total de la producción y los proyectos, en contraste con los países de Medio Oriente, donde la mayor parte queda en manos del Estado.

La producción de petróleo en EE.UU. ha ido en aumento y la de los países proteccionistas ha decaído. La producción de crudo descendió más de 20% en Irán en los últimos dos años. La producción de México bajó 25% el año pasado desde los niveles de 2005, mientras que la de Argelia cayó 12% en el mismo período. Todo esto está llevando a los países a buscar ayuda occidental para hallar fuentes de petróleo a las que antes no se podía acceder.

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Por primera vez, se contemplan desastres por fenómenos astronómicos.

Se creará un protocolo

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or primera vez se contempla en el Congreso de la Unión, la posibilidad -en una reforma a la Ley de Protección Civil- de desastres causados por fenómenos astronómicos como meteoritos y explosiones solares que afecten las comunicaciones del país.

Se añade el concepto de fenómeno astronómico definido como los eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.

La diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) indicó que debemos estar preparados para la aparición de fenómenos astronómicos y de esta forma evitar que los eventos cobren numerosas vidas humanas, además de aminorar los daños causados por la devastación que puedan ocasionar al medio ambiente.

Se pronunció a favor de dictamen, a fin de motivar el estudio y catalogación de estos fenómenos, así como la elaboración de mapas de riesgo, análisis y monitoreo constante. Asimismo, desarrollar los planes de emergencia que se

Por Mariana González / MUNDO LEGISLATIVO requieren para hacer frente a este tipo de eventos.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 28 de mayo, con 428 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, reformas a la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de prevenir y atender los desastres ocasionados por los fenómenos astronómicos.

Con las modificaciones a los artículos 2, 20 y 82 de dicha norma, enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se define como desastre al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, provenientes del espacio exterior.

Las reformas precisan que en el caso de los fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil participará en las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el gobierno federal, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico de-

rivado de un agente perturbador espacial.

También se establece que el gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Protección Civil, diputado Alfonso Durazo Montaño (MC), señaló que los riesgos de desastre por el impacto de fenómenos espaciales en la tierra son relativamente altos y pueden generar –en la forma de meteoritos y, sobre todo, de tormentas solares– súbitas y graves alteraciones en la vida de las personas.

Precisó que cada año meteoritos de tamaño considerable impactan la tierra, aún cuando la gran mayoría se desintegra en su paso por la atmósfera no es descartable un impacto directo que genere consecuencias graves para la población.

Por ello, dijo, el gobierno debe estar mejor preparado para atender las consecuencias específicas de este tipo de fenómenos, y eso es lo que precisamente se propone con estas adecuaciones a la Ley General de Protección Civil.

Refirió que se trata de dictamen a una minuta devuelta por Senado de la República, quien hizo modificaciones para depurar la definición de fenómenos astronómicos y ampliar la descripción de tareas preventivas

Se añade el concepto de fenómeno astronómico definido como los eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. extraterrestre, nos estamos protegiendo simplemente contra pedacería y material que cada vez, gracias a la tecnología, comprendemos más y podemos detectar con mayor facilidad y que viene de fuera de la atmósfera”.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD) enfatizó que gracias a este dictamen se comenzará a preparar a nuestro país ante una eventual explosión solar capaz de provocar el colapso de las redes eléctricas en grandes zonas de México durante meses y la interrupción de las comunicaciones satelitales.

Con esta modificación a la Ley nuestro país se pone a la par de naciones como Alemania, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, que ya cuentan con legislaciones de este tipo y en las cuales están tomando cartas en el asunto y se han abocado a la prevención de un eventual fenómeno de esta clase, recalcó.

Del PAN, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado subrayó que lo más importante es la seguridad de los mexicanos, ya que todos los días “nos enfrentamos a peligros que muchas veces desconocemos”.

Los fenómenos, dijo, representan un riesgo inherente y latente sobre la población por lo que es de suma importancia tener un mejor conocimiento para un mejor estudio y análisis. Resaltó que la prevención siempre será el camino correcto para hacer frente a toda clase de fenómenos.

El diputado César Reynaldo Navarro De Alba (PRI) sostuvo que tener previsto el acontecimiento de algún fenómeno de este

tipo permitirá contar con los medios necesarios para hacer frente a la situación, así como tener los elementos para una rápida reacción de emergencia.

Afirmó que llevar a cabo acciones de prevención sobre este tipo de fenómenos fomenta e incrementa el perfeccionamiento de las políticas de prevención. “No tenemos que esperar a vernos afectados por algún hecho, debemos tener en la mente la prevención, lo cual estamos llevando a cabo con la presente reforma”.

Durante la discusión, el diputado Arturo Cruz Ramírez (PRD) comentó que diversos estudios anuncian la llegada de meteoritos o asteroides capaces de causar una extinción masiva. No obstante, los investigadores reconocen que estos cuerpos estelares han provocado grandes catástrofes en la historia del planeta y por ello no se les debe menospreciar.

Hizo hincapié en que se deben mejorar los sistemas de observación y vigilancia a estos desastres naturales.

Por último, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) señaló que “es increíble cómo nos estamos acabando el planeta y no tomamos conciencia. México es uno de los cinco países en el mundo con mayores riesgos de enfrentar secuelas por la explotación del gas Shale, a través del llamado Fracking o fractura hidráulica, toda vez que es la cuarta nación con el mayor número de reservas en este energético. Por ello, “debemos tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro y por nuestro planeta”.

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que las autoridades se verían obligadas a realizar ante la presencia de fenómenos astronómicos perturbadores. La Comisión consideró que esto fortaleció la reforma.

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) señaló que “es loable la preocupación del Poder Legislativo en la reforma a la Ley General de Protección Civil, para el caso de atender situaciones provocadas por fenómenos astronómicos.

Lo anterior, a través de determinar que la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, tendrán el objetivo de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

En su turno, el diputado Juan Luis Martínez Martínez (MC) enfatizó que en México no existe un marco normativo que prevea este tipo de fenómenos; por ende, no se han previsto precauciones para sobrellevar un acontecimiento de esa naturaleza.

Por ello, dijo que su grupo parlamentario está a favor del dictamen, ya que lo principal es el bienestar de la población y es urgente implementar acciones inmediatas como un programa de prevención y difusión para que la ciudadanía sepa reaccionar en caso de un evento de este tipo, así como plasmar programas especializados en detección de sujetos extraños y provenientes del espacio exterior.

Por el PVEM, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández explicó que en esta reforma se cataloga a los fenómenos astronómicos como posibles generadores de desastres y además plantea una definición de los fenómenos astronómicos realizada por la Agencia Espacial Mexicana.

Aclaró que con las modificaciones “no nos estamos protegiendo contra nada extraordinario, ni

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La polémica en torno a telecomunicaciones

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a censura de contenidos en internet, las facultades del nuevo órgano regulador y los límites a las principales empresas de radio, televisión y telefonía son algunos de los elementos de la ley de telecomunicaciones que han generado controversia.

El debate de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones quedó suspendido, luego de que los principales partidos acordaron discutir primero otros pendientes, con lo que este tema se abordaría en un periodo extraordinario.

La legislación debe reglamentar la reforma constitucional aprobada en 2013 con apoyo de todas las fuerzas políticas, que entonces señalaron que con esos cambios a la Carta Magna se fomentaría el desarrollo del sector a través del combate a los monopolios, de la apertura a la competencia y del ofrecimiento a los usuarios de más opciones de servicios.

Sin embargo, las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto han generado una fuerte polémica entre legisladores, expertos y ciudadanos por algunos temas, como los 10 que detallamos a continuación.

1. Las facultades del ‘árbitro’ Uno de los aspectos que ha causado más controversia es el de qué facultades tendrá el

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano regulador creado con la reforma constitucional.

En 2013, el Congreso estableció que el IFT será autónomo, pero legisladores de oposición y organizaciones civiles consideran que la iniciativa presidencial busca quitarle poderes para dárselos al gobierno federal.

La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), por ejemplo, señala que el presidente plantea “subordinar” las facultades del IFT a la Secretaría de Gobernación (Segob), en áreas como la supervisión de contenidos en radio y televisión (artíc ulo 218).

2. La defensa de los usuarios Para las organizaciones civiles, otro punto “flojo” de la iniciativa presidencial es el relativo a la defensa de los usuarios (artículo 198).

La propuesta del gobierno federal planea que ésta únicamente quede a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Quienes critican esto argumentan que esa medida dejaría relegado al IFT en cuanto a sus posibilidades de defender a los usuarios, dado que tampoco se contempla otorgarle facultades para sancionar a quienes afecten a los consumidores.

3. Preponderancia Uno de los puntos clave de

la reforma constitucional fue establecer que el Estado, a través del IFT, deberá determinar cuándo una empresa es preponderante e impon erle obligaciones para restarle fuerza y permitir la entrada de más competidores.

Según la iniciativa presidencial (artículos 260 a 275), un actor será preponderante cuando tenga control de más del 50% del mercado en radiodifusión (radio y televisión) o en telecomunicaciones (telefonía).

No obstante, los opositores al documento consideran que el presidente da un trato desigual a las empresas de esos sectores.

Organizaciones civiles y legisladores como el senador panista Javier Corral han señalado que las medidas que se busca imponer a los actores preponderantes son mucho mayores en el caso del sector telecomunicaciones en comparación al sector radiodifusión, lo que perjudicaría a las compañías de Carlos Slim (Telmex, Telcel) y beneficiaría a las televisoras Televisa y TV Azteca.

“La iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios mandatos reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las televisoras”, dijo

6. Medios públicos Los críticos de la iniciativa presidencial consideran que ésta no favorece a los medios de comunicación públicos, al limitar la posibilidad de que se financien por vías distintas al presupuesto del Estado.

El gobierno federal plantea que los medios públicos puedan recibir patrocinios, pero estos a nuncios no podrían durar má s de cinco segundos y deberían tener un formato distinto al de un comercial (artículo 88 y propuesta de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México).

Quienes se oponen a esto creen que los medios públicos necesitan más fuentes de recursos para poder fortalecerse y crecer.

7. C ontrol de Gobernación La iniciativa presidencial plantea crear un organismo llamado Sistema Público de Radiodifusión de México, que sería el responsable de vigilar y promover el desarrollo de los medios públicos.

Para ello, sería el encargado de dise ñar y aplicar un programa anual, con el que tendrían que coordinarse los medios públicos para cumplir “metas específic as para el mejoramiento en la prestación del servicio de radiodifusión”.

Este sistema estaría bajo control de la Secretaría de Gobernación, algo a lo que se oponen las organizaciones civiles porque consideran que equivale a restar autonomía a esta área.

8. C ensura en internet Uno de los puntos que más polémica ha generado es la p o s i b i l i d a d d e q u e e l g o b i e rno federal ordene a una empresa bloquear un contenido e n l a r e d “ c u a n d o m e d i e o rden de autoridad” (artículo 145) o de que exija el bloqueo de señales en momentos o lugares críticos para la

seguridad pública o nacional (artículo 197).

Esta semana, luego de las protestas que el tema generó, las autoridades federales prometieron hacer cambios a la propuesta presidencial y retirar esos aspectos del documento.

9. Intervención de comunicaciones Otros puntos contemplan que el gobierno federal pueda solicitar a un concesionario que intervenga comunicaciones (artículo 190) y que le entregue el registro de las llamadas de un usuario (artículo 192).

Para los opositores de la iniciativa presidencial, esto representa un ataque a la privacidad de los ciudadanos.

Además, implicaría costos económicos y dificultades técnicas para los concesionarios, que por ley deberían guardar esos registros durante al menos dos años.

10. Geologalización Otro apartado de la propuesta de Peña Nieto (artículo 189) prevé que el gobierno federal pueda pedir a un concesionario de telefonía celular que localice en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.

Actualmente, el Código Federal de Procedimientos Penales ya contempla esa posibilidad, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a comienzos de año que la geolocalización únicamente podrá emplearse en casos extremos, es decir, si está en riesgo la vida o la integridad física de una víctima o si puede desaparecer un objeto robado.

El que este punto pueda incluirse en la nueva legisl ación en materia de telecomunicaciones preocupa tanto a ciudadanos como a defensores de derechos humanos.

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Corral a finales de marzo, luego de que Peña Nieto envió su propuesta al Senado.

El documento prevé que si una empresa de telecomunicaciones es declarada preponderante, el IFT pueda imponerle hasta 28 medidas como obligarlo a que sus tarifas requieran su autorización; mientras que para un actor preponderante en radiodifusión se contemplan 23 acciones como impedirle que participe en más licitaciones.

4. Propiedad cruzada Los críticos de la iniciativa presidencial también consideran que ésta no es clara en el tema de la propiedad cruzada, es decir, cuando una sola empresa posee distintos tipos de medios en una sola localidad o región.

Al respecto, la propuesta presidencial (artículo 283) no establece en qué porcentajes una sola compañía podría ser propietaria de varios medios —por ejemplo, una emisora de radio y una de televisión por cable—, lo que da pie a la concentración de medios en pocas manos, según la AMIC. 5. La transición digital La iniciativa presidencial establece que las señales de televisión analógicas deberán terminar a más tardar el 31 de diciembre de 2015 (artículo décimo sexto transitorio) para dar paso a la tv digital.

Sin embargo, agrega que algunas estaciones podrán seguir transmitiendo en esa modalidad durante dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Esta posibilidad incluye a las emisoras que operen con una potencia menor a 1 KW para canales VHF y con una menor a 10 KW para canales UHF. Para la AMIC, al permitir excepciones en este renglón, se tornaría “más errática” la transición de televisión analógica a digital.

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Pide la Permanente a PEMEX informar sobre pago de 108.1 mdp.

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a Comisión Permanente exhortó al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a que envíe un informe, en un plazo de diez días, sobre el pago de 108.1 millones de pesos --equivalente a 9.1 millones de dólares-- a dos empresas, por la movilización de la plataforma de perforación “Menadril I”, pese a que ya se encontraba en aguas del Golfo de México.

Solicitó explicar con detalle el estatus de la investigación administrativa, ordenada por la Auditoría Superior de la Federación, sobre actos u omisiones de los servidores públicos que consideraron procedente dicho pago.

El informe deberá además explicar la falta de elementos para acreditar la capacidad financiera de las empresas que participaron en la licitación pública internacional, número 18575088-50610, para arrendar un total de tres plataformas, para la perforación, terminación y reparación de los pozos petroleros. El dictamen aprobado por la Comisión Permanente señala que, en el caso de “Menadril I”, una de las compañías carecía de capacidad financiera y la otra únicamente participó en labores de capacitación y asesoría.

En otro punto de acuerdo, se exhorta al titular del Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, a que informe sobre el plan y las acciones realizadas a partir de 2013 para la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), derivada del decreto emitido por el entonces titular del Ejecutivo Federal, el 11 de octubre de 2009.

Igualmente, se le pidió entregar las listas del inventario valuado de LFC y de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones, así como el de aquéllos a los que no se les han cubierto estas prestaciones.

En otro tema, la Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaria de Economía (SE) implementar un programa integral que fortalezca la cadena productiva pecuaria, a fin de satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados, ante brotes en Estados Unidos de enfermedades como la diarrea epidémica porcina.

Se solicita a la SE que, antes de liberar los cupos de importación libres de aranceles para productos porcinos, tomen en cuenta a organizaciones de porcicultores del país y los posicionamientos técnicos, estadísticos y científicos de la Sagarpa. Aunque México tiene un

déficit de 35 por ciento en carne de cerdo, explica, hasta el momento ha logrado contener la epidemia a nivel nacional, lo cual implica una ventana de oportunidad ante el desabasto internacional.

Por otra parte, el Pleno de la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que observe el cumplimiento del calendario del gasto público, autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014, en lo que respecta a la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 20142018, a partir de un enfoque integral y social, con el objetivo de promover la inversión, detonar el desarrollo y generar mayor bienestar en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana.

Pidió a la SHCP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2015, tomen en cuenta una mayor partida presupuestal, dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, para Coahuila, a fin de que el fortalecimiento de la economía estatal tenga implicaciones positivas en todo el país, al permitir la apertura de mercados y mayores oportunidades de negocio.

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Indaga sobre proceso de licitación y acerca de servidores públicos que autorizaron pago

Busca conocer sobre el estado que guarda el proceso de liquidación y de Luz y Fuerza del Centro

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Los perversos… legisladores.

Por Manuel J. Clouthier Carrillo.

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a semana pasada tuvimos noticias importantes en lo que respecta a las candidaturas independientes.

Unas noticias fueron buenas y otras malas. Por un lado se aprobó el Congreso de la Unión aprobó el dictamen de reforma política que incluye una nueva ley de partidos y las candidaturas independientes.

Desde 2012 un grupo de ciudadanos emprendimos una lucha jurídica y política porque se respetara en México el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, el derecho a ser votado, sin ser postulado por un partido político.

Otros ciudadanos nos habían antecedido en la lucha, tal es el caso de Jorge Castañeda quien llevo esta hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy tenemos ya reconocido expresamente en la Constitución las candidaturas independientes y también una ley que da certeza al derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos independientes a los partidos políticos en elecciones federales.

Sin embargo, nuestros legisladores establecieron requisitos y condiciones que no necesariamente permiten el ejercicio pleno de este derecho, o bien, que generan condiciones de inequidad en la contienda ya que se les otorgan ventajas a los candidatos de partido.

Por ejemplo, para ser candidato independiente, según la nueva ley, se debe contar con cierto apoyo ciudadano de tal manera que si el aspirante desea ser candidato a la presidencia de la República debe obtener un respaldo del 1% del padrón de electores; esto sería actualmente cerca de 800,000 firmas de apoyo en un período de 120 días.

Sepa el lector que para formar un partido político nacional la ley exige el 0.26% del padrón, es decir, poco más de 200,000 afiliados. Esto significa que a un aspirante a independiente se le pide casi 4 veces más firmas que las requeridas para formar un partido político. Además, para lograr ese porcentaje de firmas de apoyo, el aspirante no

puede hacer pre campaña, y se le prohíbe en todo tiempo la contratación de radio y televisión, so pena de negarle el registro.

Los partidos, no conformes con ponerle trabas a los aspirantes a candidatos independientes, establecieron que la cedula de respaldo que contenga las firmas de apoyo ciudadano deberá acompañarse de copias fotostáticas de la credencial de elector de los que apoyan.

A pesar de la ilegalidad que significa pedir la credencial de elector “para llevármela a sacarle una copia”, se tiene el costo económico y la dificultad material de cumplir este requisito.

Por otro lado existe el riesgo que partidos políticos con pocos escrúpulos se den a la tarea de recoger credenciales de electores en nombre de los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de que en sectores donde no son beneficiados con el voto, estos ciudadanos no puedan votar porque no se les regresó la credencial.

Vale destacar que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio ciudadano SM-JDC-481/2013 promovido contra la legislación de Zacatecas resolvió “que si la finalidad de establecer requisitos es establecer un filtro, resulta excesivo e injustificado que se exijan porcentajes de apoyo ciudadano con tal desproporción…inhibiendo sus posibilidades de participación a los candidatos independientes, a través de condiciones de acceso desproporcionadas”. Este Tribunal también declaro la no aplicación de la medida que exige “una copia simple y legible de las credenciales de elector de los ciudadanos”.

Además la partidocracia se sirvió con la cuchara grande en los tiempos oficiales de radio y televisión como si fueran tiempos de los partidos y no del Estado, generando total inequidad en la contienda para los candidatos independientes.

Como se puede apreciar mis amigos, no existen más que dos posibles conclusiones después de este análisis: O nuestros legisladores federales son muy tontos, o son muy perversos. Usted concluya. @ClouthierManuel

Se reúne Ombudsman con la Comisión de Derechos Humanos.

Por Mariana Reyez-Espíndola / MUNDO LEGISLATIVO

Particularmente en las investigaciones y en la determinación de expedientes por violaciones graves, como tortura, en las que participan elementos del Ejército mexicano.

La CNDH no atendió la petición de organizaciones sociales para que se concedieran medidas cautelares para evitar que la PGR procediera a la cremación de los cuerpos de los migrantes de San Fernando

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a Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, se reunió con el ombudsman, Raúl Plasencia Villanueva, quien presentó la situación que guardan los derechos humanos en México, especialmente lo relacionado con el informe de actividades de la CNDH correspondiente al año 2013.

A Plasencia Villalobos, cuestionado por su actuación al frente de la CNDH, no lo quiso recibir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ahí presentara su informe.

El pasado 30 de abril, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo entregó su Informe Anual de Labores 2013 al ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un encuentro privado, tal y como el máximo tribunal del país lo requirió.

Según un comunicado, esta es la primera ocasión en la historia

de la CNDH en que el Pleno de esa instancia no escucha dicho informe y que toma la determinación de que le sea entregado sólo por escrito.

En la reunión, el único que tomó la palabra fue el ministro Silva Meza, quien al recibir el Informe dio por terminado el acto, asistido por su secretario de acuerdos.

Al rendir cuentas de las actividades de su cuarto año de gestión, el doctor Plascencia Villanueva cumplió con lo señalado en el apartado B del artículo 102 Constitucional, que precisa que “el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades”.

En los tres tomos de su Informe, el Ombudsman nacional detalla que el año pasado la CNDH recibió 45 mil 972 quejas, lo que representa un incremento del 10 por ciento con relación a las recibidas en 2012.

De esta forma, la institución abrió 9 mil 8 expedientes de

queja por violación a derechos humanos; emitió 86 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades distintas en 109 ocasiones; derivado de ellas se han presentado 345 denuncias penales.

Que si aceptan recomendaciones Se destaca que el gobierno federal ha aceptado todas las Recomendaciones, incluyendo algunas que se habían rechazado en 2012.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, apuntó que en el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la CNDH no escuchó a los familiares de las víctimas ni se satisficieron sus demandas; además de que no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, a pesar de que la Comisión tuvo conocimiento de deficiencias en el trabajo pericial y de errores por parte de la Procuraduría General de la República en materia forense.

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Hay dilación e ineficiencia de la CNDH

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Igualmente, denunció que organizaciones de la sociedad civil han detectado una falta de seguimiento por parte de la CNDH respecto a la reparación de daño de las víctimas y un fenómeno de dilación en la emisión de sus recomendaciones, particularmente en las investigaciones y en la determinación de expedientes por violaciones graves, como tortura, en las que participan elementos del Ejército mexicano.

El senador Zoé Robledo, del PRD, cuestionó el por qué la CNDH no atendió la petición de organizaciones sociales para que se concedieran medidas cautelares para evitar que la Procuraduría General de la República procediera a la cremación de los cuerpos de los migrantes de San Fernando, en el año 2012, pues en el artículo 21 de la Ley General de Víctimas se prohíbe este procedimiento, por lo menos antes de que se haya comprobado científicamente la identificación de los cuerpos, se cumpla el procedimiento penal correspondiente o, por lo menos, después de notificarse a los familiares.

La senadora Layda Sansores, del PT, se pronunció porque no haya reelección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al considerar que existe mayor preocupación por la permanencia en este cargo, que por atender las demandas de las víctimas de abusos, de lo cual es prueba, sostuvo, que no atiendan las demandas de los migrantes centroamericanos que sufren vejaciones al cruzar por nuestro territorio nacional.

El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, indagó sobre la actuación de la CNDH respecto de las leyes que limitan y amagan la libertad de expresión, “ya que la contención de las protestas a través de blandir amenazantemente las armas de fuego tiene un significado especial con épocas pasadas”.

La senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, puntualizó que en México el 6.6 por ciento de la población presenta alguna discapacidad y que la mayoría se ven excluidas de sus propias comunidades, perciben sueldos bajos, se les niega la posibilidad de ir a la escuela o de participar en procesos políticos y tienden a ser los más pobres.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, al dar la bienvenida a Plascencia Villanueva, aseguró que “sin duda, lo más importante, después de la construcción de un sistema institucional, constitucional y de reflexión sobre los derechos humanos, es la divulgación para la generación real de una cultura de los derechos humanos”.

Legislacion efectiva La reforma de 2011 en la materia obliga al Senado de la República a estar en contacto con la instancia que estudia, protege y divulga los derechos humanos, el trabajo legislativo debe estar inspirado en la “protección pro persona y dirigido a generar los mejores marcos jurídicos para proteger tanto las garantías individuales como las colectivas”, manifestó el senador del PRI. La senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó que se debe poner énfasis en el caso de mujeres en reclusión y la situación de los centros penitenciarios del país, ya que el Senado está trabajando sobre una Ley de Ejecución Penal y estos “son elementos sustantivos que estamos evaluando”.

Asimismo, destacó los asuntos relacionados con la libertad de expresión, la impunidad que hay alrededor de los periodistas, además de las personas en situación de migración.

En su intervención inicial, Raúl Plasencia Villanueva destacó que de 2005 a la fecha, se han emitido 12 recomendaciones y se tiene registro de 24 mil 800 personas cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables. Existen dos mil 610 casos, y en 612 de ellos, se encuentra la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en la desaparición de estas personas.

Precisó que en 267 casos hay indicios de que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y mil 424 en los cuales no hay intervención de autoridad federal o bien, delincuencia organizada y en 308 hay una investigación donde están involucrados migrantes desaparecidos.

Respecto a las mujeres en reclusión, dijo que en los establecimientos que las albergan se vulneran sus derechos humanos y los de sus hijos, así como los aspectos relativos a la reinserción social, igualdad, trato digno, protección de la salud, legalidad y seguridad jurídica.

Con el objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos o degradantes, en el mismo año se llevaron a cabo 539 visitas en centros de detención.

Por otro lado, subrayó que se radicaron 70 casos por agravios cometidos contra periodistas y comunicadores, en 22 de estos se solicitaron medidas cautelares por parte de la CNDH. En cuento a agravios contra defensores de derechos humanos, se registraron 55 quejas y se emitieron 34 medidas cautelares y 11 asuntos se resolvieron.

Resaltó que se llevaron a cabo dos mil 700 visitas a estaciones migratorias, aeropuertos, terminales de autobuses, ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, casas o albergues para migrantes y plazas públicas, a

Incrementa la violencia escolar La CNDH ha identificado un creciente incremento de la violencia escolar en los últimos años, “de ahí la urgencia de poner en práctica estrategias que permitan favorecer el dialogo, la confianza entre padres e hijos, profesores y alumnos, con el fin de detectar situaciones que pongan en peligro la integridad de los menores, sobre todo evitar una violencia escolar creciente”.

Por ello, precisó que en 2013 se instruyeron 241 mil 939 materiales de difusión y se capacitaron a 39 mil 310 personas entre alumnos, profesores y padres de familia.

Durante la ronda de preguntas y respuestas al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, preguntó respecto a los mecanismos de coordinación que la CNDH ha establecido con organismos no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil a fin de difundir su labor y establecer vínculos que le permitan realizar informes apegados a la realidad de nuestro país.

Su compañera de partido, Diva Hadamira Gastélum Bajo pidió al ombudsman dar puntual seguimiento al asesinato de Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido desde 2012, y destacó la importancia de defender la integridad física de los defensores de derechos humanos.

La senadora Mariana Gómez

del Campo, del grupo parlamentario del PAN, se refirió a los actuales esfuerzos para elaborar una ley que combata el acoso escolar y al papel que -de aprobarse esta norma- tendrá la CNDH en la capacitación de maestros, estudiantes y padres de familia en la materia.

Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, señaló que si bien existen obstáculos para que los ciudadanos conozcan sus derechos, un problema grave es la omisión de las autoridades para hacerlos respetar. Subrayó que “debemos hacer a un lado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo sirve para emitir recomendaciones” y pidió que desde el Poder Legislativo se plantee una agenda para revisar las leyes respectivas.

Pablo Escudero, del PVEM, solicitó se especificaran las estadísticas de la disminución en 50 por ciento de quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos, pues resulta una baja considerable en especial tras la participación de los militares en acciones de combate al crimen organizado, al manifestar su confianza porque las Fuerzas Armadas continúen su esfuerzo a favor de la paz social y el respeto a las garantías individuales.

Al responder, Plascencia Villanueva aclaró que la CNDH sí solicitó a la PGR que no se cremaran los cadáveres, porque sin duda esto limitaba la investigación, pero “no se nos hizo caso, como no se ha hecho caso en muchas ocasiones a la Comisión Nacional”, e incluso, sostuvo, no se le ha permitido, de manera integral, analizar la averiguación relativa a estas fosas clandestinas.

Señaló que en el caso de las fosas de San Fernando, la CNDH no busca rivalizar ni controvertir

con los familiares de las víctimas, sino, por el contario, acompañarlas y auxiliarlas “y se revisará el caso con todo cuidado para atender cualquier solicitud que se considere que no fue atendida en los términos de la ley”.

Destacó que suman en total mil 800 cuerpos que han sido exhumados en fosas clandestinas en diversas entidades federativas, como en Cadereyta, Nuevo León.

Respecto a la particip ación del Ejército en seguridad, recordó que el país vivió un momento muy complejo porque las quejas contra las Fuerzas Armadas se multiplicaron cada año, de 100 a 200 quejas hubo contra el Ejército en el año 2005, estas aumentaron aproximadamente a mil 800 en 2011, sobre todo por delitos más complejos como la tortura, desaparición forzada, cateos ilegales, entre otros.

Sin embargo, destacó, ha sido posible disminuir en 50 por ciento estas quejas a partir de la capacitación a 400 mil elementos mediante estrategias de sensibilización e instrucción virtual, con el uso del internet y medio de telecomunicaciones, entre otros, por lo que en 2013 se registraron sólo 811 quejas, que contrastan con las mil 503 presentadas en 2012.

Destacó que se debe eliminar la prisión preventiva, ya que México es uno de los pocos países del mundo en donde se sigue recluyendo a personas sin una sentencia condenatoria, a tal grado que la mitad de los internos están en prisión sin haberse probado que son responsables de la comisión de un delito.

Esto, además de ir en contra de los derechos humanos, genera que no se cumpla con el propósito de readaptación social a través del trabajo, la educación y la capacitación.

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partir de ello se logró atender a 83 mil 999 personas migrantes, con el objetivo de informarle respecto de sus derechos, y para documentar quejas por abusos cometidos en su contra.

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Establece corte lineamientos para nombrar intérpretes en juicios que involucren a indígenas

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a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no se puede nombrar a la ligera el intérprete al que tienen derecho los indígenas cuando sean parte de un juicio.

A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en sesión del 28 de mayo del año en curso, la Primera Sala estableció que con la intención de acabar con la discriminación y la situación de vulnerabilidad histórica que han sufrido los pueblos indígenas de México, el Constituyente incluyó en la Constitución el derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes que conozcan su lengua y cultura.

También se dijo que el objetivo medular de ese derecho es superar el problema lingüístico que padecen las personas indígenas vinculadas a un proceso penal. Esto es así, porque el proceso penal se desarrolla en español, por lo que los indígenas muchas veces no podían si quiera conocer las razones por las cuales se les acusaba de un delito.

Por esa razón, la propuesta del Ministro Zaldívar sostuvo que no se puede nombrar a la ligera a un intérprete, sino que es necesario que las autoridades garanticen que los inculpados serán asistidos por un intérprete que conoce su idioma y su cultura.

En consecuencia, se estimó que es inconstitu-

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO cional que los juzgadores nombren traductores prácticos sin que previamente agoten las vías institucionales para obtener el auxilio de un intérprete profesional. Así, contrario a lo que había sostenido el Tribunal Colegiado que negó el amparo al indígena Mixe, la Primera Sala remarcó que el derecho de los indígenas a ser asistidos por un intérprete, sólo se ve satisfecho cuando la autoridad judicial o ministerial cumpla con lo siguiente: 1) Primero debe requerir a las instituciones, ya sean estatales o federales, que asignen un intérprete profesional certificado.

2) En caso de que se haya intentado por todos los medios encontrar un perito profesional, pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, podrá nombrar a un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional.

3) Si se demuestra que no se pudo obtener algún intérprete práctico, se puede nombrar a un perito del que se tenga elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura del indígena procesado, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene relación con dicha cultura e idioma. En estos casos es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete además habla perfectamente español.

La isla De Octavio Raziel / MUNDO LEGISLATIVO

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éxico es el único país del continente americano con islas-prisión: las Marías. La más grande, la María Madre, con 145 kilómetros cuadrados es la colonia penal que alberga a unos 3,000 internos. Le acompañan las islas María Magdalena, María Cleofas y San Juanito. Antes tuvimos la pequeñísima isla de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, de donde el legendario Robin Hood mexicano, Jesús Arriaga, alias “Chucho el Roto”, logró escapar emulando a Eduardo Dantés

Las dictaduras latinoamericanas se especializaron e n crear este tipo de reclusorios donde las rejas eran el mar y los guardianes los tiburones o las gélidas aguas. Argentina, instaló un penal en la isla de Ushuaia, literalmente en el fin del mundo, donde guardaba a sus indeseables. En Colombia, la isla Gorgona (Cauca) fue cerrada recientemente y convertida en centro turístico; en ella aún perviven en sus paredes poemas anónimos de presos que purgaron sentencia: “aquí se bebe el cáliz más amargo que nos brinda el dolor y la pobreza”. Chile utilizó la isla Dawson, en el extremo sur de ese país, donde las temperaturas son realmente gélidas. Allí tuvieron, en gélidas barracas, a los ministros del gobierno de Salvador Allende y al rector de la u niversidad de Concepción. También en el sur de Chile la isla de Juan Fernández, donde se sostiene vivió largos años un náufrago que sirvió de modelo a Alexander Selkirk para su novela Robinson Crusoe. Esa isla fue prisión de independentistas contra el dominio español.

Finalmente, en el 2005 fue cerrada como cárcel la isla de Coiba, en Panamá, la penúltima colonia penal sobre una isla en América.

La democracia estadunidense tuvo la de Alcatraz de la que sólo cuatro hombres lograron escapar y el dictador cubano Anastasio Somoza enviaba a la isla de Pinos a sus enemigos políticos.

Quienes están en las Islas Marías merecen el castigo a sus acciones en tierra continental; sin embargo, habrá que agradecerles sean los “custodios” del patrimonio territorial de la nación; ellos, de alguna manera, impidieron que la garra

del depredador Ernesto Zedillo Ponce de León las vendiera o concesionara.

Ya tuvimos amargas experiencias cuando intereses extranjeros nos arrebataron islas Cliperton, en mar abierto del Pacífico, ahora en manos de franceses; o las Coronado, en especial la Santa Catalina, frente a San Diego, California, que aún siguen siendo propiedad mexicana, aunque detentadas por los estadounidenses.

La isla Bermeja está señalada en diversos mapas y documentos históricos que la localizan a más de 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, bajo dependencia de México. Fue vendida a los Estados Unidos por el presidente de triste memoria Ernesto Zedillo como también la Aguada, lo que permitió a los yanquis ampliar su mar territorial y reservas petroleras; y nuestros ferrocarriles nacionales.

El poder mediático del duopolio televisivo de Azcárraga y Salinas, la gran prensa y la radio han tratado de ocultar estos actos de rapiña; pero mientras exista alguien que recuerde a las nuevas generaciones que nuestro territorio es indivisible los traidores a la patria serán señalados en la consciencia nacional.

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Se impulsa el acceso gratuito y abierto a la información científica y de innovación

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or unanimidad, con 431 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo principal es impulsar el acceso gratuito y abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación.

La reforma establece un marco jurídico y sienta las bases para una política de difusión del conocimiento científico y, con el apoyo de plataformas tecnológicas, esté disponible en la población en general.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, refirió que el acceso a la información es de suma importancia en la llamada economía del conocimiento.

“Los datos científicos traen nuevas ideas y acrecientan la capacidad inventiva de los pueblos. Si aceptamos que el conocimiento científico y la innovación tecnológica son de suma importancia para elevar la calidad de vida de los pueblos, entonces comprendemos que la difusión y diseminación de la ciencia nos va a permitir crear una sociedad del conocimiento para impulsar el desarrollo del país”, dijo.

Explicó que entre otros aspectos importantes, la reforma faculta al Conacyt para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar la información científica; además, crea y establece las bases de operación de un repositorio nacional de acceso abierto.

Otorga a los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de posgrado, cuyas investigaciones sean financiadas con recursos públicos o hayan utilizado infraestructura pública en su realización, la posibilidad de depositar una copia de dicho trabajo para su publicación en acceso abierto a través del repositorio nacional.

Establece como una atribución concurrente de las autoridades educativas, federales y locales la promoción del acceso abierto a las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación, cuando las mismas hayan sido financiadas con recursos públicos, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, faculta al Conacyt para promover y

Redacción / MUNDO LEGISLATIVO fortalecer los repositorios, así como para emitir los lineamientos correspondientes para su funcionamiento y coordinación.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Lucila Garfias Gutiérrez (NA) destacó que es imperante democratizar la información de los textos científicos que se generan a diario. Según datos oficiales, agregó, en México durante el año 2009 se publicaron 9 mil 488 artículos científicos, lo que colocó al país en el lugar 22 de producción científica entre los países miembros de la OCDE. Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) coincidió en que el objetivo de la enmienda es democratizar la información científica. Añadió que la regulación que se pretende con la reforma impulsará la producción de ciencia y tecnología de calidad. Los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas, afirmó, no deben ser un secreto de Estado cuando son financiadas con recursos públicos.

Zuleyma Huidobro González (MC) consideró que la información científica, principal fruto de los investigadores, es también el recurso más importante de la innovación tecnológica, por lo que es necesario promover y apoyar el libre acceso a ella. Sin embargo, lamentó que pese a la mejoras tanto en materia de accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación, el libre acceso a la producción de textos científicos y su utilización sigue siendo escasa.

Mónica García de la Fuente (PVEM) dijo que la tendencia mundial es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información. Lamentablemente, añadió, y de acuerdo con un estudio de la Comisión Europea, en nuestro país es más difícil conseguir fondos para la publicación científica, por lo que es indispensable desarrollar medidas que promuevan el conocimiento de las investigaciones realizadas en nuestro territorio, propuso.

Mario Carrillo Huerta (PRD) mencionó que la reforma está a favor de los verdaderos investigadores a quienes por naturaleza les interesa que sus trabajos sean publicados y no solamente de quienes hayan utilizado recursos públicos. Habrá quienes consideren que la enmienda genera dudas, sin embargo, precisó, el Conacyt diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información científica, tecnológica y de innovación.